La historia de los últimos 200 años es la historia del ascenso y la impugnación de dos de esas monedas clave: la libra esterlina y, de forma mucho más amplia, el dólar estadounidense.

El actual orden global, sustentado por el dólar, otorga a Estados Unidos lo que se ha denominado acertadamente un “privilegio exorbitante”: el poder de emitir la moneda que el resto del mundo necesita como reserva de valor, medio de pago y unidad de cuenta (Batista Jr., 2024). Eso permite a Estados Unidos financiar sus déficits, consumir por encima de su producción y proyectar su poderío militar, simplemente porque su deuda pública se considera el activo más seguro del planeta. Además, permite a Estados Unidos tener el mercado financiero más importante del mundo, base de formación de expectativas que trascienden la dimensión financiera e influyen en las decisiones de inversión y producción; establece las condiciones más importantes para definir la dirección de los flujos financieros globales que limitan la autonomía de los países dependientes y subordinados.

Existe una jerarquía entre las monedas nacionales en relación con el dólar. Algunas de ellas gozan de aceptación internacional, como el euro y el renminbi. Para los países del Sur Global, esta arquitectura impone un costo elevado. Sus monedas son tratadas como activos financieros volátiles, y sus economías quedan rehenes de la disciplina impuesta por el capital financiero internacional. La necesidad de acumular dólares como defensa contra ataques especulativos y para garantizar las importaciones resulta en una transferencia líquida y perversa de riqueza del Sur hacia el Norte Global, especialmente hacia inversionistas y especuladores de Europa Occidental y de Estados Unidos.

Ante estas cuestiones estructurales del capitalismo contemporáneo, comprender el ascenso del dólar, los mecanismos de su dominio actual y los límites estructurales a los que se enfrenta cualquier alternativa es, por lo tanto, una tarea central para quienes buscan un orden internacional más justo y cooperativo.

El dinero, el valor y la necesidad de una moneda mundial

En cualquier sociedad basada en la división del trabajo y el intercambio de mercancías, el dinero surge como una necesidad práctica. Cuando diferentes productores se especializan — uno cultiva trigo, otro fabrica telas, otro extrae minerales — necesitan intercambiar sus productos entre sí para satisfacer sus necesidades. Pero el intercambio directo, o trueque, presenta dificultades evidentes: la agricultora que quiere tela necesita encontrar una tejedora que, en aquel exacto momento, quiera trigo, en la cantidad exacta, y acepte la proporción de intercambio propuesta.

El dinero resuelve ese problema al funcionar como un equivalente general: una mercancía especial que todos aceptan a cambio de cualquier otra. Con el dinero, la agricultora puede vender su trigo a cualquier comprador, guardar el valor recibido y, cuando quiera, comprar tela de cualquier vendedora. El dinero cumple así tres funciones básicas: sirve como medio de circulación, facilita los intercambios; como unidad de cuenta, permite comparar el valor de mercancías diferentes; y como reserva de valor, permite guardar riqueza para uso futuro.

En el análisis marxista, el dinero no es una invención arbitraria ni un simple instrumento técnico. Es la expresión material de una relación social: el valor. El valor de una mercancía corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Cuando millones de productores independientes intercambian mercancías en el mercado, están, en la práctica, comparando cantidades de trabajo humano. El dinero es la forma mediante la cual esa comparación se vuelve posible y visible. Representa, de forma condensada, el trabajo social (Marx, 2023).

Dentro de un mismo país, el uso del dinero es relativamente sencillo: existe una moneda nacional, emitida y garantizada por el Estado, que todos los habitantes reconocen y aceptan. Pero ¿qué sucede cuando productores de diferentes países quieren comercializar entre sí?

Consideremos un ejemplo concreto. Una empresa brasileña exporta café a Alemania. La empresa importadora alemana tiene euros; la exportadora brasileña necesita reales para pagar a sus trabajadorxs, proveedores e impuestos. ¿Cómo conciliar estas dos monedas?

El problema se desdobla en varias dimensiones. Primero, es necesario establecer una tasa de cambio: ¿cuántos reales equivalen a un euro? Segundo, se necesita un mecanismo para convertir efectivamente una moneda en la otra. Tercero, se requiere que ambas partes confíen en que la moneda recibida tendrá un valor estable y será aceptada por otros.

Cuando el comercio internacional era pequeño y esporádico, esos problemas podían resolverse caso por caso, frecuentemente con el uso de metales preciosos (oro y plata), que tenían aceptación universal. Pero a medida que el mercado mundial se expandió, esa solución se volvió insuficiente.

Con el crecimiento del comercio internacional, surge la necesidad de un sistema organizado para liquidar (ajustar) las cuentas entre países. No es práctico que cada transacción individual implique la transferencia física de oro o la conversión directa entre dos monedas cualesquiera. Se necesita un mecanismo de compensación.

Imaginemos que, en un período determinado, Brasil exporte 100 millones de dólares en café a Alemania e importe 80 millones de dólares en maquinaria. En lugar de realizar dos transferencias separadas, basta con que Alemania transfiera a Brasil la diferencia neta de 20 millones. Este es el principio de la compensación.

Pero para que este mecanismo funcione a escala global, involucrando a decenas de países con monedas diferentes, es necesario que exista una referencia común, una divisa que todos acepten como unidad de cuenta y medio de pago para liquidar los saldos. Históricamente, esa función fue desempeñada por el oro y, posteriormente, por las monedas nacionales de los países económicamente dominantes.

Por lo tanto, las ventajas asociadas al control de la moneda de referencia son todo menos simples. Entre ellas se incluyen:

(i) La posibilidad de que el Estado emisor amplíe de forma desproporcionada su capacidad de endeudamiento y de gasto con relación a los demás Estados nacionales.

(ii) El uso de la moneda como instrumento de política y dominación externa, por medio del control de canales centrales de liquidez internacional, como en el caso de la aplicación de sanciones económicas.

(iii) Los beneficios garantizados a la actuación internacional de sus bancos que, insertos en un sistema de reservas fraccionarias respaldado por esa moneda expansiva, pasan a ocupar una posición privilegiada en el circuito de las altas finanzas globales.

Surge aquí una pregunta fundamental: ¿quién emite esta moneda de referencia? ¿Cómo se elige? ¿Y cuáles son las consecuencias de que un país vea elevada su moneda nacional a la condición de moneda mundial?

El mercado mundial se expande, el problema se agrava

El mercado mundial no creció de forma gradual y pacífica. Su expansión fue impulsada, desde el siglo XV, por la conquista colonial, el tráfico de personas esclavizadas, la apropiación de tierras y recursos naturales y la imposición de relaciones comerciales asimétricas a las poblaciones subyugadas. La acumulación primitiva de capital, que Marx analizó en el primer volumen de El Capital, fue un proceso global y violento (Marx, 2023).

A medida que el capitalismo se consolidó como modo de producción dominante, el volumen del comercio internacional creció exponencialmente. En el siglo XVIII, la Revolución Industrial intensificó este proceso: las potencias europeas necesitaban materias primas de todo el mundo (algodón, minerales, productos agrícolas) y buscaban mercados para sus productos manufacturados.

Este crecimiento hizo que el problema de la moneda internacional en cada vez más urgente. Con millares de transacciones diarias entre decenas de países, era indispensable un sistema monetario internacional organizado: un conjunto de reglas, instituciones y prácticas que definieran cómo se relacionan las monedas entre sí, cómo se liquidan los pagos y cómo se ajustan los desequilibrios comerciales.

La solución encontrada entre el siglo XIX y principios del XX refleja la estructura de poder de la época: un mundo dividido entre imperios coloniales rivales. Cada potencia imperial organizó su propia zona monetaria, integrando sus colonias y áreas de influencia al espacio de circulación de su moneda nacional.

Como mayor potencia industrial, comercial y financiera del siglo XIX, Gran Bretaña convirtió a la libra esterlina en la principal moneda del comercio internacional, imponiendo sus “preferencias imperiales”. El llamado patrón oro, que estuvo vigente desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1914, era en la práctica un patrón libra-oro: la libra era la moneda en que se denominaban la mayoría de los contratos comerciales, en la que se cotizaban las principales commodities y en la que se realizaban los préstamos internacionales.

El sistema de la libra esterlina como moneda internacional dominante fue posibilitado por el drenaje de riqueza de las colonias. La India mantenía elevados superávits en la balanza de pagos con Europa continental, Estados Unidos, Canadá y Japón. Pero mantenía un déficit en la balanza de pagos con Gran Bretaña, en parte debido a las exportaciones británicas a la India, y, principalmente, por las obligaciones impuestas por los británicos a la colonia, incluidas enormes cantidades de “regalos” de la India Británica a la metrópoli (Patnaik y Patnaik, 2024). Según el informe Estudios sobre comercio ultramarino británico, presentado por los autores, “la clave de todo el patrón de pagos de Gran Bretaña residía en la India, que probablemente financiaba más de dos quintas partes del déficit total británico”.

Las colonias británicas —desde la India hasta África, desde el Caribe hasta Oceanía— se integraron al espacio monetario de la metrópoli mediante el sistema de preferencias imperiales británico. Sus exportaciones se cotizaban en libras y sus importaciones, en gran parte procedentes de la propia Gran Bretaña debido al exclusivismo comercial metropolitano, se pagaban en libras. Sus sistemas bancarios operaban con la libra como referencia. Las poblaciones coloniales se veían obligadas a obtener libras para pagar impuestos y adquirir bienes esenciales, lo que las subordinaba enteramente a los términos de intercambio definidos por la metrópoli.

El imperio colonial francés, que se extendía por el norte y oeste de África, por Indochina y las islas del Pacífico y del Caribe, constituía una zona monetaria propia, organizada en torno del franco. Hasta hoy, vestigios de esa estructura sobreviven en el franco CFA, moneda utilizada por 14 países africanos que permanece vinculada al euro y antes, al franco francés (Metri, 2023).

Aunque no poseía un imperio colonial formal comparable al de los europeos, Estados Unidos ejercía una hegemonía económica sobre gran parte de las Américas desde finales del siglo XIX. La Doctrina Monroe (“América para los estadounidenses”) expresaba esa pretensión. El dólar circulaba ampliamente en Centroamérica, el Caribe y partes de Sudamérica, frecuentemente impuesto por intervenciones militares y por la presencia de empresas estadounidenses que controlaban sectores estratégicos (como United Fruit Company en Centroamérica).

Alemania, Japón, Holanda, Bélgica y Portugal también mantenían sus propias esferas monetarias coloniales, aunque menores.

El resultado de esta configuración era un sistema monetario internacional fragmentado. No había una única moneda mundial, sino varias monedas regionales compitiendo entre sí, cada una dominante en su esfera de influencia. La libra era la más importante a nivel global, pero no era universal.

Ese sistema reflejaba la estructura del imperialismo tal como la analizaron Lenin y otros marxistas de inicios del siglo XX: un mundo dividido entre potencias capitalistas rivales, cada una controlando su propio bloque de territorios coloniales y semicoloniales. Las tensiones entre estos bloques —la disputa por mercados, materias primas y áreas de inversión— fueron una de las causas profundas de la Primera Guerra Mundial (Lenin, 2012).

La guerra de 1914-1918 destruyó ese orden. El conflicto exigió gastos colosales, financiados por la emisión monetaria y el endeudamiento. La mayoría de los países suspendió la convertibilidad de sus monedas en oro. El Reino Unido, antes el gran acreedor mundial, emergió como deudor. Estados Unidos, que entró tarde en la guerra y suministró provisiones a los aliados, se convirtió en el principal acreedor internacional.

El período entreguerras (1918-1939) estuvo marcado por intentos fallidos de restaurar el patrón oro, por inestabilidad cambiaria crónica, por devaluaciones competitivas, las llamadas guerras cambiarias, y por el colapso del comercio internacional tras la crisis de 1929. La Gran Depresión demostró que un sistema monetario internacional desorganizado era incompatible con la estabilidad del capitalismo.

La Segunda Guerra Mundial creó las condiciones para una reorganización radical. Estados Unidos salió del conflicto como la única gran potencia con su economía intacta y fortalecida. Aunque compartía la hegemonía mundial con la antigua URSS, solo Estados Unidos se destacó como una potencia capitalista líder dispuesta a no imponer controles de capital, a permitir la venta de sus activos y a utilizar su moneda como moneda mundial.

Al final del conflicto mundial, Estados Unidos mantenía cerca de dos tercios de las reservas globales de oro. Su industria representaba casi la mitad de la producción manufacturera mundial. Su territorio no había sido devastado por la guerra (Mazzucchelli, 2013).

Esta asimetría de poder permitió a Estados Unidos imponer una nueva arquitectura monetaria internacional. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se creó un sistema que, por primera vez en la historia, establecía una única moneda nacional como eje del sistema monetario mundial: el dólar estadounidense.

El sistema de Bretton Woods marcó la transición de un escenario de zonas monetarias en competencia vinculadas a imperios rivales hacia una hegemonía monetaria unificada bajo el liderazgo de Estados Unidos. Este proceso representó el cambio de un sistema inter imperialista, caracterizado por la disputa entre múltiples potencias, a un modelo imperialista de orden unipolar liderado por Estados Unidos, en el cual una única potencia dominante organiza el conjunto (Tricontinental, 2024).

Esa transición no fue automática ni puramente económica. Fue el resultado de la guerra, de la destrucción de las potencias rivales, de la ocupación militar de antiguos imperios (Alemania, Japón) y de la construcción de una vasta red de bases militares, alianzas e instituciones internacionales bajo liderazgo estadounidense.

Cómo el dólar se volvió hegemónico

La verdadera consolidación del dólar como moneda dominante fue un proyecto estratégico meticulosamente ejecutado por Estados Unidos durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso del dólar no fue un accidente histórico; fue el resultado de tres movimientos estratégicos decisivos.

1. El financiamiento de las guerras

Estados Unidos utilizó su posición como “arsenal de la democracia” para estructurar la dependencia global de su moneda. Inicialmente, la regla cash-and-carry [pague y lleve] de 1937 exigía que quienes compraban suministros de Estados Unidos pagaran inmediatamente en dólares u oro.

Posteriormente, el programa Lend-Lease [Préstamo y Arriendo] suministró financiamiento vital para las importaciones de los países aliados. No obstante, esto tuvo un efecto estructural profundo: al final de la guerra, las potencias aliadas y decenas de otros países acumularon deudas masivas en dólares. Dada la vulnerabilidad de los demás países, Estados Unidos pudo imponer la moneda de denominación de sus créditos. Esto creó una demanda estructural y permanente de la moneda estadounidense; los países ahora necesitaban exportar bienes reales o contraer nuevas deudas para obtener los dólares necesarios para liquidar sus pasivos (Metri, 2023).

2. El control del petróleo

El segundo pilar fue garantizar el control sobre la fuente de energía que alimentaría el capitalismo industrial de la posguerra. El petróleo, debido a la transformación que provocó en la lógica de los conflictos —ya desde la Primera Guerra Mundial— terminó convirtiéndose en el recurso natural central del sistema internacional. El control de las regiones productoras pasó a formar parte del núcleo de las disputas geopolíticas globales. Más específicamente, el petróleo se convirtió en el principal combustible de las Fuerzas Armadas; ocupó una posición decisiva en la matriz de transportes a escala mundial; y sus derivados pasaron a ser ampliamente empleados en numerosas cadenas productivas.

De ello se derivó una implicación adicional para las relaciones internacionales: el petróleo pasó a ser manejado como instrumento recurrente en el “tablero diplomático”, funcionando como mecanismo de presión, represalia, disuasión, apoyo o sustento, siempre vinculado a cálculos, intereses e iniciativas que reflejan las disputas geopolíticas más amplias propias de la competencia entre Estados.

En 1940, Estados Unidos era la potencia petrolífera dominante, produciendo 63% del petróleo mundial (Quintas, 2020). Sin embargo, a medida que quedaba claro que el centro de gravedad de la producción futura se trasladaría a Oriente Medio, Estados Unidos actuó de forma decisiva.

Desde 1933, empresas estadounidenses habían adquirido derechos de explotación en Arabia Saudita. En 1943, el presidente Roosevelt incorporó el Reino de Arabia Saudita al “territorio monetario del dólar”, autorizando el financiamiento del reino de Ibn Saud a través del programa Lend-Lease. La intensa actividad diplomática y militar de Estados Unidos en la región, que consolidó su dominio sobre Arabia Saudita, garantizó que a partir de 1970, las cotizaciones y las transacciones del petróleo exportado desde este nuevo centro neurálgico fueran exclusivamente en dólares. Así se produjo la transformación de Arabia Saudita en zona de influencia y espacio económico de Estados Unidos, así como su incorporación a la esfera monetaria del dólar (Metri, 2015).

Esta decisión obligó a la mayoría de los países, especialmente a las naciones industrializadas e importadoras de energía, a unirse al territorio monetario del dólar. Para comprar energía, primero era necesario obtener dólares.

En este sentido, más que el control directo sobre la producción fue decisiva la imposición de una arquitectura monetaria para el mercado petrolero global. A partir de la década de 1970, principalmente con las crisis del petróleo, este movimiento se institucionalizó a través de los “petrodólares”. Con la Guerra de Yom Kippur, el precio del petróleo se cuadruplicó y la economía mundial entró en colapso. En ese contexto, el gobierno de Nixon negoció un acuerdo secreto con Arabia Saudita. Los términos eran los siguientes: los sauditas se comprometieron a vender su petróleo exclusivamente en dólares y a invertir los excedentes en bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, Estados Unidos garantizó protección militar al reino saudita. Los demás países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronto siguieron el mismo modelo.

Al vincular la principal commodity del mundo a su moneda, Estados Unidos amplió de manera estructural el alcance internacional del dólar.

3. Los Acuerdos de Bretton Woods

En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos formalizó e institucionalizó su hegemonía, principalmente en el ámbito económico. Un año después, en 1945, tuvo lugar la Conferencia de Yalta, que reorganizó el orden geopolítico y militar y, desde el punto de vista monetario, acordó que las reparaciones de guerra de Alemania serían contabilizadas en dólares.

En Bretton Woods chocaron dos visiones opuestas sobre el orden de la posguerra. La propuesta inglesa, liderada por John Maynard Keynes, era radicalmente diferente de la vencedora. Keynes proponía el “bancor”, una moneda de cuenta internacional supranacional, controlada por un órgano multilateral (la Unión de Compensación). El objetivo de Keynes era crear un sistema simétrico, que penalizara tanto países con déficit crónico como a los países con superávit crónico. Esencialmente, la propuesta de Keynes tenía como objetivo impedir el paso del “privilegio exorbitante” de la libra al dólar.

La propuesta de Keynes fue sumariamente derrotada. Dada la correlación de fuerzas, prevaleció el plan de Estados Unidos, liderado por Harry Dexter White. El plan de White era simple y centrado en el poder estadounidense: el dólar sería establecido como la moneda de cuenta internacional y sería la única moneda con plena convertibilidad en oro, a una tasa fija de 35 dólares por onza de oro. Todas las demás monedas mantendrían su convertibilidad al dólar a tasas de cambio fijas, pero ajustables.

Para administrar este nuevo orden, se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, hoy Banco Mundial). El capital de ambos se fijó en dólares y la estructura de estas instituciones fue diseñada para garantizar su control por parte de Estados Unidos.

El poder de voto de cada país miembro se vinculó a sus cuotas o suscripciones de capital. En el FMI, estas suscripciones se pagaban en parte en oro y en parte en la moneda nacional. En el BIRF, parte del capital debía aportarse en oro o en dólares. Dado que Estados Unidos tenía la mayor participación en ambas instituciones, mientras que el Reino Unido ocupaba el segundo lugar, se consolidó una estructura de toma de decisiones asimétrica. En el caso del FMI, dado que las decisiones cruciales requieren una mayoría calificada del 85% de los votos, Estados Unidos pasó a ejercer, en la práctica, poder de veto sobre las reformas fundamentales (Batista Jr., 2019).

Centralidad y declive de la hegemonía del dólar en el siglo XX

El sistema de Bretton Woods, a veces llamado “patrón oro-dólar”, consolidó la centralidad estadounidense. Sin embargo, este sistema no funcionaba solo, necesitaba liquidez. Las economías devastadas de Europa y Japón no contaban con los dólares necesarios para importar insumos y reiniciar sus exportaciones o reconstruir las ciudades, infraestructuras y aparatos productivos.

Estados Unidos resolvió este problema mediante el Plan Marshall para Europa y el Plan Dodge para Japón, que proporcionaron los dólares necesarios para financiar esa reconstrucción. Estos planes “salvaron” el sistema de Bretton Woods, garantizando que sus aliados estratégicos se recuperaran ya plenamente integrados al territorio monetario del dólar. Al mismo tiempo, Estados Unidos estimuló la expansión global de sus empresas multinacionales, que realizaban inversiones directas en dólares.

Dado que los recursos en dólares se utilizaban, en gran medida, para la compra de bienes y servicios producidos en los propios Estados Unidos, el plan acabó recibiendo apoyo interno de diversos segmentos económicos. En una conjuntura de enfriamiento de la actividad interna, agravada por el aumento de la capacidad industrial durante los años de guerra en Europa y el Pacífico, ese flujo de demanda externa ayudaba a sustentar la economía estadounidense.

Del punto de vista estratégico, Estados Unidos no solo viabilizó los llamados “milagros” de reconstrucción y crecimiento en varios países, estabilizando regiones clave para la lógica de la Guerra Fría, sino que también fortaleció, de forma duradera, la posición hegemónica de su moneda. En las décadas siguientes, las áreas bajo su influencia experimentaron un largo ciclo de expansión y prosperidad, anclado en la centralidad del dólar.

Más concretamente, al mismo tiempo que financiaban la recuperación económica de las regiones clave para la contención de la URSS, Estados Unidos reforzó la primacía del dólar porque:

i) Inyectó dólares directamente en las economías aliadas, por medio de programas como el Plan Marshall (1948-1951)

ii) Amplió significativamente sus gastos militares en el exterior, denominados en dólares, como en el caso de la Guerra de Corea

iii) Abrió, de manera unilateral, su mercado a las exportaciones de socios estratégicos, garantizándoles ingresos en dólares

iv) Aceptó que esos países mantuvieran tasas de cambio artificialmente devaluadas, teniendo el dólar como referencia

v) Estimuló la inversión extranjera directa de sus grandes corporaciones, que naturalmente se realizaba en dólares, dado el origen de estas empresas.

Además, toleró la adopción de controles unilaterales sobre movimientos de capitales internacionales (en cualquier moneda), aceptó la inconvertibilidad de las demás monedas, no reaccionó de manera contundente ante políticas proteccionistas e incluso envió misiones de asistencia técnica.

El dilema de Triffin

A pesar de su aparente solidez, el sistema de Bretton Woods encerraba una contradicción fatal, identificada por el economista Robert Triffin. El dilema de Triffin expuso la falla lógica de utilizar una moneda nacional como moneda internacional.

La contradicción era la siguiente: para que el comercio global y el crecimiento económico se expandieran, el mundo necesitaba una oferta creciente de liquidez internacional, es decir, más dólares. Pero, para suministrar esos dólares al resto del mundo, Estados Unidos se veía obligado a incurrir en déficits en su balanza de pagos, es decir, enviar más dólares al exterior de los que recibía del exterior. No obstante, al emitir cada vez más dólares (pasivos) de los que poseía en oro (activos) en sus arcas, Estados Unidos erosionaría inevitablemente la confianza global en la convertibilidad del dólar en oro (Akyüz, 2010: 147-185).

El sistema estaba, por lo tanto, condenado. Si Estados Unidos detuviera sus déficits, el comercio mundial se estancaría. Si continuaran, la confianza en el dólar se derrumbaría.

Durante los años 70, esta contradicción se agudizó. El aumento masivo del gasto público de Estados Unidos, impulsado simultáneamente por la Guerra de Vietnam y los programas sociales internos, condujo a déficits crecientes y a una emisión descontrolada de moneda. Al mismo tiempo, la hegemonía de Estados Unidos era cuestionada por las revoluciones en la periferia y por las críticas de los aliados europeos, especialmente los franceses. Incluso en 1969, el FMI creó los Derechos Especiales de Giro (DEG), apodados “oro-papel”, un activo de reserva sintético y supranacional, cuyo valor se basaba en una canasta de monedas. Era un intento de crear una fuente de liquidez que no dependiera de los déficits de Estados Unidos.

En 1971, el dilema de Triffin llegó a su punto de ruptura. A medida que los países con superávit (liderados por Francia) cambiaban dólares por oro, las reservas de Estados Unidos se fueron reduciendo drásticamente. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó medidas. En una decisión unilateral que reconfiguró todo el sistema que había sido creado de manera multilateral, Nixon suspendió indefinidamente la convertibilidad del dólar en oro. El “patrón oro-dólar” había muerto. El mundo entró en una nueva era: la del dólar “flexible, financiero y fiduciario”. La moneda hegemónica ya no tenía ningún respaldo en una mercancía física. Su valor estaba determinado puramente por la confianza o, más precisamente, por la imposición de poder.

Después de 1973, ante las sucesivas devaluaciones y la inestabilidad del valor del dólar, los principales países capitalistas pasaron a adoptar un régimen de “tasa de cambio flotante”, o sea, las monedas dejaron de tener paridad fija con relación al dólar y su valor pasó a determinarse en el mercado de divisas de cada economía nacional.

El choque de las tasas de interés y la “diplomacia del dólar fuerte”

Para completar este panorama, ante el creciente cuestionamiento a la economía estadounidense, especialmente en los ámbitos económico y monetario, Estados Unidos decidió actuar en lo que se conoció como “golpe de las tasas de interés”. Ante las presiones inflacionarias internas y la amenaza a la hegemonía del dólar, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal (FED por su sigla en inglés), decidió elevar la tasa básica de interés estadounidense. Así, la tasa de interés a corto plazo en Estados Unidos se elevó de niveles cercanos al 10–11% a niveles próximos al 20% anual, en un movimiento que comenzó en 1979 y se extendió hasta 1980, lo que representó prácticamente una duplicación del costo del dinero a escala mundial (Tavares, 1985).

Según la economista brasileña Maria da Conceição Tavares (1985), en un texto seminal titulado El resurgimiento de la hegemonía estadounidense, antes del “golpe de las tasas de interés” el sistema bancario privado funcionaba prácticamente al margen del control de los bancos centrales, en especial de la FED. Las redes de filiales transnacionales estructuraban una división regional de trabajo dentro de las propias empresas, muchas veces en desacuerdo con los intereses nacionales de Estados Unidos, y alimentaban un aumento de la competencia entre capitales que resultaba desfavorable para la economía estadounidense. En términos generales, la configuración de una economía mundial sin un polo hegemónico definido contribuía a la desorganización del orden establecido en la posguerra y a la creciente fragmentación de los intereses privados y regionales. A partir de 1979, con el “golpe de las tasas de interés”, la conducción de la política económica interna y externa de Estados Unidos se orientó precisamente en el sentido de revertir esas tendencias y recuperar el control sobre las finanzas internacionales.

Maria da Conceição Tavares (1985) utilizó la expresión “diplomacia del dólar fuerte” para referirse a esta acción unilateral estadounidense, que hizo uso deliberado de su poder monetario y financiero como instrumento de política exterior y de reconstrucción de su hegemonía. No es posible entender el aumento de las tasas de interés únicamente como una medida de política monetaria para hacer frente a los problemas macroeconómicos internos de Estados Unidos, sino como una acción central para la recuperación de la hegemonía del dólar y la reconstrucción completa del sistema monetario y financiero internacional.

Si la tasa de interés estadounidense es elevada, quienes poseen riqueza financiera comienzan a salir de sus posiciones en los demás países y buscan obtener ganancias con el diferencial de interés de la deuda pública estadounidense. Con ello, ese mercado de eurodólares que se estaba gestando fuera del control del Banco Central estadounidense, en Europa, regresa casi en su totalidad a la plaza financiera de Wall Street. Esto refuerza el dominio del capital financiero por parte de Estados Unidos y refuerza el poder de su sistema bancario. Por lo tanto, se utilizó la moneda estadounidense como “arma geoeconómica”: al controlar las tasas de interés, la liquidez y el acceso al crédito internacional, Estados Unidos disciplina a sus aliados, pone en su lugar a competidores y profundiza la dependencia de la periferia. Por lo tanto, la política de tasas de interés altas y dólar fuerte no es solo economía, es una estrategia de poder.

Con todo, esta acción tuvo repercusiones. La primera de ellas es que sumió a Estados Unidos y al resto del mundo en una “recesión prolongada”, quebrando empresas e incluso bancos estadounidenses. En segundo lugar, se produjo una contracción repentina del crédito internacional, causando daños especialmente a la periferia capitalista que había aprovechado el período de elevada liquidez internacional para endeudarse en dólares con tasas de interés prefijadas. En tercer y último lugar, el “golpe de las tasas de interés” hizo que el crédito interbancario y los grandes bancos internacionales volvieran a centralizarse en Nueva York bajo el paraguas de la FED, que desde entonces comanda el sistema bancario privado internacional.

Otro objetivo del “golpe de las tasas de interés” fue poner en jaque a los competidores de Estados Unidos. Japón había alcanzado un fuerte dinamismo industrial y tecnológico, obteniendo crecientes superávits comerciales con Estados Unidos, en una trayectoria para convertirse en el mayor acreedor del mundo, a diferencia de Estados Unidos que estaba (y está) en la posición de mayor deudor.

Con las tasas de interés muy altas, el dólar se mantuvo sobrevalorado y, gracias a los enormes rendimientos de los bonos de la deuda pública estadounidense hubo un flujo de capitales hacia Estados Unidos, inclusive japoneses, con empresas y bancos comprando bonos del Tesoro estadounidense.

A pesar de sus superávits comerciales, Japón se vio en una posición en la que financiaba el déficit estadounidense comprando activos en dólares y su propio desarrollo fue vinculándose cada vez más al sistema financiero y al ciclo de activos de Estados Unidos.

Cuando el déficit comercial de Estados Unidos con Japón se dispara y aumenta la presión política interna, viene la segunda parte del ajuste. En 1985, el gobierno Reagan amenaza con medidas proteccionistas severas y fuerza una coordinación en el G5, en lo que se conoce como el Acuerdo del Plaza. El objetivo era promover una devaluación coordinada del dólar frente al yen y al marco alemán. Resultado rápido: entre septiembre de 1985 y abril de 1986, el yen se aprecia cerca de un 35% frente al dólar (Melin, 1997).

Después viene el Acuerdo del Louvre (1987) que intentó estabilizar las paridades tras esa fuerte corrección. Según la interpretación de Tavares y Melin (1997), no se trató de un ajuste “técnico” neutro, sino de un movimiento político destinado a consolidar su poder: Estados Unidos utilizó su posición en el centro del sistema para obligar a Japón a aceptar una fuerte apreciación del yen y una reorganización de su patrón de crecimiento.

Por lo tanto, Estados Unidos obligó a Japón a ajustar su trayectoria de crecimiento y su política cambiaria y financiera a los intereses de la hegemonía estadounidense, asegurando que el yen no se convirtiera en una moneda de reserva rival y que los superávits japoneses se reciclaran en beneficio del financiamiento del déficit y del liderazgo financiero de Estados Unidos. En lugar de una ruptura, hay una reabsorción de Japón dentro de un orden comandado por el dólar: el país mantiene una alta sofisticación productiva, pero bajo un fuerte condicionamiento financiero y geopolítico definido en Washington.

Cómo se mantiene el dólar

El colapso de Bretton Woods, paradójicamente, no debilitó al dólar. Por el contrario, liberó a Estados Unidos de cualquier restricción material a su política monetaria y consolidó una nueva forma de hegemonía, basada ya no en el oro, sino en tres nuevos pilares: el petróleo, la profundidad de sus mercados financieros y el uso de la moneda como arma de guerra.

Para entender el orden posterior a 1971, es crucial recurrir al análisis marxista de la “financiarización”. El abandono del respaldo metálico (oro) fue un punto de inflexión. Eliminó la restricción material a la creación infinita de dinero. El dinero, que antes era una representación de una mercancía (oro), se convirtió en una representación de sí mismo — puros números en cuentas computarizadas. En otras palabras, hubo autonomización de la “moneda del mundo”.

Esto permitió que el capital migrara masivamente de la esfera de la producción de valor (la inversión en manufactura, agricultura, etc., basada en la aplicación del trabajo social) a la esfera de la circulación, del “capital ficticio”. El capital ficticio es la inversión en títulos de propiedad (acciones) y, principalmente, en títulos de deuda (hipotecas, deuda pública), cuyo valor no se basa en el valor ya producido, sino en la anticipación de rendimientos futuros.

Este proceso, posibilitado por la creación ilimitada de dinero fiduciario, permitió que el capital ficticio se autoalimentara, generando más capital ficticio desconectado de la base de valor del trabajo social.

Pilar 1: El reciclaje del petrodólar

Con el fin del patrón-oro, Estados Unidos actuó rápidamente para volver a anclar el dólar en otra commodity esencial. Reforzó su alianza estratégica y militar con Arabia Saudita, asegurándose de que la OPEP continuara fijando el precio y negociando el petróleo exclusivamente en dólares. Esto recreó la demanda estructural: como toda nación industrializada necesita petróleo, toda nación necesita dólares. Esto también creó un nuevo mecanismo de reciclaje. Los países productores de petróleo (OPEP) acumulaban enormes superávits en dólares (“petrodólares”), que luego se “reciclaban” de vuelta a los bancos de Wall Street, financiando los déficits de Estados Unidos.

Pilar 2: La dictadura de la liquidez (bonos del Tesoro)

El dominio del dólar hoy en día se basa en algo pragmático: el dólar es la única moneda que garantiza el acceso a los mercados financieros más líquidos y profundos del mundo. El pilar central de este sistema son los bonos de la deuda pública de Estados Unidos (U.S. Treasuries, bonos del Tesoro). Son considerados universalmente como el “refugio seguro” global, el activo financiero más noble, con un riesgo de crédito mínimo y liquidez inmediata.

Esto permite a Estados Unidos subvertir completamente la lógica económica: es el mayor deudor del mundo, pero los otros países consideran su deuda como el activo más valioso. En momentos de crisis financiera global —incluso en crisis originadas en Estados Unidos, como la de 2008 — el capital internacional no huye del dólar; corre hacia el dólar, buscando la seguridad de los bonos del Tesoro. Esto sustenta el Mecanismo Global de Reciclaje de Excedentes (MGRE), una versión ampliada del reciclaje de los petrodólares:

1. Estados Unidos absorbe los excedentes de productos del mundo, incurriendo en déficits comerciales masivos con países como China, Alemania y Japón.
2. Las ganancias de esas exportaciones (dólares) acumuladas por estos países superavitarios regresan a Wall Street, ya que estos países reinvierten los dólares obtenidos por sus exportaciones en deuda pública estadounidense.
3. Wall Street utiliza este flujo de capital extranjero para comprar bonos del Tesoro, financiando el déficit del gobierno estadounidense y proporcionando crédito a los consumidores del país para sostener el consumo de productos importados.

En este sistema, el resto del mundo es forzado a financiar los déficits gemelos (comercial y fiscal) de Estados Unidos, subsidiando el consumo estadounidense y, crucialmente, el poderío militar global de los Estados Unidos.

En América Latina este proceso se aceleró después de las recomendaciones del Consenso de Washington, que sugirió que los países deberían renunciar al control de sus cuentas de capital. Esto significa que el capital puede entrar y salir libremente de cada país, pero ello tiene impactos directos en la volatilidad de las tasas de cambio nacionales. Los países, a su vez, para protegerse de esa volatilidad, acumulan reservas de divisas en deuda pública estadounidense. Por eso, podemos afirmar que el dólar es un arma de extorsión de la periferia, que necesita, para protegerse internamente, sostener los déficits gemelos de Estados Unidos, los cuales a su vez sirven, entre otras cosas, para financiar las guerras imperialistas.

La crisis de 2008 fue el momento en que las “pirámides de dinero privado” (capital ficticio) construidas por Wall Street sobre este mecanismo colapsaron. Sin embargo, la crisis no quebró el sistema. La FED, el banco central de Estados Unidos, actuó como el banco central “del mundo”, proporcionando líneas de swap (protección contra la volatilidad del tipo de cambio) en dólares a otros bancos centrales, demostrando que, en el colapso, la dependencia del dólar era total, y no al contrario.

Pilar 3: La moneda como activo de violencia

El pilar final de la hegemonía del dólar es el uso explícito de la moneda como arma. Dado que la mayor parte del comercio global, las finanzas y las transacciones de commodities (especialmente petróleo) se denominan en dólares y se liquidan a través del sistema financiero de Estados Unidos, Washington obtiene un inmenso poder de coerción.

La diplomacia monetaria se utiliza para restringir a los enemigos estratégicos y recompensar a los aliados. Estados Unidos puede imponer sanciones financieras, congelar las reservas de bancos centrales extranjeros (como lo hizo con Irán, Venezuela y, de manera más dramática, con Rusia) y excluir a países enteros del sistema de pagos internacional (SWIFT).

Cuando un país es sancionado, como ocurrió con Rusia y Venezuela, se le excluye de las redes de pago en dólares y se le pueden congelar activos en el extranjero. Esto encarece importaciones, perjudica a las empresas y desorganiza el comercio de ese país.

El dólar, por lo tanto, no es solo una herramienta económica; es un “activo de violencia”, un instrumento de disciplina geopolítica que garantiza que prevalezcan los intereses de Estados Unidos.

¿Ya está en marcha la desdolarización?

Los datos sobre las monedas de facturación en el comercio y en las finanzas internacionales son escasos y presentan desfases mayores que los datos comerciales (Gopinath, 2024). Aun así, las evidencias disponibles indican que la preponderancia del dólar es superior al peso de la economía de Estados Unidos en los agregados globales del Producto Interno Bruto, el comercio y las finanzas internacionales, lo que refleja una asimetría estructural en el uso internacional de las monedas.

Fuentes: BIS Triennial Survey 2025 · SWIFT Watch 2024 · IMF COFER 2024 · Federal Reserve 2025

Los datos del SWIFT muestran que la moneda representa más del 80% del financiamiento del comercio internacional, en gran medida debido a que una parte significativa del comercio de commodities aún es facturada y liquidada en dólares. Además, el dólar mantiene una participación próxima al 60% en las reservas de divisas globales.

Por otro lado, la evolución de las reservas de divisas globales en 2022-2023 estuvo marcada por un aumento significativo de las adquisiciones de oro por parte de los bancos centrales. Considerado un activo seguro, el oro ofrece protección contra los riesgos geopolíticos, aunque presenta limitaciones como medio de transacción. Este patrón sugiere que la intensificación de las compras de oro por parte de determinados bancos centrales está asociada a la búsqueda de mitigar riesgos económicos y geopolíticos, en especial aquellos relacionados con sanciones internacionales. En el caso de China, la participación del oro en las reservas totales aumentó de menos del 2% en 2015 al 4,3% en 2023, mientras que la proporción de activos denominados en bonos del Tesoro y de agencias de los Estados Unidos retrocedió de cerca del 44% a aproximadamente el 30%, lo que refleja la reestructuración de su cartera (Gopinath, 2024).

Fuente: World Gold Council Gold Demand Trends Full Year 2024 (gold.org)

Aunque se observa una reducción de la participación del dólar en las reservas cambiarias globales en las últimas décadas, los datos indican que ese movimiento no corresponde a una sustitución directa por otra moneda. Al contrario, esa reducción fue absorbida por un conjunto que el FMI presenta como monedas no tradicionales: dólar australiano, dólar canadiense, won surcoreano, corona sueca y renminbi, en menor proporción. Esto, sumado al aumento de las reservas en oro, sugiere que el proceso en curso no está impulsado principalmente por un proyecto político coordinado de desdolarización, sino por estrategias de diversificación de cartera adoptadas por autoridades monetarias, orientadas a la gestión del riesgo y a la búsqueda de mayor seguridad en un contexto de creciente inestabilidad financiera global.

Este movimiento puede interpretarse como una respuesta a las propias contradicciones de la financiarización liderada por Estados Unidos y Europa, cuya dinámica tiende a generar episodios recurrentes de volatilidad y formación de burbujas. En este sentido, la diversificación de las reservas se presenta menos como una ruptura política y más como un ajuste técnico ante las fragilidades del sistema, lo que hace que el proceso de transformación del sistema monetario internacional sea simultáneamente más robusto y más lento de lo que sugieren las narrativas geopolíticas más inmediatas.

Fuente: IMF COFER | Federal Reserve, International Role of the U.S. Dollar 2025 Edition | *CNY no incluye el dato del 4T de 2016

El análisis del comercio internacional hasta el primer cuarto del siglo XXI indica que la participación combinada del dólar y el euro en la facturación del comercio global permaneció relativamente estable a lo largo del período, el dominio del dólar y el euro se mantuvo con un predominio mayor dentro del propio bloque de la Unión Europea. Aunque China ha ampliado significativamente su participación en las exportaciones globales desde la década de 2000, acercándose al peso comercial de Estados Unidos, el uso del renminbi en el volumen de negocios del comercio internacional sigue siendo limitado, sin que se haya producido una internacionalización de su moneda. Es decir, los datos apuntan a la resiliencia del dólar como principal moneda de facturación del comercio internacional, al mismo tiempo que sugieren un proceso aún incipiente de diversificación monetaria.

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade in a Fragmenting World Economy

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade in a Fragmenting World Economy

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade; IMF DOTS

Impulsados por los avances en la tecnología financiera y en la infraestructura de pagos, se observa el auge de sistemas alternativos de pago, custodia y liquidación, que pasan a constituir opciones concretas frente al sistema financiero internacional centrado en el dólar. Más que un debate reciente, se trata de la materialización de nuevas arquitecturas institucionales capaces de viabilizar transacciones fuera de los circuitos tradicionales. En este contexto, se destacan iniciativas como el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS por su sigla en ruso), desarrollado por Rusia, y el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS por su sigla en inglés), liderado por China, que amplían la capacidad de liquidación internacional en monedas locales y reducen la dependencia de infraestructuras dominadas por los países centrales.

Paralelamente, los países del BRICS han intensificado sus esfuerzos para fortalecer los sistemas nacionales de pago digital y desarrollar soluciones para operaciones transfronterizas, con el objetivo de expandir el comercio internacional denominado en monedas locales y avanzar en la construcción de un sistema monetario más multipolar (Atlantic Council, 2024a). China, en particular, ha ampliado el uso internacional del renminbi mediante la expansión del CIPS y su participación en proyectos de moneda digital de banco central (CBDC por su sigla en inglés) ¹. Se observa también la rápida diseminación global de proyectos de CBDC: 137 países y uniones monetarias, que representan alrededor del 98% del PIB mundial, se encuentran en alguna etapa de desarrollo de estas monedas digitales (Atlantic Council, 2024b).

Mientras iniciativas como el mBridge, que involucra al Banco Popular de China, el Banco Central de Hong Kong, el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos y el Banco de Tailandia, con apoyo del Bank for International Settlements, y el sistema ACUMER, desarrollado por el Banco Central de Irán, señalan el potencial de nuevas infraestructuras digitales de liquidación en monedas locales entre bancos centrales a través de las CBDC, sin la necesidad de intermediarios tradicionales, como bancos corresponsales o sistemas como SWIFT.

A este panorama se suma el papel creciente de los acuerdos bilaterales de swap de divisas, especialmente a partir de la crisis financiera de 2007-2008. Estos instrumentos han sido utilizados tanto para proporcionar liquidez en momentos de tensión como para reducir los costos asociados a la acumulación de reservas internacionales, lo que permite a los países acceder a monedas extranjeras sin depender exclusivamente de los mercados financieros internacionales. En ese sentido, los swaps de divisas se consolidan como un componente central de las estrategias contemporáneas de diversificación monetaria y de mitigación de la dependencia del dólar (Council on Foreign Relations, 2025).

En resumen, los datos disponibles indican que el papel del dólar sigue siendo dominante y relativamente estable en el sistema monetario internacional. Sin embargo, estos datos también revelan cambios importantes en la composición y el funcionamiento de dicho sistema. Un ejemplo significativo es el caso del renminbi, cuya participación en las reservas internacionales pasó de prácticamente cero a comienzos de la década de 2010 a cerca de 2,2% en menos de una década — un movimiento sin precedentes históricos para la moneda de un país que aún mantiene controles relevantes sobre su cuenta de capital.

Por lo tanto, el análisis de la desdolarización requiere distinguir entre las diferentes dimensiones del sistema monetario internacional. En lo que se refiere a las reservas de divisas, el proceso es lento, gradual y aún está lejos de constituir una ruptura con la centralidad del dólar. En el ámbito de los pagos bilaterales, se observa un mayor dinamismo, aunque geográficamente concentrado en acuerdos específicos, como en el caso de las transacciones entre Rusia y China, que, según un reportaje de noviembre pasado, pasaron a liquidarse en un 99,1% en rublos y yuanes (Politics Today, 2025). Por último, en el ámbito de la infraestructura financiera, que incluye los sistemas de pago, compensación y liquidación, el proceso aún es incipiente, pero tiene un carácter estructural, ya que la creación de estas plataformas tiende a reducir, de forma duradera, la dependencia del sistema financiero centrado en el dólar.

En este sentido, la relevancia de la desdolarización reside en la dirección de su proceso y, sobre todo, en la construcción de alternativas institucionales y productivas capaces de reducir los costos de salida del sistema dólar para un número creciente de países.

Desdolarizarse es luchar por soberanía

Para la gran mayoría de los países del Sur Global, el sistema monetario y financiero internacional centrado en el dólar no es una red de seguridad, sino una camisa de fuerza. En la medida en que los países necesitan acumular reservas internacionales (monedas fuertes, como el dólar), están siendo extorsionados por el sistema del dólar, ya que deben mantener esas reservas, y lo hacen comprando bonos de la deuda estadounidense, financiando así la capacidad desmesurada de Estados Unidos para financiar guerras, por ejemplo. Por otro lado, es un mecanismo de castigo, ya que Estados Unidos puede decretar, mediante sanciones y bloqueos la exclusión del sistema de pagos internacional de aquellos países que no le sean sumisos. En las últimas décadas, Washington aumentó en un 933% las sanciones económicas contra los blancos de su política exterior (Metri, 2023).

En la práctica, las monedas nacionales no se consideran una reserva de riqueza, sino “activos financieros” volátiles. La demanda internacional de estas monedas es especulativa, sujeta a pánicos y fugas de capital. Además, los países del Sur Global sufren la incapacidad estructural de emitir deuda externa en sus propias monedas. Se endeudan en dólares, pero generan ingresos en moneda local, creando un desajuste cambiario devastador.

La hegemonía del dólar no se limita, por lo tanto, a su centralidad como medio de pago o reserva de valor, sino que se expresa también en la forma en que sus dinámicas internas se transmiten al resto del mundo. En momentos de apreciación del dólar, las monedas periféricas tienden a devaluarse, encareciendo las importaciones y presionando la inflación interna, especialmente en economías dependientes de energía, alimentos y bienes intermedios. Dado que gran parte de las commodities internacionales se cotizan en dólares, estos efectos se amplifican incluso en ausencia de cambios en las condiciones reales de oferta y demanda.

En el plano financiero, las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, como las subidas de las tasas de interés, frecuentemente desencadenan flujos de capital hacia los activos denominados en dólares. Esto provoca devaluaciones cambiarias, eleva el costo del financiamiento externo y restringe el margen de maniobra de la política económica en los países del Sur Global, que a menudo se ven obligados a adoptar medidas contraccionistas para contener la inflación y estabilizar sus monedas, incluso en contextos de bajo crecimiento. En economías con elevado endeudamiento en moneda extranjera, la apreciación del dólar aumenta inmediatamente el peso de la deuda en términos nacionales, lo que agrava las fragilidades estructurales.

Para atraer el capital internacional volátil, los activos del Sur Global deben ofrecer tasas de interés mucho más altas que los activos “seguros” del Norte. Esto resulta en una transferencia líquida y constante de riqueza de los países más pobres hacia los centros financieros más ricos.

Con las políticas neoliberales y la liberalización de los movimientos de capital se ha debilitado la capacidad de los Estados para dirigir la macroeconomía. Cualquier gobierno que intente implementar políticas fiscales o monetarias expansionistas, como reducir intereses para estimular la inversión, es inmediatamente castigado por el “mercado” con una fuga de capitales, que devalúa la moneda, genera inflación y puede llevar al colapso. Los gobiernos son rehenes de la “confianza” de los financistas.

Para protegerse de esta volatilidad, los países del Sur Global se ven obligados a acumular reservas internacionales masivas. Brasil, por ejemplo, según el Banco Central do Brasil, tenía más de US$ 358.000 millones en diciembre de 2025 (2026). Estas reservas se invierten, en su mayoría, en activos en dólares, especialmente bonos de la deuda de Estados Unidos. Esta es la paradoja final: para defenderse del sistema, el Sur Global se ve obligado a financiar a su opresor, prestando miles de millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos a bajos intereses.

La hegemonía del dólar impone costos insostenibles al Sur Global. La insatisfacción con esta “asimetría desestabilizadora” no es nueva, pero ha adquirido una nueva urgencia en un mundo que camina hacia la multipolaridad. La desdolarización se ha convertido en una “tendencia secular”, pero se enfrenta a inmensos obstáculos estructurales.

Según el economista Bruno de Conti (2025), se observan hoy algunos movimientos que pueden, a mediano o largo plazo, desencadenar cambios en el sistema monetario y financiero internacional:

i) la redefinición del papel de ciertos países en la jerarquía de la economía mundial;

ii) el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias;

iii) el aumento de la desconfianza hacia el dólar, intensificada durante el gobierno de Trump, sumado a la disposición política de un amplio conjunto de países por buscar caminos, de forma aislada o coordinada, para reducir su dependencia de la moneda estadounidense.

El debate sobre la desdolarización, sin embargo, no puede limitarse a la protección contra sanciones o a la mitigación de las vulnerabilidades externas. Un análisis más profundo exige cuestionar su propósito mismo. La sustitución de una moneda hegemónica por otra no implica necesariamente una transformación cualitativa del orden internacional, ni garantiza una mayor estabilidad o beneficios para los países periféricos. La experiencia histórica sugiere que la jerarquía monetaria tiende a reproducirse, aunque sea bajo nuevas configuraciones.

En este sentido, la desdolarización debe entenderse no solo como una disputa entre monedas, sino como parte de un debate más amplio sobre la naturaleza de las relaciones económicas internacionales. Para los países del Sur Global, esto implica trasladar el foco de la mera sustitución de instrumentos hacia la construcción de alternativas estructurales, incluidas nuevas formas de inserción comercial, cooperación tecnológica, integración productiva y coordinación política.

Una transformación efectiva del sistema monetario internacional exigiría, por lo tanto, más que la creación de mecanismos financieros alternativos. Exigiría hacer frente a los pilares que sostienen la hegemonía del dólar, incluida la centralidad de la fijación de precios de las commodities, el dominio de los mercados financieros denominados en dólares y la capacidad de coacción geopolítica. En este horizonte, la desdolarización no es un fin en sí misma, sino parte de una lucha más amplia por la soberanía económica y por la construcción de un orden internacional más equitativo, capaz de interrumpir la transferencia sistemática de riqueza del Sur Global hacia los centros de poder.

La lucha por la desdolarización, por lo tanto, no es un mero ajuste contable. Es una lucha política fundamental por la soberanía económica y por el fin de la transferencia de riqueza del Sur Global hacia los centros imperiales.

Notas

Referencias bibliográficas

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra de agresión ilegal contra Irán el 28 de febrero de 2026, era inevitable que Irán retaliara con restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz. Aunque este país nunca había cerrado ni restringido el paso por el estrecho, el gobierno de Teherán había dejado claro que esta geografía formaría parte de su estrategia defensiva si era provocado. Para los países de Asia, el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Malaca son vías vitales, puntos de atasco estratégicos para el flujo de productos, en especial de energía. Alrededor del 90% del petróleo de Japón y el 75% del de Corea del Sur pasan por el estrecho. Cualquier desaceleración en la vía marítima afecta de manera dramática a las economías industriales de Asia Oriental, ávidas de energía. Desde una perspectiva económica, la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán es también una guerra contra los intereses de Japón y Corea del Sur, y de hecho contra los de todos los países asiáticos que dependen del petróleo del Golfo Pérsico. A pesar de este hecho, muchos países asiáticos han mantenido silencio diplomático o, como en el caso de Japón y Corea del Sur, han respaldado abiertamente a Estados Unidos.

Países como Japón y Corea del Sur se alinean con Estados Unidos en contra de sus propios intereses económicos porque fueron absorbidos por la arquitectura militar estadounidense tras el fin de la Guerra Mundial Antifascista (conocida comúnmente como la Segunda Guerra Mundial) (Tricontinental, 2025). La presencia continua de enormes bases militares de EE. UU. en estos países los arrastra inexorablemente hacia las guerras perpetuas de Estados Unidos. Estos países no pueden romper con EE. UU. en lo que respecta a la guerra contra Irán mientras estén subordinados militarmente a él.

El objetivo militar central estadounidense en Asia no es Irán sino China, uno de los principales socios comerciales de Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán y de la mayoría de los demás países asiáticos. Dada la centralidad de China en las cadenas industriales de la región, cualquier agresión contra ella alteraría todo el paradigma de desarrollo de Asia Oriental. Por otro lado, EE. UU. sigue siendo el principal patrocinador militar de Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, además de ser un importante mercado de exportación para varios de ellos. Estas economías se encuentran así en una encrucijada: no pueden romper fácilmente su dependencia militar y económica de Estados Unidos, ni tampoco su relación económica vital con China, la nueva fábrica del mundo.

En este dossier La encrucijada de Asia Oriental: contradicciones y posibilidades en la nueva Guerra Fría, analizamos cómo Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán están atrapados en una contradicción insoluble que persiste independientemente de los cambios de gobierno. Aunque nuestro foco está en Asia Oriental, también analizamos brevemente el papel de Estados como Australia e India en esta coyuntura. Las contradicciones que se exploran en este dossier son principalmente económicas y geopolíticas, pero plantean posibilidades para avanzar en la lucha de clases en estas sociedades, al poner en evidencia la necesidad de romper con las alianzas subordinadas al imperialismo.

Asia Oriental y el rol de China

En los últimos 30 años, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán han experimentado un cambio radical en sus patrones comerciales y en sus trayectorias de desarrollo (Glawe y Wagner, 2021; Banco Asiático de Desarrollo, 2025). Durante la Guerra Fría, Estados Unidos fue el principal pilar del orden económico de la región, seguido por Japón hacia finales del siglo XX (Johnson, 1982; Aoki, 1995). Hoy, el nuevo centro de gravedad es China, que desempeña un papel fundamental, aunque desigual, en estas economías. Aunque cada una tiene su propio modelo de desarrollo y su propia relación política con Beijing, las cuatro están profundamente integradas en una red de producción en la que China funciona como centro manufacturero, base de la cadena de suministro y mercado principal.

Estudios del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo han demostrado claramente la importancia económica de China en Asia Oriental (2026). China es el principal socio comercial de Japón y Corea del Sur, y representa aproximadamente el 20–25% de las exportaciones de cada uno de estos países. La relación de Taiwán es aún más estrecha: entre el 30 y el 40% de sus exportaciones van a China. Filipinas está menos integrada, pero China sigue siendo uno de sus principales socios comerciales, y absorbe aproximadamente el 15–20% de sus exportaciones. Estas cifras indican que una parte significativa de la actividad económica de Asia Oriental está directamente vinculada a la demanda de las industrias chinas (Lin, 2012).

Si se analiza en relación con la producción económica total, la importancia de China resulta aún más evidente. El comercio con China, es decir, el total de exportaciones representa una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Corea del Sur. Una cuarta parte del PIB de Taiwán depende del comercio con China continental. Japón, con una economía mucho más orientada al mercado interno, tiene, no obstante, el 5% de su PIB relacionado con las exportaciones a China (aproximadamente el mismo porcentaje de su PIB está ligado con EE. UU., lo que incluye el impacto económico de las 120 instalaciones militares estadounidenses en Japón). Filipinas, con menor intensidad exportadora, tiene alrededor del 6% de su PIB vinculado a las exportaciones a China². La vitalidad de la economía china está, por tanto, directamente relacionada con los niveles de producción, empleo e inversión en el conjunto de Asia Oriental.

En la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por su sigla en inglés) celebrada en 2011 en Bali, Indonesia, los Estados miembros debatieron la necesidad de crear un marco regional para la integración económica. Esas discusiones condujeron finalmente a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por su sigla en inglés), un acuerdo comercial firmado en 2020 y que entró en vigor en enero de 2022. El RCEP representa aproximadamente el 30% de la población mundial y el 30% del PIB global. Abarca economías que van desde Nueva Zelanda hasta Japón, reúne una amplia gama de industrias, desde la minería hasta la alta tecnología y un mercado de 2.200 millones de consumidorxs. Los signatarios acordaron reducir o eliminar los aranceles en un 92% en el transcurso de 20 años. Japón, Corea del Sur y Filipinas forman parte del RCEP, lo que refuerza los flujos comerciales y formaliza el espacio económico interconectado en el que China es la mayor economía (Cheng, 2023).

Más allá de las cifras agregadas del comercio, la estructura de la producción refuerza aún más esta integración. China no es solo un mercado final, sino también un nodo central en las cadenas industriales regionales y globales, en tanto consumidora y productora de bienes intermedios. Las empresas japonesas y surcoreanas exportan componentes de alto valor, como maquinaria y piezas de automóvil, petroquímicos y semiconductores, que suelen ensamblarse o procesarse en China antes de ser reexportados al mundo. La industria de semiconductores de Taiwán está profundamente imbricada con la manufactura china: los chips producidos en Taiwán suelen enviarse a China para su integración en productos electrónicos terminados (Tinn, 2025; Sinha, 2026). Estas estructuras de producción integradas han generado interdependencias sectoriales. La industria de semiconductores de Corea del Sur, liderada por empresas como Samsung Electronics y SK Hynix, depende de la demanda de la industria electrónica china. El sector automotriz y de maquinaria de Japón, liderados por empresas como Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Komatsu, Hitachi y Mitsubishi, dependen de lxs consumidorxs y de las redes de producción chinas.

Tomados en conjunto, estos vínculos comerciales y productivos demuestran que las cuatro economías están estructuralmente ligadas a China, aunque el grado de integración varía, es el más elevado en Taiwán y Corea del Sur, y más moderado en Japón y Filipinas. Esto crea tanto oportunidades de crecimiento como vulnerabilidades, a medida que la presión de EE. UU. sobre China repercute en toda la región.

La red de bases militares estadounidenses

Durante la última década, Estados Unidos ha consolidado una estrategia militar coherente destinada a cercar a China. Esta “estrategia de negación” se oficializó en sucesivos documentos de la Estrategia de Defensa Nacional de EE. UU. y se expuso claramente en el libro de Elbridge A. Colby de 2021, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict [La estrategia de negación: la defensa estadounidense en una era de conflicto entre grandes potencias]. Colby dirigió la elaboración de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 como subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de las Fuerzas Armadas durante el primer mandato de Trump. Actualmente es subsecretario de Guerra para Política del gobierno estadounidense y además de uno de sus principales estrategas frente a China (Colby, 2021).

La idea central de la estrategia de negación es que el Indo-Pacífico, que se extiende desde África Oriental hasta la costa oeste de Estados Unidos y abarca los océanos Índico y Pacífico, es la región de mayor importancia económica del mundo. Los intereses estratégicos de EE. UU. dependen de impedir que China desplace la primacía estadounidense en la región Indo-Pacífico. La estrategia se sustenta en la disuasión a través de la superioridad militar y la coordinación de alianzas, institucionalizada a través del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, por su sigla en inglés), que reúne a Australia, India, Japón y Estados Unidos (2017); la asociación trilateral de seguridad entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS, por su sigla en inglés) (2021); la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), un marco de financiamiento militar y despliegue de fuerzas para el Indo-Pacífico (2021) y el Acuerdo Trilateral Estados Unidos-Japón-Corea del Sur (2023) (Fernandes, 2022; Fowler, 2024; Wagner y Song, 2023).

En lugar de una confrontación directa, como ocurre con Irán, EE. UU. busca elevar el costo de defensa de China a un nivel inaceptable, mediante el fortalecimiento del sistema de alianzas liderado por Washington y el posicionamiento avanzado de bases militares. Actualmente existen alrededor de 270 instalaciones militares estadounidenses que se extienden desde Diego García, en el Archipiélago de Chagos, hasta Guam. Un elemento central de esta estrategia es la convicción de Washington de que una capacidad militar estadounidense creíble puede limitar las opciones estratégicas de China, al mismo tiempo que preservar el orden regional liderado por EE. UU. y seguir aprovechando el papel de China como motor económico de la región.

Taiwán ocupa un lugar clave en este marco estadounidense (Zhao y Yang, 2024). El 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoció formalmente a la República Popular China y aceptó la postura de Beijing de que existe “una sola China”, de la que Taiwán forma parte. Sin embargo, el 10 de abril de 1979, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán, que proporcionó la base legal para que Washington mantuviera una relación no oficial con Taiwán. Esto permitió a EE. UU. jugar un doble papel: reconocer formalmente el marco de una sola China mientras provocaba a Beijing mediante ventas de armas a Taiwán y mantenía vínculos económicos y culturales directos con Taipei. Desde 1950, Estados Unidos ha vendido a Taiwán cerca de 50.000 millones de dólares en equipos y servicios de defensa (Council on Foreign Relations, 2023). Para EE. UU., el estatus de Taiwán no es solo político sino estratégico, porque la reunificación de Taiwán con el continente otorgaría a China un acceso significativamente mayor al océano Pacífico. Para Washington, Taiwán es un instrumento para presionar a Beijing y limitar a China.

La estrategia de contención estadounidense está organizada geográficamente a través de un sistema de cerco que comienza con la primera cadena de islas (un arco de islas que abarca desde Japón hasta Filipinas y actúa como barrera al acceso de China al océano Pacífico). Esto se extiende a la “profundidad del cerco” más amplia de Diego García, Sri Lanka y las bases de EE. UU. en la región del Golfo Pérsico.³ Estados Unidos ha desarrollado una red de bases y acuerdos de acceso a lo largo de esta cadena para controlar nodos clave y rutas marítimas, y para limitar la movilidad militar china. Esta estrategia de cerco incluye no solo grandes instalaciones militares permanentes, como las de Japón y Corea del Sur, sino también, cada vez más, una red dispersa de sitios más pequeños y flexibles en los océanos Pacífico e Índico, diseñados para mejorar la resiliencia militar. Las bases están integradas con sistemas de vigilancia, inteligencia y misiles que permiten el monitoreo y la respuesta rápida. En conjunto, esta red militar constituye un sistema estructurado de contención. Si bien los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos lo presentan como una medida de disuasión defensiva, el despliegue efectivo de sus fuerzas a lo largo de la frontera con China crea tensiones en lugar de resolverlas.

Este marco estratégico de contención y cerco se ha operacionalizado a través de una expansión sostenida de las capacidades e infraestructuras militares estadounidenses en Asia Oriental, en especial durante las últimas dos décadas y con creciente intensidad desde 2020. Estados Unidos también ha financiado ejercicios militares a gran escala, como el Ejercicio Balikatan (con Filipinas), el Ejercicio Malabar (con Australia, India y Japón) y el Ejercicio Talisman Sabre (con Australia). Estos esfuerzos buscan mejorar la interoperabilidad militar y convertir a los aliados de EE. UU. de socios regionales en participantes de primera línea en la contención de China.

Uno de los marcos más recientes impulsados por Estados Unidos es la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), establecida mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos de 2021 (Prashad et al., 2022). La PDI garantiza financiamiento específico para el despliegue de fuerzas, la infraestructura de bases, la defensa antimisiles y los ejercicios conjuntos con aliados de EE. UU. como Japón, Corea del Sur y Filipinas. En Japón, ha asegurado mejoras en la defensa antimisiles y en las fuerzas de despliegue rápido. En Corea del Sur, ha permitido ejercicios conjuntos, mientras que en Filipinas ha modernizado las bases y los sistemas de vigilancia de Estados Unidos. La PDI también respalda la integración y el despliegue de sistemas de misiles de precisión de largo alcance en todo el Indo-Pacífico. Esto incluye la ampliación de las capacidades de defensa aérea y antimisiles construidas en bases militares estadounidenses en lugares como Guam y las Islas Marianas, así como en la Base Aérea Basa, en Filipinas (para la cual el gobierno de EE. UU. destinó alrededor de 66 millones de dólares en 2023) (Heydarian, 2023). La PDI garantiza sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que mejoran el seguimiento de la actividad militar regional y posibilitan lo que se conoce como “ataque de precisión”: la identificación rápida y el ataque preciso de blancos militares.

Estos desarrollos han transformado a países como Japón, Corea del Sur y Filipinas en plataformas operativas de avanzada para la agresión estadounidense.

Sembrar el conflicto: contradicciones de clase y los límites de la democracia

La estrategia de negación de Estados Unidos no depende solo de la integración militar, sino también de la alineación de las clases dominantes a lo largo de la primera cadena de islas en una postura coordinada contra China, en particular en Japón, Taiwán y Filipinas y en general en la vecina Corea del Sur. Esta alineación refleja los intereses de las élites industriales, militares y políticas nacionales vinculadas al poder estadounidense. En Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, la profundización de esa integración militar agudiza las contradicciones de clase existentes y expone la estrechez de los sistemas electorales. Aunque esto genera resistencia desde abajo, estos sistemas políticos están diseñados para impedir el crecimiento de cualquier fuerza adversa a la intervención extranjera. Además, cada una de estas sociedades carga con las cicatrices de la Guerra Mundial Antifascista y de la presencia militar estadounidense en la posguerra, incluidas las bases militares que hoy parecen permanentes, una experiencia que ha continuado definiendo el horizonte político de estos “Estados clientes”⁴.

Japón

El sistema político japonés de la posguerra ha estado dominado por el Partido Liberal Democrático (PLD), una organización política de derecha a extrema derecha con estrechos vínculos con el Estado y el capital estadounidenses. Aunque formalmente democrático, el sistema político japonés está dominado en la práctica por un solo partido, el PLD, que desde su fundación en 1955 ha estado en el poder todos los años menos cuatro. Aunque el artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947, en ocasiones denominado la “cláusula pacifista”, prohíbe un rearme que vaya más allá de la defensa mínima, la derecha ha pedido su derogación desde el mandato de primer ministro de Nobusuke Kishi (1957–1960). En 2014, durante el mandato del nieto de Kishi, Shinzō Abe (2012–2020), el artículo 9 fue reinterpretado para permitir la “autodefensa colectiva”, lo que facilitó la expansión del gasto militar japonés, que ha aumentado especialmente desde 2022 bajo lxs primeros ministros Fumio Kishida, Shigeru Ishiba y Sanae Takaichi. Entre 2023 y 2024, el gasto militar japonés aumentó un 21%, y representa el 1,4% del PIB del país (Stockholm International Peace Research, 2025). En abril de 2026, bajo el mandato de Takaichi, Japón levantó la prohibición de exportar armas letales, establecida partiendo de la lógica de que un país pacifista no debería lucrar de las guerras.

La contradicción entre el gasto militar y las demandas democráticas para que la riqueza de Japón se invierta en necesidades sociales, ejemplificada en las protestas contra las bases en regiones más empobrecidas como Okinawa, pone de manifiesto las limitaciones de la democracia formal japonesa. La sociedad japonesa sigue subordinada a las prioridades militares definidas por una élite japonesa permanente alineada con Estados Unidos.

La construcción de una nueva base del Cuerpo de Marines en la zona de la bahía Henoko-Oura, en Okinawa, destinada a reemplazar la Base Aérea Futenma, largamente criticada por su ubicación en medio de la densamente poblada ciudad de Ginowan, enfrenta una oposición continua desde 1996. En 2018, Denny Tamaki fue elegido gobernador de Okinawa con una plataforma contraria a las bases. En un referéndum provincial celebrado en 2019, el 70% de lxs encuestadxs rechazó la construcción de la base. A pesar de esos mandatos democráticos y de décadas de impugnaciones legales, el gobierno central de Japón avanza con las obras de relleno que destruyen los ecosistemas de coral de la bahía de Oura en beneficio del ejército de EE. UU. (Mitchell, 2026). Organizaciones como el All Okinawa Council Against Construction of New Base in Henoko [Consejo de Todo Okinawa contra la Construcción de la Nueva Base en Henoko], el Okinawa Peace Movement Center [Centro del Movimiento por la Paz de Okinawa], el Okinawa Environmental Justice Project [Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa] y lxs manifestantes del plantón de Henoko, que mantienen una resistencia diaria desde hace más de dos décadas, encarnan una política que vincula la lucha local con las grandes cuestiones del imperialismo y la autodeterminación (McCormack y Norimatsu, 2018).

Corea del Sur

La historia política de Corea del Sur está marcada por una intensa lucha de clases. Creada en el contexto de la Guerra de Corea, iniciada en 1950 y formalmente sin resolver desde que el armisticio de 1953 no produjo un tratado de paz, Corea del Sur ha sido tratada por Estados Unidos como una base militar y un bastión económico contra el comunismo. Aunque ha estado bajo gobiernos pro-estadounidenses, incluida una dictadura militar de 1967 a 1988, su sistema político ha parecido más fluido que el japonés: ningún partido ha gobernado de manera continua. No obstante, los gobiernos electos, tanto conservadores como liberales, siguen dependiendo estructuralmente de EE. UU. Este es el caso, por ejemplo, bajo el mandato tanto de Yoon Suk-yeol, un conservador fuertemente alineado con Estados Unidos y con los chaebols (conglomerados surcoreanos), como de Moon Jae-in, un liberal que buscó una autonomía limitada pero permaneció ligado al capital orientado a la exportación y a los chaebols. De hecho, en 2018, durante la presidencia liberal de Moon Jae-in, el gasto militar de Corea del Sur se elevó al 2,5% del PIB, estableciendo un nivel que los presupuestos anuales posteriores mantienen (y que ascendió al 2,6% en 2022) (Banco Mundial).

Desde mediados de la década de 2010, Corea del Sur ha presenciado una oleada de luchas democráticas: desde la Revolución de las Velas o Chot-bul Hyuk-myung (2016–2017), que destituyó a la presidenta Park Geun-hye, hasta la Revolución de las Luces o Bit-eh Hyuk-myung (2024–2025), que buscó defender la democracia surcoreana contra la ley marcial impuesta por el presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024. A pesar de la reiterada movilización de la clase trabajadora y la sociedad civil contra la desigualdad y en favor de una mayor independencia en política exterior, la subordinación de Corea del Sur a EE. UU. ha impedido dicha transformación. Además, esta dependencia económica y militar la obliga a adoptar medidas profundamente impopulares, como el envío de tropas coreanas a Irak o la instalación del sistema antimisiles balísticos de defensa de área a gran altitud (THAAD, por su sigla en inglés). Desde sus inicios, Corea del Sur ha subordinado su política exterior a la de EE. UU. Una consecuencia de esto es que la fallida Cumbre de Hanói de 2019 entre Corea del Norte y Estados Unidos derivó en un congelamiento de las relaciones intercoreanas (Song, 2024a). Mientras tanto, el fortalecimiento de los vínculos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) con Rusia ha ampliado el margen de maniobra de Pyongyang.

En junio de 2025, Lee Jae-myung ganó la presidencia tras haber contribuido a impedir que el presidente Yoon impusiera la ley marcial unos meses antes. Abogado de derechos humanos y laborales, el presidente Lee, sin embargo, ha continuado involucrando el complejo militar-industrial de Corea del Sur con EE. UU. Aun intentando recuperar el control operacional en tiempo de guerra del ejército coreano, sus concesiones económicas al presidente de Estados Unidos Donald Trump integran a Corea del Sur más profundamente en la maquinaria de guerra de EE. UU.

Lee no solo ha aceptado el llamado de Estados Unidos a que sus aliados destinen el 3,5% del PIB a defensa, Corea del Sur también invertirá 350.000 millones de dólares en los próximos diez años para aumentar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, cuyo doble uso permite la expansión de la inteligencia artificial militar y ampliar la construcción naval para la marina estadounidense, contribuyendo a aliviar los crónicos atascamientos en la base industrial marítima de EE. UU. Un impulso que queda sintetizado en el servil eslogan coreano MASGA: Make American Shipbuilding Great Again [Hagamos grande de nuevo la construcción naval estadounidense]. Más concretamente, la adquisición del Astillero de Filadelfia por parte del Grupo Hanwha en 2024 lo posiciona como una solución potencial al retraso acumulado en la construcción de submarinos de propulsión nuclear de la Armada estadounidense y una contribución a su producción de buques de guerra. Además, Corea del Sur alberga una presencia de la Fuerza Espacial de EE. UU. que coopera con Washington en la creación de una red de satélites interoperables para el Golden Dome de Trump (Song, 2024b). Todas estas acciones han permitido a Corea del Sur unirse a Israel en el club de EE. UU. de los “aliados modelo” (Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2026).

Filipinas

Filipinas ha luchado por afirmar su soberanía desde que fue anexada por Estados Unidos en 1898. El poder político en el país ha estado dominado por unas pocas familias de élite. El actual presidente, Bongbong Marcos, es hijo de Ferdinand Marcos, quien fue presidente de 1965 a 1986. El país dependió enteramente de EE. UU. para sus planes de seguridad hasta 1991, y en 1995 puso en marcha el Programa de Modernización de las Fuerzas Armadas de Filipinas, que permitió la expansión de la marina y la fuerza aérea filipinas, en gran medida mediante la compra de material militar de estadounidense. El ejército filipino quedó integrado con el de EE. UU. a través de la contratación y los ejercicios conjuntos.

La estructura del poder de EE. UU. sobre Filipinas queda muy bien ilustrada por el Acuerdo de Cooperación para la Defensa Ampliada (EDCA, por su sigla en inglés), firmado por primera vez en 2014 y luego ampliado en 2022. El EDCA otorga acceso rotativo a bases militares filipinas, lo que permite el preposicionamiento de equipos, el entrenamiento conjunto y la construcción de infraestructura militar de EE. UU. en las bases, con una supervisión mínima por parte del gobierno filipino.

En 2023, al comienzo del gobierno de Marcos Jr., los sitios designados bajo el EDCA casi se duplicaron, de cinco a nueve. La Base Naval Camilo Osias y el Aeropuerto de Lal-lo están ubicados en el extremo norte de Filipinas, lo que permite una “respuesta rápida” a los conflictos en el Estrecho de Taiwán (De Guzman, 2023). Estas dos bases cuentan con el respaldo del Camp Melchor F. Dela Cruz, en el montañoso valle de Cagayán, que actúa como retaguardia logística. La presencia de EE. UU. en estas bases ayuda a Washington a proyectar fuerza a través del Estrecho de Luzón, que Filipinas comparte con Taiwán. El cuarto sitio de reciente designación no ha sido revelado públicamente, pero su ubicación deja en claro su papel en la proyección de EE. UU. en el Mar del Sur de China.

A través del EDCA, las fuerzas de EE. UU. llevan a cabo el Ejercicio Balikatan, que ha alcanzado una escala sin precedentes bajo el gobierno de Marcos Jr., con incluso Japón sumándose en 2025. Las organizaciones de la sociedad civil y lxs activistas por la paz continúan debatiendo las implicaciones de la estrecha alineación del gobierno de Marcos Jr. con EE. UU. Esta alineación se ha desarrollado en paralelo a una represión intensificada de activistas y militantes rurales, incluido el asesinato de 19 personas por parte de tropas filipinas en Toboso, Negros Occidental, en abril de 2026. Un incidente que los grupos de derechos humanos han exigido que sea investigado de manera independiente.

Taiwán

Tras su derrota en la Revolución China, el partido nacionalista Kuomintang (KMT) huyó a la isla de Taiwán bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek y estableció allí su gobierno. El KMT gobernó Taiwán bajo ley marcial durante 38 años, hasta 1987, y continuó gobernando en un sistema electoral de partido dominante hasta el año 2000. Desde entonces, el Partido Democrático Progresista (PDP) ha estado en el poder durante la mayor parte del tiempo, llevando la política taiwanesa hacia un mayor separatismo respecto de China continental e integrando la isla más profundamente en los planes estratégicos de EE. UU. El PDP refleja una coalición de tecnocapitalistas, élites separatistas e instituciones militares, mientras que el KMT obtiene su apoyo de los sectores empresariales con intereses en el comercio transestrecho con China. Ambos, sin embargo, operan dentro de un marco moldeado por las prioridades estratégicas de Estados Unidos Desde 2022, el gasto militar de Taiwán y el apoyo militar de EE. UU. han mostrado un patrón de fortalecimiento sostenido y coordinado, más que un rearme repentino. El presupuesto militar de Taiwán se ha disparado y alcanza aproximadamente 30.000 millones de dólares en 2026. El gasto militar ha aumentado del 2% del PIB en la década de 2010 al 3,3% en 2026, con planes de llegar al 5% para 2030. Esta enorme desviación de recursos recae sobre una sociedad que ya enfrenta salarios estancados y un costo de vida en alza.

El presupuesto militar financia compras de armas y enriquece a los contratistas de defensa de EE. UU. Las ventas militares a Taiwán se han vuelto más regulares, con frecuentes paquetes de armamento centrados en misiles, defensa aérea y drones. Entre 2019 y 2024, Estados Unidos aprobó más de 32.000 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán, incluidos cazas F-16V (8.000 millones), tanques M1A2 Abrams (2.000 millones), sistemas de cohetes HIMARS (436 millones) y misiles costeros Harpoon, con enormes nuevos paquetes por más de 11.000 millones anunciados en 2025 (Basta de Guerra Fría, 2023b; 2023a). Pero la venta de armas ya no es el límite de la participación militar de EE. UU. Desde 2024, Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes, están estacionadas en las islas de Kinmen y Penghu, la primera presencia militar estadounidense duradera en territorio taiwanés en más de 40 años. La escalada militar está impulsada de manera inequívoca por EE. UU., que crea las condiciones para una crisis autocumplida a través de la militarización, al tiempo que califican las respuestas chinas de “provocaciones”.

La fragilidad política de este camino hacia la militarización merece énfasis. Lai Ching-te, del PDP, asumió el cargo el 20 de mayo de 2024 tras obtener solo el 40,1% de los votos, con el KMT obteniendo el 33,5% y el Partido del Pueblo de Taiwán (PPT) el 26,5%. Es fundamental señalar que la oposición del KMT y el PPT controla el Yuan Legislativo, el máximo órgano legislativo de Taiwán, por primera vez desde 2016. De los 113 escaños, 52 corresponden al KMT, 8 al PPT y 51 al PDP. Esta apertura política quedó subrayada en abril de 2026, cuando la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, visitó Beijing y se reunió con Xi Jinping, la primera visita de este tipo por parte de una presidenta del KMT en una década, lo que indica que parte de la oposición intenta reabrir el diálogo entre ambos lados del estrecho en lugar de seguir el camino de escalada militar del PDP. El poder legislativo no votó a favor de la escalada militar que el PDP promueve.

Las encuestas de opinión pública del Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional Chengchi revelan que solo el 3,8% de la población, el porcentaje más bajo desde 2002, apoya la “independencia inmediata”, mientras que el 1,2% apoya la unificación inmediata. Mientras tanto, entre el 83 y el 88% prefiere el statu quo, con un récord del 33,2% que desea el “statu quo indefinidamente” (National Chengchi University Election Study Center, 2025). La postura confrontacional del PDP con el continente, intensificada con la Ley Antiinfiltración de 2019, orientada a frenar la supuesta influencia política de China en Taiwán, carece ahora tanto de mandato legislativo como de respaldo popular.

Organizaciones unionistas de izquierda como el Partido Laborista de Taiwán han argumentado que la base social del separatismo del PDP tiene sus raíces en lxs colaboracionistas japoneses de la era colonial, y que la cuestión de Taiwán es un legado de la intervención estadounidense en la Guerra Civil China. Estados Unidos no necesita expandir formalmente su presencia en Taiwán como lo hace en Japón o Filipinas, ya que el PDP apoya sin reservas la estrategia de contención de EE. UU. Estas tendencias apuntan a una mayor integración militar entre Estados Unidos y Taiwán, que en la práctica se acerca a una cuasi-alianza, ya que un tratado formal provocaría una respuesta de Beijing. EE. UU. ha llegado incluso a sugerir volar las fábricas de semiconductores taiwanesas para proteger sus intereses en la isla.⁵

Más allá de la primera cadena de islas

La estrategia de EE. UU. para contener a China se extiende más allá de la primera cadena de islas a través de agrupaciones como AUKUS y el Quad. Estos acuerdos crean capas superpuestas de cooperación militar que limitan la movilidad de China en las aguas cercanas y en todo el Indo-Pacífico. También revelan tensiones entre la interdependencia económica con China y las alianzas militares orientadas a la confrontación. Las contradicciones resultantes plantean interrogantes sobre la durabilidad de estas formaciones. Dos grandes actores destacan como protagonistas clave en esta arquitectura más amplia: Australia e India.

Australia

Australia es miembro de los Five Eyes [Cinco Ojos], una red de intercambio de inteligencia liderada por EE. UU. y uno de los seis “Enhanced Opportunities Partners” [Socios con Oportunidades Ampliadas] de la OTAN. Como tal, Australia siempre ha desempeñado un papel clave en la estrategia de EE. UU. en Asia. El avance más significativo de los últimos tiempos en la alianza Estados Unidos-Australia es el acuerdo AUKUS de 2021, cuyo primer pilar prevé dotar a Australia de submarinos de ataque de propulsión nuclear.

El programa comenzó con visitas cada vez más frecuentes de submarinos de EE. UU. a puertos australianos, seguidas de despliegues rotativos en bases australianas. Se espera que culmine con la adquisición por parte de la Armada Real de Australia de al menos ocho submarinos de propulsión nuclear a partir de la década de 2030, con una parte construida internamente mediante cooperación conjunta en la década de 2040. Con un costo total estimado en más de 264.000 millones de dólares, estos submarinos de propulsión nuclear son estratégicos porque permiten operaciones de largo alcance en los océanos Índico y Pacífico. Aunque no se declara de manera explícita, la interoperabilidad y la profunda dependencia operativa convertirían a Australia en parte de esa postura frente a China, incluso en los esfuerzos por controlar las rutas marítimas y apoyar las operaciones en el Estrecho de Taiwán o en el Mar del Sur de China.

Aunque Australia ya pagó a Washington más de 1.000 millones de dólares en el marco de AUKUS, el gobierno de Trump, que enfrenta su propio cuello de botella en materia de submarinos, revisa si entregarle a Australia los submarinos prometidos.⁶ Un informe del Congreso incluso consideró la posibilidad de mantener los submarinos bajo control de EE. UU. y operarlos desde bases australianas, dada la reticencia de Australia a comprometerse a intervenir militarmente en una posible guerra entre EE. UU. y China, ya que este es el mayor socio comercial de Australia (Doherty, 2026). Esto ilustra las contradicciones y tensiones entre los intereses nacionales y los compromisos de alianza.

India

La posición de India en la arquitectura de contención difiere de la de Japón o Taiwán. India no tiene una alianza formal con EE. UU., mantiene su membresía en los BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), y hereda una poderosa tradición de no alineamiento. Sin embargo, la trayectoria de la política exterior india en la última década revela una tendencia de cumplimiento con las preferencias estratégicas de Estados Unidos, muchas veces enmascarada por la retórica de la autonomía estratégica. India ha firmado acuerdos marco de defensa con EE. UU. que integran sus fuerzas en las arquitecturas de mando, control e inteligencia estadounidense.

El giro de India hacia Washington resulta más instructivo cuando se analiza en el contexto de su debilitada relación con Irán, un amigo y aliado tradicional. Cuando el gobierno de Trump volvió a imponer sanciones a Irán en 2018 y exigió el cese de las compras de petróleo iraní, India cumplió reduciendo sus importaciones de 500.000 barriles diarios a casi cero para mayo de 2019. El cumplimiento de India implicó renunciar al petróleo iraní más barato y poner en riesgo sus inversiones en el Puerto de Chabahar, un proyecto de importancia estratégica para India porque garantiza el acceso a Asia Central sin necesidad de pasar por Pakistán (Prashad, 2013; Karat, 2007; Bhadrakumar et al., 2007). El 12 de marzo de 2025 entraron en vigor aranceles globales del 25% sobre el acero y el aluminio, lo que elevó los aranceles sobre el acero y el aluminio indios al 26%. El 6 de agosto, Trump impuso un arancel adicional del 25% sobre los productos indios por las compras de petróleo ruso con descuento que realizaba India, con lo que la tasa acumulada llegó al 50%. India finalmente acordó suspender las compras de petróleo ruso, pero no llegó a firmar un acuerdo comercial decisivo con EE. UU. tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles de Trump.

A pesar de estos acuerdos con EE. UU., India sigue siendo miembro del proceso de los BRICS y mantiene importantes relaciones económicas tanto con China como con Rusia. El comercio bilateral India-China creció un 12% interanual en 2025 y alcanzó los 155.600 millones de dólares. La participación de India en la OCS se ha profundizado, en especial tras la presencia del primer ministro indio Narendra Modi en la Cumbre de la OCS de 2025 en Tianjin. En 2018, India firmó un acuerdo de 5.400 millones de dólares para adquirir el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, pese a las amenazas de sanciones de EE. UU. El comercio entre India y Rusia se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, impulsado en particular por las compras de petróleo crudo ruso con descuento, que pasaron de niveles insignificantes antes de 2022 a un pico de 2 millones de barriles diarios en 2025, con lo que Rusia se convirtió en el mayor proveedor de petróleo de India. Este continuo comercio contrasta con su participación en el Quad y en los acuerdos de asociación con EE. UU., lo que pone de manifiesto una contradicción en el núcleo del posicionamiento de India. India ilustra un patrón de coerción gradual por parte de EE. UU.: incluso como socio estratégico, India no está protegida de la coerción imperial (Bodapati, 2025; Tricontinental, 2026).

Fragilidad de las alianzas y contradicciones económicas

La estrategia de negación supone que EE. UU. puede lograr que sus aliados se comprometan a contener a China, una suposición que se desmorona al examinarse con detenimiento. La prosperidad material de los aliados de EE. UU. depende cada vez más de la integración económica con China, aun cuando las alineaciones militares los comprometen con un posible conflicto. Cada región examinada en este dossier enfrenta la misma contradicción fundamental: entre la integración económica con China y la alineación militar contra China. En 2025, el comercio de estos países con China, 331.000 millones de dólares en el caso de Corea del Sur, 322.000 millones de Japón, 73.000 millones de Filipinas y 207.000 millones de Australia— superó con creces su comercio con EE. UU.,: 241.200 millones de dólares para Corea del Sur, 228.000 millones para Japón, 27.000 millones de Filipinas y 89.600 millones para Australia. Incluso el comercio de India con China (156.000 millones de dólares) es mayor que su comercio con EE. UU. (149.000 millones de dólares). Estos flujos representan riqueza, empleo e ingresos fiscales que una guerra o una confrontación sostenida con China devastaría. Cuando el conflicto efectivo se acerca, estos intereses económicos pueden resultar más determinantes que los compromisos militares abstractos.

Durante la guerra estadounidense contra Irak, importantes aliados de EE. UU. se negaron a participar a pesar de las enormes presiones de Washington y de la invocación de los compromisos de alianza. En Asia, Japón y Corea del Sur se negaron a aportar fuerzas de combate, aunque sí prestaron asistencia logística y fondos para la reconstrucción. Más recientemente, ningún aliado de EE. UU., incluidos Japón y Corea del Sur, ha respondido a las exigencias de Trump de enviar barcos para abrir el Estrecho de Ormuz. Si los aliados resultaron poco fiables para una guerra contra un adversario más débil, ¿qué tan probable es su participación en una guerra contra China, una potencia industrial y nuclear? ¿Enviaría Australia fuerzas de combate para luchar contra China, arriesgando represalias contra sus ciudades y la pérdida de su principal socio comercial? ¿Participaría Corea del Sur, cuando una guerra regional podría desencadenar la intervención de Corea del Norte? ¿Aceptaría el pueblo japonés, traumatizado por el bombardeo nuclear de EE. UU., sufrir bajas en combate? ¿Enviaría India sus fuerzas cuando el estatus de Taiwán carece de relevancia directa para la seguridad india y la participación pondría en riesgo sus relaciones con China y Rusia? ¿Lucharía Filipinas si ello significase arriesgarse a represalias chinas?

Las alianzas funcionan sin problemas cuando los costos permanecen hipotéticos y abstractos: ejercicios conjuntos, intercambio de inteligencia, compras de armas y coordinación diplomática. Enfrentan pruebas severas cuando una guerra real exige sacrificar vidas, aceptar la devastación económica y arriesgar la existencia nacional en beneficio de los intereses de otra potencia, en especial cuando esa potencia es la agresora. La dependencia de la estrategia de negación en la participación aliada puede ser su falla fatal si estalla un conflicto, sobre todo cuando las alianzas se basan en la subordinación y la coerción en lugar de intereses compartidos genuinos.

Resistir la maquinaria de guerra y construir el multilateralismo

La Nueva Guerra Fría emergente, centrada en Asia Oriental, es la respuesta estratégica de EE. UU. al desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial. A medida que las capacidades económicas y tecnológicas de China se expanden, la política de EE. UU. recurre cada vez más a la fuerza militar y a las estructuras de alianza para mantener la influencia estratégica en el Indo-Pacífico (Tricontinental, 2024). Esta estrategia de negación busca contener a China a través de la militarización, la coordinación de alianzas y la modernización de la defensa. Washington construye una arquitectura militar provocadora en la región a través de una red de iniciativas y asociaciones.

En todo el conjunto de Asia Oriental y el Indo-Pacífico, las implicaciones de la creciente militarización son profundas. Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia e India albergan infraestructuras militares significativas o participan en una cooperación militar que podría situarlos en el centro de una confrontación de gran envergadura. Para muchas sociedades de la región, la perspectiva de una mayor militarización genera preocupaciones sobre los costos de oportunidad, ya que los recursos destinados al gasto en defensa compiten con las inversiones en bienestar social, infraestructura, resiliencia climática y desarrollo económico.

Analistxs de política exterior y responsables políticxs progresistas de la región han propuesto varias reformas orientadas a la paz y la distensión. Entre ellas, se incluyen medidas de fomento de la confianza en zonas conflictivas como el Estrecho de Taiwán, nuevas iniciativas de control de armamentos y mecanismos multilaterales para gestionar las disputas marítimas en el Mar del Sur de China. Las organizaciones regionales, en particular la ASEAN, suelen citarse como posibles plataformas para el diálogo y la gestión de conflictos.

Si bien estas propuestas son bienvenidas, cualquier transformación debe provenir inevitablemente de los propios pueblos organizados de la región. Diversos movimientos sociales en toda la región siguen abogando por la diplomacia, la cooperación regional y la desmilitarización. En Okinawa, organizaciones como el Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa y No More Battle of Okinawa protestan contra la expansión de las bases de EE. UU. En Filipinas, organizaciones como Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) [Nueva Alianza Patriótica] se oponen a los acuerdos ampliados de acceso militar y reivindican una mayor soberanía nacional. En Corea del Sur, partidos políticos y movimientos sociales, como Acción Internacional de los Pueblos contra Trump [People’s International Action Denouncing Trump], apoyan una renovada participación diplomática para reducir las tensiones en la Península Coreana. Debates similares tienen lugar en Taiwán, Australia, India y otras regiones que navegan el militarismo de EE. UU.

La Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), una red de alrededor de 200 movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos fundada en 2015, ha trabajado estrechamente con organizaciones de base en la región, construyendo solidaridad y consenso sobre cuestiones clave. En esta coyuntura crucial, cuando la militarización amenaza la paz y el desarrollo en Asia y en el mundo entero, la AIP ha lanzado la campaña “¡Bases Fuera de Asia!”. Esa campaña se articula en torno a cuatro demandas para desescalar esta Nueva Guerra Fría en Asia:

1. Retirar todas las bases militares extranjeras y democratizar la seguridad. Los cientos de bases militares extranjeras que salpican la región asiática deben ser retiradas para que la política regional pueda democratizarse y la paz sea algo más que la preparación para la próxima guerra. Los Estados deben evitar la formación de bloques militares rígidos, limitar los despliegues avanzados y comprometerse a prevenir una carrera armamentista. La política militar debe rendir cuentas ante la ciudadanía: debe existir supervisión del Parlamento, de los gobiernos locales y de la sociedad civil sobre los acuerdos militares, los presupuestos de defensa y los despliegues de tropas extranjeras.
2. Ampliar el contacto entre los pueblos. Apoyar la cooperación entre sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones por la paz y movimientos sociales en toda Asia para oponerse a las carreras armamentistas, las bases extranjeras y la escalada de la confrontación. Fomentar los intercambios entre los pueblos, los lazos culturales y la diplomacia de base a través de las fronteras, en especial entre sociedades en conflicto o en situaciones de gran tensión, para construir una cultura regional compartida de paz.
3. Institucionalizar un diálogo sostenido. Establecer canales regulares de comunicación de alto nivel, tanto políticos como entre las fuerzas armadas para gestionar las crisis, reducir los errores de cálculo y generar confianza. Promover mecanismos prácticos de fomento de la confianza, como líneas directas y acuerdos de prevención de incidentes.
4. Priorizar la seguridad cooperativa y los desafíos compartidos. Desplazar el foco de la competencia de suma cero hacia la colaboración en cuestiones clave como el cambio climático, la salud pública, la estabilidad económica y el desarrollo, reforzando la interdependencia como base para la paz. Promover reducciones en el gasto militar y la reasignación de recursos hacia la atención de salud, la acción climática, la educación y la reducción de la desigualdad, vinculando la paz con la justicia social.

A estas luchas subyace en un cambio estructural más amplio en la economía global. El crecimiento de China como principal potencia industrial ha reconfigurado las redes de producción mundiales y alterado la distribución de la influencia económica. Estos cambios han dado un nuevo impulso a los movimientos que luchan por la soberanía en todo el Sur Global. Si esta transición conduce a un multilateralismo estable y pacífico o a una competencia más intensa sigue siendo incierto. Mucho depende de si la lucha de clases puede avanzar de modo tal que empuje la agenda hacia la paz y el desarrollo, en lugar de la guerra y la austeridad.

Notas

Referencias bibliográficas

José Venturelli (Chile). Serigrafía, 1970. 260 x 430 mm. Ed. 15/90.

Cada mes, durante los últimos 100 meses, nuestro equipo del Instituto Tricontinental de Investigación Social ha investigado, redactado y diseñado un dossier. Estos dossiers, que abarcan desde historias del imperialismo y la liberación nacional hasta análisis de política económica, soberanía, guerra y el cambiante orden mundial, han circulado por todo el mundo en numerosos idiomas, del inglés, el hindi y el portugués al árabe, el tailandés y el español¹. Este es nuestro dossier número 100, razón por la cual decidimos hacer una pausa y elaborar un análisis histórico-materialista de un concepto central para nuestro instituto: el futuro.

Cuando nuestro instituto fue concebido en 2015, teníamos ante nosotros tres grandes líneas de investigación:

1. Comprender mejor el capitalismo contemporáneo y la naturaleza de la lucha de clases que lo configura.
2. Comprender mejor el auge de lo que denominamos la extrema derecha actual (2024d).
3. Comprender mejor el futuro, o lo que está por venir.

Esta tercera línea de investigación surgió de una comprensión materialista del proceso histórico, que concibe el presente no como una realidad eterna sino como algo abierto a la transformación. En otras palabras, el presente puede moldearse en un futuro de carácter distinto. El sistema capitalista que vivimos no es permanente: puede transformarse en un sistema socialista a través de la lucha de clases y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Aquí, por primera vez, presentamos una evaluación filosófica y política del futuro. Siguiendo la tradición del marxismo de liberación nacional, sostenemos que este futuro debe llamarse no solo socialismo, el objetivo, sino también esperanza, la sensibilidad hacia tal futuro (Tricontinental, 2021a).

Confiamos en que leerán este dossier como han leído los 99 anteriores y que lo compartirán, debatirán y discutirán colectivamente en círculos de lectura y otros espacios de estudio político. Estamos siempre abiertxs a sus comentarios.

Todas las lenguas del mundo tienen una palabra para “futuro”, el tiempo que llega después del presente. Por ejemplo, en los idiomas más hablados del mundo, estas son algunas de las palabras para futuro:

Inglés: future, el tiempo que aún no ha ocurrido.

Chino mandarín: 未来 [wèilái], lo que aún no ha llegado.

Hindi: भविष्य [bhavishya], lo que está por ser o llegar a ser.

Español: futuro, el tiempo que aún está por llegar.

Francés: avenir, lo que está por venir.

Árabe: مستقبل [mustaqbal], lo que ha de enfrentarse.

Bengalí: ভবিষ্যৎ [bhobishyot], lo que aún está por ser o convertirse.

Portugués: futuro, el tiempo que aún está por llegar.

Ruso: будущее [budushchee], lo que será.

Urdu: مستقبل [mustaqbil], lo que hay que afrontar o enfrentar.

Estas palabras no implican todas lo mismo. Tienen diferentes orientaciones culturales hacia el cambio. Algunas remiten al calendario vacío, a la idea de que hay un mañana tal como hay un hoy, mientras otras aluden a los encuentros que tendrán lugar y que deberán afrontarse. Es importante reconocer que, incluso al leer un texto como este, escrito en un idioma y traducido a varios, la palabra “futuro” alberga una variedad de significados que no pueden trasladarse plenamente de una lengua a otra. Aunque estas palabras tienen distintas orientaciones hacia lo que viene después, hay preguntas que podemos formular en todas las lenguas que se hablan en la civilización capitalista: ¿existe el futuro, o estamos viviendo en lo que el realismo capitalista nos asegura que es un presente permanente? (Fisher, 2009) ¿Hay realmente un mañana que pueda ser distinto del hoy?

Tales preguntas son esenciales en nuestro momento, mientras nos esforzamos por comprender la catástrofe y el apartheid climáticos, la guerra permanente y el genocidio sin fin, la dictadura del capital financiero y la normalización de la austeridad (Tricontinental, 2026c; 2025d). Décadas de realismo capitalista han nublado nuestra conciencia, impidiéndonos imaginar algo más allá de la catástrofe global.

¿Hay futuro? Claro que sí. Estamos luchando por construirlo y lo estamos construyendo ahora.

Emilio Pettoruti (Argentina). Pájaro rojo, 1959. Óleo / tela. 116 x 63 cm.

Parte 1: Ruptura

En el lenguaje dominante del poder, el futuro se presenta como una extensión neutra del presente. Se mide en calendarios, se proyecta en curvas de crecimiento y se administra mediante pronósticos. El futuro, desde esta perspectiva, no es algo por lo que haya que luchar, sino algo que hay que esperar. Llega automáticamente, como la página siguiente de un libro de contabilidad. Esta concepción del futuro es profundamente conservadora. Supone que las estructuras de explotación, jerarquía y dominación que definen el presente serán simplemente optimizadas en lugar de derrocadas. Esa visión del futuro es reproducida por todas las principales instituciones de la sociedad capitalista, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, los think tanks y las fundaciones filantrópicas, que insisten en consignas vacías sobre el cambio pero en la práctica predican el evangelio de que “no hay alternativa” al sistema capitalista que nos asfixia.

Desde nuestra perspectiva, el futuro no es una fecha en el calendario. Es un quiebre. Una ruptura con el orden existente, una transformación estructural de las relaciones sociales, el poder político y las posibilidades humanas. Hablar del futuro de este modo no es entregarse a la fantasía, sino recuperar una dimensión de la política que ha sido deliberadamente suprimida: la capacidad de imaginar y construir un mundo fundamentalmente diferente al que habitamos, el que los proyectos socialistas y de liberación nacional de los siglos XX y XXI buscaron construir y, aunque de manera desigual, comenzaron a hacer realidad. Esta visión rechaza tanto la continuidad administrada (el reformismo) como la ruptura no planificada (el catastrofismo). La clase dominante produce un conjunto de falsos futuros: mitos del espíritu emprendedor, el capitalismo verde y la seguridad militarizada, pero nada que tenga ningún contenido emancipador.

El terreno para esta idea del futuro fue desarrollado por el filósofo marxista Ernst Bloch con su noción del Noch-Nicht [todavía-no](1986; 2000). Para Bloch, basándose directamente en los escritos de Marx, el futuro no es una abstracción diferida al mañana sino una fuerza activa que está incrustada en el presente, que pugna por emerger de sus limitaciones. Para Bloch, la realidad está inconclusa, lo que lo enfrentó con las corrientes filosóficas que tratan el mundo como algo cerrado, completo o ya plenamente explicado. Insistió en que el presente está impregnado de tendencias, deseos y contradicciones que apuntan más allá de él. El todavía-no no designa una utopía que flota sobre la historia, sino un potencial latente contenido en las condiciones materiales y la lucha colectiva. Este todavía-no puede percibirse en los sueños de las luchas anticoloniales que encontraron expresión programática en el comunicado final de la Conferencia de Bandung (1955), la declaración de Belgrado de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (1961), las resoluciones de la Conferencia Tricontinental (1966) y la declaración sobre el Nuevo Orden Económico Internacional adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1974). También puede verse en los procesos revolucionarios abiertos por la Revolución de Octubre (1917), la Revolución Vietnamita (1945), la Revolución China (1949) y la Revolución Cubana (1959) (Tricontinental, 2025c; 2025j; 2025i).

En esta tradición marxista, el futuro no es inevitable. Esta visión descansa sobre dos proposiciones materialistas que surgen de las contradicciones del sistema capitalista.

En primer lugar, el movimiento real de la historia desarrolla las fuerzas productivas y expande el excedente social. Sin embargo, como estos avances permanecen constreñidos por la propiedad privada, también profundizan la desigualdad y el sufrimiento social para la gran mayoría. Es importante reconocer que las fuerzas productivas de hoy no se limitan a las fábricas y la maquinaria. Incluyen también el trabajo de cuidado, las infraestructuras digitales y las cadenas de suministro globales, entre otras, todas organizadas mediante un trabajo cada vez más socializado. Es también fundamental señalar que el capitalismo desarrolla estas fuerzas y, al mismo tiempo, sabotea su potencial, manteniéndolas bajo control a través de la propiedad privada, los monopolios de plataformas uberizadas, la destrucción sindical, la austeridad, la militarización y otras formas de control capitalista.

En segundo lugar, el sufrimiento social inherente al capitalismo genera indignidad y rabia, que pueden estallar espontáneamente en revuelta. Pero estas luchas no se mueven automáticamente en una dirección emancipadora: son moldeadas por fuerzas políticas ya sea hacia el socialismo, impulsando las demandas concretas de la gente, o en su contra, distorsionando esas demandas y enfrentando a las personas entre sí a través de una agenda tóxica y antisocial (Tricontinental, 2024g). El futuro, por tanto, no es algo que nos sucede, sino algo que debemos construir y solo podemos construirlo rompiendo con las estructuras que producen y reproducen el sufrimiento. Esta visión rompe con el fatalismo y la inevitabilidad y nos recuerda que la historia está abierta y que el presente contiene posibilidades no realizadas que pueden activarse mediante la lucha.

La esperanza en esta tradición no es optimismo ni expectativa pasiva, sino una orientación militante hacia el carácter inacabado del mundo. Surge de la pauperización, la opresión y el despojo y de la negativa a aceptar la miseria como destino. Para los movimientos del Sur Global que orientan el trabajo de nuestro instituto, la esperanza nunca ha sido un lujo. Ha sido forjada en una diversidad de organizaciones lideradas por el campesinado, lxs trabajadorxs y las mujeres, que son esfuerzos colectivos para promover la causa de la dignidad (Tricontinental, 2025b; 2024b). Estos movimientos no luchan por una versión mejorada del presente sino por un orden social completamente distinto. Su futuro no depende del calendario, sino que se basa en una transformación estructural. Tener esperanza es reconocer que el presente es intolerable y efímero y que las condiciones de explotación y opresión no son ni naturales ni definitivas. Esta esperanza resulta peligrosa para la clase dominante porque es una fuerza material que transforma la conciencia, haciendo que las personas pasen de resignarse al presente a actuar por el futuro.

En esta tradición de ruptura, el futuro no es una creación individual: tiene un carácter colectivo. La cultura capitalista nos impulsa a imaginar futuros personales, una carrera, una vivienda, seguridad individual y un proyecto interminable de “superación personal”, mientras nos impide vislumbrar los horizontes colectivos. Esta cultura es la del individualismo ansioso antes que la de la responsabilidad colectiva o la transformación social. Bajo el capitalismo, el futuro del calendario se trata como algo administrable: algo que puede ser pronosticado, programado, valorado, asegurado y gestionado por instituciones que se presentan como neutrales. Sus decisiones se presentan como necesidades técnicas más que como elecciones políticas, como asuntos que deben ser regulados en nuestro nombre por expertos, mercados, Estados y aparatos de seguridad. Estas instituciones no ofrecen un horizonte emancipador, solo la continuación administrada de la catástrofe. La extrema derecha actual emerge en este terreno para ofrecer un futuro mítico arraigado en la exclusión, la jerarquía y la violencia. Es un síntoma de la incapacidad del capitalismo para generar un futuro positivo (Tricontinental, 2024d). El futuro no puede ser construido por esta extrema derecha. Debe ser recuperado como espacio de soberanía popular. Ni la catástrofe ni la emancipación son inevitables. Hay que combatir la primera y luchar por la segunda. Desde la perspectiva de la ruptura, o transformación estructural, el instrumento no es el avance individual, sino las fuerzas organizadas capaces de enfrentarse al poder establecido, como los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos sociales. Sin estas fuerzas, el todavía-no permanecerá como un sueño sin camino. La esperanza requiere estructura, disciplina y persistencia.

El futuro no es algo que yace fuera de la historia humana. Ya está presente en fragmentos, gestos y luchas que prefiguran otro mundo. Entre ellos se encuentran las formas cooperativas de trabajo, las prácticas de cuidado, los experimentos en democracia popular y los procesos inacabados y controvertidos de construcción socialista en Estados como China y Cuba (Tricontinental, 2021b; 2019b). No son curiosidades marginales. Son anticipaciones de una lógica social diferente. Cartografiarlas no es romantizarlas, sino comprender su significado y su potencial latente. Nos recuerdan que el mundo que buscamos construir no es un horizonte abstracto sino una posibilidad concreta. La tarea de lxs marxistas no es predecir el futuro sino organizarse para él. Romper con el presente exige claridad, valentía y disciplina colectiva. El futuro solo puede llegar si forzamos una ruptura. El futuro es, por lo tanto, un terreno de lucha. Luchar por él exige que identifiquemos las fuerzas que buscan clausurarlo.

Silvano Lora (República Dominicana). Serigrafía, 1976. 640 x 570 mm. Ed. 18/60.

Los enemigos del futuro

El futuro no es un horizonte vacío que espera ser llenado por la aspiración humana, sino que es activamente planificado, estructurado y limitado por fuerzas poderosas que buscan reproducir las relaciones de dominación existentes. Los enemigos del futuro no son tendencias abstractas: son fuerzas concretas decididas a extender el orden actual hacia el futuro (Tricontinental, 2024d). A continuación, examinamos cuatro enemigos centrales del futuro: el capital financiero, el capital de plataformas, el extractivismo y el militarismo. Estas fuerzas no se limitan a defender las relaciones sociales del presente: buscan colonizar el futuro por adelantado.

El capital financiero ocupa el centro de esta constelación. A través de su control sobre las ganancias del colonialismo y el neocolonialismo, los flujos de inversión, la magia de la especulación y el poder de la deuda, el capital financiero disciplina Estados y sociedades, estrechando el margen de sus futuros posibles (Tricontinental, 2024f). Las agencias calificadoras de crédito, los prestamistas multilaterales y las instituciones financieras privadas, ubicadas en su mayoría en el Norte Global, funcionan como planificadoras del futuro para la clase dominante del Norte, garantizando que el mañana siga siendo propicio para la acumulación de capital y no para el florecimiento humano. Los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras tantas instituciones se convierten en realidad material para tantos países anteriormente colonizados y hoy agobiados por la deuda (Tricontinental, 2023).

Capital de plataformas. Los monopolios tecnológicos capitalistas canalizan la innovación y la eficiencia hacia la extracción de datos, la reorganización del trabajo y la fragmentación de la vida social. Los algoritmos administran el tiempo, la atención y el deseo, mientras que el trabajo en plataformas despoja a lxs trabajadorxs de estabilidad y poder colectivo (Tricontinental, 2021c).

Extractivismo. A pesar de la abrumadora evidencia científica sobre la catástrofe ecológica, los conglomerados del petróleo, el gas, el carbón, la minería y el agronegocio continúan moldeando los sistemas energéticos, los mercados laborales y las políticas estatales. Sus horizontes de planificación son brutalmente cortos: extraer, lucrar, abandonar. La crisis climática, por ejemplo, no es una falla de previsión sino el resultado de decisiones deliberadas de las corporaciones capitalistas que aceptan la destrucción planetaria como un costo aceptable de la acumulación (Tricontinental, 2024c; 2025h).

Militarismo. Las crisis producidas e intensificadas por el sistema capitalista –la guerra, el desplazamiento y la catástrofe climática— no se afrontan con soluciones sociales y políticas, sino con una economía de guerra permanente que impone soluciones militares a problemas políticos. En los centros imperiales, el militarismo se manifiesta en la forma de acumulación de armamentos, regímenes fronterizos, vigilancia y normalización del estado de excepción. En el Sur Global, aparece como agresión imperialista, guerra por delegación, ocupación y desvío forzado de los escasos recursos públicos hacia ejércitos e infraestructuras de seguridad, siempre en beneficio de la industria armamentista. El militarismo acorta los horizontes políticos: las emergencias justifican medidas autoritarias, suprimen la disidencia y normalizan el miedo. Para grandes sectores de la humanidad, especialmente en el Sur Global, el futuro no aparece como una promesa sino como inestabilidad permanente, desplazamiento y muerte. La guerra se convierte en un mecanismo para gestionar las crisis que el propio capitalismo produce (Tricontinental, 2025e; 2024a).

Estos enemigos del futuro no se limitan a bloquear la transformación social: construyen de forma activa un futuro que asegura privilegios para una minoría mientras condenan a la mayoría a la extenuación, la inseguridad y la desesperanza. El futuro no puede recuperarse sin un enfrentamiento frontal con su poder.

Las fuerzas sociales preparadas para provocar la ruptura

Dado que las clases propietarias insisten en el presente permanente, el futuro solo puede recuperarse mediante la lucha de masas colectiva. Las fuerzas sociales capaces de producir una ruptura con el orden actual ya están aquí, aunque fragmentadas, desiguales y a menudo invisibilizadas. Entre ellas se encuentran lxs trabajadorxs de la economía formal e informal, el campesinado y lxs trabajadorxs agrícolas sin tierra, las mujeres, la juventud, las comunidades oprimidas y lo que Marx denominó la “población excedente”, quienes son excluidxs o marginalizadxs por los ciclos de acumulación capitalista pero que siguen siendo indispensables para ella como ejército de reserva de mano de obra y como parte de las fuerzas de reproducción social (1976).

A pesar de todo el debate en torno al “posmarxismo” y las teorías más recientes sobre sujetos políticos fragmentados, la clase trabajadora, tanto urbana como rural, sigue siendo central, aunque su composición sin duda ha cambiado. Varios informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial sugieren que la fuerza laboral global total asciende a casi 4.000 millones de personas (incluidas las que están empleadas y las que buscan empleo activamente). Un desglose aproximado del empleo global por sector amplio es el siguiente (Banco Mundial, OIT, s.f; Datta et al., 2023):

1. Agricultura. / 923 millones
2. Industria. / 800 millones
3. Servicios. / 1.800 millones
4. Transporte/Logística. / 230 millones
5. Trabajadores de plataformas. / 154–435 millones

Lxs trabajadorxs industriales coexisten con lxs trabajadorxs de servicios, transporte, almacenamiento, cuidado, reparto y plataformas (o uberizadxs). En la mayor parte del Sur Global, el trabajo informal no es una excepción sino la norma. Estxs trabajadorxs, ya sea en la fábrica, el campo o el almacén, enfrentan una precariedad extrema, protecciones legales débiles o inexistentes y la amenaza constante del desempleo. Sin embargo, pese a la erosión de la densidad sindical, estxs trabajadorxs poseen un poder estratégico: producen y transportan mercancías, trabajan la tierra, extraen minerales, brindan cuidado, construyen ciudades y sostienen la vida cotidiana. Sus luchas, desde las huelgas en los centros logísticos hasta las rebeliones masivas de trabajadorxs sin tierra y los paros de trabajadoras domésticas, revelan el antagonismo persistente entre el capital y el trabajo.

Las luchas no siempre se manifiestan de manera directa como una organización laboral consciente contra el capital. A menudo surgen a través de otras estructuras de opresión, como el patriarcado y la jerarquía social (la casta, la raza), o son impulsadas por la experiencia generacional y otras formaciones sociales. Por ejemplo, los movimientos de mujeres han puesto en evidencia cómo los sistemas económicos dependen del agotamiento de los cuerpos y el tiempo; los de las mujeres en general y los de las trabajadoras negras, migrantes y racializadas en particular. Asimismo, las luchas por la dignidad social se reflejan a través de identidades que no son en sí mismas de clase, pero que revelan la manera compleja en que el capitalismo reactiva viejas jerarquías para sus propias estrategias de acumulación. Por ejemplo, el sistema capitalista utiliza la casta y la raza al servicio de la acumulación, por lo que las protestas por la dignidad también sientan las bases para la lucha socialista. La población excedente, lxs migrantes, lxs desempleadxs, el campesinado sin tierra y lxs pobres urbanos, suele ser tratada como marginal en términos políticos. No obstante, experimenta el sistema capitalista en su forma más desnuda. Sus luchas por la vivienda, los servicios y la dignidad son luchas por reproducir la vida. Todas ellas muestran la energía disponible dentro de la clase trabajadora para conformar un bloque histórico contra el capitalismo y luchar por el futuro.

Sin embargo, muchas de las protestas que sacuden nuestras ciudades y campos adoptan la forma de grandes movilizaciones que suelen ser impulsadas por pequeñas organizaciones o impulsadas por convocatorias en las redes sociales dirigidas a individuos. El capital se nutre de la división: formal contra informal, urbano contra rural, varón contra mujer y disidente de género, ciudadanx contra migrante (Tricontinental, 2026b). Hoy, la fragmentación de la estructura de clase y de la organización social plantea desafíos mayores para la organización política y la unidad de acción basada en principios. Hay numerosos ejemplos de esa rabia movilizada siendo capturada por fuerzas reaccionarias o disipada en la desesperanza. Una ruptura exige construir unidad sin borrar la diferencia, forjando proyectos políticos capaces de articular intereses compartidos y horizontes comunes. Sin esa organización, las fuerzas sociales permanecen reactivas. Con ella, se convierten en agentes históricas capaces de hacer suyo el futuro. La pregunta organizativa genuina para la izquierda en todo el mundo es cómo construir las plataformas subjetivas de lucha a partir de las condiciones objetivas de sufrimiento y supervivencia que enfrentan los pueblos.

El tiempo

El capitalismo impone su idea del tiempo a las sociedades: una idea que refleja urgencia sin dirección, velocidad sin propósito, crisis sin resolución. Hay una sensación frenética que se apodera de la vida social, perturba nuestra capacidad de controlar nuestro día y crea un desorden que consume nuestro tiempo de ocio. Sin tiempo libre, no es fácil disponer del tiempo necesario para construir comunidad (aunque el desmantelamiento de la política social por parte del Estado ha obligado a las mujeres de la clase trabajadora a construir plataformas para la reproducción social que han sido vitales para su papel en tantos movimientos de protesta de la clase trabajadora en nuestro tiempo). Sin tiempo, es imposible construir poder organizativo en los lugares de trabajo, los barrios y las comunidades.

Las contradicciones del capitalismo generan luchas espontáneas, que a menudo son detonadas por los bajos salarios y las malas condiciones laborales, pero también por las condiciones de reproducción social, como el acceso al agua, el espacio público y los alimentos y el combustible asequibles. Tales luchas se basan a veces en redes y relaciones sociales forjadas a lo largo del tiempo, pero también pueden surgir de un rápido deterioro de las condiciones de trabajo y vida que genera su propio sentimiento de masas. Estas rebeliones espontáneas, aunque a menudo heroicas, son insuficientes. Pueden trastornar el presente sin organización disciplinada, pero raramente reconfiguran el futuro. Los ejemplos de grandes revoluciones son todos historias de actividad revolucionaria resiliente durante largos períodos de tiempo que prepararon a las comunidades, a través de la lucha, para los grandes levantamientos que pusieron el mundo de cabeza. Las luchas espontáneas reflejan indignación y agravios genuinos. Pueden ocupar las calles e inspirar esperanza y también pueden derrocar gobiernos. No obstante, los registros históricos (como el de Egipto en 2011) muestran que, sin continuidad y fuerza de la organización, estos momentos son vulnerables a la represión, la cooptación y el agotamiento. Las clases propietarias entienden el tiempo de manera estratégica. Planifican, con frecuencia por décadas. Los movimientos que operan solo en la inmediatez de la protesta ceden el terreno a largo plazo a sus enemigos.

La organización

Construir más allá de la inmediatez requiere organización, que puede adoptar muchas formas: desde movimientos sociales más amorfos hasta partidos leninistas de centralismo democrático. El debate entre estas dos formas no es central en este dossier. Lo que queremos destacar aquí es la importancia de cómo la organización política, en sus múltiples formas, es el vehículo mediante el cual se estructura el tiempo con fines emancipadores. Los partidos, los frentes, los sindicatos, las organizaciones campesinas, las asociaciones de mujeres y los movimientos juveniles desempeñan roles distintos pero interconectados. Los partidos leninistas pueden articular programas de largo plazo y disputar el poder estatal. Las organizaciones de masas pueden anclar las luchas en la vida cotidiana y brindar continuidad a las comunidades. Los frentes pueden posibilitar la unidad entre fuerzas diversas sin exigir uniformidad ideológica. La organización permite a la clase trabajadora fragmentada y hostigada socializar el tiempo disponible y construir una sociedad que de otro modo le ha sido arrebatada.

La disciplina

La ventaja de un partido leninista es la centralidad que esa tradición otorga a la disciplina. La disciplina no significa obediencia ni rigidez burocrática, aunque a menudo puede degenerar perezosamente en estas formas. Significa forjar cuadros que estén formadxs políticamente y comprendan la necesidad de la forma partido, los procedimientos colectivos requeridos para construir una comprensión o programa político común, las estructuras esenciales de liderazgo representativo dentro del partido y un compromiso absoluto con los objetivos, estrategias y formas de rendición de cuentas compartidos. La disciplina permite a las organizaciones conservar energía, aprender de la experiencia y resistir más allá de los momentos de crisis. Transforma la revuelta en un proyecto.

Central en toda esta operación es lo que denominamos la nueva intelectualidad, lxs persuasorxs permanentes de un proyecto político que emergen de la clase trabajadora, el campesinado y los movimientos populares (Tricontinental, 2019a). Su tarea es clarificar, sintetizar y comunicar, traducir la experiencia vivida en estrategia política. Ayudan a los movimientos a comprender no solo aquello contra lo que luchan, sino lo que el futuro debe entrañar.

El internacionalismo

Ninguna ruptura con el capitalismo puede sostenerse únicamente dentro de las fronteras nacionales. El capital se organiza internacionalmente, a través de las finanzas, el comercio, los bloques militares, las cadenas de suministro y las instituciones ideológicas. Las fuerzas que buscan construir el futuro deben hacer lo mismo. El internacionalismo no es un complemento moral ni un gesto sentimental, sino una necesidad práctica arraigada en la estructura de la economía mundial y en la condición compartida de lxs oprimidxs. Significa construir vínculos entre países y luchas, aprender de los procesos revolucionarios, defender la soberanía frente al imperialismo y coordinar la formación política, las campañas y las formas de solidaridad material. Sin el internacionalismo, las victorias permanecen aisladas y vulnerables. Con él, las luchas en los planos local, nacional y regional comienzan a adquirir la escala necesaria para enfrentarse a un sistema global.

El futuro no se puede conquistar en un solo instante. Debe construirse con paciencia, de manera colectiva y de consciente. El tiempo crea el espacio para la lucha, la organización le da forma, la disciplina le da perdurabilidad y el internacionalismo le da alcance. Frente al futuro de explotación y exclusión que planea la clase dominante, estas herramientas permiten a lxs oprimidxs planificar su propio futuro: uno arraigado en la dignidad, la igualdad y la vida misma.

Alfredo Plank, Ignacio Colombres, Carlos Sessano, Juan Manuel Sánchez, Nani Capurro (Argentina). Che (serie colectiva), 1968. Óleo / tela. 195 x 150 cm c/u.

Parte 2: Construir el futuro

¿Qué hay que construir para reemplazar el presente? El futuro no puede seguir siendo solo una cuestión de lucha, organización y disciplina; debe adquirir también una forma material, institucional e internacional. Eso significa afrontar las preguntas sobre la propiedad, la planificación, la soberanía y las formas de coordinación mediante las cuales puede sostenerse un orden social diferente.

Propiedad pública y planificación

La cuestión del futuro es inseparable de la cuestión de la propiedad y la coordinación. Bajo el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción otorga a una pequeña clase el poder de determinar qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Este poder no se ejerce en interés de la sociedad en su conjunto sino según los imperativos del lucro, la competencia y la acumulación a corto plazo. El resultado es una contradicción profunda: las fuerzas productivas se han socializado profundamente mientras que el control sobre ellas permanece estrictamente privado. El trabajo es hoy colectivo e internacional, pero la base tecnológica y los excedentes económicos de ese esfuerzo colectivo son apropiados por una minoría. Cualquier discusión seria sobre un futuro socialista debe, por tanto, afrontar esta contradicción mediante la transformación de las relaciones de propiedad.

La propiedad pública no es simplemente una reordenación jurídica de activos que pasan de manos privadas al Estado. El Estado mismo es un campo de lucha de clases y debe reclamarse como una herramienta para orientar la dirección del desarrollo. Cuando sectores estratégicos como la energía, el transporte, las finanzas, la tierra, las comunicaciones y la industria pesada son de propiedad pública, la sociedad adquiere la capacidad de orientar la producción y la innovación hacia las necesidades colectivas en lugar de hacia la acumulación privada. El capitalismo distribuye inadecuadamente los recursos de manera sistemática, sobreproduciendo consumo de lujo e industrias destructivas mientras subproduce el cuidado, la educación, la salud y la vivienda. La propiedad pública crea la base material para reorientar la producción hacia la reproducción social, la inversión a largo plazo y la prosperidad compartida.

El argumento a favor de la propiedad pública también está relacionado con la tecnología. Bajo la propiedad privada, el desarrollo tecnológico queda subordinado a la rentabilidad, los monopolios de propiedad intelectual y la disciplina laboral. La innovación se orienta hacia la reducción de costos, la vigilancia, la militarización y el acaparamiento del conocimiento y no hacia la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario o la mejora del bienestar colectivo. El control democrático sobre las fuerzas productivas permite desplegar la tecnología para el bien social: acortar la jornada laboral, generar empleo, ampliar los servicios públicos, potenciar las habilidades humanas y reducir el daño ecológico. Los mismos sistemas digitales y logísticos que el capitalismo utiliza para intensificar la explotación contienen en sí mismos el potencial para una producción y distribución racionales y humanas.

La ideología capitalista presenta la planificación como inherentemente autoritaria e ineficiente, al tiempo que eleva al mercado como mecanismo de coordinación neutral y democrático. El capitalismo ya está altamente planificado, pero lo está en interés de lxs capitalistas. Las corporaciones multinacionales, las instituciones financieras y las alianzas militares se dedican a una amplia planificación interna, pronósticos a largo plazo y coordinación estratégica. El mercado no reemplaza a la planificación: fragmenta la toma de decisiones sociales, oculta la responsabilidad y somete la vida colectiva a la estrecha lógica de la acumulación. Los precios transmiten señales solo después de que el daño social y ecológico ya se ha producido. Los mercados recompensan la rentabilidad a corto plazo, no la racionalidad social a largo plazo.

La planificación socialista no consiste en un mando burocrático divorciado de la vida popular: se trata de una coordinación consciente y democrática del trabajo social a lo largo del tiempo. La planificación es un arma temporal contra el cortoplacismo capitalista. Permite a la sociedad establecer prioridades colectivas, como la descarbonización, la diversificación industrial, la soberanía alimentaria y el cuidado universal y movilizar recursos en consecuencia. Hace posible equilibrar regiones, sectores y necesidades sociales en lugar de dejar el desarrollo librado a los resultados desiguales y destructivos de la competencia de mercado. La planificación es el medio por el cual la sociedad puede actuar sobre la base de que el futuro no es automático, sino que debe ser producido conscientemente.

De manera fundamental, la planificación no niega la democracia. Por el contrario, exige su expansión. Para que la planificación sea emancipadora debe estar arraigada en la participación popular, el control de lxs trabajadorxs y las organizaciones de masas capaces de articular las necesidades sociales. La socialización del trabajo bajo el capitalismo ya requiere coordinación a través de vastas redes. El socialismo busca hacer que esa coordinación sea transparente, responsable y orientada al desarrollo humano. Cuando lxs trabajadorxs, las comunidades y las instituciones públicas participan en el establecimiento de objetivos y el seguimiento de resultados, la planificación se convierte en un proceso de aprendizaje colectivo antes que en una imposición tecnocrática. Es a través de tales procesos que el excedente social puede dirigirse conscientemente hacia la educación, la salud, la vivienda, la cultura y la restauración ecológica (Tricontinental, 2025a).

Hacia un nuevo internacionalismo

Después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de un poderoso bloque socialista y las sucesivas oleadas de descolonización sentaron las bases para un internacionalismo arraigado en el rechazo al imperialismo y al neocolonialismo. Estuvo marcado por el intento de construir nuevos modelos económicos y sociales, así como una nueva arquitectura global (Tricontinental, 2025j; 2025c).

Este internacionalismo se desmoronó bajo el peso de la crisis de la deuda, el asalto del neoliberalismo y la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista. En su lugar llegó la globalización espuria impuesta por el FMI, la apertura de los mercados, la retirada del Estado de los sectores productivos, la eliminación de los controles de capital, la entrega de recursos y la subordinación académica y cultural: una erosión generalizada de la soberanía.

Décadas después de la caída de la Unión Soviética, están empezando a darse las condiciones objetivas para el surgimiento de un nuevo internacionalismo. El Norte Global atraviesa una profunda crisis marcada por la desindustrialización y la erosión de la capacidad productiva, mientras China y otros países del Sur Global emergen como motores de la economía global. El surgimiento de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otros foros bilaterales refleja estas cambiantes condiciones objetivas.

Sin embargo, el Norte Global retiene el control sobre la arquitectura global. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias han sido inutilizadas por Estados Unidos y sus aliados, como lo demuestran los ataques cada vez más intensos que han lanzado en todo el mundo, desde Gaza, Venezuela y Cuba hasta la República Democrática del Congo e Irán. El FMI y el Banco Mundial continúan con la tiranía del ajuste estructural. El marco climático ha fracasado frente a los pueblos. La pandemia trajo consigo el “apartheid de vacunas”. Peor aún, muchas organizaciones multilaterales del Sur Global están inertes o infectadas con la lógica del neoliberalismo.

Los debates en torno a una nueva arquitectura global se han centrado en la multipolaridad, que es limitada y limitante porque replica el espíritu de la rivalidad de la Guerra Fría. En cambio, el nuevo internacionalismo debe caracterizarse por el multilateralismo. La recuperación de las Naciones Unidas y la defensa de la Carta de la ONU como patrimonio común de los pueblos del mundo son puntos clave en este sentido. Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General requieren reformas y los países del Sur Global deben trabajar hacia una agenda común para una serie de organismos de la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Existe una necesidad apremiante de una lucha intelectual y política renovada para formular y defender un programa popular para cada una de estas organizaciones que refleje las aspiraciones del Sur Global.

Junto a un multilateralismo renovado, las fuerzas de izquierda y patrióticas deben apoyar y fortalecer las organizaciones regionales que han perdido su orientación en los últimos 30 años y, cuando eso no sea posible, abogar por la creación de otras nuevas. Las alianzas económicas, sociales y políticas forjadas en América Latina durante la Marea Rosa de la década de 2000 y comienzos de la de 2010 siguen siendo un modelo de lo que es posible. En la actualidad, la Alianza de Estados del Sahel ha recogido un poderoso deseo extendido por toda África de una integración más fuerte, resistiendo al mismo tiempo la lógica neocolonial de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) (Tricontinental, 2024g). Los procesos impulsados por los países BRICS en una variedad de áreas, desde las finanzas, el comercio y la infraestructura hasta la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, la agricultura, la cooperación climática y la investigación, ofrecen otro modelo para esas organizaciones regionales.

El nuevo internacionalismo comienza con la defensa de la soberanía, pero no se limita a eso. Debe incorporar también una visión internacionalista de un futuro basado en relaciones sociales transformadas. Esta visión no puede hacerse realidad en un solo país, ni puede ser promovida solo por los Estados. Requiere la movilización de movimientos en todo el mundo para trascender el capitalismo. Lxs socialistas deben tender puentes hacia el futuro elevando, aprendiendo y construyendo sobre los proyectos que tienen el potencial de cambiar el equilibrio de las fuerzas.

Sin embargo, ningún programa, por necesario que sea, puede sostenerse sin una fuerza social capaz de impulsarlo hacia adelante y un horizonte capaz de animar la lucha. Si el futuro debe construirse a través de instituciones, propiedad, planificación y coordinación internacional, también debe vivirse como una sensibilidad política. Esa sensibilidad es la esperanza.

Luis González Palma (Guatemala), La Rosa (The Rose), 1991. Gelatin silver print with toning and applied colour, 47 x 48.5 cm.

Parte 3: La esperanza

Hoy, el capitalismo atraviesa una crisis de legitimidad, dado que sus ideas y valores: el individualismo, el emprendimiento, el consumismo, ya no producen la movilidad social y la prosperidad material que el neoliberalismo prometió durante tanto tiempo. Simultáneamente, a medida que el bloque imperialista liderado por Estados Unidos ve declinar su poder económico y político, se aferra aún más a las dos arenas donde su poder sigue siendo prácticamente indiscutible: la producción cultural y el poder militar. Aunque muy diferentes en sus expresiones, ambos sirven al mismo propósito: preservar el presente y clausurar el futuro. A través de la agresión militar, el bloque liderado por Estados Unidos busca disciplinar a cualquier país que se niegue a doblegarse al Consenso de Washington y los intereses del capital privado, cerrando todo horizonte político que rechace la subordinación. A través de su monopolio sobre los modos de producción cultural, busca no solo controlar la información —lo que se acepta como verdad— sino también moldear la cultura y los valores de las masas dominadas. Al hacerlo, estrecha el horizonte de lo que nos atrevemos a imaginar y, en última instancia, de lo que nos atrevemos a esperar. En ausencia de esperanza, la clase trabajadora se ve obligada a adoptar una de dos posturas políticas: o bien es empujada hacia el pesimismo despiadado de la extrema derecha y entrenada para mirar con desdén la idea misma de un futuro diferente, o bien queda dominada por un derrotismo escapista que cree que el futuro ya está perdido.

Dos conceptos chinos de “futuro” ayudan a clarificar lo que está en juego. 未来 (wèilái), la palabra para futuro o, literalmente, “lo que aún no ha llegado”, está compuesta por dos palabras: 未 (wèi) significa “todavía no” o “no ha” y 来 (lái) significa “venir” o “llegar”. Juntas, enfatizan la cualidad esencial de incompletitud del futuro. El pesimismo y la esperanza giran en torno a esta diferencia: el futuro no está predeterminado. Es una posibilidad y aquí es donde entra la acción humana.

En este contexto, la esperanza se convierte en un terreno de lucha en la batalla de ideas y emociones. Por eso la esperanza debe convertirse en algo más que un sentimiento, debe ser una práctica: una práctica que se construye mediante la educación y la cultura populares, que se ancla en la historia y que se vive activamente en nuestra vida cotidiana.

La batalla de ideas

La clase dominante trabaja para ocultar las relaciones de clase y los intereses comunes de clase promoviendo sus valores (el individualismo, la crueldad y el conservadurismo). Esta lógica entrena a las clases dominadas para que rechacen de manera reflexiva las formas de actividad política como una pérdida de tiempo, poco realistas o utópicas y para que traten la acción colectiva como algo ingenuo o peligroso. En tales condiciones, no se puede esperar que la esperanza surja individualmente. Debe construirse como una práctica que reabra el horizonte de lo posible y dispute el “sentido común” cotidiano del presente capitalista.

Por lo tanto, la esperanza debe organizarse a través de prácticas políticas concretas que reabran el horizonte de lo posible. Esto nos exige:

Fomentar la imaginación política. Las fuerzas de izquierda deben hacer que el futuro resulte comprensible construyendo formas alternativas de organización laboral y relaciones sociales. La esperanza en el futuro puede movilizarse cuando se ancla en acciones concretas que cambian las condiciones materiales de las personas en el presente, y cuando la clase trabajadora puede reconocerse como protagonista de la historia en lugar de espectadora de las crisis capitalistas.

Leer para aprender, aprender para hacer. Ho Chi Minh dijo: “Puedes leer mil libros, pero si no aplicas lo que lees, no eres más que una estantería” (1961: 496). La lectura se convierte en una práctica de esperanza cuando está vinculada a la acción. El estudio debe ser colectivo y orientado hacia los problemas que las personas enfrentan en sus lugares de trabajo, barrios y organizaciones. El objetivo no es la acumulación de conocimiento sino el desarrollo de un lenguaje compartido, un análisis y una confianza que puedan ponerse a prueba en la práctica.

Desarrollar una contracultura popular. No se puede construir una contraideología sin una contracultura. Esto significa crear formas de expresión cultural popular que rompan el hechizo del individualismo y el pesimismo, que construyan dignidad y hagan atractiva la solidaridad al tiempo que honran la cultura de la clase trabajadora.

Comunicar el futuro. La izquierda debe traducir su programa a formas que puedan transmitirse de manera didáctica. Didáctico no significa hablar con condescendencia, significa ser estratégicx y comunicar con claridad propuestas que estén vinculadas a las experiencias de las personas y que se enseñen mediante ejemplos prácticos. El objetivo es pasar de la abstracción a la orientación para que la gente pueda comprender qué se puede hacer, quién lo puede hacer y con qué recursos (Tricontinental, 2025b).

Volver a las fuentes. Rescatar la historia y la cultura revolucionarias y la historia y la cultura en general. La historia es una práctica de esperanza porque rompe la idea de que el presente es eterno. Al retornar a los momentos de ruptura, de lucha colectiva y transformación, los pueblos recuperan la evidencia de que el cambio es posible y aprenden cómo se logró. La historia no es nostalgia: es una escuela de estrategia, sacrificio y confianza (Tricontinental, 2024e).

Convertirse en persuasorxs permanentes. La izquierda debe disputar todos los espacios colectivos para difundir las ideas de la clase trabajadora. Debe hacerse presente allí donde la gente se reúne, no como conferencista invitada, sino como fuerza organizadora. La “nueva intelectualidad” de Gramsci es “constructora” y “organizadora”, una “persuasora permanente” arraigada en la vida práctica antes que en la elocuencia ocasional.

La batalla de emociones

La clase dominante debe trabajar continuamente para canalizar el descontento generalizado que es la respuesta racional a la explotación y la privación necesarias para la sociedad capitalista. El descontento es peligroso cuando se organiza, cuando conoce a su enemigo y cuando responde con solidaridad. Por eso se redirige continuamente, alejándolo de la lucha colectiva y orientándolo hacia el miedo, el resentimiento, el cinismo y la resignación. Hoy, esta lucha se intensifica por un panorama comunicacional en el que la clase trabajadora joven es canalizada hacia espacios virtuales que fomentan el individualismo, están diseñados para capturar y monetizar su atención y agotar su capacidad cognitiva y son controlados por fuerzas de la extrema derecha (Assange, 2014; Foer, 2017). En estos espacios, el descontento es encauzado y recibe alivio temporal a través de una participación afectiva efímera. El resultado no es la desaparición del descontento sino su gestión (lucrativa), que fragmenta a la clase trabajadora en espectadorxs aisladxs y la condiciona para confundir la reacción con la política.

En este terreno, debemos convertir la rabia y la confusión en claridad, la claridad en esperanza y la esperanza en acción colectiva. Esto requiere:

Alfabetización mediática. La izquierda debe educar a la clase trabajadora sobre la infraestructura, los propósitos (intencionales y no intencionales) y la economía política de los espacios virtuales y las tecnologías. Esto significa hacer visible la brecha entre la participación controlada y el poder, entre publicar y organizarse y enseñar a la clase trabajadora a reconocer cómo la clase dominante usa su monopolio sobre los espacios virtuales para controlar la información, amplificar la indignación y normalizar el aislamiento. El objetivo no es la retirada de los espacios virtuales sino dotar a las personas de las herramientas para interpretarlos, usarlos y reconocer sus límites.

Una política que sea real. Al tiempo que aprovecha los espacios virtuales para la educación y la movilización, la izquierda debe crear vías de participación política donde las personas puedan ver la posibilidad real de cambiar el presente para construir un futuro mejor. Esto requiere momentos organizados de interacción sin la mediación de los algoritmos, donde las personas puedan reunirse, intercambiar ideas, organizarse, tomar decisiones, realizar tareas colectivas y ver resultados. El objetivo es pasar de las interacciones efímeras basadas en intereses estrechos a la organización a largo plazo basada en intereses de clase compartidos.

Contravalores. La izquierda debe desarrollar valores socialistas y modelarlos con la acción política. Esto significa hacer de la solidaridad, el cuidado, la disciplina y la camaradería realidades en el mundo y no meras consignas. Los valores se vuelven creíbles cuando se reflejan en como nos organizamos: cómo nos tratamos mutuamente, cómo trabajamos juntos, cómo resolvemos los desacuerdos y cómo nos relacionamos con las comunidades a las que decimos servir. En una cultura que fomenta el individualismo despiadado y el pesimismo, modelar los valores socialistas es en sí misma una estrategia en la batalla de emociones: ofrece un destello de una sociabilidad diferente y, por tanto, una imagen clara de cómo será una sociedad futura organizada en torno a valores distintos.

La esperanza como praxis

Si el futuro es 未来 [wèilái], el todavía-no que “está por llegar”, entonces la esperanza es la sensibilidad que mantiene abierto ese todavía-no y la práctica que impide que sea cerrado por el pesimismo, el espectáculo y la resignación. La clase dominante trabaja para convertir wèilái en una prisión, para eternizar el presente y para transformar el descontento capitalista en cinismo o crueldad. Contra esto, nuestra tradición insiste en que la esperanza no es un optimismo pasivo ni una expectativa, sino una orientación militante hacia el carácter inacabado del mundo, forjada en las luchas por la dignidad en todo el Sur Global. Es peligrosa precisamente porque es material: eleva la conciencia y mueve a los pueblos de la mera resistencia a la acción.

Por eso la esperanza requiere estructura, disciplina y organización. Cuando la cultura y las ideas de un pueblo en movimiento obstruyen la reproducción del sentido común capitalista, pueden convertirse en principales y decisivas, no como una negación del materialismo sino como su realización dialéctica. En ese sentido, 大同 [dàtóng], el estado utópico caracterizado por la “armonía universal”, no es un ideal decorativo sino un horizonte que da dirección a la estrategia, mientras que 小康 [xiǎokāng, sociedad moderadamente próspera] nombra los pasos concretos que permiten a los pueblos desarrollarse en condiciones de recursos limitados pero de dignidad. La esperanza se vuelve real cuando convierte 将来 [jiānglái, el futuro], lo “que está por venir”, de una promesa en un plan. La tarea no es soñar en abstracto, sino construir una utopía concreta, arraigada en tendencias reales y fortalecida a través de la práctica, hasta que el todavía-no se convierta en un futuro tangible que se está construyendo en el presente.

Alfonso Soteno Fernández. (Metepec, Estado de México, México). Árbol de la vida, 1975. Barro cocido a fuego abierto y pintado con colores vinílicos barnizados. 6 metros.

Notas

Referencias bibliográficas

A través de estas imágenes, destacamos los esfuerzos colectivos de estas trabajadoras para recuperar y regenerar la tierra, dando testimonio no solo del trabajo cotidiano, sino también de la solidaridad, el conocimiento y la esperanza obstinada que lo sostienen.

En Koubri, a unos 40 kilómetros de Uagadugú, capital de Burkina Faso, las integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma comienzan su jornada de trabajo con canto.

Desde la época colonial, los conflictos en África han sido explicados por todas las categorías imaginables. Antagonismo tribal, odio étnico, extremismo religioso, fracasos de gobernanza, presiones demográficas y escasez de recursos, entre otras, excepto por la que subyace a todas ellas: la clase. Si bien estas categorías sin duda moldean las contradicciones de África, no pueden explicarse sin un análisis de las relaciones de producción. Cada período de la historia poscolonial de África ha generado nuevas explicaciones que comparten un rasgo común: la eliminación sistemática del modo en que la extracción imperial y la explotación de clase organizan la violencia y reproducen la inestabilidad.

Muchos sectores, entre ellos algunos dentro de las luchas anticoloniales, han insistido en que las categorías del análisis de clase y la lucha de clases no se aplican a África porque en el continente no se ha formado una sociedad basada en clases. Hace 50 años, Class Struggles in Tanzania [Lucha de clases en Tanzania] de Issa Shivji planteó dos argumentos centrales que refutaron esta tesis:

1. Las relaciones de producción capitalistas en el continente africano han dividido a las poblaciones en clases, reconfigurando otras relaciones sociales, étnicas, de parentesco, comunitarias, bajo las presiones de la formación de clases.
2. Por lo tanto, la clase como categoría es analíticamente necesaria para comprender la realidad africana (Shivji, 2025).

En Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror [Salvadores y sobrevivientes: Darfur, la política y la guerra contra el terrorismo], Mahmood Mamdani argumentó que la guerra en Darfur no puede ser comprendida sin considerar la reorganización colonial de la tierra y la identidad política, en particular la división entre tribus con tierras reconocidas (dars) y aquellas que carecían de ellas. Demostró cómo estas divisiones, combinadas con la desertificación y la creciente competencia por recursos, exacerbaron las tensiones de clase y la violencia, en particular a medida que la región del Sahel se volvió cada vez más árida (2009).²

Si bien el cambio climático tiene un papel innegable en las transformaciones de la región, el “marco del conflicto climático” dominante define sistemática y falsamente, la escasez de recursos provocada por el clima como la raíz de la violencia y la inestabilidad en el Sahel.

La arquitectura institucional del “marco del conflicto climático” se consolidó en la década de 2010. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Livelihood Security: Climate Change, Migration and Conflict in the Sahel [Seguridad de los medios de vida: cambio climático, migración y conflictos en el Sahel] identificó el cambio climático como un “factor multiplicador de amenazas” que impulsaba el conflicto entre agricultorxs y pastorxs, mientras que el debate del Consejo de Seguridad de la ONU de 2018 sobre los riesgos de seguridad relacionados con el cambio climático lo posicionó como una amenaza que requería respuesta militar (PNUMA, 2011; Consejo de Seguridad de la ONU, 2018). Este discurso del “nexo clima-seguridad” emergió durante un período marcado por la crisis financiera mundial de 2008, la destrucción de Libia por parte de la OTAN en 2011 y la posterior militarización del Sahel mediante el aumento de la presencia militar de Estados Unidos y Francia, un contexto que el propio marco omite sistemáticamente.

En La lucha de clases y la catástrofe climática en el Sahel sostenemos que los conflictos que se intensifican en el Sahel solo pueden comprenderse si se los analiza como enraizados en la lucha de clases, dado que operan dentro de la economía política de la extracción imperialista: la catástrofe climática es un factor acelerador que intensifica las contradicciones preexistentes, no su causa raíz. La segunda parte del dossier examina en detalle Mali y Sudán como ejemplos de estos cambios en el Sahel.

Parte I: La desertificación del Sahel y sus repercusiones políticas

La catástrofe climática

La palabra árabe Sahara significa “desierto”, es decir, un lugar árido con escasas precipitaciones. Sin embargo, esta es una denominación engañosa. Han existido largos períodos, influenciados por cambios en la órbita terrestre y por la insolación solar, ³ en los que el Sahara experimentó fases pluviales. Uno de esos períodos, conocido como el “Sahara Verde” o el “Período Húmedo Africano”, abarcó el fin de la última Era Glacial y el Holoceno temprano, entre hace 14.800 y 5.500 años, cuando en el Sahara y a lo largo del límite sur del Sahel (palabra árabe que significa “orilla” o “costa”) existían lagos, ríos, pastizales, sabanas y vegetación densa. En esa época, las sociedades se organizaban en torno al pastoreo comunal (pastoreo móvil con acceso compartido al agua y las tierras de pastoreo), adaptándose a las oscilaciones climáticas mediante la coordinación colectiva de los desplazamientos, en lugar de depender del control privatizado de los recursos (de Menocal et al., 2000: 347-361). Entre los siglos XVI y XVIII, partes de la franja Sahel-Sahara experimentaron nuevamente condiciones húmedas antes de pasar a un largo ciclo de aridez en el siglo XX (Spinage, 2012).

Si bien estos “cambios de régimen climático”, como los denominan lxs científicxs especializados, tienden a producirse de manera relativamente abrupta, su ritmo en las últimas décadas se ha acelerado con mucha más rapidez que en cualquier otro período anterior de la historia del planeta. (Foley et al., 2003: 524-532). Según la evaluación de zonas áridas realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU, en los últimos 30 años la zona ecológica del Sahel se ha desplazado entre 50 y 200 kilómetros hacia el sur, provocando importantes pérdidas de biodiversidad y tierras cultivables (FIDA, 2024). Aunque generalmente se entiende que el Período Húmedo Africano terminó “rápidamente” en términos paleoclimáticos, incluso los biomarcadores de cera vegetal de alta resolución y las reconstrucciones del nivel de los lagos (registros de núcleos sedimentarios de grano fino de las precipitaciones pasadas y los cambios en el balance hídrico) muestran que la transición principal de condiciones húmedas a áridas abarcó varios siglos, no décadas. (Collins et al., 2017). “El pasado”, como sostiene un artículo científico, “no es el futuro” (Claussen et al., 2003; Lézine et al., 2011).

En el Sahel, el calentamiento antropogénico (inducido por la actividad humana) reciente y los consiguientes cambios en las precipitaciones a lo largo de varias décadas se están produciendo a tasas que no tienen precedentes claros en el registro del Holoceno.⁴ Estudios recientes muestran que el Sahel se ha calentado aproximadamente 1,5 veces más rápido que el promedio global en las últimas décadas, a pesar de contribuir con menos del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (por ejemplo, África representó menos del 3% de las emisiones acumuladas mundiales de CO₂ entre 1750 y 2021, mientras que África subsahariana, excluyendo Sudáfrica, contribuyó apenas el 0,6%). En contraste, los Estados Unidos continentales, que se calientan a una tasa similar (1,6 veces más rápido que el promedio global), son responsables del 25% de las emisiones mundiales (Eboreime et al., 2025; Ritchie, 2023-2025). El sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) (2023) confirma con “gran certeza” que: 1) la temperatura de África ha aumentado con mayor rapidez que la de cualquier otra región del mundo; 2) el calentamiento continuo acelerará las temperaturas extremas y, lo que es más importante, 3) que “el cambio climático inducido por el ser humano [ha sido] el factor determinante dominante”. (2021b).

Estos no son hallazgos nuevos. Un artículo científico de 2001, por ejemplo, demostró que el Sahel “ofrece el ejemplo más llamativo a nivel mundial de variabilidad climática que se ha medido de manera directa y cuantitativa” (Hulme, 2021). Entre principios de la década de 1980 y finales de la de 1990, la región del Sahel registró un aumento de las precipitaciones y la vegetación, recuperándose de la severa sequía de las dos décadas anteriores. Sin embargo, a partir de 1999, las tendencias al alza se estabilizaron (Chen et al., 2020). Aun cuando estudios anteriores sugerían que las graves sequías ocurridas desde finales de la década de 1960 hasta la de 1980 eran causadas por la deforestación, lo que sigue siendo una preocupación vigente, datos y análisis más precisos demuestran que la variabilidad de las precipitaciones en el Sahel obedece al aumento de las temperaturas de la superficie del mar en el Mediterráneo, el Atlántico Norte y los océanos tropicales. En otras palabras, esta variabilidad se debe a las tendencias generales de calentamiento antropogénico, que son en gran medida el resultado de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero de Occidente (Park et al., 2016: 941-945). Los futuros cambios climáticos, incluidos los influenciados por variaciones impulsadas por los océanos, podrían fácilmente revertir o desestabilizar aún más este frágil equilibrio en el Sahel. ⁵

Los patrones climáticos oscilantes en el Sahel también han generado problemas con la capa freática, avivando conflictos entre distintas comunidades. El análisis estadístico a largo plazo de los patrones climáticos ha mostrado una fuerte recuperación tras las sequías, seguida de una meseta, lo que indica que no ha habido una recuperación permanente. Esta meseta también se atribuye en gran medida al aumento de la temperatura de la superficie del mar impulsado por las emisiones industriales mundiales, concentradas en el Norte Global (Chen, 2020; Biasutti, 2019; Saley y Salack, 2023; Salack et al., 2018: 1274-1278). Utilizando el Índice de Precipitaciones del Sahel, derivado de observaciones pluviométricas, estos estudios demuestran que lo que ha cambiado es la naturaleza de las precipitaciones. Las lluvias son ahora más intensas pero intermitentes, lo que genera patrones climáticos más extremos, que incluyen tanto inundaciones como sequías.

Aproximadamente 30 integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma trabajan una parcela de más de dos hectáreas, utilizando prácticas agroecológicas para producir alimentos para sus familias, escuelas y mercados locales de la región de Koubri.

La catástrofe social y económica

Con temperaturas en el Sahel que aumentan 1,5 veces más rápido que el promedio global, la agricultura y el pastoreo atraviesan una situación de gran tensión (Doblas-Reyes y Sörensonn et al., 2021). Se ha documentado una fuerte correlación entre la variabilidad de las precipitaciones en el Sahel y los rendimientos de cultivos de secano básicos como el mijo y el sorgo (Sultan y Gaetani, 2016). Existe sólida evidencia científica de que lxs pastorxs del Sahel enfrentan una reducción de la disponibilidad de pastos debido al calentamiento y a las lluvias tardías. Como consecuencia, se ven obligadxs a migrar distancias más largas, adentrándose con frecuencia en territorios de pastoreo desconocidos. Investigaciones recientes sobre el pastoreo saheliano muestran que el aumento de las temperaturas, las precipitaciones irregulares y la degradación de la tierra están reduciendo las tierras de pastoreo accesibles y empujando a lxs pastorxs a extender su movilidad estacional.

Un informe de 2025 sobre el clima y los medios de vida pastorales señala que, en el Sahel, la reducción de la disponibilidad de pastos provocada por el calentamiento y las lluvias irregulares está llevando a lxs pastorxs a realizar migraciones más largas a través de territorios desconocidos en busca de pastos y fuentes de agua cada vez más escasos. Esto reconfigura los calendarios y rutas de trashumancia tradicionales (los corredores consuetudinarios o demarcados utilizados para los desplazamientos estacionales del ganado entre zonas de pastoreo y puntos de agua) (Awazi, 2025: 85). Trabajos previos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés) documentaron de manera similar que la reducción de la disponibilidad de pastos ha obligado a realizar desplazamientos de mayor distancia y duración, con rutas de los rebaños que se desplazan hacia el sur, hacia zonas más húmedas y a menudo desconocidas (Ickowicz et al., 2012: 269).

Esta movilidad intensificada se vuelve catastrófica no porque la movilidad en sí sea intrínsecamente dañina, sino porque los regímenes coloniales y poscoloniales de tenencia de la tierra desmantelaron las protecciones legales de los corredores de trashumancia, el desarrollo posindependencia priorizó la agricultura sedentaria y, a partir de la década de 1980, décadas de ajuste estructural erosionaron la regulación pública de la tierra y el agua (Tricontinental, 2023). En estas condiciones, la movilidad inducida por el clima expone cada vez más a lxs pastorxs más pobres al cercamiento de tierras, la extracción de rentas, la criminalización y la violencia, convirtiendo un estrés ecológico en una crisis de reproducción mediada por la clase.

Estas dinámicas no son abstractas. Sus consecuencias se han registrado con mayor intensidad en los cuerpos de las personas jóvenes. Las sequías de finales de la década de 1960 a la década de 1980, y los impactos climáticos y ambientales que produjeron, derivaron en graves crisis alimentarias y hambrunas (Montimore, 2010; Anyamba et al., 2014). Las investigaciones sobre el clima y los sistemas alimentarios muestran que, incluso cuando se recuperan las lluvias y las cosechas, el deterioro a largo plazo de la salud infantil es dramático. Un estudio, por ejemplo, vincula el aumento de las temperaturas, la disminución y creciente variabilidad de las precipitaciones, y la alteración de las estaciones del año con el bajo peso al nacer y el retraso en el crecimiento infantil, causados por una combinación de estrés térmico intrauterino y desnutrición derivada de reiteradas pérdidas de cosechas y ganado. Donde predominan la agricultura de subsistencia y la agricultura a pequeña escala, las pérdidas estacionales crónicas se traducen directamente en déficits de salud duraderos (Davenport et al., 2017; Grace et al., 2015; Grace et al., 2018). Esta correlación entre la variabilidad climática y la salud infantil refleja cómo los programas de ajuste estructural (PAE) del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) eliminaron las reservas de granos, los insumos subsidiados y los servicios de extensión que anteriormente amortiguaban la pérdida de cosechas, al tiempo que imponían una agricultura de exportación que prioriza los mercados europeos por sobre la seguridad alimentaria local.

A medida que los cambios climáticos se intensifican, la crisis de hambre ha confluido lenta pero inexorablemente con la crisis de salud, dando lugar a una catástrofe política en la región. Por ejemplo, el cinturón epidémico de la malaria se ha desplazado hacia el norte, hacia la zona de transición entre el Sahel y Sudán, con tasas de mortalidad crecientes entre lxs niñxs que carecen de inmunidad frente a la malaria y otras enfermedades asociadas (Caminade et al., 2014). Al mismo tiempo, se han intensificado las rebeliones tuareg (amazigh) en el norte de Mali y Níger, arraigadas en agravios históricos contra el Estado, las rebeliones islamistas surgidas a raíz de la destrucción de Libia a manos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte; y de las tensiones entre pastorxs y agricultorxs sedentarixs. Desde la inseguridad alimentaria a los brotes de enfermedades, la región se ha visto sumida en conflictos violentos, lo que ha provocado migraciones internas y transfronterizas, además de desplazamientos masivos y una rápida urbanización (Cattaneo y Massetti, 2015; Conte, 2023; Henderson et al., 2015).

La catástrofe política

A medida que las sequías se intensifican, las lluvias se vuelven erráticas y los medios de vida agrícolas y pastorales colapsan, todo el orden social y político se está reconfigurando. La disminución de los pastizales y la reducción de las fuentes de agua han llevado a agricultorxs y pastorxs a enfrentamientos cada vez más violentos.

A medida que las rutas de pastoreo se secan y los pozos se agotan, ls pastorxs se ven obligadxs a adentrarse más en las tierras agrícolas, mientras lxs agricultorxs, que enfrentan la disminución de sus propias cosechas, se muestran cada vez menos dispuestxs a aceptar el paso de los rebaños itinerantes en ausencia de una mediación eficaz. Esta intensificación de la competencia no ocurre en el vacío: los patrones climáticos cambiantes hacen que los recursos vitales sean más escasos dentro de regímenes territoriales moldeados por el despojo colonial, el sesgo poscolonial del Estado hacia la agricultura sedentaria y la erosión de la regulación pública (Benjaminsen, 2016).

Estas tensiones localizadas se intensifican hasta convertirse en crisis nacionales precisamente porque los Estados del Sahel, debilitados por décadas de marginalización, desarrollo desigual y reestructuración económica impuesta desde el exterior, carecen de la capacidad para gestionar estas presiones. En regiones periféricas como el norte de Mali, Níger y Chad, donde la presencia del Estado ha sido históricamente mínima, los impactos climáticos interactúan con la crónica subinversión para erosionar aún más una capacidad estatal ya de por sí frágil. La incapacidad del Estado para garantizar el acceso al agua, gestionar los pastizales y proteger a la población de la violencia durante los períodos de sequía socava su legitimidad, profundiza el resentimiento y acelera la fragmentación política mediante la instrumentalización de identidades religiosas y étnicas (Benjaminsen, 2016). Este vacío de autoridad, configurado por la retirada del Estado y el abandono político, constituye un terreno fértil para los grupos armados, en particular bajo las condiciones creadas por el estrés ecológico.

Los movimientos insurgentes, desde las redes yihadistas sahelianas hasta Boko Haram, han aprendido a explotar la angustia ecológica como una oportunidad de expansión política. Cuando las personas pierden ganado, cosechas o ingresos debido a la sequía, son más vulnerables al reclutamiento, no porque una determinada ideología se vuelva repentinamente irresistible, sino porque los grupos armados ofrecen una apariencia de medios de subsistencia, protección y resolución de disputas. Estudios realizados en Kenia, Mali y el norte de Nigeria muestran que el colapso de los medios de subsistencia inducido por el clima aumenta la probabilidad de que los hombres jóvenes se unan a grupos militantes, con evidencia de Nigeria que registra un aumento en el reclutamiento en regiones afectadas por la sequía (Buhaug y von Uexkull, 2021: 545-568). La crisis climática reconfigura así el campo de batalla político. Los grupos armados intervienen donde el Estado se retira, ofreciendo con frecuencia acceso al agua, arbitrando conflictos locales o distribuyendo el botín, funciones que pueden imitar las de la gobernanza.

Sin embargo, el colapso de los mecanismos de adaptación tradicionales no es solo institucional, también es cultural y político. Los pueblos del Sahel han desarrollado durante largo tiempo sistemas complejos de conocimiento para interpretar los ciclos ecológicos, anticipar las lluvias y coordinar los desplazamientos de los rebaños a través de territorios vastos e inhóspitos. No eran simples costumbres, eran formas de gobernanza arraigadas en rituales, obligaciones sociales y acuerdos intercomunitarios. La volatilidad climática ha desestabilizado estos sistemas de conocimiento, cuyo funcionamiento dependía de ritmos ecológicos relativamente predecibles. Las lluvias erráticas hacen que los calendarios agrícolas indígenas sean poco confiables, mientras que los ciclos de pastoreo alterados obligan a lxs pastorxs a abandonar rutas migratorias tradicionales. (Zougmoré et al., 2023; Turner, 2011). A medida que estas tecnologías culturales se desintegran, las comunidades pierden su capacidad de autorregular el uso de los recursos, lo que crea más oportunidades para el conflicto y deslegitima aún más tanto a las autoridades ancestrales como a las instituciones estatales.

Las mujeres y las niñas se encuentran en el epicentro de esta crisis político-climática entrelazada, aunque sus experiencias suelen clasificarse erróneamente como sociales en lugar de políticas. A medida que el agua y la leña escasean, las mujeres deben recorrer distancias más largas cada día, lo que reduce el tiempo disponible para la participación económica o cívica (Carney, 1993; Ilboudo Nébié et al., 2024). Los impactos climáticos pueden llevar a las familias a retirar a las niñas de la escuela o a empujarlas al matrimonio precoz, un retroceso que debilita aún más los cimientos sociales de la participación democrática y la igualdad de género. Existe también evidencia de que el estrés económico provocado por la sequía se correlaciona con un aumento de la violencia de pareja (Cools y Kotsadam, 2017). Estas presiones limitan la capacidad de acción política de las mujeres y su capacidad para participar en la toma de decisiones comunitarias, la construcción de la paz o la gobernanza local. El cambio climático, por lo tanto, no solo está reconfigurando los paisajes físicos, sino estrechando el espacio político para la mitad de la población.

Consideradas en conjunto, las dinámicas descritas, el conflicto por los recursos, la erosión de la autoridad estatal, la expansión de los grupos armados, el colapso de los sistemas de gobernanza no estatales y la reducción de la capacidad política de las mujeres, configuran una crisis política entrelazada en la que el estrés climático intensifica contradicciones enraizadas en la intervención imperialista, el desarrollo desigual y el debilitamiento de las instituciones públicas y comunitarias. El cambio climático no opera como un impacto externo, sino como una fuerza que reorganiza el poder, reconfigurando las luchas por la tierra, la movilidad y la autoridad en todo el Sahel. Estos procesos no se desarrollan de manera uniforme en toda la región. Están mediados por historias nacionales, trayectorias estatales y decisiones políticas. Para comprender cómo la crisis climática se convierte en la práctica en una crisis política, es necesario, por tanto, examinar estas dinámicas en el contexto de países específicos. A menos que la justicia climática, la adaptación equitativa y el fortalecimiento de las instituciones sociales se sitúen en el centro de la estrategia política de la región, la espiral descendente continuará, convirtiendo el impacto climático en convulsión política y la degradación ambiental en colapso estatal.

Impulsado por la defensa de la soberanía alimentaria, el cultivo de maíz orgánico se ha convertido en parte de la resistencia campesina frente a la expansión de las semillas genéticamente modificadas en Burkina Faso.

Parte II: Mali y Sudán

Mali

Antes de que las tropas francesas invadieran el recodo del río Níger en la década de 1890, las sociedades de África Occidental ya habían desarrollado sistemas para gobernar la tierra, el agua y la movilidad pastoral. En Mali, los manuscritos de Tombuctú producidos entre los siglos XV y XIX vinculaban la legitimidad política con la protección de los medios de subsistencia, combinando el razonamiento jurídico con la observación astronómica para anticipar las lluvias y las inundaciones estacionales.⁶ El Imperio Macina (1818–1862) formalizó posteriormente este enfoque a través de la dina (un código legal integral que regulaba el uso de la vasta llanura aluvial estacional del río Níger, el Delta Interior del Níger, entre lxs pastorxs fulani, lxs agricultorxs dogon y bambara, y lxs pescadorxs bozo). Este sistema era supervisado por una jerarquía de autoridades, incluidos los jefes pastorales conocidos como jowros, que coordinaban la entrada estacional del ganado, mantenían los corredores ganaderos y mediaban los conflictos por los recursos basándose en los patrones de inundación observados (Benjaminsen y Ba, 2021: 4-26, 73).

Estos manuscritos y sistemas de gobernanza demuestran que la gestión de los recursos y el medio ambiente en Mali era inseparable de la legitimidad política, la obligación social y el trabajo productivo, en lugar de ser tratada como un problema técnico de seguridad. El estrés ambiental era entendido como un fracaso político cuando lxs gobernantes no protegían los medios de subsistencia. Lo que hoy se describe como “conflicto estimulado por el clima” es, en realidad, el resultado de la destrucción sistemática de la capacidad estatal necesaria para gestionar los sistemas regulatorios, primero por el colonialismo francés, luego por la formación del Estado neocolonial y, hoy en día, intensificada por el cambio climático antropogénico que opera dentro de estructuras de desarrollo estancado.

El colonialismo francés desmanteló la capacidad regulatoria de las instituciones existentes mientras conservaba sus funciones extractivas. En Mali, la ley de tierras despojó a los jefes pastorales de su estatus jurídico al tiempo que seguía utilizándolos para controlar el acceso pastoral y recaudar tasas, generando una condición de doble ilegitimidad, al perder tanto la autoridad consuetudinaria como la jurídica. Al reconocer únicamente los títulos de propiedad individuales, la legislación colonial sobre la tierra subordinó los derechos consuetudinarios y pastorales de uso de la tierra, privilegió la agricultura sedentaria y dejó al pastoreo móvil en una situación de precariedad jurídica.

El primer presidente de Mali, Modibo Keïta (1960–1968), desafió este legado. Inspirado en el socialismo del Tercer Mundo, su gobierno se retiró de la Comunidad Francesa,⁷ abandonó el sistema monetario respaldado por Francia conocido como la zona del franco CFA, nacionalizó industrias clave y promovió un desarrollo dirigido por el Estado orientado a restituir la autoridad sobre la tierra y los recursos, en un contexto de creciente variabilidad ambiental, incluidos los esfuerzos por limitar el poder político de las élites pastorales intermediarias. Esto incluyó el rechazo de los planes respaldados por Francia para externalizar el control de los recursos en las regiones desérticas de Mali, en particular la Organisation commune des régions sahariennes [Organización Común de las Regiones Saharianas – OCRS], un proyecto colonial francés tardío que buscaba mantener el control sobre el territorio y los recursos del Sáhara más allá de las fronteras coloniales, avivando las divisiones entre grupos étnicos.

El gobierno militar de Moussa Traoré (1968–1991), que derrocó a Keïta mediante un golpe de Estado en 1968, revirtió estas medidas y restableció un papel privilegiado para las empresas y las finanzas francesas en el comercio, la banca y la contratación pública durante la década de 1980. Esta restauración de los privilegios comerciales franceses revelaba la función del régimen de Traoré dentro del sistema Françafrique (una matriz informal de mecanismos políticos y económicos de control francés en sus antiguas colonias africanas). Al igual que con otros líderes nacionalistas radicales en el África francófona, el desafío de Keïta al control neocolonial fue abruptamente suprimido.

Bajo el mandato de Traoré, los jefes pastorales fueron paulatinamente rehabilitados, pero dentro de unas estructuras legales y administrativas que habían perdido su función de coordinación precisamente cuando la variabilidad ambiental se intensificaba. Los códigos de propiedad de tierras reconocían únicamente los títulos de propiedad individuales, lo que redujo los derechos consuetudinarios a débiles derechos de uso y transformando a los jefes pastorales de gestores de recursos en agentes de extracción de rentas. A medida que las precipitaciones se volvían cada vez más irregulares tras las sequías de finales de la década de 1960 hasta la de 1980 y la “recuperación” parcial de la década de 1990, que se estancó hacia 1999, el acceso a los corredores de pastoreo y a los pastizales de las llanuras aluviales se volvió más disputado, lo que permitió a lxs políticxs redefinir la entrada del ganado como una fuente de ingresos. Aunque los jefes pastorales seguían siendo responsables de gestionar estos corredores, carecían de autoridad legal sobre ellos y pasaron a depender de los funcionarios del gobierno local que controlaban el acceso y extraían rentas.

El aumento de las tasas de acceso a los pastizales de las llanuras aluviales, impulsado por la necesidad de financiar sobornos a funcionarios locales, recaía de manera desproporcionada sobre lxs pastorxs de las tierras áridas. A diferencia de lxs agropastorxs, no disponían de tierras agrícolas a las que recurrir, y sus rebaños dependían del acceso estacional a los pastizales de las llanuras aluviales del delta. Mientras tanto, agencias estatales como la autoridad de desarrollo arrocero Office riz Mopti (Oficina de Arroz de Mopti) confiscaban pastizales ricos en nutrientes sin ofrecer compensaciones significativas por la pérdida de acceso al pastoreo a las comunidades pastorales a las que en teoría servían, mientras que los tribunales emitían fallos deliberadamente ambiguos en un clima de sobornos generalizados, perpetuando el conflicto para garantizar la extracción continua. Aunque las instituciones de gobernanza pastoral permanecieron formalmente en pie, su capacidad para coordinar la tierra, el agua y la movilidad bajo la creciente presión climática fue desmantelada sistemáticamente (Benjaminsen y Ba, 2021).

Los programas de ajuste estructural (PAE), implementados a partir de 1988 y profundizados durante la década de 1990, agudizaron esta crisis al desmantelar la capacidad del Estado para regular la tierra, el agua y la movilidad precisamente cuando la variabilidad de las precipitaciones se intensificaba. Las condiciones impuestas por el Banco Mundial y el FMI redujeron el personal de extensión veterinaria y agrícola, eliminaron los subsidios a los insumos (con fuertes aumentos en los precios de los fertilizantes), privatizaron el mantenimiento de los puntos de agua e impusieron una devaluación monetaria del 50% en 1994, lo que colapsó la infraestructura rural al tiempo que forzaban una comercialización orientada a la exportación (Banco Mundial, 1996; FMI, 1998; Inter-reseaux, 2020). A medida que desaparecía la capacidad de mediación, se intensificó la competencia por la tierra y se criminalizó la movilidad pastoral, lo que generó una extracción de rentas continua de las economías pastorales. Lxs pastorxs fulani de clase baja fueron desposeídxs sistemáticamente mientras los funcionarios estatales y las élites pastorales acumulaban rentas. La gobernanza pastoral se convirtió en un mecanismo de extracción. El cambio climático intensificó estas condiciones al reducir los pastizales disponibles, aumentar lo que estaba en juego en el control de acceso y forzar migraciones más largas hacia territorios desconocidos donde una extracción depredadora podía imponerse con mayor facilidad (Benjaminsen y Ba, 2019: 1-20).

A medida que el Estado se retiraba de sus funciones de gobernanza, los grupos armados, no movimientos de liberación, sino actores que explotaban el vacío dejado por el colapso institucional, actuaron para dar respuesta a las reivindicaciones materiales que ninguna autoridad política estaba dispuesta a enfrentar. Entre 2015 y 2018, Katiba Macina (el Frente de Liberación de Macina), un grupo yihadista armado formado en 2015 que reclutaba su base principalmente entre pastores fulani marginalizados y que, a partir de 2017, operó bajo la bandera de Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes, JNIM por su sigla en árabe), afiliado a al-Qaeda, abolió todas las tasas de pastoreo. Estas tasas habían sido impuestas por los jefes pastorales para acceder a los pastizales de la llanura aluvial, ricos en nutrientes y habían consumido una parte sustancial de los ingresos en efectivo de lxs pastorxs (Benjaminsen, 2024: 41-69). La abolición de las tasas eliminó una fuente importante de extracción de rentas, aliviando la carga económica y mejorando el acceso a los pastizales para lxs pastorxs de tierras áridas. Para los hogares más pobres, esto significó un alivio material inmediato, con frecuencia, la diferencia entre la viabilidad y la desposesión (Benjaminsen y Ba, 2019).

En este contexto, la división de clases dentro de las comunidades fulani y dogon moldeó los patrones de movilización armada. Entre lxs fulani, los jefes pastorales adinerados y propietarixs de ganado se enfrentaban a lxs pastorxs pobres de tierras áridas. Las comunidades agrícolas dogon se estratificaron de manera similar entre propietarixs de tierra vinculadxs a los programas estatales y agricultorxs sin tierra que enfrentaban inseguridad alimentaria. Las políticas estatales utilizaron estas divisiones de clase como arma. La Oficina de Arroz de Mopti desplazó corredores pastorales y accesos a pastos de manera que favoreciera a lxs agricultorxs adineradxs, generalmente sin compensación significativa para lxs pastorxs. A medida que las fuerzas estatales se retiraban de las zonas rurales después de 2015, las autoridades malienses delegaron la seguridad local a las milicias de cazadores dozo (fraternidades tradicionales reconvertidas en grupos armados) y les proporcionaron entrenamiento, armas y apoyo financiero. La más estructurada de estas milicias, Dan Na Ambassagou, reclutaba principalmente entre la juventud dogon empobrecida, cuya desposesión canalizaron hacia una hostilidad étnica dirigida contra las comunidades fulani, en lugar de contra las élites que despojaban a ambos. Las consecuencias fueron devastadoras. En la masacre de Ogossagou de marzo de 2019, los combatientes de Dan Na Ambassagou asesinaron a aproximadamente 160 civiles fulani, una atrocidad que forzó la renuncia del primer ministro, pero no produjo una rendición de cuentas duradera (Nsaibia, 2025).

Si bien el estrés climático no creó esta división de clases, multiplicó sus efectos: las lluvias erráticas y los pastizales degradados significaban que el acceso oportuno al delta se volvía aún más crítico, transformando las tasas abusivas en barreras existenciales. Fue esta intensificación de la extracción preexistente, no la escasez en sí misma, lo que impulsó a lxs pastorxs a la resistencia armada.

A pesar de imponer códigos sociales coercitivos, incluidas restricciones a la libertad de movimiento de las mujeres y violencia contra quienes disentían, Katiba Macina logró resolver disputas de tierras, regular el acceso a los pastos y hacer cumplir las indemnizaciones por daños a los cultivos, desempeñando así funciones de gobernanza que el Estado neocolonial había abandonado. El impacto económico concreto de la abolición de tasas ayuda a explicar por qué lxs pastorxs de tierras áridas apoyaron a Katiba Macina y, posteriormente, a JNIM en general, ya que esta organización abordaba agravios que ninguna otra fuerza política había enfrentado. Después de que Katiba Macina restableciera tasas menores en 2018, bajo la presión de los jowros, muchos pastorxs de tierras áridas trasladaron su lealtad a Dawlat il Islamia (el Estado Islámico en el Gran Sahara, EIGS), una nueva facción alineada con el Estado Islámico formada a finales de 2019, cuyo llamado a la colectivización de la tierra y al fin de los pagos por el acceso a los pastizales apelaba directamente a lxs fulani de clase baja (Benjaminsen y Ba, 2019; Benjaminsen y Ba, 2021).

La división entre JNIM e EIGS no se debió a diferencias en la doctrina religiosa ni a estrategias de adaptación climática, sino a la cuestión de si las élites fulani podían continuar extrayendo rentas de lxs pastorxs pobres. El llamado del EIGS a la colectivización de la tierra desafió directamente el poder de clase de los jefes pastorales, captando el apoyo de lxs fulani de clase baja que enfrentaban tanto el estrés ambiental como la explotación de clase sistemática. El estrés climático amplificó estas dinámicas al hacer más crítico el acceso a los recursos, pero la lucha en sí misma era una disputa sobre quién fijaría las reglas de movilidad, acceso a los pastos y compensaciones en el delta. La narrativa estatal del “conflicto étnico” ha servido para ocultar estas dinámicas de clase. Al presentar la violencia como un antagonismo primordial entre fulani y dogon, impide la solidaridad entre lxs agricultorxs y pastorxs pobres que enfrentan la explotación a manos de la élite y justifica las operaciones militares como una forma de “contraterrorismo”.

En este contexto, la Alianza de Estados del Sahel (AES), formada en septiembre de 2023 por Mali, Burkina Faso y Níger y formalizada como confederación en julio de 2024, representa un intento de romper con la dependencia neocolonial y recuperar el control de los recursos, abriendo espacio para una adaptación climática integral. Los documentos de planificación de Mali, la Estrategia Nacional para la Emergencia y el Desarrollo Sostenible 2024–2033 y Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma [Un nuevo Mali: Una visión para 2063], enmarcan explícitamente la soberanía como un requisito previo para la restauración ambiental y promueven políticas como la inversión pública en infraestructura de riego y pastoril, la restauración de los corredores de pastoreo y la priorización de la soberanía alimentaria por sobre la agricultura orientada a la exportación.

Sin embargo, la AES enfrenta profundos retos, como la deuda heredada, su limitada capacidad industrial, el conflicto armado en curso y la presión de Francia y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). La dependencia de Mali de inversionistas extranjeros plantea preguntas cruciales sobre si la AES será capaz de alcanzar una soberanía genuina o cederá ante los intereses del imperialismo francés. No obstante, esta alianza se hace eco del reconocimiento de Keïta de que las crisis ambientales no pueden abordarse sin confrontar al imperialismo.

Uno de los logros de la Asociación de Mujeres Watinoma fue la instalación de un pozo con una bomba solar y un reservorio de 15 m³, garantizando el acceso al agua incluso durante la estación seca.

Sudán

Darfur, del árabe Dār Fūr, significa “patria del pueblo fur”. No obstante, hoy la palabra evoca con frecuencia una sensación de crisis natural permanente. Catalogado como “el primer conflicto del mundo provocado por el cambio climático” por organizaciones humanitarias, funcionarios de la ONU y analistas de política exterior, esta designación oculta tanto como explica (Kamen, 2021). Cuando el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró en 2007 que “el conflicto de Darfur comenzó como una crisis ecológica, surgida al menos en parte del cambio climático”, realizó un conocido juego de manos: reconoció el estrés ambiental al tiempo que ocultó sistemáticamente la economía política que transformó la sequía en genocidio (2007). La narrativa avanza de manera predecible: a medida que el desierto del Sahara avanza un kilómetro y medio al año y las precipitaciones disminuyen entre un 15% y un 30%, lxs pastorxs árabes y lxs agricultorxs africanos negros compiten por recursos cada vez más escasos y se reavivan antiguos odios étnicos. El clima se convierte en el motor principal. La clase desaparece por completo.

La violencia que estalló en Darfur en 2003 y que posteriormente se extendió a Kordofán y el Nilo Azul no fue ni un brote repentino de conflicto étnico ni una combustión espontánea de la escasez. Fue precipitada por una convergencia estructural en la que la aceleración de las alteraciones climáticas se entrecruzó con una economía política forjada por una prolongada reestructuración neoliberal y la depredación estatal. El conflicto es, en esencia, una guerra de clases ecológica. El Estado ha desmantelado sistemáticamente los medios de vida tradicionales, privatizado los recursos comunales y creado una población desposeída que depende de una economía militarizada, todos ellos factores que han amplificado la precariedad ambiental. El resultado es más que una crisis humanitaria; es la reestructuración violenta de la sociedad para la acumulación de capital.

El deterioro físico del medio ambiente de Sudán es agudo: el 40% de los años registrados (entre 1943 y 2017) en Darfur del Sur fueron clasificados como años de sequía, junto con el avance hacia el sur de la desertificación (PNUMA, 2007; Atiem et al., 2022: 1069). No se trata de una “escasez” neutral: es una consecuencia geográficamente desigual del orden económico mundial, que ha externalizado sus costos ecológicos hacia la periferia. En Sudán, la aceleración del calentamiento antropogénico actúa como un brutal amplificador de las vulnerabilidades existentes.

El estrés ecológico solo se convierte en una catástrofe cuando se encuentra con un sistema político que antepone el lucro a las personas. En Sudán, el punto de inflexión llegó con el golpe de Estado de 1989 y la reestructuración neoliberal bajo Omar al-Bashir, impuesta por los PAE del FMI y el Banco Mundial, que exigían la eliminación de los subsidios agrícolas, la privatización de las tierras comunales y el desmantelamiento de los servicios de apoyo estatal (Bush, 2007). Esta retirada estratégica del Estado destruyó el contrato social en las zonas rurales de Sudán. El régimen de al-Bashir utililizó activamente esta nueva ecología política como arma, transformando la tierra de un recurso comunal en una moneda de clientelismo asignada a las élites afines al régimen que mecanizaron la agricultura, bloquearon los corredores pastorales y despojaron a lxs agricultorxs (de Waal, 2005). Para sofocar la agitación resultante, el Estado subcontrató la violencia a milicias pastoralistas, los Janja’wid (demonios a caballo), otorgándoles carta blanca para apoderarse del ganado, las cosechas y la tierra (Tricontinental y Asamblea Internacional de los Pueblos, 2025). En este proceso, los activos fueron transferidos violentamente de manos comunitarias a privadas, creando una nueva clase de acumuladores militarizados.

La fiebre del oro del siglo XXI, impulsada por los mercados globales, superpuso una frenética lógica extractiva sobre este sistema. Las milicias, en particular las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por su sigla en inglés), evolucionaron hasta convertirse en empresas capitalistas que controlaban minas y rutas de contrabando. (Craze, 2025). El desplazamiento de la población impulsado por el clima ha creado una reserva de mano de obra desesperada y abierto nuevos territorios para la captura de recursos, monetizando de manera efectiva el desplazamiento humano y ecológico (Romankiewicz y Doevenspeck, 2015: 79-100).

La narrativa de “árabes contra africanos negros” es una poderosa herramienta política que el régimen cultivó y utiliza activamente para contener un conflicto de clases en auge. Esta estrategia etnificó lo que era fundamentalmente una crisis por los medios de producción, sobre todo la tierra fértil y el agua, bajo condiciones de escasez inducida. Ha impedido la conformación de un frente unificado de lxs desposeídxs y ha permitido que los grupos armados recluten siguiendo líneas de identidad fragmentadas, capitalizando la angustia de un pueblo cuya esperanza de una vida digna ha sido aniquilada.

El camino hacia la radicalización sigue un circuito claro de desposesión. Los hombres jóvenes, separados de los medios de vida agrarios o pastorales por impactos ecológicos y económicos combinados, ven su fuerza de trabajo convertida en mercancía en su forma más brutal: como combatientes armados. Por lo tanto, las RSF no son simplemente una milicia. Operan como una empresa gobernante que ofrece salarios, resolución de disputas y protección en zonas donde el Estado solo ofrece abandono o violencia. Unirse a ellas se convierte en una estrategia racional de supervivencia en una economía colapsada, transformando el estrés ecológico en mano de obra militar (Verhoeven, 2011: 679-707).

En este contexto, los actores internacionales son componentes integrales del sistema que configura y explota la crisis, y no salvadores externos. Entre estos actores se encuentran:

• Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que han financiado a las RSF como fuerza mercenaria para acceder al oro de Sudán. Esto representa una nueva modalidad imperial, en la que el capital del Golfo utiliza la acumulación militarizada para asegurar recursos y proyectar poder (Kebede, 2025).
• La Unión Europea, cuyo financiamiento, canalizado a través del Proceso de Jartum hacia agencias estatales sudanesas para el control fronterizo, efectivamente dotó de recursos y legitimó a fuerzas -incluidas unidades vinculadas a las RSF- encargadas de frenar la migración. Esta política militarizó directamente la respuesta a las poblaciones desplazadas por el clima, tratando a las víctimas de esta crisis político-ecológica como una amenaza para la seguridad (Andersson, 2014).
• Las instituciones financieras occidentales, que crearon las condiciones para el colapso del Estado y la vulnerabilidad social, mediante la deuda y los PAE, convirtiendo a Sudán en terreno fértil para las sucesivas oleadas de crisis. (Kadri, 2016).

La revolución sudanesa de 2019 y los comités de resistencia persistentes (organismos de base barrial que coordinaron el levantamiento y continúan organizando la gobernanza civil en medio de la guerra) representan un profundo desafío a toda esta estructura (Mohamed Sahil, 2021). Sus demandas de democracia, justicia y paz son a la vez antiimperialistas y ecológicas, dado que un proyecto soberano y progresista en Sudán requeriría desmantelar la economía de guerra, renacionalizar y democratizar el control sobre la tierra y la riqueza mineral, y poner en marcha una restauración agroecológica masiva para reconstruir la resiliencia comunitaria. Esto confrontaría directamente los intereses de la élite local militarizada y de sus patrocinadores internacionales, intereses que ambos actores nacionales del conflicto actual (las Fuerzas Armadas de Sudán y las RSF) buscan proteger. Esta guerra es, trágicamente, una batalla entre facciones rivales de esa élite por el botín del sistema, que mantiene a las masas atrapadas en la ecología de la desposesión. Una verdadera resolución no se alcanzará mediante un alto al fuego entre generales que representan a esa élite, sino mediante una transformación revolucionaria de las relaciones político-ecológicas que definen la vida sudanesa.

Conclusión

En todo el Sahel, las condiciones de vida han estado definidas desde siempre por el desierto. Artistas como Tinariwen, una banda tuareg considerada pionera del llamado “blues del desierto”, han cantado sobre el exilio, el despojo y la sed en el norte de Mali. Su canción Tenere maloulat [El desierto blanco] describe una condición familiar para la mayoría de los habitantes en la región: “perdidx en la noche, mi sed, mi deseo de agua me despertó”. Ni metáfora ni constatación de un hecho natural, esta canción engloba las condiciones políticas vividas por los pueblos del Sahel. Cuando quienes habitan el Sahel cantan al agua negada, a la tierra perdida, a la vida relegada a los márgenes, nombran lo que este dossier ha argumentado: la catástrofe climática en el Sahel no se experimenta como un cambio ambiental abstracto, sino como la intensificación de una economía política ya de por sí violenta. La sequía, el calor y las lluvias irregulares se vuelven catastróficos allí donde el imperialismo, la reestructuración neoliberal y la depredación estatal han desmantelado las protecciones colectivas y transformado la tierra, el agua y el trabajo en sitios de extracción. La sed, en el Sahel, es creada por el capitalismo.

Lo que está en juego es una lucha por la soberanía, el poder de clase y la organización social de la propia naturaleza. Cualquier camino hacia adelante debe, por lo tanto, romper con la securitización climática y centrarse, en su lugar, en la soberanía alimentaria, el control democrático sobre la tierra y el agua y la reconstrucción de instituciones públicas y comunitarias capaces de gestionar la variabilidad ambiental. El futuro del Sahel no se asegurará con muros fronterizos, bases militares o mercados, sino enfrentando las estructuras capitalistas e imperialistas que convierten el estrés climático en despojo y guerra. En este sentido, la lucha que se desarrolla en el Sahel no es periférica a la lucha global contra el capitalismo, es uno de sus frentes más intensos.

Entre las prácticas agroecológicas de la asociación se encuentra el uso de un biopesticida elaborado con hojas de nim, jengibre machacado, ajo y chile, cuya acidez y amargor ahuyentan los insectos y reducen los daños en los cultivos.

Notas

Referencias Bibliográficas

La selección se realizó en colaboración con Feminismo Gráfico, colectivo dedicado a recopilar, recuperar y visibilizar autoras de historieta y humor gráfico de Argentina desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Feminismo Gráfico construye una genealogía crítica del medio historietístico desde una perspectiva feminista, disputando sentidos en un lenguaje popular históricamente subestimado y poniendo en el centro las experiencias de mujeres y disidencias. El archivo puede visitarse en:  feminismografico.com.

Dani Ruggeri (Argentina), Colectivo, 2026.

Introducción

Desde 2016, manifestaciones de mujeres vestidas de rosa y hombres de azul, como forma de marcar los roles sociales tradicionales de género, recorren América Latina, con el rechazo a la diversidad sexual y de género como estandarte. Han estado acompañadas de una fuerte presencia en redes sociales, con hashtags como #NoALaIdeologiaDeGenero #ConMisHijosNoTeMetas #AMisHijosLosEducoYo #ConLosNiñosNo.

Estas embestidas que tienen su origen en la década de 1970 en Estados Unidos y reemergen en el siglo XXI, forman parte de una oleada anti género y antifeminista amparada por el fundamentalismo religioso cristiano que ha incluido a países católicos de Europa occidental como España e Italia; de Europa del Este como Croacia, Hungría, Polonia y Eslovenia, y que también llegó a Australia y a África Subsahariana, donde más de la mitad de los Estados criminaliza a las diversidades sexo genéricas, y campañas para sabotear la educación sexual integral, restringir el acceso a anticonceptivos y obstaculizar el aborto seguro están presentes en muchos países (Chela, 2023; Corrêa, 2018).

En paralelo a la irrupción de esta nueva ola conservadora, América Latina vivió un intenso ciclo de movilización social feminista de carácter internacional (2015-2019) que además de cuestionar el avance del neoliberalismo sobre cuerpos y territorios y este “nuevo” discurso anti-derechos; tensionó, amplió y muchas veces desbordó los marcos estatales y las agendas de los gobiernos progresistas de la región.

La extrema derecha actual es transnacional y ha ganado fuerza en todo el mundo, desde Filipinas a Hungría, pasando por India y Argentina. En este dossier abordamos cómo en América Latina sus tentáculos se entrelazan con los de organizaciones ultraconservadoras globales, regionales y locales, tanto religiosas como seculares, para promover una agenda contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas. La campaña Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), con presencia en casi toda la región, nos sirve como eje principal para analizar cómo esta agenda ultraconservadora incide en diferentes países. La describimos con más detalle en la sección tres.

Analizamos seis países de América Latina procurando abordar diversos tipos de implantación de CMHNTM en el período 2016-2025. Incluimos a Perú donde la campaña fue creada; Ecuador, donde fue exportada primero y comenzó a operar durante un gobierno progresista en lo económico y político; Argentina, con el movimiento feminista más fuerte de la región y con grandes avances legales e institucionales en cuestión de derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas; Chile, donde el enorme levantamiento popular de 2019 no logró consolidar muchos avances para el conjunto de la población, mientras que el movimiento feminista sí ha logrado algunos; El Salvador, uno de los países más conservadores con respecto a derechos sexuales y reproductivos, que comparte con Brasil, que también analizamos, un fundamentalismo evangélico muy fuerte y el hecho de que aunque la campaña CMHNTM prácticamente no operó, si lo hicieron otros dispositivos y campañas muy similares.

1. La cuestión de las mujeres en América Latina: entre la transición democrática y la consolidación neoliberal

La agenda de las mujeres en América Latina surgió entre las décadas de 1970 y 1980 como parte de las luchas contra las dictaduras, las desigualdades estructurales y el neoliberalismo, articulando demandas sobre violencia de género, derechos reproductivos, reconocimiento del trabajo de cuidados y participación política, en interlocución con la agenda internacional de la ONU, y también en diálogo y tensión con movimientos sindicales, campesinos y de derechos humanos. Esta agenda se institucionalizó parcialmente en las décadas de 1980 y 1990 mediante políticas de género y organismos estatales, pero se desarrolló en contradicción con la hegemonía neoliberal, que impuso ajustes estructurales, desvalorización del Estado como promotor del bienestar y exaltación del mercado como esfera organizadora de la vida social, cambios que afectaron de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las pobres y racializadas (Anzorena, 2013).

Las políticas de austeridad y la reducción del financiamiento del bienestar social reforzaron la transferencia de los costos de la reproducción a los hogares (Safa, 1992). El resultado ha sido la intensificación de la explotación invisible del trabajo doméstico y de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres¹, lo que configura lo que Nancy Fraser (2023) denomina “crisis del cuidado”: la creciente demanda de cuidados en condiciones sociales e institucionales cada vez más deterioradas. Esta sobrecarga es un mecanismo funcional para el capital, garantiza la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo sin costo directo para el Estado o el empleador (Vogel, 2022; Federici, 2019), profundizando los mecanismos de explotación orientados a la acumulación de capital.

En paralelo a este proceso, la flexibilización, la precariedad, la ampliación de la informalidad y el aumento del trabajo autónomo inherentes al neoliberalismo, afectaron más a las mujeres, ya que la ausencia de apoyo estatal limitó y limita tanto sus condiciones de acceso a los mercados de trabajo² como la permanencia en empleos más estables. En América Latina y el Caribe, las mujeres se incorporan principalmente a sectores de baja remuneración, alta rotación y ausencia de garantías, mientras siguen realizando, de forma invisible y no remunerada, el trabajo doméstico y de cuidados (Safa, 1992). En 2023, el 26% de las mujeres no tenía ningún tipo de ingresos propios, frente a solo el 10% de los hombres (CEPAL, 2024).

En este escenario, en el que el hogar se convirtió en un amortiguador de la crisis, los discursos sobre “valores familiares”, “resiliencia” y “responsabilidad individual” legitimaron el retroceso del Estado y naturalizaron la expectativa de que las familias absorban las consecuencias del desempleo y la precariedad (Biroli, 2014).

La reconfiguración del rol del Estado neoliberal implicó además la reorganización de relaciones sociales alrededor de las propias iniciativas de la sociedad civil, las comunidades autoorganizadas. Junto con los hogares, los procesos socio comunitarios absorbieron parte de las tareas reproductivas, lo que dio lugar a cierta ampliación de lo doméstico más allá del hogar y a la expansión de la feminización de la reproducción comunitaria de la vida (Bascuas y Barón, 2025). Estas narrativas e implicaciones de la retracción del Estado en materia social, siguieron trayectorias no lineales. Por un lado, se articularon con la idea del “emprendimiento femenino” como símbolo de autonomía, enmascarando las desigualdades estructurales. Por el otro, la politización de las mujeres de barrios populares y la construcción de estrategias colectivas autogestionadas frente a la crisis también construyó un campo de disputa y confrontación contra el neoliberalismo en donde las mujeres tuvieron un papel central (Andújar, 2005). Como muestran Fraser (2023) e Hirata y Kergoat (2007), esta retórica desplazó el debate al plano del esfuerzo individual, ocultando las condiciones materiales y sociales de la explotación de las mujeres; pero también encontró su propio desborde, en la práctica y el trabajo comunitario de las mujeres de los barrios populares vinculados a sobrevivencia y reproducción de la vida.

La ampliación de derechos tras la crisis neoliberal

Desde la primera década del siglo XX se experimentó un declive de la legitimidad neoliberal, impulsado por un fuerte proceso de la movilización y conflictividad social que dio lugar a un ciclo de impugnación neoliberal (Ouviña y Thwaites Rey, 2019) —con mayor impacto entre los años 2000 a 2013— y al ascenso de gobiernos progresistas que, en mayor o menor grado, contaron con soporte de movimientos sociales organizados (Gago 2019; Ouviña, 2022).

Durante el auge de los gobiernos progresistas latinoamericanos (2000-2015), el Estado amplió el reconocimiento institucional de los derechos de las mujeres y las diversidades sexo genéricas, incorporando parcialmente la perspectiva de género en las políticas públicas. Se crearon ministerios especializados, leyes contra la violencia de género, reformas redistributivas de los sistemas de pensiones, programas de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral; en algunos casos se reconocieron identidades de género, uniones civiles o matrimonio igualitario y en otros pocos como el argentino, cupo laboral trans³. Estas políticas se sustentaron en marcos internacionales de derechos humanos como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer), la Convención de Belém do Pará y el proceso Beijing+10, en diálogo con la agenda global feminista que ganó fuerza en la región.

Pese a los avances del ciclo progresista latinoamericano, la igualdad de género enfrentó obstáculos persistentes: enfoques asistencialistas, informalidad laboral femenina, financiamiento insuficiente y bloqueos de alianzas conservadoras, religiosas y empresariales a iniciativas como la educación sexual y el reconocimiento del trabajo de cuidados. La brecha entre la ampliación formal de programas y su restringido impacto transformador en la vida de las mujeres evidencia que los poderes económicos, culturales y patriarcales limitaron el alcance del Estado durante todo el período. Los datos de 2023 lo confirman: solo 35,8% de representación femenina en los parlamentos nacionales y 3.897 feminicidios en la región (CEPAL, 2024).

Las revueltas feministas contra el neoliberalismo

Hacia mediados de la década de 2010, el agotamiento del ciclo progresista latinoamericano abrió una nueva etapa de reconfiguración política en la región. Las limitaciones estructurales de los proyectos posneoliberales: dependencia de rentas extractivas, persistencia de regímenes fiscales regresivos y dificultad para transformar las bases productivas debilitaron su capacidad redistributiva y su legitimidad social. Este proceso fue acompañado por una ofensiva neoliberal renovada, orientada a restaurar el poder del capital financiero y a reinstalar la lógica del mercado como principio organizador de la vida social.

Desde fines de la primera década del siglo y con mayor fuerza en la siguiente, los feminismos populares, comunitarios y sindicales —junto con los movimientos por la diversidad sexual y los derechos reproductivos— protagonizaron una renovación del repertorio político feminista, articulando luchas contra la violencia machista, los femicidios, la precarización laboral, el reconocimiento de los cuidados, el racismo y el extractivismo. Movilizaciones masivas por el derecho al aborto, o las huelgas feministas internacionales hicieron visible la conexión entre la explotación del trabajo de las mujeres y las violencias estructurales del capitalismo y el patriarcado.

Valeria Reynoso (Argentina), fragmento del fanzine Se vos, Editorial In Bocca al Lupo, 2017.
La frase es una cita literal de Lohana Berkins, líder travesti trans en Argentina, fundadora de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) e impulsora de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743).

2. La extrema derecha actual y su pánico moral

En la última década, una ola de terror azota América Latina. Los cuerpos de las mujeres y de las personas de las diversidades sexo genéricas, más aún si son pobres y/o racializados, han sido uno de los blancos fundamentales de discursos de odio y prácticas violentas. Con el avance del neoliberalismo y la crisis de las derechas tradicionales, incapaces de responder a las insatisfacciones de las clases trabajadoras del continente (Katz, 2024), surge una nueva cara de la derecha que ha captado los corazones y las mentes de la población. La extrema derecha actual, aliada con los fundamentalismos cristianos, llegó a los hogares de la clase trabajadora, incluso a los más empobrecidos, mediante un discurso muy didáctico centrado en la defensa de la familia y en la construcción de un enemigo a destruir: todo lo que no se encuentre dentro de la heteronormatividad es una fuerza del mal que se debe combatir para garantizar la prosperidad de la familia, reconociendo como válido un único modelo: marido, mujer, hijxs.

En la región ya hay antecedentes de este uso de la idea de familia tradicional para disciplinar cuerpos y subjetividades, fragmentar a los sectores populares y construir enemigos internos que desvíen la atención de las causas estructurales de la desigualdad. El integrismo católico de las décadas de 1920 y 1930 especialmente presente en Argentina y Brasil defendía la imposición de la religión católica como guía del accionar del Estado y la idea de familia cristiana contra el divorcio, la interrupción del embarazo y la eutanasia. La década de 1960 vio surgir la teología de la liberación, en la que el cristianismo involucró a fieles de diversos países en la lucha por la justicia social y de género, y a la par emergieron los movimientos ultraconservadores Tradición, Familia y Propiedad (1960) y Sodalicio de Vida Cristiana (1971) que promovían familias y roles de género tradicionales. Las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 se basaban en la doctrina de seguridad nacional estadounidense, la cual utilizó la moralidad tradicional y los valores católicos como base para el control social, la imposición del orden y la justificación de la represión contra el enemigo identificado históricamente con el comunismo. En esta lógica, la estabilidad familiar era sinónimo de estabilidad nacional.

La agenda actual contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas en América Latina forma parte de la batalla de ideas emprendida por la extrema derecha en su reorganización post gobiernos progresistas para legitimar la mayor explotación que el hiperimperialismo impone dada la crisis del capitalismo. Está liderada por organizaciones religiosas y seculares articuladas en torno al cristianismo, tanto católicas como protestantes, junto con ONG, partidos políticos y grupos empresariales. El fundamento ideológico y conceptual de sus propuestas proviene de dos fuentes: la Iglesia Católica que desarrolló el concepto de “ideología de género” y los fundamentalismos cristianos, especialmente neopentecostales.

La “ideología de género”

La elaboración teológica de la Iglesia Católica, que busca transformar un concepto analítico como el género en una ofuscación de la realidad a la que denominan ideología, se articula en la década de 1990. El planteamiento parte de las ideas desarrolladas por el Vaticano de complementariedad perfecta entre dos sexos que, por naturaleza, serían exclusivamente hombre y mujer, y de cuya unión dependería la supervivencia de la especie (Bracke y Paternotte, 2018). Desde esta perspectiva, hablar de género como categoría múltiple con dimensiones sociales y culturales sería romper con el supuesto orden binario natural y atentar no solo contra la familia y la sociedad, sino contra la supervivencia misma de la humanidad. En esta lógica, los matrimonios entre personas del mismo sexo constituirían también una amenaza contra la especie.

Al mismo tiempo, el Vaticano operó políticamente resistiendo la incorporación de la categoría género en la serie de cumbres mundiales sobre derechos humanos organizadas por la ONU en la década de 1990. Este rechazo se articuló en alianza inicialmente con gobiernos conservadores de América Latina (Honduras, El Salvador y Nicaragua) y luego también con países de mayoría islámica como Egipto, Pakistán, Irán, Argelia, Marruecos y Sudán (Corrêa, 2018).

Los fundamentalismos cristianos evangélicos

Los fundamentalismos evangélicos del siglo XXI continúan siendo reactivos a los avances sociales, científicos y políticos de la sociedad, considerándolos enemigos a combatir (y toda interacción con esos enemigos como una “guerra del bien contra el mal”), como lo eran cuando surgieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos (Instituto Tricontinental, 2022). Pero ahora también avanzan contra el cuerpo de las mujeres y de las personas de las diversidades sexo genéricas a partir del pánico moral y de estrategias vinculadas a otros sectores sociales más allá del ámbito religioso. Esto se comprende mejor a través de la teología del dominio que busca romper el secularismo, y de la teología de la prosperidad que refuerza el individualismo.

La teología del dominio, desarrollada por fundamentalistas estadounidenses en la década de 1970 (Instituto Tricontinental, 2022), implica la aspiración de establecer una teocracia en la sociedad contemporánea, con el propósito de cumplir la supuesta predestinación de personas cristianas para ocupar puestos de liderazgo, incluyendo presidencias, ministerios, parlamentos, gobiernos nacionales y locales, así como los tribunales superiores, para influir en los asuntos públicos mediante el dominio cristiano⁴.

La teología de la prosperidad se basa en la idea de que “tener éxito en la vida” y conseguir bienes materiales son producto y símbolo de la bendición divina que se alcanza individualmente. Este postulado tiene un rol fundamental en legitimar el neoliberalismo “al idealizar y hasta consagrar religiosamente las diferencias socio-económicas en las personas” (Motta y Amat y León, 2018: 75).

Ambas corrientes teológicas forman parte de una de las estrategias del imperialismo estadounidense para contener los movimientos revolucionarios de izquierda, a los feminismos y a las corrientes progresistas dentro de las iglesias en la región, especialmente la teología de la liberación, que buscan justicia social mediante la acción colectiva (Instituto Tricontinental, 2022; Bermúdez, 2018; Barrera Rivera, 2024).

La extrema derecha actual

La extrema derecha actual busca construir una fuerza social de masas, arraigada en la identidad mayoritaria –religiosa, étnica y de género– en aquellos países en donde emerge (Instituto Tricontinental, 2024b), y lo hace demonizando a quienes construye como minoría. Mientras aplica políticas de austeridad fiscal, culpa a alguna o algunas supuestas minorías de los efectos de esas políticas de ajuste estructural. De este modo, el desempleo sería causado por las personas que inmigraron al país y no por el uso de recursos públicos para subsidiar grandes corporaciones en vez de mejorar la educación o construir infraestructura, dos factores clave para la generación de empleo. La extrema derecha atribuye al feminismo la desarticulación de la familia, pero omite los desafíos que enfrenta la vida familiar bajo asedio de la explotación capitalista y saqueo extractivista: la falta de empleo que impulsa la emigración, los conflictos y la violencia que expulsan a las poblaciones, y, cada vez más, los impactos climáticos y la degradación ecológica producidos por el capitalismo industrial.

Además, el “comunismo” y todo lo que se asocia con ese ideario para la extrema derecha: la izquierda, el progresismo, los movimientos sociales que luchan por los derechos, el feminismo, las disidencias sexuales, forman parte de ese enemigo que enferma a la sociedad y debe ser combatido para una vida plena y satisfactoria. A partir de un discurso belicoso y persecutorio, esta extrema derecha ha logrado absorber de forma arbitraria conceptos muy apreciados por el campo progresista, como la libertad y la democracia, enfrentando al pueblo contra aquellos que realmente defienden estos conceptos en la práctica.

Este escenario es el fruto de un gran financiamiento, trabajo de base e inserción en los medios de comunicación que poblaron la vida de las personas de forma cotidiana y extremadamente articulada. Las iglesias neopentecostales estadounidenses en particular recibieron enormes recursos para implantarse y mantenerse en la región con especial foco en los sectores populares (Instituto Tricontinental, 2022; Nascimento, 2025).

TIC, redes sociales, fake news

Las plataformas digitales, dependientes de métricas de atención e ingresos publicitarios, favorecen contenidos polémicos y emocionalmente atractivos, ideales para movilizar narrativas falsas sobre género. Como observa Cunha (2020), la disputa en torno a este tema abarca no sólo la interpretación religiosa sino la conformación del imaginario social y las políticas públicas, especialmente educativas, mientras que contrapesos como la regulación estatal de las plataformas digitales y la verificación de datos enfrentan serias limitaciones de alcance y disputas sobre autoridad y verdad.

Las noticias falsas y la post verdad en redes sociales no son meras mentiras, sino prácticas con fines específicos: interferir en decisiones públicas, movilizar afectos y delinear identidades políticas. En el amplio abanico de la extrema derecha actual, los grupos cristianos conservadores, especialmente evangélicos⁵, tienden a asimilar y propagar  desinformación sobre el alcance y objetivos de las políticas de género y educación sexual integral. El televangelismo mediante TIC, transmisiones en directo y WhatsApp, facilita la “evangelización de la desinformación”⁶, donde líderes y miembros comunitarios que difunden narrativas sin verificación son percibidos como fuentes fiables.

Paula Socolovsky (Argentina), fragmento de la historieta Las vengadoras de Alicia, circa 1988.
Consta en una serie realizada con motivo del femicidio de Alicia Muñiz, asesinada por el campeón de boxeo Carlos Monzón, y el impacto que este acto produjo en la artista.

3. La campaña Con Mis Hijos No Te Metas

Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) es una campaña ultraconservadora que se expandió rápidamente por América Latina, mediante un “uso libre” de la etiqueta, permitiendo que cualquier grupo contra la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, la educación sexual integral, los derechos reproductivos y los derechos de personas de las diversidades sexo genéricas se autodenominara CMHNTM. Funciona como una red descentralizada, ha organizado múltiples marchas y plantones, mantiene alianzas y un lobby activo con actores de la derecha en parlamentos e instituciones del Estado, dialoga permanentemente con los medios de comunicación y tiene una presencia relevante en redes sociales.

Casi desde el comienzo, se suman a CMHNTM una multiplicidad de grupos, especialmente iglesias y organizaciones evangélicas y católicas conservadoras, con múltiples reivindicaciones. A la par que se oponen a la educación laica y científica sobre derechos sexuales y reproductivos en escuelas y colegios, se oponen a los derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas, especialmente al matrimonio homoafectivo, rechazan la interrupción del embarazo, acusan de un supuesto “marxismo cultural” a los avances en estos derechos y demonizan el comunismo. En la campaña CMHNTM cabe mucho, bastante más que lo que sus adalides denominan derechos de las y los progenitores de educar a su prole.

El eslogan #ConMisHijosNoTeMetas se escuchó por primera vez en Colombia en agosto de 2016, en el marco de protestas en varias ciudades contra “cartillas de educación sexual que buscaban incluir la perspectiva de la igualdad de género para, de acuerdo con la Corte Constitucional, fomentar una educación no discriminatoria y respetuosa de la identidad y orientación sexual de los estudiantes” (Martínez Osorio, 2017). Estas protestas, a su vez, se inspiraban en otras acontecidas en México meses antes contra el matrimonio igualitario .

La campaña como tal surge en Lima, Perú, en noviembre de 2016 (Castro, 2019), en respuesta a una reforma del Currículo Nacional de Educación Básica del gobierno de Kuczynski que incorporaba las nociones de igualdad e identidad de género. Amplificado por figuras políticas de derecha laicas y religiosas, el eslogan “Con mis hijos no te metas” creado para rechazar la reforma ganó cuerpo en las redes sociales y se volvió viral. Se trasladó primero a Ecuador y enseguida ya se la podía encontrar en al menos una decena de países de la región (Pina, 2017).

El argumento central de CMHNTM para oponerse a las políticas públicas de igualdad de género era (y sigue siendo) que el Estado, al promover conceptos como la igualdad de género y la educación sexual integral, busca “adoctrinar” a las niñeces e imponer una “ideología de género” que, según ellos, niega la diferencia biológica entre hombres y mujeres y corrompe la inocencia infantil porque estaría intentando convertir a lxs niñxs en homosexuales o transgénero, entendidos como “anormalidades” o “aberraciones”. Esta narrativa apoyada en desinformación, noticias falsas y mensajes alarmistas transmitidos sobre todo mediante las redes sociales, resonó profundamente en sectores sociales tradicionales y religiosos. Los argumentos de la campaña se basan en un determinismo biológico, que naturaliza las diferencias y patologiza la diversidad sexual y de género, a las que consideran “antinaturales” (Motta y Amat y León, 2018: 100; 119-120). Pero además rechazan la secularización del Estado y exigen que no intervenga en la regulación de la vida privada, las relaciones sociales que se estructuran en el ámbito doméstico y la educación. Con relación a esta última, promueven su privatización, la desinversión pública en infraestructura y la reificación del hogar como ámbito privilegiado para su provisión.

Carácter transnacional

CMHNTM ha sido transnacional desde sus orígenes, con múltiples conexiones en la región. En 2016, en el marco de la movilización conservadora contra el matrimonio igualitario, se realizó en Ciudad de México la primera reunión regional de ONG que trabajan en estos temas, para crear el Frente Latinoamericano por el Derecho a la Vida y a la Familia, teniendo como eje el rechazo a la “ideología de género” (Semana, 2016; López Pacheco, 2021). En el encuentro participaron organizaciones de países como Colombia, México, El Salvador, Perú y Brasil. Una de sus participantes fue la diputada colombiana Ángela Hernández, del derechista Partido de la Unión por la Gente, quien apoyaba a Álvaro Uribe. Ella fue una de las organizadoras de la primera marcha donde apareció el eslogan CMHNTM en Colombia, y luego transmitió la experiencia en Perú, lo que constituyó uno de los detonantes de la creación de la campaña (Martínez Osorio, 2017; Castro, 2019).

Parte del resultado de aquella reunión regional fue la conformación en 2017 de la  plataforma transnacional conservadora Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (CIVF), creada en México por iniciativa de los pastores Aarón Lara y Gilberto Rocha Margaín del movimiento mexicano Iniciativa Ciudadana por la vida y la familia. Christian Rosas, evangélico peruano, lobbista de la minería ilegal (Sarmiento, 2024) y fundador de CMHNTM en Perú, era integrante del comité consultivo y del Centro de Formación, y su compatriota Milagros Aguayo, pastora y diputada de un partido fundamentalista cristiano, y otra líder de CMHNTM, la vicepresidenta (Castro, 2019).

El Cuarto Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia buscó articular las iniciativas locales en una estrategia continental del movimiento conservador y evangélico para disputar la agenda de derechos, combinando incidencia en organismos internacionales, construcción de una plataforma política y parlamentaria común, organización de un movimiento juvenil y articulación de ONG y redes de asistencia social cristianas, con el objetivo de consolidarse como una fuerza política regional capaz de contrarrestar la agenda de género y el avance de los proyectos progresistas. En 2018 se realiza en Ecuador la “Primera Convención Internacional por la Familia […], la cual contó con la participación de los argentinos autores de El libro negro de la nueva izquierda (2008), Nicolás Márquez y Agustín Laje, como principales invitados” (Viteri, 2020: 40). Los dos se cuentan hoy entre los más importantes ideólogos del gobierno de ultraderecha de Javier Milei en su política de “batalla cultural”.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es un evento anual, surgido en la década de 1970 como parte de los esfuerzos de articulación y construcción de una identidad colectiva del movimiento conservador en Estados Unidos (Parker, 2015), que reúne a activistas y funcionarios conservadores, principalmente de Estados Unidos, –frecuentado por Donald Trump, Steve Bannon y Ted Cruz– y uno de los encuentros más importantes del movimiento conservador transnacional. Desde 2017, la CPAC impulsó una regionalización global, con filiales en países gobernados por derechas conservadoras y extremas: comenzó en Japón y, desde 2019, se expandió a Brasil, Australia y Corea del Sur. En 2022 tuvo sede en Hungría, promovida por Viktor Orbán, primer ministro húngaro y referente del ultranacionalismo europeo, junto a Santiago Abascal, líder del partido español de extrema derecha Vox.

En América Latina, durante los últimos años la CPAC se ha consolidado como una plataforma de articulación de las derechas extremas y conservadoras, en donde circulan presidentes ultra derechistas, representantes de las finanzas globales, ultra católicos y líderes evangélicos. Suelen tener un papel destacado personas como Eduardo Bolsonaro, Javier Milei, José Antonio Kast y Nayib Bukele. Con una agenda abiertamente contraria a las ideas progresistas, a la intervención estatal, a la igualdad y la justicia social, estos espacios funcionan como vitrinas regionales para la difusión de discursos que presentan al feminismo y a la llamada “ideología de género” como amenazas al orden social (Abbott, 2022). Por ejemplo, durante la CPAC 2024, el presidente de El Salvador sostuvo que “es importante que el currículo escolar no incorpore esta ideología de género”, reforzando una narrativa que asocia estos enfoques con un ataque a los valores tradicionales de la familia y la religión (Revelo-Imery, 2024; UOL Noticias, 2024).

Financiamiento

En toda la región, fondos provenientes de sectores ultraconservadores de Estados Unidos y Europa han permitido que las organizaciones locales vinculadas a CMHNTM y afines organicen congresos, capacitaciones y difusión en medios de comunicación que fortalezcan su presencia pública.

Entre los financistas internacionales de este tipo de actividades que fue posible rastrear, sin pretender una evaluación exhaustiva, está Population Research Institute (PRI), de inspiración católica, que proclama que su red global de grupos “Pro-vida” se encuentra en 80 países en el mundo. Según un reportaje, en 2014 PRI destinó USD 174.000 para financiar “actividades de investigación y educación” en América del Sur, el 75% del total mundial financiado. El mismo reportaje señala una serie de ONG y universidades católicas chilenas que tienen relaciones con lobistas internacionales como Alliance Defending Freedom [Alianza para la Defensa de la Libertad] (ADF), Political Networks for Values, Population Research Institute y Advocates International (Ramírez, 2019). Asimismo, en Chile, las voceras de CMHNTM y el Bus de la Libertad que llegó desde España fueron financiadas por la organización española HazteOir.org, que coordina la plataforma global de movilización online CitizenGO (Barrios, 2018), que opera en varios países del continente (Datta, 2021: 37; CitizenGO).

ADF actúa mediante financiamiento, capacitación, orientación y apoyo jurídico a organizaciones “provida”. Invirtió alrededor de 146 millones de dólares en 2014 en América Latina, Europa y Asia para, entre otras actividades afines, la formación de abogados cristianos con valores vinculados al fundamentalismo religioso (Loza y López, 2020: 62; Morán y Peñas Defago, 2020: 254-255). Christian Rosas reporta haber sido capacitado por ADF (Castro, 2019). Las becas Blackstone Legal Fellowship, un programa de tres meses para jóvenes abogados cristianos, operan en el mismo sentido (Sohr et al., 2023).

En Ecuador se documentan apoyos locales de medianas y grandes empresas a CMHNTM: Corporación Favorita, Tía, Centro Comercial Iñaquito (dedicadas al comercio minorista), Junta de Beneficencia de Guayaquil (lotería), PRONACA (alimentos), Novacero (acero para la construcción), Guitarras Vogel, HCJB (radiodifusora evangélica) (Burneo Salazar, 2018: 65; Viteri, 2020: 56-57). Y apoyo internacional de Sodalicio de Vida Cristiana, presente también en Argentina, Chile y Colombia, en proceso de disolución desde 2025 (Maher, 2019; Ponce Ycaza y León Cabrera, 2018).

Powerpaola (Ecuador), Crying, 2022.

4. Proyecto de poder

La campaña CMHNTM fue un vector de politización social que nutrió la “tercera ola de activismo neoconservador” (Morán Faúndes, 2023) en la región contra las agendas feministas y LGBTTIQ+. A pesar de la heterogeneidad de estos “activismos heteropatriarcales”, comparten algunas características propias de esta etapa: su organización en torno a proyectos político-partidarios, la progresiva articulación con proyectos de extrema derecha y neoliberales que buscan reducir lo público (Biroli, 2018; Kalil, 2020) y la ampliación de la articulación internacional.

Las redes fundamentalistas articuladas en torno a la campaña Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) se inscriben en una trayectoria de larga duración de incidencia religiosa y conservadora en la arena pública latinoamericana. En países como Brasil y Perú desde la década de 1980 congresistas vinculados al fundamentalismo religioso, han promovido iniciativas orientadas a restringir derechos sexuales y reproductivos y reforzar concepciones tradicionales de familia desplegando capacidad de lobby e intervención legislativa, particularmente en los campos de la educación, la salud y la regulación de la sexualidad, influyendo de manera marginal en las agendas parlamentarias. Esta capacidad de incidencia legislativa que vemos desplegarse en la actualidad  constituye un proceso acumulativo que se profundiza y reconfigura en el tiempo.

En la última década, estos activismos neoconservadores han logrado no solo ocupar espacios institucionales sino también generar una mayor articulación de las estrategias de incidencia en torno a una agenda común, claramente identificable y transnacional, en la que la CMHNTM ha operado como uno de los dispositivos de coordinación política y simbólica. En este nuevo ciclo, la acción legislativa se orienta prioritariamente a frenar o revertir los avances en la legalización del aborto, rechazar los derechos de las personas de las diversidades sexuales, así como a deslegitimar los contenidos de educación sexual integral y la intervención estatal en materia educativa, presentándola como una forma de “adoctrinamiento” estatal y una amenaza a la autoridad parental. En países como Perú, Ecuador, Chile y Argentina, la campaña ha sido utilizada para impugnar leyes vigentes o bloquear nuevas normativas mediante el uso estratégico del lenguaje jurídico y de los derechos, especialmente la apelación al “derecho preferente de los padres” y a la defensa de la familia como núcleo moral de la sociedad. Este discurso ha tenido particular eficacia entre sectores populares precarizados, para quienes la familia aparece como el principal —y a veces único— espacio de protección material y simbólica frente a la incertidumbre social (Teixeira, 2016; Pochmann, 2021, 2024 ). Esta defensa de la familia heteropatriarcal ha significado incluso el rechazo de las políticas estatales para prevenir la violencia intrafamiliar.

En Perú, grupos conservadores y CMHNTM rechazaron un decreto sobre prevención de violencia familiar porque promovía “familias democráticas”, criticaron la intervención estatal en lo privado y defendieron en su lugar “la verdadera familia”, argumentando que el término “democrático” ampliaba demasiado el concepto tradicional de familia (Araujo, 2020). En Chile, Ingrid Bohn, vocera de CMHNTM, en 2024 se opuso a la prevención de violencia de género en la educación, incluida en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Bohn afirmó que “hemos visto una obsesión del Estado […] por querer introducir la materia de educación sexual desde la más tierna infancia” (León, 2024). En Brasil, el Movimiento Escola Sem Partido (ESP) —surgido en 2004 y de características similares a CMHNTM—, avanza en 2014 hacia la institucionalización de su agenda y desde entonces ha presentado varios proyectos de ley para contener la “ideología de género”, acusando a escuelas y docentes de adoctrinamiento ideológico. Estos proyectos de ley preveían una supervisión de las y los profesores de las escuelas públicas del país para censurar cualquier manifestación expresa sobre preferencias ideológicas, políticas y religiosas. Los dos primeros proyectos fueron propuestos por hijos del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro (Garcia y Dias, 2024).

Medidas coercitivas similares suceden en El Salvador de Nair Bukele, con la intensificación del combate a la “ideología de género”. En el 2022 el gobierno dispuso retirar todos los materiales de educación sexual integral y prevención de violencia de género tras protestas conservadoras en redes sociales. La censura se extendió al sistema de salud: se eliminaron contenidos sobre diversidad sexual y se modificaron formularios que registraban orientación sexual e identidad de género (Revelo-Imery, 2024; AFP, 2024). En Argentina, el gobierno de Javier Milei dio a conocer durante el 2025 el proyecto de Ley de Libertad Educativa que enviará al Congreso para su discusión, en el que establece el “rol preferente de la familia, como agente natural y primario, que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos menores” (Art. 4)⁷ y autoriza la enseñanza en el hogar —modelo que en Estados Unidos llaman homeschooling—. La familia y el mercado asumen un lugar preferencial por sobre el Estado en materia educativa, quedando éste relegado a una función subsidiaria: la promoción financiera de la demanda y la competencia entre instituciones para conseguir alumnos y recursos. En lugar de financiar las instituciones educativas, los fondos públicos serían dirigidos a financiar a las familias de lxs estudiantes para que ellas elijan el destino del presupuesto.

Otro rasgo característico de este ciclo, junto con la radicalización de su agenda legislativa hacia la reconfiguración de la sociedad con base a valores neoconservadores, es la vocación explícita de intervención político-electoral y su incorporación a los proyectos de poder de las extremas derechas actuales en América Latina. Las estrategias electorales de estos grupos conservadores y religiosos parecen haber sido más eficaces cuando han decidido construir identidades políticas híbridas —a veces religiosas, a veces anti-género— que puedan confluir con las diversas expresiones política de derecha, que cuando han conformado instrumentos propios para intervenir de manera autónoma en la escena electoral. A su vez, el crecimiento de la incidencia social e ideológica de estas expresiones fundamentalistas nutren los proyectos neoliberales de una renovada misión mesiánica, ahora asociado al resguardo moral y a la restitución de la autoridad –y la familia— patriarcal.

El caso de Bolsonaro ilustra esta construcción identitaria: su conexión con las agendas morales, de género y sexualidad, que no aparecían en su larga trayectoria política previa, lo vinculó al ideario evangélico y fue determinante para llevarse una parte significativa del voto evangélico en 2018, que tiene un rostro específico: el de una mujer negra de clase trabajadora (Balloussier, 2020). En contraste, en Perú, aunque CMHNTM tuvo mucha fuerza en las calles y redes sociales, no logró traducirse en fuerza política en las disputas electorales (Cunha, 2020). Y en Argentina, la incursión electoral en 2019 con un instrumento político electoral propio resultó infructuosa.⁸

Desde el 2018 se observan dinámicas similares a las de Brasil, aunque con resultados desiguales, en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y El Salvador, donde estas redes negocian apoyos electorales, ocupan espacios en listas legislativas, influyen en programas de gobierno y participan en actos oficiales. En Perú, algunos líderes de CMHNTM negocian con partidos políticos para apoyar candidatxs presidenciales a cambio de espacio en las listas de candidatxs al parlamento (Motta y Amat y León, 2018: 112).

En Argentina, aun cuando no hubo una estrategia unificada por parte de las expresiones fundamentalistas en las elecciones presidenciales del 2023, el triunfo de Javier Milei contó con el apoyo y predica de pastores evangélicos en barrios populares y asumió como propia la narrativa mesiánica típica del campo de los fundamentalismos religiosos. El gobierno libertario llegó al poder con un discurso homofóbico, negacionista de los derechos humanos y la desigualdad social. Apenas asumió el poder, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); desjerarquizó y desfinanció las áreas específicas destinadas a la promoción de los derechos humanos, igualdad de género y atención a personas con discapacidad. En las elecciones del 2025 las fuerzas evangélicas fundamentalistas ampliaron su representación parlamentaria, en la mayoría de los casos como parte de la fuerza de La Libertad Avanza, el partido de Milei. Con posterioridad a las elecciones, el gobierno presentó el proyecto libertario de reforma neoliberal del sistema educativo, con una fuerte impronta de las ideas fundamentalistas, como ya hemos descrito.

Algo similar sucede en Chile. En las elecciones presidenciales de 2025, los candidatos de derecha articularon programas conservadores con agendas anti-género. José Antonio Kast, ahora presidente de Chile, defiende la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el “derecho preferente de los padres” a educar a sus hijos y elegir su establecimiento educacional (Kast, 2025: 33). Prometió además cerrar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (propuesta de 2021). Johannes Kaiser, el otro candidato ultraconservador, dedicó una sección de su programa: Batalla Cultural a combatir la “ideología de género” (Kaiser, 2025: 14). Por su parte, Evelyn Matthei, única candidata mujer de derecha, presentó una versión menos radical pero similar: devolver a las familias la elección de proyectos educativos según sus valores, valorando a la familia como “núcleo de cohesión social” (Matthei, 2025: 10), en sintonía con lo dicho previamente. El activismo neoconservador ha permeado a los distintos candidatos de derecha en los países de la región, aunque en algunos países también han permeado fuerzas políticas progresistas.

Por lo tanto, la CMHNTM no puede ser comprendida únicamente como una campaña cultural o moral, sino como un nudo de un proceso político y de la batalla cultural de las fuerzas neoconservadoras, en la búsqueda por disputar hegemonía, redefinir el rol del Estado —especialmente en educación y políticas de género— y consolidar una articulación política entre varios fundamentalismos religiosos y extremas derechas en la región. Su capacidad de adaptación a distintos contextos nacionales, su inserción en el campo institucional y su creciente protagonismo electoral dan cuenta de una ofensiva conservadora que ya no se limita a resistir transformaciones progresistas, sino que aspira a gobernar y reordenar estructuralmente el campo político latinoamericano.

Maelitha (Argentina), fragmento de la historieta Mi cuerpo, un bosque, Barro Editora, 2019.
En esta obra, la autora trata temas como elegir gestar, decidir parir, maternar y socializar los cuidados.

Conclusiones

En suma, el resurgimiento contemporáneo de las fuerzas conservadoras y de la ultraderecha no puede comprenderse únicamente como un viraje electoral, sino como una reconfiguración profunda de las disputas por el orden social. Su ofensiva contra las mujeres, las disidencias sexo genéricas y los feminismos constituye un dispositivo estratégico en la restauración de jerarquías de género, raza y clase que sostienen su proyecto de reorganización aún más autoritaria del capitalismo. Lejos de ser un conjunto de posiciones “culturales”, la cruzada anti-género opera como tecnología política de masas, capaz de articular frustraciones sociales, descontentos económicos y ansiedades identitarias producidas por décadas de neoliberalismo. En este sentido, la agenda anti-género funciona como cemento ideológico en la construcción de las nuevas derechas radicalizadas, estableciendo enemigos internos, deslegitimando conquistas democratizadoras y erosionando las bases institucionales de la igualdad.

Luego de una década de estancamiento económico en América Latina, el proyecto político neoliberal se relanza articulado al resurgimiento de las fuerzas conservadoras, y deslinda la responsabilidad de su propio fracaso sobre los feminismos y las disidencias sexuales, en tanto actores movilizados internacionalmente que expresan posiciones antisistema y que han demostrado eficacia en la interpelación de las nuevas generaciones. Esta renovada complicidad del capitalismo en crisis y el patriarcado cuenta con los esfuerzos de organizaciones transnacionales y constituye un punto de unidad con un claro protagonismo de los fundamentalismos religiosos que coinciden en el objetivo de reclamar el campo de la moral y la familia conservadoras para sí.

Su accionar logra instalar un clima de polarización social –especialmente a través de las redes sociales– que dificulta la ampliación de derechos, apelando al miedo y la desinformación como herramientas de movilización. De este modo, se une a los actores transnacionales en la batalla de ideas que no solo disputan el terreno cultural y religioso, sino que también configuran dinámicas políticas a escala continental en contra de la igualdad de género y los derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas.

El impacto político de la agenda anti-derechos se manifiesta en la capacidad de incidir en debates legislativos, en retrocesos institucionales y en procesos electorales. Han conseguido frenar o ralentizar proyectos de ley sobre educación sexual, aborto legal y cuotas de género. También han entorpecido o detenido políticas educativas inclusivas y obstaculizado la ampliación de derechos sexuales y reproductivos en distintos países, incluidos todos los analizados aquí. Influyeron en la desaparición o reducción de los presupuestos de los organismos dedicados a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. Han tenido incidencia en la elección de presidentes al menos en Brasil, Argentina, Ecuador y Costa Rica.

Sin embargo, la expansión de estas derechas no avanza sobre un terreno vacío: encuentra una sociedad atravesada por un ciclo de movilización feminista que elaboró imaginarios políticos construidos en procesos de movilización callejera, amplió lenguajes de derechos e instaló una crítica radical de la violencia estructural. La reacción conservadora también expresa, por tanto, el reconocimiento tácito de la potencia política de estos movimientos. Los ataques dirigidos a desfinanciar políticas de igualdad, criminalizar identidades y desarticular redes comunitarias buscan precisamente desmontar las infraestructuras sociales de la reproducción de la vida que los feminismos han visibilizado y fortalecido.

Así, la disputa actual se juega en un terreno más profundo: la definición misma del proyecto civilizatorio. Mientras las ultraderechas impulsan una restauración autoritaria que recentra la familia heterosexual, la subordinación de género, la destrucción del estado garantista y un orden productivo excluyente, los feminismos del Sur Global —con su énfasis en la reproducción social, la justicia material y la autonomía colectiva— proponen una reorganización de la vida social centrada en la vida por oposición a la acumulación capitalista. El desenlace de esta confrontación no está dado; pero su resultado tendrá efectos duraderos sobre la capacidad de las mayorías para imaginar y construir futuros emancipatorios frente a la crisis múltiple que atravesamos.

La experiencia de Con Mis Hijos No Te Metas en América Latina revela cómo el control de la educación, la familia, la sexualidad y los cuerpos de las mujeres es funcional al modelo económico del hiperimperialismo que requiere individualismo, competencia y naturalización de las jerarquías. Este patrón trasciende América Latina y demanda ser estudiado en el Sur Global: ¿cómo operan estas redes en África, donde leyes anti-LGBTIQ+ avanzan con proyectos extractivistas? ¿Cómo se replican en Asia, donde retrocesos en derechos reproductivos dialogan con precarización laboral y despojo territorial? ¿Qué estrategias despliegan las juventudes del Sur Global que crecen en contextos de promesas incumplidas y crisis climática, para resistir esta captura de sus futuros? Mapear estas intersecciones es fundamental: la batalla por los derechos de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas es inseparable de las luchas antiimperialistas, anticapitalistas y anticoloniales. Este dossier invita a profundizar en esas conexiones globales, a investigar cómo el capitalismo contemporáneo insiste en estas cruzadas morales en distintas geografías y a construir respuestas colectivas desde los movimientos populares en defensa de la dignidad, la autonomía y la vida plena.

Patricio Oliver (Argentina), poster para la Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista, LGTBIQA+, 2025.

Notas

Referencias bibliográficas

Sitios web y redes sociales

Agradecimientos

Este dossier se basa en parte en nuestro proyecto Adictos al imperialismo, para el cual hemos publicado varios textos en español (Tricontinental, 2025).

También quisiéramos agradecer a:

• La Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), quienes, con su historia de lucha y resistencia, continúan defendiendo los derechos del campesinado y construyendo alternativas frente a la criminalización de lxs agricultorxs de estos cultivos en Colombia.
• El Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), quienes llevaron a cabo parte de la investigación para nuestro proyecto Adictos al imperialismo y recopilaron testimonios de los territorios que reflejan la realidad vivida por el campesinado colombiano.
• La Comisión de Comunicación del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) por el material fotográfico que acompaña este dossier. Su trabajo, arraigado en la lucha y la organización junto a las comunidades, nos han permitido ilustrar la realidad cotidiana de la vida campesina y la resistencia con imágenes de sus territorios.
• El Transnational Institute por su proyecto de larga data de investigación y análisis del narcotráfico desde la década de 1990, como por ejemplo sacar a la luz el informe suprimido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la cocaína (Transnational Institute, The WHO Cocaine Project, 1995). Otros informes incluyen 10 Years Review: TNI Drugs and Democracy Programme, 1998-2008, 2008; Global Commission on Drug Policy Report, 2011; y Ernestien Jensema, Martin Jelsma y Tom Blickman, Bouncing Back: Relapse in the Golden Triangle, 2014.

Hace cientos de años, lxs bandidxs del capitalismo temprano afirmaban que habían llegado a las tierras “salvajes” para traer la “civilización”. Pero lo que vinieron a hacer fue saquear: apoderarse de tierras, explotar la mano de obra y extraer lingotes de oro de África, Asia y América. A lo largo de las generaciones, este bandolerismo se transformó en algo estructural, incorporado a las plantaciones, las minas y las compañías comerciales que drenaron esa riqueza hacia la “gloria eterna” de Europa. Con el tiempo, lxs descendientes de estxs bandidxs se vistieron con trajes impecables y sugirieron que la maldad del pasado no era su herencia, que sus fortunas eran producto de su diligente espíritu empresarial. Pero debajo de ellxs, en las cloacas de la actividad comercial, se encontraban las otras ramas organizadas de los negocios: la mafia, lxs narcotraficantes, lxs traficantes de armas, lxs contrabandistas, lxs traficantes de personas, lxs cibercriminales, lxs usureros, lxs cazadorxs furtivxs de animales, lxs traficantes de órganos y quienes dirigen las granjas de estafas y los complejos de cibercrimen (Fenstein, 2011; Naím, 2006; Ramos, 2018; Botte, 2000; Franceschini et al., 2025). Lxs capitalistas de la superficie y lxs de las profundidades están unidxs por la circulación de grandes cantidades de dinero sucio y líquido. Estos fondos ilícitos fluyen desde abajo para ser blanqueados por los de arriba. Se elimina el olor del dinero, se planchan y doblan los billetes y luego se ponen en circulación, con un pequeño descuento, como el volumen necesario de dinero que es convertido en capital limpio para uso lícito.

Este dossier busca socavar la narrativa dominante que presenta la “guerra contra las drogas” como una auténtica cruzada moral de los Estados capitalistas para prohibir la circulación de narcóticos ilícitos. Esta narrativa se basa en la afirmación de que el narcotráfico está de alguna manera separado del capitalismo “legítimo”. Sostenemos, por el contrario, que la guerra contra las drogas es simplemente un intento de los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos permanezcan clandestinos para que el dinero extraído del comercio ilegal pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría sin él. Por otra parte, más allá del lavado de dinero de las ganancias delictivas y de la guerra de clases contra el campesinado, la guerra contra las drogas se ha convertido en una herramienta imperial flexible para disciplinar a gobiernos desafiantes, promover agendas contrarrevolucionarias y abrir territorios al capital. Si bien esta guerra es un régimen global, este dossier se centra en la economía de la coca y la cocaína de Colombia como lente a través del cual examinar su economía política.

Nuestro texto se basa en investigaciones históricas sobre las últimas décadas de la guerra contra las drogas, documentos clave de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y nuestro propio trabajo con organizaciones campesinas en Colombia.

Desde su posición en la base de la cadena de productos básicos, el campesinado tiene una comprensión clara de las estructuras que sostienen el comercio ilícito. Sus organizaciones han mapeado el capitalismo paralelo que explota a lxs productorxs rurales y sus familias, así como a las comunidades de clase trabajadora en las naciones más ricas, donde el desempleo estructural empuja a muchxs a esta economía como vendedorxs o consumidorxs de bajo nivel.

Foto: Movilización de la Minga Social y Comunitaria hacia Bogotá, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

No podemos abandonar esta parte del tema sin señalar una flagrante autocontradicción del gobierno británico, que pregona el cristianismo y promueve la civilización. En su capacidad imperial, finge ser completamente ajeno al comercio de contrabando de opio e incluso firma tratados que lo proscriben. Sin embargo, en su capacidad india, impone el cultivo de opio en Bengala, en gran perjuicio para los recursos productivos de ese país; obliga a una parte de los ryots [cultivadores campesinxs] indios a dedicarse al cultivo de amapola; incita a otra parte a lo mismo mediante anticipos de dinero; [y] mantiene la fabricación al por mayor de la droga nociva como un monopolio cerrado en sus manos… La caja que le cuesta al gobierno británico alrededor de 250 rupias se vende en el mercado de subastas de Calcuta a un precio que oscila entre 1.210 y 1.600 rupias. Pero, aún no satisfecho con esta complicidad de hecho, el mismo gobierno, hasta el día de hoy, lleva cuentas expresas de ganancias y pérdidas con los comerciantes y armadores que se embarcan en la peligrosa operación de envenenar un imperio.

Las finanzas indias del gobierno británico han llegado a depender, de hecho, no solo del comercio de opio con China, sino del carácter de contrabando de ese comercio… Mientras predica abiertamente el libre comercio del veneno, defiende en secreto el monopolio de su fabricación. Siempre que observamos de cerca la naturaleza del libre comercio británico, generalmente encontramos el monopolio en el fondo de su “libertad”.

Karl Marx, Free Trade and Monopoly [Libre cambio y monopolio], 25 de septiembre 1858

Parte 1: La economía política de las drogas ilícitas

A partir de la década de 1830, el opio cultivado en India se introducía de contrabando en la China Qing en cantidades cada vez mayores. Producido bajo el monopolio del opio de la Compañía Británica de las Indias Orientales en India y vendido en subasta a comerciantes privados, se transportaba a través de redes de contrabando a lo largo de la costa china. Tras las dos guerras del opio libradas entre Gran Bretaña y el imperio Qing (1839-1842 y 1856-1860, con la participación de Francia en la segunda), el comercio se afianzó y su alcance se amplió, inundando el mercado chino con opio.¹ Esto permitió a Gran Bretaña usar la plata que recibía de las ventas de opio en China para financiar sus compras de té, revirtiendo la salida de lingotes y haciendo rentable el comercio con China. La adicción generalizada, incluso entre los funcionarios y las tropas imperiales, profundizó la corrupción y debilitó el Estado Qing. La entrada del opio a China generó fortunas fabulosas para las nuevas familias adineradas, muchas de las cuales son ahora nombres legendarios en el capitalismo legítimo como los Astor, los Forbes, los Delano (de quienes desciende el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt), los Jardine, los Matheson y los Sassoon (Downs, 1972). Estas fortunas también contribuyeron a establecer bancos poderosos, como el Hong Kong and Shanghai Banking Company (HSBC), fundado en 1865. Las ganancias del opio contribuyeron a la acumulación de capital para construir la infraestructura de los centros imperiales, incluidos los ferrocarriles en Estados Unidos, construidos a mediados y finales del siglo XIX, que dependían en gran medida de la mano de obra migrante china. El capital acumulado en el comercio con China también fluyó hacia las empresas estadounidenses a través de las inversiones de importantes comerciantes chinos como Wu Bingjian (Houqua) (Wong, 2016).

A finales del siglo XIX, las consecuencias del opio altamente rentable y fácilmente disponible, ya no se limitaban a China. La droga había llegado a los centros imperiales, con tasas de adicción en aumento en los Estados del Atlántico Norte. Lxs reformadorxs sociales en estas partes del mundo intensificaron las campañas para prohibir la entrada del opio, pero lo único que lograron fue empujar a toda la industria a los brazos de organizaciones criminales cada vez más poderosas. El período de prohibición del alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933 marcó un cambio profundo en la economía política de las drogas. La prohibición del alcohol, junto con controles más estrictos sobre los narcóticos, impulsaron el crecimiento exponencial de la economía ilícita, dotando a las organizaciones criminales de recursos e influencia sin precedentes. Las pandillas locales se transformaron en sindicatos nacionales, extendiendo su alcance a las instituciones políticas. Cuando se derogó la prohibición del alcohol en 1933, la heroína y otras drogas siguieron siendo la principal fuente de ingresos para esta floreciente infraestructura criminal y una importante fuente de liquidez para la estructura bancaria legal. Las ganancias de las empresas ilegales, aunque eran enormes, se convirtieron en la fuente de una inyección constante de efectivo en la economía legal.

El saqueo colonial de monedas, tierras y mano de obra, junto con el acaparamiento de los bienes comunes en Inglaterra entre 1750 y 1860, sentó las bases de lo que Marx llamó ursprüngliche Akkumulation, o acumulación “originaria”, en El Capital, volumen 1. No había ninguna preocupación por la legalidad. Todo el proceso de acumulación estuvo bañado en sangre: la conquista de inmensos territorios, la captura de pueblos enteros y el comercio de cualquier cosa que pudiera comprarse y venderse, incluidas las drogas más mortíferas y los seres humanos. Así es como nació el capitalismo, ciertamente, pero también es así como sobrevive. La acumulación originaria no es un preludio único que pone en marcha una máquina de movimiento perpetuo. Puede entenderse como algo periódico: la acumulación originaria se reanuda una vez más cuando el capital, hambriento de liquidez, busca nuevas reservas para satisfacer sus necesidades, al igual que un vampiro busca sangre fresca para su sustento.

La economía de las mercancías ilícitas, ya sea el tráfico de drogas o de personas, tiene una lógica peculiar que la diferencia de la economía de los productos legales. Una vez que el Estado designa un producto como ilegal, sale del aparato regulador. Quienes trabajan en su producción, desde su etapa primaria (el campesinado que cultiva la hoja de coca, por ejemplo) hasta su etapa final (los traficantes que venden cocaína en sus diversas formas), carecen de protección legal y, por lo tanto, son vulnerables a una superexplotación a niveles inimaginables.² Los productos primarios tienen precios tan inferiores a su valor en la calle que generan enormes cantidades de efectivo para quienes controlan la cadena de suministro desde la compra en el origen hasta la venta en la calle. La cadena de producción de cocaína se ilustra a continuación:³

1. Cultivo de hoja de coca
   1. Proceso: La hoja de coca se cultiva principalmente en la región andina (Bolivia, Colombia y Perú). Lxs raspachines (recolectorxs contratadxs de hoja de coca) la cosechan varias veces al año y la venden en la misma finca (directamente del productor, antes del transporte o procesamiento) a intermediarios. Una parte de la hoja de coca se usa legalmente (para masticar tradicionalmente, o mambeo, y para hacer té). El resto se destina al procesamiento ilícito para obtener cocaína.
   2. Precios: En Colombia, que ha sido el mayor cultivador de coca del mundo en los últimos años, el precio en origen de la hoja de coca se ha desplomado en muchas regiones. Un informe reciente muestra que entre 2022 y 2023, el precio de una arroba (un bulto de 12,5 kilogramos) cayó de 20 a 7 dólares en Nariño y de 17 a 9 dólares en Argelia (Cauca) (Isacson, 2023).
   3. Propósito: Lxs campesinxs venden en la base de una cadena que no controlan. La ilegalidad elimina las protecciones y crea un mercado favorable a lxs compradorxs en la finca.

2. Procesamiento de pasta base (pasta de coca)
3. 1. Proceso: En pequeños laboratorios clandestinos, lxs trabajadorxs maceran la hoja de coca a mano, utilizando destilados de petróleo para extraer los alcaloides de la hoja. A continuación, este material se seca para producir pasta de coca.
   2. Precios: Los precios de la pasta de coca varían en toda la región, pero una cifra indicativa es que en Colombia un kilogramo de pasta de coca se podía vender en el laboratorio por entre 450 y 600 dólares en los últimos cinco años.
   3. Propósito: Lxs intermediarios convierten la hoja en un concentrado, y con la concentración viene el primer gran margen de ganancia: valor que no revierte a lxs agricultorxs.

3. De la pasta de coca al clorhidrato de cocaína (cocaína en polvo)
4. 1. Proceso: Algunos procesos usan ácidos minerales para cambiar la forma química de los alcaloides extraídos. Lxs trabajadorxs luego usan sustancias alcalinas para cambiar la solubilidad de los alcaloides durante el procesamiento. Otros pasos pueden involucrar el uso de agentes oxidantes o solventes para purificar el producto. Estos productos químicos, a menudo fácilmente disponibles debido a su uso en la agricultura y la industria, son manipulados y mezclados por trabajadorxs que usan métodos extremadamente inseguros, incluyendo manos desnudas y palos.
   2. Precios: A la salida de este sitio de procesamiento, el precio sube a más de 1.000 dólares por kilogramo, aunque hoy puede alcanzar varios miles de dólares dependiendo de la calidad del clorhidrato de cocaína.
   3. Propósito: El refinamiento estandariza la droga para los mercados mayoristas, convirtiéndola en una mercancía de alto valor que puede moverse como el dinero.

4. Tráfico mayorista y minorista

4. 1. Proceso: Posteriormente, el polvo de cocaína es transportado desde los países andinos a centros de tránsito, especialmente en América Central, el Caribe, Brasil y África Occidental, por grupos armados y organizaciones criminales. El producto de alta pureza se vende a granel entre las redes de tráfico (UNODC, 2023a). Lxs traficantes luego transportan la droga a los países consumidores (principalmente Estados Unidos y Europa Occidental) donde el producto se corta, reempaqueta y distribuye a pequeños mayoristas (principalmente pandillas) antes de llegar a las calles a través de vendedorxs minoristas.
   2. Precios: Datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) sobre precios durante la última década en México sugieren que el precio de tránsito es aproximadamente 12.000 dólares por kilogramo. En Panamá, el precio registrado es de 30.000 dólares por kilogramo. El precio al por menor en Kenia varía ampliamente, con una estimación que lo sitúa en 90 dólares por gramo con una pureza de alrededor del 56% y un precio al por mayor de 44.580 dólares por kilogramo con una pureza de entre 40% y 50% (2004).
   3. Propósito: Las ventas al por mayor y menor generan la mayor parte de las ganancias en efectivo, que luego se lava y reinvierte, proporcionando liquidez a la economía formal.

En conjunto, las cifras anteriores muestran cómo el valor aumenta en órdenes de magnitud desde la hoja de coca en la finca en Colombia, con un precio de entre 0,56 y 0,72 dólares por kilogramo, hasta la cocaína al por mayor en Kenia, por ejemplo, a 44.580 dólares por kilogramo: un aumento de precio de aproximadamente 62.000 a 80.000 veces (alrededor del 6,2 a 8,0 millones por ciento).

La naturaleza de las mercancías ilícitas como la cocaína es tal que la demanda es en gran medida inelástica en cuanto al precio (lo que significa que el consumo cambia poco incluso cuando los precios aumentan), especialmente entre lxs usuarixs dependientes, ya que la adicción hace que lxs usuarixs sigan consumiendo independientemente del precio. En algunos casos, los aumentos de precio empujan a lxs usuarixs a cometer pequeños hurtos u obtener otros ingresos informales para para cubrir esos costos. La violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el mercado, ya que el desempleo y la precariedad garantizan un ejército de reserva de mano de obra que puede incorporarse al comercio cuando otrxs son asesinadxs, encarceladxs o expulsadxs.

De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso de acumulación de capital en la economía formal. Los pueblos desindustrializados con altas tasas de desempleo proporcionan convenientemente un grupo de reclutas y consumidorxs para una economía de drogas que emplea a sectores de la población, crea muchas personas adictas y luego permite la represión coercitiva por parte de las fuerzas estatales en nombre de la guerra contra las drogas (González, 2014; Labate y Rodrigues eds., 2018; Reding, 2009). La economía de las mercancías ilícitas, por lo tanto, sobreexplotando a lxs trabajadorxs, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial.

El vínculo entre narcóticos y capitalismo no se limita al mundo del hampa: las mismas plantas y moléculas que recorren los circuitos ilícitos también abastecen a industrias perfectamente legales. Las amapolas de opio alimentan el mercado farmacéutico mundial con analgésicos y sedantes. Las hojas de coca se transforman en aromatizantes y productos médicos descocainizados. Los opioides sintéticos como el fentanilo los fabrican bajo licencia las principales compañías farmacéuticas. En cada caso, los Estados diseñan regímenes regulatorios y comerciales que protegen las ganancias corporativas mientras criminalizan los circuitos informales paralelos. La frontera entre las drogas “legales” e “ilegales”, por lo tanto, no es química sino política, trazada de manera que favorece la acumulación de capital en los centros imperiales y expone al campesinado y a lxs consumidorxs pobres en las periferias a la criminalización y la violencia.

Los cuantiosos volúmenes de dinero líquido que pasan por las manos de los cárteles criminales y se lavan en los bancos suponen una enorme tentación para los gobiernos: usar ese dinero para operaciones encubiertas extrapresupuestarias. En la práctica, esto a menudo toma la forma de alianzas encubiertas con fuerzas proxy —que incluyen protección, entrenamiento, armas y logística—, que operan dentro de las narcoeconomías y se financian a sí mismas mediante el cobro de impuestos al cultivo, el procesamiento y el tránsito. De esta manera, los ingresos ilícitos pueden subsidiar guerras por delegación al tiempo que se protege al gobierno patrocinador de la supervisión pública. Estos son los tipos de circuitos utilizados por Estados Unidos para financiar fuerzas contrarrevolucionarias contra los movimientos de izquierda o comunistas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplos incluyen los restos del Kuomintang (KMT) en Birmania y el norte de Tailandia (principios de la década de 1950-1960), movilizados contra la República Popular China y las fuerzas comunistas a lo largo de la frontera en el norte de Myanmar y Tailandia. El Ejército Secreto Hmong bajo el General Vang Pao en Laos (c. 1960-1973), movilizado contra el Pathet Lao y las fuerzas norvietnamitas. Las fuerzas armadas survietnamitas (1955-1975), movilizadas contra el Frente de Liberación Nacional (Viet Cong) y Vietnam del Norte. Lxs muyahidines afganxs (finales de la década de 1970-1980), movilizadxs contra el gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) respaldado por los soviéticos en Afganistán y, después de la intervención soviética, contra las fuerzas soviéticas. Lxs contras nicaragüenses (década de 1980), movilizadxs contra el gobierno sandinista. Los paramilitares colombianos, notablemente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, 1997-2006), movilizadas contra las FARC-EP⁴ y la izquierda en general (McCoy, 1972; Webb, 1998; Grillo, 2016).⁵

Un Estado securitista que trata al mundo de las drogas ilegales como un banco para sus propias operaciones encubiertas tiene pocos incentivos para desmantelar estos circuitos. Existe amplia evidencia de que los propios cárteles utilizan sus contactos dentro de los servicios de seguridad para eliminar a sus rivales y así poder expandir sus operaciones a nuevos territorios. La relación simbiótica entre pandillas ilegales y las agencias encubiertas paralegales del Estado está bien documentada (Valentine, 2017; CIA, 1998).⁶

El paradigma de la guerra contra las drogas ha permitido a Estados Unidos, el principal arquitecto de esta campaña, señalar a cualquiera de sus adversarios como narcotraficantes y usar su inmenso poder militar y financiero contra ellxs. La base del Plan Colombia (lanzado en 2000 como una iniciativa estadounidense-colombiana) era utilizar los fondos antinarcóticos para armar al ejército colombiano, cuyo foco principal de atención no eran lxs narcotraficantes, que habían infiltrado el aparato estatal y de seguridad, ni los paramilitares de derecha, que trabajaban estrechamente con lxs narcotraficantes, sino grupos revolucionarios como las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Rojas, 2015). En la práctica, la arquitectura antinarcóticos del Plan Colombia también operaba como un proyecto de contrainsurgencia y recaptura territorial destinado a reafirmar el control estatal en regiones productoras de coca (las propias FARC-EP surgieron de comunidades campesinas de autodefensa y extrajeron gran parte de su base social de la Colombia rural).

Más recientemente, la retórica de la guerra contra las drogas se ha utilizado para intensificar la presión sobre países de toda la región cuyos gobiernos se niegan a ser sumisos ante Estados Unidos (principalmente Venezuela, Colombia y México). En agosto de 2025, Washington comenzó a intensificar este encuadre contra Venezuela al designar al supuesto Cártel de los Soles como un “grupo terrorista transnacional” con supuestos vínculos con el presidente Nicolás Maduro. A pesar de no ofrecer ninguna evidencia de la conexión (o incluso de la existencia de este “cártel”), Estados Unidos se ha comprometido en una campaña violenta contra la Revolución Bolivariana que incluye, más recientemente, ataques extrajudiciales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe (asesinando a más de 100 personas a fines de 2025), un bloqueo naval de buques petroleros venezolanos sancionados y el 3 de enero, el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en un tribunal de Nueva York por cargos infundados que incluyen y están relacionados con el “narcoterrorismo” (Tricontinental, 2025; Arlacchi, 2025). Vale la pena señalar que, a los pocos días del secuestro de Maduro y Flores, el Departamento de Justicia retiró “la afirmación de que el ‘Cártel de los Soles’ de Venezuela es un grupo real”, como lo expresó un artículo de The New York Times (Savage, 2026).

Esta narrativa se sustenta en una guerra de información basada en exageraciones, desinformación y mentiras descaradas. Según la propia Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés), Colombia sigue siendo el principal lugar de cultivo de coca y el principal país de origen de la cocaína incautada en Estados Unidos. Además, la mayor parte de la cocaína destinada al mercado norteamericano sale de Colombia por el Pacífico y se mueve a través de Centroamérica y México; Venezuela representa solo el 5% de las drogas transportadas a través de Colombia (DEA, 2025; Tricontinental, 2026). Aunque Venezuela es responsable de una cantidad insignificante del narcotráfico mundial, sigue siendo en este momento un objetivo principal de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Esto no solo es un desprecio flagrante de los hechos, sino también una violación del derecho internacional y un claro ejemplo de cómo se usa la narrativa de la guerra contra las drogas para disciplinar a las fuerzas de izquierda en la región y drenar riqueza del Sur al Norte.

Foto: Un homenaje a las y los compañeros que perdieron sus ojos debido a la represión policial en el marco de las movilizaciones del estallido social. Popayán, Cauca, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Según una estimación, en 2015 el intercambio desigual de bienes y servicios entre el Norte Global y el Sur Global totalizó entre 10,8 y 14,1 billones de dólares (suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces) (Hickel et al., 2022: 1, 6). Esta cifra enorme que no ha sido completamente asimilada por quienes dan forma a las políticas, significa que cada año, más de 10 billones de dólares de riqueza son drenados del Sur al Norte, en su mayoría legalmente. La fuga ilícita de capitales no es tan elevada, aunque las cinco principales áreas de ilegalidad son asombrosas, incluso con estimaciones conservadoras: el comercio ilegal de armas pequeñas (3.500 millones de dólares), el narcotráfico (32.000 millones), la minería ilegal (48.000 millones), la trata de personas (150.000 millones) y la falsificación (467.000 millones) suman en conjunto alrededor de 700.500 millones de dólares al año (Vásquez et al., 2025: 2; UNODOC, 2012; FATF, 2021: 10; OIT, 2014; OCDE, 2025). Lo más destacable sobre el comercio ilegal es que genera un volumen enorme de efectivo. En 2011, UNODC publicó un informe importante sobre los flujos financieros ilícitos del dinero de las drogas (2011: 7, 10). Vale la pena reflexionar sobre los hallazgos principales, ya que no hay datos globales actualizados sobre estos temas:

1. Una gran parte, hasta el 70%, de las ganancias del crimen organizado transnacional se estima (con alta incertidumbre) que se lava a través del sistema financiero.
2. La mejor estimación del informe sobre el total de ingresos ilícitos disponibles para el lavado de dinero es del 2,7% del PIB mundial, o 1,6 billones de dólares en 2009.
3. Se estima que el comercio ilícito de drogas es el mercado de crimen organizado transnacional más grande, que representa alrededor del 20% de todos los ingresos del crimen internacional.
4. La tasa de interceptación es sorprendentemente baja: solo alrededor del 1% (probablemente alrededor del 0,2%) de los ingresos procedentes de las drogas son incautados o congelados.

Un informe más reciente de UNODC, de 2023, sostiene que en varios países, los flujos financieros ilícitos (FFI) relacionados con el dinero de las drogas son comparables a los flujos transfronterizos legales y en algunos casos los superan (2023b). En Colombia, por ejemplo, el informe estima (mediante modelos) que los FFI anuales relacionados con el tráfico de cocaína oscilaron entre 1.200 y 8.600 millones de dólares entre 2015 y 2019. En comparación, de acuerdo con informes preliminares del Gobierno, las entradas de inversión extranjera directa en Colombia en 2024 fueron de unos 14.200 millones de dólares (Oficina de la Presidencia de Colombia, 2025). En México, los FFI entrantes relacionados con el tráfico de heroína, cocaína y metanfetamina totalizaron entre 8.000 millones y 17.000 millones de dólares al año de 2015 a 2018, aproximadamente comparable a sus ganancias promedio de exportación agrícola durante el mismo período (12.600 millones de dólares). Estas cifras deben leerse como indicativas, ya que la mayoría de los países no recopilan estadísticas nacionales confiables sobre FFI.

Las redes de lavado de dinero y lxs intermediarixs financierxs usan una variedad de medios para mover efectivo y valor. Entre ellxs se encuentran sistemas informales de transferencia de efectivo (como hawala and hundi)⁷, criptoactivos y servicios digitales, además de la explotación de canales de migración y remesas para mover efectivo fuera del ojo regulatorio del Estado. Aunque la ONU ha elaborado una nueva metodología para medir las finanzas ilícitas, no compensa el mundo sombrío del mercado negro (UNODC y UNCTAD, 2020). Por esa razón, el informe de UNODC de 2011 señaló: “las estimaciones monetarias finales deben tratarse con precaución” (2011: 5).

Ocasionalmente, hay un escándalo por la participación de un banco en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El caso más prominente involucró a HSBC, que surgió del comercio de opio para convertirse en uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 3 billones de dólares en activos totales a partir de 2025 (HSBC, 2025). En 2012, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que HSBC había lavado alrededor de 881 millones de dólares para cárteles de droga colombianos y mexicanos entre aproximadamente 1996 y 2006. El banco acordó pagar 1.900 millones de dólares en multas en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, pero no fue cerrado y ningún ejecutivo de HSBC fue procesado penalmente como parte del acuerdo (Blackhurst, 2023). Dado que solo se detecta una pequeña parte de estos crímenes, se puede asumir que la multa fue modesta en relación con las ganancias.

Mientras tanto, los bancos más pequeños han sido cerrados cuando se han llevado a cabo investigaciones similares (por muy poco frecuentes que sean). En octubre de 2015, el Banco Continental de Honduras fue obligado a la liquidación después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos lo designara al banco como un “narcotraficante especialmente designado” (la cantidad presuntamente lavada nunca se reveló). Tales acciones aparentemente equivalen a juicios espectáculo para mostrar la ira de los organismos reguladores que de otro modo son indulgentes cuando el objetivo es un banco estadounidense o transnacional. El sistema es intocable, y no puede haber reforma de todo el podrido sistema bancario (incluidos los paraísos fiscales ilícitos que albergan billones de dólares).

El Grupo de Acción Financiera Internacional mundial, establecido en 1989 por el G7, se supone que proporciona un marco contra el lavado de dinero (FATF, 2012-2025). Sin embargo, como señala un estudio reciente, su fracaso “para reducir los delitos subyacentes que generan grandes ingresos criminales o el volumen de lavado de dinero es indiscutible” (Nazzari y Reuter, 2025). Cada año, las estimaciones de la ONU sugieren que tanto las sumas lavadas como la actividad ilegal que las genera continúan aumentando (UNODC, 2024).

Tanto si se trata de drogas de origen vegetal (cocaína) como sintéticas (metanfetamina), su producción se traslada a zonas rurales y periféricas donde las personas viven en la pobreza o cerca de ella. A continuación, los cárteles transportan la droga a grandes distancias hasta los mercados consumidores, donde jóvenes empobrecidxs la venden por salarios que superan lo que podrían ganar en la economía uberizada y precaria, pero que siguen siendo modestos en comparación con los valores que mueven. Lxs jefes de los cárteles, mientras tanto, obtienen vastas cantidades de riqueza del comercio, pero sus vidas suelen ser cortas y violentas. El sistema bancario formal, que recibe grandes cantidades de dinero en efectivo que se desvían de la cadena de mercancías, termina beneficiándose enormemente sin sufrir apenas consecuencias. A largo plazo, los riesgos como violencia, encarcelamiento, despojo se concentran entre el campesinado y lxs pobres urbanxs, mientras que el excedente es absorbido y reinvertido a través de las instituciones del capitalismo “legítimo”.

Foto: Reforestación de la cuenca del Río Cauca por la ecoaldea Estrella Roja y el Comité Ambiental del Humedal La Orquídea.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes, y los océanos.

Allí en esas selvas, se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2, entre millones de especies, es una de las más perseguidas de la tierra. A cómo dé lugar, se busca su destrucción: es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas.

Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo, destruida.

Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruyan la planta que mata, gritan desde el norte, pero la planta no es sino una planta más de los millones que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva.

Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen Estados y negociantes. No importa el grito de los científicos bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más.

Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva.

La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir.

El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión.

No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera.

Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 77º período de sesiones, 20 de septiembre de 2022 (Eljuri, 2022)

Parte 2: Cómo el campesinado ve la “guerra contra las drogas”

La acusación de Petro nombra lo que medio siglo de política de drogas ha intentado ocultar: que esta “guerra” se ha librado no contra los narcóticos, sino contra las personas y la naturaleza. La arquitectura moderna de esta “guerra” se remonta al 17 de junio de 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon dijo a lxs reporterxs que “el enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de drogas” (1971). “Para combatir y derrotar a este enemigo”, continuó, “es necesario lanzar una nueva ofensiva total”. El anuncio llevó a los medios estadounidenses a acuñar el término “guerra contra las drogas”. Inicialmente, Nixon dijo que el objetivo de la guerra sería el “traficante”, o el vendedor de drogas. El lenguaje bélico apenas se preocupaba por abordar la adicción a las drogas generada por la guerra de Estados Unidos en Vietnam, una guerra que ayudó a producir la crisis que la guerra contra las drogas pretendía combatir. En lugar de centrarse en la adicción y en la industria que se aprovecha de las personas adictas, Estados Unidos muy pronto usó la “guerra contra las drogas” para perseguir no solo a lxs pobres dentro de sus propias fronteras, sino también al campesinado empobrecido en América Latina y Asia que no tenía más opción que producir drogas, condiciones que Estados Unidos mismo había contribuido a crear. No iba a haber una verdadera guerra contra la adicción o el sistema que la produce, sino solo una guerra contra el campesinado y contra las organizaciones revolucionarias que trabajaban entre ellxs.

El instrumento legal que Europa y Estados Unidos necesitaban para librar esta guerra ya estaba disponible: la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961 (1961). Presentada como un marco internacional de salud pública, sometió a plantas como la coca, el cannabis y la amapola al control internacional y obligó a los Estados a limitar su producción y uso a fines médicos y científicos. La convención también exigía la abolición del mascado de hoja de coca tras un período “transitorio”, criminalizando una práctica indígena milenaria en nombre del “orden” mundial. No se trataba de una clasificación neutral: fue una decisión política tomada en un sistema internacional dominado por el Norte que convirtió ciertas plantas y las personas cuyas vidas y culturas están entrelazadas con ellas, en objetos de control.

El caso colombiano es paradigmático para comprender los efectos concretos de la prolongada guerra contra las drogas, precisamente porque hace visibles los vínculos entre cultivos, subdesarrollo rural y conflicto armado: un marco de políticas que hoy se está reeditando y reciclando una vez más. Como discutimos en el cuaderno nº 1 de nuestro proyecto de investigación Adictos al imperialismo, “la producción de hoja de coca en Colombia tiene algunas características únicas que se relacionan con la conexión entre cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado” (Gutiérrez, 2024: 11). Lejos de lo que los medios nos harían creer, y lejos de ser el resultado de una “asociación delictiva” entre grandes cárteles de droga y comunidades campesinas, la economía de la coca en Colombia tiene sus raíces en el desarrollo histórico del país y la evolución de su conflicto armado. Ese conflicto, que involucra fuerzas estatales, insurgencias guerrilleras de izquierda (incluidas las FARC-EP y el ELN) y los paramilitares de derecha, tiene profundas raíces en la desigualdad de la tierra y la exclusión política, en las que, como era de esperar, Estados Unidos ha desempeñado un papel protagónico.

A pesar de su temprana relevancia como un importante centro de comercio colonial y sede del virreinato de Nueva Granada del imperio español, durante gran parte de su historia Colombia siguió siendo un país eminentemente rural con una economía agraria. Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, las exportaciones de tabaco, caña de azúcar, banano y café hicieron rentable al país, pero también eran rentables la extracción de oro y esmeraldas. Aunque la balanza comercial ha cambiado, Colombia sigue siendo un exportador de productos agrícolas (como café, aguacate, aceite de palma, además de coca y cocaína) y energía (principalmente petróleo y carbón). Este orden exportador-extractivo descansa sobre la concentración de la tierra y la fuerza coercitiva, produciendo conflictos rurales recurrentes. La intensa lucha de clases en el campo se ha recreado generación tras generación, desde la Masacre de las bananeras, cuando los esbirros de la United Fruit Company abrieron fuego contra lxs trabajadorxs en huelga y sus simpatizantes en Ciénaga en diciembre de 1928 (matando a un estimado de 1.000 personas), hasta la masacre de Mapiripán de 1997 en el Meta, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron y “desaparecieron” a aproximadamente 49 civilxs en una campaña contrainsurgente para apoderarse del territorio y asegurar rutas de narcotráfico (Comisión de la Verdad, 2025; CNMH, 2018).

En los últimos años, la violencia se debe en gran medida al desarrollo de nuevas formas de inversión de capital y extracción de materias primas en el campo. Se movilizan ejércitos paramilitares para expropiar grandes extensiones de tierra para la producción ganadera, el monocultivo a gran escala de sorgo, soya, trigo, palma, algodón, maíz y arroz, y para proyectos puramente extractivos de minería y agroindustriales vinculados a las élites domésticas y al capital transnacional. La mera existencia del campesinado plantea un problema para estas operaciones. El campesinado es atacado directamente mediante procesos de despojo violento, pero también a través de las condiciones estructurales que se les imponen: la deflación de los precios de los cultivos de pequeñxs propietarixs (impulsada por la liberalización del comercio, el poder de lxs compradorxs y la ausencia de medidas de apoyos a los precios) y el desgaste de los sistemas de bienestar social. Ambos profundizan la pobreza (Le Grand, 1988; Machado, 2017; Reyer, 2010). Cuando este despojo tiene éxito, lxs campesinxs se concentran en las periferias de las áreas urbanas, o se convierten en carne de cañón para las vastas redes de narcotráfico y otras mercancías ilegales controladas por los mismos grupos que lxs expulsan de la tierra. Estas organizaciones criminales establecen nuevas dinámicas rurales y urbanas de control territorial mientras al mismo tiempo ofrecen oportunidades económicas precarias para lxs trabajadorxs rurales (Ramos, 2021).

Foto: Un pescador del Atlántico, uno de los campesinos denominados anfibios, que producen en la tierra, en el agua, en los ríos. Santa Marta, Colombia.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Lo que es evidente en Colombia también está sucediendo en toda América Latina: la profundización del modelo neoliberal en la agricultura ha acelerado la extinción de lxs pequeñxs agricultorxs. El campesinado enfrenta falta de acceso y tenencia de la tierra, así como exclusión social y económica, desempleo, opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la imposibilidad de acceder a vivienda digna. En Colombia, la crisis se intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas, llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones transnacionales. La concentración de la tierra es extrema: lxs grandes terratenientes controlan la mayor parte de las tierras productivas, el 1% de las propiedades más grandes (fincas de más de 100 hectáreas) representan el 81% de las tierras agrícolas (DANE, 2014).

En conjunto, estas dinámicas reproducen una larga historia de despojo que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a América. En Colombia, sectores del aparato estatal se confabulan con narcotraficantes y grupos paramilitares para arrebatar violentamente la tierra al campesinado y despojarlos de los medios para reproducirse. Al mismo tiempo, los acuerdos de libre comercio y la competencia de importaciones socavan los cultivos lícitos, empujando a lxs agricultorxs hacia cultivos ilícitos más rentables. Aunque la coca es nativa de los Andes y tiene un profundo significado espiritual y cultural para los pueblos indígenas que la han usado durante miles de años, la mayoría de lxs agricultorxs ahora se ven obligadxs a cultivar coca bajo el mismo sistema neoliberal que luego se da vuelta e intenta erradicar el cultivo en nombre de la guerra contra las drogas.

La producción de coca somete a los hogares a una dependencia económica y a un trabajo altamente informal durante todo el año, ya que la hoja de coca madura se cosecha cada dos meses. Además, logra una producción rápida a bajo costo, una comercialización rápida y un ingreso neto mensual promedio estimado en alrededor del 56% del salario mínimo colombiano (en 2018) por hectárea cultivada (UNODC, 2018b: 33). No obstante, esta cifra enmascara una amplia variación y no refleja cómo la coerción, lxs intermediarixs, los cuellos de botella en el transporte y la volatilidad de los precios pueden reducir aún más los ingresos de lxs cultivadorxs. Nuestra investigación conjunta con la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) encontró que no solo la producción es intensiva en mano de obra y consume mucho tiempo, sino que la tasa de rendimiento para el campesinado es insignificante. Según un líder de la COCCAM:

Cuando ya terminamos de hacer todo el proceso prácticamente ya estamos para iniciar nuevamente. Entonces es constante. Se siembra la coca y a los seis meses ya está para la primera raspa y la sigue raspando cada dos meses, es decir, que cada dos meses hay producto.

Otro miembro de la COCCAM, un cultivador de 26 años dijo:

Puede que por hectárea vayas a necesitar entre seis y diez obreros. Eso hay que recalcar, porque la hoja de coca genera muchísimo empleo. Hay fincas donde nunca paran las raspas y hay sesenta a ochenta obreros diarios. Eso prácticamente, durante el año, descansará un mes (Gutiérrez, 2024: 68).

Además, las zonas de cultivo de coca están entre las más pobres y aisladas de Colombia, con un acceso a bienes y servicios públicos marcadamente menor que el resto del país. Una encuesta de hogares de UNODC de 2018 de 6.350 familias en 29 municipios participantes en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) de Colombia detectó que el 57% de los hogares estaban en pobreza monetaria y el 47% eran multidimensionalmente pobres (OPHI, s/f). UNODC calcula su índice de pobreza multidimensional en cuatro dimensiones: educación, salud, infancia y adolescencia, y condiciones de vivienda, y clasifica a un hogar como multidimensionalmente pobre cuando está privado en al menos un tercio de los indicadores ponderados. La misma encuesta señala el trabajo infantil generalizado (el 92% de lxs niñxs de 6 a 9 años están trabajando), la baja asistencia escolar (el 68% de la población en edad escolar no asiste) y los graves déficits de servicios (solo el 3% reporta acceso a un hospital o centro de salud, mientras que solo el 63% declara tener acceso a electricidad) (UNODC y Fundación de Ideas para la Paz, 2018a).

Los efectos en la salud asociados a las tareas realizadas en los cultivos ilícitos superan los asociados al trabajo agrícola. A esto se suman los daños causados por los productos utilizados para tratar las plantaciones y por las medidas institucionales de erradicación (como la fumigación indiscriminada de glifosato sobre territorios campesinos), así como los impactos de la deforestación para expandir la frontera agrícola. En todos estos territorios, la informalidad laboral es casi universal y el hacinamiento está generalizado. Además, las tasas de natalidad son altas y la migración de adultxs es común: dinámicas que los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo rara vez toman en cuenta (Gutiérrez, 2024: 72). Estas son condiciones de abandono estatal que sostienen y son reforzadas por la economía de la coca y las estructuras coercitivas que la rodean.

Estas condiciones son centrales para entender por qué el campesinado vende su mano de obra en la economía ilícita de la coca: es una de las pocas fuentes viables de ingresos en efectivo. Como lo expresó un líder de la COCCAM:

El campesinado ha sido juzgado y catalogado como el que ha querido cultivar la hoja de coca, cuando han sido las circunstancias, la falta también de involucrarse los gobiernos locales y nacionales en el territorio (…). La carencia de esa institucionalidad ha provocado buscar alternativas con economías ilegales para alimentar, mantener y sostener a las familias. Esto se produce por no tener unas buenas vías de acceso, centros de comercialización e impulsar iniciativas productivas (Gutiérrez, 2024: 70).

Aunque las actividades ilícitas en torno a la hoja de coca comenzaron décadas antes, el surgimiento de Colombia como un nodo central del comercio mundial de cocaína tomó forma en la década de 1970, cuando la creciente demanda internacional llevó al país al procesamiento y exportación a gran escala (Gootenberg y Dávalos eds., 2021). A finales de la década, Colombia era uno de los principales exportadores mundiales de cocaína y marihuana, lo que generó una afluencia de capital que transformó la economía y la política del país, una transformación que continúa en la actualidad. En la década de 1980, el tráfico de cocaína se consolidó a expensas de otras drogas y el cultivo se expandió a más regiones del país, incluso cuando disminuyó en Perú y Bolivia. Esta trayectoria se aceleró en la década de 1990: entre 1995 y 2000, la superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia aumentó de aproximadamente 50.900 a 136.200 hectáreas, lo que representa aproximadamente entre el 0,1% y el 0,3% de las tierras agrícolas del país (UNODC, 2001).⁸

Entre 1994 y 2005, la expansión de la producción de coca intensificó el conflicto interno, llevó a la expansión de la frontera agrícola, alteró los patrones de crecimiento demográfico y profundizó la desigualdad. También impulsó cambios culturales relacionados con la transformación de las relaciones entre el campo y la ciudad, la migración interna y cambios en la siembra y producción de cultivos. A lo largo de este período, menores fueron cada vez más atraídxs al conflicto armado entre grupos insurgentes y los ejércitos legales e ilegales del Estado colombiano, a través del reclutamiento y la coerción por parte de actores armados, tanto como combatientes como en funciones de apoyo. La expansión de la coca también remodeló los patrones de asentamiento, atrayendo a migrantxs internxs (incluidas familias desplazadas) a las zonas fronterizas y convirtiendo a los centros urbanos existentes en centros de comercio y servicio (Gutiérrez, 2024: 23).

Durante las décadas de 1980 y 1990, surgieron grandes cárteles de droga en Medellín y Cali, que construyeron grandes imperios de riqueza y poder territorial. Aunque estos imperios tenían su sede en estas capitales departamentales, el negocio de la producción y el procesamiento se llevaba a cabo en otras partes del país, particularmente en el sur, el suroccidente y en el oriente y nororiente. En la práctica, la persecución de los cárteles por parte de los gobiernos colombiano y estadounidense se convirtió en una cacería de brujas para criminalizar al campesinado agricultor y a las organizaciones políticas armadas presentes en estas regiones del país, lo que proporcionó un telón de fondo ideal para el desarrollo del Plan Colombia. Este plan condujo a una intensificación de la violencia política en el país, con financiamiento estadounidense directo para la guerra contra las drogas, lo que finalmente resultó en una mayor militarización y allanó el camino para una sucesión de presidentes de derecha que instrumentalizaron la guerra contra las drogas para profundizar su control sobre la sociedad: Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque Márquez (2018-2022).

La economía de la coca en Colombia se ha afianzado en regiones donde la presencia del Estado ha sido militarizada durante mucho tiempo mientras las instituciones civiles y los servicios públicos siguen siendo débiles. En estos territorios, el conflicto por la tierra se agudiza por la inseguridad de la tenencia y las reclamaciones superpuestas, y por actores armados, legales e ilegales, que extraen recursos de las familias campesinas cuyo sustento depende de la coca como cultivo comercial. Como explicó un líder regional de la COCCAM:

Actualmente, no existen garantías para quienes intervienen en el cultivo de hoja de coca. La situación de concentración se ha vuelto con el paso de los años más crítica en las regiones (…) Además, los actores armados ilegales y legales, se aprovechan de la situación del campesinado, más de uno ha pedido recursos, que el campesino accede entregar para evitar de que se le arranque la mata, que es su único medio de sustento (Gutiérrez, 2024: 74).

Sin embargo, estas mismas condiciones han alimentado generaciones de lucha organizada. El campesinado colombiano tiene una larga tradición de organización política en torno a sus derechos, la tierra, la producción y la defensa del territorio. No es casualidad que, históricamente, las y los campesinos hayan estado al frente de las luchas contra la expansión de los latifundios y las prácticas depredadoras del capital nacional y extranjero, desde la creación de las organizaciones guerrilleras en la década de 1960 hasta las formas más recientes de organización en torno al trabajo agrícola. Estas luchas se han trasladado repetidamente del campo a las calles y carreteras, a pesar de la represión policial, la criminalización, los asesinatos y el abandono del Estado.

El movimiento campesino en Colombia también ha construido herramientas para organizarse en territorios donde se cultiva coca. Notables son las marchas campesinas de 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), lideradas por cultivadorxs de coca en los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Guaviare contra las políticas de fumigación con glifosato del gobierno. Cuando el Estado no cumplió con los acuerdos resultantes, campesinxs, raspachines, recolectorxs, comerciantes, agricultorxs asentadxs y jornaleros lanzaron una nueva ola de movilizaciones en 1996, que se convirtió en una característica definitoria de las luchas sociales de la década.

Las conversaciones de paz de San Vicente del Caguán (1998-2002), negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, colocaron a los territorios cultivadores de coca en el centro del debate nacional, no solo como lugares de narcotráfico y conflicto armado, sino también como lugares donde grandes poblaciones civiles dependían de la economía de la coca para sobrevivir. En territorios como el Guaviare, Putumayo, Caquetá, el Meta, Catatumbo y Cauca, esta economía sostenía a una población de alrededor de un millón de personas cultivadoras, raspachines, recolectoras, cocineras y otras que sobreviven en medio de la disputa constante entre actores armados y condiciones de vida precarias. Estas comunidades no eran nuevas, pero fueron tratadas cada vez más como un sujeto político distinto, el campesinado cultivador de coca, formado en parte por la migración interna hacia zonas agrícolas de frontera. Debido a que el cultivo de coca fue considerado como una economía enemiga, estas comunidades se enfrentaron a una represión cada vez más fuerte a medida que se intensificaba el conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, junto con disputas territoriales y la cooptación del poder político por parte de narcotraficantes. Para empeorar las cosas, el Estado ha abordado esto durante mucho tiempo como una cuestión de orden público, erradicación y militarización, en lugar de una cuestión de políticas públicas como la garantía de los derechos sobre la tierra, la inversión rural y los medios de vida del campesinado.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, el Estado reconoció formalmente la necesidad de una solución definitiva e integral al problema de las drogas ilícitas, que trate al campesinado como sujetos de derechos y promueva políticas públicas mediante enfoques diferenciales. A principios de 2017, se creó la COCCAM, que reúne a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de toda Colombia para discutir la situación de cultivadorxs y recolectorxs y exigir participación en la erradicación y sustitución (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016).

Las manifestaciones masivas de 2019, incluido el paro nacional en noviembre, ayudaron a consolidar un amplio bloque popular que luego se unió en la coalición electoral Pacto Histórico, que reunió fuerzas como Colombia Humana y Unión Patriótica, entre otras. Este bloque rompió el consenso de la derecha y llevó a Gustavo Francisco Petro Urrego a la presidencia en 2022.

Petro ha argumentado que la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos ha fracasado y ha pedido que se cambie la política de criminalización del campesinado cultivador de coca y se centre en toda la estructura de la economía ilícita. Este cambio marca el comienzo de una ruptura. Una ruptura más profunda requeriría un ataque a todo el sistema bancario, que se alimenta de la acumulación originaria de la economía ilícita, una confrontación que alcanzaría el corazón mismo del capitalismo.

Conclusiones

Durante los últimos años, nuestro trabajo con organizaciones campesinas de todo el mundo —particularmente la COCCAM en Colombia— nos ha permitido examinar la economía de las drogas no como un asunto de crimen y seguridad, sino como una ventana a las estructuras más profundas del capitalismo contemporáneo. El campesinado sabe que la economía ilícita de la coca no es la causa de la crisis de Colombia, sino uno de sus síntomas. Estxs agricultorxs se incorporan a la economía ilícita no por elección, sino porque todas las demás vías de subsistencia digna han sido bloqueadas por el despojo de tierras, el colapso de los precios agrícolas, el retroceso del Estado y la expansión del poder paramilitar y corporativo.

Desde el punto de vista de estas comunidades, la narrativa dominante de la guerra contra las drogas se revela como un profundo diagnóstico erróneo. El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a lxs pobres rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales lxs acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal.

Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos, infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista.

Este no es un texto que interviene en las políticas públicas desde el punto de vista de la seguridad o la adicción a las drogas. Nuestro punto de partida es el bienestar de los millones de trabajadorxs que son empujadxs a cultivar coca, procesarla para convertirla en cocaína y transportar y vender el producto. Ningunx de estxs trabajadorxs se beneficia de los miles de millones de dólares que circulan en el narcotráfico y dan liquidez al sistema bancario internacional. Tratar al narcotráfico como algo ajeno a la economía lícita es un enorme error de categorización, ya que oculta la función del dinero de las drogas dentro del propio sistema capitalista. La erradicación, la criminalización y la militarización no pondrán fin a la producción de coca ni a la economía ilícita.

El campesinado conoce esta verdad íntimamente. Su experiencia demuestra que la economía de la droga persiste no por la hoja de coca en sí, sino porque el capitalismo requiere la reposición constante de nuevas reservas de riqueza, lícitas o ilícitas, para sostenerse. Por lo tanto, cualquier solución genuina debe comenzar con lxs campesinxs y con el reconocimiento de que la frontera entre el capitalismo legal y el ilegal es mucho más delgada, y mucho más útil políticamente, de lo que los arquitectos de la guerra contra las drogas están dispuestos a admitir.

Foto: Vigilia en Monterredondo en apoyo al proceso de paz, cuando las y los firmantes del Acuerdo llegaron a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Miranda, Cauca.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Notas

Referencias bibliográficas

Gigi Scaria, Wheel [Rueda], 2009.

Introducción

El orden económico mundial está en constante cambio y la globalización se encuentra en una crisis prolongada. En la década de 1990, el capital occidental bajo la hegemonía de Estados Unidos promovió la liberalización del comercio y la expansión de las cadenas globales de suministro que explotaban las diferencias en los costos laborales entre el Sur Global y el Norte. Ahora, estos mismos procesos están siendo socavados por la misma potencia hegemónica, bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump, para revertir una consecuencia no deseada de la globalización: la erosión de su dominio económico y tecnológico por parte de una potencia emergente del Sur Global.

Aunque el orden económico global está siendo reconfigurado, la economía india continúa agobiada por la inercia de 35 años de liberalización. Sus problemas estructurales, arraigados en desigualdades profundamente instaladas y agravados por las políticas neoliberales, han sofocado el desarrollo de una base industrial doméstica amplia y tecnológicamente avanzada. Debido al estado lamentable de la industria india, la mayor parte de la fuerza laboral permanece excluida de ella, confinada a empleos precarios, mal remunerados y de baja productividad, que se sostienen solo por la desesperación de ganarse la vida. Como resultado, gran parte de la población permanece atrapada en varios grados de pobreza, incluso cuando anuncios oficiales de un pronunciado descenso de las privaciones son invocados mediante trucos metodológicos (Misra, 2025).

El subdesarrollo persistente de la industria, particularmente la manufacturera, es el núcleo del encuentro de la India con la globalización. Las promesas de la liberalización, de desbloquear el supuesto potencial de la India, han producido una tendencia generalizada hacia la desindustrialización, lo que ha reducido drásticamente el empleo formal, debilitado la capacidad productiva y profundizado las desigualdades sociales.

A pesar de la evaluación grandilocuente del gobierno actual sobre la importancia de la India en el escenario mundial como Vishwaguru, literalmente “maestro del mundo”, un término popular en la retórica hindutva del primer ministro Narendra Modi y de las afirmaciones sobre las altas tasas de crecimiento, a menudo envueltas en controversias estadísticas, Modi se ha visto obligado a confrontar estos fracasos, lo que hace mediante evasivas y acusaciones. Desde que llegó al poder como primer ministro de la India en 2014, su estrategia política habitual ha sido culpar a la oposición y a los gobiernos anteriores de todos los hechos negativos, incluso ahora que su mandato ya se extiende más allá de una década. No hay duda de que las políticas neoliberales iniciadas por el Congreso Nacional Indio en la década de 1990, y posteriormente aplicadas por todos los gobiernos, incluido su adherente más ferviente, el partido derechista Bharatiya Janata Party [Partido Popular Indio], BJP (por su sigla en inglés), han llevado a la economía india a este estado lamentable. El largo mandato de Modi como ministro principal del estado occidental indio de Gujarat de 2001 a 2014 consolidó sus credenciales neoliberales ante los ojos del capital indio y extranjero.

Sin embargo, la respuesta de Modi ha sido redoblar la apuesta por las mismas políticas, peor aún, aplicarlas con esteroides, exacerbando así los problemas subyacentes, profundizando las desigualdades y acentuando aún más la crisis. Desde que asumió el cargo de primer ministro, ha anunciado un conjunto de iniciativas de políticas públicas como Make in India [Producir en India], Startup India, Skill India [Habilidades en India], Design in India [Diseño en India] y Design for the World [Diseño para el mundo]. El objetivo de estas iniciativas es atraer capital extranjero hacia el diseño y la producción indios para los mercados mundiales, fomentar que las empresas emergentes indias se adentren en nuevos sectores tecnológicos y mejorar el nivel de calificación de la mano de obra para alinearla con los estándares internacionales, todo ello con el fin aparente de revitalizar la producción india y satisfacer al mismo tiempo las necesidades de los mercados occidentales. En la práctica, estas iniciativas han fracasado en fortalecer la manufactura o revertir la tendencia de desindustrialización. La mayoría se limitó a ofrecer subsidios y rebajas fiscales a las empresas con la esperanza de que la expansión industrial se produjera automáticamente, pero, como se podía prever, los resultados fueron escasos.

Una iniciativa muy publicitada en esta línea fue el Programa de incentivos vinculados a la producción para 14 sectores industriales, entre los que destacaba la electrónica, con el que el gobierno concedió importantes subsidios a empresas, tanto extranjeras como nacionales, para la fabricación. Pero este programa ha supuesto en gran medida subsidiar el ensamblaje de componentes importados, con un impacto insignificante en los gastos totales de importación de la India o en su capacidad tecnológica. La mayor parte del valor agregado de los productos fabricados en la India, como los teléfonos inteligentes, aún se acumula en el extranjero, mientras que la carga de estos subsidios recae en última instancia en la población mediante recortes en la inversión pública y el gasto social del gobierno. Las limitaciones estructurales que obstaculizan el desarrollo de la economía y la industria de la India no pueden abordarse simplemente mediante subsidios a las empresas o flujos indiscriminados de inversión extranjera. En todo caso, tales políticas solo refuerzan el malestar estructural que la India heredó al independizarse, y que se agravó después de la liberalización.

Desigualdades arraigadas: los obstáculos a la industrialización tras la independencia

Cuando la India obtuvo su independencia en 1947, se consideraba que alcanzar la autosuficiencia tecnológica e industrial era esencial para mantener la independencia política, romper con el patrón colonial de relaciones económicas con Occidente e incorporar a la industria a la enorme mano de obra agrícola subempleada con el fin de elevar su nivel de vida. A través de un sistema de planes quinquenales –planes nacionales de desarrollo dirigidos por el Estado que establecían prioridades para la inversión y la producción– la India emprendió un programa acelerado de industrialización centrado en el desarrollo de la industria pesada bajo propiedad estatal. Mientras tanto, el capital privado, aprovechando esta base creada por el Estado, producía bienes de consumo. Como resultado de este impulso, la primera década y media después de la independencia (aproximadamente 1947-1962) fue testigo de una fase sin precedentes de industrialización liderada por el sector público, en la que la participación de la industria manufacturera en el PIB pasó de alrededor del 7% al 15,9%, un ritmo de crecimiento industrial inigualable desde entonces.¹ Sin embargo, muy pronto la búsqueda de la industrialización encontró obstáculos debido a las profundas desigualdades agrarias y de clase en la sociedad india.

La propiedad de la tierra estaba concentrada en una reducida élite rural, mientras que las masas hambrientas de tierra luchaban por satisfacer incluso las necesidades básicas de subsistencia. En ausencia de reformas agrarias igualitarias, la pobreza generalizada redujo la demanda nacional, creando una limitación interna que impidió que la industria india alcanzara la escala necesaria para un crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, los patrones de consumo de la élite, intensivos en importaciones y de estilo occidental, provocaron escasez recurrente de divisas, lo que impuso limitaciones externas al crecimiento.

No obstante, la estrategia india de industrialización por sustitución de importaciones, aunque no logró crear un sector industrial amplio y dinámico, fortaleció a una clase capitalista nacional dominada por un puñado de grandes empresas, que expandieron su presencia económica y consolidaron su influencia en la política estatal.

El Estado funcionó como mediador entre un bloque dominante de terratenientes y capitalistas, por un lado, y una masa empobrecida de campesinxs, trabajadorxs sin tierra y una pequeña clase trabajadora industrial, por el otro. El régimen evitó políticas que pudieran amenazar los intereses de la élite, como una verdadera reforma agraria o la imposición de impuestos sustanciales a las clases propietarias. En consecuencia, la industrialización impulsada por el Estado se basó en déficits fiscales y no en impuestos progresivos. Cada ronda de expansión fiscal transfirió mayores excedentes a la gran burguesía, profundizando las desigualdades. Su ansia de acumulación aumentó mientras el estrecho mercado interno imponía límites a su potencial de acumulación. Así, partes significativas del excedente invertible en manos de la burguesía india encontraron salidas distintas a la expansión industrial.

Como resultado de esta dinámica, la industrialización avanzó a trompicones, ya que cada intento del Estado de impulsar una expansión concertada pronto colisionaba con las mismas restricciones estructurales. Estas limitaciones no resueltas, que precipitaron una severa crisis de la balanza de pagos, junto con la pérdida de la Unión Soviética como un socio comercial y financiero clave (donde el comercio rublo-rupia había aislado a la India de las crisis monetarias globales), finalmente dejaron a la India expuesta al giro neoliberal de 1991, impulsado por las instituciones de Bretton Woods (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial).

Después de la liberalización

La liberalización de la economía india, adoptada formalmente en 1991, no contribuyó en gran medida a eliminar las limitaciones que obstaculizaban el desarrollo industrial. Por el contrario, lo que sí hizo fue aliviar las restricciones a la acumulación de la burguesía india y levantar los controles a la importación que anteriormente habían restringido el consumo de la élite. Todo ello se logró sin el esfuerzo de desarrollar una base manufacturera nacional sólida.

A pesar de que las capacidades existentes se fueron reduciendo, la élite india pudo consumir bienes producidos en otros lugares y disfrutar de estilos de vida de clase mundial dentro de una economía por lo demás subdesarrollada. Este proceso permitió una acumulación de capital más rápida e ininterrumpida por parte del capital indio, ya fuera mediante la usurpación de activos del sector público y recursos naturales, a través de la expansión hacia una producción intensiva en importaciones para el mercado interno, o mediante el desplazamiento de pequeñxs productorxs, comerciantes e industriales a pequeña escala.

Gigi Scaria, Sin título, 2020.

Los cuatro principios del neoliberalismo indio

La trayectoria neoliberal de la India se basa en cuatro principios que han socavado directamente su industria manufacturera: la eliminación de las barreras comerciales; la privatización y el debilitamiento del sector público; el conservadurismo fiscal que restringió la inversión pública y la apertura de la economía al capital extranjero, tanto productivo (inversión extranjera directa o IED) como financiero (cartera). Juntos, estos principios han sostenido un patrón de crecimiento dependiente del crédito y los flujos financieros, pero desvinculado de una industrialización robusta y un desarrollo tecnológico autónomo.

Liberalización comercial

La India comenzó a derribar sus barreras arancelarias a principios de la década de 1990, lo que llevó a su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. En los primeros años, los agresivos recortes arancelarios en productos agrícolas desencadenaron una prolongada crisis agraria, provocando una severa reacción política.² Como resultado, después de 1996 los recortes arancelarios en agricultura tuvieron que detenerse. Sin embargo, la liberalización continuó en la industria manufacturera.

A partir del año 2000, la liberalización comercial se aceleró aún más.³ Bajo la presión del mecanismo de Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC, impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, la India eliminó la mayoría de las restricciones cuantitativas a la importación que aún mantenía y que habían protegido a algunos segmentos de la industria india (en particular, la pequeña industria).

La decisión de la India de subordinar el desarrollo industrial al “libre comercio” perjudicó a la industria manufacturera nacional, especialmente en los sectores de bienes de capital e intermedios. Incluso cuando los aranceles promedio se redujeron, los aranceles sobre bienes de capital e intermedios eran mucho más bajos que los de los aplicados a los bienes de consumo. Eso significó que, mientras lxs fabricantes de bienes de consumo indios disfrutaban de una protección moderada del régimen arancelario, lxs fabricantes de bienes intermedios y de capital no contaban con ese escudo.

El nuevo régimen arancelario benefició tanto a las empresas nacionales como extranjeras que operaban en el sector de bienes de consumo duraderos de la India. Las grandes empresas indias que históricamente se habían centrado en la producción de bienes de consumo para el mercado interno optaron entonces por importar maquinaria y bienes intermedios más baratos en lugar de desarrollar una cadena de suministro nacional. Las empresas multinacionales extranjeras fueron más allá, tratando a la India principalmente como una base para el ensamblaje. En consecuencia, la intensidad de importación de la industria manufacturera india aumentó considerablemente.⁴ En el sector farmacéutico, por ejemplo, la India era en gran medida autosuficiente en la producción de ingredientes farmacéuticos activos (API por su sigla en inglés). Pero después de la liberalización, la India pasó a depender de la importación de productos farmacéuticos intermedios (los ingredientes químicos utilizados para fabricar medicamentos acabados). Esta industria ahora importa el 70% de los API de China y algunos medicamentos, como la penicilina, dependen totalmente de las importaciones procedentes de ese país (Asian News International, 2020).

La fuerte dependencia de las importaciones erosionó la fabricación nacional de bienes de capital e intermedios.⁵ La contracción de la industria interna de bienes de capital, que actúa como incubadora de innovación tecnológica, a su vez atrofió las capacidades tecnológicas de la industria india. Este debilitamiento de las capacidades tecnológicas mermó aún más la capacidad de la manufactura india para resistir la competencia global.

La privatización del sector público

El debilitamiento sistemático del sector público después de 1991, a través de una privatización agresiva y un abandono crónico, jugó un papel importante en el desgaste de la manufactura. La industria india de bienes de capital, dominada por empresas públicas que producían maquinaria eléctrica, herramientas mecánicas, equipos de plantas de procesamiento, equipos de movimiento de tierras y electrónica industrial, se vio abocada al declive cuando se liberalizó el comercio y el Estado retiró su apoyo. Las pequeñas y medianas empresas auxiliares que suministraban componentes a estas industrias pesadas colapsaron bajo la competencia de las importaciones y la pérdida del apoyo institucional que se produjo a continuación.

En un momento en que la fabricación de productos electrónicos ocupa un lugar central en los debates mundiales sobre industria y tecnología, el destino del incipiente sector electrónico de la India en la década de 1990 se erige como un testimonio del daño infligido por la liquidación del sector público junto con la liberalización del comercio.

En la década de 1970, el Estado indio tomó medidas importantes para crear una industria nacional de hardware electrónico a través de empresas del sector público. Estas empresas, Electronics Corporation of India Limited y Bharat Electronics Limited, desarrollaron sistemas de control autóctonos para aplicaciones nucleares y de defensa. En la década de 1980, el Estado había creado Semiconductor Complex Limited (SCL) y Hindustan Computers Limited para desarrollar capacidades en semiconductores, circuitos integrados e informática. La India fundó SCL en 1984, tres años antes de la creación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la líder mundial en semiconductores.

El gobierno abandonó estos esfuerzos después de la liberalización e intentó liquidar el incipiente sector electrónico mediante la eliminación de la protección arancelaria y el retiro del apoyo estatal. La India adhirió al Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC en 1997, que eliminó los aranceles sobre una serie de productos electrónicos, eliminando el margen de maniobra necesario para desarrollar una industria local competitiva. En lugar de invertir en capacidades de fabricación en el sector electrónico, los sucesivos gobiernos promovieron un modelo orientado a la exportación centrado en servicios de tecnología de la información (TI) de baja y media calificación y en la prestación de servicios administrativos para empresas occidentales. Este enfoque atrofió el desarrollo tecnológico a largo plazo de la industria electrónica. Las consecuencias son evidentes: en la actualidad, la India importa el 80% de su hardware de TI, el 70% de sus componentes electrónicos (el 62% de China) y el 90% de sus equipos de telecomunicaciones (Indo-Asian News Service, 2023; Mallick y Aryan, 2024; Barik, 2024). Incluso los productos electrónicos ensamblados localmente dependen de componentes importados, con escaso valor agregado local. La iniciativa temprana del país en el sector público de la electrónica fue desperdiciada, y la India es ahora en gran medida tecnológicamente dependiente.⁶

Lo que se hizo con el sector electrónico de la India se ha repetido en otros sectores, con el gobierno descuidando o liquidando los bienes de capital y las industrias pesadas de propiedad estatal, áreas en las que el gran capital indio sigue sin estar dispuesto a invertir, pero que son no obstante esenciales para el avance tecnológico.

Gigi Scaria, Post Land [Tierra de postes], 2008.

Conservadurismo fiscal

Un factor clave en la crisis que rodea a la economía india, ya sea en los cimientos inestables de su crecimiento o en los problemas de la industria manufacturera, es el conservadurismo fiscal introducido por la era neoliberal. La búsqueda de la India del capital financiero internacional y los flujos de inversión asociados significó que los gobiernos indios no podían expandir significativamente el gasto en infraestructura ni proporcionar un apoyo adecuado a la industria sin arriesgarse a que esos flujos se agotaran. En 2003, para apaciguar al capital financiero internacional, la India promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal y Gestión Presupuestaria(FRBM por su sigla en inglés), que limitaba el déficit fiscal al 3% del PIB (Chakraborty y Chakraborty, 2018). Aunque este límite habitualmente se incumplía, sirvió como un punto de referencia utilizado para rechazar cualquier gasto estatal destinado a apoyar la industria nacional, el sector público o la agricultura. Los gobiernos han vendido regularmente participaciones en empresas rentables del sector público y han desviado fondos invertibles para cubrir gastos presupuestarios, incluso cuando los impuestos sobre las ganancias de las empresas se han reducido constantemente. Esto ha dejado a las empresas del sector público con una grave escasez de fondos para su expansión y modernización tecnológica. A pesar de disponer de abundantes fondos, las empresas privadas indias han mostrado poco interés en invertir en investigación y desarrollo, mientras que a las empresas del sector público se les ha privado de los medios para hacerlo. Como resultado, la producción industrial india sigue siendo muy dependiente de tecnologías importadas.

Inversión extranjera directa

Desde la liberalización en 1991, el gobierno indio ha desmantelado progresivamente las barreras al capital extranjero tanto en la industria como en las finanzas. Hoy, excepto en sectores como el juego, la energía atómica y los ferrocarriles, donde incluso las empresas privadas indias tienen prohibida la entrada, la IED está permitida en casi todas las áreas, a menudo con participación extranjera total. La India también ha suavizado las restricciones de la cuenta de capital, facilitando la entrada de grandes cantidades de financiamiento especulativo a corto plazo. Los datos oficiales muestran que, en promedio, alrededor del 30% de las entradas totales de inversión extranjera desde el año 2000 han procedido de inversiones de cartera extranjeras (ICE) volátiles. Incluso dentro de lo que se clasifica como IED, una parte considerable consiste en capital especulativo, ya que la amplia definición de IED de la India posterior al 2000 incluye las carteras que superan una participación del 10% del capital social de una empresa india.⁷

Si bien la inversión extranjera se promovió oficialmente como un medio para avanzar en la industrialización, la modernización tecnológica y el crecimiento de las exportaciones, estas promesas han permanecido en gran medida incumplidas. En la práctica, el capital extranjero ha servido principalmente para financiar el patrón de crecimiento intensivo en importaciones posterior a la liberalización, reforzando así la erosión de la industria nacional.

Esta eliminación de barreras vino acompañada de pocas regulaciones o directrices. El Estado indio no garantizó, por ejemplo, que la IED en las empresas nacionales estuviera condicionada a la transferencia y vinculación de tecnología, al abastecimiento local y el desarrollo descendente industrial, la inversión en I+D nacional o los límites a la repatriación de regalías. Los tímidos intentos de introducir algunas de estas directrices se abandonaron ante la más mínima presión del capital extranjero.

En consecuencia, la IED ha contribuido poco al avance tecnológico en la industria india, con empresas extranjeras estableciendo pocas instalaciones de I+D dentro del país. Las empresas de propiedad extranjera en la India siguen dependiendo en gran medida de las importaciones: sus importaciones superan a sus exportaciones, lo que debilita los vínculos industriales nacionales y refuerza el proceso de desindustrialización de la economía india.

Si bien la inversión extranjera no ha logrado entregar los beneficios prometidos, las grandes entradas de divisas inyectaron una liquidez sustancial en el sistema financiero indio, ampliando los pasivos de los bancos y obligándoles a buscar nuevas vías para la expansión del crédito. Esto ha dado lugar a un crecimiento inducido por el crédito e intensivo en importaciones, caracterizado por el consumo impulsado por  las élites y la concentración del capital en manos de grupos monopolísticos nacionales a expensas de los bancos del sector público.

Al mismo tiempo, la inversión extranjera aumentó cada vez más la carga externa, ya que las empresas extranjeras importaban más de lo que exportaban y remitían cantidades crecientes al extranjero mediante pagos de regalías y repatriación de ganancias. En 2024, por cada US$ 100 de entrada bruta de inversión (IED e ICE combinadas), se sacaban US$ 50 en forma de ingresos por inversiones. Si se excluyen las ganancias reinvertidas, que no aportan divisas frescas, el desequilibrio es aún más marcado: se sacaron US$ 66 por cada US$ 100 de entrada neta. En los últimos años, estas salidas de ingresos a menudo han superado el déficit total de la cuenta corriente. En 2024, los ingresos por inversiones repatriados triplicaron el déficit en cuenta corriente. A medida que las repatriaciones aumentan, la cuenta externa de la India se vuelve cada vez más frágil, lo que prepara el terreno para un estrés más profundo en la balanza de pagos en los años venideros. En un atisbo de ese futuro, en 2023 se retiraron US$ 116 de la economía india en forma de ingresos por inversiones por cada US$ 100 de entradas de inversión extranjera en el país (Reserve Bank of India, 2025).

La liquidez generada por las entradas de capital alimentó una expansión basada en el crédito y las importaciones y provocó grandes déficits comerciales. Estos déficits a su vez hicieron necesarios nuevas entradas de capital extranjero, lo que agravó la fuga de divisas y creó un ciclo autosuficiente de dependencia cada vez mayor de los flujos financieros externos para gestionar la balanza de pagos de la India.

Un modelo de crecimiento donde el crecimiento industrial es secundario

En la trayectoria neoliberal de la India, con sus cuatro principios fundamentales, el crecimiento industrial ha sido secundario más que central para el modelo de crecimiento. En lugar de basarse en la planificación industrial, los sucesivos gobiernos han confiado en el crédito bancario (junto con las exportaciones de servicios) como motor del crecimiento, tanto para impulsar la demanda como para financiar la infraestructura industrial. En contraste, desde la independencia hasta 1991, el crédito institucional en la India se canalizaba en gran medida hacia la agricultura, la industria y el comercio dentro del marco más amplio de la planificación económica, con un papel marginal del crédito al consumo.

Desde 1991, el crédito al consumo ha mostrado una clara tendencia al alza, con el sector bancario, especialmente los bancos privados, redirigiendo progresivamente los préstamos hacia créditos hipotecarios, préstamos para la compra de vehículos, bienes de consumo duraderos y tarjetas de crédito. La proporción de los préstamos personales en el crédito bancario aumentó del 9,4% en 1990 al 25,2% en 2005, alcanzando el 32,4% en 2024 (Mujumdar, 2007; Asian News International, 2024).

En consecuencia, el crédito, particularmente para la compra de viviendas y automóviles, ha sido considerado un importante motor de crecimiento. La expansión del crédito hipotecario resultó en un aumento de la participación de la construcción en el PIB.

Del mismo modo, la expansión del crédito al consumo para la compra de automóviles distorsionó la estructura de la industria manufacturera a favor de los automóviles y generó patrones de transporte cada vez más dependientes del automóvil, agravando las limitaciones de infraestructura de la India.

El financiamiento de vehículos, junto con la fuerte presencia del gran capital en la producción de automóviles, ha profundizado el sesgo del Estado hacia el transporte privado y la construcción de carreteras, lo que ha resultado en que la India desarrolle la segunda red vial más grande del mundo, que pronto superará a la de Estados Unidos (Indo-Asian News Service, 2025). A pesar de tener un tercio de la superficie terrestre de China, la India tiene una red vial que ya es 2 millones de kilómetros más larga. La construcción de carreteras se ha acelerado en la última década, particularmente para autopistas y vías expresas. Uno de los problemas con esta expansión es que está limitada por las dificultades para la adquisición de terrenos. La alta densidad de población y la gran dependencia de la agricultura hacen que la adquisición de terrenos sea un tema políticamente sensible y socialmente conflictivo. El campesinado, dependiente de la tierra como su principal activo, a menudo resiste la expropiación. Como resultado, la adquisición de terrenos es lenta, costosa y frecuentemente controvertida, lo que crea cuellos de botella en el sistema logístico dominado por las carreteras.

Por otra parte, el hecho que el sistema de fabricación de medios de transporte dependa de los automóviles (incluidos los camiones) ha provocado un aumento de las importaciones de combustible, y más del 40% de los productos derivados del petróleo son consumidos por el sector del transporte (Gobierno de la India, 2014). Esto ha tenido un impacto negativo en el déficit comercial y no ha contribuido a la industrialización.

El cambio hacia el desarrollo del transporte por carretera ha debilitado el ecosistema industrial en general. Se estima que los costos de logística de la India son dos o tres veces más altos que los de China, debido en gran medida a la grave falta de inversión en infraestructura ferroviaria. El transporte ferroviario, que es más barato, requiere menos terreno, es más eficiente desde el punto de vista energético y se adapta mejor a las condiciones de la India, ha sido deliberadamente socavado en favor del transporte por carretera.

La falta de inversión en ferrocarriles se ha traducido en un deterioro de la calidad y la velocidad del transporte ferroviario: los trenes de pasajeros convencionales en la India tienen una velocidad media de 42 km/h, mientras que en China circulan a 86 km/h (la velocidad media de los trenes de mercancías en la India es de 25 km/h. En China circulan a 42 km/h).

El sistema de transporte financiado con crédito y basado en el automóvil ha provocado altos costos logísticos y tiempos de transporte lentos, lo que ha aumentado los costos de producción y ha socavado la competitividad de la industria manufacturera india en el marco del comercio liberalizado.

Gigi Scaria, Hesitant Attempt [Intento vacilante], 2018.

Inversión impulsada por el crédito y activos improductivos

No todo el crecimiento neoliberal de la India ha sido impulsado por el consumo. Entre 2004 y 2010, cuando el país experimentó un alto crecimiento del PIB, la expansión se sustentó no solo en el consumo, sino también en la inversión impulsada por el crédito bancario, alimentada por un exceso de liquidez creado por las entradas de capital extranjero. Con el sistema bancario saturado de liquidez, los bancos privados ampliaron el crédito minorista, mientras que los bancos del sector público canalizaron grandes préstamos a empresas para proyectos de infraestructura en los sectores inmobiliario, energético y siderúrgico, reforzando el crecimiento liderado por la inversión.

Este auge del crédito apoyó el crecimiento liderado por la inversión, pero incubó una crisis seria. La desalineación entre los largos períodos de gestación de estos proyectos y la naturaleza a corto plazo de los pasivos bancarios, combinada con la impunidad de las empresas y la supervisión deficiente, resultó desastrosa. Los bancos comerciales, mal equipados para evaluar y gestionar este tipo de  proyectos, que deberían haber sido financiados por bancos de desarrollo, fueron empujados por el gobierno a conceder préstamos a proyectos de infraestructura de propiedad privada. El resultado fue una acumulación masiva de activos improductivos (AI), que alcanzó su punto máximo en US$ 82.300 millones en bancos del sector público, mientras que los activos físicos creados a través de estos préstamos pasaron a manos del gran capital indio a un costo mínimo, mediante el proceso de resolución de la crisis de los AI (Economic Times, 2018).

La naturaleza del crecimiento neoliberal en este período, significó que la anarquía del mercado determinara tanto la dirección como la estructura de la industria manufacturera india. La interacción de los intereses del capital nacional, las preferencias crediticias del sistema bancario y los patrones de consumo de la élite, operando dentro de un régimen de libre comercio global y flujos financieros sin restricciones, acabó por  moldear la trayectoria de la industria india, sea hacia el crecimiento o hacia el declive.

Déficits comerciales y desindustrialización: dos caras de la misma moneda

La dependencia de bienes manufacturados importados, el combustible y financiamiento importados ha significado que la India ha tenido un déficit en cuenta corriente en casi todos los años, excepto durante el colapso temporal del comercio global en la pandemia de COVID-19. Los únicos períodos en los que el déficit en cuenta corriente se reduce son los de contracción económica. El déficit comercial de mercancías se situó en el 2% del PIB en 1991 y desde entonces ha aumentado al 7%, alcanzando un máximo del 10% en 2011 (Reserve Bank of India, s.f.). Los productos derivados del petróleo representan la mitad del déficit comercial. El déficit en cuenta corriente se ha mantenido más bajo que el déficit comercial de mercancías, solo debido al superávit en la exportación de servicios y la entrada de remesas de trabajadoras y trabajadores indios. Estas remesas han proporcionado el colchón para los déficits comerciales peligrosamente elevados que genera el modelo de crecimiento neoliberal de la India. Sin embargo, ni la exportación de servicios ni las remesas pueden contrarrestar la erosión de la capacidad industrial nacional de la India.

Desindustrialización

Durante mucho tiempo, los debates sobre la economía política de la India han utilizado el término “desindustrialización” para describir el declive de la artesanía no agrícola y las industrias tradicionales bajo el dominio británico, que desplazó a millones de personas de sus ocupaciones habituales y las sumió en la pobreza y el hambre.

Casi ocho décadas después de la independencia, una vez más el término desindustrialización está en circulación, esta vez para describir la trayectoria de la economía india bajo la liberalización, cuyos efectos se han vuelto inconfundibles en la última década. La tendencia subyacente hacia la desindustrialización, que se ocultó durante los períodos de alto crecimiento impulsado por el crédito, se ha manifestado plenamente en los últimos años, coincidiendo con el mandato del gobierno de Modi.

La participación de la manufactura en el PIB cayó del 18,9% en 2008 al 14,3% en 2023, un nivel que no se veía desde hacía más de 60 años, en la etapa inicial de la industrialización de la India. Dada la probable sobreestimación de la producción manufacturera en la nueva serie del PIB con el nuevo año base, la participación real puede ser incluso más baja de lo que sugieren las cifras oficiales. El Índice de Producción Industrial (IPI) refuerza esta imagen: la tasa de crecimiento anual promedio de la producción manufacturera medida por el IPI fue de solo el 3,3% de 2011-2012 a 2024-2025, mientras que fue del 10,1% de 2003-2004 a 2010-2011. Esta desaceleración en la industria manufacturera es evidente si se analiza a largo plazo. La tasa de crecimiento anual promedio del componente de manufactura del IPI fue del 7,5% de 1981-1982 a 1989-1990, del 8,0% de 1991-1992 a 1996-1997 y del 5,4% de 1997-1998 a 2002-2003 (Reserve Bank of India, 2025; Mazumdar, 2025: 6). De hecho, desde 2011, el crecimiento ha sido más bajo que en cualquier período comparable de las últimas tres décadas. La India ahora parece estar ahora en riesgo de una mayor desindustrialización.

El sector servicios: un pobre sustituto de la industria

El declive relativo de la industria manufacturera en los últimos 15 años ha reforzado los profundos desequilibrios estructurales de la economía india. Hoy, la mayor parte del PIB de la India proviene del sector servicios.

Después de 1947, la recién independizada República de la India emprendió un camino  de desarrollo centrado en la construcción de una sólida base industrial. En 1951, al inicio del primer plan quinquenal, la industria manufacturera representaba el 12% del PIB, mientras que los servicios se situaban en el 36%. En 1990, estas cifras aumentaron al 19% para la industria y al 41% para los servicios. Esa vía de desarrollo hacia la industrialización fue abandonada en 1991, cuando el gobierno indio decidió liberalizar o más correctamente neoliberalizar, la economía india y orientarla más hacia los servicios.

Desde 1991, la participación de la industria manufacturera descendió al 14%, mientras que la de los servicios aumentó al 48% en 2008 y luego al 55% en 2024. Si bien el gobierno del BJP bajo Modi exacerbó los problemas de la industria manufacturera india, las bases para su debilitamiento las asentaron los sucesivos gobiernos que siguieron la vía neoliberal iniciada en 1991.

A diferencia de la industria manufacturera, que fortalece la base tecnológica y apoya el crecimiento de los salarios reales, la expansión de los servicios no necesariamente genera efectos similares. Un fuerte sector manufacturero puede mejorar las capacidades de los servicios en áreas como transporte, telecomunicaciones y TI, pero cuando los servicios predominan junto con una base industrial débil, dependen en gran medida de maquinaria importada y tecnologías extranjeras, como es el caso en la India.

El sector servicios en la India, por supuesto, es una categoría amplia que no se presta a una generalización fácil. No obstante, existe una clara dicotomía. Por un lado, hay una serie de servicios, de naturaleza muy variada pero similares en su informalidad, que proporcionan empleos de bajos salarios, inseguros y en gran medida no regulados, caracterizados por una baja productividad. La clase trabajadora en estas actividades a menudo se mueve entre áreas rurales y urbanas y entre empleo agrícola y de servicios, dependiendo de la disponibilidad de trabajo. Estos sectores actúan efectivamente como un refugio para el excedente de mano de obra de la agricultura, expulsada por el estancamiento del empleo agrario y atraída a los servicios debido a la incapacidad del sector manufacturero, especialmente en el contexto de la desindustrialización, para absorber la creciente fuerza laboral. Desde 2017-2018, la participación de esta industria en el empleo total ha disminuido.

El comercio minorista y el transporte son dos de esos sectores. Pero incluso en estas áreas, el empleo abarca un amplio espectro. Por ejemplo, en el comercio minorista incluye a pequeñas y pequeños comerciantes, vendedorxs ambulantes, trabajadorxs en negocios kirana [de barrio] y ayudantes en mercados mayoristas, mientras que en el transporte se incluye a conductorxs de automóviles y taxis, conductorxs de camiones, cargadores, cobradorxs de autobuses y trabajadorxs en manejo de carga y logística. El comercio minorista representa el 12,2% del empleo total y el transporte alrededor del 5,6% y contribuyen con participaciones aproximadamente similares al PIB (Gobierno de la India, 2024: 15-16).

Estas actividades a menudo se describen como parte del “sector informal” más que del “sector servicios”, un término típicamente reservado para los servicios modernos de TI, finanzas y otros que forman el otro lado de esta dicotomía. Ambos segmentos de la economía de servicios han experimentado tasas de crecimiento consistentemente altas durante las últimas tres décadas y media. Los sectores de TI y finanzas representan participaciones significativas del PIB, a pesar de ser altamente intensivos en capital y ofrecer un empleo limitado. A principios de la década de 1990, la contribución del sector de TI al ingreso nacional era insignificante (alrededor del 0,1% del PIB), y su participación en el empleo era aún menor. En 2024, esta industria predominantemente orientada a la exportación se ha expandido rápidamente para representar el 7,5% del PIB mientras emplea solo al 1% de la fuerza laboral (India Brand Equity Foundation, 2025).

Los servicios financieros siguieron una trayectoria similar, duplicando su participación en el PIB del 3% en 1990 al 6% en 2004 y manteniendo su participación en el empleo por debajo del 1 %.⁸

En conjunto, los sectores de TI y servicios financieros representan el 13,5% del PIB, lo cual es comparable al del sector manufacturero, pero contribuyen con menos del 2% al empleo, mientras que la industria manufacturera contribuye con el 11,4%⁹. En la economía no agrícola, la manufactura comprende el 17% del PIB y el 20% del empleo, mientras que los sectores de TI y servicios financieros (ambos altamente intensivos en capital) contribuyen con el 16,5% del PIB no agrícola y solo el 3,5% del empleo. El pequeño número de empleos bien remunerados que generan estos dos sectores tiene débiles efectos multiplicadores en la economía nacional, dados los patrones de consumo intensivos en importaciones de este segmento de la fuerza laboral.

Esta aguda divergencia subraya la débil absorción de mano de obra de las TI y las finanzas, los sectores más dinámicos de la India, e ilustra las consecuencias de desarrollar un sector de servicios de alta tecnología a expensas de la manufactura. Una de las razones por las que la India ha liberalizado completamente el comercio en productos electrónicos, una de las ramas más dinámicas y estratégicas de la industria manufacturera en la economía mundial contemporánea, a diferencia del sector automotriz, que todavía disfruta de una considerable protección arancelaria, es que dicha liberalización apoya ostensiblemente a los sectores de servicios de alta tecnología que exportan principalmente a Occidente, en particular a Estados Unidos. La consecuencia ha sido la desindustrialización, junto con la continua dependencia de la agricultura de casi la mitad de la fuerza laboral de la India.

Con una participación del 18% en el PIB, la agricultura emplea actualmente al 46% de la fuerza laboral de la India. A pesar de representar más del 50% del PIB, el sector servicios empleaba solo alrededor del 30% de la fuerza laboral en 2023-2024, lo que destaca su bajo nivel de absorción de mano de obra. La industria manufacturera, que en el momento de la independencia se concebía como una actividad que atraería a una gran parte de la población del sector agrícola, ahora contribuye con alrededor del 14 % de la producción y apenas proporciona el 11 % del empleo total (Gobierno de la India, 2024: 15-16; 2025a; 2025b).

Gigi Scaria, Settlement [Asentamiento], 2010.

En la versión india del desarrollo neoliberal, la industria manufacturera ha sido sacrificada para permitir la exportación de servicios de mano de obra cualificada y servicios a los mercados occidentales, con la esperanza de que estos ingresos compensen el aumento de las importaciones y la falta de un sector manufacturero robusto. Esto se ha traducido en sacrificar las capacidades industriales y tecnológicas a largo plazo de la India por fuentes de divisas frágiles y dependientes del exterior, lo que en última instancia ha socavado la soberanía económica y tecnológica del país, para la que un fuerte sector manufacturero es esencial.

Las consecuencias humanas de la desindustrialización

La India tiene una población juvenil, el llamado “dividendo demográfico” que podría haber sido la base para construir una economía industrial moderna y compartir los beneficios del progreso tecnológico. Deberían tener mejores niveles de vida y empleo seguro, permitiendo una vida equilibrada entre trabajo, descanso y ocio. A pesar de todo el bombo publicitario sobre la India como gran potencia económica, sigue siendo una economía subdesarrollada donde una gran parte de los ingresos de la clase trabajadora se destina al consumo básico como la alimentación, y donde la juventud tiene empleos precarios con futuros inciertos.

La India está desperdiciando la juventud de su fuerza laboral en empleos de supervivencia con salarios estancados. Ha visto un fuerte descenso en el número de personas dependientes, niñxs y adultas mayores, en relación con la población en edad de trabajar: del 83% en 1966 al 47% en 2024 (Banco Mundial, s.f.). Esto permitió cierta reducción de la pobreza extrema, pero con un impacto limitado. Sin embargo, dado que se prevé que la proporción comience a aumentar de nuevo después de 2041, el espacio para la transformación estructural de la India está destinado a estrecharse (Kapil, 2021). El crecimiento industrial, que debería haber absorbido el excedente de mano de obra e impulsado la productividad y el avance tecnológico, parece haber llegado a un callejón sin salida dentro del modelo actual de crecimiento económico.

El camino a seguir

Si la India quiere salir definitivamente de la trampa del subdesarrollo en la que se encuentra actualmente es absolutamente necesario situar la industrialización en el centro de la política económica. Hay muy pocos argumentos en contra. La importancia de la industrialización y los límites de una expansión económica basada en los servicios se han hecho evidentes incluso para lxs defensorxs del neoliberalismo en la India. Esto se refleja en la constante invocación de Modi de programas para promover la manufactura, incluso cuando su gobierno adhiere a los principios neoliberales con más fervor que cualquiera de sus predecesores, ya sea mediante el desmantelamiento del sector público, la eliminación de las barreras restantes al capital extranjero, la promoción de infraestructuras impulsadas por la industria automotriz y generosas exenciones fiscales y subsidios al sector empresarial con el pretexto de estimular la inversión. Si bien el gobierno de Modi ha aumentado moderadamente los aranceles sobre algunos productos manufacturados, el marco general de liberalización comercial permanece intacto. Como era de esperar, estas medidas han producido poca consecuencia en términos de expansión de la industria manufacturera. La desindustrialización de la economía india parece estar en curso.

Es evidente que para cualquier revitalización del programa industrial de la India es esencial una ruptura decisiva con los principios neoliberales que guían actualmente la política económica . Sin embargo, el largo período de liberalización ha creado dinámicas estructurales que hacen que cualquier alejamiento del neoliberalismo sea un desafío político formidable.

Esta era agravó las restricciones preexistentes discutidas anteriormente, aquellas que limitaban la industrialización incluso antes de la liberalización, y profundizó el proceso de desindustrialización. Las desigualdades que restringen el mercado interno se han multiplicado, mientras que la importancia de la gran burguesía india ha crecido enormemente, junto con su influencia sobre el Estado y su capacidad para moldear la política. Considerado el período desde la independencia, esta clase se encuentra actualmente en la cima de su poder, acumularon una riqueza significativa mientras la mayoría de la población solo ha obtenido ganancias marginales.

Los vastos complejos industriales de estos conglomerados indios en sectores como el automotriz, petroquímico, energético, siderúrgico y de telecomunicaciones se construyeron y operaron en gran medida utilizando maquinaria y tecnología importadas, aprovechando la liberalización del comercio. Su expansión se financió con capital barato disponible a través de altas valoraciones bursátiles y se mantuvo gracias a las grandes entradas de inversión de cartera en los mercados de valores indios. La gran burguesía india estableció una relación funcional con el capital extranjero, preservando sus intereses inmediatos y manejando cualquier conflicto mediante una combinación de acomodación y rechazo. Incluso cuando las empresas extranjeras desplazaron al sector público y marginaron a lxs pequeños productorxs locales en sectores clave, los grandes conglomerados de la India retuvieron y expandieron su posición. Aprovecharon su tamaño, su solidez financiera y su capacidad para influir en la política estatal para consolidar su dominio.

Por consiguiente, quedaron atrás los días en que la burguesía india negociaba con la clase terrateniente como un socio en igualdad de condiciones. Aunque la antigua clase terrateniente abarca hoy en día tanto zonas rurales como urbanas, agrícolas y no agrícolas, sigue formando parte de la élite india y comparte intereses de clase comunes con la gran burguesía. El timón de la política estatal está ahora mucho más firmemente en manos de la gran burguesía india, formada por poderosas empresas familiares, a pesar de algunos reveses ocasionales, como la oposición exitosa de las clases campesinas y terratenientes a las leyes agrícolas del gobierno de Modi.

Hoy, la gran burguesía está menos alineada con la clase terrateniente y más con el capital extranjero. El pacto entre la burguesía india y el capital extranjero, en gran parte occidental, ha acelerado la erosión de la independencia económica de la India y profundizado su dependencia de Occidente tanto para la inversión como en la alineación política.

Desinteresadas en desarrollar tecnologías a través de la inversión nacional en I+D, estas empresas buscan asociaciones con el capital occidental, en particular estadounidense, para expandir su presencia en nuevas áreas de manufactura. Esperan aprovechar las oportunidades creadas por la determinación del Estado estadounidense de reorientar las cadenas globales de suministro lejos de China.

Cada vez más, las empresas indias intentan colaborar con empresas occidentales en áreas como el sector de defensa, la electrónica y los sistemas de pago.

A pesar de sus planes, los intereses de esta clase son contrarios a la industrialización de la India. El espectáculo que rodeó las negociaciones comerciales entre la India y Estados Unidos bajo el mandato de Trump puso de manifiesto los límites de depender de la colaboración con Occidente para el desarrollo industrial. Incluso si se materializara un acuerdo comercial favorable con Estados Unidos, el resultado apenas variaría. Si la primera fase del neoliberalismo ha fracasado, su segunda iteración, el “neoliberalismo 2.0”, está igualmente condenada al fracaso por las mismas razones que paralizaron la industrialización en el período anterior a la liberalización: la profunda desigualdad y la falta de poder adquisitivo de las masas. Estos mismos problemas no han hecho más que intensificarse con la liberalización, ahora a una escala exponencialmente mayor. Hoy en día, la desigualdad ha alcanzado tal extremo que una persona debe estar entre el 11 % superior de la distribución de ingresos de la India para ganar el ingreso medio nacional. En otras palabras, el 89 % de las personas adultas ganan menos que este promedio nacional. La desigualdad de riqueza es aún más marcada: el 1 % más rico posee el 40,1 % de la riqueza total, la mayor concentración a nivel mundial. Dentro de este grupo, la desigualdad es aún mayor, ya que solo 162 personas poseen el 24,6 % de la riqueza del país en 2022. (Bharti et al., 2024: 1,3,44,77).

Atrás quedaron los días en que la reforma agraria por sí sola podía crear un mercado masivo al poner el poder adquisitivo en manos de una amplia población. Aunque la gran desigualdad en la propiedad de la tierra sigue siendo una realidad, el enorme crecimiento de la población y la fragmentación generalizada de la tierra significan que, si bien la reforma agraria todavía tiene margen de maniobra, ya no puede poner suficiente tierra en manos de la fuerza laboral de la India.

La época posterior a la independencia, cuando la gran burguesía india compartía con la clase trabajadora y el campesinado un interés común por el desarrollo industrial y tecnológico liderado por el Estado, hace tiempo que pasó. Ya no hay ningún terreno común. La burguesía india, que antes recelaba del capital internacional, ahora se ha ido acercando poco a poco hacia una asociación con él.

Por lo tanto, cualquier desviación de la trayectoria neoliberal, hacia la expansión del mercado indio y la reducción de la desigualdad, exige que la clase trabajadora se enfrente a la gran burguesía del país y a sus socios, sea cual sea la forma que adopte esta alianza. sin embargo, en la actualidad, bajo el estupor de la hiper-religiosidad y el yugo de la política religiosa fascista, financiada por esa misma gran burguesía, el pueblo indio tiene un largo camino por recorrer antes de poder enfrentar a esta poderosa clase.

No obstante, la actual inestabilidad del orden económico mundial y la incertidumbre que genera para el capital indio crean oportunidades para que la izquierda india revitalice su presencia política y oriente el discurso de la política económica hacia un desarrollo nacional autónomo.

Gigi Scaria, Human Pull [Tirón humano], 2018.

Notas

Referencias bibliográficas

Lázaro Abreu Padrón (OSPAAAL), Sexto aniversario de la Conferencia Tricontinental, 1972. Cortesía de The Radical Media Archive.

En 1966, tuvo lugar en La Habana, Cuba, la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, conocida popularmente como la Conferencia Tricontinental. El encuentro, celebrado hace 60 años, da nombre a nuestro instituto. Para conmemorar la conferencia y su legado, hemos dedicado el dossier nº 95 a una evaluación del espíritu tricontinental. Este espíritu no se manifiesta de la misma manera que en 1966, porque la cuestión de la liberación nacional a través de la lucha armada no es el centro de atención de nuestro tiempo (aunque a ciertas luchas de liberación nacional en nuestra época se les impone la represión armada). Sin embargo, no nos preocupa la forma sino el fondo del espíritu tricontinental. Mientras la sustancia del espíritu de Bandung, era una insistencia en los ideales de soberanía y multilateralismo, en este dossier sostenemos que la sustancia se construye en torno a los ideales de la dignidad humana y la lucha de clases (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2025). El espíritu de Bandung y el espíritu tricontinental no eran contradictorios en 1966, ya que Cuba, que acogió la Conferencia Tricontinental, también fue miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en 1961. El MNOAL, que Cuba albergó en 1979 y nuevamente en 2006, fue la encarnación institucional del espíritu de Bandung. Hoy, la soberanía, el multilateralismo, la dignidad y la lucha de clases configuran la política de gran parte del Sur Global, uniendo estos dos espíritus en un nuevo estado de ánimo.

Qué jóvenes eran

Cuando Fidel Castro, primer ministro de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, subió al escenario el último día de la Conferencia Tricontinental el 15 de enero de 1966, tenía solo 39 años. La Revolución Cubana, que lideró hacia la victoria en 1959, cuando tenía 32 años, acababa de celebrar su séptimo aniversario. Sus compañerxs, que entraron en La Habana después de dos años en la Sierra Maestra, eran igual de jóvenes, entre ellxs Camilo Cienfuegos (26), Che Guevara (30), Juan Almeida Bosque (31), Asela de los Santos Tamayo (37) y Celia Sánchez (38). Para 1966, Castro ya tenía una seriedad que se manifestaba en la profundidad de su voz y la compostura de su figura. Él y sus compañerxs habían liderado la victoria de la Revolución Cubana sobre Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia en la Invasión de Bahía de Cochinos de 1961, y Castro había frustrado personalmente muchos intentos de asesinato. “El imperialismo será inevitablemente derrotado”, les dijo a lxs más de 500 delegadxs que llegaron de toda Asia, África y América Latina (De los Santos, por publicar). Nadie en la sala lo dudó.

Muchos de quienes asistieron a la Conferencia Tricontinental eran tan jóvenes como Fidel. Entre ellxs estaban Alice Badiangana (27) de la Unión de la Juventud Congoleña (UCJ, por su sigla en francés) y la Unión de Mujeres Africanas del Congo (URFC) y Mário Pinto de Andrade (38) del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA). Amílcar Cabral del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) tenía 41 años, y Eduardo Mondlane del Frente para la Liberación de Mozambique (FRELIMO) tenía 45 (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2022). Los jóvenes estaban al frente de organizaciones juveniles a las que la brutalidad del imperialismo portugués en África les había impuesto la lucha armada. Habían intentado la vía civil, reclamando más derechos tanto en Portugal como en África, solo para ser recibidos con balas de 8 mm del Mauser 98k. Por eso dejaron a un lado sus libros de leyes y empuñaron AK-47, que les llegaron de la Unión Soviética y la República Popular China. El imperialismo era intolerable para estxs jóvenes. Coincidían con la evaluación de Castro de que el imperialismo sería inevitablemente derrotado.

En Vietnam, la edad promedio a mediados de la década de 1960 estaba entre los 18 y 20 años, como resultado de las bajas incurridas durante su guerra revolucionaria contra un enemigo irreductible (los franceses desde 1946 y luego Estados Unidos y sus aliados desde 1955). Para 1966, el país había perdido al menos un millón y medio de personas debido a la violencia, alrededor del 6% de la población (Hirschman, Preston y Vu, 1995). Lxs representantes vietnamitas que llegaron a La Habana también eran jóvenes, como Nguyen Van Tien del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur (también conocido como Viet Cong), aunque su seudónimo hace imposible determinar su edad exacta, y Tran Danh Tuyen, de la República Democrática de Vietnam, que tenía menos de 40 años. La energía juvenil en la conferencia era palpable.

¡Basta!

Mehdi Ben Barka de la Unión Nacional de Fuerzas Populares de Marruecos (UNFP), entonces en sus 40 años, pasó más de dos años planeando la Conferencia Tricontinental. El 30 de septiembre de 1965, en una conferencia de prensa en La Habana durante las primeras etapas de la preparación, definió a la Tricontinental como la reunión de las dos corrientes de la revolución mundial: la corriente de la revolución socialista y la de la liberación nacional (Prensa Latina, 1965).¹ Esta fue una evaluación precisa de la política de la Conferencia Tricontinental y lo que aterrorizó al bloque imperialista.

Pero la historia no avanza en línea recta. Tiene sus giros y vueltas. El 29 de octubre de 1965, Ben Barka fue “desaparecido” por fuerzas oscuras en París (muy probablemente los servicios de inteligencia francés y marroquí con la ayuda de la Mossad israelí). Muchxs otrxs que sí asistieron sufrieron el mismo destino: Mondlane fue asesinado en 1969 y Cabral en 1973.

En los años posteriores a la conferencia, surgieron más oportunidades para la liberación nacional, pero los Estados recién independizados se vieron debilitados por siglos de dominio colonial y el drenaje de su riqueza social. En febrero de 1966, solo semanas después de la conferencia, los servicios de inteligencia occidentales incitaron al ejército de Ghana a derrocar a Kwame Nkrumah, cuyo libro Neocolonialismo: la última etapa del imperialismo (1965) exponía claramente la estructura que continuaba aniquilando las ambiciones articuladas en La Habana en 1966 (2009). La Conferencia Tricontinental encendió un faro para que el mundo lo viera: “estamos aquí, los que ustedes han colonizado. Lucharemos hasta que nuestra emancipación sea completa, y esa lucha traerá el socialismo al mundo”. Como Fidel Castro declaró en su Segunda Declaración de La Habana (1962): “Esta gran humanidad ha dicho ‘¡Basta!’ y ha echado a andar”. Aunque ese faro aún no podía opacar al imperialismo, seguiría siendo una luz guía para las luchas en curso en todo el Sur Global.

Rafael Morante Boyerizo (OSPAAAL), No al militarismo y al hambre, 1981. Cortesía de The Radical Media Archive.

Dos, tres, muchos Vietnam

Cuba está a menos de 150 kilómetros de Estados Unidos. Después de ser arrebatada a España en 1898, se convirtió en un patio de recreo para las élites estadounidenses. Bajo el dominio del aparato financiero de Nueva York y los gánsteres de Las Vegas, la clase trabajadora cubana soportó condiciones miserables durante las siguientes seis décadas. La Revolución de 1959 fue acogida por la mayoría del pueblo cubano, que no iba a permitir que sus logros fueran revertidos por el derrocamiento del gobierno revolucionario. Cualesquiera que fueran las privaciones que Estados Unidos impusiera a Cuba, su pueblo permanecería firme. Esto le dio a Fidel la confianza de que el adversario de Cuba, el imperialismo, sufriría una derrota total.

Fidel se paró en el podio de la Conferencia Tricontinental con su uniforme militar, que vestiría hasta el final de su vida. En Los condenados de la tierra (1961), Frantz Fanon reflexionó sobre la vestimenta de Fidel:

Lo mismo que Castro al acudir a la ONU con uniforme militar, no escandaliza a los países subdesarrollados. Lo que demuestra Castro es que tiene conciencia de la existencia del régimen persistente de la violencia. Lo sorprendente es que no haya entrado en la ONU con su ametralladora. ¿Se habrían opuesto quizá? Las sublevaciones, los actos desesperados, los grupos armados con cuchillos o hachas encuentran su nacionalidad en la lucha implacable que enfrenta mutuamente al capitalismo y al socialismo. (1963: 38).

Fidel y el pueblo cubano estuvieron siempre preparados para la guerra híbrida continua, el bloqueo, la guerra económica y otras formas de ataques que continúan hasta el día de hoy.

En el último día de la Conferencia Tricontinental, Fidel preguntó: “El imperialismo será inevitablemente derrotado. ¿Quiénes nos han enseñado esa lección?” Sin perder el ritmo, respondió: “Nos la han enseñado los pueblos.  ¿Quién entre los pueblos nos ha dado en estos tiempos la más extraordinaria lección?  El pueblo de Viet Nam“. Aunque Estados Unidos desplegó todo su arsenal, incluidos los bombardeos aéreos y las armas químicas en el sur de Vietnam, Fidel continuó: “los imperialistas yankis no han podido aplastar a esa parte del pueblo de Viet Nam” (Prashad, en prensa (2026): xix).

En los años previos a la Conferencia Tricontinental, el pueblo revolucionario de Vietnam llevó su lucha directamente a objetivos estadounidenses en el Sur, incluyendo una base aérea estadounidense en Biên Hòa (1964) y el Campamento Holloway cerca de Pleiku (1965). En respuesta, Washington intensificó el bombardeo del Norte, incluida Hanoi, mientras que el número de tropas estadounidenses ascendió a casi 200.000 a fines de 1965. La presión sobre la Revolución Vietnamita era inmensa. El “Mensaje a la Tricontinental” del Che Guevara, publicado en Tricontinental (la revista de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAAAL) en abril de 1967, llamaba a las fuerzas revolucionarias a “crear dos, tres, muchos Vietnam“, como él había esperado hacer en el Congo y más tarde en Bolivia, donde fue asesinado en octubre de 1967. Para el Che, la hidra de la revolución tenía que distraer a Estados Unidos de su enfoque en ese confín de Asia.

A lo largo de la década de 1960, las repercusiones de las luchas anticoloniales en lugares como Vietnam y Argelia producirían estallidos estudiantiles contra la guerra en todo el Atlántico Norte, impulsados igualmente por las luchas por los derechos civiles dentro de las propias fronteras de esos Estados. Las consignas del movimiento estudiantil se definían por sentimientos antibélicos y antirracistas. En Francia, el detonante fue la masacre de 1961 de hasta 200 argelinas y argelinos que protestaban contra la guerra colonial en el norte de África. En Estados Unidos, lxs estudiantes antibélicos se organizaron en el Students for a Democratic Society [Estudiantes por una Sociedad Democrática] y canalizaron el sentimiento popular contra la guerra hacia una serie de campañas a partir de 1965. Estos esfuerzos fueron moldeados por el Comité Nacional de Movilización para Poner Fin a la Guerra en Vietnam de 1966, que organizó la Marcha sobre el Pentágono en 1967 y la protesta en la Convención Nacional Demócrata de Chicago en 1968. En toda Europa, el tono en 1968 era contra de la participación de esos gobiernos en las guerras coloniales, especialmente la guerra contra Vietnam. El mayo francés de 1968 no comenzó en la Sorbona, sino en Nanterre, donde lxs miembros del Comité Nacional de Vietnam fueron arrestadxs el 22 de marzo mientras protestaban frente a una oficina de American Express. Este fue el inicio del Mouvement du 22 Mars [Movimiento del 22 de Marzo], que pasó de criticar la guerra a denunciar la universidad y el sistema capitalista en general.²

La determinación de Vietnam y su eventual victoria sobre el imperialismo inspiró a revolucionarixs de todo el mundo, que tenían muy presente el llamado del Che a crear “muchos Vietnam”. La noche del 31 de diciembre de 1964, con las imágenes de las revoluciones cubana y argelina y la lucha vietnamita aún frescas en sus mentes, lxs fedayines (combatientes) palestinos de Fatah, el principal movimiento nacionalista palestino, lanzaron al-Asifa (La Tormenta), su primera operación guerrillera contra Israel. Lxs fedayines vincularon directamente su lucha con Vietnam. Abu Jihad, quien planeó Al-Asifa, viajó a Argelia, China, la República Popular Democrática de Corea y Vietnam entre 1963 y 1965 (Abu Amr, 2013). Uno de los principales teóricos de lxs fedayines, Ghassan Kanafani —que había viajado a China en 1965 y 1966— escribió el principal texto programático del Frente Popular para la Liberación de Palestina, La estrategia para la liberación de Palestina (1969), en diálogo directo con los textos del líder vietnamita general Võ Nguyen Giap y de Mao Zedong (Brehony y Hamdi, 2014).

En los años posteriores a la conferencia, estallaron luchas armadas en la India (Naxalbari, 1967), Irak (1967-1968), África meridional (iniciadas con la campaña de Wankie de 1967), Malasia (1968-1969) y Sri Lanka (1971). No es casualidad que el diseño de la OSPAAAL, que nació en la conferencia de 1966, a menudo incluyera imágenes de las luchas en Palestina, Sudáfrica y Vietnam (como ilustra el diseño de este dossier) (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2019). Las películas del cubano Santiago Álvarez, como Hanoi, martes 13 (1968) y 79 Primaveras (1969), documentaron la lucha vietnamita y su conexión con el mundo. La necesidad de luchas de liberación en todo el Tercer Mundo proporcionó el vínculo emocional para la solidaridad internacional.

La declaración política general de la Conferencia Tricontinental, leída por María Amelia Lopes Fonseca del Movimiento de las Colonias Portuguesas, proclamó “el derecho inalienable de los pueblos a la total independencia política y a recurrir a todas las formas de lucha que sean necesarias, incluyendo la lucha armada, para conquistar este derecho.” (1966). Seis años antes, el 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 1.514 sobre la Declaración de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Ésta señalaba “que el proceso de liberación es incontenible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan”. La resolución afirmaba además que “deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional.” (1960). La ONU no criticó la lucha armada de los pueblos ocupados y colonizados. Por el contrario, la crítica de la resolución a la fuerza armada se dirigía a los imperialistas, cuya violencia impuso el camino de la lucha armada a los pueblos colonizados. Esta fue la experiencia de Cabral y el PAIGC, que se vieron obligados a tomar las armas debido a la represión punitiva portuguesa contra su lucha civil. Desde el podio en La Habana, Cabral dijo a sus compañerxs revolucionarixs:

Las experiencias pasadas y presentes de varios pueblos, la situación actual de las luchas de liberación nacional en el mundo (especialmente en Vietnam, el Congo y Zimbabwe), así como la situación de violencia permanente, o al menos de contradicciones y levantamientos, en ciertos países que han ganado su independencia por la llamada vía pacífica, nos muestran no solo que los compromisos con el imperialismo no funcionan, sino también que la vía normal de la liberación nacional, impuesta a los pueblos por la represión imperialista, es la lucha armada (Tricontinental, 1966).

La palabra clave aquí es impuesta. La lucha armada no es una elección, como argumentaba Fanon en Los condenados de la tierra. Esta fue la lección que dejó el asesinato de Patrice Lumumba el 17 de enero de 1961, apenas un mes después de la Resolución 1.514 de la ONU, cuando el intento de una lucha pacífica por la libertad del Congo fue detenido por la imposición de la violencia del imperialismo.

Lázaro Abreu Padrón (OSPAAAL), Día de solidaridad con Zimbabue, 1972. Cortesía de The Radical Media Archive.

Zigzags

Vietnam, Palestina, Guatemala, el Congo, Zimbabwe, estos, y muchos otros, fueron los contornos del espíritu tricontinental. La era del espíritu tricontinental comenzó con la victoria de la Revolución Cubana en la mañana del año nuevo de 1959 y fue parcialmente definida durante las dos décadas siguientes por una serie de victorias revolucionarias: Etiopía (1974), Vietnam (1975), Laos (1975), Guinea-Bissau y Cabo Verde (1974-1975), Mozambique (1975), Santo Tomé y Príncipe (1975), Angola (1975), Afganistán (1978), Granada (1979), Nicaragua (1979) y Zimbabwe (1980). Lxs revolucionarixs comunistas y las fuerzas de liberación nacional libraron batallas prolongadas, como en Vietnam y Nicaragua o bien se encontraron en una posición de fuerza cuando el sistema estatal colapsó tras una crisis política y abrió la puerta a su victoria, como en Etiopía y Granada. Lo que unía a estas fuerzas era el deseo de independencia y soberanía completas, como lo expresaba la Resolución 1.514 de la ONU, junto con diversos niveles de compromiso con la revolución socialista en cada contexto. En otros lugares, como Palestina, Sudáfrica y el Sahara Occidental, el proceso de liberación fue bloqueado durante este período. Sin embargo, ya sea en territorios victoriosos o aún subyugados, la energía de estos movimientos de liberación nacional cobró fuerza en los salones de la ONU, lo que llevó en 1974 a la aprobación de la Resolución 3.201 de la Asamblea General de la ONU sobre el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), una visión para un presente más humano.

A la mayoría de estos avances revolucionarios no se les permitiría respirar. En 1979, Estados Unidos inició la Operación Ciclón para financiar a los muyahidines y paralizar al gobierno comunista en Kabul. A principios de la década de 1980, Washington minó el puerto de Managua y financió a los contras, la variante nicaragüense de los muyahidines, para sofocar al gobierno sandinista. Fidel y sus camaradas en la conferencia de 1966 eran muy conscientes de la política de asfixia perseguida por las potencias imperialistas. En La Habana, discutieron sobre el archipiélago de bases militares retenidas por las viejas potencias coloniales, desde la base británica en Diego García hasta la base francesa en Dakar, y por la potencia imperialista más fuerte, Estados Unidos, que eventualmente crearía 900 bases militares en muchos países alrededor del mundo (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2024).

Aunque las amenazas imperialistas contra Cuba no tuvieron éxito, los golpes de Estado imperialistas en una serie de países obstaculizaron el avance de la humanidad. Los golpes en el Congo (1961), Brasil (1964), Indonesia (1965) y Ghana (1966) destruyeron la izquierda en estos países clave durante al menos una generación, creando un modelo para los golpes contra los movimientos de liberación nacional que se llevó a cabo en todo el Tercer Mundo. No obstante, en 1978, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Zbigniew Brzezinski, escribió una evaluación crítica de los límites del poder de Estados Unidos en un memorándum secreto para el presidente Jimmy Carter:

Estados Unidos estaba muy desconectado con el Tercer Mundo³, con poca conciencia de la necesidad de un cambio económico, político y social o simpatía por la diversidad ideológica. Hubo un énfasis excesivo en la realpolitik y una preocupación exagerada por la amenaza soviética. En todo el Tercer Mundo, había un sentimiento generalizado de antiamericanismo (United States Government Printing Office, 2014).

A pesar del debilitamiento de las insurgencias y del espíritu tricontinental, estaba claro que se estaba gestando una ola de oposición contra Estados Unidos. Aunque esta ola no tenía la fuerza para superar la estructura neocolonial establecida después de 1945, permaneció presente. Durante un tiempo, las guerras encubiertas y los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos se extendieron por América Central y del Sur, así como el sur de Asia (notablemente en Pakistán en 1977). La Revolución Iraní de 1979 perturbaría esta aparente estabilidad durante las décadas siguientes, pero en general, Estados Unidos consideró que había manejado eficazmente el espíritu tricontinental a pesar del persistente antiamericanismo.

El regreso del espíritu de Bandung

La arrogancia del bloque imperialista liderado por Estados Unidos solo creció después de 1991 con la desintegración de la Unión Soviética y del sistema estatal comunista de Europa del Este, y el debilitamiento del proyecto del Tercer Mundo como consecuencia de una persistente crisis de la deuda. Estados Unidos buscó imperiosamente construir un mundo unipolar que pudiera contener sus propias contradicciones. Una cosa era destruir Yugoslavia (1999) y crear la Organización Mundial del Comercio (1995), los dos pilares de la guerra y el comercio, pero otra muy distinta era aniquilar los sueños de emancipación de la humanidad. Incluso en el apogeo de este orden unipolar, se produjo un avance en Venezuela en 1998, cuando la Revolución Bolivariana llegó al poder, liderada por Hugo Chávez. Estados Unidos se excedió al intentar librar una Guerra Global contra el Terror mal definida, mientras vaciaba su propia capacidad industrial para construir una cadena de acumulación globalizada que beneficiaba al capital privado.

Las guerras, la desindustrialización, la financiarización y la falta de inversión neta de capital fijo condujeron a un aumento astronómico de la desigualdad social en el Norte Global, que se transformó en polarización política y una crisis de legitimidad. Ignorando la crisis dentro de sus países, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el ejército estadounidense comenzaron a ejercer presión sobre lo que consideraban los dos obstáculos serios restantes para el poder occidental en la nueva era: China y Rusia. Estados Unidos comenzó unilateralmente a desmantelar el régimen global de control de armas, retirándose del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002 y del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019. Intervino en los asuntos internos de Ucrania en 2014 y cerró un importante acuerdo de armas con Taiwán en 2015. Si bien la correlación de fuerzas había prevalecido contra Yugoslavia en 1999, la situación global había comenzado a cambiar. Ni Rusia ni China permitirían que el Norte Global extendiera su alcance militar hasta sus fronteras.

Lo que parecían ser las brasas moribundas del espíritu de Bandung fueron avivadas durante este período, cuando el término “Sur Global” apareció en las discusiones entre altos mandos de países de África, Asia y América Latina. Lxs altxs mandatarixs hablaron de “Cooperación Sur-Sur”, una frase que anteriormente solo aparecía en informes menores de la ONU y en reuniones para conmemorar el legado del Tercer Mundo. En la V Cumbre de los BRICS, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2013, la cuestión del papel del Sur Global en el fortalecimiento del multilateralismo volvió a plantearse y no haría más que fortalecerse en la década siguiente. Esto fue ampliamente reconocido, aunque no completamente, en la mayoría de los debates como resultado del resurgimiento de China y Rusia en el escenario mundial.

La industrialización le permitió a China acumular grandes superávits comerciales que reinvirtió en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en su compromiso de industrializar África. Rusia recuperó parte de su industria pesada de la oligarquía y utilizó esos activos para reconstruir su infraestructura estatal, incluida la militar. Sancionadas por Occidente, China y Rusia resolvieron su disputa fronteriza y aumentaron su comercio, lo que condujo a un acuerdo de asociación “sin límites” en 2022. El liderazgo chino y ruso en el proceso de los BRICS y en otros procesos Sur-Sur ha contribuido a avivar nuevamente el espíritu de Bandung en el Sur Global. En la XVII Reunión de los BRICS de 2025 en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que “los BRICS son la manifestación del Movimiento de Países No Alineados de Bandung. Los BRICS mantienen vivo el espíritu de Bandung” (2025). Pero, ¿es el espíritu de Bandung lo mismo que el espíritu tricontinental?

Artista desconocidx (OSPAAAL), Semana de solidaridad con los pueblos de Asia, 1968. Cortesía de The Radical Media Archive.

El espíritu tricontinental

Durante los últimos dos años, el Instituto Tricontinental de Investigación Social ha destacado la importancia de dos conceptos relacionados: la soberanía y la dignidad (2023). Puede decirse que la soberanía, junto con el multilateralismo, es el ideal central del espíritu de Bandung, mientras que la dignidad, basada en la lucha de clases, es la categoría definitoria del espíritu tricontinental.

Tanto la Conferencia de Bandung (1955) como la fundación del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) (1961), citados por Lula, fueron reuniones de jefes de Estado y, por lo tanto, encuentros interestatales. El amplio frente en las reuniones de Bandung y del MNOAL se unió en torno al concepto de soberanía: la idea de que un Estado debe tener control soberano de su territorio, poder disponer de sus materias primas y estar facultado para gestionar sus asuntos internos a su manera, según su desarrollo cultural y político. Pero la soberanía es un concepto limitado. En el derecho internacional, por ejemplo, la soberanía se reduce en gran medida a un principio negativo de no injerencia en los asuntos internos de un Estado (como en el Artículo 2 de la Carta de la ONU de 1945), que en términos populares equivale a “ninguna intervención extranjera”. Sin embargo, el concepto de soberanía sigue siendo una propuesta radical debido al control del Norte Global sobre las instituciones internacionales y sus intervenciones políticas y militares en el Sur Global. Esto proporcionó la base para una amplia alianza antiimperialista que lucharía por crear el multilateralismo y democratizar el orden internacional. Sin embargo, la soberanía, por sí sola, no garantiza el fin de la explotación del ser humano por el ser humano. Solo puede diluir la violencia del imperialismo.

El concepto de soberanía no solo es limitado, sino también anacrónico. Refleja una dinámica interestatal que surgió en la era premoderna, cuando los Estados elaboraron varios mecanismos para evitar conflictos interestatales imposibles de ganar. Varios tratados y alianzas premodernos comenzaron a establecer la idea de soberanía en una época anterior al reconocimiento de que todas las personas deben ser tratadas como fundamentalmente iguales. Algunos ejemplos incluyen:

• La Carta del Mandén en la fundación del Imperio de Malí (1235).
• La Triple Alianza Azteca, que reunió a los pueblos de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán (1428).
• La formación de la Confederación Iroquesa (1400-1450).
• La Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años y la Guerra de los 80 años en Europa (1648).
• El Tratado de Nerchinsk, que puso fin al conflicto entre la China Qing y la Rusia zarista (1689).
• El establecimiento de la Confederación Ashanti (1701).

Si bien cada una de estas formaciones desarrolló la idea de soberanía, lo hicieron únicamente para proteger la paz entre Estados. Estas ideas eventualmente serían codificadas en los escritos del jurista francés Jean Bodin (1530-1596) y del filósofo holandés Hugo Grocio (1583-1645), cuya obra constituyó la ideología del Congreso de Viena (1814-1815) y la base de la ciencia política moderna del Atlántico Norte. Bodin y Grocio no sabían sobre la Carta del Mandén o la Triple Alianza Azteca, pero las ideas que desarrollaron —como las expuestas por Grocio en Sobre la ley de la guerra y la paz (1625)— habrían resonado con lxs malíes y lxs aztecas. Estas eran ideas sencillas sobre la no interferencia en los asuntos de un Estado vecino. Fueron articuladas por una serie de contemporáneos, como el intelectual mogol Abu’l Fazl (1551-1602) en su Akbarnama (1596), cuyo concepto de sulh-i Kul (paz con todos) podría compararse fructíferamente con los escritos de Grocio. No obstante, estos pensadores premodernos no se extendieron más allá de la amistad interestatal. No había ningún propósito para esta no interferencia más allá del deseo de evitar la guerra y la dominación interminable.

En la era moderna, sin embargo, cuando la idea de la dignidad humana da forma a los discursos de libertad, igualdad y derechos sociales, no es suficiente prevenir guerras y destrucción. Debe haber una articulación positiva de la obligación de los Estados no solo de proporcionar seguridad a sus habitantes, sino también de mejorar sus vidas en términos materiales y culturales. Este es el resultado de diversas rebeliones masivas, desde las revoluciones francesa y haitiana (1789 y 1804), la Comuna de París (1871) y la Revolución de Octubre (1917), hasta las revoluciones china y cubana (1949 y 1959). Esta es la unidad, como dijo Ben Barka, de las dos corrientes de liberación nacional y revolución socialista. La expectativa establecida por estas revoluciones en cascada es que la vida humana debe ser mejorada más allá de las miserias del pasado y que el control sobre los avances materiales debe ser democratizado entre las masas. En otras palabras, los Estados deben estar obligados a luchar por la dignidad plena de su ciudadanía y, de hecho, a través de conceptos como el internacionalismo, de todos los pueblos del mundo. Con la dignidad emergiendo como un concepto clave, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la idea westfaliana de la soberanía como concepto fundacional de las relaciones interestatales tuvo que ser actualizada. Era insuficiente prevenir la guerra y la interferencia extranjera. Era necesario mejorar las condiciones materiales de la humanidad.

La Conferencia Tricontinental de 1966 absorbió el espíritu de Bandung y buscó radicalizarlo. Un Estado puede reclamar soberanía sobre su territorio, incluso expulsar al capital extranjero, y sin embargo, no defender la dignidad de su pueblo al permitir que el capital doméstico continúe explotándolo. El espíritu de Bandung, en otras palabras, se limita a la independencia nacional y no profundiza la idea de emancipación para incluir la libertad de las atrocidades básicas del capitalismo. El espíritu tricontinental, por otro lado, lucha por democratizar el orden mundial y sostiene que esta batalla debe trabajar junto con la lucha por democratizar los proyectos de liberación nacional. Reconoce la importancia del frente amplio para establecer el multilateralismo, pero va más allá de esto, reconociendo la necesidad de la lucha de clases y el socialismo. Nuestras luchas por el socialismo, vinculadas directamente a la Conferencia Tricontinental y su era, emergen no como un ideal a establecer en el mundo, sino del movimiento real que busca abolir el estado actual de las cosas. (Marx y Engels, 1976). Esa percepción, y el estado de ánimo contenido en ella, sigue siendo tan cierta hoy como cuando fue escrita. Es lo que resonó con Cabral y Castro en la década de 1960. Nuestro movimiento no nace de una elección. Es una necesidad.

Mientras el espíritu de Bandung augura el acto futuro de la emancipación mediante la lucha por la soberanía nacional, el espíritu tricontinental nos llama a democratizar y radicalizar los proyectos de emancipación humana que los movimientos sociales ya están construyendo hoy. Nuestra búsqueda exige que tales principios no permanezcan como meras ideas; deben volverse vitales y reales en el mundo. La emancipación, literalmente “sacar de la mano”, significa liberar a los seres humanos del yugo de la opresión.

Alberto Blanco González (OSPAAAL), Namibia: el poder para el pueblo, 1981. Cortesía de The Radical Media Archive.

Notas

Referencias bibliográficas

Si debo morir,
tú debes vivir para contar mi historia,
para vender mis cosas,
para comprar un trozo de tela
y algunas cuerdas,
(hazla blanca, con una larga cola)
para que un niño,
en algún lugar de Gaza,
mientras mira al cielo a los ojos,
esperando a su padre
que se fue entre llamas
—y no se despidió de nadie
ni siquiera de su propia carne
ni siquiera de sí mismo—
vea la cometa,
la cometa que me hiciste,
volando alto
y piense por un momento
que allí hay un ángel
trayendo de vuelta el amor
Si debo morir,
deja que traiga esperanza
deja que sea un cuento.

– Refaat Alareer, If I Must Die [Si debo morir] (2023).

El 14 de octubre de 2023, días después de que Israel desatara su genocidio en Gaza, el escritor y educador palestino Refaat Alareer publicó su poema Si debo morir en las redes sociales (2023). Poco más de un mes después, Alareer fue asesinado en un ataque aéreo israelí contra la casa de su hermana en Shuja’iyya, en el este de la ciudad de Gaza, junto con su hermano, su hermana y los cuatro hijos de ella. Aunque amigos y colegas le habían instado a abandonar Gaza, decidió quedarse. Este fue su acto final de sumud (صُمُود) [perseverancia], el concepto palestino de firmeza y determinación de permanecer en la tierra.

“Soy el hombre que soy gracias a las historias que me contaron mi madre y mi abuela”, dijo Alareer en una charla en 2015. “Las historias también son importantes en nuestras vidas como palestinxs, como pueblo bajo ocupación, como pueblo originario de esta tierra, no solo porque nos dan forma y nos hacen ser quienes somos, sino también porque nos conectan con nuestro pasado, nos conectan con nuestro presente y nos preparan para el futuro” (2015). Además de sus propios escritos, Alareer editó y publicó varios volúmenes de otrxs escritorxs palestinxs. En 2015 fundó We Are Not Numbers [No somos números], un proyecto que emparejaba a jóvenes escritorxs de Gaza con mentorxs en el extranjero para que pudieran contar sus historias y contrarrestar el borrado de la historia, la identidad y la resistencia palestina, un ejemplo llamativo de la resistencia cultural y el desafío del pueblo palestino frente a una ocupación continua.

Desde la operación Inundación de Al Aqsa (el ataque armado de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023), el genocidio en Gaza ha sido transmitido en vivo para que el mundo lo vea. Hasta octubre de 2025, más de 67.000 palestinxs han sido asesinados, hay más de 730.000 personas desplazadas e innumerables mutiladas, heridas y hambrientas, todo con el pleno respaldo de Estados Unidos (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA por su sigla en inglés, 2025).

Solo los primeros tres meses de bombardeos provocaron una reducción de 11,5 años en la esperanza de vida en Palestina, de 76,7 años en 2022 a apenas 65,2 años en 2023 (Prashad, 2025). En abril de 2025, la ONU estimó que el 92% de todos los edificios residenciales han sido dañados o destruidos, dejando atrás 50 millones de toneladas de escombros que tomarán décadas en removerse (Televisión web de la Organización de Naciones Unidas, 2025).

La magnitud impensable de muerte, destrucción y hambruna deliberada ha llevado al pueblo palestino a llamar a esto la “segunda Nakba”, o “Nakba de Gaza”. La primera Nakba [Catástrofe], en 1948, fue un acto de limpieza étnica que se apoderó del 78% de la tierra palestina, destruyó más de 500 pueblos y aldeas, desplazó a más de la mitad de la población, –alrededor de 800.000 palestinxs– y llevó a la creación del Estado de Israel (Prashad, 2023). Desde la Nakba de 1948 hasta el genocidio intensificado de hoy, el establecimiento y la existencia continua del Estado de Israel han dependido de la convergencia del proyecto sionista y el imperialismo occidental.

Sin embargo, el patrocinio imperialista no asegura, por sí solo, el consentimiento y la impunidad. Estos deben lograrse por otros medios. Entonces, ¿cómo fabrica el sionismo, como proyecto colonial de asentamiento, la legitimidad para llevar a cabo un programa de tal violencia y barbarie?

Hace casi seis décadas, Ghassan Kanafani, novelista y miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), buscó responder precisamente esa pregunta. En su libro Sobre la literatura sionista (1967), examinó lo que definió como “todo lo que se ha escrito para servir al movimiento por la colonización judía de Palestina ya sea directa o indirectamente” (2022: 1). Para Kanafani, “conocer a tu enemigo” requiere examinar su producción cultural. En el libro, analiza cómo la ficción sionista falsificó la historia para los lectores occidentales. Por qué las instituciones culturales, incluido el Comité Nobel, recompensaron a autores reaccionarios como Shmuel Yosef Agnon en 1966. Cómo los comentaristas occidentales terminaron reproduciendo las narrativas sionistas y si la cobertura occidental de la guerra de 1967 fue el resultado previsible de una larga campaña de desinformación cultural (2022: 4).

Para Kanafani, el sionismo político, el movimiento para crear un Estado colonial de asentamiento judío en la Palestina histórica, requería un frente cultural para propagar su ideología a través de la producción literaria y artística. No es casualidad que el arquitecto del sionismo, Theodor Herzl, fuera primero un novelista: su libro Altneuland [Vieja-nueva nación] (1902), dice Kanafani, marcó el comienzo de “la marcha del personaje literario sionista al unísono con el programa político sionista” (2022: 53). De hecho, una tarea central del aparato cultural sionista era deshumanizar al pueblo palestino para justificar su desplazamiento (2022: 83).

Kanafani documentó cómo la novela sionista, en particular, fue clave para este trabajo, representando al pueblo árabe como atrasado, bárbaro y desconectado de la tierra (2022: 69). Escribió sobre cómo la literatura sionista inventó y consolidó narrativas que resuenan hoy, entre ellas, la afirmación del “atraso mental y civilizatorio de los árabes como una enfermedad incurable”, la noción de que “los árabes no merecen un país”, la idea de que las vidas de las niñeces árabes son “inútiles en oposición a la moral de las niñas y los niños judíos” y la “asociación absurda” que trasladó política y emocionalmente los crímenes nazis hacia lxs árabes en Palestina (2022: 69, 83-84, 90, 99). De este modo, la ideología y la producción cultural sionista como una “misión civilizadora” frente la supuesta “barbarie” de árabes y palestinxs (2022: 69, 91).

En las décadas posteriores, esas mismas narrativas deshumanizadoras han sido recicladas y desplegadas muchas veces por el Estado israelí y regurgitadas por los medios occidentales dominantes. En los meses posteriores al 7 de octubre, Law for Palestine [Derecho para Palestina] compiló una base de datos de más de 500 casos de incitación israelí al genocidio (2025; Al-Haq Investigates, 2025).

El 9 de octubre de 2023, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant pronunció lo que se convertiría en una declaración definitoria del genocidio: “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. Cuatro días después, el presidente israelí Isaac Herzog dijo: “Es toda una nación la que es responsable”. Galit Distel Atbaryan, miembro de la Knesset (el parlamento de Israel), pidió el “borrado” de “Gaza de la faz de la Tierra” y la muerte de los “monstruos de Gaza”. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel, Avi Dichter, abogó sin ironía por la limpieza étnica al decir: “Estamos haciendo una Nakba de Gaza 2023”. David Azoulay, el alcalde de Metula, evocó explícitamente la recreación del Holocausto al afirmar: “La Franja de Gaza entera debe quedar vacía. Arrasada. Igual que en Auschwitz”. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha calificado repetidamente a lxs palestinxs de “monstruos”. Esta interminable lista de incitaciones a la limpieza étnica es muy anterior al 7 de octubre. La deshumanización de lxs palestinxs es una narrativa histórico-cultural que durante más de un siglo se ha utilizado para justificar su exterminio con plena impunidad moral, política y militar (2025).

El proyecto sionista también se ha construido sobre el borrado cultural sistemático. Durante la primera Nakba, el saqueo y el pillaje de pinturas, fotografías, películas, grabaciones musicales, instrumentos y otros artefactos culturales fueron ampliamente documentados (Raz, 2024). Se estima que 70.000 libros fueron robados, muchos están ahora en manos de archivos israelíes, incluida la Biblioteca Nacional de Israel (Hatuqa, 2013). Este robo y destrucción ha continuado durante las últimas ocho décadas. Desde el 7 de octubre, Israel ha atacado aún más los centros culturales y a lxs trabajadorxs de la cultura, un componente esencial del proyecto de genocidio cultural. Entre quienes murieron se encuentran numerosos pintorxs, poetas, escritorxs y escultorxs de Palestina, lo que hace que la cuestión de la cultura sea aún más urgente para las aspiraciones inconclusas de la liberación palestina (Sheehan, 2023).

Con esto en mente, ¿cómo se puede resistir el programa cultural colonial de asentamiento sionista desde un frente cultural? ¿Cuál es el papel de lxs artistas en tiempos de genocidio? ¿Puede la producción cultural humanizar a un pueblo, rescatar su historia y avanzar en su lucha? Para explorar estas preguntas e iluminar la rica cultura de liberación de Palestina y sus raíces históricas, el Instituto Tricontinental de Investigación Social entrevistó a artistas contemporánexs y trabajadorxs culturales en Palestina y la diáspora. Este dossier no es un estudio exhaustivo del arte palestino. Más bien, abre una conversación sobre el lugar de la resistencia cultural en la liberación palestina. Examina cómo el arte y la cultura se han utilizado para resistir el sionismo cultural y la deshumanización al recordar el pasado de Palestina, dar testimonio de su presente e imaginar su futuro, uno en el que su pueblo sea soberano y libre de regresar a su hogar. Como afirmó Ibraheem Mohana, un artista de Gaza de 18 años que alcanzó la edad adulta en medio del genocidio: “Comenzaron la guerra para matar nuestras esperanzas, pero no lo permitiremos” (Chak, 2024).

Aude Abou Nasr (Líbano), Gaza, 2023. Cortesía de Artists Against Apartheid.

Cultura de resistencia y liberación nacional

A lo largo de las luchas anticoloniales y de liberación nacional, la cultura ha sido considerada un arma integral en la batalla de ideas y las emociones. Figuras revolucionarias como Amílcar Cabral y Mao Zedong surgieron de estas luchas no solo como estrategas militares y dirigentes partidarios, sino también como poetas y teóricos de la cultura. Como parte de la tradición marxista de liberación nacional, Mao y Cabral, de manera independiente pero convergente, desarrollaron teorías sofisticadas sobre la cultura como un frente primario e indispensable en la lucha de liberación nacional (Tricontinental, 2021). Para ambos, la cultura es el terreno mismo en el que la liberación debe ganarse o perderse.

Para Cabral, quien dirigió el Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC), “La liberación nacional es necesariamente un acto de cultura” (1970: 6). Su lógica era clara: porque la dominación imperialista no es solo política y económica, “tiene la necesidad vital de ejercer la opresión cultural”. Busca detener el desarrollo histórico y cultural de los pueblos colonizados. Por lo tanto, la resistencia a la dominación imperialista debe ser un acto cultural, colectivo, no individual. El movimiento de liberación, argumentó, no es otra cosa que la “expresión política organizada de la cultura del pueblo que emprende la lucha” (1970: 6).

Para Cabral y Mao, la resistencia cultural era tan importante como la resistencia armada. En el Foro de Yan’an sobre Arte y Literatura de 1942 (una conferencia de tres semanas que reunió a lxs principales escritores, artistas, intelectuales, soldados y cuadros del Partido en China), Mao declaró: “En nuestra lucha por la liberación del pueblo chino existen varios frentes, entre ellos el frente de la pluma y del fusil. Los frentes culturales y militares” (1967). De manera similar, en una serie de charlas ofrecidas a miembros del PAIGC en 1969 sobre el “Análisis de los distintos tipos de resistencia”, Cabral destacó la “resistencia cultural” como uno de cuatro frentes clave de la lucha, junto con la resistencia política, económica y armada. Para ambos, la cultura era un campo de batalla primario y decisivo y el ejército cultural era tan vital como el ejército del pueblo.

De la misma forma, la teoría y la práctica cultural para la liberación nacional fueron una parte integral de la lucha palestina, particularmente para Kanafani. En Resistance Literature in Occupied Palestine 1948–1968 [Literatura de resistencia en la Palestina ocupada 1948–1968] un análisis fundamental de la producción literaria de lxs árabes palestinxs bajo ocupación israelí en las dos décadas posteriores a la primera Nakba, Kanafani escribió: “La resistencia cultural es esencial y no es menos importante que la resistencia armada”. Constituye el “terreno fértil” para cualquier lucha armada exitosa (1968: 9-10). Ese mismo año, en Resistance Literature in Occupied Palestine [Literatura de resistencia en Palestina ocupada] publicado en Afro-Asian Writings, delineó las características de la literatura de resistencia palestina, que también llamó la “literatura de combate” y la literatura de la Palestina ocupada. Señaló que tomó alrededor de cinco años después de la primera Nakba para que lxs palestinxs se dieran cuenta que “habían perdido no solo a sus familias y amigos, sino también su país” (1968: 69). Para recuperar su tierra perdida, una lucha debía librarse tanto en los frentes armados como en los culturales. Esta bandera ha sido llevada por generaciones de artistas palestinxs tanto en su patria como en todo el mundo.

En Liberation Art of Palestine [El arte de liberación de Palestina] (2001), la reconocida artista y académica palestino-estadounidense Samia A. Halaby documenta meticulosamente el desarrollo de una identidad artística distintivamente palestina en el contexto de ocupación, el desplazamiento y la resistencia. Sostiene que este “arte de liberación” está intrínsecamente vinculado a la lucha palestina por la autodeterminación, con una iconografía única que incluye símbolos de sumud como el cactus y el caballo, así como temas de martirio y el derecho al retorno. Para ella, todo “buen arte” es “arte político” y el arte de liberación es “un arte práctico [que] necesita ser claro y útil como cartel, folleto o pancarta” (2001: 45). Ella describe el vínculo inseparable entre arte y liberación:

El arte de Palestina descansa sobre la lucha palestina por la liberación. Sin esa base, lxs artistas palestinxs serían una colección atomizada de imitadores de estilos internacionales de moda y muchxs lo son. Lxs artistas de liberación de Palestina son conscientes de que tienen la fortuna de tener una causa y al cumplir con su deber de servirla, su arte gana significado histórico como una escuela con características propias (2001: 54).

La historia de la cultura de resistencia y liberación palestina ha estado marcada por rupturas políticas. Estas rupturas, las seis “declaraciones de guerra” contra el pueblo palestino, como las llama el historiador Rashid Khalidi en The Hundred Years’ War on Palestine [La guerra de los cien años contra Palestina] (2020), son:

1. La Declaración Balfour de 1917, que comprometió el apoyo británico para establecer un “hogar nacional para el pueblo judío” en Palestina, allanando el camino para el Mandato Británico y la colonización sionista.
2. La Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU de 1947, que llevó a la primera Nakba.
3. La Guerra de los Seis Días de 1967 —conocida en Palestina como la Naksa (Revés)— cuando Israel ocupó la Península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.
4. La invasión israelí de Líbano en 1982, que expulsó a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Beirut.
5. La Primera Intifada (1987–1993), el levantamiento masivo palestino contra la ocupación israelí.
6. La Segunda Intifada, que comenzó en 2000 y preparó el escenario para el genocidio en curso en Gaza.

En cada una de estas rupturas, lxs artistas y trabajadores culturales palestinxs respondieron con su oficio y su producción. Para Halaby, esta historia del arte de liberación “ascendió con las insurrecciones y disminuyó con sus repliegues”.

A continuación, destacamos algunas expresiones de la resistencia cultural palestina a través de estas seis rupturas (2001: 32).

Olfer Leonardo (Perú), Sabra y Shatila, 2021. Cortesía de Utopix.

Recordar

Mis raíces fueron plantadas antes de que naciera el tiempo
Antes de que comenzara la historia
Antes del ciprés y los olivos
Antes de que brotara la hierba

– Mahmoud Darwish, extracto de Identity Card [Cédula de identidad] (1964) (2011).

El reconocido actor y cineasta Mohammad Bakri, que ha actuado en casi 50 películas y dirigido 4 documentales a lo largo de 40 años de trayectoria, recuerda haberse encontrado y enamorado del cine cuando era niño en su pueblo natal, al-Bi’neh. En su aldea, recuerda, estaban “sin electricidad, pero había cine” (2015). Bakri forma parte de la minoría palestina dentro de Israel, uno de los dos millones de descendientes de lxs 159.000 palestinxs que no fueron expulsadxs en la Nakba de 1948. El rastrea las “cinco estaciones” de su propia politización y trabajo creativo, similar a la periodización de Khalidi, hasta la primera Nakba, describiendo cómo ese evento fundacional y las historias que escuchó de su padre y abuelo moldearon su conciencia política. Como lo expresó, “contar la historia de mi pueblo, en ficción y en documental… es mi forma de luchar. Para proteger mi cultura, mi identidad y mi humanidad. Nada más”.

En The Origins of Palestinian Art [Los orígenes del arte palestino] (2013), Bashir Makhoul y Gordon Hon describen la primera Nakba no como un momento histórico pasado sino como un acontecimiento continuo de desplazamiento, muerte y pérdida, un “presente perpetuo en el que los eventos históricos todavía están ocurriendo” (2013: 10-11). Para Bakri y muchxs trabajadorxs culturales palestinxs, situar el “origen” de la resistencia cultural palestina en la primera Nakba no es solo un acto personal sino profundamente político, una forma de refutar las reivindicaciones sionistas sobre la “tierra prometida” y las políticas de borrado cultural e histórico.

En The Ethnic Cleansing of Palestine [La limpieza étnica de Palestina] (2006), el historiador israelí Ilan Pappé utiliza el término “memoricidio” para describir el borrado sistemático de la primera Nakba en el paisaje histórico y físico de Israel. La cultura se arma así para solidificar el acto físico de limpieza étnica, negando los crímenes cometidos y reemplazando la historia de las víctimas con la de lxs perpetradores. Organismos financiados por el Estado, particularmente el Fondo Nacional Judío, han sido centrales en implementar este programa. Desde renombrar pueblos, aldeas, calles y puntos de referencia con nombres hebreos e imponer mapas del “antiguo Israel” hasta plantar bosques que ocultan las ruinas de aldeas palestinas destruidas (2006: 226-229). Estos esfuerzos apuntan a justificar el mito fundacional sionista de “una tierra sin pueblo y un pueblo sin tierra”.

Frente al memoricidio, preservar el arte y la historia cultural palestina es una forma de resistencia. Para un pueblo geográficamente fragmentado y disperso, shatat, en árabe, los orígenes son centrales para crear lo que el teórico poscolonial palestino Edward Said llama “coherencia”. Según Said, esta coherencia cultural es posible porque lxs palestinxs “han sido unidxs como pueblo en gran medida gracias a la idea palestina (que hemos articulado a partir de nuestra propia experiencia de desposesión y opresión excluyente)” (1992: 42).

En Resistance Literature [Literatura de resistencia], Kanafani destaca la política israelí de “ignorancia deliberada”, que separó generaciones de palestinxs de su herencia árabe e identidad nacional (1968: 19). Este programa de alienación cultural se logró degradando la calidad de la educación que lxs palestinxs podían recibir, desde restringir los recursos disponibles para lxs estudiantes árabes hasta nombrar maestrxs árabes no calificadxs o “colaboradores”, y promoviendo una “cultura híbrida y trivial”. Esto dejó al pueblo palestino árabe con dos opciones: emigrar o asimilarse (1968: 22-25).

Nacido dentro del Estado de Israel pocos años después de la Nakba y formado en la Universidad de Tel Aviv en actuación teatral y literatura árabe, Bakri ha tenido que navegar las industrias culturales palestinas, israelíes e internacionales para realizar sus películas y ha enfrentado persecución política y legal sostenida.

Desde el estreno de Jenin, Jenin (2002), un documental sobre el masivo asalto israelí al campo de refugiados de Jenin durante la Segunda Intifada, ha sido perseguido por batallas legales. Como explicó: “La película fue prohibida en Israel. He estado pagando 1.000 dólares al mes a un soldado israelí que afirmó que aparece en mi película, durante tres segundos y medio. Y seguiré pagando durante años… Es como la Edad Media, como cuando quemaban libros” (2025). A pesar de la persecución que enfrenta, Bakri continúa filmando, desafiando la falsa disyuntiva entre emigrar o asimilarse e insistiendo en documentar y dar testimonio de la resistencia continua del pueblo palestino y sus aspiraciones de liberación.

Pablo Kalaka (Chile y Venezuela), Olivos y resistencia, 2023. Cortesía de Utopix y Artists Against Apartheid.

Testimoniar

Nuestros poemas están sin color, sin sabor, sin voz
Si no llevan la lámpara de casa en casa

– Mahmoud Darwish sobre la función de la poesía (1968: 74).

“La segunda etapa de mi politización fue 1967”, recuerda Bakri, durante “la Guerra de los Seis Días entre Israel y el mundo árabe, cuando Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”. Cuando tenía 14 años, recuerda haber visto llorar a su padre. Más tarde, comprendió que sus lágrimas eran por la “nueva catástrofe del mundo árabe y el pueblo palestino, [por] la primera generación de refugiados [que] fue creada en 1948 [y] la segunda [que] fue creada en 1967” (2025).

El reconocido caricaturista político Naji al-Ali fue parte de esa primera generación, expulsado de su aldea de al-Shajara durante la primera Nakba. En 1961, Kanafani publicó por primera vez el trabajo de al-Ali en la revista del movimiento nacionalista árabe Al-Hurriya (Libertad), que él editó. Unos años después, mientras trabajaba para un periódico kuwaití, al-Ali comenzó a dibujar a Handala, un personaje que definiría su carrera (Totry y Medzini: 25). Eternamente un niño de diez años, la edad en que al-Ali fue forzado al exilio, descalzo y con ropa andrajosa, Handala siempre aparece dibujado de espaldas a la audiencia. Con sus brazos cruzados detrás de la espalda, da testimonio de las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino pero también de su resistencia inquebrantable, la promesa del retorno y una Palestina libre. Nombrado como una planta del desierto, de raíces profundas y resiliente, Handala encarna el sumud. Las más de 40 mil caricaturas que al-Ali dibujó en su vida son un testimonio de esta firmeza.

Los eventos de 1967 y el fracaso del nacionalismo burgués panarabista para enfrentar el expansionismo sionista, inspiraron una ola de resistencia cultural masiva y un renacimiento de la cultura palestina. Como señala Rashid Khalidi: “Escritorxs y poetxs tanto en toda la diáspora palestina, como viviendo dentro de Palestina —Ghassan Kanafani, Mahmoud Darwish, Emile Habibi, Fadwa Touqan y Tawfiq Zayyad, junto con otros artistas e intelectuales talentosxs y comprometidxs, jugaron un papel vital en este renacimiento, cultural y políticamente” (2020: 107). La ocupación convirtió a la cultura en un frente clave en la lucha, inaugurando una nueva era de teatro militante.

“El teatro en Palestina es nuevo, en general”, dice Amer Khalil, cofundador y director de El-Hakawati (más tarde conocido como el Teatro Nacional Palestino) en Jerusalén. En una entrevista con Tricontinental, explicó que “En los años 1920, 1930 y 1940, la gente solía hacer teatro relacionado con el trabajo social. Pero después de la guerra del 67, todo un movimiento de intelectuales, artistas, educadores [y] estudiantes universitarios inició un movimiento teatral para liberar Palestina… y el movimiento teatral realmente se volvió militante” (2025). A partir de finales de la década de 1960, el teatro palestino también se profesionalizó y construyó la capacidad para formar directoras, directores, actrices y actores, incluso en medio de una represión extrema. Como escribió un crítico de teatro en 1976: “Ningún grupo de teatro ha actuado jamás sin tener a uno o dos de sus integrantes en la cárcel” (Snir: 11).

En el contexto de la creciente censura e interrupción por parte de las autoridades de ocupación, empeñadas en obliterar cualquier cosa considerada “nacional” (es decir, palestina), el teatro asumió un papel importante. A través del uso inteligente del simbolismo y la alegoría para permitir múltiples interpretaciones, las dramaturgas y dramaturgos palestinos desarrollaron un “lenguaje especial [que] sirvió como un código artístico entre el teatro y su audiencia… para transmitir mensajes de construcción nacional” (Snir: 7). “La cultura siempre ha sido un objetivo de ataque”, agregó Khalil en la entrevista. “Los espacios teatrales atacados, artistas amenazados. ¿Por qué la cultura es tan peligrosa? Porque las palabras cambian a las personas. Las historias hacen que las personas piensen. Y cuando las personas piensan, comienzan a hacer preguntas, sobre cómo viven, por qué viven de esa manera y cómo podría ser la vida. Por eso la cultura es peligrosa, porque mueve a las personas” (2025).

La compañía El-Hakawati, que significa “cuentacuentos” en árabe, se formó en 1977 para hacer precisamente eso: contar historias, conmover a las personas y cambiar la realidad. La compañía reunió a estudiantes palestinxs de los territorios ocupados de 1948 con artistas e intelectuales de Jerusalén Este ocupada, desafiando la fragmentación sionista del pueblo palestino. Durante sus primeros seis años, El-Hakawati llevó el teatro al pueblo, viajando a escuelas, salas de cine, plazas de aldeas y campos de refugiados antes de encontrar un hogar permanente en un cine abandonado en 1983, donde funciona hasta el día de hoy. La compañía ha sido esencial para contar las historias de la vida y la resistencia palestina, incluso convirtiéndose en el primer grupo teatral palestino en actuar internacionalmente (s.f.).

La década de 1980 estuvo enmarcada por dos rupturas importantes: la invasión israelí del Líbano en 1982 y la Primera Intifada (1987–1993). Estas rupturas, junto con el menguante apoyo a la lucha armada como el camino principal hacia la liberación, tuvieron un impacto significativo en la resistencia cultural. Fue en este entorno que la activista judía israelí Arna Mer-Khamis fundó el Teatro de la Piedra en el campo de refugiados de Jenin en 1987, en referencia al lanzamiento de piedras por parte de niñas y niños durante la Primera Intifada.

En 2002, en el punto álgido de la Segunda Intifada, el Teatro de la Piedra fue destruido durante una invasión israelí masiva del campo. De los escombros surgió el Teatro de la Libertad, fundado por Juliano, el hijo de Arna, que continúa con la metodología del Teatro de la Piedra de usar el teatro para procesar el trauma, afirmar la identidad y participar en la resistencia. Hoy, el teatro es dirigido por Mustafa Sheta, quien participó en el Teatro de la Piedra cuando era niño. En una entrevista con Tricontinental en julio de 2025, poco después de su liberación tras 15 meses de detención en una prisión israelí, explicó que “El arte no está separado del movimiento nacional. Nuestro trabajo es una extensión de ese movimiento, enraizado en la dignidad, la narración de historias y la resistencia”. El Teatro de la Libertad, nos dijo, ve su papel como formar actores que también son organizadores comunitarios: “Nuestras graduadas y graduados no son solo intérpretes, son agentes de cambio” (2025).

El 4 de abril de 2011, Juliano recibió cinco disparos de un pistolero aún no identificado. La compañía respondió con While Waiting [Mientras se espera] (2011), una reelaboración de Esperando a Godot (1953) de Samuel Beckett que reflexiona sobre el anhelo de libertad y Estado y sobre no rendirse jamás (Mee, 2012: 174-175). Poco antes de su asesinato, Juliano había pedido una “intifada cultural”, que el Teatro de la Libertad abrazó: “Creemos que la tercera intifada, la intifada que viene, debe ser cultural, con poesía, música, teatro, cámaras y revistas” (Mee, 2012: 168).

Tings Chak (China), Palestina será libre, 2024. Cortesía de Utopix y Artists Against Apartheid.

Imaginar

Nosotrxs, que no tenemos existencia en “la Tierra Prometida”, nos convertimos en el fantasma de lxs asesinadxs que atormentan al asesino tanto en la vigilia como en el sueño y en el reino intermedio, dejándolo perturbado y abatido. La insomne grita: ¿Acaso no han muerto todavía? No, porque el fantasma alcanza la edad del destete, luego viene la adultez, la resistencia y el retorno. Los aviones persiguen al fantasma en el aire. Los tanques lo persiguen en la tierra. Los submarinos persiguen al fantasma en el mar. El fantasma crece y ocupa la conciencia del asesino.

– Mahmoud Darwish (Hamdi, 2023: 1).

La naturaleza del trabajo cultural palestino cambió en la década de 1990 con los Acuerdos de Oslo.¹ Como explicó Amer Khalil, con las llamadas soluciones políticas presentadas por los acuerdos, el mundo del teatro, al igual que otros campos culturales, comenzó a alejarse del carácter militante que había marcado el período anterior. Kaleem Hawa, poeta, especialista en literatura y organizador del Movimiento de la Juventud Palestina, explicó en una entrevista con Tricontinental que “Después de los Acuerdos de Oslo, muchas instituciones sociales y culturales palestinas fueron viciadas por el sionismo y vaciadas por la ‘compradorización’ de la burguesía palestina, dejando de ser aptas para sus fines”. En este contexto, Hawa enfatizó la necesidad de una cultura revolucionaria como el “ligamento más importante” entre generaciones. “La juventud palestina [ha] recurrido a la producción de videos y diarios tipo cápsula en las redes sociales para narrar su experiencia social colectiva, que incluye la alienación y la firmeza. Y nuestrxs mayores han tenido que luchar contra un impulso concertado, nada menos que de sus propios gobiernos árabes, para hacerles olvidar todo lo que saben y han aprendido” (2025).

Para lxs artistas y trabajadorxs culturales palestinxs, el período posterior a los Acuerdos de Oslo inauguró el comienzo de una crisis respecto al concepto mismo de cultura de resistencia. Con el aumento del reconocimiento global vinieron nuevos desafíos: navegar la institucionalización. La cooptación de la producción cultural por parte de donantes internacionales y la dependencia de éstos. La separación del arte y la cultura palestina de las realidades concretas del pueblo. La ilusión de un “proceso de paz” en el horizonte. La era posterior a Oslo también generó una profunda desilusión con el liderazgo político tradicional, empujando a lxs artistas y grupos culturales palestinos contemporáneos hacia una postura crítica e independiente, que a su vez reflejaba una fragmentación más amplia del proyecto nacional.

En este contexto, la sátira y el humor se convierten en herramientas de resistencia. Como explicó Samer Asakleh, el compositor e intérprete de laúd árabe de la banda palestina Darbet Shams [Insolación], a Tricontinental: “A veces, los temas políticos son demasiado sensibles, como los acuerdos de paz o los acuerdos de normalización regional. La sátira se convierte en una forma de hablar sobre ellos sin censura ni represión inmediata y abrir conversaciones que de otro modo serían silenciadas”. Refiriéndose a su canción Do You Condemn Hamas? [¿Condenas a Hamás?], que escribió después del 7 de octubre, Asakleh señaló: “La letra es sarcástica, [la pregunta retórica] plantea que solo tienes emociones si condenas a Hamás. La audiencia se rió y luego reflexionó. Varias personas se me acercaron más tarde y dijeron: ‘Nos reímos de nosotrxs mismxs y comenzamos a pensar más profundamente sobre la pregunta’” (2025).

Como muchos grupos culturales de su generación, la banda refleja una coyuntura política muy distinta de la que enfrentaron los grupos musicales de épocas anteriores. La vocalista principal Hanan Wakeem agregó: “Hubo un tiempo en que los partidos políticos en Palestina tenían sus propias bandas. En los años 60 y 70, grupos como Fatah tenían alas culturales completas con cantantes y bailarines, a menudo vinculados directamente al movimiento. Eso prácticamente ha desaparecido. Algunxs artistas siguen afiliadxs de manera informal a partidos, pero ya no es como antes, no existe una infraestructura cultural sólida construida por los movimientos políticos” (2025).

El antídoto del internacionalismo

En un contexto de despolitización, mercantilización y fragmentación, lxs artistas dependen cada vez más del apoyo financiero de organizaciones internacionales, arriesgándose a una mayor cooptación política. Un antídoto a esta tendencia global es el renacimiento del internacionalismo y de la imaginación revolucionaria. En ningún lugar es más clara la convocatoria al internacionalismo que en las respuestas culturales ante el genocidio en curso en Gaza.

Artists Against Apartheid [Artistas Contra el Apartheid], una red de más de 15.000 artistas de todo el mundo, fue fundada en octubre de 2023 por artistas y trabajadorxs culturales que vieron una profunda necesidad de movilizarse por la liberación palestina. Las integrantes Hannah Craig y Tahia Islam describen la red así: “Inspiradas por artistas revolucionarixs que usaron sus prácticas en la lucha contra el sistema de apartheid sudafricano, construimos esta red sabiendo que como artistas tenemos una responsabilidad única de usar nuestra voz y nuestras prácticas artísticas para protestar contra el apartheid y amplificar la causa justa del pueblo palestino y su resistencia contra la ocupación y la opresión” (2025).²

De modo similar, Utopix, un colectivo internacionalista de diseño y comunicación con sede principalmente en América Latina y el Caribe, ha reunido a más de 80 artistas de 20 países para producir más de 100 carteles sobre Palestina durante el último año, que están disponibles para ser descargados gratis y se exhiben en todo el mundo.³ David Jacob Carmona (“Rasan Abu Apara”), un diseñador gráfico chileno-palestino y miembro de Utopix, considera la liberación palestina como “representando una lucha más amplia con los pueblos del mundo, desde los pueblos de África que están bajo el neocolonialismo occidental hasta el Walmapu [universo o territorio circundante en mapudungun] en Chile. El arte debe romper silencios y educar con la verdad… Es una trinchera, un arma para la lucha. En otras palabras, el arte debe hablarle al mundo real y buscar transformarlo” (2025).

El arte y la cultura revolucionaria hacen más que romper el silencio o dar testimonio de las atrocidades del imperialismo y el colonialismo: tienen la responsabilidad y la capacidad, de imaginar un futuro aún no nacido. Las exposiciones han jugado un papel importante en fomentar este imaginario internacionalista. En 1978, la Sección de Artes Plásticas de la Oficina de Información Unificada de la OLP organizó la Exposición Internacional de Arte por Palestina en la Universidad Árabe de Beirut. Como documentan Kristine Khouri y Rasha Salti en Past Disquiet (2018), el ambicioso proyecto formaba parte de los esfuerzos de la OLP para “encargar, financiar y promover la producción de carteles, arte, cine, teatro, danza, música y publicaciones. Organizar, preservar y exhibir folklore y tradiciones culturales. Galvanizar el apoyo internacional para la lucha palestina en el mundo de las artes y la cultura” (2018: 28). El objetivo también era forjar un sentido de nación entre el pueblo palestino y movilizar la solidaridad internacional. Como escribieron Khouri y Salti: “Si las casas fueron usurpadas, el registro de haber tenido un hogar permanecería vivo en un poema y una canción; si la tierra fue removida de la vista por la distancia, su representación retendría su visibilidad en innumerables formas” (2018: 30).

Con este espíritu, se solicitaron donaciones de obras de arte para la exposición de todo el mundo. La idea era imaginar un futuro museo en un Estado palestino futuro, donde las obras de solidaridad se convertirían en los propios cimientos de la institución. A pesar de que los tanques israelíes avanzaban hacia el sur del Líbano en una operación que involucró a unos 25.000 soldados, la exposición se inauguró el 21 de marzo de 1978 con contribuciones de Claude Lazar (Francia), Gontran Guanaes Netto (Brasil) y Bruno Caruso y Paolo Ganna (Italia), entre otros (2018: 31). En junio de 1982, cuando Israel comenzó su invasión masiva del Líbano para expulsar a la OLP, los archivos de la organización, incluidos documentos y planos para el museo, fueron destruidos (2018: 34).

El reconocido artista chileno Roberto Matta, quien contribuyó a la exposición de la OLP, había donado a un proyecto similar en Chile unos años antes. Este proyecto, el Museo de la Solidaridad, fue impulsado por el presidente chileno Salvador Allende en 1972, un año antes del golpe orquestado por Estados Unidos que derrocó a su gobierno, y convocó a artistas internacionales a donar obras en apoyo de la “vía chilena al socialismo”. Muchas de las 674 obras fueron forzadas al exilio, algunas de ellas resguardadas en Cuba junto con artistas, intelectuales y militantes de izquierda. En 1975, el proyecto resurgió como el Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende, una red dispersa que operó en América Latina, Europa, Asia y África, antes de regresar a Chile en 1991 como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (2018: 46).

De Palestina a Chile, estos museos son parte de los muchos esfuerzos internacionalistas que han desempeñado un papel esencial en la resistencia cultural, defendiendo luchas socialistas y revolucionarias e imaginando una nación futura para un pueblo al que se le niega la condición de Estado. La lucha por una Palestina libre no es solo una lucha del pueblo palestino. Es parte de una lucha mundial contra el imperialismo y el colonialismo. Como escribió Ghassan Kanafani en The Revolution of 1936–39 in Palestine [La revolución de 1936–39 en Palestina]: “El imperialismo ha puesto su cuerpo sobre el mundo, la cabeza en Asia Oriental, el corazón en Medio Oriente y sus arterias llegando a África y América Latina. Donde sea que lo golpees, lo dañas y sirves a la Revolución Mundial” (2023).

Ilga (Palestina y Chile), Palestina resiste, 2016. Cortesía de Utopix.

La cultura es vida

Mohammad Bakri considera que el genocidio en curso en Gaza es la quinta estación de su politización. Aunque ha sido transmitido en teléfonos celulares y pantallas de computadora en todo el mundo, Bakri insiste en que “eso no es cine”. Para él, “el cine debe hacerte preguntar, pensar, comprender y sacar una conclusión”. Reflexiona sobre una pregunta que le hizo un habitante del campo de refugiados en su documental Jenin, Jenin: “¿Qué puede hacer tu cámara cuando el mundo entero no hace nada para ayudarme?”. Al pensar en el presente, dice: “Lo mismo ocurre en Gaza. ¿Qué puede hacer una cámara por la gente que muere de hambre? Mi cámara no puede darles pan” (2025). Esa pregunta, ¿qué puede hacer el arte frente a tales atrocidades?, interpela a cada artista y trabajador cultural.

Wakeem de Darbet Shams recuerda el impacto del genocidio en lxs artistas palestinxs: “Los primeros meses estuvieron marcados por un shock total. Muchxs artistas no podían cantar, moverse ni crear”. Esto no fue solo debido a la represión intensificada. Muchxs ya no sabían qué podía o debía hacer el arte. “Hubo preguntas constantes sobre el rol del arte en un tiempo de genocidio”, continuó Shams. “¿Es apropiado hacer música? Si la canción no es sobre la guerra, ¿debería siquiera compartirse?” (2025). En tales condiciones, ¿cuáles son las responsabilidades de un artista, cuáles son los límites del arte y la cultura y cómo se ve la resistencia cultural?

En esta quinta estación de politización, las sobrias palabras de Bakri nos recuerdan que la cultura es un arma poderosa y necesaria para la liberación y una expresión desafiante de la vida misma. Nos llaman a continuar alzando la bandera de la liberación palestina y a humanizar al pueblo palestino y su lucha con cada canción, cada pintura, cada película, cada danza, cada poema, cada novela y cada arma cultural a nuestra disposición, a pesar de todo:

La cultura es vida. La cultura es raíces e historia. La cultura es humanidad. Si perdemos la cultura, perdemos nuestra identidad. Perdemos nuestra vida. No hay sentido sin cultura. No hay sentido en la vida sin amor. La cultura es amor. No permitiré que me arrebaten mi amor. Mi cultura. Este es mi corazón. Este es mi pueblo. Estos son mis recuerdos. Esta es mi infancia, cuando caminaba sin electricidad y sin agua. Las canciones que escuché. La comida que comí. El aire que respiré. La montaña que escalé. El mar en el que nadé. Esta es mi cultura, mi existencia. Nadie me la quitará. Así que seguiré haciendo películas. Pese a todo (2025).

shenby g (Estados Unidos), The World Stands with Palestine! [¡El mundo está con Palestina!], 2023. Cortesía de Utopix y Artists Against Apartheid.

Notas

Referencias bibliográficas

Nuestro agradecimiento al equipo que vela por su legado y que, con espíritu de solidaridad, ha autorizado que sus imágenes acompañen y refuercen este material.

Pico da Neblina, Territorio Indígena Yanomami, Amazonas, Brasil, 2014.© Sebastião Salgado

La crisis ambiental no se resolverá dentro del capitalismo

Uno de los principales retos que enfrentamos hoy es la crisis ambiental, fruto del modo de producción capitalista, que ha puesto en riesgo la existencia de la especie humana en la Tierra. La principal responsable de esa crisis es la lógica de acumulación del capital, impulsada por las clases dominantes de los países del Sur y del Norte Global.

Diversos organismos internacionales han dedicado su atención a la crisis ambiental buscando soluciones y alternativas, pero siempre en el marco del capitalismo. En noviembre de 2025 se celebrará la COP 30 de la ONU en la ciudad de Belém, en el estado de Pará, Brasil, región que alberga parte de la selva amazónica. Este bosque, que tiene la mayor biodiversidad del mundo, es fruto del trabajo acumulado de generaciones y generaciones de pueblos originarios que allí vivieron y que, por medio de su intercambio con la naturaleza, le dieron vida.

La selva amazónica es hoy escenario de una de las principales contradicciones del capitalismo, la crisis ambiental, ya que al mismo tiempo sufre la acción del agronegocio, que causa deforestación, sobre todo por medio de la quema para la expansión de la frontera agrícola, y es objeto de la financiarización de la naturaleza: las transnacionales negocian su territorio en las bolsas de valores como reserva de carbono.

Es evidente el agotamiento y el desastre que el modo de producción capitalista causa a la vida humana y al planeta. Los cambios climáticos, que se han acentuado y acelerado en las últimas décadas, son resultado de la lógica desenfrenada de acumulación, como ya denunciaba Fidel Castro en su discurso en la Conferencia del Clima en Río de Janeiro en 1992, conocida como ECO 92: “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el ser humano” (Brasil de Fato, 2024).

Al mismo tiempo, las clases dominantes en todo el mundo pretenden convertir el problema de la crisis ambiental en un problema de la humanidad, sin distinción de clases. Sin embargo, es importante destacar que la contradicción de clases propia del capitalismo también se expresa en la cuestión medioambiental, ya que los principales afectados por los desastres climáticos son las poblaciones empobrecidas que, en las ciudades y en el campo, viven en condiciones precarias y en áreas de riesgo.

Una de las principales tareas en la batalla de ideas en torno a la crisis ambiental es, por lo tanto, politizar este debate demostrando su carácter de clase. Una encuesta reciente en Brasil mostró que más del 30% de la población desconoce el cambio climático, y esta cifra aumenta a más del 50% entre los sectores de menor ingreso (Tereos, 2024).

Este dossier tiene como objetivo contribuir a la popularización de este debate desde Brasil, inserto en el Sur Global, junto a las organizaciones de la clase trabajadora. A partir de un análisis de las causas de la crisis ambiental que vivimos, denunciamos las propuestas de transición hacia una economía baja en carbono que, al buscar alternativas dentro del capitalismo, crea nuevas formas de acumulación sin resolver el problema. Por último, presentamos las alternativas populares para la crisis, así como una lista de reivindicaciones fruto de la construcción de los movimientos populares brasileños sobre la crisis ambiental.

Mina de oro de Serra Pelada, Pará, Brasil, 1986. © Sebastião Salgado

La destrucción de la vida y la lógica del capital

Para comenzar el debate, es importante destacar que el cambio climático constituye la parte más visible y urgente de la crisis ambiental. La contaminación química, la pérdida de cobertura vegetal, la acidificación de los océanos, la destrucción de biomas y la pérdida de biodiversidad también son aspectos fundamentales de esta crisis. Como bien señaló Vijay Prashad:

Un millón de los aproximadamente ocho millones de especies de plantas y animales del planeta están amenazados de extinción. La principal amenaza para la mayoría de las especies en peligro de extinción es la pérdida de biodiversidad provocada por el sistema capitalista de producción agroalimentaria. La producción agrícola, que actualmente ocupa más del 30 % de la superficie habitable del planeta, es responsable del 86 % de las pérdidas previstas de biodiversidad terrestre, debido a la conversión de tierras, la contaminación y la degradación del suelo. (FAO, 2019; UNEP, 2021a; UNEP, 2021b; IUCN, 2024; Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2025).

La crisis ambiental se manifiesta de diversas formas, evidenciando que es inseparable de la lucha de clases. Esto se puede observar en las inundaciones que devastaron el sur de Brasil en 2024; en las que afectaron Pakistán en 2022 después de una ola de calor, donde millones fueron damnificados, mientras las elites permanecieron protegidas; en los desbordamientos que se dieron en Kerala, en la India, en 2018, que afectaron principalmente las clases populares; en las inundaciones y apagones en Cuba en 2022, causadas por el huracán Ian, fenómeno agravado por las altas temperaturas oceánicas; o en los ciclos cada vez más extremos de inundaciones y sequías en el Cuerno de África. En Etiopía, Kenia y Somalia, la región enfrentó lluvias severas en 2019-2020, seguidas por inundaciones devastadoras y, poco después, por una de las sequías más prolongadas en 70 años entre 2020 y 2023, además de nuevas inundaciones en 2023-2024, lo que pone de manifiesto el agravamiento de esta crisis (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2018, 2022, 2024a; BBC News, 2022; UNDRR, 2023).

El principal factor de cambio climático son los altos índices de emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles. El consumo de energía producida a partir de estos combustibles sigue aumentando año tras año. Si tomamos una lupa y analizamos la cantidad de emisiones entre las poblaciones mundiales, una vez más los datos son reveladores: a nivel mundial, el 10% más rico es responsable de cerca de 20 veces más emisiones que el 50% más pobre, de acuerdo con el estudio Climate Change and the Global Inequality of Carbon Emissions [Cambio climático y la desigualdad global de las emisiones de carbono] (Chancel, 2022).

Además, la cantidad histórica y actual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) está directamente relacionada con la desigualdad entre países del Norte y Sur Global, así como entre los estratos más ricos y más pobres de la población mundial. Por ejemplo, los 23 países más desarrollados del planeta, que representan el 12% de la población mundial, son responsables de la mitad de todas las emisiones de CO₂ desde 1850, como demuestran los datos del Global Carbon Project. Sólo Estados Unidos emitió el 24,6% de todo el carbono que llegó a la atmósfera, seguido de Alemania (5,5%), Reino Unido (4,4%) y Japón (3,9%). La otra mitad se divide entre más de 150 países (WRI Brasil, 2024).

Si tomamos datos más actuales, podemos constatar que esta realidad básicamente no se ha alterado, ya que los 10 mayores emisores siguen siendo responsables del 76% de las emisiones globales de CO₂. En 2022, según el Climate Watch, plataforma de datos del World Resources Institute (WRI Brasil, 2024), China aparecía como el mayor emisor de CO₂, seguido de Estados Unidos, India, Rusia y Japón, lo que convertía a Asia en el mayor emisor del planeta.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta el nivel de emisión per cápita, ya que las poblaciones de China y la India, por ejemplo, son mucho mayores que la de Estados Unidos, los países europeos, Japón o Australia. En este sentido, entre los 10 mayores emisores de CO₂ del mundo, Estados Unidos es el país con los niveles más altos de emisiones por habitante. La tasa de emisiones per cápita de EE. UU. es el doble que la de China y ocho veces mayor que la de India (WRI Brasil, 2024).

A nivel mundial, la industria de los combustibles fósiles es la que más CO₂ emite, y apenas unas 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones históricas globales de dióxido de carbono, según el informe Carbon Majors [Grandes empresas de carbón] (CDP, 2017). Entre las empresas están las gigantes Exxon Mobil, Shell, BHP Billiton y Gazprom. Otro estudio, publicado en 2019 por el instituto de investigación Climate Accountability Institute [Instituto de Responsabilidad Climática] (2019), reveló que solo 20 empresas fueron responsables por un tercio de todas las emisiones de CO₂ del mundo desde 1965.

Otra causa estructural de las emisiones de gases de efecto invernadero es el agronegocio. Solamente en 2023 se deforestaron 3,7 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, en gran parte para convertir estas áreas en ganadería y cultivos del agronegocio, cuya cadena productiva, desde fertilizantes hasta el procesamiento y transporte, aumentó sus emisiones en un 130% en los últimos 20 años (Weisse, Goldman y Carter, 2024). Si bien mundialmente alrededor de tres cuartas partes de las emisiones provienen del sistema eléctrico, es necesario un análisis caso por caso, especialmente en los países cuya principal partida de exportación son los productos primarios.

El caso de Brasil, por ejemplo, es emblemático: según el informe Plan para la transformación ecológica, del Ministerio de Hacienda, el agronegocio es el mayor responsable de las emisiones de GEI en el país, con un 29% de las emisiones totales. El problema se agrava aún más cuando analizamos el nivel de emisiones de GEI relacionadas con la deforestación, que se sitúa en torno al 38%. Si tenemos en cuenta que la agropecuaria responde por cerca del 96% del área deforestada en Brasil, según el Informe anual de deforestación 2022, podemos afirmar que el agronegocio es responsable de aproximadamente el 65% de las emisiones de GEI en Brasil, frente a un 23% de la generación de energía (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2024b).

Además, es necesario llamar la atención respecto a las prácticas extractivas depredadoras que se producen sobre todo en los países del Sur Global, como la minería y la compra de tierras de reservas naturales e indígenas por parte de extranjeros como reserva para el mercado de carbono.

A pesar de las especificidades de regiones y países, queda claro que el cambio climático y la muerte de la naturaleza son frutos directos de la lógica de acumulación capitalista impulsada por las clases dominantes.

Barrio de Kuningan, Yakarta, Indonesia, 1996. © Sebastião Salgado

Capitalismo verde: supuestas alternativas a la crisis ambiental

Aunque desde el surgimiento del capitalismo diferentes corrientes socialistas han tenido preocupaciones ecológicas —recordemos, por ejemplo, la contribución del artista plástico y escritor inglés William Morris—, y también movimientos ambientalistas y de contracultura a mediados del siglo XX, fue apenas en la década de 1970, más de 100 años después de la emergencia de las primeras industrias, cuando la cuestión ambiental se convirtió en un tema de preocupación para los Estados nacionales, ganando relevancia en la agenda política internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de 1972, celebrada en Estocolmo, Suecia, fue un hito en este debate, según Andrei Cornetta (2025: 109):

Además de discutir el crecimiento demográfico frente a la escasez de los recursos, también se discutió el control de diversas formas de contaminación (del agua, del aire y del suelo), en un momento en que la crisis energética global entraba en agenda, especialmente tras el impacto de la crisis del petróleo de 1973.

A pesar de la importancia de este tema en la agenda de debate de los organismos internacionales, no se debatió ni se propuso una nueva forma de organización social de la producción y de la relación con la naturaleza; todas las alternativas se plantearon dentro del marco del capitalismo.

Mientras tanto, la creciente desigualdad social y económica entre los países del centro imperialista y los de capitalismo dependiente agudizó los debates, sobre todo con relación al continuo desarrollo de las fuerzas productivas o a una reestructuración del modelo industrial que defendía el crecimiento cero (Cornetta, 2025).

En 1979 tuvo lugar en Ginebra la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, en la cual se reconoció la gravedad de los cambios climáticos en curso. Sin embargo, no fue sino en 1992 que se celebró la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro. Este encuentro propuso una agenda de cooperación entre los países para abordar la cuestión climática que entró en vigor en 1994, y fue el precursor de las Conferencias de las Partes (COP) de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Entre los diversos acontecimientos derivados de este proceso de las COP destacan dos encuentros. La COP3, de 1997, en la que se adoptó el llamado Protocolo de Kioto, que establecía metas cuantitativas obligatorias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países del Anexo I, que engloban las naciones industrializadas desde hace más tiempo; y la COP21, en 2015, en la que se estableció el llamado Acuerdo de París, en el que “cada país establece sus propias metas de reducción de emisiones, las llamadas “contribuciones determinadas a nivel nacional” (Cornetta, 2025: 121). A pesar de los acuerdos y resoluciones, las metas fijadas no se cumplieron, y tanto el Protocolo de Kioto como el Acuerdo de París terminaron siendo un fracaso.

La propuesta que se perfilaba en el ámbito de los Estados ante la urgencia del cambio climático era la de una transición hacia una economía de bajo carbono, en la que se buscara reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero nocivos para el medio ambiente, sin, por supuesto, afectar las ganancias de las grandes empresas y los países del centro del capital. A partir de ahí se construyeron las alternativas del llamado capitalismo verde, como el mercado de carbono y las políticas de transición energética.

Las metas de emisión de gases de efecto invernadero establecidas por el Protocolo de Kioto, que en principio iban a limitar la contaminación del aire, se convirtieron en el parámetro para la creación de una nueva forma de acumulación de capital relacionada con actividades compensatorias de la emisión de GEI, los llamados créditos de carbono negociados en las bolsas de valores, que funcionan como una especie de “licencia para contaminar” (Brasil de Fato, 2024).

Esto implica no solo el mecanismo del capital financiero, sino también un gran desarrollo tecnológico y científico que permite medir y calcular las tasas de emisión de carbono, así como las posibilidades de reducción y compensación a partir de la proyección de un escenario probable en caso de que no existieran las actividades compensatorias.

Estos proyectos de compensación de GEI incluyen, entre otros, la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+), la conservación de bosques, el manejo sustentable y el aumento de las reservas de carbono forestal. En términos prácticos, una vez que las empresas superan el límite de emisión de GEI, pueden comprar en la bolsa de valores créditos de carbono que compensen su emisión. Así, el proceso biofísico de las plantas de captar el carbono del aire y transformarlo en oxígeno mediante la fotosíntesis, algo propio de la vida vegetal y parte de los bienes comunes de la naturaleza, pasa a ser mercantilizado.

Otro aspecto que llama la atención en esta dinámica del capitalismo verde es el hecho de que los mismos grupos empresariales transnacionales que influyen en la agenda ambiental en los organismos internacionales y los Estados, son también los que más intensifican las formas clásicas de explotación de los bienes comunes, como el agronegocio y la minería. El agronegocio, que promueve deforestación e incendios en los biomas del Cerrado¹ y la Amazonía para ampliar la frontera agrícola, es el mismo que habla de digitalización de las cadenas productivas y trazabilidad para comprobar que los productos están libres de deforestación y descarbonizados; las empresas petroleras están involucradas en políticas de transición energética y las mineras defienden la agenda de los mercados de carbono.

El agronegocio en Brasil, principal responsable de las emisiones de GEI en el país (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2024b), ha adoptado como una de sus principales banderas la sostenibilidad, que es parte importante de su campaña ideológica. Sin embargo, más que la economía sostenible en sí misma, ven en ella una forma de expandir sus negocios a otras áreas y, con ello, ampliar su influencia política y obtener más ganancias. Es bien sabido que el modelo del agronegocio basado en grandes monocultivos con amplio uso de venenos es uno de los más dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de buscar nuevas formas de lucro con la financiarización de la naturaleza y el discurso de la sostenibilidad, no hay ningún cambio en su modelo de producción que, por el contrario, es responsable de la deforestación, las quemas, el envenenamiento del suelo, el agua y el aire.

Con un papel activo en la propuesta de falsas soluciones al problema ambiental, los sectores y grupos que más agreden el medio ambiente encontraron una nueva forma de obtener ganancias con la financiarización de la naturaleza. Están presentes en los ministerios de diversos países, pero sobre todo en los organismos y conferencias internacionales sobre el clima, como la COP, por ejemplo. La agenda ambiental de estos organismos fue capturada hace mucho tiempo por las grandes corporaciones transnacionales, y las alternativas que allí se proponen nunca cuestionan la tasa de ganancia de los grandes capitales. Los sectores del agronegocio brasileño, con su discurso de sostenibilidad, son los principales representantes e influyentes en estos organismos internacionales.

Empresas como Suzano Papel e Celulose, productora de papel en Brasil y responsable del desequilibrio ambiental por la creación de los llamados “desiertos verdes”, grandes plantaciones de eucalipto que son la materia prima para la celulosa; JBS, transnacional brasileña del ramo de la alimentación, minera Vale, entre otras, tienen una gran participación en proyectos de “sostenibilidad” y en el mercado de carbono. Los proyectos de compensación se convirtieron, para ellos, en una nueva forma de acumulación de capital.

El proyecto Maisa, por ejemplo, en el estado de Pará, de la empresa Verra, principal certificadora del mercado de carbono, sería responsable de preservar un territorio de la selva amazónica. La falacia y el fracaso de proyectos de este tipo son evidentes, porque involucran a gigantes transnacionales como iFood, Uber, Spotify, Audi y Google, que desembolsaron millones de dólares en este proyecto para compensar las emisiones de GEI de sus actividades.

El área por proteger abarcaba un total de 26 mil hectáreas, incluida la Hacienda Sipasa. A pesar de constituirse como un proyecto de conservación ambiental, en esta hacienda se rescataron, a comienzos de 2024, en pleno siglo XXI, 16 trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud. Además de eso, el territorio que debía ser protegido se convirtió posteriormente en área de minería, lo que va en dirección opuesta a la propuesta de conservación ambiental (Repórter Brasil, 2024; Brasil de Fato, 2025).

Además de negociar un bien común de la naturaleza, es importante destacar que esto afecta a la biodiversidad y al modo de vida de diversas comunidades de pueblos originarios que viven en estos lugares y que han sido responsables, por medio del trabajo de generaciones y generaciones, de la constitución de los bosques y la biodiversidad allí presentes. Es decir, al buscar salidas sin cuestionar la lógica destructiva de acumulación capitalista, se destruyen modos de vida que han convivido en armonía con la naturaleza por milenios.

El informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de 2019 proporciona datos alarmantes sobre el nivel de destrucción de los ecosistemas:

De los estimados 8 millones de especies de plantas y animales existentes, un millón están en peligro de extinción. Las acciones humanas han llevado a la extinción de por lo menos 680 especies vertebradas desde 1500, y la población mundial de especies vertebradas ha disminuido un 68% en los últimos 50 años. La cantidad de insectos silvestres ha disminuido un 50%; más del 9% de las razas de mamíferos domesticados utilizados para la alimentación y la agricultura se habían extinguido en 2016, y otras 1.000 razas están actualmente en peligro de extinción (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2021).

Todos esos datos muestran claramente que no hay soluciones capitalistas para un problema capitalista. Las soluciones deben encontrarse fuera del capitalismo si queremos salvar la Tierra y a la humanidad.

Finca Cuiabá, sertão de Xingó, Sergipe, Brasil, 1996. © Sebastião Salgado

Perspectivas populares sobre la cuestión ambiental

En 1992, en la Conferencia por el Clima en Río de Janeiro, Fidel Castro llamaba la atención sobre la urgencia de la cuestión ambiental a partir de una perspectiva emancipatoria, denunciando el orden económico y social injusto entre los países dependientes y los del centro del capital:

Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las principales responsables de la atroz destrucción del medio ambiente. […] Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen dos terceras partes de los metales y tres cuartas partes de la energía que se producen en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmosfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. […] No es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. […] Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. (Blog da Boitempo, 2019)

Lo que está en juego es la propia existencia de la vida humana en el planeta Tierra. Entonces, podemos afirmar que la crisis ambiental es realmente fruto de la crisis del capital, que, además de no resolver los problemas sociales como el hambre y la desigualdad, sigue buscando siempre nuevas formas de generar ganancias para las clases dominantes.

En este sentido, es preciso construir la lucha ambiental como enfrentamiento y superación del modo de producción capitalista. Sin cuestionar la lógica del capital, basada en el mantenimiento de las tasas de ganancia de las clases dominantes a partir de la explotación del trabajo y los territorios de los países del Sur Global, no es posible enfrentar la cuestión ambiental tal y como se nos plantea hoy.

Defender la justicia climática es un aspecto central a partir de la desigualdad establecida entre el Norte y el Sur Global, pero no es suficiente. Otro punto que combatir es el racismo ambiental, ya que las poblaciones más empobrecidas están más expuestas a los efectos de la crisis ambiental.

En Brasil, por ejemplo, una investigación científica encontró restos del veneno glifosato, uno de los más utilizados por el agronegocio, en la leche materna de mujeres de distintas regiones del país; los crímenes ambientales cometidos por las transnacionales mineras Samarco, Vale, BHP Billiton en las ciudades de Mariana, en 2015, y Brumadinho, en 2019, en el estado de Minas Gerais, además de matar casi 300 personas, destruyeron la biodiversidad del río Doce, que atraviesa los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, afectando el modo de vida de diversas comunidades ribereñas (Brasil de Fato, 2019, 2023).

En las ciudades brasileñas, las poblaciones negras y las mujeres sufren aún más los impactos ambientales, ya que la mayoría de las personas que viven en las periferias de las ciudades, en lugares propensos a inundaciones y deslizamientos son negras; en el caso de las mujeres, a menudo en el campo, son ellas quienes tienen que aplicar los venenos que la lógica de producción del agronegocio impone a las familias campesinas.

Por lo tanto, es necesario establecer relaciones estrechas entre los movimientos por justicia ambiental y justicia climática y las luchas antirracistas y feministas. No es posible resolver la crisis ambiental sin enfrentar la desigualdad social, el racismo y el patriarcado.

Entre los diversos frentes de lucha, es importante resaltar la actuación de los movimientos campesinos vinculados a La Vía Campesina, cuya agenda propone:

1. Reforma agraria popular y defensa de los territorios campesinos e indígenas. La Reforma agraria popular representa una lucha por la democratización del acceso a la tierra, enfrentando directamente el latifundio y la concentración de la propiedad. Esta propuesta va más allá de la redistribución de la tierra, ya que cuestiona el modelo del agronegocio, que transforma la naturaleza en mercancía y agrava la crisis ambiental. Al defender los territorios campesinos e indígenas, se busca garantizar que la tierra cumpla su función social, siendo un espacio de vida, trabajo y reproducción cultural, y no solo un activo financiero. Esta lucha se alía a las demarcaciones de tierras indígenas y quilombolas, reconociendo que la concentración de la propiedad de la tierra es un legado colonial que debe ser superado.
2. Soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir qué, cómo y para quién producir, garantizando el acceso a alimentos saludables y culturalmente adecuados. Se opone a la lógica del agronegocio, que prioriza commodities para exportación en detrimento de la alimentación popular. Para ello, es esencial valorizar las culturas alimentarias regionales, fortalecer circuitos cortos de comercialización y garantizar que las grandes corporaciones no controlen la producción de alimentos. La soberanía alimentaria exige políticas públicas que fortalezcan la agricultura campesina, como compras institucionales y el apoyo a ferias agroecológicas, asegurando que la comida sea un derecho y no un negocio.
3. Agroecología. La agroecología propone un cambio radical en la matriz tecnológica, sustituyendo el modelo depredador por sistemas productivos diversificados que ven a la naturaleza como aliada. Esto incluye el uso de bioinsumos, agroforestería y manejo sostenible del suelo, creando entornos más biodiversos y resilientes al cambio climático. Además de la dimensión técnica, la agroecología es una práctica política que construye nuevas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, basadas en la cooperación, la autonomía campesina y el rescate de conocimientos tradicionales.
4. Cuidado de los bienes comunes. Agua, minerales, semillas, tierra, biodiversidad no son meros “recursos naturales” o “materias primas” a ser explotados, sino bienes comunes esenciales para la vida. Su gestión debe ser colectiva, garantizando que se cuiden para las generaciones presentes y futuras. El cuidado y la protección de los bienes comunes es un eje central en la construcción de un proyecto popular para el campo, en el que la naturaleza no sea mercantilizada, sino cuidada como patrimonio colectivo.

En Brasil, la línea política del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es: plantar árboles, producir alimentos saludables. Esto es parte inherente a la construcción de la Reforma agraria popular, ya que la superación de la crisis ambiental sólo será posible con una nueva forma de producción en el campo, por medio de la agroecología, mediante la construcción de nuevas relaciones sociales que superen el machismo, el patriarcado, el racismo, la lgbtfobia y que incentiven la cooperación y la solidaridad.

Como bien sintetiza João Pedro Stedile, de la coordinación nacional del MST, con relación a los retos brasileños, pero que puede extenderse a otros países del Sur Global:

Necesitamos deforestación cero. No es necesario talar ningún árbol para satisfacer las necesidades del pueblo. Es preciso prohibir la exportación de madera y oro. Es urgente realizar un control riguroso de las actividades mineras y sus impactos ambientales. El país necesita establecer un plan nacional de reforestación, con recursos públicos, para recuperar millones de hectáreas en todo el territorio. También es fundamental reforestar las grandes ciudades, para hacer frente a la contaminación y mitigar el aumento de las temperaturas. Es necesario abordar el problema del transporte individual propulsado por combustibles fósiles, con un plan de transporte público masivo, gratuito y de calidad. Además, debemos ampliar el uso de energía solar en el mayor número posible de actividades productivas. En el campo, es necesario avanzar en la reforma agraria y crear un programa nacional de agroecología para producir alimentos saludables para todo el pueblo, sin usar agrotóxicos (MST, 2025).

Otra perspectiva popular que surge de las luchas sociales en América Latina, principalmente en Ecuador y en Bolivia, es el buen vivir, cuyas ideas están presentes en las nuevas Constituciones de estos dos países. Recuperando la tradición de los pueblos originarios, el buen vivir cuestiona las nociones de progreso y desarrollo tal y como las entiende el capitalismo y parte de los siguientes principios: 1) visión del todo o la Pacha; 2) vivir con multipolaridad; 3) búsqueda del equilibrio; 4) complementariedad de lo diverso; y 5) descolonización (Marques y Depieri, 2023: 115).

El ecosocialismo es una corriente política y teórica que combina socialismo y ecología radical, criticando tanto al capitalismo como al socialismo tradicional por ignorar los límites ecológicos del planeta. Su objetivo es construir una sociedad igualitaria y sostenible, donde la economía sea reorganizada para satisfacer las necesidades humanas sin destruir el medio ambiente. Para Michael Lowy, uno de los principales teóricos de esta corriente, el dilema central de las clases trabajadoras en el siglo XXI es la cuestión ambiental, que debe abordarse desde una perspectiva socialista y que conciba un nuevo modo de producción que tenga en cuenta los retos ecológicos.

La cuestión ambiental no será abordada de verdad por las clases dominantes; su solución es una tarea de las clases trabajadoras del campo y la ciudad, que necesitan construir otra forma de producción y reproducción de la vida con relaciones saludables entre los seres humanos y con el medio ambiente, mediante la organización popular, la denuncia de los verdaderos responsables de la crisis y el anuncio de propuestas que privilegian todas las formas de vida en detrimento del lucro.

Pico da Neblina, Territorio Indígena Yanomami, Amazonas, Brasil, 2014. © Sebastião Salgado

Una agenda mínima para enfrentar la crisis ambiental

Los movimientos populares de Brasil comprenden la necesidad de trabar la lucha en varios frentes. A pesar de reconocer los límites de la COP y de las negociaciones allí realizadas, es de fundamental importancia una presión popular para garantizar una agenda mínima que responsabilice a las clases sociales y a los países más contaminadores por la crisis ambiental y que permita evitar la catástrofe climática a la que el capitalismo está llevando la humanidad. En este sentido, exigimos:

I – Cumplimiento y avances en los acuerdos internacionales

Con base en la formulación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, de “responsabilidades comunes, pero diferenciadas”, obligar a los países desarrollados que tienen la responsabilidad histórica de haber causado la catástrofe climática, a reducir rápidamente sus emisiones de carbono para impedir que las temperaturas globales aumenten por encima del límite crítico de 1,5 °C.

Garantizar que los países desarrollados del Norte Global proporcionen una compensación climática por las pérdidas y daños causados por sus emisiones de carbono y financien fuertemente la infraestructura pública para sustituir la dependencia de energía basada en el carbono.

Cumplir las promesas del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de que los países desarrollados proporcionen 100.000 millones de dólares por año para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. Estas necesidades incluyen la adaptación y la resiliencia al impacto real y desastroso del cambio climático, que ya están soportando los países en desarrollo (en particular los países de baja altitud y pequeños Estados insulares). Estos recursos deben provenir de donaciones, es decir, de transferencias directas a proyectos, a nivel subnacional, de protección y restauración de los bosques. Los préstamos no son transferencias de recursos, y por lo tanto, no deben contabilizarse como parte del Acuerdo de París, tal como ha ocurrido. Estas transferencias de recursos a los países y pueblos más vulnerables deben ser un instrumento de justicia climática, en lugar de subterfugios para promover negocios en el sector financiero, por parte de los bancos privados o los bancos multilaterales de desarrollo.

Transferir tecnología y financiamiento a los países en desarrollo para la mitigación y la adaptación de los sistemas de energía basados en carbono, a partir de estrategias nacionales.

Exigir que los países desarrollados responsables de contaminar las aguas, el suelo y el aire con residuos tóxicos y peligrosos –incluidos los residuos nucleares– asuman los costos de la descontaminación y dejen de producir y utilizar residuos tóxicos.

II – Una transición energética planificada, justa y con participación social

Es necesario un programa de transición hacia un modelo que mitigue y adapte los sistemas energéticos basados en el carbono, con planificación, participación social, canales de financiamiento para los países del Sur Global según sus necesidades, que promuevan la diversificación de la matriz energética y la eficiencia energética y garanticen el suministro de materias primas para cualquier transición energética en el futuro próximo.

También debe incluir:

El fin de los subsidios gubernamentales directos e indirectos a la industria de combustibles fósiles.

Aumento agresivo de los impuestos sobre las emisiones de gases y productos contaminantes.

Prohibición de la participación del sector financiero en la industria de combustibles fósiles, impidiendo que este proceso sea gestionado por la especulación financiera.

Las inversiones de los Estados para impedir la catástrofe climática, proteger y atender a las poblaciones y recuperar el medio ambiente no pueden verse limitadas o incluidas en legislaciones locales o internacionales de austeridad fiscal. Es obligación del Estado salvaguardar los derechos de las poblaciones localizadas donde se implementan estos proyectos.

III – Protección y estímulo de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria

Ampliar el campesinado por medio de reformas agrarias masivas que desconcentren y democraticen el acceso a la tierra, sustituyendo las prácticas perjudiciales del agronegocio por la producción agroecológica.

Construir mecanismos de difusión e implementación masiva de la agroecología, mediante asistencia técnica y financiamiento de las y los campesinos.

Eliminar los agrotóxicos sintéticos para 2035 y reducir a la mitad los fertilizantes sintéticos en el mismo período.

Apoyar la difusión de los bioinsumos para la producción agroecológica, garantizando la estructuración de biofábricas, la base genética y reproductiva de los bioinsumos, poniendo a disposición equipos adecuados para su aplicación y viabilizando la asistencia técnica gratuita específica para la producción y el uso de bioinsumos.

Proteger los derechos del campesinado sobre las semillas y la biodiversidad. Garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y tradicionales mediante la lucha contra la biopiratería y la apropiación de sus conocimientos y prácticas.

Reestructurar la ganadería para que los rebaños coincidan con la capacidad de la tierra y la demanda alimentaria y no con el mercado.

Prohibir todas las tecnologías no probadas y eliminar todo subsidio público a prácticas y productos nocivos.

Adoptar políticas públicas para regular y proteger los mercados agrícolas y el derecho a la alimentación.

Ampliar y garantizar la prioridad de los alimentos agroecológicos en los programas de compras públicas de alimentos de los gobiernos.

Construir una legislación que separe los perímetros/polos de producción agroecológica, creando zonas libres de venenos, transgénicos y fumigación aérea.

Los gobiernos deben desarrollar estudios que evalúen la necesidad de reposicionar las actividades agropecuarias en función del calentamiento global. Se trata de establecer nuevos mapas agroclimáticos y desarrollar políticas para su consolidación sobre bases biodiversas, protectoras de los servicios ecosistémicos naturales, asegurando la movilización del tejido social, aprovechando la cultura y experiencia de las comunidades y pueblos establecidos en los diferentes territorios

Garantizar la obligatoriedad de procesos de reevaluación periódica, cada cinco años, de productos y procesos de trabajo técnicos y científicos aplicados a los territorios rurales, garantizando la participación de representantes de la sociedad civil.

IV – Políticas efectivas de reforestación y combate a la deforestación

Se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar el punto de no retorno de la Amazonía, protegiendo el 80% de su territorio hasta 2025.

Garantizar el fin de toda la deforestación ilegal para 2025.

Frenar la expansión de la frontera agrícola, con sanciones a las empresas y responsables de la apropiación de tierras y expulsión de los pueblos de los bosques, así como a los productos que contribuyen a la deforestación, la degradación y la contaminación.

Prohibir que los recursos consignados por el Acuerdo de París se destinen al agronegocio, la minería y las falsas soluciones de replantación de áreas de protección permanente.

Alcanzar la deforestación legal cero para 2027.

Derogar las leyes y disposiciones que promueven la destrucción de la Amazonía.

Rehabilitar, recuperar y restaurar las áreas deforestadas y degradadas.

Reconocer el 100% de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, quilombolas y de las comunidades tradicionales en la Amazonía, garantizando la seguridad global (jurídica y física) de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, el respeto y la protección territorial de los pueblos indígenas aislados y la garantía de una perspectiva de género en la distribución y titulación de las tierras.

Fortalecer alternativas para una transición agroecológica, de producción agroforestal y ecoturística comunitarias.

Garantizar la participación efectiva de los pueblos de los bosques en toda la cadena productiva de la energía, como parte de los procesos de planificación, gestión y gobernanza, para la construcción de una transición energética justa, popular e inclusiva.

Prohibir los subsidios, inversiones y créditos financieros en proyectos que destruyen los bosques.

Clasificar e incorporar el delito de ecocidio en la legislación de los países y castigar efectivamente todos los delitos ambientales.

Exigir que las corporaciones y empresas responsables de desastres ambientales sean procesadas en sus países de origen y obligadas a reparar los daños causados a la naturaleza y a los pueblos.

Promover un financiamiento para la Amazonía y los bosques del Sur Global, que garantice que todas las conversiones de deuda para la acción climática y/o conservación de la naturaleza sean: integrales, transparentes, directas y con la participación de los pueblos amazónicos autodeterminados, autoorganizados y autogestionados; que en los mecanismos actuales de financiamiento se garantice la participación, el control y la fiscalización social, para evitar abusos, despilfarros y corrupción; y que la naturaleza no sea mercantilizada.

Establecer un impuesto sobre el carbono emitido por las grandes industrias y agroindustrias contaminantes, con el fin de destinar esos recursos a salvar la Amazonía y los bosques del Sur Global.

Prohibir las compensaciones forestales y otros mecanismos de especulación financiera y falsas soluciones de mercado en los territorios.

Que los gobiernos inicien proyectos de reforestación masiva en los bosques, los campos y las ciudades, fomentando la producción y distribución de plantones y estimulando la plantación y la recuperación de áreas degradadas.

V – Gestión planificada y adecuada de los recursos hídricos

El agua debe ser utilizada de forma eficiente, garantizando la prioridad para el consumo humano y animal y para la producción agroecológica.

Promover una gestión de los sistemas acuáticos que incluya la creación de áreas acuáticas protegidas para conservar la salud de las cuencas hidrográficas.

Asegurar la previsión/disponibilidad de recursos para el financiamiento subsidiado de la implementación de agroforestería, con énfasis en los productos alimentarios en unidades familiares de producción, articuladas con sistemas de abastecimiento alimentario.

VI – Restricciones a la minería

Interrumpir inmediatamente y combatir la minería ilegal.

Reducir anualmente el uso del mercurio en la minería hasta su eliminación total.

Prohibir la minería en territorios indígenas, ancestrales y comunitarios.

Establecer planes de recuperación y mitigación de las zonas degradadas por la minería.

Implementar planes para la remediación de la salud de las personas y la restauración de los ecosistemas afectados por el mercurio y la minería.

Establecer sistemas de monitoreo y penalización de actividades que comprometan la calidad de las reservas de agua superficiales y subterráneas.

VII – Participación Popular

La población, especialmente los pueblos del bosque y los afectados por el cambio climático, debe tener asiento, voz, voto y poder de veto en las instancias de formulación, decisión y auditoría del empleo de los recursos y en los proyectos y cadenas productivas con impacto significativo en los territorios.

Las instancias/consejos/comisiones institucionales responsables de la evaluación/validación de productos de la ciencia y la tecnología aplicados en los territorios rurales deben prever espacios para la intervención de lxs representantes de las poblaciones afectadas por su uso, tanto antes como durante su autorización de uso a escala comercial.

Cordillera Brooks, Alaska, Estados Unidos, 2009. © Sebastião Salgado

Referencias bibliográficas

Nota