Construimos el futuro: Un plan para salvar el planeta

enero 10, 2022

Dossier nro. 48

El hecho más escandaloso del momento actual es que 2.370 millones de personas tienen dificultades para comer. La mayoría de ellas se encuentra en países en desarrollo, pero muchas están en los Estados industriales avanzados. Los gobiernos en los países desarrollados dicen que no hay suficiente dinero para acabar con el hambre o cualquiera de las otras aflicciones de la era moderna, sea el analfabetismo, la mala salud o la falta de vivienda. Sin embargo, durante la pandemia, los bancos centrales de esos países conjuraron 16 billones de dólares para proteger al tambaleante sistema capitalista. Los recursos estaban fácilmente disponibles para salvar a las empresas, pero no para salvar a las personas hambrientas. Esa es la brújula moral de nuestros tiempos.

En este período, los institutos de investigación de los Estados capitalistas han creado nuevas entidades y publicado un montón de informes que ofrecen supuestos remedios para “salvar el capitalismo”. Entre estas nuevas instituciones está el Consejo para el Capitalismo Inclusivo (cuyos socios incluyen el Banco de Inglaterra y el Vaticano) y B Corporation Movement. El Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés) y el Financial Times han defendido la necesidad de hacer un “gran reseteo” para hacer al capitalismo “más inclusivo”. “La pandemia representa una ventana de oportunidad rara pero estrecha para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo”, dice el fundador y director ejecutivo del WEF, Klaus Schwab. Los que nos han llevado al umbral de la extinción y la aniquilación afirman que saben cómo arreglar nuestro mundo. Como era de esperar, su “capitalismo inclusivo” no tiene un programa claro más allá de una retórica vacía.

Mientras tanto, a mediados de 2021, 26 institutos de investigación de todo el mundo comenzaron a reunirse y discutir la elaboración de un proyecto de programa para hacer frente a la crisis actual. Bajo el liderazgo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Cooperación de los Pueblos (ALBA – TCP), nuestras reuniones produjeron un documento denominado Un plan para salvar el planeta, que publicamos en este dossier. Es un plan destinado a la discusión y al debate.

Uno de los puntos clave que diferencian Un plan para salvar el planeta y los diversos documentos a favor de un “capitalismo inclusivo” es que no consideramos que el capitalismo sea un sistema que pueda beneficiar a la humanidad —independientemente del “cambio de marca”— y no creemos que el dilema que enfrentamos pueda reducirse a una “crisis del coronavirus”. Por el contrario, sostenemos que estamos enfrentando una crisis del capitalismo en general, que solo podrá ser superada por un cambio de rumbo hacia un sistema diseñado alrededor de las necesidades de la clase trabajadora y el campesinado y de los requerimientos de un mundo natural sostenible. El grueso de este dossier expondrá nuestra orientación, principios y horizonte. Esta introducción examina los argumentos para un “capitalismo inclusivo” y revela cómo —en el fondo— buscan obsesivamente distraer la atención de los fracasos del capitalismo y culpar a China de todos sus males.

La crisis del capitalismo

Al llamarla “crisis del coronavirus”, los administradores del capitalismo están sugiriendo que se debe culpar a la pandemia y no al orden social en sí mismo por la decadencia económica mundial. Esto tiene dos consecuencias: primero, oculta la crisis del capitalismo, y segundo, culpa a la pandemia por el empeoramiento de las condiciones de la clase trabajadora, en vez de culpar a un sistema que maximiza ganancias por encima de cualquier otra consideración.

Cuando la pandemia golpeó, las vaciadas instituciones del Estado y la sociedad en los países capitalistas se rompieron. La pandemia iluminó la podredumbre, pero no la creó. Más bien, la erosión a largo plazo de las instituciones estatales y de la vida social fue un producto de una crisis estructural con tres dimensiones fundamentales:

1. La crisis capitalista general, infligida al sistema por la ferocidad de la competencia y la búsqueda de ganancias. Esta crisis secular es capaz de auges y colapsos periódicos, con una recuperación basada en la eliminación de los capitalistas más débiles, el desarrollo de nuevas formas de explotación y la creación de nuevos mercados.

2. La crisis engendrada por el neoliberalismo, a través del cual las clases capitalistas han ejercido su poder sobre el Estado para reducir su capacidad de intervenir en el mercado y producir salarios sociales netos positivos para el trabajo. Esto incluye severos recortes al gasto en salud y bienestar social.

3. La prolongada crisis —similar a una depresión— que siguió al colapso financiero de 2007-2008, cuyo impacto permanece profundamente enraizado en la estructura de la financiarización y del sistema de la cadena de valor global. Las ganancias de las finanzas son mayores que las de la industria manufacturera, lo que impulsa a las inversiones hacia sectores no productivos; además, el sistema de cadena de valor mundial lleva los empleos productivos a zonas del mundo donde los salarios se mantienen indecentemente bajos por las presiones del imperialismo.

Estas tres dimensiones de la crisis han infligido un duro golpe al capitalismo, cada una con un ritmo diferente. La recuperación de esta situación parece imposible de imaginar, a menos que surja una serie de nuevas tecnologías para mejorar la productividad y el crecimiento del empleo en los Estados capitalistas avanzados. Los sectores oportunistas de la clase capitalista están utilizando el discurso del cambio climático para dirigir fondos públicos hacia manos privadas e intentar modernizar el capitalismo.

Como muestra de este problema, la deuda total que en 2007 era 269% del PIB mundial, había alcanzado 331% a finales de 2020. Los mercados financieros viven en otro planeta. Las burbujas financieras siguen inflándose, mientras los capitales ociosos se precipitan a instrumentos cada vez más riesgosos. Mientras tanto, las condiciones laborales se ven empujadas a la uberización: lxs trabajadorxs son obligados a trabajar en condiciones precarias, a menudo sin contratos ni protección alguna, absorbiendo todo el riesgo mientras los capitalistas cosechan las ganancias.

La crisis ha permitido a las empresas capitalistas “reformar” los mercados laborales en todo el mundo, debilitar las protecciones laborales y uberizar el trabajo de todo tipo. La profundización del capitalismo de plataformas ya es sistemática (en 2020 había cinco veces más empresas capitalistas de plataforma que en 2010). Se han aprobado nuevas leyes y se han debilitado las regulaciones en nombre de acelerar el flujo de mercancías hacia el mercado a lo largo de la taponada cadena mundial de suministros. Si esta crisis se debe al coronavirus, entonces estas medidas “de emergencia” deberían retirarse cuando termine la pandemia. Pero eso no va a pasar. El capital retiene lo que gana, incluso en una emergencia. Nada se devuelve a lxs trabajadorxs sin una gran lucha. Algunas de las formas más comunes de erosión de los derechos laborales incluyen que los empleadores toman el control de los procedimientos de despido, los salarios, las horas de trabajo y las condiciones laborales, y además dan preferencia a lxs trabajadorxs que no pueden negociar colectivamente y obtener protección social, aprovechando los avances tecnológicos para dividir a lxs trabajadorxs a lo largo del proceso productivo y facilitar que las empresas obstaculicen los esfuerzos de organización laboral. Estos son dos síntomas del período actual: que el capital esconde su crisis sistemática detrás de la pandemia y utiliza la pandemia para lograr ganancias contra el trabajo.

A pesar de estos esfuerzos concertados por desviar la culpa del capitalismo, hasta los liberales críticos están teniendo que reconocer que hay serios problemas con el sistema. Hay dos asuntos reconocidos ampliamente en la literatura más difundida:

El aumento de las tasas de desigualdad es una amenaza para la estabilidad social. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —formada por los 38 países más ricos del mundo— admite que la desigualdad de ingresos entre sus miembros está en su nivel más alto en el último medio siglo. El ingreso promedio del 10% más rico de la población es cerca de nueve veces mayor al del 10% más pobre en la OCDE, siete veces más que hace 25 años”. Esto es solo dentro de la OCDE. Si consideramos la desigualdad globalmente, el 1% más rico del mundo tiene más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. En términos aún más crudos, 22 de los hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África. Esta desigualdad extrema produce inmensos problemas sociales.
La actividad económica está cada vez más divorciada de las instituciones democráticas. Los ricos acaparan la mayoría de la riqueza del mundo y llegan a definir las políticas públicas en los Estados capitalistas avanzados inundando la política con su dinero. La democracia se deteriora. Más aún, a medida que la actividad económica se desarrolla cada vez más al margen de la regulación estatal, vastas áreas de la vida social quedan fuera del ámbito del control democrático y se entregan a tecnócratas y corporaciones. Esto permite que las empresas se comporten de forma profundamente autoritaria, como incurriendo en prácticas laborales que no tienen límites en su abuso del cuerpo humano. También implica una grave crisis del Estado burgués, ya que gran parte de la población ya no tiene fe en una actividad democrática básica como el voto.

Los administradores de los Estados capitalistas avanzados son conscientes de la crisis, incluso están atormentados por ella. Sin embargo, quieren desviar la atención de la respuesta genuina, que inevitablemente pondría en cuestión al propio sistema. En vez de ello, han desarrollado el hábito de culpar a China.

Culpar a China

Una encuesta realizada en 2020 por Edelman reveló que el 56% de las personas en el mundo estaban de acuerdo con la afirmación: “El capitalismo tal y como existe hoy hace más daño que bien en el mundo”. La opinión pública parece dispuesta a mirar hacia el sistema en lugar de hacer de China un chivo expiatorio, pero las potencias capitalistas quieren redirigir la atención hacia una Nueva Guerra Fría. Las narrativas que se despliegan con frecuencia son:

La crisis fue provocada por la pandemia, de la que es responsable China.
La crisis se debe a que China hace trampas en el comercio mundial, o a que China e India producen bienes muy baratos externalizando los costos de energía mediante la contaminación por carbono; o a que el avance la tecnología china ha perjudicado la seguridad mundial.

Cada una de estas narrativas es falsa. La primera —que la pandemia es culpable de la crisis— ya ha sido abordada al ilustrar el papel de las tres dimensiones de la crisis capitalista a largo plazo. Las acusaciones de violaciones de las reglas de comercio y de la propiedad de la tecnología por parte de China están también fuera de lugar (incluso la revista Foreign Policy rechaza este punto de vista, reconociendo, en cambio, que el juego comercial está “amañado”).

La Nueva Guerra Fría desarrollada y profundizada por Occidente tiene cuatro efectos inmediatos:

Desvía la atención de los traumas que el capitalismo inflige a la clase trabajadora en las sociedades capitalistas.
Permite a los Estados capitalistas avanzados generar una inmensa cantidad de propaganda contra China, acusándola de violaciones de los derechos humanos y de ser una amenaza para la seguridad mundial.

1. Esto permite a Occidente enterrar las noticias de que China ha erradicado la extrema pobreza o de que ha conseguido manejar la pandemia. Las noticias antiChina no solo tienen a China como objetivo, sino que están diseñadas para impedir cualquier idea alternativa al discurso del “capitalismo inclusivo” difundido por Occidente.
2. Esto apoya el intento de Occidente de socavar cualquier involucramiento beneficioso de China en el Tercer Mundo, como cuando el presidente Xi anunció 40.000 millones de dólares en inversiones y la donación de 1.000 millones de dosis de vacunas COVID-19 al continente africano y la recepción fue el alarmismo sobre la naturaleza supuestamente insidiosa de la influencia china.
Impulsa la expansión de la ya masiva industria armamentística, poniendo más armas en manos de los gobiernos de los Estados capitalistas avanzados y sus aliados. De acuerdo al Stockholm International Peace Research Institute, la venta de armas aumentó durante la pandemia, y Estados Unidos sigue dominando el comercio de armas: el 54% de las ventas de armas entre las 100 principales empresas armamentísticas en 2020 fueron de fabricantes estadounidenses. EE. UU. tiene, de lejos, el mayor gasto militar del mundo: casi 1 billón de dólares, es decir, el 39% del gasto global. En contraste con Estados Unidos, China utiliza su gasto militar para defender sus fronteras, no para amenazar a otros países. No obstante, la naturaleza de los medios de comunicación occidentales es tal que trata la defensa de China de sus propias fronteras como una amenaza para el orden occidental.
Aumenta gravemente las amenazas militares y podría llegar a un punto de ignición. Este militarismo incluye el fortalecimiento del Quad en Asia, la frecuencia cada vez mayor de las así llamadas misiones de “libertad de navegación” en el Mar de China Meridional, el anuncio del acuerdo del submarino nuclear AUKUS y las nuevas maniobras de interoperabilidad del Comando Indo Pacífico de EE. UU. con otros países de la región. También incluye los juegos de guerra de EE. UU. en el Caribe, como los recientemente concluidos Tradewinds 2021 en Guyana y Panamex 2021 en Panamá, ambos demostraciones de fuerza frente a los Estados latinoamericanos que buscan defender su soberanía y mantener relaciones constructivas con China.

Desde el punto de vista del Tercer Mundo, la emergencia de China como una entidad en la escena mundial ofrece una alternativa a la agenda de desarrollo impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Durante las últimas cinco décadas, el FMI ha promovido un marco de políticas que ha recibido varios nombres pero que queda mejor descrito por su denominación original: políticas de ajuste estructural. El FMI informa a los gobiernos del mundo en desarrollo que no les proporcionará buenas calificaciones crediticias a menos que estos países ajusten estructuralmente sus políticas internas. Este ajuste estructural consiste en privatizar servicios públicos, construir esquemas enfocados en metas de inflación, liberalizar la política comercial (incluyendo recortes de subsidios y aranceles) y recortar el gasto destinado al desarrollo humano. Estas políticas han erosionado la soberanía nacional, han aumentado el sufrimiento de la mayoría de la población, han endurecido las jerarquías de género al intensificar el trabajo de cuidados para las mujeres, y han destruido infraestructura social importante, mientras los ricos tenedores de bonos de los países desarrollados han seguido exigiendo el pago del servicio de la deuda. Durante la pandemia, Oxfam descubrió que “64 de los países más pobres del mundo gastaron más en el pago de la deuda a los países ricos y a las instituciones financieras que en atención de salud”. Desde 1960, los países desarrollados drenaron 152 billones de dólares del mundo en desarrollo. Esta es la mejor ilustración del impacto de la forma de desarrollo del FMI. Por eso, por ejemplo, el 30% de los 33 millones de habitantes de Perú vive en la pobreza.

Está claro que el modelo de privatizaciones y austeridad del FMI está siendo desafiado por el modelo de inversión y desarrollo de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (también conocida como Iniciativa del Cinturón y la Ruta o BRI). Durante 50 años, el FMI se posicionó como la única alternativa para el desarrollo económico y promovió el neoliberalismo como el único marco de políticas. En contraste, la Nueva Ruta de la Seda —con una agenda configurada alrededor de la inversión en infraestructura y el desarrollo humano— ofrece una opción a los países del Sur Global. Su surgimiento como una alternativa al FMI ha provocado que Estados Unidos impugne a las inversiones chinas en el mundo en desarrollo, no solo en América Latina, sino también en partes de Asia y en África. Países como Argentina, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú dan la bienvenida a las opciones que les ofrece la NRS. Pronto llegará el día en que los países del Sur no tendrán que ir sombrero en mano a los acreedores gubernamentales como el Club de París y a los privados como el London Club para rogar por un alivio de la deuda, ni tendrán que tolerar los caprichos de las misiones de estudio del FMI que visitan por unos pocos días y emiten un juicio duradero sobre un país. Los proyectos de desarrollo soberanos requieren espacio para ser visualizados, y el espacio que abre la NRS debería permitir a los países en el Sur soñar con sus propios caminos para avanzar. Este es el beneficio neto del ascenso de China y de la competencia comercial que crea con Occidente.

Lucha de clases global

A medida que se intensifica la crisis del capitalismo, también lo hace la lucha de clases mundial. Tres ejemplos clave del momento actual:

La revuelta campesina en India: el campesinado y lxs trabajadorxs agrarixs se levantaron contra tres leyes agrarias que habrían uberizado la producción agrícola. Lucharon durante un año para obligar al gobierno de la India a retirar estas leyes y ganaron, pero están yendo más allá, luchando por precios mínimos de apoyo, electricidad subsidiada y una serie de otras demandas que podrían llevar al gobierno a desempeñar un papel más intervencionista y social en el sistema agrícola. Las y los campesinos reconocen que es una lucha por su existencia, por lo que no darán marcha atrás.
Hacer que Amazon pague (Make Amazon Pay): Esta campaña internacional, que abarca desde lxs trabajadorxs de la confección en Bangladesh y Camboya hasta los repartidores en Italia y Estados Unidos, busca obligar a la empresa a pagar “salarios justos, sus impuestos y por su impacto en el planeta”. Amazon es una corporación de un billón de dólares que en 2019 solo pagó 1,2% de impuestos en su país, EE. UU., y retiene las indemnizaciones de lxs trabajadorxs en Asia. En Camboya, lxs trabajadorxs de Hulu Garment han sido defraudados en 3,6 millones de dólares en indemnizaciones por despido; en total, a lxs trabajadores de la confección de toda Camboya se les deben 393 millones de dólares en salarios pendientes y en indemnizaciones por despido acumuladas durante la pandemia. La militancia ha aumentado en toda la cadena de valor global.
La lucha de lxs trabajadorxs de los cuidados: Las y los trabajadores de la salud desde Estados Unidos y Sudáfrica hasta Grecia, Kenia, Guinea Bissau, Polonia y Turquía, han llevado a cabo huelgas y paralizaciones para llamar la atención sobre los bajos salarios y las terribles condiciones de trabajo. En Grecia, los sindicatos lucharon contra la privatización de hospitales y la uberización de lxs trabajadorxs sanitarios. Mientras tanto, enfermeras de 28 países han presentado en la ONU una demanda contra los “criminales del COVID-19”, diciendo: “Estos países han violado nuestros derechos y los derechos de nuestrxs pacientes y causado la pérdida de incontables vidas, de enfermeras y otras personas cuidadoras y de aquellas a quienes hemos cuidado”. El año pasado, los sindicatos de la salud de Brasil llevaron al gobierno de Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional y lo acusaron de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, partimos de la base de que si bien existen las condiciones objetivas para intensificar la lucha de clases, las condiciones subjetivas no son fáciles de conseguir. Parte de esto tiene que ver con la tendencia del capitalismo de generar una conciencia reformista o una ideología patriotera en la clase trabajadora. El reformismo favorece tanto a los sectores socialdemócratas como a los neoliberales, que hacen promesas de emprendimientos para atraer los sueños de movilidad ascendente. Por su parte, el patrioterismo es la moneda de la extrema derecha, aunque ambas tendencias son adoptadas por todo el espectro de los actores políticos burgueses.

Los movimientos populares alrededor del mundo confrontan directamente las limitaciones tanto del reformismo como del patrioterismo. Un plan para salvar el planeta, el documento en el que se basa este dossier, es una contribución a la batalla de ideas en marcha, que es una parte clave de la lucha de clases mundial. Este documento, que no hace más que amplificar las voces de las organizaciones campesinas y de la clase trabajadora, ya ha comenzado a estimular el debate entre las fuerzas progresistas. Será a partir de las grandes luchas de nuestro tiempo, que levantan estas ideas y las materializan, que crecerá nuestra confianza y nuestro poder para construir un sistema que nos permita ser humanos y que permita a la naturaleza prosperar.

Prefacio

Sacha Llorenti

Casi cinco millones y medio de personas han muerto infectadas por la COVID-19. Esta tragedia global es el lente a través del cual debemos analizar cómo y a favor de quiénes funciona el sistema que impera en el planeta.

La pandemia ha logrado comprimir, en pocos meses, fenómenos políticos, económicos y sociales cuyas consecuencias, en otras circunstancias, se advierten en muchos años.

La precariedad laboral, el déficit en los sistemas de salud, la desigualdad, las relaciones Norte – Sur, la debilidad de la Organización de Naciones Unidas para enfrentar coordinadamente un esfuerzo colectivo, el uso de las medidas coercitivas unilaterales como un arma de control y escarmiento en contra de muchos pueblos, la vulnerabilidad de la economía global y el rol del Estado constituyen algunas de las características claramente magnificadas bajo la lente del fenómeno de la pandemia.

El carácter multidimensional y existencial de las crisis que la humanidad y la vida en el planeta enfrentan, nos obliga a construir y fortalecer todos los espacios de encuentro posibles para que, de manera colectiva, construyamos un horizonte común, interseccional e inclusivo que nos permita recuperar la iniciativa social y política.

En ese contexto, la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP junto al Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y el Instituto Tricontinental de Investigación Social tomamos la iniciativa de realizar un encuentro de Centros de Pensamiento con el propósito de llevar adelante la ambiciosa y apremiante tarea de diseñar un Plan para salvar el planeta.

Después de varias semanas de trabajo, tenemos ante nosotros un conjunto sistematizado de propuestas que nos permitan dar un golpe de timón y así cambiar el rumbo al que el sistema capitalista está llevando a nuestra especie y a todos los seres vivos que habitan nuestro planeta.

Este documento ya tiene vida propia y le pertenece a todas las personas y colectivos que quieran enriquecerlo y convertirlo en un instrumento de lucha contra el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo.

Introducción

Carlos Ron y Vijay Prashad

En el transcurso de la pandemia ha crecido la conciencia sobre la fragilidad de la sociedad humana. Muchas partes del mundo se desmoronaron antes de la COVID-19, mientras que el hecho del cambio climático nos introdujo en la realidad de que muchas especies de plantas y animales se han extinguido. La suerte del planeta se juega entre la aniquilación y la extinción.

Sacha Llorenti, secretario general de ALBA-TCP, reunió a un grupo de institutos de investigación para esbozar Un plan para salvar el planeta. Este plan debía redactarse desde una perspectiva centrada en la gente, frente al enfoque centrado en las ganancias de muchas instituciones internacionales (como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE y el Foro Económico Mundial). Este documento surge de ese encargo.

¿Qué es ALBA-TCP?

La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) nace el 14 de diciembre de 2004, en La Habana, Cuba, mediante la suscripción de una Declaración Conjunta y el Acuerdo para la Aplicación del ALBA, por parte de los Comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz. El ingreso de Bolivia, en abril de 2006, complementa los principios de la Alianza, al incorporar el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), a través del que se propone un comercio basado en la complementariedad, solidaridad y cooperación. ALBA-TCP es un organismo interestatal formado por nueve países que promueve el doble objetivo de soberanía frente a la dominación externa e integración para el progreso interno. Algunos de sus métodos para la integración incluyen el desarrollo de una moneda regional común (el sucre) para conciliar el comercio interregional, la creación de empresas energéticas regionales para impulsar objetivos sociales (PetroCaribe y PetroSur) y el establecimiento de una cadena de televisión para democratizar el sistema mundial de comunicación (TeleSur). ALBA-TCP forma parte de un conjunto de dinámicas regionales que promueven tanto la soberanía como la integración, entre ellas la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

¿Qué es la Red de Centros de Pensamiento?

Para desarrollar Un plan para salvar el planeta, ALBA-TCP trabajó con dos institutos de investigación: el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Nuestros dos institutos reunieron a otros institutos con los que hemos trabajado a lo largo de los años y establecimos una red de trabajo para la construcción de este documento. Esta red es una articulación informal que se ha fortalecido por nuestro trabajo conjunto y que conducirá a más proyectos colectivos en el futuro. Si otros institutos de investigación están interesados en unirse a esta red, pueden escribir a plan@thetricontinental.org.

¿Qué es Un plan para salvar el planeta?

En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución llamada Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), elaborada por el Movimiento de los No Alineados, el G-77 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La resolución se basó en “equidad, igualdad soberana, interdependencia, interés común y cooperación entre todos los Estados, independientemente de sus sistemas económicos y sociales, que corregirá las desigualdades y reparará las injusticias existentes, permitirá eliminar la creciente brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo y garantizar desarrollo social y económico en constante aceleración, así como y paz y justicia para las generaciones presentes y futuras”. No hay nada que actualizar en estos planteamientos.

El debilitamiento del Proyecto del Tercer Mundo, la caída de la URSS y del sistema de Estados comunistas en Europa del Este y el colapso de la socialdemocracia en los países capitalistas avanzados significó que el NOEI —y toda su agenda de desarrollo— fueran dejados de lado. En su lugar surgió la agenda neoliberal de austeridad y seguridad (guerra). La creación de la Comisión del Sur bajo el liderazgo de Julius Nyerere entre 1987 y 1990 fue un intento de resucitar el NOEI, pero su documento final, The Challenge to the South [El desafío del Sur] no recibió la atención debida. Un Plan para salvar el planeta está redactado en la tradición del NOEI (1974) y de The Challenge to the South (1990).

Un plan para salvar el planeta es un documento provisional, un borrador construido con los análisis y las demandas de los gobiernos y los movimientos de nuestros pueblos. Requiere ser leído y discutido para ser criticado y desarrollado. Este es solo un primer borrador de muchos. Por favor contáctennos a plan@thetricontinental.org con sus críticas y sugerencias, ya que este es un documento vivo. Eventualmente avanzará en nuestros movimientos e instituciones hasta llegar a una resolución de las Naciones Unidas para salvar el planeta.

Un plan para salvar el planeta

Inseguridades de diversa índole atenazan el planeta. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha producido la mayor recesión económica desde la Gran Depresión. Este retroceso no se refleja en las cotizaciones bursátiles ni en los informes de ganancias de las grandes multinacionales, sino en los datos sobre desempleo y desigualdad, en el aumento de los índices de hambre y la creciente sensación de desesperanza y rabia. Se calcula que cientos de millones de personas caerán en la pobreza absoluta por el impacto de la pandemia de COVID-19. Este es solo un dato en una avalancha de malas noticias para quienes están viendo como demasiados países se hunden en una deuda catastrófica y en la desesperación. Es necesario emprender un programa mundial de emergencia para evitar este resultado. Es crucial que los países dejen de lado estrechas preocupaciones nacionalistas y se comprometan a dar una respuesta común y de cooperación a esta crisis.

Tres tipos de apartheid —de dinero, de medicamentos y de alimentos— reinan en la situación actual del mundo:

Apartheid monetario. La deuda externa de los países en desarrollo supera los 11 billones de dólares y se prevé que los pagos del servicio de la deuda asciendan a casi 4 billones a finales de 2021. En 2020, 64 países gastaron más en el servicio de la deuda que en sus sistemas de salud. Se habló tímidamente de la suspensión del servicio de la deuda, con alguna pequeña ayuda de varios organismos multilaterales. Esta conversación sobre la suspensión de la deuda se produce al mismo tiempo de la política del FMI para que los Estados pidan más dinero prestado, ya que las tasas de interés son bajas. En lugar de prestar más, ¿por qué no cancelar simplemente el total de la deuda externa y, al mismo tiempo, incorporar los al menos 37 billones de dólares que se encuentran en paraísos fiscales ilícitos? La palabra que se utiliza a menudo para definir la cancelación de la deuda es «condonación». Sin embargo, no hay nada que condonar, ya que esta deuda es consecuencia de una larga historia de robo colonial, expropiación imperialista y saqueo. Los países más ricos pueden pedir préstamos a tasas de interés bajas o nulas, mientras que para el mundo en desarrollo los intereses son exageradamente altos y tiene que pagar deudas odiosas con fondos invaluables que deberían destinarse a romper la cadena de infección de la COVID-19.

Apartheid médico. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el mundo está al borde de un «fracaso moral catastrófico». Se refería al nacionalismo de las vacunas y su acaparamiento. Los Estados del Atlántico Norte (Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y muchos Estados europeos) se han encogido de hombros ante la petición de India y Sudáfrica de suspender las normas de propiedad intelectual relativas a la vacuna. Además, han desfinanciado el mecanismo COVAX, que, como resultado, corre un alto riesgo de fracasar, con crecientes expectativas de que muchas personas en los países en desarrollo se queden sin vacuna hasta 2023. Mientras tanto, estos mismos Estados han acaparado vacunas: solamente Canadá ha acumulado reservas de cinco vacunas por canadiense, sacando algunas de ellas del COVAX. Ghebreyesus llama a esto «el apartheid de las vacunas».

Apartheid alimentario. El hambre en el mundo, que había disminuido de 2005 a 2014, comenzó a aumentar desde entonces, siendo China —que erradicó la pobreza extrema en 2020— la principal excepción a esta tendencia mundial. El hambre en el mundo ha alcanzado ahora los niveles de 2010. El informe 2021 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo señala que «casi una de cada tres personas en el mundo (2.370 millones) no tuvo acceso a una alimentación adecuada en 2020, lo que supone un aumento de casi 320 millones de personas en solo un año». El hambre es intolerable. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU prevé que el número de personas que pasan hambre podría duplicarse antes de que se pueda controlar la pandemia “a menos que se tomen medidas rápidamente”.

¿Cuál es la causa de estos tres apartheid? Un puñado de empresas y gobiernos ejercen control sobre la economía mundial:

Control de la ciencia y la tecnología
Control de los sistemas financieros
Control del acceso a los recursos
Control del armamento
Control de la comunicación

Nosotros, una red de instituciones de investigación que ha estado analizando de cerca las crisis a largo plazo derivadas de la austeridad neoliberal, los regímenes de deuda inducida y el mal desarrollo, hemos elaborado un conjunto de políticas con miras a establecer un nuevo orden mundial.

Nuestro plan, inspirado en los lineamientos del NOEI, propone una visión para el presente y el futuro inmediato centrada en doce temas clave: democracia y orden mundial, medio ambiente, finanzas, salud, vivienda, alimentación, educación, trabajo, bienestar, mujeres, cultura y mundo digital. Este es el borrador de un plan mucho más completo que elaboraremos el año que viene.

La democracia y el orden mundial

Reafirmar la importancia de la Carta de las Naciones Unidas (1945).
Insistir en que los Estados miembros de las Naciones Unidas se adhieran a la Carta, incluidos sus requisitos específicos sobre el uso de sanciones y de la fuerza (capítulos VI y VII).
Reconsiderar el poder monopólico que ejerce el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las decisiones que afectan a una gran parte del sistema multilateral. Comprometer a la Asamblea General de la ONU en un diálogo serio sobre la democracia dentro del orden mundial.
Insistir en que los organismos multilaterales —como la Organización Mundial del Comercio (OMC)— formulen políticas de conformidad con la Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). No debe permitirse ninguna política que contribuya al incremento de la pobreza, el hambre, la falta de vivienda y el analfabetismo.
Reiterar la centralidad del sistema multilateral en las áreas fundamentales de la seguridad, la política comercial y las regulaciones financieras. Los organismos regionales, como la OTAN, y las instituciones locales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han sustituido a las Naciones Unidas y sus organismos (como la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo) en la formulación de estas políticas.
Formular políticas para reforzar los mecanismos regionales y profundizar en la integración de los países en desarrollo.
Impedir el uso del paradigma de la seguridad, en particular, la lucha contra el terrorismo y los estupefacientes, para abordar los retos sociales del mundo.
Limitar el gasto en armas y en militarismo. Garantizar la desmilitarización del espacio.
Convertir la producción de armas en producción de beneficio social.
Garantizar que todos los derechos estén al alcance de todos los pueblos, no solo quienes son ciudadanxs de un Estado. Estos derechos deben incluir a todas las comunidades hasta ahora marginadas como mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas empobrecidas, indocumentadas, de las diversidades sexuales, con discapacidad u oprimidas por el sistema de castas.

Medio ambiente

Basados en la expresión «responsabilidades comunes pero diferenciadas» de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, obligar a los países desarrollados, que son los responsables históricos de la catástrofe climática, a reducir rápidamente sus emisiones de carbono para impedir que la temperatura global supere el umbral crítico de 1,5 °C.
Exigir a los países desarrollados que reduzcan el promedio de emisiones de carbono per cápita a un máximo de 2,3 toneladas para 2030, que es lo que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático evalúa como el promedio mundial necesario para contener el calentamiento global a 1,5 °C.
Garantizar que los países desarrollados del Norte Global ofrezcan compensaciones climáticas por las pérdidas y daños causados por sus emisiones de carbono y que financien sólidamente infraestructura pública para sustituir la dependencia de la energía basada en carbono.
Cumplir las promesas del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático según las cuales los países desarrollados aportan 100.000 millones de dólares al año para atender las necesidades de los países en desarrollo. Estas necesidades incluyen la adaptación y la resiliencia al impacto real y desastroso del cambio climático, que ya están sufriendo los países en desarrollo (especialmente los países de baja altitud y los pequeños estados insulares).
Transferir tecnología y financiamiento a los países en desarrollo para la mitigación y adaptación de los sistemas energéticos basados en carbono.
Exigir que los países desarrollados que han contaminado las aguas, el suelo y el aire con residuos tóxicos y peligrosos, incluidos los residuos nucleares, asuman los costos de la restauración y dejen de producir y utilizar residuos tóxicos.
Con una definición coherente, revisada y ajustada a las urgencias inmediatas de los países en desarrollo, elaborar un programa de transición hacia un paradigma capaz de mitigar y adaptar los sistemas energéticos basados en el carbono. Esto debería combinarse con canales de financiamiento racionales para los países en desarrollo, con su participación directa, y ajustarse según la escala de necesidades y la voluntad de coordinar el financiamiento. Construir una hoja de ruta hacia un paradigma concertado con los principales países que, en cualquier caso, proporcionarían la materia prima para cualquier transición energética en un futuro próximo.

Finanzas

Renegociar todas las deudas externas odiosas de los países en desarrollo.
Empezar a discutir las reparaciones por el saqueo colonial, incluida la esclavitud.
Embargar los activos depositados en paraísos fiscales ilícitos.
Establecer límites máximos para las tasas de interés que cobran los prestamistas comerciales y multilaterales a los países en desarrollo.
Desincentivar las actividades de desplazamiento de ganancias de las empresas multinacionales y adoptar un enfoque unitario para gravar la parte de las ganancias globales generadas por las filiales de las empresas multinacionales.
Aplicar impuestos sobre el patrimonio y las herencias.
Imponer tasas de impuestos más altas a ciertos ingresos, como las ganancias de capital, obtenidos a través de la especulación financiera por parte de todas las instituciones corporativas no bancarias.
Democratizar el sistema bancario, ampliando el papel y el tamaño de la banca pública y aplicando mayor regulación y transparencia para la banca privada.
Reforzar los límites (como porcentaje de los pasivos) de la actividad bancaria especulativa de los bancos comerciales.
Regular las tasas de interés que cobran los bancos por bienes específicos, como los préstamos para la vivienda.
Establecer controles de capital para evitar la fuga de capitales.
Crear alternativas centradas en la gente a los programas de financiación del desarrollo dirigidos por el FMI y el Banco Mundial.
Fomentar la creación de mecanismos regionales de conciliación comercial.
Establecer una regulación estricta de los fondos de pensiones, de modo que los ahorros de la gente no se utilicen de forma irresponsable para la especulación financiera. Fomentar la creación de fondos de pensiones del sector público.

Salud

Promover la causa de la vacuna popular contra la COVID-19 y para futuras enfermedades.
Eliminar los controles de patentes sobre los medicamentos esenciales y facilitar la transferencia de ciencia y tecnología médica a los países en desarrollo.
Desmercantilizar, desarrollar y aumentar la inversión en sistemas de salud pública sólidos.
Desarrollar la producción farmacéutica del sector público, especialmente en los países en desarrollo.
Conformar un Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Amenazas para la Salud.
Apoyar y reforzar el papel de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del área de la salud en el trabajo y en la economía.
Garantizar la formación de médicos a personas procedentes de entornos desfavorecidos y de zonas rurales.
Ampliar la solidaridad médica, también a través de la Organización Mundial de la Salud y las plataformas sanitarias asociadas a los organismos regionales.
Movilizar campañas y acciones que protejan y amplíen los derechos sexuales y reproductivos.
Imponer un impuesto sanitario a las grandes empresas que producen bebidas y alimentos ampliamente reconocidos por las organizaciones internacionales de salud como perjudiciales para las y los niños en particular y para la salud pública en general (como los que provocan obesidad u otras enfermedades crónicas).
Frenar las actividades de promoción y los gastos de publicidad de las empresas farmacéuticas.
Construir una red de centros de diagnóstico accesibles y financiados con fondos públicos y regular estrictamente la prescripción y los precios de las pruebas de diagnóstico.
Proporcionar terapia psicológica como parte de los sistemas de salud pública.

Vivienda

Garantizar la construcción de suficientes viviendas, haciendo hincapié en el desarrollo de vecindarios diversos con una combinación de zonas residenciales y comerciales.
Establecer controles para el alquiler de viviendas.
Reconvertir los inmuebles vacíos en centros comunitarios o viviendas.
Construir y reutilizar urbanizaciones que estén conectadas a sistemas de transporte público para reducir la necesidad del transporte privado, como automóviles.
Exigir que todos los edificios de más de 2.000 metros tengan tejados verdes o paneles solares.
Desarrollar nuevas viviendas con materiales innovadores que demuestren resistencia térmica.

Alimentación

Mejorar los sistemas alimentarios nacionales y regionales.
Revisar y derogar los acuerdos bilaterales y multilaterales que prohíben o penalizan los sistemas públicos de alimentación y las compras públicas de alimentos.
Garantizar que los países desarrollados que utilizan los mecanismos del comercio internacional para impedir que los países en desarrollo subvencionen su agricultura tengan prohibido aplicar políticas hipócritas como la de subvencionar sus propios agro-negocios. Las normas de la OMC deben aplicarse para facilitar el desarrollo y no para subordinar a los países en desarrollo.
Redistribuir la tierra, un recurso común del pueblo. Limitar el tamaño de la propiedad de la tierra, estableciendo límites máximos a la propiedad familiar y empresarial.
Desarrollar infraestructura de riego y afines sostenibles y financiadas con fondos públicos para ayudar a los agricultores a cultivar en condiciones climáticas cada vez más extremas.
Construir sistemas de distribución pública, centrándose especialmente en la eliminación del hambre.
Aumentar el apoyo público al campesinado de los países menos desarrollados para garantizar que el trabajo agrícola proporcione ingresos decentes a las y los agricultores y trabajadores agrícolas.
Desarrollar sistemas de crédito para las y los agricultores con el fin de sostener la agricultura y no desviar los ingresos generados.
Potenciar la producción alimentaria del sector cooperativo y fomentar la participación popular en los sistemas de producción y distribución de alimentos.
Proporcionar crédito barato, insumos subsidiados, asistencia técnica gratuita y tierras para la creación de granjas y mercados cooperativos.
Desarrollar redes de transporte con financiamiento público, incluidas las instalaciones de almacenamiento, para garantizar que las pequeñas explotaciones agrícolas puedan llevar sus productos a los mercados.
Garantizar la disponibilidad de alimentos saludables en las escuelas y guarderías públicas.
Crear capacidad técnica y científica para la agricultura sostenible y ecológica.
Eliminar las patentes sobre semillas y promover marcos legales para proteger las semillas nativas contra la mercantilización por parte de los agro-negocios.

Educación

Desmercantilizar la educación, lo que supone fortalecer la educación pública e impedir la privatización de la educación.
Reforzar el papel de las y los docentes en la gestión de las instituciones educativas
Garantizar que los sectores más desfavorecidos de la sociedad reciban formación para convertirse en docentes.
Reducir las brechas eléctrica y digital.
Construir sistemas de internet de banda ancha de alta velocidad financiados y controlados públicamente.
Garantizar que todas y todos los escolares tengan acceso a todos los elementos del proceso educativo, incluidas las actividades extraescolares.
Desarrollar canales a través de los cuales las y los estudiantes participen en los procesos de toma de decisiones en todas las formas de educación superior.
Transformar la educación en una experiencia para toda la vida, permitiendo a las personas en cada etapa de la vida disfrutar de la práctica del aprendizaje en diversos tipos de instituciones. Esto fomentará el valor de que la educación no es solo para forjar una carrera, sino para construir una sociedad que apoye el desarrollo y crecimiento continuos de la mente y de la comunidad.
Subsidiar la educación superior y los cursos de formación profesional para las y los trabajadores de todas las edades en áreas relacionadas con su ocupación.
Garantizar que la educación, incluida la educación superior, esté disponible para todas las personas en sus respectivos idiomas. Los gobiernos deben asumir la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de material educativo en los idiomas hablados en su país mediante traducciones y otros medios.
Establecer institutos educativos especializados en administración que atiendan las necesidades de las cooperativas en los sectores industrial, agrícola y de servicios.

Trabajo

Exigir que los gobiernos asuman la responsabilidad de garantizar que su legislación laboral se apega a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los convenios 87 y 98 sobre el derecho a la organización y a la negociación colectiva.
Mejorar el nivel de los bienes sociales, como la salud, la educación y el ocio públicos, para disminuir la presión sobre los salarios.
Fomentar el principio de igual salario por igual trabajo.
Reforzar la cultura del sindicalismo y promover la negociación colectiva para frenar el desequilibrio de poder inherente al lugar de trabajo. Dar voz democrática a las y los trabajadores para evitar que se sientan aislados y agobiados con la tarea de mejorar sus lugares de trabajo por sí solos.
Garantizar que todas y todos los trabajadores —incluidos los informales y quienes trabajan en la economía gig— estén cubiertos por las protecciones laborales básicas.
Hacer hincapié en la redistribución del tiempo de trabajo a través del proceso de negociación colectiva, proporcionando suficientes horas de trabajo para todas las personas y con una remuneración digna.
Las y los trabajadores deben tener derecho a unas condiciones de trabajo saludables y seguras y los gobiernos están obligados a garantizar que las normas de seguridad se aplican y controlan adecuadamente.
Crear centros de empleo financiados con fondos públicos para ayudar a las personas desempleadas a encontrar empleo. Estos centros pueden estar vinculados, por ejemplo, a una red del sindicato de personas desempleadas.
Proporcionar sistemas sólidos de bienestar social financiados con fondos públicos, sin comprobación de ingresos o requisitos de trabajo.
Garantizar pensiones adecuadas a toda la ciudadanía en edad de jubilación.
Garantizar que los Estados proporcionen indemnizaciones y pensiones adecuadas a las personas lesionadas o incapacitadas durante el trabajo, especialmente a las y los trabajadores no organizados, vulnerables y autónomos.
Garantizar que los gobiernos promuevan las cooperativas de trabajadores y contribuyan al capital inicial de dichas organizaciones, garantizando créditos y precios razonables.
Desarrollar la infraestructura de los países en colaboración con dichas cooperativas, los institutos públicos de investigación y tecnología y los bancos, garantizar que una parte importante del gasto gubernamental en infraestructura se destine a dichas cooperativas.
Construir una red de transporte público barata y adecuada (bus, ferrocarril y metro) en las ciudades para ahorrar tiempo y gastos de las y los trabajadores.
Construir una red de puntos de venta de alimentos cooperativos apoyados por el gobierno en las ciudades y atender a las y los trabajadores no organizados, precarios y migrantes.

Bienestar

Mejorar los sistemas de protección social, incluidos los programas de cuidado de niñas, niños y personas de la tercera edad.
Construir un sistema de guarderías financiadas públicamente y gestionadas por los vecindarios. Crear instalaciones financiadas públicamente y gestionadas por los vecindarios para el cuidado de las y los niños después de la escuela, que les proporcionen alimentación.
Construir un sistema de instalaciones comunitarias financiadas públicamente para la vida social y el cuidado de personas de la tercera edad.
Garantizar que las y los trabajadores de las guarderías y centros para personas de la tercera edad reciban salarios decentes, formación y control sobre su lugar de trabajo.

Mujeres y personas de las diversidades sexuales

Nombrar a las líderes de las organizaciones de mujeres de la clase trabajadora para los organismos influyentes en materia de políticas públicas.
Apoyar a las organizaciones y redes de mujeres, incluidas las organizaciones de trabajadoras, las organizaciones comunitarias y los grupos de autoayuda.
Reconocer y contabilizar a las trabajadoras informales, así como el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado del hogar en las cuentas nacionales. Esto debe incluir a las trabajadoras de los sectores ocultos o invisibles.
Establecer políticas de permisos parentales remunerados.
Reducir la creciente carga de tareas de cuidado que recae sobre las mujeres. Garantizar que los paquetes de ayuda financiera tengan en cuenta el trabajo de cuidados no reconocido y no remunerado que realizan con más frecuencia las mujeres, como el cuidado de las y los niños.
Proporcionar ayuda económica y alimentaria inmediata, así como medidas de protección social a las trabajadoras. Garantizar que los hogares encabezados por mujeres reciban tanta ayuda como los encabezados por hombres.
Reconocer las necesidades específicas de las trabajadoras de la salud, muchas de las cuales no son tratadas como trabajadoras sino como voluntarias. Garantizar que reciben una compensación adecuada y un equipo apropiado.
Proporcionar créditos a las cooperativas de mujeres.
Crear programas para fomentar el reparto del trabajo reproductivo social y de cuidados en el hogar.
Establecer sistemas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las personas de las diversidades sexuales. Poner en marcha planes para erradicar la violencia patriarcal y garantizar que las políticas económicas no ignoren inadvertidamente el problema de la violencia patriarcal.
Garantizar igualdad de acceso a todos los programas y servicios sociales independientemente del género, la identidad de género o la orientación sexual.

Cultura

Potenciar las ideas de la Constitución de la UNESCO de 1945, en particular la idea de que la amplia difusión de la cultura y la educación es indispensable para la dignidad humana y la paz mundial.
Impulsar el apoyo público a las instituciones culturales que defienden los valores de dignidad, igualdad y decencia.
Promover actividades culturales que no se reduzcan a un consumismo sin sentido.
Fomentar iniciativas culturales y artísticas contra la discriminación en todas sus formas (como el racismo, el sistema de castas, la misoginia, la transfobia, la xenofobia, entre otras).
Estimular actividades culturales que representen la armonía ecológica y la lucha contra la depredación de los recursos de la tierra para el beneficio privado.
Promover las artes tradicionales de los pueblos e impedir su mercantilización y distorsión por el cruel nacionalismo cultural.
Defender el derecho de artistas e intelectuales a expresarse libremente.

Mundo digital

Luchar por ampliar los bienes comunes dentro del espacio digital mediante la creación de un acceso público al espacio regulado y controlado públicamente en Internet.

Adherirse a la Resolución de la ONU de 2016 que define el acceso a Internet como un derecho humano.
Nacionalizar la infraestructura de telecomunicaciones y garantizar el acceso a Internet y la alfabetización digital a todos los sectores de la sociedad.
Proteger todos los datos públicos y personales de la explotación por parte de las empresas transnacionales y construir sistemas participativos de análisis computacional, control y uso de big data con fines públicos.
Promover y financiar el desarrollo de hardware y software libre, centrándose en proporcionar soluciones a los problemas públicos.

Red de Centros de Pensamiento:

La «Red de Centros de Pensamiento» es un colectivo de grupos reunidos por ALBA-TCP, el Instituto Tricontinental de Investigación Social y el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. El texto anterior forma parte de un proceso iniciado por este grupo.

América Latina en Movimiento, ALAI (Quito, Ecuador)
Centre for Research on the Congo (Kinshasa, RD Congo)
Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) (Cuba)
Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) (Cuba)
Centro per la Riforma dello Stato (Roma, Italia)
Chris Hani Institute (Sudáfrica)
Consultation and Research Institute (Beirut, Líbano)
Dominica Association of Industry & Commerce (Roseau, Dominica)
Dominica State College (Roseau, Dominica)
Foundation for Education in Social Transformation and Progress (Kenia)
The Centre for International Gramscian Studies (GramsciLab), University of Cagliari (Italia)
Institute for Employment Rights (Londres, Reino Unido)
Instituto Internacional de Investigación “Andrés Bello” (Bolivia)
Instituto PATRIA (Argentina)
Instituto Patria Grande (Bolivia)
Instituto Samuel Robinson (Venezuela)
Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (Venezuela)
Internationale Forschungsstelle DDR (Berlín, Alemania)
Marx Memorial Library (Londres, Reino Unido)
Observatorio del Sur Global (Argentina)
Research Group of the Popular Education Initiative (Accra, Ghana)
Sam Moyo African Institute of Agrarian Studies (Harare, Zimbabue)
Society for Social and Economic Research (Delhi, India)
Tricontinental: Institute for Social Research
1. Instituto Tricontinental de Investigación Social (Argentina).
2. Instituto Tricontinental de Pesquisa Social (Brasil)
3. Tricontinental Research Services (India)
4. Tricontinental South Africa

University of the West Indies Open Campus (Roseau, Dominica)
Uralungal Labour Contract Cooperative Society Research Institute (Vadakara, Kerala, India)

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