El bloque opositor
La candidatura de AF y el estilo conciliador que intentó imprimirle a los primeros pasos de su gestión, sumado a la coordinación con la oposición que exigía el manejo de la pandemia, dieron lugar a cierta suspensión de la lógica de la polarización que caracteriza al escenario político nacional desde más de una década. En esa dinámica, y una vez pasado el momento inicial de la cuarentena, se fue perfilando (o reforzando) un bloque opositor que si bien no tiene un comando centralizado tiene en común el estilo confrontativo y la apuesta por construirse como la encarnación de los valores de la libertad, la república y la honestidad. Una lógica de construcción que no es novedosa para nuestra historia reciente, pero que en la actual coyuntura adquiere algunos rasgos particulares.
Lo primero que podemos señalar es que cuando hablamos de un bloque opositor usamos la expresión con una finalidad más bien descriptiva. Entre las partes de ese bloque hay un objetivo común de corto plazo: tener en frente a un gobierno débil y a un Estado que no incremente su capacidad de regulaciones en pos de una redistribución de recursos que redunde en un retroceso de su poder relativo en tanto corporaciones. Hay niveles altos de complementariedad y también tensiones. Tal como ocurrió en el ciclo de articulación y movilización que estos sectores promovieron entre 2012 y 2015, el rol de vanguardia se alterna entre lxs vocerxs de la derecha política y los medios de comunicación, a través de sus líneas editoriales, sus figuras más relevantes o de ciertos intelectuales mediáticos. Tanto los sectores empresarios como los judiciales se desempeñan en general en un segundo plano. Asimismo, este bloque de fuerzas sociales que, como sabemos, expresa posiciones de privilegio y representa ideológicamente un polo liberal-conservador, acrecentó su perfil confrontativo ante un gobierno que llevaba menos de seis meses en el poder, comenzaba a gestionar la peor crisis sanitaria del último siglo y que hizo lo posible por correrse de la lógica de la confrontación. Lo que lleva a tomar nota de una dinámica que, al menos por ahora, se despliega más allá de la voluntad y la vocación del oficialismo. Tercero, esas fuerzas coinciden en el proyecto de país que postulan, y que en gran medida está contemplada en la orientación (no necesariamente a los resultados) que el PRO le imprimió a su gobierno. No obstante, lo más importante es remarcar que interpelan y movilizan a una base con fuerte anclaje en sectores medios y altos, pero que irradian sobre sectores más heterogéneos. Construyendo una base que según el momento puede ser más o menos diversa y que se articula en función del rechazo que genera ya no un gobierno peronista, sino cualquier atisbo de ampliación de derechos y de reconocimiento de los sectores populares como sujetos de esos derechos. Es una base culturalmente reactiva al igualitarismo que sigue pesando fuertemente entre los valores defendidos por una parte importante de la población. En el marco de la cuarentena, las acciones de este bloque apuntaron a traccionar parte del descontento lógico de aquellos sectores que vieron menguar sus ingresos o desaparecer sus fuentes de trabajo. Cuarto, ese bloque opositor ganó la calle. Como se puede ver en otras partes del mundo, la disputa del espacio público a partir de la movilización de minorías activas se apoya en el manejo de los medios de comunicación tradicionales y más aún en las redes sociales. Estas últimas son una herramienta crucial para reforzar prejuicios y estigmatizaciones, para construir acciones colectivas en función de la difamación y el miedo. Hay que asumir que esa lógica llegó para quedarse.
La pata mediática
Las empresas mediáticas que dominan en las distintas ramas (diarios, portales, radio y TV) fueron los primeros actores de relevancia en asumir una oposición frontal y casi sin matices. Incluso desde antes de la asunción presidencial, los medios del Grupo Clarín, La Nación e Infobae vienen machacando con una estrategia discursiva básica: preanunciar la agudización de las tensiones entre Alberto Fernández y Cristina. A su vez, la oposición se ejerce aún cuando no queda otra que reconocer en el oficialismo ciertos aciertos. Una vez implementada la cuarentena, pasaron de la puesta en duda de la efectividad de medidas tan restrictivas a un cuestionamiento más contundente que terminó en la agitación y en la convocatoria directa a las movilizaciones. La estructura discursiva desplegada se basa en una serie de oposiciones. La primera y tal vez menos eficaz, fue la antinomia salud / economía. Luego se volcaron a otras más recurrentes en el discurso de las clases dominantes locales: las libertades individuales versus la pulsión opresora y autoritaria de un gobierno populista. Finalmente, ante las últimas iniciativas del gobierno, esa segunda oposición se desplegó de un modo más directo: la república está en peligro ante la avanzada totalitaria de un gobierno que pretende manipular a la justicia y controlar a los medios de comunicación. Todo esto mientras se corre de los primeros planos el tratamiento de las causas judiciales que involucran a funcionarios macristas bien cercanos al ex presidente.
Si recorremos algunos momentos clave de las últimas semanas, la descripción que planteamos se vuelve más clara.
Ante el anuncio del acuerdo con los bonistas privados, desde Clarín Eduardo Van Der Koy aseguró que AF cumplió con “su primer objetivo completo en ocho meses de gestión”, pero la demora le impidió acrecentar su capital político significativamente y ganar «autonomía política» respecto de Cristina. Joaquín Morales Solá, en su columna en La Nación, reconoció los elementos positivos del acuerdo, no obstante construyó un eje de cuestionamiento en la necesidad de “un plan económico”. La crítica se escuda en la idea de que sin un plan, el plan lo impondrá el FMI. Pero en el fondo apunta a desestimar las metas que el presidente sí formuló en diversas entrevistas, vinculadas a la necesidad de potenciar el desarrollo industrial mediante la sustitución de importaciones. Morales Solá no deja lugar al debate y califica a esos principios de anticuados y ya fracasados.
Desde su columna en La Nación, Carlos Pagni refuerza una lectura simplista pero de alto impacto acerca del proyecto de reforma judicial presentado por el presidente y enviado al Congreso: es una imposición de la vicepresidenta para garantizar el cierre de las causas que la comprometen. En un mismo movimiento, desestima la validez de la propuesta y alimenta la idea de un presidente débil, manipulado y sin astucia: “solo a alguien muy desprevenido, si tiene a su lado a una figura tan complicada en tribunales como Cristina Kirchner, se le ocurre convertir a las cuestiones judiciales en un eje central de su política”. Pagni asegura que más allá de lo que plantea el proyecto, lo que está en juego es la modificación de la Corte Suprema y que esa modificación es una imposición de Cristina: “Es un tributo a la vicepresidenta, que necesita que el máximo tribunal esté integrado por otros miembros, y aplique otros procedimientos, para cerrar sus problemas penales”. En un segundo orden, aparece el argumento presupuestario para cuestionar la aplicación de una reforma que implicaría ampliar el aparato judicial. En días en que la negociación por la deuda estaba en su tramo final, el editorialista de La Nación se preguntaba: “¿Martín Guzmán ya explicó a los acreedores cómo es que no tiene un dólar más para ellos, porque el 50% de los niños se sumerge en la pobreza, pero sí lo tiene para financiar esta burocracia gigantesca?”.
Una vez que el proyecto se trató en la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores y obtuvo dictamen para pasar al pleno de esa cámara, los medios opositores fijaron su atención en el artículo que establecía que los jueces deben informar al Consejo de la Magistratura si son objeto de presiones por parte del poder político, empresas, medios de comunicación u otros poderes. Las noticias vinculadas a ese contenido tan puntual ocuparon las tapas de los diarios y los primeros lugares de los portales durante varios días, para volver a denunciar un supuesto propósito de acallar a los medios de comunicación. Ese fue el tema central hasta que fue desplazado por el DNU que dispuso que las telecomunicaciones y la TV paga pasaran a ser servicios públicos esenciales y en competencia.
En el extenso editorial de su programa en LN+, Pagni se refirió a esa medida. La interpretación tiene una serie de ideas fuerza, en ningún caso referidas a los posibles beneficios que puede traerle a lxs ciudadanos ni a que es una normativa que existe en diversos países. Primero realza la figura de un Estado que tiene mayor injerencia sobre la actividad más dinámica de la economía actual y remarca las supuestas consecuencias negativas que tendrá el decreto presidencial desde el punto de vista de las empresas: “… el Estado tiene ahora sobre estos mercados, sobre estas actividades mucha mayor influencia (…) Y esto cambia notablemente todas las condiciones del negocio de las telecomunicaciones y, por lo tanto, significa un cambio fenomenal en la lógica de la economía argentina”. Asimismo, alimenta la idea de un intervencionismo voraz que espantaría a las empresas extranjeras: “¿Puede ser que un día nos digan que el Estado regulará Netflix, Spotify o WhatsApp? Seguramente Fernández no quiera hacerlo, pero, a partir de este decreto, podría, lo cual puede ser una advertencia para quienes invierten u operan estas firmas”. Pagni señala además que la medida tomada por el presidente es una respuesta a las movilizaciones (justificadas) de los últimos meses, dado que las interpreta como generadas por los medios y, por lo tanto, también implica una acción para castigar a los “medios críticos”. Aquí aparece una tercera idea fuerza: el gobierno empieza a ser más cristinista que albertista: “…la agenda de Fernández se va pareciendo a la agenda de Cristina en 2011-2015. ¿Esta es la agenda que el Presidente tenía pensada desde el comienzo? No lo sabemos”. Y para cerrar deja sentada una valoración de por donde debe transitar el país para salir de la crisis, también planteada a modo de advertencia: “… sin China traccionando, con un problema enorme de falta de dólares, con una economía en recesión que va a salir gracias a la palanca de la inversión privada, en camino a una negociación con el Fondo, donde los Estados Unidos y las grandes potencias tienen una enorme importancia: ¿hay un contexto favorable para esta agenda?”.
Desde los medios del Grupo Clarín las voces se levantaron contra el DNU con los argumentos esperables de quienes expresan los intereses inmediatos de esa empresa que dejará de ganar una buena suma de dinero y tendrá que afrontar algunas regulaciones que hasta ahora no existían. Pero a la cuestión económico-financiera se le suman los argumentos menos lógicos que conectan con la estructura discursiva que postula la idea de un gobierno corrupto, ineficiente y autoritario versus una república respetuosa de las reglas del juego, en este caso sobre todo del libre mercado y la propiedad privada. En palabras de Marcelo Longobardi, la decisión presidencial no solo “afecta a una industria muy importante”, dejándola “muy complicada económicamente de acá a fin de año”, sino que habla de un gobierno que “va por las cuentas” de esas empresas. Se trata, para el conductor de la primera mañana de Radio Mitre, de una “regulación oxidada en el mundo digital”, que hará que nos terminemos quedando “sin internet y por lo tanto sin noticias”.
Para cerrar vale la pena quedarse con la operación que se planteó desde Clarín para adelantarse al proyecto de aporte extraordinario a las grandes fortunas. El viernes 28 de agosto, día en que el oficialismo envió finalmente ese proyecto al Congreso, el diario tituló que el Gobierno preveía elevar el impuesto a las ganancias un 41%. Este fue el eje también de la columna de Marcelo Bonelli, uno de los editorialistas económicos del grupo, publicada ese mismo día. Un día después el tema también apareció en tapa. Un dato que luego fue desmentido por diversas instancias del gobierno y que condicionó la interpretación de la medida que grava sólo a 12000 personas.
La oposición política
Luego de la tregua inicial que duró muy pocas semanas, desde las fuerzas aglutinadas en Juntos por el Cambio se activó una estrategia de confrontación con el gobierno nacional que se desplegó en todos los terrenos: los medios, la calle y el parlamento. Obviamente esto instaló tensiones importantes entre lxs dirigentes que gobiernan provincias y municipios y aquellos que sólo tienen cargos partidarios o legislativos. Tensiones que se suman a las contradicciones que genera la disputa que existe por el liderazgo del espacio opositor por derecha al FDT, que alimenta el accionar errante del propio Macri y a las que el avance de las causas judiciales que comprometen a funcionarios del gobierno anterior le añaden un ingrediente con consecuencias que todavía están por verse.
En el PRO hay una interna evidente que no sólo remite a las necesidades distintas que supone ocupar o no cargos ejecutivos y a la necesidad de coordinar con el oficialismo en medio de la pandemia. También hay conveniencias diferentes respecto a revalidar o no el papel de Macri como referencia principal de la oposición, de cara al futuro inmediato y también con la mirada puesta en 2023. A esto se le suman las disputas de cara a posibles candidaturas para 2021.
La figura de Rodríguez Larreta puede salir airosa de la crisis sanitaria, y ya actúa como un polo de atracción para una parte importante de lxs dirigentes del PRO. Representa un camino que puede intentar desentenderse del fracaso del gobierno de Macri y hacer jugar nuevamente la imagen positiva que tiene como administrador de la Caba. Más allá de los vínculos históricos entre ambos, a María Eugenia Vidal también le conviene más la ruptura que la continuidad. Para esos sectores el hecho de que el ex presidente tenga una imagen negativa altísima es un factor que suma en ese sentido. Lo mismo la evolución de causas judiciales que muy probablemente lo involucren directamente.
No obstante, la derecha política enfrenta varios dilemas. El primero, es saber si el caudal electoral que Macri obtuvo en octubre pasado es un núcleo duro que sólo él puede garantizar o es trasladable a otra figura. Ahí reside la mayor fortaleza del ex presidente. Pero a su vez es algo que estará atado a las causas judiciales que enfrenta. De hecho, no es arriesgado pensar en que va a pretender ser candidato a diputado nacional en el año próximo para contar los fueros que le posibiliten sortear en mejores condiciones esa avanzada. Algo que acrecentará las contradicciones con el sector encabezado por Larreta. El segundo dilema, y tal vez el más importante, es si en el contexto actual, lo más adecuado para imponerse como alternativa es una estrategia de polarización que interpela más que nada a una minoría activa o es más funcional a sus objetivos una estrategia más moderada que gane respaldo en nombre de la mesura y la buena gestión. En 2015 Cambiemos pudo representar una síntesis de ambas orientaciones. Ahora el contexto no sólo es diferente por la crisis sanitaria y económica, sino también porque las promesas pueden contrastarse con la realidad.
La vanguardia empresarial
En lo que va de la aplicación de las medidas de aislamiento social en sus diferentes fases, el gran empresariado no escatimó acciones orientadas a evitar resignar ganancias (despidos, suspensiones, rebajas salariales), al tiempo que buena parte de las empresas más importantes se beneficiaron con la asistencia directa estatal y con otras medidas como moratorias o rebajas en los aportes patronales. No obstante, entre lo más encumbrado de los grupos económicos hay una fracción que actúa como punta de lanza en la estrategia que busca por diversos medios condicionar y debilitar al gobierno. A continuación ponemos el foco en esos actores, cuya herramienta más visible viene siendo la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y en algunas de sus acciones más significativas.
Un primer gesto más que contundente por parte de estos sectores se generó cuando una vez anunciada la prohibición de los despidos por parte del Gobierno Nacional, Techint echó a más de 1400 obreros de la construcción aduciendo causa de fuerza mayor por la paralización de obras (medida avalada luego por la Uocra y el Ministerio de Trabajo). Amparándose en el régimen de tercerización, la empresa sostuvo esa actitud en lo que va de la pandemia, generando diversos conflictos, algunos de los cuales están en pleno curso.
El tono con el que AEA, en la que el Grupo Techint y el Grupo Clarín marcan el ritmo, criticó la intervención y el proyecto inicial de expropiación de Vicentín es otra muestra de cómo esos grupos económicos consideran que están por encima del Estado y del gobierno de turno. El comunicado emitido en aquella oportunidad, por la entidad que nuclea a los principales propietarios del país, afirma: “Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores”. Para luego darle órdenes al gobierno, al que de paso se le marca la cancha: “La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Agregamos que el tono de confrontación y la actitud corporativa predominaron también en la campaña mediática llevada a cabo frente a la medida del oficialismo.
El 21 de julio, se concretó la reunión entre directivos de AEA y la conducción de la CGT, que tantas repercusiones generó. Mientras se desarrollaba el tramo final de la negociación con los bonistas privados, AEA logró un comunicado conjunto en el que resaltan los lineamientos centrales de sus demandas históricas, vinculadas directamente a sus intereses inmediatos. Al mismo tiempo, generó una instancia de intercambio formal con la cúpula sindical, que tuvo un carácter inédito. Toda una señal hacia un Gobierno que ha hecho una bandera de la necesidad de construir acuerdos entre empresarios y trabajadores en función del rol articulador y regulador del Estado.
Vale resaltar al menos cuatro elementos de ese comunicado común. La continuidad del discurso que intenta no dejar dudas respecto del papel del sector privado en la economía, algo que fue eje central en la postura de AEA ante la cuestión Vicentín: “El papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor para el desarrollo y particularmente para la salida de esta crisis”. En segundo lugar, coherentemente con este punto y en medio de un escenario caracterizado por la urgencia para volcar una creciente masa de recursos públicos con el fin de aminorar los efectos de la crisis sanitaria y económica, se propone “reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”, y se sostiene “la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales”. Junto con esto, aparece la perspectiva que se vislumbra para superar esa crisis, cuando se pide: “Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios”. Por último, en momentos en que la negociación con los bonistas aparecía bloqueada por la postura de los grupos de inversión con mayor peso a nivel global, el tema aparece mencionado sin tomar una postura explícita a favor de la posición del Estado argentino, lo que implícitamente era un no respaldo: “La inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Específicamente, se aspira a un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos”.
La capacidad de acción y el poder de fuego de estos sectores no se limita ni a la demostración de fuerza en el terreno de las condiciones laborales ni en la capacidad de imponer sus posiciones en el debate público para condicionar determinadas políticas. Tiene cuentan con una carta de acción directa en el ámbito de las finanzas, con las que pueden influir en el valor de la moneda. Al respecto, en las últimas semanas fuentes periodísticas afines al oficialismo se refirieron a las compras masivas que el Grupo Clarín-Telecom habría hecho de dólares “bolsa” y dólares Contado con Liqui, operación que involucra la compra venta de acciones o bonos y que no tiene los límites aplicados al dólar “ahorro”. La acción podría explicar la suba del precio del dólar paralelo experimentada a mediados de agosto y estaría orientada a generar una presión devaluatoria. Más allá de lo difícil que es demostrar ese tipo de operaciones, lo cierto es que sería algo legal y sobre todo factible. Y que en el marco de esas acusaciones el Grupo Clarín-Telecom informó oficialmente que posee bonos de deuda argentina por 117 millones de dólares, con los que participará del canje propuesto por el Gobierno, y que adquirió nuevos bonos en las últimas semanas. Cosa que echa más luz sobre el papel ejercido por los medios del grupo y las posturas públicas promovidas en las entidades patronales donde tiene injerencia, orientada a debilitar la estrategia negociadora del Gobierno y deja abiertas dudas sobre los posibles movimientos en el mercado cambiario.
La corporación judicial
Un sector importante del Poder Judicial no esperó nada para mostrar su rechazo al proyecto de reforma judicial que impulsa el propio presidente. El faltazo de los ministros de la Corte Suprema al acto de presentación -con la excepción de Highton de Nolasco- fue solo la primera señal. A eso le siguieron algunos fallos puntuales, pero simbólicos, por parte del máximo tribunal, que -es importante decirlo- decide arbitrariamente qué casos atiende y cuales posterga.
Los rechazos corporativos emitidos formalmente -sobre una norma que no estaba aún ni siquiera tratada en el Senado- tampoco se hicieron esperar.
El proyecto de ley propone traspasar la justicia penal nacional, dedicada a los delitos ordinarios, a la Ciudad de Buenos Aires. Varios pronunciamientos de la Corte Suprema lo avalan. No obstante, la Cámara del Crimen emitió una disposición en la que pone reparos constitucionales y se queja de la falta de claridad sobre el destino de jueces y juezas. El tono corporativo es muy claro, la acordada asegura que la reforma implicará “el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes”.
Poco después, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal se sumó a los cuestionamientos con un pronunciamiento que rechaza la fusión de ese fuero con el contencioso administrativo federal, como plantea el proyecto. El texto advierte que de darse esa fusión los jueces y juezas que lo integran tendrán que decidir sobre “materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para las cuales no fueron nombrados”.
En suma, desde que el oficialismo presentó el proyecto de reforma se dieron actitudes que lejos de disponerse al debate con el fin de abordar las debilidades evidentes que la propuesta intenta atacar, solo sienta posiciones para defender espacios de poder. De aprobarse en el Congreso, la reforma judicial impulsada, sobre todo, por el presidente Alberto Fernández, es muy probable que tenga por delante otra batalla. Esta vez en los Tribunales y por ratificar su constitucionalidad.
