Los desastres naturales revelan más que el movimiento de las placas tectónicas: la fortaleza de las sociedades, la resiliencia de las comunidades y las fallas políticas que determinan qué sufrimiento se ve y cuál se explota. A pocas horas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio de 2026, las redes sociales y algunos sectores de la prensa internacional ya estaban difundiendo narrativas familiares. Antes incluso de que las operaciones de rescate pudieran comenzar en serio, el desastre se había transformado en otro campo de batalla en la larga campaña liderada por Estados Unidos para socavar el proceso bolivariano puesto en marcha por la elección de Hugo Chávez en 1998.

Nada de esto debe restar importancia a la inmensa tragedia que enfrenta el pueblo venezolano. Barrios enteros han quedado devastados. Cientos de edificios se han derrumbado. Hospitales, carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas están en ruinas. Familias siguen buscando a sus seres queridos mientras los equipos de rescate luchan contra la lluvia, las réplicas y las dificultades de acceso por carretera. Pero la solidaridad requiere más que simpatía, requiere la verdad. Por eso, la alerta roja nº 22, La verdad entre los escombros, examina algunos de los mitos más comunes que circulan sobre el terremoto y los compara con la evidencia disponible.

Mito 1: El gobierno de Venezuela no ha respondido de manera efectiva al terremoto

Es necesario comprender la magnitud de la catástrofe antes de poder emitir un juicio serio. El número de muertes aumenta cada día a medida que los equipos de primera respuesta y las personas voluntarias peinan los escombros, con decenas de miles de personas aún desaparecidas. Casi 200 edificios se derrumbaron por completo, y cientos más quedaron parcialmente destruidos. Los hospitales que normalmente recibirían a los heridos resultaron dañados a su vez. Un puente importante y varias carreteras sufrieron daños en el estado de La Guaira, que de los 6 estados afectados fue donde el terremoto golpeó con mayor intensidad, lo que dificulta extraordinariamente el traslado de equipos y efectivos de rescate a las zonas afectadas. Las lluvias continuas y las casi 800 réplicas han complicado aún más las operaciones de rescate, mientras que el derrumbe parcial del aeropuerto de Caracas ha obligado a los equipos de rescate internacionales a llegar a través de aeropuertos más distantes y luego desplazarse por carretera. Ningún país cuenta con una capacidad de emergencia ilimitada ante una destrucción de esta magnitud.

Sin embargo, Venezuela entró en esta catástrofe cargando con un peso adicional que pocos países han experimentado a esta escala: años de guerra económica a través de medidas coercitivas unilaterales impuestas principalmente por Estados Unidos y sus aliados. Estas medidas han congelado más de 30.000 millones de dólares en activos públicos venezolanos que, de otra manera, podrían haber fortalecido la preparación ante desastres, modernizado la infraestructura y financiado las reservas de emergencia. Han restringido gravemente la capacidad del país para adquirir equipo especializado de rescate, maquinaria pesada, medicamentos, repuestos y materiales de construcción, y han causado una migración masiva.

El endurecimiento de las sanciones impulsadas por Estados Unidos en 2017 impulsó la emigración y provocó una profunda fuga de trabajadorxs de los servicios públicos clave. La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, informó que, para 2021, los servicios públicos habían perdido entre el 30% y el 50% de su personal, incluidos muchos médicxs, enfermeras, ingenierxs, maestrxs, jueces y otrxs profesionales calificadxs, y muchos hospitales públicos informaron que entre el 50% y el 70% de los puestos de especialistas estaban vacantes. Esta pérdida de personal debilitó la capacidad de respuesta ante emergencias del país: menos trabajadores capacitados, mayores cargas de trabajo para quienes se quedaron y servicios públicos menos capaces de responder cuando se producía un desastre.

Los efectos de los desastres naturales no pueden separarse de las condiciones políticas y económicas en las que ocurren. Sin embargo, Venezuela no es una víctima indefensa. A pesar del devastador costo en vidas humanas, el país comenzó a recuperarse lentamente. Tras una contracción del 75 % en el PIB entre 2013 y 2021, el PIB de Venezuela creció alrededor del 9 % en 2024 y nuevamente en 2025. Pasó de importar más del 70 % de su suministro de alimentos en 2017 a producir el 96 % a nivel nacional para marzo de 2026. Los ingresos petroleros, que habían caído de 93.000 millones de dólares en 2012 a 4.200 millones de dólares en 2020, se habían recuperado hasta alcanzar alrededor de 18.000 millones de dólares en los últimos años. La vida no estaba exenta de desafíos importantes, ni el país había regresado a los niveles previos a la crisis, pero —a pesar de las cerca de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que siguen vigentes— la economía, la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida de gran parte de la población de Venezuela habían comenzado a mejorar, incluida la respuesta ante desastres.

Mito 2: El gobierno venezolano está bloqueando la ayuda humanitaria

Quizás la afirmación que más se ha difundido ha sido que las autoridades venezolanas han impedido deliberadamente que las personas voluntarias y la ayuda lleguen a las comunidades afectadas. Sin embargo, las operaciones modernas de búsqueda y rescate dependen de una coordinación minuciosa. Los perros de rescate necesitan silencio para detectar a personas sobrevivientes bajo los escombros. La maquinaria pesada requiere rutas de acceso despejadas. Las ambulancias necesitan carreteras sin congestión. El movimiento descoordinado de miles de civiles por las zonas de desastre, por muy bien intencionado que sea, puede obstaculizar las operaciones de rescate y costar vidas.

Los informes desde el terreno indican que los vehículos de rescate quedaban atrapados en el tráfico civil. Trayectos que normalmente toman 40 minutos tardaban horas. Las ambulancias que transportaban a víctimas con heridas graves se veían retrasadas por carreteras congestionadas e intransitables. Restringir el acceso a las zonas de desastre no es, por lo tanto, evidencia de represión, sino más bien una práctica estándar de emergencia empleada en todo el mundo.

Al mismo tiempo, la participación organizada de personas voluntarias ha sido amplia desde el inicio, con miles registradas formalmente después del 26 de junio para realizar esfuerzos coordinados de socorro junto a los servicios profesionales de emergencia, asegurando que la solidaridad fortalezca, en lugar de entorpecer, las operaciones de rescate. La cuestión nunca ha sido si los civiles deben ayudar, sino si la asistencia se organiza de manera que salve vidas.

Mito 3: Las comunidades afectadas están siendo desatendidas por el gobierno venezolano

El primer día de la tragedia, los esfuerzos conjuntos de Protección Civil, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la policía y las familias y comunidades de las víctimas permitieron rescatar a 2.407 personas de las zonas más afectadas de La Guaira. Para el primero de julio, una semana después del terremoto, se habían desplegado en toda la zona del desastre aproximadamente 26.000 efectivos de organismos de protección civil, servicios de emergencia, policía, fuerzas armadas y otras instituciones públicas. Alrededor de 17.000 personas voluntarias se habían sumado formalmente a las operaciones de socorro. En todas las zonas afectadas, se ha rescatado a 6.461 personas. Las autoridades han coordinado los esfuerzos de rescate con más de 4.000 integrantes de equipos de rescate extranjeros y al menos 41 delegaciones internacionales que participan en las iniciativas humanitarias. La respuesta humanitaria ya ha entregado directamente casi 9 millones de kilogramos de alimentos, alrededor de 28.000 paquetes de alimentos y 3,2 millones de litros de agua potable a las zonas afectadas —cifras que aumentan significativamente cada día gracias a los esfuerzos de socorro en curso y a los informes diarios de la Asamblea Nacional—. Más de 80.000 familias han recibido asistencia, que incluye alimentos, transporte, atención médica, apoyo psicológico y refugio de emergencia.

Los equipos médicos han atendido a más de 17.000 personas en hospitales, clínicas de campo y centros de triaje de emergencia. El servicio eléctrico se ha restablecido en gran medida en todas las zonas afectadas. Las acusaciones de que las viviendas construidas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela —el programa emblemático de vivienda del gobierno, que ha proporcionado vivienda a 5,2 millones de familias— estaban mal construidas se desmoronaron cuando las construidas en gobiernos anteriores y por contratistas privados sufrieron daños similares. Se han abierto 13 grandes centros de acogida en La Guaira, y hay 12 más en funcionamiento en Caracas, Miranda y otros estados afectados, además de que se están llevando a cabo esfuerzos de expansión. Ninguno de estos logros borra el enorme sufrimiento que persiste. Pero demuestran que, lejos de quedarse de brazos cruzados, las instituciones públicas de Venezuela y miles de ciudadanxs organizadxs continúan con los esfuerzos de socorro en condiciones extraordinariamente difíciles.

Mito 4: La preocupación de Estados Unidos por Venezuela puede separarse de su guerra híbrida

Toda contribución humanitaria genuina merece reconocimiento, independientemente de su origen. Pero los gestos humanitarios no pueden separarse de la realidad política más amplia ni del registro histórico. Estados Unidos sigue imponiendo sanciones que han debilitado sistemáticamente la economía de Venezuela, restringido su acceso a las finanzas internacionales, bloqueado las importaciones de bienes esenciales y congelado miles de millones de dólares que pertenecen al pueblo venezolano. No se puede elogiar la asistencia humanitaria y, al mismo tiempo, mantener políticas que agravan las emergencias humanitarias.

Las sanciones y otras medidas coercitivas unilaterales suelen ser políticamente efectivas precisamente porque son invisibles. A diferencia de las bombas, rara vez producen imágenes dramáticas. En cambio, erosionan lentamente los sistemas de salud pública, la infraestructura, la capacidad productiva y las instituciones estatales a lo largo de muchos años. Cuando finalmente ocurre un desastre, las instituciones debilitadas se presentan entonces como evidencia de la incompetencia gubernamental, en lugar del efecto acumulativo de una guerra económica deliberada. El costo humano de esta guerra económica ha sido devastador: las sanciones de EE. UU. causaron más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018 y pusieron a 300.000 personas en riesgo de correr la misma suerte al carecer de acceso a medicamentos o tratamientos esenciales.

Aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano —valoradas en unos 1.950 millones de dólares en 2020— siguen retenidas en el Banco de Inglaterra después de que el Reino Unido se alineara con la campaña de presión de Washington contra Venezuela. El país también enfrenta una carga de deuda estimada en alrededor de 240.000 millones de dólares, que incluye bonos soberanos y de PDVSA en mora, intereses devengados, facturas impagas, laudos arbitrales y préstamos bilaterales. Aunque las sanciones financieras impuestas en 2017 no generaron toda esta carga de deuda, aislaron a Venezuela de los mercados financieros de EE. UU. y limitan gravemente su capacidad para pagar los intereses y reestructurar sus obligaciones. La retención continuada de activos y el exceso de deuda obstaculizan los esfuerzos del país por reconstruir la infraestructura, proporcionar vivienda y atender a las personas sobrevivientes con dignidad.

El gesto humanitario más significativo hoy no sería otra declaración de preocupación. Sería el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales y la liberación de los activos soberanos congelados de Venezuela para la reconstrucción.

Mito 5: El terremoto demuestra que el proceso bolivariano ha fracasado

El desastre ha puesto de manifiesto la capacidad de una sociedad organizada, capaz de actuar colectivamente bajo una presión extraordinaria. Las comunas, las organizaciones vecinales, las redes de salud pública, los sistemas de distribución de alimentos, las brigadas de personas voluntarias y las instituciones locales construidas a lo largo de décadas se han vuelto indispensables para la respuesta de emergencia. En todo el país, las comunidades organizadas han movilizado alimentos, refugio, transporte, atención médica y voluntarios a través de estructuras que datan de mucho antes del terremoto.

Ninguna sociedad puede eliminar el sufrimiento que produce un desastre de esta magnitud. Pero las sociedades con comunidades organizadas suelen estar mejor preparadas para resistir y responder a tales crisis que aquellas que dependen exclusivamente de los mercados y la iniciativa privada. Esta resiliencia no surgió de manera espontánea. Se basa en décadas de inversión en educación pública, alfabetización, atención de salud y organización comunitaria. Desde el inicio del proceso bolivariano, millones de venezolanxs han tenido acceso a la educación, se ha erradicado el analfabetismo, nuevas universidades públicas han ampliado la educación superior y la inversión pública en salud ha aumentado drásticamente. A pesar del daño infligido por la guerra híbrida liderada por Estados Unidos, estos avances han fortalecido no solo los indicadores sociales, sino también las formas de organización colectiva que se vuelven indispensables en momentos de emergencia nacional.

Para el pueblo venezolano, se deben adoptar las siguientes medidas:

1. Todas las medidas coercitivas unilaterales, incluidas las sanciones económicas, impuestas a Venezuela deben levantarse de inmediato, y los activos públicos venezolanos que permanezcan congelados, retenidos o inaccesibles de cualquier otra forma en el extranjero deben ser liberados.
2. Se debe poner fin a toda forma de intervención extranjera.
3. Se debe cancelar la deuda externa de Venezuela.
4. La ayuda humanitaria debe coordinarse con las instituciones públicas y las comunidades organizadas de Venezuela, en lugar de utilizarse como un instrumento de intervención política o militar.
5. Los movimientos internacionales deben seguir apoyando al pueblo venezolano mucho después de que la atención de los medios internacionales, inevitablemente, se desvíe hacia otros temas.

Los desastres naturales no se pueden prevenir. Pero el hecho de que se conviertan en catástrofes humanitarias depende de decisiones políticas. El pueblo venezolano enfrenta ahora el inmenso desafío de reconstruir hogares, escuelas, hospitales y comunidades, al tiempo que soporta las consecuencias de décadas de guerra económica. Por lo tanto, la solidaridad internacional debe significar más que simpatía: debe rechazar los mitos promovidos por los enemigos de Venezuela, exigir el fin de las sanciones y las restricciones a los activos que han debilitado la capacidad de respuesta de Venezuela, y defender el derecho del país a recuperarse, reconstruirse y determinar su propio futuro libre de coacción externa.

Cordialmente,

Vijay

¿Cuál es la situación real en Sudán?

El 15 de abril de 2023 estalló la guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por su sigla en inglés), lideradas por el jefe del Consejo Militar de Transición, el general Abdel Fattah al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por su sigla en inglés), dirigidas por el teniente general Mohamed ‘Hemedti’ Hamdan Dagalo. Desde entonces, con el apoyo de diversos gobiernos fuera de Sudán, ambas partes han librado una terrible guerra de desgaste en la que la población civil es la principal víctima. Es imposible saber cuántas personas han muerto, pero claramente el número de víctimas mortales es significativo. Una estimación determinó que solo entre abril de 2023 y junio de 2024 murieron hasta 150.000 personas y varias organizaciones de derechos humanos ya han documentado diversos crímenes contra la humanidad cometidos por ambos bandos . Al menos 14,5 millones de sudaneses de una población de 51 millones han sido desplazados. Las personas que viven en la franja entre El Fasher, Darfur del Norte y Kadugli, Kordofán del Sur, luchan contra el hambre aguda y la hambruna. Un análisis reciente de la Clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases de la ONU reveló que alrededor de 21,2 millones de sudaneses, el 45% de la población, se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y que 375.000 personas en todo el país se enfrentan a niveles “catastróficos” de hambre (es decir, al borde de la inanición).

Desde que inició la guerra, cientos de miles de personas desplazadas internamente buscaron refugio en El Fasher, entonces controlada en gran medida por las SAF. Aproximadamente 260.000 civiles todavía estaban allí en octubre de 2025 cuando las RSF vencieron la resistencia, entraron a la ciudad y llevaron a cabo una serie de masacres documentadas. Entre las personas asesinadas se encontraban 460 pacientes y sus acompañantes en la Maternidad Saudita. La caída de la ciudad ha significado que las RSF ahora controlan en gran medida la vasta provincia de Darfur, mientras que las SAF controlan gran parte del este de Sudán, incluyendo Puerto Sudán, el acceso del país al mar y al comercio internacional, así como la capital, Jartum.

Por el momento no hay indicios de que la situación vaya a mejorar.

¿Por qué luchan las SAF y las RSF?

Ninguna guerra de esta magnitud tiene una causa simple. La razón política es clara: esta es una contrarrevolución contra el levantamiento popular de 2019 que logró derrocar al presidente Omar al-Bashir, quien gobernó desde 1993 y cuyos últimos años en el poder estuvieron marcados por el aumento de la inflación y la crisis social.

Las fuerzas de izquierda y populares detrás del levantamiento de 2019 –que incluían al Partido Comunista Sudanés, las Fuerzas del Consenso Nacional, la Asociación de Profesionales Sudaneses, el Frente Revolucionario Sudanés, las Mujeres de los Grupos Cívicos y Políticos Sudaneses y muchos comités de resistencia locales y vecinales– obligaron al ejército a aceptar supervisar la transición a un gobierno civil. Con la asistencia de la Unión Africana, se estableció el Consejo de Soberanía de Transición, compuesto por cinco miembros militares y seis civiles. Abdalla Hamdok fue nombrado primer ministro y la jueza Nemat Abdullah Khair, presidenta del poder judicial, con al-Burhan y Hemedti también en el consejo. El gobierno cívico-militar arruinó aún más la economía al provocar la fluctuación monetaria y privatizar el Estado, haciendo así más lucrativo el contrabando de oro y fortaleciendo a las RSF (este gobierno también firmó los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones con Israel). Las políticas del gobierno militar-civil exacerbaron las condiciones que condujeron al enfrentamiento por el poder (control sobre el aparato de seguridad del Estado) y por la riqueza (control sobre el comercio de oro).

A pesar de sus funciones en el consejo, al-Burhan y Hemedti intentaron dar golpes de Estado hasta que lo consiguieron en 2021. Una vez apartados los civiles, los dos líderes militares se enfrentaron entre sí. Los oficiales de las SAF intentaron mantener su control sobre el aparato estatal, que en 2019 absorbió el 82 % de los recursos presupuestarios del Estado en (según confirmó el primer ministro Abdalla Hamdok en 2020). También tomaron medidas para mantener el control de sus empresas, administrando más de 200 compañías a través de entidades como el Sistema de Industrias de Defensa controlado por las SAF (con ingresos anuales estimados en 2.000 millones de dólares), capturando una participación significativa de la economía formal de Sudán en los sectores de la minería, las telecomunicaciones y la importación y exportación de materias primas.

Las RSF, con raíces en la milicia Janja’wid (demonios a caballo), intentaron aprovechar la economía de guerra autónoma centralizada en torno a la Corporación Al Junaid de Actividades Múltiples, que controla las principales zonas productoras de oro en Darfur y alrededor de media docena de yacimientos mineros, incluido Jebel Amer. Dado que, a partir de 2022, en lugar de exportarse oficialmente, entre el 50 y el 80% de la producción total de oro de Sudán se contrabandea, principalmente a los Emiratos Árabes Unidos; y como las RSF dominan la producción en las zonas de minería artesanal del oeste de Sudán (que representan entre el 80 y el 85% de la producción total), las RSF capturan enormes sumas de los ingresos del oro cada año (estimados en 860 millones de dólares solo de las minas de Darfur en 2024).

Bajo estas disputas políticas y materiales subyacen presiones ecológicas que agravan la crisis. Parte de la razón del largo conflicto en Darfur ha sido la desertificación del Sahel. Durante décadas, las lluvias irregulares y las olas de calor provocadas por la catástrofe climática han expandido el desierto del Sahara hacia el sur, convirtiendo a los recursos hídricos en una causa de conflicto, provocando enfrentamientos entre la población nómada y lxs agricultores sedentarixs. La mitad de la población de Sudán ahora vive con inseguridad alimentaria aguda. La incapacidad de crear un plan económico para una población devastada por los rápidos cambios en los patrones climáticos, junto con el robo de recursos por parte de una pequeña élite, deja a Sudán vulnerable a un conflicto a largo plazo.

No se trata solo de una guerra entre dos personalidades fuertes, sino de una lucha por la transformación de los recursos y su saqueo por parte de potencias extranjeras. Una vez más se ha puesto sobre la mesa un acuerdo de alto el fuego, pero la probabilidad de que sea aceptado o respetado es muy baja mientras los recursos sigan siendo el premio más codiciado por los distintos grupos armados.

¿Cuáles son las posibilidades de paz en Sudán?

Un camino hacia la paz en Sudán requiere seis elementos:

1. Un alto el fuego inmediato y supervisado que incluya la creación de corredores humanitarios para el tránsito de alimentos y medicinas. Estos corredores estarían bajo el liderazgo de los Comités de Resistencia, que cuentan con la credibilidad democrática y las redes para entregar ayuda directamente a quienes la necesitan.
2. El fin de la economía de guerra, concretamente cerrando las rutas de oro y armas. Esto incluiría la imposición de sanciones estrictas sobre la venta de armas a los Emiratos Árabes Unidos y la compra de oro de ese país hasta que rompa todas las relaciones con las RSF. También deben implementarse controles de exportación en Puerto Sudán.
3. El regreso seguro de las personas exiliadas por motivos políticos y el inicio de un proceso para reconstruir las instituciones políticas bajo un gobierno civil elegido o apoyado por las fuerzas populares, principalmente los Comités de Resistencia. Las SAF deben ser despojadas de su poder político y activos económicos y sometidas al gobierno. Las RSF deben ser desarmadas y desmovilizadas.
4. La reconstrucción inmediata del poder judicial superior de Sudán para investigar y procesar a los responsables de las atrocidades.
5. La creación inmediata de un proceso de rendición de cuentas que incluya el enjuiciamiento de los “señores de la guerra” a través de un tribunal debidamente constituido en Sudán.
6. La reconstrucción inmediata de la comisión de planificación de Sudán y su ministerio de Finanzas para transferir el excedente de los enclaves de exportación hacia bienes públicos y protecciones sociales.

Estos seis puntos desarrollan los tres pilares de la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD por su sigla en inglés) de la Hoja de ruta conjunta para la resolución del conflicto en Sudán (2023). La dificultad con esta hoja de ruta –al igual que con propuestas similares– es que depende de donantes, incluidos actores que están implicados en la violencia. Para que estos seis puntos se conviertan en realidad, las potencias externas deben ser presionadas para que terminen su respaldo a las SAF y las RSF. Estos incluyen a Egipto, la Unión Europea, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Ni esta hoja de ruta ni el canal de Jeddah, una vía de mediación saudí-estadounidense lanzada en 2023 que se centra en treguas cortas y acceso humanitario, incluyen a grupos civiles sudaneses y mucho menos a los Comités de Resistencia.

En febrero de 2006, el presidente venezolano Hugo Chávez viajó a La Habana para recibir el Premio José Martí de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de manos de Fidel Castro. En su discurso, comparó las amenazas de Washington contra Venezuela con el ladrido de los perros, diciendo: “Si ladran los perros, es porque cabalgamos”. Chávez agregó: “Que ladren los perros del imperio. Ese es su papel: ladrar. Nuestro papel es batallar para consolidar este siglo, ahora sí, la verdadera liberación de nuestros pueblos”. Casi dos décadas después, los perros del imperio continúan ladrando. ¿Pero morderán? Esa es la pregunta que esta Alerta Roja busca responder.

El sonido de los ladridos

En febrero de 2025, el Departamento de Estado estadounidense denominó a la red criminal llamada Tren de Aragua como una “organización terrorista extranjera”. Luego, en julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó al supuesto Cartel de los Soles a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros como un “grupo terrorista transnacional”. Ningún informe previo del gobierno estadounidense, ni de la Administración para el Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) ni del Departamento de Estado, había identificado a estas organizaciones como una amenaza. No se ha presentado públicamente ninguna evidencia verificable para fundamentar la escala o coordinación atribuida a ninguno de los dos grupos. No existe evidencia de que el Tren de Aragua sea una organización con una operación internacional coherente. En cuanto al Cartel de los Soles, la primera vez que apareció el nombre fue en 1993, en reportes venezolanos sobre la investigación de dos generales de la Guardia Nacional, por una referencia a la insignia del “sol” en sus uniformes, años antes de la victoria presidencial de Hugo Chávez en 1998. El gobierno de Donald Trump ha sostenido que estos grupos trabajan con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y son los principales traficantes de drogas hacia Estados Unidos, sin proporcionar evidencia alguna de la conexión. Es más, los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) y de la propia DEA han determinado consistentemente que los grupos venezolanos son marginales en el tráfico mundial de drogas. Aun así, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares, la más grande en la historia del programa, por información que conduzca al arresto de Maduro.

Estados Unidos ha reactivado el burdo instrumento de la “Guerra contra las Drogas” para presionar a países que no ceden ante sus amenazas o que tenazmente se niegan a elegir gobiernos de derecha. Recientemente, Trump ha atacado a México y a Colombia invocando sus dificultades con el narcotráfico para fustigar a sus presidentes. Aunque Venezuela no tiene un problema significativo de drogas doméstico, eso no ha impedido que Trump ataque al gobierno de Maduro con mucho más veneno. En octubre de 2025, la política venezolana María Corina Machado del movimiento Vente Venezuela ganó el Premio Nobel de la Paz. Machado fue inhabilitada para presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 debido, en gran parte, a que había realizado una serie de declaraciones traicioneras, había aceptado un cargo diplomático de otro país con el fin de solicitar la intervención en Venezuela (violando el artículo 149 de la Constitución) y había apoyado las guarimbas (acciones violentas en las calles en las que se golpeó, quemó vivas y decapitó a personas). Además, defendió las sanciones unilaterales estadounidenses que han devastado la economía. El Premio Nobel se aseguró a través del trabajo de la Fundación Inspire America (con sede en Miami, Florida y dirigida por el abogado cubanoamericano Marcell Felipe). También por la intervención de cuatro políticos estadounidenses, tres de ellos cubanoamericanos: Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart. La conexión cubanoamericana es clave y muestra cómo esta red política que está enfocada en el derrocamiento por cualquier medio de la Revolución Cubana, ahora ve una intervención militar estadounidense en Venezuela como una forma de avanzar hacia un cambio de régimen en Cuba. Por lo tanto, esta no es solo una intervención contra Venezuela, sino contra todos aquellos gobiernos que Estados Unidos quisiera derrocar.

La mordida

En agosto de 2025, el ejército estadounidense comenzó a concentrar fuerzas navales en el sur del Caribe, incluidos destructores clase Aegis y submarinos de ataque de propulsión nuclear. En septiembre comenzó una campaña de ataques extrajudiciales contra pequeñas lanchas en aguas del Caribe, bombardeando al menos 13 embarcaciones y asesinando a alrededor de 57 personas, sin presentar ninguna evidencia de vínculos con el narcotráfico. A mediados de octubre, Estados Unidos desplegó más de 4.000 soldados frente a la costa de Venezuela y 5.000 en espera en Puerto Rico (incluidos aviones de combate F-35 y drones MQ-9 Reaper). Autorizó operaciones encubiertas dentro del país y realizó “misiones de demostración” con bombarderos B-52 sobre Caracas. A finales de octubre, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford fue desplegado en la región. Mientras tanto, el gobierno de Venezuela ha movilizado a la población para defender al país.

Cinco escenarios para la intervención estadounidense

Escenario n° 1: la opción Hermano Sam. En 1964, Estados Unidos desplegó varios buques de guerra frente a las costas de Brasil. Su presencia envalentonó al general Humberto de Alencar Castelo Branco, jefe de Estado Mayor del Ejército y a sus aliados a organizar un golpe de Estado que instauró una dictadura de 21 años. Pero Venezuela es un terreno diferente. En su primer mandato, Chávez fortaleció la formación política en las academias militares y ancló el entrenamiento de oficiales en la defensa de la Constitución de 1999. Por lo tanto, es improbable que una figura como Castelo Branco salve el día para Washington.

Escenario n° 2: la opción Panamá. En 1989, Estados Unidos bombardeó Ciudad de Panamá y envió tropas de operaciones especiales para capturar a Manuel Noriega, el líder militar de Panamá, y llevarlo a una prisión estadounidense mientras políticos respaldados por Estados Unidos tomaban el control del país. Una operación así sería más difícil de replicar en Venezuela: su ejército es mucho más fuerte, entrenado para conflictos asimétricos prolongados y el país cuenta con sofisticados sistemas de defensa aérea (destacan los sistemas rusos antiaéreos S-300VM y Buk-M2E). Cualquier campaña aérea estadounidense enfrentaría una defensa sostenida, haciendo que la perspectiva de aviones derribados, una gran pérdida de prestigio, sea un riesgo que Washington probablemente no quiera correr.

Escenario n° 3: la opción Irak. Una campaña de bombardeo de “conmoción y pavor” contra Caracas y otras ciudades para desestabilizar a la población y desmoralizar al Estado y al ejército, seguida de intentos de asesinar al alto liderazgo venezolano y tomar infraestructura clave. Después de tal asalto, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado, probablemente se declararía lista para tomar el mando y alinear a Venezuela estrechamente con Estados Unidos. La insuficiencia de esta maniobra es que el liderazgo bolivariano tiene raíces profundas: las raíces de la defensa del proyecto bolivariano atraviesan los barrios de clase trabajadora y el ejército no se desmoralizaría inmediatamente, a diferencia de lo que ocurrió en Irak. Como señaló recientemente el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello: “Cualquiera que quiera puede recordar Vietnam… cuando un pueblo pequeño pero unido, con una voluntad de hierro, fue capaz de darle una lección al imperialismo estadounidense”.

Escenario n° 4: la opción Golfo de Tonkín. En 1964, Estados Unidos intensificó su intervención militar en la Guerra de Vietnam después de un incidente que fue presentado como un ataque no provocado a destructores estadounidenses frente a las costas del país. Revelaciones posteriores demostraron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés) inventó información de inteligencia para crear un pretexto que justificara la escalada. Estados Unidos afirma que ahora está realizando “ejercicios de entrenamiento” navales y aéreos cerca de las aguas territoriales y el espacio aéreo venezolanos. El 26 de octubre, el gobierno venezolano dijo que había recibido información sobre un plan encubierto de la CIA para escenificar un ataque de bandera falsa contra embarcaciones estadounidenses cerca de Trinidad y Tobago para provocar una respuesta de Estados Unidos. Las autoridades venezolanas advirtieron sobre las maniobras estadounidenses y dijeron que no cederán ante provocaciones ni intimidación.

Escenario n° 5: la opción Qasem Soleimani. En enero de 2020, un ataque con drones estadounidense ordenado por Trump mató al general de división Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de Irán. Soleimani era uno de los funcionarios más importantes de Irán, responsable de su estrategia de defensa regional en Irak, Líbano, Gaza y Afganistán. En una entrevista en 60 Minutes, el exencargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo: “Los activos están ahí para hacer todo hasta, e incluyendo, [la] decapitación del gobierno”, una declaración clara de la intención de asesinar al presidente. Después de la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, funcionarios estadounidenses predijeron que el proyecto colapsaría. Han pasado 12 años y Venezuela continúa por el camino trazado bajo Chávez, avanzando su modelo comunal cuya resiliencia descansa no solo en el liderazgo colectivo de la revolución, sino también en la fuerte organización popular. El proyecto bolivariano nunca ha sido un espectáculo de una sola persona.

Es poco probable que China y Rusia permitan un ataque contra Venezuela sin presionar por resoluciones inmediatas del Consejo de Seguridad de la ONU. Ambos operan rutinariamente en el Caribe, incluidos ejercicios conjuntos con Cuba y misiones globales como la Misión Armonía 2025 de China.

Esperamos que ninguno de estos escenarios se haga realidad y que Estados Unidos retire sus opciones militares de la mesa. Pero la esperanza sola no es suficiente, debemos trabajar para expandir el campo de la paz.

Oslo II y el Territorio Palestino Ocupado

En septiembre de 1995, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el gobierno israelí firmaron el Acuerdo Provisional Palestino-Israelí sobre Cisjordania y la Franja de Gaza (Oslo II), que inició un proceso orientado a la eventual creación de un Estado palestino en partes del Territorio Palestino Ocupado, colindante con Israel. El TPO representa apenas el 22% de la Palestina histórica (definida como el territorio bajo el mandato británico). Es decir, al pueblo palestino le quedó menos de una cuarta parte de su tierra ancestral, y ni siquiera sobre esa porción ejerce una verdadera autoridad. Tras la firma del acuerdo provisional, Cisjordania se dividió en tres zonas:

1. Zona A, técnicamente bajo control civil y de seguridad palestino a través de la Autoridad Palestina, abarca aproximadamente 18% de Cisjordania o 3,96% de la Palestina histórica.
2. Zona B, bajo control civil palestino de la Autoridad Palestina pero con control efectivo de la seguridad israelí, ocupa 22% de Cisjordania o 4,62% de la Palestina histórica.
3. Zona C, totalmente controlada por Israel, comprende más del 60% de Cisjordania o 13,42% de la Palestina histórica.

En la práctica, según la lógica de Oslo II y tras la anexión de Jerusalén Este y la ocupación de Gaza, Israel controla el 97% de la Palestina histórica.

La opresión asfixiante del pueblo palestino en Cisjordania

Las operaciones israelíes en Cisjordania están diseñadas para hacer la vida insoportable para la población palestina. Los controles y restricciones a la movilidad han vuelto prácticamente imposible educar a la juventud y dar empleo a las personas adultas. Antes de octubre de 2023, Israel operaba 590 puestos de control y bloqueos viales en Cisjordania. Desde entonces, esta cifra ha aumentado a casi 900, lo que ha provocado una paralización casi total de las actividades humanas más básicas. Para las y los palestinos se ha vuelto imposible acceder al agua y a la tierra para producción agrícola, así como al agua potable necesaria para llevar una vida digna. La criminalización de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA por su sigla en inglés) ha interrumpido gravemente su funcionamiento, impidiendo que la población refugiada palestina (que representa aproximadamente una cuarta parte de quienes habitan en Cisjordania) acceda a servicios básicos de educación, salud y empleo.

Desplazamiento y confiscación

Israel está llevando a cabo una limpieza étnica en Cisjordania mediante tácticas como disparos, pogromos, violencia sexual y la destrucción de hogares y tierras agrícolas, acelerando así el desplazamiento forzado. Desde el inicio de la Operación Muro de Hierro en enero de 2025, el ejército israelí ha expulsado por la fuerza a 8.255 familias palestinas de los campos de refugiadxs de Jenín (3.840 familias desplazadas), Nur Shams (1.910 familias desplazadas) y Tulkarem (2.505 familias desplazadas). Estas familias son descendientes directos de los refugiadxs palestinxs expulsadxs de sus hogares durante la Nakba de 1948 y a quienes se les ha negado el derecho al retorno desde entonces.

Además de estos campos de refugiados, las fuerzas de ocupación israelíes —que incluyen tanto al ejército formal como a colonos armados— han expulsado a 28 comunidades palestinas de sus tierras, entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Entre octubre de 2023 y abril de 2025, han destruido más de 3.500 estructuras, incluyendo viviendas, corrales para ganado y cisternas de agua en Cisjordania.

Muerte, arresto y tortura

Desde octubre de 2023, las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado aproximadamente a 900 palestinxs en Cisjordania, incluyendo al menos 190 niñas y niños, y han herido a 8.400 más. Estas cifras podrían ser mucho mayores, dada la falta de organizaciones humanitarias que documenten adecuadamente la violencia israelí en un territorio cuyas instituciones han sido devastadas por el genocidio y la ocupación.

A finales de 2023, las fuerzas de ocupación israelíes han arrestado a 15.000 palestinxs, muchos bajo la figura de “detención administrativa”, que no requiere cargos formales (estas cifras también podrían estar subestimadas debido a las graves restricciones al derecho a la defensa). Desde el 7 de octubre de 2023, se han documentado más de 65 casos de personas palestinas asesinadas en cárceles, centros de detención y campos de concentración israelíes. La violencia sexual es una práctica sistemática en estos centros.

El Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, la Asamblea Internacional de los Pueblos y el Instituto Tricontinental de Investigación Social hacen un llamado a intelectuales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos políticos y sociales para que centren su atención no solo en Gaza, sino también en el resto del Territorio Palestino Ocupado. El genocidio en curso y los crímenes de lesa humanidad no pueden ignorarse ni continuar impunes.

Están volviendo peligrosas a las aguas del Pacífico

¿Qué es RIMPAC?

Estados Unidos y sus aliados llevan realizando Ejercicios RIMPAC desde 1971. Los socios iniciales de este proyecto militar fueron Australia, Canadá, Nueva Zelanda (Aotearoa), el Reino Unido y Estados Unidos, que son también los miembros originales de la red de inteligencia 5 Ojos (hoy 14 ojos) creada para compartir información y realizar ejercicios conjuntos de vigilancia. Se trata de los principales países anglófonos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, creada en 1949) y también miembros del tratado estratégico Australia-Nueva Zelanda, Estados Unidos ANZUS, firmado en 1951. Los RIMPAC se han convertido en importantes ejercicios militares bienales que han atraído a varios países con diversas formas de lealtad al Norte Global (Alemania, Bélgica, Brasil, Brunei, Chile, Colombia, Ecuador, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú, República de Corea, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Tonga).

Los Ejercicios RIMPAC 2024 comenzaron el 28 de junio y se prolongarán hasta el 2 de agosto. Se están desarrollando en Hawái, territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos. El movimiento independentista hawaiano tiene una historia de resistencia a los ejercicios RIMPAC, entendidos como parte de la ocupación estadounidense de tierras hawaianas soberanas. En las maniobras participan más de 150 aviones, 40 buques de superficie, 3 submarinos, 14 fuerzas terrestres nacionales y otros equipos militares de 29 países, aunque el grueso de la flota procede de Estados Unidos. El objetivo de los ejercicios es la “interoperabilidad”, que en la práctica significa integrar las fuerzas militares (principalmente navales) de otros países con las de Estados Unidos. El mando y control principal de los ejercicios lo gestiona Estados Unidos, que es el corazón y el alma de RIMPAC.

¿Por qué son tan peligrosos los ejercicios RIMPAC?

Los documentos relacionados con RIMPAC y las declaraciones oficiales indican que los ejercicios permiten a estas armadas entrenarse “para una amplia gama de posibles operaciones en todo el mundo”. Sin embargo, tanto de los documentos estratégicos estadounidenses como del comportamiento de lxs funcionarixs estadounidenses que dirigen RIMPAC se desprende claramente que el foco de atención es China. Los documentos estratégicos demuestran también claramente que Estados Unidos considera a China una gran amenaza, incluso la principal, para el dominio estadounidense y cree que debe ser contenida.

Esta contención ha llegado a través de la guerra comercial contra China, pero más concretamente a través de una red de maniobras militares por parte de Estados Unidos. Esto incluye el establecimiento de más bases militares estadounidenses en territorios y países que rodean a China; el uso de buques militares estadounidenses y aliados para provocar a China mediante maniobras de libertad de navegación; la amenaza de posicionar misiles nucleares estadounidenses de corto alcance en países y territorios aliados de Estados Unidos, incluido Taiwán; la ampliación del aeródromo de Darwin, Australia, para posicionar aviones estadounidenses con misiles nucleares; la mejora de la cooperación militar con los aliados de Estados Unidos en Asia Oriental con un lenguaje que muestra precisamente que el objetivo es intimidar a China; y la celebración de maniobras RIMPAC, especialmente en los últimos años. Si bien China fue invitada a participar en RIMPAC 2014 y 2016, cuando los niveles de tensión no eran tan altos, ha sido excluida desde RIMPAC 2018.

Aunque los documentos de RIMPAC sugieren que los ejercicios militares se realizan con fines humanitarios, se trata de un Caballo de Troya. Esto se puso de manifiesto, por ejemplo, en RIMPAC 2000, cuando los ejércitos llevaron a cabo la maniobra de entrenamiento internacional de respuesta humanitaria Strong Angel [Ángel Fuerte]. En 2013, Estados Unidos y Filipinas cooperaron proporcionando ayuda humanitaria tras el devastador tifón Haiyan. Poco después de esa cooperación, Estados Unidos y Filipinas firmaron el Acuerdo de Cooperación Reforzada en materia de Defensa (2014), que permite a Estados Unidos acceder a bases del ejército filipino para mantener sus depósitos de armas y tropas. En otras palabras, las operaciones humanitarias abrieron la puerta a una cooperación militar más profunda.

Los RIMPAC son ejercicios militares con fuego real. Su parte más espectacular se denomina Ejercicio de hundimiento (SINKEX), un simulacro en el que se hunden buques de guerra retirados del servicio frente a las costas de Hawái. El buque objetivo de RIMPAC 2024 será el decomisado USS Tarawa, un buque de asalto anfibio de 40.000 toneladas que fue uno de los más grandes durante su periodo de servicio. No existe ningún estudio sobre el impacto medioambiental del hundimiento regular de estos buques en aguas cercanas a naciones insulares, ni tampoco sobre el impacto medioambiental de acoger estos vastos ejercicios militares no sólo en el Pacífico, sino en otras partes del mundo.

Los RIMPAC forman parte de la Nueva Guerra Fría contra China que Estados Unidos impone en la región. Están diseñados para provocar conflictos y eso los convierte en ejercicios muy peligrosos.

¿Cuál es el papel de Israel en los RIMPAC?

Israel, que no es un país con costa en el Océano Pacífico, participó por primera vez en RIMPAC 2018, y luego en 2022 y 2024. Aunque Israel no cuenta con aviones ni buques en el ejercicio militar, participa en su componente de “interoperabilidad”, que incluye el establecimiento de un mando y control integrados, además de colaborar en la inteligencia y la parte logística del ejercicio. Israel participa en RIMPAC 2024 al mismo tiempo que lleva a cabo un genocidio contra lxs palestinxs en Gaza. Aunque varios de los Estados observadores participantes en RIMPAC 2024 (como Chile y Colombia) han condenado abiertamente el genocidio, siguen participando junto con el ejército de Israel. No ha habido ninguna indicación pública de sus dudas sobre la participación de Israel en estas peligrosas maniobras militares conjuntas.

Israel es un país colonizador que continúa su apartheid asesino y su genocidio contra el pueblo palestino. En todo el Pacífico, las comunidades indígenas, desde Aotearoa (Nueva Zelanda) hasta Hawái, han encabezado las protestas contra RIMPAC a lo largo de los últimos 50 años. Afirman que estas maniobras se realizan en tierras y aguas robadas, que no tienen en cuenta el impacto negativo sobre las comunidades nativas en cuyas tierras y aguas se llevan a cabo los ejercicios con fuego real (incluidas zonas donde anteriormente se realizaron pruebas nucleares atmosféricas), y que contribuyen al desastre climático que eleva las aguas y amenaza la existencia de las comunidades isleñas. Aunque la participación de Israel no es sorprendente, el problema no es sólo su participación en RIMPAC, sino la existencia del propio RIMPAC. Israel es un estado de apartheid que está llevando a cabo un genocidio, y RIMPAC es un proyecto colonial que amenaza con una guerra aniquiladora contra los pueblos del Pacífico y China.

Te Kuaka (Aotearoa)
Red Ant (Australia)
Workers Party of Bangladesh (Bangladesh)
Coordinadora por Palestina (Chile)
Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid (Chile)
Congreso de los Pueblos (Colombia)
Coordinación Política y Social, Marcha Patriótica (Colombia)
Partido Comunes (Colombia)
Hui Aloha ʻĀina (Hawái)
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation (India)
Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (Indonesia)
Federasi Serikat Buruh Militan (Indonesia)
Federasi Serikat Buruh Perkebunan Patriotik (Indonesia)
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Indonesia)
Solidaritas.net (Indonesia)
Gegar Amerika (Malasia)
Parti Sosialis Malaysia (Malasia)
No Cold War
Awami Workers Party (Pakistán)
Haqooq-e-Khalq Party (Pakistán)
Mazdoor Kissan Party (Pakistán)
Partido Manggagawa (Filipinas)
Partido Sosyalista ng Pilipinas (Filipinas)
The International Strategy Center (República de Corea)
Janatha Vimukthi Peramuna (Sri Lanka)
Partido Socialista de Timor (Timor Oriental)
Tricontinental: Institute for Social Research
Communist Party of Nepal (Unified Socialist)
CODEPINK: Women for Peace (Estados Unidos)

¿A qué se debe el aumento del sentimiento antifrancés y antioccidental en el Sahel?

Desde mediados del siglo XIX, el colonialismo francés ha galopado por el norte, oeste y centro de África. En 1960, Francia controlaba casi cinco millones de kilómetros cuadrados (ocho veces el tamaño de la propia Francia) solo en África Occidental. Aunque los movimientos de liberación nacional desde Senegal hasta Chad consiguieron la independencia de Francia ese año, el gobierno francés mantuvo el control financiero y monetario a través de la Comunidad Financiera Africana o CFA (antes Comunidad Francesa de África), manteniendo la moneda francesa del franco CFA en las antiguas colonias de África Occidental y obligando a los nuevos países independientes a mantener al menos la mitad de sus reservas de divisas en la Banque de France.

La soberanía no solo estaba restringida por estas cadenas monetarias: cuando surgían nuevos proyectos en la zona, se topaban con la intervención francesa (como en el notable caso del asesinato del presidente burkinés Thomas Sankara en 1987). Francia mantuvo las estructuras neocoloniales que han permitido a las empresas francesas apoderarse de los recursos naturales de la región (como el uranio de Níger, que alimenta un tercio de las bombillas francesas) y han obligado a estos países a aplastar sus esperanzas mediante un programa de deuda y austeridad impulsado por el Fondo Monetario Internacional.

El resentimiento latente contra Francia se intensificó después de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destruyera Libia en 2011 y exportara la inestabilidad a toda la región africana del Sahel. Una combinación de grupos secesionistas, contrabandistas transaharianos y ramificaciones de Al Qaeda se unieron y marcharon al sur del Sahara para capturar casi dos tercios de Mali, amplias zonas de Burkina Faso y regiones de Níger. La intervención militar francesa en el Sahel a través de la Operación Barkhane (2013) y mediante la creación del proyecto neocolonial G-5 Sahel provocó un aumento de la violencia por parte de las tropas francesas, incluso contra civiles. El proyecto de deuda-austeridad del FMI, las guerras occidentales en Asia Occidental y la destrucción de Libia provocaron un aumento de la migración en toda la región. En lugar de enfrentar las raíces de la migración, Europa intentó construir su frontera sur en el Sahel con medidas militares y de política exterior, incluida la exportación de tecnologías ilegales de vigilancia a los gobiernos neocoloniales de este cinturón de África. El grito “¡La France, dégage!” (‘¡Francia, fuera!’) define la actitud de descontento masivo en la región contra las estructuras neocoloniales que intentan estrangular el Sahel.

¿Por qué hay tantos golpes de Estado en el Sahel?

A lo largo de los últimos 30 años, la política de los países del Sahel se ha erosionado gravemente. Muchos partidos con una historia que se remonta a los movimientos de liberación nacional e incluso a los movimientos socialistas (como el Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme-Tarayya de Níger) se han degenerado hasta convertirse en representantes de sus élites, que, a su vez, son conductos de una agenda occidental. La entrada de las fuerzas de contrabando de Al Qaeda dio a las élites locales y a Occidente la justificación para asfixiar aún más el escenario político, reduciendo las ya limitadas libertades sindicales y extirpando a la izquierda de las filas de los partidos políticos establecidos. La cuestión no es tanto que los líderes de los principales partidos políticos sean fervientemente de derecha o de centro-derecha, sino que, sea cual sea su orientación, no tienen independencia real de la voluntad de París y Washington. Se han convertido en “títeres” de Occidente.

A falta de instrumentos políticos o democráticos fiables, los sectores rurales y pequeño burgueses desechados de los países del Sahel recurren a sus hijos urbanizados en las fuerzas armadas para que los dirijan. Personas como el capitán de Burkina Faso Ibrahim Traoré (nacido en 1988), criado en la provincia rural de Mouhoun y que estudió geología en Uagadugú, y el coronel de Mali, Assimi Goïta (nacido en 1983), procedente de la localidad ganadera y reducto militar de Kati, representan estas amplias fracciones de clase. Sus comunidades se han visto totalmente marginadas por los duros programas de austeridad del FMI, el robo de sus recursos por las multinacionales occidentales y los pagos a las guarniciones militares occidentales en el país. Marginados, sin una verdadera plataforma política que hable por ellos, amplios sectores del país se han unido a las intenciones patrióticas de estos jóvenes militares, que a su vez han sido empujados por movimientos de masas —como sindicatos y organizaciones campesinas— en sus países. Por eso el golpe de Estado en Níger está siendo defendido en concentraciones multitudinarias desde la capital, Niamey, hasta las pequeñas y remotas poblaciones fronterizas con Libia. Estos jóvenes líderes no llegan al poder con un programa bien elaborado. Sin embargo, sienten cierta admiración por personas como Thomas Sankara: el capitán Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, por ejemplo, lleva una boina roja como Sankara, habla con la sinceridad izquierdista de Sankara e incluso imita su forma de hablar.

¿Habrá una intervención militar prooccidental para derrocar al gobierno de Níger?

Las condenas del golpe de Estado en Níger no se hicieron esperar en Occidente (sobre todo en Francia). El nuevo gobierno de Níger, dirigido por un civil (el ex ministro de Finanzas Ali Mahaman Lamine Zeine), ordenó a las tropas francesas que abandonaran el país y decidió cortar las exportaciones de uranio a Francia. Ni Francia ni Estados Unidos —que ha construido la mayor base de drones del mundo en Agadez (Níger)— están dispuestos a intervenir directamente con sus propias fuerzas militares. En 2021, Francia y EE. UU. protegieron a sus empresas privadas, TotalEnergies y ExxonMobil, en Mozambique pidiendo al ejército ruandés que interviniera militarmente. En Níger, Occidente quiso primero que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) invadiera el país en su nombre, pero el descontento masivo en los Estados miembros de la CEDEAO, incluyendo las condenas de los sindicatos y las organizaciones populares, impidió el avance de las “fuerzas de mantenimiento de la paz” de la organización regional. El 19 de agosto de este año, la CEDEAO envió una delegación para reunirse con el presidente depuesto de Níger y con el nuevo gobierno. Ha mantenido sus tropas en estado de alerta, advirtiendo de que ha elegido un “día D” no revelado para una intervención militar.

La Unión Africana, que inicialmente había condenado el golpe y suspendido a Níger de toda actividad sindical, declaró recientemente que no debía producirse una intervención militar. Esta declaración no ha impedido que corran rumores, como que Ghana podría enviar sus tropas a Níger (a pesar de la advertencia de la Iglesia Presbiteriana de Ghana de no intervenir y de la condena sindical de una posible invasión). Los países vecinos han cerrado sus fronteras con Níger.

Mientras tanto, los gobiernos de Burkina Faso y Mali, que enviaron tropas a Níger, han declarado que cualquier intervención militar contra el gobierno de Níger se tomará como una invasión de sus propios países. Se está debatiendo seriamente la creación de una nueva federación en el Sahel que incluya a Burkina Faso, Guinea, Mali y Níger, que suman una población de más de 85 millones de habitantes. Los rumores entre las poblaciones de Senegal a Chad sugieren que estos podrían no ser los últimos golpes de Estado en este importante cinturón del continente africano. El crecimiento de plataformas como la Organización de los Pueblos de África Occidental es clave para el avance político en la región.

¿Qué está sucediendo en Haití?

A lo largo de 2022 se ha desarrollado una insurrección popular en Haití. Estas protestas son la continuación de un ciclo de resistencia que comenzó en 2016 en respuesta a una crisis social desarrollada por los golpes de Estado de 1991 y 2004, el terremoto de 2010 y el huracán Matthew de 2016. Durante más de un siglo, cualquier intento del pueblo haitiano de salir del sistema neocolonial impuesto por la ocupación militar estadounidense (1915-34) ha sido respondido con intervenciones militares y económicas para preservarlo. Las estructuras de dominación y explotación establecidas por ese sistema han empobrecido al pueblo haitiano: la mayor parte de la población no tiene acceso a agua potable, atención sanitaria, educación o vivienda digna. De los 11,4 millones de habitantes de Haití, 4,6 millones sufren inseguridad alimentaria y el 70% están desempleados.

La palabra del creole haitiano dechoukaj o ‘arrancar’ —que se utilizó por primera vez en los movimientos por la democracia de 1986 que lucharon contra la dictadura respaldada por Estados Unidos— ha pasado a definir las protestas actuales. El gobierno de Haití, dirigido por el primer ministro y presidente en funciones Ariel Henry, subió los precios del combustible durante esta crisis, lo que provocó la protesta de los sindicatos y profundizó el movimiento.

Henry fue instalado en su puesto en 2021 por el “Grupo Central” (formado por seis países y liderado por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la Organización de Estados Americanos) tras el asesinato del impopular presidente Jovenel Moïse. Aunque todavía no se ha resuelto, está claro que Moïse fue asesinado por una conspiración en la que participaron el partido en el poder, bandas de narcotraficantes, mercenarios colombianos y los servicios de inteligencia estadounidenses. Helen La Lime, de la ONU, dijo en febrero al Consejo de Seguridad que la investigación nacional sobre el asesinato de Moïse se había estancado, una situación que ha alimentado los rumores y ha exacerbado tanto la sospecha como la desconfianza dentro del país.

¿Cómo han reaccionado las fuerzas del neocolonialismo?

Estados Unidos y Canadá están armando al gobierno ilegítimo de Henry y planeando una intervención militar en Haití. El 15 de octubre, Estados Unidos presentó un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el que se pide el “despliegue inmediato de una fuerza multinacional de acción rápida” en el país. Este sería el último capítulo de más de dos siglos de intervención destructiva de los países occidentales en Haití. Desde la revolución haitiana de 1804, las fuerzas del imperialismo (incluidos los propietarios de esclavos) han intervenido militar y económicamente contra los movimientos populares que buscan acabar con el sistema neocolonial. Recientemente, estas fuerzas entraron en el país bajo el amparo de las Naciones Unidas a través de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH), que estuvo activa desde 2004 hasta 2017. Una nueva intervención de este tipo en nombre de los “derechos humanos” no haría más que reafirmar el sistema neocolonial gestionado ahora por Ariel Henry y sería catastrófico para el pueblo haitiano, cuyo avance está siendo bloqueado por bandas creadas y promovidas desde la sombra por la oligarquía haitiana, apoyadas por el Grupo Central, y con armas de Estados Unidos.

¿Cómo puede el mundo solidarizarse con Haití?

La crisis de Haití solo puede ser resuelta por el pueblo haitiano, pero debe ser acompañada por la inmensa fuerza de la solidaridad internacional. El mundo puede recurrir a los ejemplos demostrados por la Brigada Médica Cubana, que acudió por primera vez a Haití en 1998; por la brigada de Vía Campesina/ALBA Movimientos, que ha trabajado con los movimientos populares en la reforestación y la educación popular desde 2009; y por la ayuda prestada por el gobierno venezolano, que incluye descuentos en el precio del petróleo. Es urgente que quienes se solidaricen con Haití exijan, como mínimo:

1. Que Francia y Estados Unidos reparen el robo de la riqueza haitiana desde 1804, incluida la devolución del oro robado por EE. UU. en 1914. Solamente Francia debe a Haití al menos 28.000 millones de dólares.
2. Que Estados Unidos devuelva la isla de Navassa a Haití.
3. Que la ONU pague por los crímenes cometidos por la MINUSTAH, cuyas fuerzas mataron a decenas de miles de haitianos, violaron a un número incalculable de mujeres y niñas e introdujeron el cólera en el país.
4. Que se permita al pueblo haitiano construir su propio marco político y económico soberano, digno y justo, y crear sistemas de educación y salud que puedan satisfacer las necesidades reales del pueblo.
5. Que todas las fuerzas progresistas se opongan a la invasión militar de Haití.

¿Son estas inundaciones en Pakistán un “acto de Dios”?

Un tercio de la vasta masa terrestre de Pakistán quedó anegada por las inundaciones en la última semana de agosto. Las imágenes por satélite mostraron la rápida crecida de las aguas, que desbordaron el río Indo y cubrieron amplias zonas de dos importantes provincias, Baluchistán y Sindh. El 30 de agosto de 2022, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lo calificó de “monzón con esteroides”, ya que las aguas arrastraron a más de 1.000 personas hasta la muerte y desplazaron a unos 33 millones más. La situación es grave para quienes huyeron de sus hogares, ya que corren un peligro inmediato y a largo plazo. Las personas que se encuentran acampando en terrenos más altos, como las principales carreteras, corren el riesgo de morir de hambre y de contraer enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, la disentería y la hepatitis. A largo plazo, las personas que han perdido sus cultivos en pie (algodón y caña de azúcar) y su ganado se enfrentan a un empobrecimiento garantizado. El ministro de Planificación de Pakistán, Ahsan Iqbal, estima que los daños ascenderán a más de 10.000 millones de dólares.

A primera vista, la razón principal de las inundaciones parece ser las fuertes lluvias adicionales al final de una temporada de monzones o lluvias que ya había batido récords. Un verano muy caluroso, con temperaturas superiores a los 40°C durante largos periodos en abril y mayo, convirtió a Pakistán en “el lugar más caluroso de la tierra”, según Malik Amin Aslam, ex ministro de Cambio Climático. Estos meses abrasadores provocaron un derretimiento anormal de los glaciares del norte del país, cuyas aguas se encontraron con las lluvias torrenciales espoleadas por una “triple inmersión”: tres años consecutivos de enfriamiento de La Niña en el océano Pacífico ecuatorial. Además, el catastrófico cambio climático —impulsado por el capitalismo global— también ha provocado el deshielo y los aguaceros.

Pero la naturaleza de las inundaciones en sí mismas no se debe exclusivamente a los turbulentos patrones meteorológicos. Un factor significativo es que el impacto de la subida de las aguas en la población se debe a la deforestación indiscriminada y a las infraestructuras deterioradas, como represas, canales y otras vías para contener el agua. En 2019, el Banco Mundial afirmó que Pakistán se enfrenta a una “emergencia verde” porque cada año se talan unas 27.000 hectáreas de bosque natural, lo que dificulta la absorción del agua de lluvia en el suelo.

Además, la falta de inversión estatal en represas y canales (ahora muy sedimentados) ha hecho mucho más difícil controlar grandes cantidades de agua. La más importantes de estas estructuras es la represa de Sukkur, el mayor sistema de irrigación del mundo en su tipo, que desvía el Indo hacia el sur del río Sindh, y los embalses de Mangla y Tarbela, que desvían las aguas de la capital de Pakistán, Islamabad. La construcción ilegal de inmuebles en las llanuras de inundación agrava aún más el potencial de tragedia humana.

Dios tiene poco que ver con estas inundaciones. La naturaleza solamente ha agravado las crisis subyacentes de la catástrofe climática impulsada por el capitalismo y la negligencia en la gestión del agua, la tierra y los bosques en Pakistán.

¿Cuáles son las múltiples crisis urgentes que enfrenta Pakistán?

Las inundaciones han revelado un conjunto de problemas persistentes que paralizan a Pakistán. Las encuestas realizadas en mayo, antes de las inundaciones, mostraban que el 54% de la población consideraba que la inflación era su principal problema. En agosto, la Oficina de Estadísticas de Pakistán informó que el índice de precios mayoristas, que mide la fluctuación de los precios medios de los bienes, había aumentado un 41,2%, mientras que la tasa de inflación anual era del 27%. A pesar del aumento de la inflación en todo el mundo y del reconocimiento de que el costo de las inundaciones superaría los 10.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prometió apenas 1.100 millones de dólares con condiciones de austeridad como una “política monetaria prudente”. Es criminal que el FMI imponga una estricta austeridad cuando la infraestructura agrícola del país está totalmente destruida (esta acción inadecuada recuerda a la política colonial británica de continuar la exportación de trigo de la India durante la hambruna de Bengala de 1943). El Índice Global del Hambre de 2021 ya situaba a Pakistán en el puesto 92 de 116 países, ya que su crisis de hambre era grave incluso antes de las inundaciones. Sin embargo, como ninguno de los partidos políticos burgueses del país se ha tomado en serio estas conclusiones, es indudable que su crisis económica se intensificará con escasa recuperación.

Esto nos lleva a la aguda crisis política. Desde la independencia de los británicos en 1947, hace 75 años, Pakistán ha tenido 31 primeros ministros. En abril de 2022, el trigésimo, Imran Khan, fue destituido para instalar al actual primer ministro Shehbaz Sharif. Khan, que se enfrenta a cargos de terrorismo y desacato, alegó que su gobierno fue destituido a instancias de Washington debido a sus estrechos vínculos con Rusia. El Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI o ‘Partido de la Justicia’) de Khan no obtuvo la mayoría en las elecciones de 2018, lo que dejó a su coalición vulnerable a las salidas de un puñado de legisladores. Eso es precisamente lo que hizo la oposición, que irrumpió en el poder mediante maniobras legislativas, sin un nuevo mandato de la ciudadanía. Desde su destitución, el prestigio de Imran Khan y el PTI ha aumentado en Pakistán, con 15 de las 20 elecciones parciales de julio en Karachi y Punjab ganadas por ellos antes de las inundaciones. Ahora, a medida que aumenta la ira contra el gobierno de Sharif debido a la lentitud de la ayuda a las víctimas de las inundaciones, la crisis política no hará más que agravarse.

¿Cuáles son las tareas por delante?

Pakistán sufre un “apartheid climático”. Este país de más de 230 millones de habitantes apenas contribuye al 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y sin embargo está amenazado con el octavo mayor riesgo climático del mundo. El hecho de que los países capitalistas occidentales no reconozcan su destrucción del clima del planeta significa que países como Pakistán, que tienen bajos niveles de emisiones, ya están soportando desproporcionadamente el peso del rápido cambio climático. Los países capitalistas occidentales deben, al menos, prestar todo su apoyo a la Agenda de Acción Climática Global.

Las fuerzas de izquierda y progresistas —como el Partido Mazdoor Kisan— y otros grupos de la sociedad civil han organizado una campaña de ayuda por las inundaciones en las cuatro provincias de Pakistán. Están llegando sobre todo con ayuda alimentaria para hacer frente a la hambruna en zonas difíciles de alcanzar, en su mayoría rurales. La izquierda pakistaní exige al gobierno que frene la ola de austeridad e inflación que seguramente agravará la crisis humanitaria.

¿Qué es la Organización de Estados Americanos?

La Organización de Estados Americanos (OEA) fue creada en Bogotá, Colombia, en 1948 por Estados Unidos y sus aliados. Aunque la Carta de la OEA invoca la retórica del multilateralismo y la cooperación, la organización se ha utilizado como herramienta para luchar contra el comunismo en el hemisferio y para imponer la agenda de Estados Unidos a los países de las Américas. Aproximadamente la mitad de los fondos de la OEA y el 80 por ciento de los fondos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, proceden de Estados Unidos. Cabe señalar que, a pesar de aportar la mayor parte de su presupuesto, Estados Unidos no ha ratificado ninguno de los tratados de la CIDH.

La OEA mostró su verdadera cara tras la Revolución Cubana (1959). En 1962, en una reunión celebrada en Punta del Este (Uruguay), Cuba, miembro fundador de la OEA, fue expulsado de la organización. La declaración de la reunión afirmaba que “los principios del comunismo son incompatibles con los principios del sistema interamericano”. En respuesta, Fidel Castro calificó a la OEA de “Ministerio de Colonias de Estados Unidos”.

La OEA creó el Comité Consultivo Especial de Seguridad contra la Acción Subversiva del Comunismo Internacional en 1962, con el propósito de permitir a las élites de las Américas –dirigidas por EEUU– utilizar todos los medios posibles contra los movimientos populares de la clase obrera y el campesinado. La OEA ha dado cobertura diplomática y política a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos al participar en el derrocamiento de gobiernos que intentan ejercer su legítima soberanía, soberanía que la Carta de la OEA pretende garantizar. Este ejercicio ha ido desde la expulsión de Cuba por parte de la OEA en 1962 hasta la orquestación de golpes de Estado en Honduras (2009) y Bolivia (2019), pasando por los repetidos intentos de derrocar a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela y la actual injerencia en Haití.

Desde 1962, la OEA ha actuado abiertamente junto al gobierno estadounidense para sancionar a países sin una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que hace que estas sanciones sean ilegales. Por lo tanto, ha violado sistemáticamente el “principio de no intervención” de su propia carta, que prohíbe “no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen” (capítulo 1, artículo 2, apartado b, y capítulo IV, artículo 19).

¿Qué es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)?

Venezuela, con el presidente Hugo Chávez a la cabeza, inició a principios de la década de 2000 un proceso de construcción de nuevas instituciones regionales fuera del control de Estados Unidos. En este periodo se construyeron tres grandes plataformas 1) la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en 2004; 2) la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2004; y 3) la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2010. Estas plataformas establecieron conexiones intergubernamentales en toda América, incluyendo cumbres sobre asuntos de importancia regional e instituciones técnicas para mejorar el comercio y las interacciones culturales a través de las fronteras. Cada una de estas plataformas se ha enfrentado a las amenazas de Estados Unidos. A medida que los gobiernos de la región oscilan políticamente, su compromiso con estas plataformas ha aumentado (cuanto más a la izquierda han estado) o disminuido (cuanto más subordinados han estado a Estados Unidos).

En la VI Cumbre de la CELAC, celebrada en Ciudad de México en 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que se disolviera la OEA y que la CELAC ayudara a construir una organización multilateral a la escala de la Unión Europea para resolver los conflictos regionales, crear asociaciones comerciales y promover la unidad de las Américas.

¿Qué es la Cumbre de las Américas?

Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Estados Unidos intentó dominar el mundo utilizando su poder militar para disciplinar a cualquier Estado que no aceptara su hegemonía (como Panamá en 1989 e Irak en 1991) e institucionalizando su poder económico a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), creada en 1994. EE.UU. convocó a los Estados miembros de la OEA en Miami para celebrar la primera Cumbre de las Américas en 1994, cuya gestión se encomendó posteriormente a la OEA. Desde entonces, la cumbre se convoca cada pocos años para “debatir cuestiones de política común, afirmar valores compartidos y comprometerse a realizar acciones concertadas a nivel nacional y regional”.

A pesar de su dominio sobre la OEA, Estados Unidos nunca ha podido imponer plenamente su agenda en estas cumbres. En la tercera cumbre de la ciudad de Quebec (2001) y en la cuarta cumbre de Mar del Plata (2005), los movimientos populares organizaron grandes contraprotestas. En Mar del Plata, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, encabezó una manifestación masiva, que tuvo como resultado el colapso del acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impuesto por Estados Unidos. Las quinta y sexta cumbres de Puerto España (2009) y Cartagena (2012) se convirtieron en un campo de batalla por el debate sobre el bloqueo estadounidense a Cuba y su expulsión de la OEA. Debido a la inmensa presión de los Estados miembros de la OEA, Cuba fue invitada a las cumbres séptima y octava de Ciudad de Panamá (2015) y Lima (2018), en contra de los deseos de Estados Unidos.

Sin embargo, Estados Unidos no ha invitado a Cuba, Nicaragua ni Venezuela a la novena cumbre que se celebrará en Los Ángeles en junio de 2022. Varios países –entre ellos Bolivia y México– han dicho que no asistirán a la reunión a menos que los 35 países de las Américas estén presentes. Del 8 al 10 de junio, diversas organizaciones progresistas celebrarán una Cumbre de los Pueblos para contrarrestar la cumbre de la OEA y amplificar las voces de todos los pueblos de las Américas.

¿Quién es Julian Assange y qué es WikiLeaks?

Julian Assange es un periodista y editor australiano que cofundó WikiLeaks en 2006. WikiLeaks es un sitio web diseñado para publicar documentos filtrados de forma anónima por funcionarixs de gobiernos y empresas. El proyecto se inspiró en la publicación de Daniel Ellsberg, Pentagon Papers, en 1971, documentos internos del gobierno estadounidense que mostraban el alcance de su engaño al continuar la guerra de Vietnam. Entre 2006 y 2009, WikiLeaks publicó una serie de importantes documentos que contenían revelaciones como la lista de miembros del fascista Partido Nacional Británico (2008), el escándalo petrolero Petrogate en Perú (2009) y un informe sobre el ciberataque estadounidense-israelí a las instalaciones de energía nuclear iraníes (2009). En 2013, la Federación Internacional de Periodistas calificó a WikiLeaks de “nuevo tipo de organización de medios de comunicación basada en el derecho del público a saber”.

En 2010, mientras estaba en Irak, la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning descargó cientos de miles de documentos, incluidos videos, de los servidores del gobierno estadounidense. Los envió a WikiLeaks con una nota que decía: “Este es posiblemente uno de los documentos más significativos de nuestro tiempo que elimina la niebla de la guerra y revela la verdadera naturaleza de la guerra asimétrica del siglo XXI”. En noviembre de 2010, WikiLeaks se asoció con periódicos importantes (Der Spiegel, El País, The Guardian, Le Monde, The New York Times) para publicar los cables diplomáticos (CableGate) que procedían del paquete de documentos de Manning. WikiLeaks también publicó Iraq War Logs [Registros de la Guerra de Irak] y Afghan War Diary [Diarios de la Guerra de Afganistán], que contenían materiales que sugerían que las fuerzas estadounidenses habían cometido crímenes de guerra en ambos países. Entre estos documentos había un video clasificado de 2007 que mostraba a militares estadounidenses matando a civiles, entre ellos empleados de la organización de noticias Reuters. Este video, publicado por WikiLeaks como Collateral Murder [Asesinato colateral], tuvo un enorme impacto en la opinión pública sobre la naturaleza de la guerra estadounidense.

En noviembre de 2010, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, declaró que su oficina había abierto “una investigación penal activa y en curso” contra WikiLeaks.

¿Por qué está Julian Assange en la prisión de Belmarsh (Londres, Reino Unido)?

A principios de diciembre de 2010, altos cargos políticos estadounidenses pidieron a su gobierno que procesara a Assange en virtud de la Ley de Espionaje (1917). Las acusaciones de agresión sexual en Suecia metieron a Assange a una red legal. Aunque estaba dispuesto a regresar a Suecia para hacer frente a las acusaciones, quería un compromiso de que Suecia no lo extraditaría a Estados Unidos, donde se enfrentaba a cadena perpetua por posibles cargos de espionaje. Suecia, en estrecho contacto con EE. UU., se negó a ofrecer este compromiso. En 2012, Assange recibió asilo en la embajada de Ecuador en Londres. En abril de 2019, el gobierno de Ecuador —a cambio de lo que consideraba un acuerdo favorable con el Fondo Monetario Internacional— entregó a Assange a las autoridades británicas. Assange fue llevado a la prisión de Belmarsh para esperar las audiencias de extradición a Estados Unidos, Suecia ya había abandonado su investigación.

El gobierno estadounidense acusó a Assange de 18 cargos relacionados con la obtención y publicación de documentos clasificados, lo que podría suponer una condena de hasta 175 años de prisión. Sin embargo, 17 de estos cargos sólo se presentaron después de que Assange pasó a custodia británica. Inicialmente, Assange sólo fue acusado de conspirar con Manning para descifrar una contraseña y hackear el sistema informático del Pentágono, lo que por sí solo conlleva una corta pena de prisión de hasta 5 años. El problema aquí, al parecer, es que el gobierno estadounidense no tiene pruebas de que Assange haya conspirado con Manning para entrar en los servidores estadounidenses; Manning dice que actuó sola en la adquisición y entrega de los documentos a WikiLeaks.

Entonces, el gobierno de Estados Unidos pretende llevar a Assange a Estados Unidos para ser juzgado bajo la Ley de Espionaje por solicitar, obtener y luego publicar información clasificada, es decir, precisamente el trabajo de un periodista de investigación. Por lo tanto, a Assange se lo persigue por hacer periodismo.

¿Qué pueden hacer para liberar a Julian Assange?

Movilizarse. Salgan a la calle el 25 de febrero de 2022. Protesten ante las embajadas y consulados del Reino Unido y Estados Unidos. Exijan a estos gobiernos que respeten el derecho internacional y los derechos fundamentales de Julian Assange.

Envíen una carta. Firmen esta carta redactada por la Asamblea Internacional de los Pueblos y envíenla a su embajada o consulado británico local diciéndoles que respeten sus responsabilidades legales.

Participen. Sigan a la Asamblea Internacional de los Pueblos en las redes sociales para saber más sobre el caso de Assange y sus contribuciones a la lucha antiimperialista actual. Compartan nuestros materiales con sus comunidades y movimientos. ¡Ayúdennos a correr la voz sobre por qué #LiberenaAssangeYa ! Regístrense en línea para participar en el Tribunal de Belmarsh para liberar a Julian Assange.