Prefacio

Cuando en nuestro país, Argentina, se anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio en el mes de marzo, habían pasado apenas algunas semanas del 8 de Marzo, fecha en la que nuevamente el movimiento de mujeres y de la diversidad puso en juego una agenda política y una serie de demandas vinculadas a eliminar las violencias por motivos de género y las desigualdades que nos atraviesan en todos los órdenes de la vida.

La pandemia de covid-19 visibilizó o cristalizó varias de las cosas que desde los feminismos y los movimientos sociales venimos diciendo hace tiempo, en primer lugar, que habitamos como “normal” o “natural” un sistema que alcanzó niveles atroces de desigualdad, de exclusión, de odio y discriminación sin precedentes. No es exagerado decir que si no se pone un freno a la normalidad nos dirigimos directo hacia la destrucción del planeta y de la humanidad. En segundo lugar, al atravesar de modo mundial, la covid-19 también ha clarificado la importancia del Estado, revalorizando la intervención estatal, no cualquier tipo de intervención, sino la de un Estado que cuide de las personas, de su salud y preserve la vida.

A la par de ello, la pandemia puso en primer plano al cuidado y a los trabajos de cuidado como nunca antes. Tareas históricamente feminizadas, desvalorizadas social y económicamente, por ende, degradadas dentro de este sistema a labores de segunda o tercera categoría.

Las desigualdades existentes quedaron de manifiesto. No es lo mismo transitar el aislamiento si se vive en una casa o en una casucha, si se tiene trabajo o si no, si se tiene conectividad o no se tiene, si se tiene agua corriente o no, si eres hombre o eres mujer, si eres mujer cis o mujer trans…

La desigualdad que se normaliza como si fuera un fenómeno natural y no político es directamente proporcional al impacto que tiene la crisis sanitaria que estamos viviendo.

Para las mujeres y las diversidades, la agudización de las situaciones de violencias por motivos de género, el aumento de pobreza, a la par del aumento y sobrecarga de las tareas de cuidado son el reflejo de las desigualdades y las opresiones que se viven en “la normalidad”.

En este sentido, el desafío enorme que tenemos en este momento es cómo trazar una estrategia que contemple la emergencia pero que la trascienda. Cómo hacer que ese impacto no nos haga salir de la pandemia más pobres, más violentadas y más explotadas; trabajando, a la par, en las transformaciones estructurales que desarmen las relaciones de poder que reproducen las violencias y las desigualdades.

El rol que tenemos como militantes del feminismo popular es central en la tarea que tenemos por delante. En nuestro país miles de nosotras nos hemos encontrado por más de 34 años a discutir una agenda política del movimiento de mujeres y feminista, intercambiando y organizándonos en los distintos territorios. Tenemos una historia de organización sindical peleando para ampliar nuestros derechos, para que se reconozcan nuestros trabajos. Nos reconocemos en la lucha por los derechos humanos en nuestro país, en nuestras Madres y Abuelas que son parte también de la historia de nuestro movimiento.

En los últimos años este movimiento cobra una potencia arrolladora, hace cinco años irrumpía en las calles argentinas el primer Ni Una Menos, poniendo en agenda la necesidad urgente de políticas públicas de prevención y asistencia de las violencias por motivos de género, exigiendo que no nos maten más. Con el gobierno del partido Cambiemos y la avanzada neoliberal, estos debates del movimiento se ordenaron detrás de una nueva agenda. Cuando hay crisis económica hay feminización de la pobreza y las políticas neoliberales golpean con más fuerza a las mujeres y a las diversidades profundizando las desigualdades, pero se respondió con organización y resistencia. El movimiento de mujeres llevó adelante el primer paro nacional en el 2016 y la masividad que desplegó la marea verde de la mano del debate por el aborto en el 2018 puso en evidencia que el movimiento de mujeres y de la diversidad es uno de los actores más dinámicos de nuestra época.

Con la fuerza de las luchas que nos antecedieron y de la mano de todas nuestras hermanas de la Patria Grande y del mundo, tenemos la obligación de trabajar para salir mejores de esta crisis, de poner en discusión todo y de asegurarnos que de esa discusión se salga con un consenso popular, progresista y feminista.

Eli Gómez Alcorta
Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Argentina

Introducción

En nuestra serie sobre el coronashock hemos discutido sobre cómo un virus que golpeó al mundo con fuerza avasalladora ha puesto rápidamente al descubierto los problemas sociales, políticos y económicos de hoy en día. La covid-19 ha expuesto el desmoronamiento del orden social burgués, a la par que arroja luz sobre la resistencia humanista de las regiones socialistas del mundo.

En medio de esta crisis sanitaria, económica, política y social mundial, son a menudo las mujeres quienes cargan el peso de los cambios catastróficos en su vida cotidiana, desde el aumento del trabajo de cuidado de niñas y niños, personas ancianas y enfermas, hasta las altísimas tasas de violencia de género, ya que las mujeres y las personas de las diversidades sexo genéricas están en cuarentena con sus abusadores. A medida que los países de todo el mundo experimentan diferentes etapas de la pandemia, parece que el año 2020 estará marcado por un intento de adaptarse y sobrevivir en esta nueva realidad.

Durante meses ya, diversos países han estado experimentando con diferentes métodos y etapas de distanciamiento físico y órdenes de confinamiento. Algunos han empezado a aflojar las restricciones y reabrir la economía, mientras que otros están intentando aplanar la curva ascendente de nuevas infecciones. La incertidumbre se cierne sobre cuánto demorará la recuperación de estas incalculables pérdidas sociales y económicas a medida que surgen nuevos desafíos para las sociedades en general.

En este estudio tratamos de entender la actual crisis de salud de manera más completa, lo que significa que también debemos entenderla como una crisis económica y social. En primer lugar, analizaremos los efectos sociales y laborales de la crisis y examinaremos las consecuencias para lxs trabajadorxs que están en la primera línea de la pandemia: trabajadorxs de la salud y esenciales, trabajadorxs informales y las personas más vulnerables de la sociedad. En segundo lugar, abordaremos el trabajo de cuidado y el impacto del confinamiento y las medidas de distanciamiento físico en esxs trabajadorxs. Tercero, examinaremos el aumento de la violencia patriarcal durante la cuarentena, haciendo un análisis histórico y conectándolo con acontecimientos políticos recientes, especialmente en el Sur Global. Al final de este estudio, presentamos una lista de las demandas populares que han sido presentadas por organizaciones feministas y de mujeres de todo el mundo, para construir sociedades más igualitarias, justas y humanas mientras enfrentamos esta crisis global.

I. El impacto social y laboral del coronashock

Estamos viviendo la peor crisis de la historia del capitalismo. La crisis actual fue desatada por un pequeño virus invisible que, sin embargo, llevó a “la mayor huelga general involuntaria de la historia moderna”, en palabras de Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social, ya que forzó al confinamiento en prácticamente todo el planeta. Al menos la mitad de la fuerza de trabajo mundial está sin trabajo o quedándose en casa, lo que ha tenido efectos de gran alcance en las tasas de crecimiento económico del mundo. La mano de obra produce el valor y cuando lxs trabajadorxs son forzados al confinamiento, ninguna economía escapa a las repercusiones. En un mundo globalizado, cuando las cadenas de suministros y las plantas industriales se ven obligadas a cerrar una parte o la totalidad de sus operaciones, el impacto económico se vuelve catastrófico para todos los países, especialmente los del Sur Global.

La aplicación del modelo neoliberal ha hecho aún más complejo enfrentar los desafíos que enfrentamos hoy en día. Como este modelo promueve la reducción de impuestos, las privatizaciones y la tercerización, los Estados se debilitan cada vez más, recortan sus presupuestos y reducen la inversión social. Las políticas de austeridad, un Estado mínimo y el debilitamiento de los sindicatos y las organizaciones sociales han comprometido los recursos sociales y públicos necesarios para enfrentar la pandemia, sea en el ámbito de la atención sanitaria, los servicios sociales o los servicios dedicados a asistir a los sectores más vulnerables. En estas condiciones, la atención de salud y los sistemas de protección social han colapsado, disminuyendo el acceso a ayuda humanitaria esencial.

Kruttika Susarla / Artists For Progressive Politics [Artistas para la Política Progresista] (India), Primero de Mayo, 2020

Las consecuencias de la expropiación neoliberal

La salud no es solo una cuestión individual, es un proceso complejo y socialmente determinado. Este aspecto a menudo se deja de lado en el debate sobre la salud pública, que se centra, en cambio, en las perspectivas biomédicas que reducen los problemas de salud, las estrategias de prevención y los procesos de tratamiento al nivel individual. El proyecto neoliberal amenaza seria y gravemente la salud como un derecho fundamental universal. Los derechos humanos, la universalidad, la equidad, la cobertura, la atención primaria de salud y otras preocupaciones han sido cooptadas y transformadas por la ideología neoliberal.

La ideología neoliberal —que aumentó su hegemonía en América Latina en los años noventa siguiendo el Consenso de Washington— ha promovido exitosamente la idea de que los problemas que enfrenta la región estaban causados por un sector público supuestamente sobredimensionado y que los ajustes fiscales estructurales y la privatización de servicios públicos eran necesarios para resolver estos problemas. Después de décadas de transformaciones neoliberales y políticas de ajuste estructural marcadas por la implementación de nuevas tecnologías y la expropiación de recursos y bienes comunes, finalmente prevaleció el fundamentalismo de mercado. Esto condujo a intervenciones parciales y a corto plazo a costa de políticas públicas eficientes y sostenibles a largo plazo. En medio de este clima político y económico y basándose en el documento “Invertir en salud” (1993), el Banco Mundial intervino en el área de la salud pública forjando una agenda y un modelo de reformas que procuran la mercantilización y privatización del cuidado de la salud.

La lucha contra las crisis de salud como la que enfrentamos hoy en día se ha visto gravemente obstaculizada por la destrucción, el desmantelamiento, despojo y trade-off de los sistemas de salud públicos. Las escenas de desesperación que vimos en todo el mundo —cadáveres abandonados en las calles por el colapso de los sistemas locales, como en el caso de Guayaquil (Ecuador), o las fosas comunes abiertas en diferentes países de América Latina— exponen la profundidad del despojo neoliberal en la región. América es el continente con el mayor número de casos de covid-19 en el mundo, seguida por otros países del Sur Global, como la India.

La Organización Mundial de la Salud estima que lxs trabajadorxs de la salud representan el 10% de las personas infectadas en todo el mundo. Está claro que estar en la primera línea tiene como resultado un mayor riesgo de contagiarse de covid-19 y estar expuestos a un estrés excesivo combinado con sentimientos de incertidumbre. Esta realidad es anterior a la pandemia, pero solo se ha agudizado, provocada por problemas como la escasez de equipos de protección individual, largas jornadas de trabajo, y el riesgo inminente de quedar desempleado o verse obligado al trabajo informal. Además de este estrés, las trabajadoras de la salud continúan realizando el trabajo de cuidado en su vida privada, lo que a menudo incluye trabajo doméstico y cuidado de niñxs y/o personas adultas mayores.

Lo que hace aún más vulnerables a algunos trabajadorxs del sector de la salud —desde personal de limpieza hasta trabajadorxs de cuidado informales— es lo invisibles que son para el sector de salud y la sociedad en su conjunto, una realidad que tiene su origen en factores históricos y sociales que se entrecruzan con la clase, el género y la raza. Esto significa que estxs trabajadorxs tienen menos control sobre sus condiciones de trabajo y no se benefician de las mismas regulaciones ni prestaciones estatales, enfrentando mayores riesgos de salud y seguridad. A medida que la precariedad y el miedo de perder sus ingresos se hacen más evidentes, lxs trabajadorxs son menos proclives a organizarse y sindicalizarse, quedando más sujetxs a la sobreexplotación, malas condiciones de trabajo e inseguridad laboral.

La pandemia ha expuesto claramente los ataques de larga data a la atención de salud y los esfuerzos por mantener servicios gratuitos, públicos y de calidad para la gente, y ha revelado la brecha de género entre lxs trabajadorxs de la salud más vulnerables. No tenemos otra opción que luchar por un mundo donde se reconozca a lxs trabajadorxs y la discriminación de género sea abolida, no solo aplaudiendo desde nuestras ventanas, sino logrando victorias tangibles para la clase trabajadora.

Trabajadoras de la salud en la primera línea

La mayoría de lxs trabajadorxs de la salud son mujeres, especialmente en la enfermería. De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), algunas estimaciones indican que las mujeres representan el 67% de la fuerza de trabajo mundial en atención de la salud. Las mujeres también constituyen la mayoría en el sector de limpieza y particularmente en el trabajo social (90%). En el caso de Brasil, 2 de los 2,7 millones de personas que emplea el sistema de atención de salud público (Sistema Único de Salud – SUS) son mujeres, esto es, el 75,4%.  En términos de demografía racial, el 34% de la fuerza de trabajo del SUS es afrodescendiente, 8% son hombres negros y 26% son mujeres negras.

A pesar de que las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo, la industria mundial de la atención de salud está dirigida principalmente por hombres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 69% de las organizaciones mundiales de la salud están dirigidas por hombres, solo 20% tienen paridad de género en sus juntas directivas y el 25% ha alcanzado paridad de género en los puestos directivos superiores. La OMS también demostró que mientras las mujeres en este sector trabajan más horas, se les paga 11% menos que a los hombres.

En Argentina, el sector de salud se ha caracterizado históricamente por una fuerte feminización de las funciones técnicas, operacionales y de limpieza, y una gran masculinización de las funciones profesionales y jerárquicas. Los datos disponibles indican que el 82% del total de auxiliares, técnicxs y graduadxs de enfermería son mujeres. La novedad de las últimas décadas es el proceso de “feminización de la profesión médica”, lo que implica una modificación del campo, históricamente dominado por el sexo masculino. Actualmente, son mujeres el 70% de lxs profesionalxs de salud, y la mayoría de quienes estudian y se gradúan de medicina en las universidades. Sin embargo, las mujeres ocupan solo el 40% de las posiciones jerárquicas. En el sector privado, la brecha de género es aún más profunda: solo el 13% de los puestos de dirección están en manos de mujeres.

El proceso de feminización de estas ocupaciones no fue acompañado por un aumento en el porcentaje de mujeres en puestos de dirección y gestión en las instituciones de salud, ya sea en hospitales, departamentos de salud de los gobiernos locales y nacionales, asociaciones profesionales, organizaciones científicas o sindicatos. Eso también tiene un profundo impacto en la brecha salarial, ya que a las mujeres se les paga entre 10 y 20% menos que a los hombres, de acuerdo con un informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (Argentina) de 2018.

Salarios, raza, género y el lado invisible del trabajo en salud.

Al igual que en otros espacios, también existe un fuerte componente de discriminación en la gestión del trabajo en el sistema de salud, una realidad que surge de las raíces patriarcales y neocoloniales que dan forma a este sistema. El impacto es evidente en las diferencias salariales, de nivel educativo y las posiciones de liderazgo entre hombres y mujeres y según la etnicidad, lo que revela la necesidad de políticas públicas activas que conduzcan a la igualdad de género y racial.

En todo el mundo y en todas las áreas económicas, a las mujeres todavía se les paga 20% menos que a los hombres por el mismo trabajo, y están desproporcionadamente empleadas en trabajos peor pagados. En los lugares de trabajo se sigue considerando que las mujeres son menos competentes, disfrutan de menos prestigio, tienen menos probabilidades de ascenso y menos acceso a prestaciones laborales básicas como la sindicalización, la seguridad social, la seguridad del trabajo y salarios decentes. En Brasil, por ejemplo, la diferencia entre la mayor y la menor remuneración entre los empleos en el sistema público de salud es de siete veces. En general, las mujeres reciben el 75% de la remuneración de los hombres, y a las mujeres negras se les paga el 60% de lo que ganan los hombres blancos.

Además de la disparidad de remuneración entre hombres y mujeres, también existe una disparidad en el acceso a oportunidades de trabajo en el sector sanitario formal. De acuerdo con Women in Global Health, aunque las trabajadoras del sector de salud contribuyen al PIB mundial con alrededor de 3 billones de dólares, casi la mitad de ese trabajo se realiza sin reconocimiento o pago. En Argentina, mientras el 77,1% de las trabajadoras de la salud tienen empleos formales y contribuyen para su jubilación, el porcentaje entre los trabajadores es más alto, 81,3%. Existe una brecha de 5,5% entre el número de hombres y mujeres registrados como profesionales de la salud —como médicos— y otro personal —como enfermeras, trabajadoras sociales y custodios—, lo que a su vez tiene implicaciones en la discrepancia de salarios entre mujeres y hombres en el sector de la atención de salud.

El papel de estas trabajadoras en la economía popular también ha cobrado importancia en el contexto de la pandemia, principalmente en las zonas de clase trabajadora. La crisis sanitaria adquiere contornos propios en los asentamientos y periferias, donde la gente vive sin acceso a servicios públicos e infraestructura básica, como agua, luz y alcantarillado, creando un caldo de cultivo para que el virus se propague en condiciones de vida precarias. La población de estos barrios está en la primera fila de las necesidades básicas de salud, de orientación y atención durante la pandemia.

En Argentina, las trabajadoras de la economía popular son las que están en la primera línea de la estrategia sanitaria en los barrios de clase trabajadora: están encargadas de la investigación y la subsecuente asistencia a personas adultas mayores y población en riesgo que vive sola. Son ellas —en coordinación con los centros de salud, hospitales y programas de salud— quienes aplican pruebas casa por casa, y acompañan a las personas y familias que precisan estar aisladas. No solo resuelven la gestión de la crisis de salud, sino que también proporcionan alimentación, bienes esenciales y cuidados generales en la comunidad. Estas llamadas “promotoras de salud de la comunidad” —que a menudo proporcionan atención primaria de salud, pero no están registradas en el sistema de salud— generalmente no son reconocidas ni pagadas.

En Sudáfrica, lxs trabajadorxs comunitarixs de salud (CHW por su sigla en inglés) —que han desempeñado un papel fundamental en la primera línea, aunque a menudo tienen contratos temporales— organizaron un protesta en julio de 2020, exigiendo empleo a tiempo completo y un mayor reconocimiento de su contribución a las instituciones públicas de salud. “¿Cómo se puede confiar en nosotros para examinar y hacer pruebas a las comunidades por covid-19, pero no se nos permite compartir nuestros puntos de vista sobre el trabajo en la primera línea en foros de salud?”, preguntó Noluthando Mhlongo, una CHW de KwaZulu-Natal.

Los esfuerzos por poner de relieve estas realidades y este trabajo esencial están comenzando a dar forma al debate sobre políticas públicas, en particular en lo que se refiere a la promoción de la capacitación profesional y la garantía de su remuneración. Debemos dar crédito a sus demandas de ser remuneradxs y reconocidxs por su trabajo y de ser tratadxs con igualdad.

Trabajadorxs informales y desempleo

Desde el comienzo de la pandemia, la mayoría de las personas se han enfrentado a la cruda problemática de cómo mantenerse a sí mismas y sus familias a medida que la economía se contrae cada vez más. Esta realidad es particularmente seria para trabajadorxs informales y desempleadxs y para las mujeres. Antes de la pandemia, la economía informal estaba compuesta predominantemente por mujeres. Ahora, masas de trabajadoras están perdiendo sus empleos y sus ingresos en medio de la pandemia.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres están empleadas desproporcionadamente en muchas de las industrias severamente afectadas por la crisis. Casi 510 millones (40%) de todas las mujeres empleadas en el mundo trabajan en las cuatro áreas más afectadas: hoteles, restaurantes, comercio minorista y manufactura. Las mujeres también están empleadas predominantemente en trabajo doméstico, atención de la salud y servicios sociales, lo que las pone en mayor riesgo de contraer covid-19 y de perder su fuente de ingresos si se contagian. También tienen menos probabilidades de acceder a beneficios sociales.

En el mismo informe, la OIT indica que la crisis podría causar un aumento en las tasas relativas de pobreza en América Latina y el Caribe, con un incremento del 54% en el número de trabajadorxs informales, que pasaría de 36% antes de la crisis de la covid-19 al 90%. El trabajo informal significa empleos inestables, bajos ingresos y ninguna protección social para enfrentar emergencias de salud o situaciones como el desempleo y la falta de derechos laborales.

Cuando el sector formal cierra sus puertas a las mujeres, no les queda otra alternativa que el sector informal (que históricamente se han visto obligadas a ocupar), en el cual están sujetas a condiciones de trabajo precarias y bajos salarios. Las mujeres son golpeadas especialmente fuerte cuando las autoridades locales toman medidas drásticas contra lxs vendedorxs ambulantes y otros trabajadorxs informales cuya subsistencia depende del acceso a espacios públicos. Según los datos disponibles, se estima que entre el 30% y el 40% del comercio total dentro de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por su sigla en inglés) está relacionado con comerciantes informales transfronterizos. En Sudáfrica, el comercio informal y transfronterizo se ha detenido casi por completo en todo el país; se cerraron 35 puestos de frontera terrestre, así como otros puestos con países vecinos como Mozambique y Zimbabue. Escenas en que las mujeres cierran sus puestos de fruta se han vuelto comunes en lugares como la población fronteriza de Komatipoort en Sudáfrica. Estxs trabajadorxs, en su mayoría mujeres, se quedan sin ingresos y con la incertidumbre sobre cuándo podrán reanudar su trabajo.

Incluso antes de la pandemia, más de 1.600 millones de personas —la mitad de la fuerza de trabajo mundial— trabajaban en el sector informal, enfrentando constantemente la posibilidad de perder sus medios de subsistencia. Naciones Unidas estima que lxs trabajadorxs informales en todo el mundo perdieron 60% de sus ingresos en el primer mes de la pandemia. La OIT estima que estas cifras son aún peores en América Latina y el Caribe, donde los ingresos de lxs trabajadorxs informales se han reducido 80% en el mismo período. De lxs trabajadorxs informales de la región, el 59% son trabajadorxs por cuenta propia, mientras que el 31% están empleados por micro y pequeñas empresas. Solo en Brasil, más de 600.000 micro y pequeñas empresas se han visto obligadas a cerrar desde que comenzó la pandemia y se prevé que el desempleo se duplique o quizá cuadruplique hasta finales de año.

En la India, de acuerdo con el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), casi el 90% de la fuerza de trabajo está en el sector informal, lo que la convierte en la mayor fuerza de trabajo de la economía. El informe indica también que alrededor de 400 millones de trabajadorxs que pertenecen al sector informal experimentarán extrema pobreza a medida que la crisis se intensifique. La precariedad del sector informal afecta de manera desproporcionada a las mujeres: 94% de las mujeres que forman parte de la fuerza de trabajo en la India están en el sector informal. A pesar del enorme número de trabajadorxs del sector informal de la India —que contribuyen significativamente al PIB del país— su bienestar ha sido enormemente descuidado. Lxs trabajadorxs de la India se enfrentan a desafíos adicionales a medida que las leyes laborales se debilitan en el gobierno actual, encabezado por el Bharatiya Janata Party (BJP), incluido un ataque a la jornada laboral de ocho horas.

El Observatorio de la OIT también destaca que el 94% de lxs trabajadorxs del mundo viven en países con algún nivel de cierre de lugares de trabajo, muchos de lxs cuales han perdido sus empleos durante la pandemia. En medio de esto se encuentran niveles crecientes de ansiedad y depresión provocados por la pandemia y la situación cada vez más precaria que enfrentan lxs trabajadorxs del sector informal. A nivel mundial, “Más de la mitad de lxs jóvenes encuestadxs se han vuelto vulnerables a la ansiedad o la depresión desde el comienzo de la pandemia. Uno de cada seis ha dejado de trabajar y 60% de las mujeres y 53% de los hombres veían sus perspectivas laborales con incertidumbre y temor. Lxs jóvenes que habían dejado de trabajar corrían mayor riesgo de ansiedad y depresión”.

El surgimiento de un nuevo tipo de economía de contratos muy cortos está institucionalizando aún más la precariedad y la informalidad. Este nuevo fenómeno, también conocido como la “uberización” del trabajo, es el resultado de décadas de cambios que han deteriorado las condiciones de trabajo y la seguridad laboral. Este proceso maximiza la sobreexplotación creando la llamada mano de obra “justo a tiempo”, un sistema que requiere que lxs trabajadorxs estén constantemente listxs para presentarse a trabajar, pero solo los llama a trabajar cuando hay demanda. Se les paga por horas, o incluso por minutos, por el tiempo que tardan hacer una entrega o terminar un servicio temporal, que externaliza el coste de los tiempos de inactividad a lxs trabajadorxs en lugar de a las empresas. Esto ha tenido un impacto desproporcionado en lxs trabajadorxs jóvenes y en las mujeres pobres (sobre todo mujeres racializadas o migrantes), y se ha convertido en una fuente de empleo poco fiable para un enorme número de personas, así como una alternativa ante la escasez de puestos de trabajo y la falta de fuentes de ingreso.

A medida que estas tasas sigan aumentando, cada vez más personas, y en especial cada vez más mujeres, se verán obligadas a caer en la pobreza en todo el mundo. Ellas se las han arreglado para sobrevivir con trabajos informales, vendiendo en las calles, recogiendo basura, reciclando, como pequeñas agricultoras. El distanciamiento físico y las medidas de confinamiento socavan los medios de subsistencia cotidianos de estas mujeres —que a menudo son jefas de hogar—, ya que no pueden trabajar desde su casa, remotamente o en línea y porque muchas de ellas dependen de calles llenas, mercados públicos y pequeñas empresas.

Trabajo doméstico remunerado en el Sur Global

Lxs 67 millones de trabajadorxs domésticos del mundo constituyen un sector clave de la fuerza de trabajo informal. Este sector de la fuerza de trabajo —80% del cual son mujeres— representa la gran mayoría del sector informal en buena parte del mundo. Además de sufrir de muchas de las mismas condiciones que otrxs trabajadorxs informales, como la inseguridad laboral y condiciones precarias, lxs trabajadorxs domésticxs a menudo están privados de las escasas prestaciones que se ofrecen a otros trabajadorxs precarios.

En la India, la mayoría de lxs trabajadorxs domésticxs son mujeres y niñas, que no tienen poder de negociación ni ninguna garantía de empleo. No tienen ninguna de las prestaciones de la seguridad social ni las protecciones legales garantizadas a otros trabajadorxs —incluso aquellxs en el sector informal— como salario mínimo u otras prestaciones. Sus altas tasas de analfabetismo y sus bajos niveles de educación formal las han hecho aún más vulnerables a terribles condiciones laborales, inseguridad laboral y bajos salarios. La pandemia ha exacerbado esta vulnerabilidad y muchas han perdido sus empleos o no les han pagado por sus servicios. De acuerdo con la National Sample Survey Office (NSSO) [Oficinal Nacional de Encuestas por Muestreo], la cifra oficial de trabajadorxs domésticxs en la India es de 4,2 millones. Sin embargo, según algunos estudios, el número real estaría entre 50 y 90 millones, más de diez veces la cifra oficial.

En América Latina, un tercio de lxs trabajadorxs informales son empleadxs domésticxs. En Brasil, las mujeres son el 97% de lxs trabajadorxs domésticxs, y ganan 78,4% de lo que se les paga a los hombres por el mismo trabajo, incluso aunque los trabajadores domésticos son apenas 1% de todos los hombres que trabajan fuera de casa. Entre los aproximadamente 7 millones de trabajadoras domésticas en el país, casi 5 millones no tienen seguridad laboral (están sometidas a empleo informal) y son contratadas por día. Estas trabajadoras domésticas informales reciben una remuneración aún menor, ganan un 60% menos que lxs trabajadorxs domésticxs formalmente empleadxs.

En Sudáfrica, los más de un millón de trabajadorxs domésticxs, que también son desproporcionadamente mujeres, son el 8% de la fuerza de trabajo del país. Algunxs trabajadorxs domésticxs viven en la casa de sus empleadores, mientras que otrxs enfrentan largos desplazamientos diarios desde las periferias de grandes ciudades o pueblos vecinos. Si bien a algunxs se les concedió licencia remunerada y pueden permanecer en sus hogares con sus familias durante la pandemia, la mayoría de las personas que realizan trabajo doméstico informal y reciben pago por día de trabajo no pueden subsistir si practican distanciamiento físico. Se enfrentan a dos opciones: seguir los protocolos públicos de seguridad, quedarse en casa por la covid-19 y enfrentarse a la posibilidad de morir de hambre y ser desalojadxs, o romper las normas de restricción, aumentando el riesgo de infección y asegurando potencialmente una fuente de ingreso.

A medida que la crisis económica se profundiza, lxs trabajadorxs domésticxs se ven acosadxs por la incertidumbre de si tendrán o no trabajo después de la cuarentena. De acuerdo con los sindicatos sudafricanos de trabajadorxs domésticxs, el sector es uno de los más susceptibles a los recortes si las familias de clase media que lxs contratan están luchando por salir adelante. Las mujeres migrantes indocumentadas son especialmente vulnerables.

Aunque los gobiernos de varios países han anunciado planes de socorro económico, se demoraron en introducir medidas para el sector informal, aplazaron su implementación y redujeron la cantidad de ayuda que se proporcionaría. Mientras tanto, los ricos solo se han enriquecido durante la pandemia. Un informe reciente de Oxfam mostró que en América Latina y el Caribe, por ejemplo, la riqueza acumulada por los grupos más ricos entre marzo (el comienzo de la pandemia) y junio de este año equivale a un tercio de los fondos proporcionados por los paquetes de estímulo económico aplicados en la región. La fortuna de 73 multimillonarios de América Latina aumentó en 48.200 millones de dólares en este período, mientras que un gran número de personas de la región perdieron sus empleos y fuentes de ingreso. Entre marzo y finales de julio, surgieron ocho nuevos multimillonarios en la región, uno cada dos semanas. Mientras tanto, se espera que este año 40 millones de personas pierdan sus empleos y 52 millones caigan en la pobreza en América Latina y el Caribe.

El Estado neoliberal no está al servicio de la humanidad. La lógica capitalista no tiene en cuenta a lxs trabajadorxs domésticxs, informales ni a lxs desempleadxs; les promete la oportunidad de tener éxito, pero solo les ofrece una mayor explotación, salarios más bajos y vidas más precarias. No les puede evitar el hambre y la miseria. Este es un mundo donde todxs lxs “nadies” mueren, como escribió elocuentemente Eduardo Galeano:

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. (…)

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

La creciente vulnerabilidad social: pobreza, desalojos y migración forzada.

La crueldad del sistema capitalista y de sus Estados ha empujado a la humanidad a su límite en la era de covid-19. Aunque había esperanza de que la tasa de pobreza de las mujeres se redujera un 2,7% entre 2019 y 2021, ahora como resultado de la pandemia se estima que la tasa subirá en un 9,1%. Esto significa que, para 2021, 96 millones de personas caerán en la extrema pobreza, 47 millones de ellas mujeres y niñas. Esto aumentará el número total de mujeres y niñas en extrema pobreza a 435 millones.

Esto es resultado de políticas adoptadas por los estados capitalistas en este período, impulsadas por una preocupación por las ganancias y no por la humanidad. Esta orientación contrasta fuertemente con las políticas implementadas en partes del mundo con gobiernos socialistas, desde Kerala (estado de la India) hasta Venezuela y Vietnam, como muestra un reciente estudio del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Entre las políticas desalmadas implementadas durante este período están los desalojos de individuos, familias y comunidades enteras en medio de la pandemia. Mujeres y niñxs han perdido sus casas, y como consecuencia, sus medios de subsistencia, como sucedió con las familias brutalmente desalojadas de un campamento del MST en Brasil en agosto de este año. Los desalojos que se están llevando a cabo en Sudáfrica, así como la migración forzada en India después de que se anunciara el confinamiento con muy poco tiempo de aviso y sin apoyo estatal, son dos ejemplos de la realidad que enfrenta la mayoría de la población mundial en los estados capitalistas en medio de la pandemia.

En la India, la primera fase del confinamiento se anunció el 23 de marzo de 2020, con aviso apenas cuatro horas antes y una duración de 21 días. El confinamiento, que se prolongaría continuamente, carecía por completo de una hoja de ruta adecuada para su aplicación. Cuestiones fundamentales quedaron en el aire: cómo las personas iban a acatar el confinamiento, a dónde ir si se quedaban varadas, cómo alimentarse y cubrir sus necesidades básicas para sobrevivir con una repentina pérdida de ingresos. Como resultado, la India fue testigo de la mayor migración a pie desde la Gran Partición, cuando el subcontinente fue dividido entre India y Pakistán en 1947. Aunque la migración por falta de oportunidades no es algo nuevo, la pandemia y el confinamiento subsecuente han sacado a la luz estas penurias. De acuerdo con la Encuesta Económica (2017), alrededor de 139 millones de migrantes estacionales o circulares realizan trabajo esencial en la India que permite el funcionamiento del resto de la economía, desde las fábricas hasta los edificios de oficinas.

A pesar de ello, lxs migrantes a menudo están excluidos de varios programas gubernamentales. Muchxs son de zonas rurales pero se han trasladado a las ciudades para encontrar trabajo, dependen de habitaciones alquiladas para alojarse y carecen de ahorros y salario regular. Después del confinamiento surgieron una serie de informes que describían el sufrimiento de lxs trabajadorxs migrantes que se quedaron varados en las grandes ciudades metropolitanas sin alojamiento, comida, ingresos ni ahorros para volver a casa. Durante el período inicial del confinamiento, decenas de miles de personas se vieron obligadas a caminar cientos de kilómetros sin medios de transporte disponibles para regresar a sus pueblos y ciudades de origen.

Al constatar la falta de respuesta del Gobierno a la situación de lxs trabajadorxs migrantes, el Tribunal Supremo intervino y emitió su primera orden el 26 de mayo, seguida de una orden provisional el 28 de mayo y la orden completa el 5 de junio. Las órdenes hacían hincapié en los lapsos en que el Gobierno no proporcionaba medios adecuados a lxs trabajadorxs migrantes varadxs y no facilitaba sus medios de transporte durante el confinamiento. Como reportó PRS Legislative Research, la Corte Suprema ordenó al Gobierno central y a los Gobiernos estaduales que se responsabilizaran de la crisis de los migrantes a través de una serie de medidas. Entre ellas se incluía proporcionar alimentos gratuitos a lxs migrantes varadxs, ordenar que el estado que recibiera a lxs migrantes pagara su transporte lo antes posible y dentro de los quince días siguientes a la emisión de la orden el 9 de junio, y garantizar que lxs trabajadorxs migrantes no pagaran el pasaje de tren o autobús.

A pesar de estas órdenes, la situación de la India sigue siendo sombría, ya que millones de personas de clase trabajadora sufren y luchan cada día por su supervivencia. El informe “Vidas trabajadoras: hambre, precariedad y desesperación en medio de la pandemia” documenta la respuesta de una serie de trabajadorxs migrantes y arroja luz sobre los problemas que enfrentan. Un migrante varado relató lo siguiente:

Bhagwam bharose chal rha hai kyunki sarkar se koi umeed hai nahi; woh bas ghosana kr deti hai, mara jata hai gareeb. [Se nos deja que nos defendamos solos porque no tenemos ninguna expectativa del gobierno. Solo hacen anuncios repentinos; son los pobres los que pagan el precio].

Una situación similar se ha producido en Sudáfrica durante la pandemia, ya que se están llevando a cabo desalojos en todo el país. En todas las principales ciudades los gobiernos municipales han desalojado a personas que vivían en barracas, en contravención tanto de las leyes del país que prohíben llevar a cabo desalojos sin una orden judicial, como de las normas que rigen el confinamiento, que incluyen una moratoria de los desalojos. En Durban, Abahlali baseMjondolo, un movimiento de habitantes de barracas —que es el mayor movimiento popular surgido en el país desde el fin del apartheid— ha sido objeto de desalojos diarios durante los cuales ha habido una considerable violencia estatal y en ocasiones se ha disparado munición real a lxs moradorxs. El movimiento cuenta con más de 75.000 miembros activos en Durban, la mayoría de los cuales son mujeres, y en muchos casos madres, luchando por proteger sus hogares.

Ezrena Marwan (Malasia), Pisang Topeng, 2020

La organización de mujeres de Abahlali ha emitido dos declaraciones explicando el impacto de género de los desalojos: “¿Por qué este sufrimiento?” y “¡Sekwanele! ¡Ya es suficiente!”. En la primera declaración, las mujeres dicen que:

Tenemos miedo del coronavirus, pero no hay virus peor que no tener un lugar donde quedarse. No hay un virus peor que hombres armados atacando y destruyendo tu casa. No hay virus peor que hombres armados disparando a tu familia, incluyendo niñxs y personas ancianas. No hay virus peor que tener que dormir afuera, donde siempre tenemos miedo de ser violadas. No hay virus peor que nuestros niñxs despertando en medio de la noche y gritando de miedo.

En conjunto, estas dos declaraciones señalan que los desalojos colocan a las mujeres en riesgo muy alto de agresión sexual cuando tienen que dormir a la intemperie después de los desalojos. Los desalojos causan un tremendo estrés y ansiedad en lxs niñxs, cuyo impacto es manejado sobre todo por las mujeres, algunas de las cuales además han perdido a sus compañeros debido a esta violencia estatal.

Las formas comunes de organización como reuniones o protestas callejeras son imposibles durante el confinamiento. Es increíblemente difícil acceder a apoyo legal o prepararse para las acciones judiciales por varias razones: es difícil viajar, las estaciones de policía se han negado a certificar documentos y firmar declaraciones juradas, etc. Para las mujeres que ya no tienen ingresos durante el confinamiento, la organización en línea también es imposible. Es de vital importancia que las organizaciones formadas por activistas de género de clase media permanezcan muy alertas sobre lo difícil es organizarse en el confinamiento para las mujeres que han perdido sus ingresos durante esta crisis.

Mantener los frágiles logros alcanzados por las activistas de base de los derechos de las mujeres en anteriores oleadas de lucha requerirá concentración y fortaleza. También requerirá que miremos con un lente de género incisivo cada movimiento de los gobiernos y los Estados en los próximos meses.

El impacto del coronashock en las diversidades sexo genéricas

Como hemos comentado, el impacto de la covid-19 es muy diferente en distintas comunidades de todo el mundo. Los peores efectos del virus los han sentido comunidades marginadas por clase, raza, orientación sexual, género y especialmente, identidad de género. Las condiciones previas causadas por la transfobia, fuertemente agravadas también por la clase y la raza, ponen a las personas trans en el punto de mira de la covid-19. En esta sección, vamos a describir brevemente algunos de los principales desafíos que enfrentan a nivel mundial las personas de las diversidades sexo genéricas, especialmente la comunidad trans, en medio de la pandemia de covid-19.

El primer desafío para medir el impacto de la covid-19 en la comunidad trans es que prácticamente no hay datos. Esto no es casualidad, a pesar de los impactos objetivos de la discriminación, la violencia patriarcal y la marginalización de la vida material de las personas trans, ellas son en gran medida invisibles. En Estados Unidos, el estado de California es uno de los pocos que recoge información del impacto de la pandemia en la comunidad trans. En Brasil, los datos nacionales sobre los 12,9 millones de desempleadxs no mencionan a las personas trans, tampoco lo hacen los informes gubernamentales sobre el aumento de 53% de las personas sin techo en la ciudad de São Paulo en los últimos cuatro años (de 15.900 personas en 2015 a 42.300 en 2019). Si bien es imposible cuantificar totalmente el impacto de la pandemia en las personas trans, las redes de apoyo de la comunidad ven esta realidad en sus vidas y en las calles y señalan que hay un número desproporcionado de personas trans entre las personas desempleadas y sin techo.

La disparidad comienza temprano en la vida, muchos niñxs de diversidades sexo genéricas, y especialmente lxs trans, son expulsados de sus hogares por familias que no les apoyan, lo que resulta en menores niveles de educación y habilidades profesionales requeridas por buena parte del sector formal, elemento que es agravado por la discriminación. Las personas trans son a menudo obligadas a permanecer en el armario o corren el riesgo de perder sus empleos, lo que provoca niveles mucho más altos de depresión, ansiedad y suicidio. Una investigación realizada entre 498 personas trans (452 mujeres trans y 46 hombres trans) mostró que en Argentina el 40% de los hombres trans y un tercio de las mujeres han intentado suicidarse en algún momento de su vida, comenzando en promedio a los 13 años en el caso de los hombres y 16 en el caso de las mujeres. Otra encuesta realizada en Estados Unidos entre 27.715 personas trans encontró que el 40% de las personas encuestadas había intentado suicidarse en algún punto de su vida, una cifra ocho veces mayor que la de la población total. En la medida en que muchas escuelas se cierran y dependen del aprendizaje virtual, lxs niñxs trans en hogares que no los apoyan están atrapados con sus abusadores.

En la era de la covid-19, esto significa que niñxs y adultos sin techo tienen un riesgo mayor de exposición a la enfermedad y tienen menos acceso a atención si contraen el virus. Algunos relatos señalan que, al contrario de muchxs migrantes que se apresuraron a regresar a sus hogares con escasos recursos en medio de una tremenda adversidad, las personas adultas y niñxs trans a menudo no tienen un hogar o familia donde volver. Muchas personas trans también son migrantes, como se ha visto con la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos, donde a lxs migrantes que sobreviven al traicionero viaje se los mantiene en centros de detención miserables y hacinados.

En Sudáfrica, la covid-19 ha arrojado luz sobre la complejidad de las luchas de lxs refugiadxs de minorías sexuales y de género. Victor Chikalogwe, el coordinador de proyectos de género y diversidades sexo genéricas y refugiadxs en People Against Suffering, Oppression and Poverty (PASSOP) [Gente contra el Sufrimiento, la Opresión y la Pobreza], señala que el trauma severo y prolongado que los refugiados queer experimentan en sus países de origen se agrava una vez que las personas intentan establecerse en Sudáfrica. En un artículo en New Frame, Chikalogwe señala que “a diferencia de muchxs refugiadxs que pueden confiar en el apoyo de sus comunidades o compatriotas, usualmente no es posible que lxs refugiadxs de minorías sexo genéricas hagan eso. Sin ese apoyo, puede ser mucho más difícil para ellxs”.

No sorprende entonces que, dada esta realidad, las personas trans estén desproporcionadamente sin techo. Según una encuesta en Buenos Aires, el 65% de las personas trans viven en habitaciones de hotel precarias y subsidiadas por el Estado para personas que no pueden pagar alquiler; 22,5% alquilan sus casas, 6,6% viven en refugios o en las calles y apenas 5,9% tienen casa propia. La discriminación juega un papel importante, ya que a las personas trans a menudo se les niega oportunidades de vivienda estable, se encuentran con propietarios abusadores o con alquileres exorbitantes. Florencia, una mujer trans, cuenta que “No tenemos comprobante de ingresos, y enfrentamos el estigma de que las mujeres trans alquilan para convertir el lugar en un burdel, entonces nos cobran el doble o el triple de alquiler que a otras personas”.

En Hyderabad (India), hay afiches que advierten que hablar con personas trans podría exponerlos a contraer covid-19. Basados únicamente en la transfobia y el miedo, rumores como este tienen, sin embargo, consecuencias concretas: The Hindu reporta que “complejos habitacionales pidieron a personas trans abandonar sus alojamientos alquilados”.

Las personas trans también son sistemáticamente excluidas del mercado laboral formal y con frecuencia solo les quedan las opciones del trabajo sexual o mendigar. Por ejemplo, poco después de que Sudáfrica fuera puesta en confinamiento nacional en marzo de 2020, la Grupo de Trabajo para la Educación y la Defensa de Trabajadorxs Sexuales (SWEAT por su sigla en inglés) anunció el 6 de mayo que lxs trabajadorxs sexuales, muchxs de quienes son trans, eran “lxs más marginadxs de todxs lxs trabajadorxs porque su profesión no está reconocida como trabajo en Sudáfrica”. Según Larisa Heüer, académica asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, el estatus ilegal de lxs trabajadorxs sexuales los hace especialmente vulnerables a los abusos de policías, profesionales de la salud y clientes. Heüer resalta que la falta de acceso a la justicia de lxs trabajadorxs sexuales crea condiciones de trabajo malas y peligrosas y fomenta su continua estigmatización en la sociedad sudafricana. La pérdida de ingresos precipitada por la pandemia solo agravó las ya deterioradas condiciones, como la falta de abrigo y la imposibilidad de acceder a comida, medicamentos y otras necesidades básicas.

En Argentina, 90% de las mujeres trans trabajan o han trabajado como trabajadoras sexuales, y solo una de cada diez mujeres y hombres trans tiene aportes jubilatorios. En palabras de una trabajadora sexual panameña, Mónica, quien mantiene a su familia y a dos hermanas con sus ingresos, “Muchas personas trans trabajan como trabajadoras sexuales aquí en la ciudad”, dice. “¿Es nuestra primera opción? No, pero es regular y significa que puedo cuidar a mi familia”. Como las vendedoras ambulantes, el impacto del distanciamiento físico y la cuarentena ha prácticamente evaporado el ingreso de lxs trabajadorxs sexuales y mendigxs.

A esto se suma el hecho de que muchas personas trans no tienen documentación básica y, como escribe Divya Trivedi de Frontline sobre la situación de la comunidad trans en la India, “ellxs entonces permanecen fuera de la cobertura de los programas de seguridad social del gobierno como raciones y pensiones, lo que hace imposible que sobrevivan en estos difíciles tiempos de confinamiento”. Esta falta de documentación básica también les excluye de programas de ayuda básica, como la escasa asistencia financiera y alimentaria proporcionada por el gobierno, así como otros beneficios de la seguridad social, como pensiones.

En Brasil, buena parte de la comunidad de diversidad sexo genérica, y en particular la comunidad trans, no tiene la documentación de identificación necesaria para acceder a la poca ayuda que proporciona el gobierno. Las personas trans están dentro del 40% de la población afrodescendiente que no tiene acceso a internet, lo que constituye una primera gran barrera para inscribirse en los programas de ayuda.

Excluidxs de la fuerza de trabajo formal, expulsadxs de las redes de apoyo familiar, y negada la ayuda del gobierno, las personas trans tienen muchas más probabilidades de sufrir afecciones médicas preexistentes, y menos probabilidades de recibir atención médica si se enferman. En Brasil, la esperanza de vida media de las personas trans es de 35 años, comparada con el promedio de 76,3 años de la población en general, de acuerdo con la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales.

Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial las mujeres trans “tienen 49 veces más posibilidades de vivir con VIH que otrxs adultxs en edad reproductiva con una prevalencia mundial estimada de VIH del 19%”. Esta disparidad es aun mayor en algunos países donde la tasa de prevalencia del VIH entre las mujeres trans es 80 veces mayor que entre la población adulta en general. Las personas positivas para VIH/SIDA pueden tener el sistema inmune comprometido, lo que lxs pone en mayor riesgo de morir por covid-19, como señala un informe.

En Brasil, 60% de quienes mueren por VIH/SIDA son hombres negros homosexuales. En la misma línea, la OMS anota que hay pocos datos disponibles sobre las tasas de VIH entre hombres trans. Más aún, muchas personas seropositivas para VIH no revelan su estatus por temor a la discriminación, lo que pone en riesgo de subregistro a las estimaciones formales. La falta de acceso a empleos estables y a servicios de salud contribuye a que estas enfermedades muchas veces no se traten o se traten insuficientemente, y es más posible que se dejen de lado a medida que se da prioridad al tratamiento de covid-19.

Además, barreras históricas como la discriminación impiden que muchas personas trans busquen atención médica. Un estudio realizado en Argentina muestra que, hasta la reciente aprobación de la Ley de Identidad de Género (2012), siete de cada diez personas trans dependía del sistema público de salud y ocho de cada diez experimentaban discriminación por su identidad de género (aunque esta cifra ha disminuido a tres de cada diez desde la implementación de esta ley). Entrar a un hospital para buscar atención muchas veces implica someterse a acoso, burlas, denegación de atención médica e incluso abuso físico y sexual.

La exclusión de la atención de salud se ve agravada por lo que algunos llaman “transgenocidio”, oficialmente sancionado por el Estado y las políticas públicas. Un ejemplo reciente en los Estados Unidos: en junio el gobierno de Trump intentó reducir las protecciones contra la discriminación de las personas trans en la atención de salud, lo que resultó en un nivel récord de llamadas a las líneas de crisis para personas trans que ya se habían disparado en un 40% desde el comienzo de la pandemia. Aunque un juez detuvo los esfuerzos de Trump en agosto, su gobierno ha logrado eliminar otras protecciones y una amenaza constante de aumento de la precariedad se cierne sobre la comunidad trans.

Por otra parte, en algunos países se implementaron políticas públicas específicas para esta comunidad durante la pandemia, en particular para hacer frente a la precaria situación de muchos transexuales. En Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en articulación con organizaciones de la sociedad civil, reforzó la asistencia alimentaria a las personas de diversidades sexo genéricas, a través de la entrega de alimentos durante el periodo de confinamiento. Asimismo, se incorporó a la comunidad trans a los programas de ayuda social implementados por el gobierno nacional durante la pandemia. El 4 de septiembre, el gobierno nacional sancionó por decreto el Cupo Laboral Travesti Trans en la administración pública nacional. Esto implica que el personal de la administración pública nacional deberá incluir a personas trans en su plantilla de personal al menos en un 1 por ciento.

Una ley reciente en Brasil muestra la absoluta insensibilidad del Estado contra las personas pobres, de clase trabajadora, racializadas, de diversidades sexo genéricas y otros grupos marginados, permitiendo la cremación sin certificado de defunción, dando carta blanca al Estado para quemar y desaparecer los cuerpos no reclamados. A pesar de la falta de información, podemos imaginar que las personas trans que han sido expulsadas de sus hogares, repudiadas por sus familias, excluidas del mercado laboral, obligadas a decidir en medio de la pandemia entre trabajos precarios —como el trabajo sexual— o morir, están entre esos cuerpos. A medida que Brasil se convierte en un epicentro mundial de casos y muertes por covid-19, algunos han acusado al Estado, liderado por Bolsonaro, de genocidio.

Esta sección apenas araña la superficie de los impactos de la covid-19 en la comunidad de la diversidad sexo genérica, buena parte de la cual permanece invisible e ignorada. Ante estos problemas, lxs activistas, grupos de base y ONG hacen un llamamiento al gobierno para que despenalice el trabajo sexual, proporcione asistencia, comida y vivienda de emergencia para las personas trans y queer sin techo, y apoye a las comunidades migrantes e indocumentadas en sus esfuerzos por acceder a los servicios esenciales para su sobrevivencia. Está por verse si sus demandas serán escuchadas.

 II. Trabajo de cuidado y coronashock

El trabajo de cuidado es trabajo. Es trabajo que proporciona las condiciones materiales y psicológicas para atender a nuestras necesidades básicas y nuestro desarrollo humano como sociedad. Comprende las tareas continuas que se llevan a cabo para mantener y cuidar el ambiente, el cuerpo, el ser y todo lo que es necesario para entretejer una compleja red para sostener la vida y su reproducción. Entre esas tareas se encuentran el cuidado de lxs niñxs, las personas ancianas y personas con enfermedades o discapacidades físicas o mentales, conjuntamente de las tareas domésticas como cocinar, lavar y limpiar. Aunque este trabajo además es indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo —mercancía fundamental para el capital—, usualmente suele estar mal pagado o no ser remunerado en absoluto, y casi siempre no es reconocido.

Un informe reciente de Oxfam (2020) muestra que las mujeres son responsables por 75% del trabajo de cuidado no remunerado realizado en el mundo. Eso es más de 12.500 millones de horas que las mujeres y niñas alrededor del planeta gastan haciendo este tipo de trabajo cada año. De acuerdo con el informe, esto equivale a aproximadamente 10,8 billones de dólares de trabajo de cuidado no remunerado al año que subsidia la economía global, lo que equivale a tres veces el tamaño de la industria tecnológica.

En las comunidades rurales y países de bajos ingresos, las mujeres dedican hasta 14 horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, cinco veces más que los hombres. En Sudáfrica, en promedio las mujeres hacen el triple de trabajo de cuidado en los hogares que los hombres. En Brasil, 90% del trabajo de cuidado se realiza en los hogares, 85% del cual es llevado a cabo por mujeres. En 2019, las mujeres dedicaron en promedio 21,4 horas por semana al trabajo de cuidado, mientras que los hombres dedicaron solo 11 horas. Las mujeres que trabajan fuera del hogar dedicaron en promedio 8,2 horas más por semana a tareas domésticas que los hombres que trabajan fuera del hogar.

La escala del cuidado y del trabajo doméstico solo ha aumentado durante la pandemia. A medida que se impusieron cuarentenas y medidas de distanciamiento físico, la necesidad de trabajo de cuidado se ha vuelto cada vez más visible, ya que las personas pasan más tiempo en casa, cuidando no solo de esta, sino de sí mimas, sus familias, sus seres queridos, vecinxs e incluso su comunidad. Seguir las orientaciones recomendadas para la limpieza con el fin de combatir la covid-19 supone un esfuerzo adicional: limpiar constantemente objetos y superficies y lavar la ropa apenas llegar a casa, cuidar y convertirse en maestras sustitutas de niñxs que no van a la escuela, cuidar de más personas que se quedan en casa y además de las que se enferman, cocinar la mayoría de las comidas, arreglar la casa que está más desordenada, tener acceso restringido o nulo a ocio y espacios comunales como iglesias, parques, bares, plazas públicas y negocios. Esto significa que el trabajo de cuidado ha aumentado exponencialmente y la carga extra sigue cayendo sobre las mujeres.

Una investigación reciente, llevada a cabo por Gênero e Número y Sempreviva Organização Feminista sobre la vida y el trabajo de las mujeres en Brasil durante la pandemia, estima que el 50% de las brasileñas han tenido que asumir la responsabilidad de cuidar de alguien en este período y el 72% afirmó que aumentó la necesidad de monitoreo y compañía, especialmente por el cuidado de niñxs, ancianxs, personas enfermas o con discapacidad. Además de eso, el 40% de las mujeres afirmaron que la pandemia y la situación de aislamiento social han puesto en peligro su sustento y el de sus hogares, especialmente las mujeres negras, entre quienes el porcentaje sube a 55%. Además, el 41% de las mujeres que siguieron trabajando durante la pandemia manteniendo su salario dicen que trabajan más horas sin compensación adicional durante la cuarentena.

Incluso las mujeres que pueden trabajar desde casa se enfrentan a enormes retos, porque su trabajo remoto y el trabajo doméstico se juntan en una cadena aparentemente interminable de tareas que se superponen. El tiempo para ordenar, limpiar, lavar y cocinar se suma a sus otras exigencias: las madres que se encargan de la educación de sus niñxs en casa, y las hijas de padres ancianxs y/o enfermxs convertidas en sus principales cuidadoras, asumiendo roles que se solían compartir con centros de cuidado, escuelas y otras instituciones, a medida que se desvanece la separación entre casa y trabajo. El trabajo que requiere mucha concentración, por ejemplo, no va bien con la perturbación constante en casa. Después de que se implementaran las medidas de confinamiento en diferentes partes del mundo, los equipos editoriales de las publicaciones científicas informaron una fuerte disminución en los envíos de artículos por parte de académicas a nivel mundial, mientras que los artículos enviados por académicos aumentaron en casi un 50%.

El trabajo de cuidado en casa no solo es continuo, sino que también requiere otras consideraciones. Lxs cuidadorxs tienen que considerar las actividades de otras personas a su alrededor, no solo de las que cuidan, sino también los ruidos, las distracciones y la demanda de atención. La carga mental del amor y del cuidado emocional también está entre los roles asignados a las mujeres en la vida privada. Las mujeres continúan llevando a cabo las mismas tareas y trabajo emocional que antes de la pandemia, solo que ahora este trabajo se ha vuelto aún más agotador.

El hogar no es solo un espacio de relaciones privadas, sino también de producción y reproducción de comportamientos sociales, reglas y valores, así como de jerarquías y de la división sexual del trabajo. Cuando estas normas significan que el trabajo de cuidado realizado en casa debería ser trabajo de mujeres, esto pone en peligro su trabajo remunerado, su autonomía económica, y sus posibilidades de mejora profesional en comparación con los hombres.

No es coincidencia que, a nivel mundial, las mujeres constituyan la mayor parte del sector informal, porque deben cargar con la responsabilidad adicional de los cuidados y trabajo doméstico no remunerados. Según un informe de Oxfam, aproximadamente 42% de las mujeres del mundo no pueden encontrar trabajo porque todo su tiempo está dedicado al cuidado y a las tareas domésticas, mientras que solo el 6% de los hombres enfrentan el mismo problema.

Además, la idea de que el rol social de las mujeres está históricamente vinculado al trabajo de cuidado ha dado lugar a una especie de calificación profesional en la que se canaliza a las mujeres trabajadoras y de clase media baja, como escribió la socióloga brasilera Heleieth Saffioti en A mulher na sociedade de clases, publicado por primera vez en 1967: “en trabajos de segunda categoría, mal pagados, sin perspectivas de ascenso” que les dan poco prestigio y reconocimiento social (1978: 66). Saffioti concluye que “ya que la ocupación de una mujer es de importancia secundaria en su vida, no tiene ni el tiempo ni la motivación para concentrarse efectivamente en mejorar su capacidad de negociación en el mercado de trabajo a través de actividades sindicales” (1978: 66).

En Brasil, el IBGE estima que, entre niñxs y personas ancianas, en 2050 habrá alrededor de 77 millones de dependientes (un poco más de un tercio de la población del país) con necesidades de cuidado. La sociedad en su conjunto debería preocuparse por quien asumirá esta responsabilidad ya que el curso histórico continúa conduciendo a las mujeres a asumirlo. El mismo escenario se expresa en todo el mundo.

Las soluciones inmediatas a la crisis no son difíciles de encontrar. Como señala Oxfam, si el 1% más rico del mundo pagase un impuesto adicional de 0,5% sobre su riqueza por los próximos diez años, sería posible crear 117 millones de empleos en educación, salud y cuidado de personas ancianas. Pero dadas las realidades de la dominación de clases, no hay ninguna oportunidad real de que esto suceda en el futuro próximo. Al contrario, lo que vemos durante la pandemia son ayudas económicas estruendosas de los Estados capitalistas a los bancos y empresas grandes. En aquellos países donde se ha discutido sobre la posibilidad de incorporar un impuesto extraordinario a las grandes riquezas, como Argentina y Chile, se han encontrado fuertes resistencias por parte de la elite más poderosa, que han impedido hasta el momento avanzar en ese sentido.

A partir de esto comenzamos a entender lo que feministas como Alexandra Kollontai explicaron hace casi un siglo: “El capitalismo ha colocado un peso aplastante sobre los hombros de la mujer: la ha convertido en asalariada sin haber reducido sus tareas como ama de casa o madre”.

Ezrena Marwan (Malasia), Sin título, 2020

El “trabajo de mujeres” como una construcción social

A pesar de los esfuerzos por convencernos de lo contrario, el hecho de que las mujeres asuman estas responsabilidades no es “natural”. La situación de las mujeres en la sociedad de clases es resultado de la imposición de valores en dos ordenes diversos: el orden natural y el orden social. El primero resulta de hechos biológicos relacionados principalmente con la maternidad, debido al embarazo y al período de lactancia, lo que permitió a la sociedad atribuir las tareas del cuidado como responsabilidad exclusiva de las mujeres. Aunque, como dijo Saffioti en A mulher na sociedade de clases, “estando la sociedad interesada en el nacimiento y socialización de nuevas generaciones como una condición de su propia sobrevivencia, es ella la que debe pagar por al menos una parte del precio de la maternidad” (1978: 86).

En la década de 1970 surgió un movimiento feminista mundial que promovió la Campaña de Salarios para el Trabajo Doméstico. La plataforma de la campaña también incluía el derecho a la igualdad de remuneración y a la licencia parental. Creada en Europa, sobre todo Italia e Inglaterra, se propagó hacia Estados Unidos y otros países del Sur Global por las acciones de Selma Jones, Silvia Federici, Leopoldina Fortunati y otras activistas. La campaña también denunciaba la división sexual del trabajo y el proceso de jerarquización de unas tareas por sobre otras, lo que ocasionó la desvalorización de los trabajos reproductivos, que a pesar de ser claves en la producción y reproducción de la vida de las personas, han sido desde hace siglos identificados como improductivos, desvalorizados, no reconocidos y por tanto excluidos de toda relación salarial. En una sociedad en la que el dinero es el medio de todas las interacciones, el acceso de las mujeres a ciertos bienes y servicios disminuye enormemente y su poder se ve sistemáticamente socavado. Mientras su lugar esté en el trabajo doméstico, que no es remunerado, las mujeres estarán económicamente subordinadas a los hombres.

Haciéndose eco del análisis de Friedrich Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Angela Davis expande este punto, escribiendo en Mujeres, Raza y Clase que esta jerarquización del trabajo se profundiza con el desarrollo del capitalismo y de la propiedad privada:

En sociedades capitalistas avanzadas (…) El trabajo doméstico orientado al servicio de las amas de casa, que raramente pueden producir pruebas tangibles de su trabajo, disminuye el estatus social de las mujeres en general. A fin de cuentas, el ama de casa, según la ideología burguesa, es, simplemente, la sirvienta de toda la vida de su marido

La subordinación arraigada y estructural de las mujeres es, por lo tanto, parte integral del modo de producción capitalista y de la codicia sin fondo del capitalista, que trata de subsidiar sus ganancias y costos de producción con el trabajo reproductivo no remunerado realizado predominantemente por las mujeres.

La división sexual del trabajo es una construcción social dentro de la división general del trabajo, en la cual ciertas tares han sido delegadas históricamente de manera diferente entre hombres y mujeres. En el capitalismo, esta división es indiscutiblemente desigual, con ciertos roles considerados como principalmente masculinos (en los ámbitos políticos, religiosos y militares, por ejemplo) mientras otros son considerados como femeninos (roles relacionados con la reproducción, trabajo de servicio, y cuidado de la casa y la familia). Para mantener el control sobre esta organización desigual de la fuerza de trabajo, se les da mayor valor en términos de prestigio y pago a las tareas realizadas por los hombres. Entonces, la división sexual del trabajo se basa en dos principios organizadores. Primero, la distinción entre lo que constituye “trabajo de hombres” y “trabajo de mujeres” y, en segundo lugar, la jerarquía que atribuye más valor al “trabajo de hombres”. Esta estructura sustenta la desigualdad de género y la sobreexplotación y opresión de las mujeres a través de su trabajo y su rol en la sociedad.

Como resultado de la división sexual inscrita en la lógica social del trabajo, el trabajo doméstico y de cuidado se desvalorizan e invisibilizan continuamente. Esto no solo ha demostrado ser útil para el capitalismo, ya que permite que este trabajo permanezca incuestionablemente no remunerado, sino que también se alimenta de los efectos sicológicos en las mujeres, quienes se ven a sí mismas con un destino social profundamente determinado por su sexo biológico y por lo que la sociedad les permite o exige hacer en base a ello.

El coronashock abre una oportunidad para iniciar un debate mundial sobre la naturaleza esencial del trabajo de cuidado. Este trabajo ha permanecido invisible durante mucho tiempo para la burguesía, que se beneficia de su estatus de trabajo no remunerado y que es responsable por perpetuar esta estructura de explotación. La burguesía nunca ha querido cuestionar la división sexual del trabajo y promover la responsabilidad social y colectiva por el trabajo reproductivo. La burguesía recauda miles de millones de dólares cada año por el trabajo reproductivo no remunerado y absuelve al Estado de asumir la responsabilidad del trabajo de cuidado. Como clase, la burguesía promueve un programa político para privatizar los servicios y recortar las inversiones sociales, poniendo la carga de esos roles en los hogares y las mujeres.

Las mujeres que más sienten el impacto de esta carga son las racializadas, las pobres y las inmigrantes. Ellas limpian, lavan, cuidan de todo y de todxs y son responsables por los roles que permiten la reproducción social de la humanidad. El subestimar este trabajo sirve a un propósito para el capital. La guerra librada por el 1% contra el 99% parece no tener límites, pero su invisibilidad sí.

El 99% versus el 1%

De acuerdo con la OIT, la mayoría de lxs trabajadorxs del mundo —alrededor del 93%— vive en países con algún nivel de paralización económica y pérdida de empleo. Los países del Sur Global experimentan los peores recortes. Esa misma mayoría es aquella que tiene que salir de sus casas para trabajar y buscar —o intentar desesperadamente mantener— alguna fuente de ingresos, pues no tiene ahorros para pasar la cuarentena durante la pandemia sin la intervención del Estado. La incapacidad del Estado para proporcionar un ingreso básico o ayuda de emergencia en gran parte del mundo —con importantes excepciones como Cuba, Venezuela, Kerala (India) y Vietnam— mostró una vez más que el sistema neoliberal se preocupa más por las ganancias que por la vida humana.

Por lo general, los sectores más ricos de la sociedad no han concedido licencias remuneradas a sus empleadxs durante la pandemia, incluso cuando la OMS recomendó distanciamiento físico y cuarentena. Se mantuvo trabajando a muchxs empleadxs (domésticas y prestadores de servicios) para cuidar de las casas, de los cuerpos, de la salud y el bienestar de los ricos a domicilio. Mientras lxs trabajadorxs se ven obligados a ponerse en peligro, son sus empleadorxs quienes pueden quedarse seguros en sus hogares como recomienda la OMS.

Una serie de factores ponen a lxs pobres y a la clase trabajadora en mayor riesgo de enfermar y morir, entre ellos una falta de acceso a atención de salud de calidad y una mayor probabilidad de factores de riesgo preexistentes debido a los ataques estructurales a las comunidades pobres y de clase trabajadora: desde asma inducida por plantas de carbón y la contaminación que se mantiene alejada de las áreas ricas por movimientos como “Not In My Backyard” [No en mi patio trasero], hasta problemas crónicos causados por condiciones de trabajo precarias. No es coincidencia que la primera persona que falleció por covid-19 en el estado de Rio de Janeiro, Brasil, fuera una empleada doméstica de 63 años. Su patrona, recién llegada de Italia, no le informó de la posibilidad de estar infectada, y mientras hacía cuarentena no la liberó de trabajar en su apartamento ubicado en el metro cuadrado más caro del país. La patrona estaba con covid-19 y transmitió el virus a la empleada doméstica que falleció.

Leyla Tonak (USA), Pulmones I, 2020

Se ha informado de muchos otros casos de trabajadoras domésticas que no fueron exoneradas por las patronas, incluso teniendo que enfrentar largos desplazamientos en transporte público y aglomeraciones entre sus hogares y el trabajo. Incluso hay casos de personas que, sabiendo que están infectadas por la enfermedad, exigen que sus trabajadorxs domésticxs continuaran trabajando. La visibilidad de la necesidad de la limpieza, del trabajo doméstico, del cuidado, se vuelve nítida; el valor de la vida de esas trabajadoras, no. Ese es el retrato de la desigualdad social, en la que unxs tienen la certeza que sus vidas valen más que las de aquellas personas, especialmente trabajadoras, que les prestan servicios, una lógica apoyada y alentada por las sociedades capitalistas.

La crisis de covid-19 puede resignificar el valor del trabajo y la importancia de las vidas de esas mujeres que cuidan de la reproducción y mantención de toda la sociedad. Debemos reconocer y remunerar este trabajo invisible, comprendiendo que todas las personas tienen derecho a ser cuidadas. Eso implica avanzar en un proceso de desmercantilización y desfamiliarización del cuidado, para que el acceso a las prestaciones del cuidado deje de ser un privilegio de unos pocos y se convierta en un derecho humano.

Algunos países y regiones han impulsando propuestas de creación de sistemas federales de cuidados que intentan dar respuesta a estas preocupaciones, como es el caso de Uruguay y Argentina. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en este último país implicó un avance en la discusión sobre la organización del cuidado. Desde principios de este año se encuentran trabajando en un Mapa Federal de Cuidados, para desde allí planear políticas públicas en esta materia, que apunten a revertir las desigualdades de género que esconde la actual organización social del cuidado.

III. El aumento de la violencia patriarcal^[1] en el coronashock

Antes de la pandemia, ya enfrentábamos una realidad mundial en la que, en promedio, 137 mujeres eran asesinadas cada día por alguien de su familia. ONU Mujeres estima que, a nivel mundial, una de cada cinco mujeres entre las edades de 15 y 49 años ha experimentado algún tipo de agresión física o sexual por parte de su pareja. No es una coincidencia que, a finales del siglo XX, la lucha contra la violencia contra las mujeres se convirtió en la mayor demanda de muchos movimientos de mujeres y feministas de todo el mundo. Por imposible que parezca, la violencia patriarcal ha empeorado significativamente desde las medidas de confinamiento. Durante los últimos años, hemos visto también un aumento de los transfemicidios en todo el mundo, impulsados por un crecimiento del discurso de odio y la ideología anti derechos humanos.

Si bien se sabe que los niveles de violencia de género son muy altos, especialmente en el Sur Global, es muy difícil conseguir estadísticas precisas. Sin embargo, sabemos que en períodos de emergencias y confinamientos esos índices se elevan, y no ha sido diferente durante el actual aislamiento. Cuestiones como el desempleo, el hacinamiento, el trabajo remoto, la sobrecarga de trabajo reproductivo, el empobrecimiento creciente, la crisis de la capacidad para mantenerse, y el abuso de alcohol y drogas, son algunos de los elementos que exacerban la violencia de género, más aún durante la pandemia. Los grupos de mujeres alertan que las condiciones de confinamiento pueden ser usadas por los agresores para controlar el comportamiento de sus parejas, bloqueando su acceso a la seguridad y al apoyo.

Conociendo esto y previniendo el escenario a enfrentar en el período de aislamiento social en todo el mundo, activistas feministas y autoridades políticas alertaron, desde muy temprano, que el aislamiento social y la cuarentena podrían tener impactos especialmente fuertes en las mujeres. La violencia de género se nutre del aislamiento social de las víctimas. Una característica importante de las mujeres en situaciones de violencia es que usualmente se las despoja de todos sus vínculos profesionales, sociales, amistosos y familiares. Ello refuerza su dependencia del agresor. Por ese motivo, el acompañamiento de mujeres en situación de violencia siempre tiene como tarea importante la restitución de redes afectivas que las pueda ayudar emocionalmente para que recuperen autonomía económica, emocional, cognitiva y de vivienda.

En Brasil, un país que ya contabilizaba un promedio de una mujer agredida cada 15 segundos antes de la pandemia, las tasas de feminicidios (asesinato de mujeres debido a su género) aumentaron mucho en 2020 con relación a los años anteriores. El estado de São Paulo, por ejemplo, identificó un aumento de 46,2% entre marzo de 2019 y marzo de 2020; en el estado de Rio Grande do Norte ese salto fue de 300%, mientras en el de Mato Grosso el crecimiento fue de 400%. Los incidentes policiales que involucraron violencia doméstica aumentaron en 44% en el estado de São Paulo, con un aumento de 51% en las detenciones en el acto. Estas cifras se refieren solo a los casos reportados a la policía, otros muchos otros casos no se denuncian y quedan fuera de estas estadísticas. En Argentina, el saldo de feminicidios del primer mes de aislamiento social fue de cerca de un asesinato por día. 66% de esos casos ocurrieron en la casa de la víctima.

En Sudáfrica, antes de la pandemia, las tasas de feminicidio ya eran cinco veces superiores al promedio mundial. Las estadísticas de ese país no reflejan adecuadamente los datos o análisis sobre violencia de género, debido a la dificultad de recoger datos fiables sobre el tema. Entre abril de 2018 y marzo de 2019, la policía registró 179.683 crímenes con contacto (violencia física) contra mujeres. De ellos, 82.728 fueron casos de agresión común y 54.142 agresión con intención de causar daños corporales graves. En 2020, 2.771 mujeres fueron asesinadas, con más 3.445 intentos de asesinato (aunque la policía no proporciona datos sobre los motivos de esos asesinatos) y se registraron 36.597 casos de delitos sexuales contra mujeres. Esa es una categoría amplia de delitos que incluye violación, intento de violación, agresión sexual y delitos sexuales con contacto.

En la primera semana de confinamiento en Sudáfrica, entre el 27 y el 31 de marzo de 2020, la policía recibió 2.300 llamadas sobre violencia de género. En un webinario realizado el 20 de abril de 2020, Sonke Gender Justice, una ONG que apoya mujeres, informó que ese número no revela toda la extensión de la violencia contra mujeres y niñxs, ya que la mayoría de las mujeres agredidas no pueden salir y denunciar sus casos en la actual coyuntura.

En realidad, todos los países relatan un aumento de la violencia contra las mujeres desde el comienzo de la pandemia. Por eso, la consigna en Argentina “el femicidio no se toma cuarentena” señala claramente el agravamiento de una realidad ya bastante complicada. Como solución a esta situación en Francia, que experimentó un aumento del 32% en los casos de violencia doméstica en los primeros días del confinamiento, el gobierno comenzó a poner a las víctimas de violencia en habitaciones de hotel y anunció la creación de centros de atención para apoyar a las mujeres que sufren abusos domésticos.

El repertorio de acción de los movimientos de las mujeres contra estas realidades asumió nuevas formas. En Argentina, durante la segunda semana de cuarentena —el 30 de marzo— y después de un doble feminicidio, el movimiento feminista organizó un “ruidazo federal” contra la violencia patriarcal. En un contexto de circulación restringida, las redes comunitarias y barriales adquieren un papel importante para crear sistemas de apoyo. Como resultado, los gobiernos se vieron obligados a reconocer y mantener activos los servicios y las redes de protección a las mujeres como esenciales para cuidar de la vida. Durante la primera etapa de la cuarentena, países de América Latina, como Brasil y Argentina, promovieron políticas para intervenir en los efectos del aislamiento en cuestiones de violencia de género. Las primeras medidas se centraron en el desarrollo y mejora de aplicaciones para celulares y líneas de atención telefónica para las víctimas de violencia de género. En Argentina durante el primer mes y medio de la pandemia, la demanda en la línea telefónica por consultas sobre violencia de género aumentó entre las distintas jurisdicciones un promedio de 40% respecto del mes previo a la declaración de la cuarentena. Con la extensión de la cuarentena, los recursos públicos se fortalecieron con nuevas estrategias de acompañamiento y atención telefónica y de coordinación entre las jurisdicciones nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Así, durante la segunda fase de la cuarentena en Argentina, el apoyo feminista a las mujeres en situación de violencia se declaró actividad esencial, permitiendo a los grupos de apoyo continuar su trabajo ayudando a las víctimas.

En Brasil, cobraron fuerza iniciativas de movimientos y organizaciones sociales como el Mapa de Acogida, un servicio que ayuda a conectar mujeres que precisan de ayuda psicológica o jurídica con profesionales voluntarixs para atención presencial o remota. La Marcha Mundial de Mujeres (MMM) promovió debates y acciones de solidaridad en red por todo el país, divulgando, inclusive, una lista de demandas concretas exigiendo medidas del Estado y de la sociedad para lidiar con la pandemia y la situación de las mujeres (incorporadas al final de este estudio).

Sin embargo, cabe señalar que lo que las organizaciones feministas y de mujeres han denunciado en este último período no es solo el aumento de los casos de violencia patriarcal durante la cuarentena, sino también el aumento de la crueldad de esa violencia, como bien señaló Rita Segato, a medida que ideas neofascistas de subordinación femenina eclipsan ideas más ilustradas sobre las mujeres. Ideas que transitan en gran escala, por ejemplo, en Brasil con el gobierno de Bolsonaro, en la India bajo el gobierno de Modi y en tantos otros países con gobiernos conservadores de extrema derecha.

Inspirada por una ideología neofascista, la retórica adoptada por los jefes de gobierno que promueven vocalmente el odio y fomentan actitudes misóginas legitima inevitablemente a los autores de la violencia contra las mujeres. La violencia se considera entonces como un acto común o normal que las autoridades no evitarán ni combatirán, al contrario, lo incentivan. Esto contribuye de manera significativa al aumento de la incidencia de la violencia: luchar y eliminar a las personas es la regla de la barbarie, apoyada por el discurso del odio, y por la falta de asignación de responsabilidades o criminalización de esas actitudes.

La profundización del discurso de odio y la ideología machista está acompañada de un incremento en la retórica homofóbica y transfóbica, que tiene notables repercusiones en la violación de los derechos de las diversidades sexo genéricas. Durante la pandemia, la comunidad trans ha sido sometida a discriminación, acoso, abuso y persecución por parte de la policía y las fuerzas de seguridad. En muchos países, las políticas públicas impulsadas por las autoridades políticas se han caracterizado por la falta de inclusión de la comunidad trans.

En muchos países se implementaron restricciones a la movilidad basadas en el sexo biológico, alternando días en que mujeres y hombres podían salir de sus casas, una política que excluye a las personas no binarias y trans. La aplicación de estas políticas se ha dejado a menudo a la discreción de las fuerzas de seguridad para decidir si se permite a una mujer trans salir con otras mujeres o con hombres —conforme su sexo de nacimiento— o queda atrapada en el medio y se le prohíbe salir en absoluto. En medio de esta incertidumbre, la policía y otras fuerzas de seguridad han perpetrado a menudo actos de violencia contra las personas no binarias y trans, y vendedores de almacenes se han negado a atenderlxs, sea por transfobia flagrante, o por miedo de ser multadxs o castigadxs por las autoridades por no respetar órdenes estatales.

En algunos casos, la pandemia se ha utilizado para aumentar el acoso y los ataques a las organizaciones y activistas de las diversidades sexo genéricas, obligando a veces a las personas trans a ocultar o negar su identidad. Como resultado de esta realidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó en abril un llamado a los Estados de las Américas para que garanticen los derechos, la igualdad y la no discriminación de las diversidades sexo genéricas en las medidas emitidas para contener la pandemia.

En este sentido, las consecuencias sociales de las actitudes políticas no pueden ser desconsideradas y separadas del análisis del aumento de la violencia patriarcal en el período de cuarentena en diversos países del mundo. Ese escenario crea en Brasil, en la India, o donde sea, un modelo de vida que se torna inviable. No se trata simplemente de una pandemia que agrava problemas históricos y sociales, sino de una sociedad que se desgasta al punto de evidenciar su ineficiencia, su decadencia. Es hora de librarse de las jerarquías y miserias heredadas del pasado y construir las utopías posibles y necesarias para el futuro.

Kruttika Susarla (India) / Publicado primero por Smashboard en la serie Violencia sexual vs. pena capital, Sin título, 2020

IV. Las demandas feministas populares

El coronashock expone la crisis estructural del capitalismo, demostrando la urgente necesidad de superar problemas de larga data que se han vuelto aún más graves en los últimos tiempos, como las crisis sociales, económicas, políticas e ideológicas que preceden a la pandemia.

Mientras que la burguesía mundial es incapaz de resolver problemas básicos como el desempleo, el hambre, la violencia patriarcal y el menosprecio, la precariedad e invisibilidad del trabajo de reproducción social, los movimientos populares proponen sus propias soluciones. Las mujeres de organizaciones políticas y movimientos sociales de todo el mundo se han organizado para presentar sus demandas y propuestas para superar todas estas crisis en medio de la crisis sanitaria mundial. Con las mujeres populares y las mujeres racializadas organizadas a la cabeza de este cambio, sabemos no solo que otro mundo es posible, sino que un mundo socialista, feminista y antirracista en el que el bienestar de la humanidad y de nuestro planeta se anteponga a la acumulación interminable de beneficios no solo es posible, sino necesario. A continuación, presentamos una lista de demandas urgentes de organizaciones feministas desde Brasil hasta India y Sudáfrica que luchan por crear ese mundo.

1. Asegurar que las medidas que exigen los movimientos ante el coronashock se pongan a disposición de todas las personas, prestando especial atención a las que están sistemáticamente más excluidas de esa ayuda: mujeres, trabajadorxs informales, migrantes, personas racializadas, castas inferiores y diversidades sexo genéricas. Estas demandas generales, que hemos delineado en textos anteriores con más detalle, incluyen:
   1. Cancelar el pago de facturas de servicios públicos como electricidad, agua, internet y alquileres mientras dure la pandemia. Garantizar que no se acumularán deudas por falta de pago.
   2. Distribuir suministros de higiene personal (incluidas mascarillas y desinfectante de manos) de forma masiva.
   3. Congelar los precios de suministros esenciales de limpieza, productos de higiene y productos alimenticios saludables, como granos, verduras y carne, de acuerdo con las especificidades culturales de cada país.
   4. Asegurar el derecho a vacaciones remuneradas a todxs lxs trabajadorxs; garantizar que no haya pérdida de ingresos o de derechos.
   5. Proporcionar asistencia económica —de al menos un salario mínimo— a lxs trabajadorxs informales y a lxs trabajadorxs por cuenta propia.
   6. Poner bajo control público las instalaciones y estructuras sanitarias privadas para luchar contra la covid-19. Ampliar la capacidad del sistema de salud al servicio de la gente.
   7. Adoptar medidas de emergencia para resolver la crisis de abastecimiento de agua en cada región y garantizar el acceso público.

2. Garantizar total transparencia de información y datos sobre la evolución de la pandemia y sobre las medidas gubernamentales de cada país (desagregados por sexo, edad, ingresos, orientación sexual, identidad de género y región, siempre que sea posible).
3. Incluir a las mujeres en posiciones de liderazgo en los movimientos populares para los procesos de toma de decisiones sobre iniciativas de respuesta y recuperación de las crisis actuales.
4. Exigir que los gobiernos realicen campañas para alentar a hombres y mujeres a compartir las tareas domésticas por igual, de modo que las mujeres no tengan que asumir la mayor parte de la carga de las tareas domésticas.
5. Aumentar la inversión pública a largo plazo para el bien público, en áreas como la protección social, las pensiones, la atención de salud pública y universal, el cuidado público gratuito de lxs niñxs, entre otras acciones que afectan directamente a las mujeres.
6. Los paquetes de ayuda y estímulo financiero de los gobiernos deben incluir medidas de protección social que reflejen la comprensión de las circunstancias especiales de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado.
7. Garantizar un ingreso mínimo para las mujeres y los hogares que realizan varias formas de trabajo de cuidado esencial (incluido el trabajo doméstico), especialmente los que tienen personas dependientes.
8. Distribuir canastas de alimentos para las familias con niñxs en los lugares donde las guarderías y escuelas están cerradas.
9. Exigir intervenciones de salud esenciales para proteger la salud de todas las personas, prestando especial atención a las personas marginadas: pobres, trans, migrantes, racializadas, ancianxs y con discapacidades. Esos servicios incluyen servicios de salud mental, medicamentos para el VIH/SIDA, tratamiento del cáncer, etc.
10. Garantizar que las comunidades marginadas, incluidas las que no tienen acceso a la documentación oficial —en particular personas pobres, trans de clase trabajadora y migrantes— reciban servicios de ayuda. Garantizar la prestación oportuna de socorro de emergencia, como una renta básica universal, la distribución de alimentos y otros servicios que se exigen en esta lista.
11. Exigir que el gobierno proteja de la discriminación a las diversidades sexo genéricas y a todas las personas marginadas, en el marco de las políticas destinadas a luchar contra la covid-19, como las políticas que solo permiten a los hombres o las mujeres salir de su casa en determinados días.
12. Despenalizar el trabajo sexual, proporcionar asistencia y alimentos, proporcionar alojamiento de emergencia a las personas de las diversidades sexo genéricas sin techo y apoyar a las comunidades de personas migrantes e indocumentadas en sus esfuerzos por acceder a los servicios esenciales para su supervivencia.
13. Garantizar como servicios esenciales líneas telefónicas de urgencia y otros canales y servicios de comunicación de acceso público para todas las víctimas de la violencia patriarcal.
14. Exigir que los gobiernos asuman la responsabilidad de divulgar los números de las líneas telefónicas de auxilio y de canales de comunicación de acceso público por medio de servicios automatizados, mensajes de texto, folletos en el transporte público, vallas publicitarias, anuncios en espacios públicos y en los periódicos, etc., para que quienes los necesitan conozcan sobre los servicios.
15. Los gobiernos deben poner a disposición instalaciones de asesoría para las mujeres, personas marginalizadas, pobres, de las diversidades sexo genéricas, migrantes, personas racializadas, ancianxs y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y/o víctimas de violencia.
16. Exigir que los gobiernos ofrezcan a las mujeres que luchan contra la violencia doméstica refugios alternativos, seguros y cómodos durante la pandemia, como habitaciones de hotel y edificios vacíos, y que proporcionen la protección y la seguridad necesarias en esos lugares. Asegurar la continuación de esos servicios a largo plazo para satisfacer la necesidad preexistente de tales servicios.
17. Construir redes de solidaridad y ayuda colectiva que, respetando el distanciamiento físico, luchen contra el individualismo y la violencia. Crear grupos de derechos de las mujeres y campañas informativas de barrio sobre planes de emergencia para mujeres y niñxs en situación de violencia doméstica. Crear equipos para cuidar de las niñxs en barrios de mayor vulnerabilidad social.
18. Movilizar a lxs trabajadorxs de la salud para ayudar a su comunidad, apoyar a las trabajadoras de la economía popular y asegurarse de que se les da el pago adecuado y el equipo de protección.

Kruttika Susarla (India) / AIDWA, Día Internacional de las Mujeres, 2020

^[1] Es importante distinguir violencia patriarcal de otros términos como violencia doméstica, que con demasiada frecuencia ignoran el poder y el dominio masculino inherentes a dicha violencia, así como el hecho de que la violencia contra la mujer no solo se ejerce en el hogar. En Feminism is for Everyone, bell hooks escribe que “durante demasiado tiempo el término violencia doméstica se ha utilizado como un término ‘suave’ que sugiere que surge en un contexto íntimo que es privado y de alguna manera menos amenazador, menos brutal, que la violencia que tiene lugar fuera del hogar”. En cambio, el concepto de violencia patriarcal implica una definición más amplia que está vinculada a la desigualdad inherente al sistema capitalista y que se manifiesta de muchas formas, incluida la violencia doméstica y física de género, pero también la violencia simbólica y cultural. La violencia patriarcal “recuerda continuamente al oyente que la violencia en el hogar está conectada con el sexismo y el pensamiento sexista, con la dominación masculina”, escribe bell hooks.

Adapted graphic from People’s Medical Publishing House, China, 1977.

Coronashock es un término que se refiere a la forma en que un virus golpeó al mundo con fuerza avasalladora, y a cómo el orden social en los Estados burgueses se desmoronó, mientras que el orden social en las partes socialistas del mundo parece más resiliente.

Este es el tercero de una serie de estudios sobre el coronashock. Se basa en la investigación de Ana Maldonado (Frente Francisco de Miranda, Venezuela), Manolo de los Santos y Subin Denis (investigadores del Instituto Tricontinental de Investigación Social) y Vijay Prashad (director del mismo instituto).

Federico Engels dijo una vez: “La sociedad capitalista se halla ante un dilema: avance al socialismo o regresión a la barbarie”. ¿Qué significa “regresión a la barbarie” en la etapa actual de la civilización europea? Hemos leído y citado estas palabras con ligereza, sin poder concebir su terrible significado. En este momento basta mirar a nuestro alrededor para comprender qué significa la regresión a la barbarie en la sociedad capitalista. Esta guerra mundial es una regresión a la barbarie. El triunfo del imperialismo conduce a la destrucción de la cultura, esporádicamente si se trata de una guerra moderna, para siempre si el periodo de guerras mundiales que se acaba de iniciar puede seguir su maldito curso hasta las últimas consecuencias. Así nos encontramos, hoy tal como lo profetizó Engels hace una generación, ante la terrible opción: o triunfa el imperialismo y provoca la destrucción de toda cultura y, como en la antigua Roma, la despoblación, desolación, degeneración, un inmenso cementerio; o triunfa el socialismo, es decir, la lucha consciente del proletariado internacional contra el imperialismo, sus métodos, sus guerras. Tal es el dilema de la historia universal, su alternativa de hierro, su balanza temblando en el punto de equilibrio, aguardando la decisión del proletariado. De ella depende el futuro de la cultura y la humanidad. En esta guerra ha triunfado el imperialismo. Su espada brutal y asesina ha precipitado la balanza, con sobrecogedora brutalidad, a las profundidades del abismo de la vergüenza y la miseria. Si el proletariado aprende a partir de esta guerra y en esta guerra a esforzarse, a sacudir el yugo de las clases dominantes, a convertirse en dueño de su destino, la vergüenza y la miseria no habrán sido en vano.

Rosa Luxemburgo, La crisis de la socialdemocracia alemana, 1915.

Ở nhà là yêu nước! [‘¡Quedarte en casa es amar tu país!’], Vietnam, 2020.
Hiep Le Duc

A fines de diciembre de 2019, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan en la provincia de Hubei, en China central, detectó casos de neumonía de causa desconocida. En los primeros días de enero de 2020, las autoridades chinas informaron periódicamente del brote a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a otros países y regiones importantes con vínculos estrechos con China continental, como Hong Kong, Macao y Taiwán. El 5 de enero, la OMS lanzó su primer informe sobre “neumonía de causa desconocida” en Wuhan. Poco se sabía entonces del virus, ni cómo entenderlo bien, ni si se podía transmitir entre personas. La secuencia del genoma del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) fue publicada por la Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos de la Gripe (GISAID por su sigla en inglés) el 12 de enero. El Dr. Zhong Nanshan, un eminente neumólogo chino que asesora al gobierno chino en esta pandemia, confirmó la transmisión entre personas del nuevo coronavirus el 20 de enero.

Tan pronto como quedó claro que el virus podía ser transmitido entre personas, las autoridades chinas actuaron. Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas, fue cerrada, el establishment científico de China y sus colaboradores en todo el mundo se pusieron a trabajar para entender el virus y la enfermedad (covid-19) y se apresuraron a capacitar al personal médico en China para romper la cadena de infección. Los comités barriales en Wuhan, que incluyen miembros de una serie de otras asociaciones, cuadros del Partido Comunista y voluntarixs de todo tipo, se apresuraron a ayudar con controles de temperatura, distribución de alimentos y medicinas y asistencia en hospitales. Después de diez semanas de cuarentena estricta, Wuhan se reabrió el 8 de abril. El 15 de mayo, las autoridades comenzaron a hacer pruebas a todos los residentes de Wuhan una vez más, para proteger la salud pública y reanudar las actividades económicas y sociales (China compartió los resultados de estas pruebas para ayudar en los estudios sobre la viabilidad de la teoría de la inmunidad colectiva).

El 30 de enero, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el brote constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Desde su sede en Ginebra, la OMS lanzó una advertencia que decía: “se ha detectado un virus altamente contagioso que requiere medidas estrictas de distancia física, pruebas y desinfección agresiva”.

En este punto, después del 20 de enero, se abrió un abismo entre los Estados capitalistas y los Estados socialistas. Nuestro análisis nos muestra cuatro áreas principales de diferenciación entre el enfoque socialista y el enfoque capitalista frente al virus. El enfoque socialista se basa en:

1. Acción gubernamental basada en la ciencia
2. Producción de materiales esenciales por parte del sector público
3. Acción pública movilizada para facilitar la vida social
4. Internacionalismo

En cambio, en los Estados capitalistas (como Estados Unidos, Brasil y la India), los gobiernos han operado de forma alucinatoria, pretendiendo que el virus no es real o no es contagioso y esperando que algún extraño factor proteja a sus ciudadanxs de sus peligros. Las empresas del sector con fines de lucro han fallado en proveer el equipamiento necesario, y ha sido difícil estimular la acción pública en sociedades atomizadas que carecen de los hábitos de organización y lucha. Finalmente, para cubrir su incompetencia, la clase política dominante en estos Estados ha recurrido a la estigmatización y al patrioterismo usando, en este caso, la letal combinación de racismo y anticomunismo para culpar a China.

En este informe, observamos tres países (Cuba, Venezuela y Vietnam) y un estado (Kerala, India) para investigar cómo estas partes socialistas del mundo han sido capaces de manejar el virus más efectivamente.

Cuba

El 17 de enero, los medios de comunicación cubanos informaron la detección de una misteriosa neumonía en China que, en ese punto, había matado a dos personas e infectado a 41. Cuando salió más información del nuevo coronavirus, el gobierno comenzó a difundir los informes de la OMS. La prensa cubana realizó una cobertura extensa de las decisiones implementadas en China de distanciamiento social, cuarentena y otras medidas para romper la cadena de infección. El 28 de febrero, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, habló por teléfono con Xi Jinping, presidente de China. En la llamada Díaz-Canel expresó el firme apoyo y solidaridad del pueblo cubano, su gobierno y el Partido Comunista con la lucha de China contra el virus. Cuba se ofreció a ayudar de cualquier forma posible al pueblo chino. BioCubaFarma, una empresa pública, aumentó su producción de Interferon Alpha 2B y, al 24 de febrero, había suministrado más de 150.000 frascos de dos dosis de la medicina a China.

El 28 de enero, el Dr. José Ángel Portal Miranda, titular del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), convocó una reunión de nivel nacional sobre el nuevo coronavirus. La vigilancia epidemiológica debía ser la prioridad, por lo que el gobierno creo un Grupo de Trabajo Nacional para liderar la lucha. El MINSAP comenzó a capacitar a todo el personal de salud pública —más de 95.000 doctorxs y 84.000 enfermerxs— para diagnosticar y tratar casos de covid-19. Una campaña pública comenzó llamando a vigilar los síntomas y aumentar la higiene. Las plataformas de los medios de comunicación compartieron esa información, como también lo hicieron organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). El Dr. Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del MINSAP, hizo la primera declaración oficial ese día. Explicó con calma que el gobierno había desarrollado un plan “similar al plan que desarrollamos cuando la epidemia de ébola azotó a varios países”. El Dr. Carmelo Trujillo Machado, director nacional del Programa Internacional de Control de Salud del MINSAP, dijo que lxs funcionarixs estarían atentxs en todos los puertos de entrada para detectar viajerxs con cualquiera de los síntomas conocidos de covid-19.

El Grupo de Trabajo Nacional autorizó la compra inmediata de equipos de protección individual, equipamiento médico y agentes reactivos. La producción de 30 productos médicos críticos se volvió una prioridad. Las agencias en Cuba renovaron el énfasis en la investigación y desarrollo de candidatas a vacunas y tratamientos antivirales a compartir con China. Para abril, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) comenzó los primeros ensayos clínicos de una vacuna que podría potenciar el sistema inmunológico. El Dr. Gerardo E. Guillén Nieto, director de Investigación Biomédica en el Centro de Innovación Biotecnológica China-Cuba (CCBJIC) en Hunan, China, dijo que su equipo estaba examinando si el sistema inmunológico innato podía activarse y si, cuando esto sucediera, podría producir inmunidad específica contra el virus. No hay vacunas específicas para esta enfermedad, pero Cuba “tiene productos que ya existen”, dijo.

El 10 de marzo, cuatro turistas que habían llegado de Lombardía (Italia) mostraron síntomas de covid-19. Cuando las pruebas de la enfermedad salieron positivas, fueron trasladados al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri (IPK), que tiene una larga historia de lucha contra las epidemias. El IPK, junto con los hospitales regionales de Santa Clara y Santiago de Cuba, fue designado como el principal lugar para realizar las pruebas a las personas sospechosas de tener covid-19. Cada uno de estos hospitales tiene la capacidad de hacer pruebas a 1.000 pacientes diarios. El gobierno decidió colocar a todos lxs viajerxs que llegan a Cuba en observación médica por 14 días.

El 17 de marzo, 28.000 estudiantes de las 13 facultades de Medicina de Cuba se unieron a una campaña para visitar todos los hogares del país. Los estudiantes evaluaron a cada persona, y si alguna tenía síntomas era referida al médicx familiar de la comunidad. Este médicx debía decidir si la persona debía o no hacerse una prueba. En una semana, lxs estudiantes habían visitado a seis millones de cubanxs, la mitad de la población de la isla. Con este método, se hizo pruebas de covid-19 a cerca de 40.000 personas hasta el 26 de abril. En la provincia de Villa Clara, lxs estudiantes visitaron a 250.000 personas, lo que permitió la detección de 2.867 casos con síntomas respiratorios, incluidos cinco casos potenciales de covid-19 que tenían más probabilidades de dar positivo. Miles más estudiantes de Medicina extranjerxs con becas del gobierno cubano se unieron a esta campaña. Ishaira Nieto Rosas, una estudiante de tercer año de Puerto Rico, dijo que “para los estudiantes extranjeros esta pesquisa es voluntaria, pero en esos momentos te das cuenta que nuestro trabajo es muy importante y que la población está consciente de eso y que no importa cuantas puertas tengamos que tocar, ni cuantas veces tengamos que gritar buenos días, hacemos esto porque el país nos necesita y lo hacemos con mucho orgullo”.

El 20 de marzo el presidente Díaz-Canel, junto con siete miembros del Consejo de Ministros de Cuba, salió en televisión para informar las medidas tomadas hasta el momento y para delinear otras medidas a futuro. “Tenemos la responsabilidad de proteger las vidas humanas y todo el tejido social”, dijo, “con serenidad, realismo y objetividad. No puede haber pánico ni exceso de confianza”. Una actitud basada en la ciencia definió la respuesta de Cuba. Para esa fecha, 21 personas habían dado positivo en las pruebas de covid-19 y otras 716 estaban en observación en hospitales. El gobierno propuso varias medidas:

1. Lxs ciudadanxs cubanxs que regresen a casa desde el exterior serían puestos en cuarentena por 14 días.
2. 60.000 turistas saldrían del país. La entrada de viajeros sería estrictamente regulada, lo que afectaría al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
3. Se ordenó el distanciamiento físico.
4. Las personas vulnerables al virus y las que no trabajaban en industrias clave tenían la obligación de hacer cuarentena en sus casas.
5. La Ministerio de Comercio Interno suspendió todas las actividades públicas. Las tiendas de alimentos y los mercados agrícolas permanecerían abiertos bajo las más estrictas regulaciones sanitarias. Los restaurantes pueden permanecer abiertos, pero solo al 50% de su capacidad.
6. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, dijo que “nadie en Cuba se va a quedar desamparado” y se implementaron medidas para garantizarlo. Se suspendió el pago de impuestos para los trabajadorxs autónomos del sector privado. Durante el primer mes de cuarentena lxs trabajadorxs en excedencia recibieron el 100% de su salario, después de eso, se les prometió el 60% de sus salarios. Se dijo a lxs trabajadorxs del sector privado que recibirían el equivalente al salario mínimo nacional.
7. Para evitar la posibilidad de hambruna, las autoridades cubanas ampliaron el sistema de racionamiento existente a fin de garantizar a cada familia acceso equitativo a los alimentos e implementos básicos de higiene durante la pandemia. Las tarjetas de racionamiento se usaron para su distribución a través de 12.767 tiendas de barrio. Estas tarjetas ofrecen una canasta básica de alimentos que incluye aceite de cocina, azúcar, arroz y frijoles y se amplió para incluir huevos, papas, verduras, una libra extra de pollo por persona, jabón, pasta de dientes y cloro extra. A pesar de sus limitaciones, las tarjetas de racionamiento y las tiendas de barrio han servido a 3.809.000 familias y han limitado la especulación de los precios.

Al 6 de abril, el número de pacientes confirmados ascendió a 396, con 1.752 hospitalizados. El gobierno anunció medidas adicionales basadas en el plan nacional. Estas incluían la suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, del servicio de mesa en los restaurantes (solo se permitía entrega a domicilio o retirada en el restaurante), del transporte público urbano y el aplazamiento del cobro de agua, electricidad y gas.

La columna vertebral de la respuesta de Cuba a la covid-19, como en otros países socialistas, ha sido la acción pública. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) fundados en 1960 ante la amenaza de una posible invasión estadounidense, tienen aproximadamente ocho millones de miembros (de una población de 11,34 millones). Los comités están organizados por cuadras, movilizan a la población para ayudar a las personas más vulnerables en cada comunidad, para participar en campañas de salud, y para proveer comida y refugio durante la temporada de huracanes. En la ciudad oriental de Santiago de Cuba, miembros de CDR como Juana Guerra, profesora universitaria e integrante de la Federación Médica Cubana, hicieron 16.000 mascarillas. Miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios trabajan como voluntarixs en diversas ciudades ayudando a limpiar y cocinar en centros de aislamiento, entregando suministros a familias en cuarentena y trabajando en los centros de apoyo establecidos preparando comida para el personal médico y las familias vulnerables. Inspirados por las batallas del pasado, muchos estudiantes dicen orgullosamente que covid-19 se ha convertido en su Bahía de Cochinos (#EsteEsMiGiron).

El internacionalismo está en el núcleo del espíritu revolucionario cubano. En 2005, Cuba fundó el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, para proveer asistencia médica de emergencia en todo el mundo. Desde entonces, ha enviado 25 brigadas al exterior, que han ayudado a 3,5 millones de personas en 23 países. Este contingente se encuentra ahora en el centro de la lucha contra la covid-19, respondiendo a pedidos de envío de trabajadorxs de la salud cubanxs a países de todo el mundo. El 15 de marzo, la primera brigada de 130 epidemiólogxs y otrxs especialistas médicxs fue a Venezuela. Desde entonces, otras 33 brigadas formadas por 3.337 trabajadorxs de la salud han ido a trabajar en 27 países en Europa, África y América Latina (las brigadas pueden ser desde dos médicxs en Granada hasta 217 trabajadorxs de la salud en Sudáfrica). Muchos de estos países han sido objeto de una mayor presión por parte del gobierno estadounidense para negar la ayuda de Cuba. El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, ha liderado el ataque, acusando a la isla de aprovecharse de la pandemia. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla, respondió a la campaña de desprestigio estadounidense diciendo: “¿Qué derecho tiene el secretario de Estado de presionar a gobiernos soberanos para que priven a sus naciones de atención médica?”.

Mientras el mundo entró en el coronashock, el crucero británico MS Braemar quedó varado en el Caribe con 682 pasajerxs, incluidos cinco con covid-19, buscando desesperadamente un puerto donde llegar. Mientras que otros países se negaron a permitir que el barco atracara, Cuba —con un riesgo significativo— abrió sus puertas y organizó el desembarque y el regreso a casa de sus pasajeros, declarando que: “Son tiempos de solidaridad, de entender la salud como un derecho humano, de reforzar la cooperación internacional para hacer frente a nuestros desafíos comunes, valores que son inherentes a la práctica humanista de la Revolución y de nuestro pueblo”.

El sistema revolucionario de Cuba ha logrado la fuerza y la capacidad de sobrevivir frente a bloqueos y pandemias, integrando a trabajadorxs, campesinxs, científicxs, organizaciones de masa y sistemas de defensa civil con un partido y un gobierno que ponen la vida humana en el centro de su atención.

Nosotros enviamos un médico a Cuba que se transformó en millones, 2020.
#CubaSalvaVidas

Vietnam

El 16 de enero, antes de que estuviera claro que el nuevo virus podía transmitirse entre personas, el Ministerio de Salud de Vietnam informó a los demás organismos gubernamentales y al público sobre el peligroso virus e instó a que se adoptaran medidas inmediatas. Cinco días después, el 21 de enero, el Ministerio de Salud dio instrucciones detalladas a los hospitales y clínicas sobre cómo enfrentar al virus. El 24 de enero, el viceministro de Salud, Đỗ Xuân Tuyên, dijo que se realizarían inspecciones en todos los puestos de frontera. Esta fue una decisión importante, ya que Vietnam comparte 1.400 km de frontera con China y esta frontera está a solo diez horas de viaje en autobús desde Wuhan. El 30 de enero, el gobierno vietnamita, encabezado por el primer ministro Nguyễn Xuân Phúc, estableció un comité directivo nacional de prevención de la epidemia. Dos días después, el 1 de febrero, el primer ministro Nguyễn declaró efectivamente una emergencia nacional.

El Partido Comunista de Vietnam ofreció muy pronto un lema: “combatir la epidemia es como luchar contra el enemigo”. Pero esta lucha debía llevarse a cabo con una actitud científica. Las pruebas comenzaron en los puestos de frontera, y equipos de control de la epidemia comenzaron a hacer pruebas a la población y a rastrear los contactos si se identificaba una persona infectada. El Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología fue capaz de crear una prueba muy rápidamente, que se utilizó ampliamente en el país. Más de 100 laboratorios de todo el país realizaron pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, lo que permitió obtener resultados de covid-19 mucho más rápidos, a un ritmo de 27.000 muestras por día. El 10 de marzo, el gobierno lanzó la aplicación móvil NCOVI para facilitar la localización de contactos. En vez de poner en cuarentena a toda la población, los equipos epidemiológicos estudiaron a la población y aislaron y trataron a quienes presentaban síntomas, a los que daban positivo para las pruebas de covid-19 y a cualquier persona con la que hubieran tenido contacto. Además, cualquier región con números particularmente altos fue puesta en cuarentena.

Con base en el conocimiento científico disponible, las autoridades vietnamitas siguieron un enfoque de cuatro niveles para el aislamiento:

1. Nivel uno: toda persona con diagnóstico confirmado es aislada en un centro de salud (en estos casos no se permite la auto cuarentena).
2. Nivel dos: todas las personas en contacto estrecho con los casos confirmados deben ser sometidas a pruebas e ingresar en un centro de cuarentena administrado por el gobierno.
3. Nivel tres: todas las personas que hayan estado en contacto estrecho con personas en el nivel dos deben auto aislarse en sus casas.
4. Nivel cuatro: si hay un brote particularmente grave en un poblado o en un hospital, todo el poblado o el hospital deben hacer cuarentena total.

Este sistema multinivel de aislamiento ayudó a las autoridades a romper la cadena de infección. Pero el gobierno se mantuvo alerta. El 30 de marzo, inmediatamente después de que el Hospital Bach Mai en Hanoi, que había sido esencial en lucha para romper la cadena, experimentara una explosión de casos, el gobierno anunció una epidemia nacional.

El Ministerio de Salud publicó un video musical para explicar el concepto de distanciamiento físico y lavado de manos, video que se hizo viral en TikTok, donde lxs jóvenes crearon un baile para acompañarlo. El mensaje se transmitió en pocos días. Las empresas de telecomunicaciones, incluidas las empresas privadas, enviaron 3.000 millones de mensajes sobre covid-19 a lxs usuarixs de celulares. Se ordenó el uso de mascarillas en público y se distribuyeron desinfectantes de manos a base de alcohol, que se pusieron a la venta en todas partes. Las escuelas y los sitios religiosos fueron cerrados inmediatamente.

El gobierno ordenó a las unidades del sector público que produjeran el equipamiento necesario, incluidos los equipos de protección individual (EPI) y ventiladores, así como desinfectante de manos y medicamentos. Había suficiente capacidad industrial que podía ser dirigida para producir estos bienes sin preocupación por el alza de precios, ya que son empresas del sector público. El 8 de abril, el gobierno de Vietnam envió 450.000 unidades de EPI a los Estados Unidos en un acto de solidaridad. Este es el mismo país que fue bombardeado de forma increíble por el gobierno estadounidense, que utilizó armas químicas tan fuertes que el pueblo sigue marcado por ellas y la agricultura vietnamita no se recuperará durante generaciones.

El sector privado siguió el ejemplo, al igual que los filántropos que establecieron Rice ATMs’ [Cajeros automáticos de arroz] para distribuir alimento a quienes habían perdido sus ingresos. El gobierno estableció cocinas públicas para alimentar a las personas en necesidad.

Vietnam, con una población de 100 millones de personas, no tiene víctimas fatales de covid-19 hasta comienzos de julio.

Cảm ơn Việt Nam! [‘¡Gracias, Vietnam!’], Vietnam, 2020.
Hiep Le Duc

Venezuela

El 26 de febrero, las autoridades brasileñas informaron del primer caso de coronavirus, este caso fue también el primero reportado en América Latina. Dos días después, el 28 de febrero, el gobierno venezolano creó la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus (semanas antes de que se informara el primer caso en el país, el 13 de marzo). Sorprendentemente, durante el mismo período, el gobierno de los Estados Unidos decidió profundizar su guerra híbrida contra Venezuela, a pesar de la naturaleza altamente contagiosa del coronavirus y a pesar de las advertencias de la OMS.

Antes de la pandemia, Venezuela ya había sido objeto de severas sanciones estadounidenses, que presionan a la economía en su conjunto y sabotean su sistema de salud pública. En 2018, la Federación Farmacéutica Venezolana reportó una escasez del 85% de los medicamentos esenciales. Otro estudio realizado en 2018 demostró que 300.000 personas están en riesgo de morir por falta de acceso a medicinas clave para VIH, enfermedades renales, cáncer y diabetes como consecuencia de las sanciones. Venezuela recurrió a sus aliados internacionales —China, Cuba, Irán y Rusia— para que le proporcionaran el equipo y apoyo necesario. Oprimido por el hostil régimen de sanciones impulsado por EE. UU. y por un bloqueo de buques de guerra estadounidenses, el gobierno venezolano y sus aliados demostraron nervios de acero en su decisión de romper el embargo estadounidense.

El 13 de marzo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó los primeros casos positivos de covid-19: una mujer de 41 años que volvió de viajes por la Unión Europea y los Estados Unidos, y un hombre de 52 años que regresó de España. El día anterior, el gobierno había suspendido los vuelos —con efecto a partir del 15 de marzo— procedentes de Europa, Colombia, Panamá y la República Dominicana y comenzó a chequear síntomas en puertos y aeropuertos. Debido a los casos de personas que volvían desde España, se ordenó cuarentenas obligatorias para todxs lxs pasajerxs que llegaron en vuelos de Iberia los días 5 y 8 de marzo.

El gobierno tomó en serio las orientaciones de la OMS y prohibió todas las reuniones públicas, suspendió todas las escuelas, ordenó el uso de mascarillas en el transporte público y, el 15 de marzo, determinó cuarentena total en algunos estados del país (La Guaira, Miranda, Zulia, Apure, Táchira and Cojedes, así como en la ciudad de Caracas). En dos días, el gobierno confirmó 16 nuevos casos, y entonces extendió la cuarentena a todo el país durante un mes. El uso de mascarillas en público fue declarado obligatorio.

Basándose de nuevo en los consejos de la OMS, el gobierno consideró imperativo recoger información médica y epidemiológica relevante sobre la población. El 16 de marzo, anunció que el Sistema Patria —el sistema nacional de tarjetas establecido por el presidente Nicolás Maduro en 2016 para facilitar el acceso a los programas sociales y los pagos electrónicos— se utilizaría como instrumento en la lucha contra la enfermedad. En 2017, la administración de Maduro estableció una plataforma en internet como forma de llegar a la parte más vulnerable de la población en la lucha contra los problemas inducidos por las sanciones. A través de un proceso de registro voluntario, se registraron en el sistema más de 18 millones de los aproximadamente 28 millones de residentes en Venezuela, lo que lo convierte en la forma más completa tanto de recopilar información como de entregar bienes y servicios a la población. A lo largo de los años, el Sistema Patria se ha convertido en la base para organizar el suministro de alimentos, asignar ayuda monetaria y experimentar con la moneda digital. En el caso de la lucha contra la covid-19, el sistema se ha utilizado para entregar ayuda monetaria a las personas, así como para hacer un inventario adecuado de sus necesidades médicas.

El 26 de marzo, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a los líderes venezolanos de tráfico de drogas y fijó una recompensa por el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, entre otros. El mismo día, el gobierno anunció un plan de estudio y detección de covid-19 utilizando como base el Sistema Patria. El plan, centrado en visitas casa por cada de lxs más vulnerables a la enfermedad, es un mecanismo eficaz para la prevención y detección temprana de nuevos casos. Al mismo tiempo, crea empleo para lxs trabajadorxs de la salud en medio de una crisis económica. El plan fue desarrollado por equipos médicos venezolanos y cubanos que trabajaron en estrecha colaboración con diversas organizaciones populares como los consejos comunales, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los comités de salud y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela, ha llevado a cabo 929.599 pruebas para diagnosticar casos de covid-19, equivalente a 30.987 pruebas por millón de habitantes.

El 24 de marzo, el presidente Maduro reiteró la importancia de las medidas de prevención contra el virus y reforzó la cuarentena en la región de la capital. Este anuncio llegó a la luz de siete nuevos casos de covid-19, llevando el número total del país en ese momento a 91 casos. Esta respuesta gubernamental requirió el fortalecimiento de al menos tres tipos de instituciones: 1) 46 hospitales dedicados a pacientes de covid-19, 2) centros de diagnóstico completo, que se establecieron en 2005 como clínicas locales de salud en un proyecto de los gobiernos venezolano y cubano; 3) centros de salud privados. El gobierno circuló protocolos clínicos y epidemiológicos basados en los últimos conocimientos científicos. Se introdujeron medicamentos como el antivírico cubano Interferón Alfa 2B y la hidroxicloroquina para ayudar en el tratamiento de los pacientes infectados, incluso en centros médicos privados. Se movilizaron 12.000 estudiantes de medicina y enfermería para ayudar en el tratamiento de lxs pacientes.

Lxs venezolanxs —familiarizadxs con las duras condiciones que imponen las sanciones— ya han construido instituciones de asistencia y resiliencia política. Una de esas importantes instituciones son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que se crearon en 2016 como mecanismo para entregar alimentos a por lo menos siete millones de hogares que de otra manera estarían en peligro de padecer hambre. El objetivo del sistema no es solo satisfacer las necesidades nutricionales básicas de las población, sino también fortalecer las organizaciones comunitarias locales, ya que son ellas las que están en contacto con la gente y entregan los alimentos. Cada caja que entregan los CLAP tiene un contenido similar (harina, granos, arroz, leche, aceite y carne en lata), mientras el precio de mercado de los bienes en la caja es de alrededor de 11 dólares, el costo para el público es menos de un centavo. El programa CLAP ha sido blanco de ataques sistemáticos por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha tratado de sancionar a los proveedores extranjeros de productos alimenticios que van en las cajas de los CLAP. Esto no ha detenido al gobierno venezolano, que a pesar de los múltiples problemas, permanece comprometido con la asistencia al pueblo. En 2016, Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de Venezuela, dijo que el programa es “un instrumento político para defender la revolución”; esta actitud permanece intacta. El 19 de marzo, el gobierno creó un plan suplementario para los CLAP, usando el programa como una forma de mejorar la asistencia en época de cuarentena.

El 24 de marzo, el gobierno amplió aún más el programa CLAP y —a pesar de la incertidumbre económica impuesta por las sanciones— su distribución está garantizada al menos hasta agosto de 2020. Ha habido un plan de largo plazo para pasar de la importación de alimentos —incluyendo lo que contienen las cajas de los CLAP— a ser más autosuficientes en su producción. El gobierno anunció nuevas inversiones para fortalecer el Plan de Compras Públicas Centralizadas, que gestiona las compras públicas de bienes sociales y ha estimulado la creación de formas de llevar los alimentos del campo a las ciudades. El Programa de Alimentación Escolar, que alimenta a un alto porcentaje de niñxs venezolanxs, ha sido ahora transformado —ya que las escuelas están cerradas— en un plan de emergencia que distribuye en las casas de lxs estudiantes alimentos cocinados en cocinas comunitarias que funcionan con participación popular. El Plan Socialista de Producción, Distribución y Consumo Pueblo a Pueblo mejora el Programa de Alimentación Escolar con frutas y verduras de las comunas productivas y una metodología de trabajo participativa y pedagógica. La ciudad de Caracas ha establecido un programa de entrega a domicilio llamado “Yo compro en casa”, con precios regulados de alimentos subvencionados y trabajadorxs contratadxs cuyos ingresos diarios como repartidorxs habían desaparecido.

El 23 de marzo se anunciaron una serie de políticas para asegurar la ya frágil economía. Utilizando el Sistema Patria, el gobierno proporcionó asistencia en efectivo a las personas vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas directamente para que continúen pagando a sus trabajadorxs. El gobierno suspendió los pagos de leasing y alquileres y prohibió los desalojos. Pidió a las asociaciones de bienes raíces que encontraran una forma de manejar la crisis de insolvencia a largo plazo. Se suspendieron todos los pagos de capital e intereses de préstamos por seis meses, y se suprimieron las multas e intereses sobre multas. El gobierno ordenó a los bancos que reclasificaran la medición del crédito en este período para proteger los historiales crediticios de las personas. Dado que la comunicación es fundamental, especialmente durante una cuarentena, el gobierno prohibió la suspensión de los servicios de televisión por cable y los servicios telefónicos (incluido internet) por seis meses. Para permitir la importación de bienes clave para sostener al país, el gobierno ofreció exenciones de impuestos e invirtió en sectores estratégicos como la producción y distribución de alimentos, la producción y distribución de productos farmacéuticos y la producción de equipos y bienes sanitarios y de higiene.

Una parte clave de la respuesta de Venezuela es la centralidad de la acción pública. La teoría de la Revolución Bolivariana es descentralizar el poder institucional en poder popular, construir instituciones del pueblo que autogestionen las localidades y colectivicen la producción. Para llevar a cabo este proceso son cruciales las comunas, sus consejos comunales y los CLAP, así como los movimientos populares. Las mujeres juegan un papel central en la dirección de estas entidades y como parte de las Misiones Sociales. Son las mujeres las que cocinan todos los días, quienes trabajan preparando infusiones y haciendo mascarillas y ayudan a las familias que no tienen los medios para educar a sus hijxs en casa. La respuesta a la pandemia se da no solo desde el Estado, sino también desde estos organismos descentralizados, que son altamente políticos y motivados. A medida que se profundiza la guerra híbrida contra Venezuela, la participación del pueblo fortalece su determinación de defender la Revolución Bolivariana contra el ataque a la moneda y la hiperinflación. La agresión armada contra el país intensifica la resistencia popular. La reacción a la pandemia —tanto por parte del Estado como a través de la acción pública organizada— ha entrelazado los esfuerzos de socorro para satisfacer las necesidades materiales inmediatas de la población, junto con la fortaleza y la resistencia políticas necesarias para resistir la guerra híbrida impulsada por los Estados Unidos.

Durante las primeras seis semanas de cuarentena, alrededor de 49.628 personas regresaron a Venezuela, principalmente desde Colombia y Brasil. Después de ser examinados en las fronteras, fueron a cuarentena obligatoria en centros administrados por el gobierno. A pesar de esas cuidadosas medidas, muchos de los casos de covid-19 son importados: 77,8% de los 34 casos de covid-19 identificados solo entre el 9 y el 27 de mayo fueron traídos desde fuera del país.

Conociendo estos riesgos, el gobierno envió aviones a Santiago (Chile), a Lima (Perú) y a Quito (Ecuador) para traer venezolanxs a casa sin costo, independientemente de sus afiliaciones políticas y sin tener en cuenta los obstáculos adicionales para gestionar la crisis y acceder a suministros médicos adecuados que las sanciones estadounidenses les imponen. Venezuela ha enfrentado gran hostilidad de los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, pero eso no incidió en cómo el gobierno venezolano ayudó a lxs venezolanxs que emigraron a esos países. Además, cuando el ministro de Salud de Colombia dijo que su única máquina para procesar pruebas de covid-19 se había dañado, el presidente Maduro se ofreció a enviar a Colombia dos máquinas que llegaron de China, a pesar de que Colombia alberga fuerzas militares antivenezolanas en la frontera y actúa sistemáticamente como un “felpudo” para la intervención estadounidense en el país. El gobierno venezolano intentó coordinar esta oferta a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero la oferta fue rechazada por Colombia.

El ataque de EE. UU. a Venezuela y a Cuba, así como el compromiso con el socialismo, ha acercado a los dos países. Por ello, la respuesta a la covid-19 fue coordinada muy estrechamente entre los dos Estados. El gobierno cubano envió 10.000 dosis de Interferón Alfa 2B. Su creador, el Dr. Luis Herrera, visitó Venezuela el 16 de marzo y elogió la decisión venezolana de imponer la cuarentena como una forma efectiva de romper la cadena de infección. El día anterior, un equipo de 130 médicxs cubanxs llegó para apoyar los esfuerzos de combatir el coronavirus en el país. Este equipo se unió a la Misión Médica Cubana que ha estado en Venezuela desde 2003 (sus integrantes rotan cada dos años). El 23 de marzo, un equipo médico de la República Popular China llegó para brindar ayuda, y China, junto con Rusia, envió equipos médicos, medicinas, pruebas, reactivos, lentes protectores, trajes de bioseguridad y purificadores de aire para los centros de salud, y se estableció un puente aéreo entre Venezuela y China para facilitar la importación de bienes esenciales.

En mayo, Irán envió cinco buques petroleros con combustible para Venezuela con la intención de proporcionar ayuda al pueblo venezolano, rompiendo así el bloqueo de los puertos venezolanos por parte de los Estados Unidos. Estos buques entraron a Venezuela con un amplio mensaje de solidaridad pacífica entre los pueblos.

A los médicos cubanos, Venezuela, 2020.
Miguel Guerra/Utopix

Kerala

El 18 de enero, KK Shailaja, ministra de Salud de Kerala en el gobierno del Frente Democrático de Izquierda (LDF) de este estado indio de 35 millones de habitantes, convocó una reunión para discutir lo que estaba pasando en Wuhan, China. Wuhan aún no había implementado la cuarentena completa, pero Shailaja estaba muy consciente de que había estudiantes de Kerala en Wuhan y de que cuando regresaran habría la posibilidad de que importaran el coronavirus al estado. El 22 de enero, el Departamento de Salud envió una alerta a todos los hospitales y autoridades de distritos sobre la necesidad de prepararse para el virus. El 24 de enero, Kerala estableció una sala de control a nivel estadual, y para el 28 de enero había salas de control en todos los distritos. También se establecieron instalaciones para aislamiento en todos los distritos, se crearon 18 comités y se pusieron en marcha las medidas preventivas.

El primer caso de coronavirus en Kerala —una estudiante de Medicina que había estado en Wuhan— fue detectado el 30 de enero. Enseguida, dos personas más dieron positivo en las pruebas y para el 3 de febrero se había puesto en cuarentena a más de 2.200 personas que volvieron a Kerala de regiones golpeadas por el coronavirus. La vigilancia ejercida por el estado probó ser efectiva: lxs tres pacientes se recuperaron completamente en pocos días y no hubo casos de propagación secundaria. El número de personas en cuarentena descendió rápidamente.

Sin embargo, a fines de febrero, a medida que el coronavirus se propagaba a más países, la llegada a Kerala de personas provenientes de regiones golpeadas por el coronavirus se intensificó. Varias personas, inicialmente las que venían de Italia y después las que venían de la región del Golfo Pérsico, dieron positivo para covid-19. Otras que estuvieron en contacto con ellas también contrajeron la enfermedad. Esta fue la segunda ola de infecciones de covid-19 en el estado. En las semanas subsiguientes, Kerala continuó examinando a lxs pasajerxs que llegaban al estado, no solo por vía aérea, sino también por carretera, en 25 puntos de control fronterizos, y por tren; una ardua tarea dado el gran número de pasajerxs.

Kerala lleva a cabo un amplio rastreo de los contactos, utilizando mapas de ruta que contienen los detalles de los lugares visitados por las personas infectadas. Se pidió a las personas que estaban presentes en esos lugares cuando las personas infectadas los visitaron que se contactaran con el Departamento de Salud. Los mapas de ruta se han difundido ampliamente por las redes sociales y a través de GoK Direct, la aplicación para celulares del gobierno de Kerala. Lxs representantes elegidxs de las instituciones de autogobierno local y lxs trabajadorxs comunitarixs de la salud ayudaron en el rastreo de los contactos. La fórmula era clara: “rastrear, poner en cuarentena, testear, aislar, tratar”, como declararía más tarde el ministro jefe Pinarayi Vijayan, quien también es miembro del politburó del Partido Comunista de la India (Marxista).

A quienes llegan del extranjero o de otros estados se les pone en cuarentena, ya sea en los centros de cuarentena designados o en sus casas. Los que han estado en contacto primario y secundario con personas infectadas están en cuarentena en sus casas. Lxs funcionarixs del Departamento de Salud les visitan o llaman regularmente para verificar el seguimiento de los protocolos de aislamiento en casa. Quienes que no tienen facilidades suficientes en casa para una cuarentena efectiva se alojan en centros de cuarentena administrados por el gobierno, y cualquiera que desarrolle síntomas asociados con la covid-19 es hospitalizadx. Las pruebas y los tratamientos son gratuitos y están disponibles para todas las personas en el estado.

Cuando se comenzó a informar sobre la covid-19 en el estado, la ministra de Salud, KK Shailaja, mantuvo conferencias de prensa diarias para informar al público sobre los últimos datos, las medidas tomadas para combatir el virus y las medidas que el público debía tomar. A partir del 10 de marzo, el ministro jefe Pinarayi Vijayan comenzó a dar conferencias de prensa diarias, ya que los esfuerzos para contener la pandemia ahora implicaban el trabajo de varios departamentos. Se han establecido más centros de pruebas y de atención de covid-19 en todos los distritos y se han nombrado recientemente 276 médicxs y 321 inspectorxs de salud junior.

El gobierno ha tomado medidas para fabricar mascarillas y desinfectante a la luz del aumento de la demanda, en lugar de dejar que el problema se resuelva en el libre mercado. El sector público ha tomado el liderazgo en la producción de más medicinas, desinfectante y guantes. Kudumbashree, un colectivo enorme de grupos de vecinas apoyados por el gobierno —formado por 4,5 millones de mujeres, alrededor de una cuarta parte de la población femenina del estado—, comenzó a fabricar mascarillas. Militantes de la Federación de la Juventud Democrática de la India (DYFI), organización de izquierda, y del Kerala Sastra Sahitya Parishad [Foro de Kerala para la Literatura Científica] o KSSP, el mayor movimiento de ciencia popular del estado, colaboraron en la fabricación de desinfectante para manos.

El gobierno lanzó la campana “Rompe la cadena” para animar a la gente a adoptar las prácticas necesarias para prevenir la infección por covid-19. Las organizaciones de empleadxs del gobierno colocaron quioscos de desinfección de manos frente a las oficinas gubernamentales. La DYFI colocó instalaciones para lavado de manos en 25.000 lugares en todo el estado, así como centros de llamadas para personas que necesiten ayuda. La preparación, la máxima vigilancia, la adhesión estricta al protocolo y la transparencia han sido cruciales en la batalla de Kerala contra la covid-19.

A fines de marzo, cuando el resto de India despertó a la realidad de la pandemia, Kerala ya había avanzado hacia un plan en profundidad para aliviar las dificultades económicas de la población. El 12 de marzo había anunciado el cierre de las instituciones educativas y pronto comenzó a entregar comida en las casas para los niños que en otras circunstancias estarían en centros de cuidado infantil. En lugar de imponer una cuarentena general sin pensar en como podrían comer las familias, permanecer en sus hogares o cumplir con las políticas establecidas –como lo hace el gobierno federal de la India–, el gobierno del estado de Kerala estableció restricciones gradualmente, cuidando de proporcionar a las personas las condiciones para seguirlas. El 19 de marzo, el ministro jefe anunció un paquete de ayuda de 200.000 millones de rupias. El paquete incluye pago por adelantado de las pensiones de bienestar social, granos gratuitos para todo el mundo durante un mes, un financiamiento adicional de 5.000 millones para la salud pública y la relajación de los plazos de pago de las facturas de servicios públicos e impuestos.

El estado implementó una cuarentena total a partir del 24 de marzo. El gobierno federal de la India la implementó para todo el país a partir del día siguiente. En las siguientes semanas, el gobierno del estado de Kerala distribuyó granos gratis a todas las familias del estado. Se entrega alimentos cocinados a personas ancianas que viven solas, a las personas con discapacidad, a quienes no pueden cocinar por sí mismxs debido a enfermedades y a lxs extremadamente pobres. Los comités a nivel de las salas de control de las instituciones de autogobierno local (LSGI por su sigla en inglés) —panchayats en los pueblos, municipios en las ciudades y corporaciones municipales en las ciudades más grandes— están haciendo este trabajo con la ayuda de voluntarixs. Las LSGI han establecido cocinas comunitarias y lxs voluntarixs entregan comida preparada en esas cocinas a los hogares de las personas necesitadas. Miembros de los sindicatos de izquierda de empleadxs de las LSGI, como el Sindicato del Personal de la Corporación y del Municipio de Kerala (KMCSU), constituyen la mayoría de quienes que prestan servicios voluntarios en los comedores comunitarios. El gobierno también ha distribuido gratuitamente a todas las familias paquetes de víveres que contienen 17 artículos esenciales.

Previendo la posibilidad de que las cadenas de suministros se vean interrumpidas por la cuarentena, el gobierno del estado tomó medidas para asegurarse de que el paddy [arroz con cáscara], el cultivo básico de la región, se coseche sin interrupción. También se tomaron medidas para asegurar la provisión de arroz, vegetales y varios otros cultivos.

Desde el principio, el gobierno de Kerala reconoció que los alojamientos de lxs trabajadorxs migrantes en otros estados de la India eran a menudo inadecuados para asegurar el distanciamiento físico. Por lo tanto, se establecieron campamentos dirigidos por el gobierno para lxs trabajadorxs y se organizaron chequeos médicos. Se facilitó a lxs trabajadorxs comida, mascarillas, jabón y desinfectante de manos. Al 20 de abril, se habían abierto en Kerala 19.902 campamentos para lxs trabajadorxs migrantes, en los que se alojaban 353.000 de ellxs. Se trata del mayor número de campamentos de este tipo en el país.

Kerala tiene muchas juntas de fondos de bienestar para trabajadorxs de diversos sectores, que proporcionan beneficios de seguridad social agrupando las contribuciones de lxs trabajadorxs y sus empleadorxs a esos fondos de bienestar. Todxs lxs trabajadorxs en sectores que cuentan con juntas de fondos de bienestar reciben ayuda financiera a través de esas juntas. Lxs trabajadorxs que no forman parte de ninguna junta de fondos de bienestar reciben 1.000 rupias cada unx.

La escala de trabajo voluntario que se está llevando a cabo es enorme. Aparte del trabajo voluntario de lxs empleadxs gubernamentales, miembros de sindicatos, activistas juveniles y estudiantiles, el trabajo de la Fuerza de Voluntariado Social de la juventud establecida por el gobierno también ha sido una parte crucial de los esfuerzos de socorro. Al 23 de junio, 346.306 jóvenes se habían registrado como voluntarixs y están trabajando para: identificar a quienes necesitan asistencia, entregar alimentos y artículos esenciales, prestar ayuda de emergencia en hogares, ayudar con la operación de los centros de llamadas y las salas de control, entregar materiales a los campamentos de socorro, comunicar alertas y prestar asistencia en los hospitales.

Los esfuerzos de Kerala para contener la segunda ola de covid-19 fueron exitosos: para el 8 de mayo, el número de casos activos de covid-19 en el estado se había reducido a apenas 16. Pero una tercera ola de infecciones comenzó poco después. Esto se debió a que, como parte del relajamiento de la cuarentena en la India, desde la primera semana de mayo se disminuyeron las severas restricciones a los viajes entre estados y a la llegada de vuelos internacionales que estaban en vigor. Cientos de miles de keralitas que vivían en el extranjero y en otros estados de la India, enfrentadxs a un aumento de las infecciones y muertes por covid-19, a condiciones inseguras, a falta de atención médica, y a pérdidas de empleos en muchos casos, se esforzaron por volver a su estado de origen. El gobierno estadual adoptó el compromiso de traer de vuelta todos lxs keralitas que quieran volver al estado. Más de 315.000 personas regresaron a Kerala desde otros estados y del exterior entre el 4 de mayo y el 23 de junio. Ya que la mayoría de quienes regresan vienen de regiones con cifras muy elevadas de casos de covid-19, esto produjo un aumento en el número de las infecciones en Kerala.

Al 23 de junio, el número de casos activos de covid-19 en Kerala llegaba a 1.620 y el número de muertes a 22. De los casos notificados en este estado desde el 4 de mayo al 23 de junio, el 90,7% eran de personas que vinieron del extranjero o de otros estados. Un total de 150.196 personas estaban bajo observación: 147.990 en casa o en centros de cuarentena y 2.206 en hospitales. Las restricciones se están relajando de una forma calibrada, pero no hay espacio para la complacencia. Las campañas de concientización continúan, se mantienen las normas sobre distanciamiento físico, no se permiten grandes reuniones y el uso de mascarillas en público es obligatorio. El gobierno del estado continúa manteniendo ruedas de prensa regulares y difundiendo actualizaciones diarias al público.

Los esfuerzos del gobierno del LDF están basados en un enfoque integral para asegurar el bienestar de todxs lxs ciudadanxs. Se trata de un enfoque que reconoce la importancia del sistema de salud público, así como otros determinantes sociales y económicos de la salud y el bienestar. Reconoce que el hambre y la falta de techo son impedimentos graves para la salud. Las políticas del gobierno del LDF en medio de la covid-19 tienen como objetivo abordar todos estos asuntos para proporcionar asistencia a la gente.

El objetivo es llegar a cada persona necesitada. Hasta el 9 de junio, 116.328 voluntarixs se habían desplegado para identificar a quienes necesitaban asistencia para que nadie se quede sin ayuda. La estrategia del gobierno ha sido movilizar toda la maquinaria estatal —incluyendo el sector público y los LSGI— junto con las energías colectivas de las poderosas organizaciones de masas y de la clase que hay en el estado, los colectivos y las cooperativas y el celo de la ciudadanía de Kerala por la acción voluntaria. Esta es una estrategia de movilización total que integra el trabajo de la maquinaria estatal con el trabajo del público en general, y en la que aquellas personas movilizadas por las organizaciones de la clase y de masas juegan un papel fundamental.

Todo esto ha sido posible gracias a la acción pública del Estado. Desde la época en que el primer ministro jefe comunista fue elegido en 1957, Kerala ha invertido en educación pública y atención de salud pública. Los gobiernos dirigidos por lxs comunistxs han tomado la delantera en la implementación de reformas agrarias que han roto con el latifundismo feudal, mejoraron enormemente el nivel de vida del campesinado y de lxs trabajadorxs agrícolas y aumentaron el poder de negociación de lxs trabajadorxs. El movimiento de la clase trabajadora ha desempeñado un papel crucial para que los salarios de Kerala sean los más altos de todo el país, y ha servido como el factor más importante para que el estado tenga las más amplias medidas de seguridad social para lxs trabajadorxs, a través de las juntas de fondos de bienestar.

La izquierda ha defendido durante mucho tiempo la descentralización democrática. El mayor esfuerzo en esa dirección fue la Campaña del Plan del Pueblo, iniciada por el gobierno del LDF en 1996. Las LSGI se fortalecieron enormemente con esta Campaña, que condujo a una mucho mayor devolución de recursos y poder a los organismos locales. Esto ha ampliado significativamente la capacidad de las LSGI para intervenir efectivamente en tiempos de necesidad, y ahora encabezan los esfuerzos de asistencia en el estado. Kudumbashree también fue iniciado por el gobierno del LDF en 1998 y fue fortalecido en mandatos posteriores del LDF.

El sistema de salud público de Kerala ha recibido su mayor impulso durante el mandato del actual gobierno del LDF, que llegó al poder en 2016. Esto se debe en buena medida a la Misión Aardram, un ambicioso programa lanzado en 2017 para mejorar las instalaciones de salud públicas del estado. Kerala tiene desde hace mucho tiempo el mejor sistema de atención primaria de salud del país, centrado en Centros de Salud Primaria (PHC). El actual gobierno del LDF ha llevado adelante y ha expandido significativamente este legado. De acuerdo con las clasificaciones oficiales, ahora los 12 mejores PHC de la India están en Kerala. Como parte de la Misión Aardram, todos los PHC están siendo mejorados a Centros de Salud Familiar (FHC) con horarios extendidos (Los FHC tienen servicios ambulatorios de la mañana a la noche, mientras en los PHC son solo de la mañana al mediodía) y más médicxs. Las instalaciones de todos los hospitales del gobierno han mejorado mucho. Esto es lo que ha permitido al sistema de salud hacer frente al reto que plantea la covid-19. Al mismo tiempo, los esfuerzos del gobierno federal, liderado por el partido de extrema derecha Bharatiya Janata Party (BJP), para empujar la privatización de la atención de salud han sido resistidos por el gobierno del LDF en Kerala. En febrero de este año, el gobierno federal propuso la privatización de los hospitales distritales en los estados de la India y Kerala se negó rotundamente.

Lo mejor de las posibilidades humanas

El coronashock revela una profunda división entre países capitalistas y socialistas. Esta división se entiende mejor, como hemos mostrado, a lo largo de cuatro ejes:

Socialismo

1. Ciencia
2. Sector público
3. Acción pública
4. Internacionalismo

Capitalismo

1. Alucinaciones
2. Sector con fines de lucro
3. Atomización y parálisis de la población
4. Patrioterismo y racismo

Existen, por supuesto, excepciones a estas reacciones entre los Estados capitalistas. Varios Estados en el Sudeste asiático —como Japón y Corea del Sur— así como Australia y Nueva Zelanda se habían preparado para el brote de SARS de 2003 y no destruyeron su infraestructura de salud pública en las décadas siguientes. Sobre la base de la experiencia con el SARS, no se burlaron de los informes de la OMS.

Sin embargo, en general son los Estados socialistas los que se han enfrentado al virus con determinación e inteligencia; esto a pesar de que afrontan el peso del imperialismo estadounidense y una guerra híbrida (especialmente en Cuba y Venezuela). Estas sociedades y sus Estados han actuado con determinación y tenacidad para romper la cadena de la pandemia y evitar crear un trauma individual y social y un desierto económico para sus pueblos. El capitalismo es incapaz de hacer frente a un desastre que ha creado de muchas maneras; el socialismo, en cambio, saca a relucir lo mejor de las posibilidades humanas.

Coronashock es un término que se refiere a la forma en que un virus golpeó al mundo con fuerza avasalladora; y a cómo el orden social en los Estados burgueses se desmoronó, mientras que el orden social en las partes socialistas del mundo parece más resiliente.

Este es el segundo de una serie estudios sobre el coronashock, cada uno dividido en varias partes. Se basa en un conjunto de artículos escritos por Ana Maldonado (Frente Francisco de Miranda, Venezuela), Paola Estrada (Secretaría de la Asamblea Internacional de los Pueblos y Capítulo Brasil de ALBA Movimientos, Zoe PC (People’s Dispatch), y Vijay Prashad (director del Instituto Tricontinental de Investigación Social).

Seguimos en resistencia. San Juan, Caracas. 2010.
Comando Creativo

But even the president of the United States
sometimes must have to stand naked.
[Pero incluso el presidente de los Estados Unidos
a veces tiene que quedar desnudo]
Bob Dylan, It’s Alright, Ma, 1965

La locura de la guerra híbrida

El coronavirus se mueve rápido, corre atravesando continentes, saltando océanos, aterrorizando a la población en todos los países. El número de infectadxs sigue aumentando, así como el número de muertes. Se lavan manos, se hacen pruebas, se observa distanciamiento físico. No está claro cuán devastadora será esta pandemia ni cuánto tiempo durará.

El 23 de marzo, 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara una pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres dijo, “La furia del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso pido hoy un cese al fuego inmediato en todos los rincones del mundo. Es tiempo de poner en cuarentena al conflicto armado y juntos concentrarnos en la verdadera lucha de nuestras vidas”. El secretario Guterres habló de silenciar las armas, detener la artillería y acabar con los ataques aéreos. No se refirió a un conflicto específico, dejando que su llamado flote pesadamente en el aire. Después de seis semanas de deliberación y retrasos causados por Washington, en la primera semana de mayo, el gobierno de los Estados Unidos bloqueó, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la votación sobre una resolución que pedía un alto al fuego global.

Los Estados Unidos bloquearon esta resolución, pero ella no ponía atención en el tipo de guerra que EE. UU. está llevando a cabo contra Cuba, Irán y Venezuela –entre otros. Ha impuesto una guerra híbrida. El complejo militar estadounidense ha avanzado en su programa de guerra híbrida que incluye una serie de técnicas para socavar gobiernos y proyectos políticos. Estas técnicas incluyen la movilización del poder de los Estados Unidos sobre las instituciones internacionales (como el FMI, el Banco Mundial y el servicio de transferencias electrónicas SWIFT) para evitar que algunos gobiernos gestionen actividades económicas básicas, así como el uso del poder diplomático estadounidense para aislar a los gobiernos, el uso de sanciones para evitar que empresas privadas hagan negocios con ciertos gobiernos, el uso de la guerra de información para presentar gobiernos o fuerzas políticas como criminales o terroristas y así. Este poderoso conjunto de instrumentos consigue –a plena luz del día– desestabilizar gobiernos y justificar cambios de régimen (para más sobre este tema, véase el dossier No 17 del Instituto Tricontinental de Investigación Social: Venezuela y las guerras híbridas en Nuestra América).

Durante una pandemia, se esperaría que todos los países colaboraran de todas las formas posibles para mitigar la propagación del virus y sus impactos en la humanidad. Se esperaría que una crisis humanitaria de tal magnitud brindara la oportunidad de poner fin a todas las sanciones económicas inhumanas y a los bloqueos políticos contra ciertos países. El 24 de marzo, un día después del pedido del secretario general de la ONU, Guterres, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estuvo de acuerdo en que “en este tiempo crucial, tanto por razones de salud pública global como para apoyar los derechos y las vidas de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales deben ser relajadas o suspendidas. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.

Pocos días después, Hilal Elver, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación dijo que le complacía oír tanto a Guterres como a Bachelet pedir el fin del régimen de sanciones. El problema, indicó, radica en Washington: “Estados Unidos, con su gobierno actual, está muy interesado en continuar con las sanciones. Afortunadamente, algunos otros países, no. Por ejemplo, la Unión Europea y muchos países europeos están respondiendo positivamente y suavizando las sanciones en este tiempo de coronavirus. No han levantado completamente las sanciones, sino que las han interrumpido y hay comunicaciones en curso, pero no en los Estados Unidos por desgracia”.

El 6 de mayo, otros tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU, Olivier De Schutter (extrema pobreza y derechos humanos) Léo Heller (agua potable y saneamiento)  y Koumbou Boly Barry (educación) –dijeron que “a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”.  Sin embargo, el gobierno de Trump ha dejado de lado toda preocupación y continuado con su agenda de guerra híbrida para lograr un cambio de régimen.

La costumbre de los cambios de régimen

A medida que la covid-19 se movía hacia Sudamérica, el gobierno estadounidense aumentó la presión sobre el gobierno venezolano. En febrero de 2020 en la Conferencia de Seguridad de Munich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que EE. UU. busca “expulsar a Maduro”. Al mes siguiente, el 12 de marzo, Estados Unidos endureció las sanciones contra Venezuela y a continuación el Departamento del Tesoro estadounidense presionó al Fondo Monetario Internacional para que no permita que Venezuela acceda a los fondos de emergencia para enfrentar a la pandemia. Nada de esto funcionó. A pesar de la falta de apoyo del FMI, el gobierno venezolano movilizó a su pueblo para romper la cadena de infección, con ayuda internacional de China, Cuba y Rusia, así como de la Organización Mundial de la Salud.

En este punto, el gobierno estadounidense cambió su enfoque. Sugirió que el presidente Nicolás Maduro y los altos dirigentes de su gobierno están involucrados en el narcotráfico. No se ofreció ninguna prueba de esta afirmación alucinada, aunque hay evidencia sustancial de la culpabilidad de políticos colombianos de alto nivel en el tráfico de drogas. El presidente de EE. UU., Donald Trump autorizó que un destacamento naval permanezca frente a la costa de Venezuela, amenace a su gobierno e intimide a la población. El 30 de abril, para aumentar la presión sobre Venezuela, el gobierno de Trump activó partes de la Reserva Seleccionada de las Fuerzas Armadas para apoyar a las fuerzas armadas estadounidenses en una misión llamada “Enhanced Department of Defense Counternarcotic Operation in the Western Hemisphere” [Operación Antinarcóticos mejorada del Departamento de Defensa en el Hemisferio Occidental]. Todas las señales apuntan a la maldad de EE. UU. y sus aliados contra el pueblo venezolano.

El gobierno de Estados Unidos ha sido completamente sincero acerca de su objetivo de derrocar al gobierno venezolano, actualmente dirigido por el presidente Maduro, y revertir la Revolución Bolivariana. En agosto de 2017, Trump habló abiertamente de la “opción militar” al mismo tiempo que Estados Unidos, Canadá, Colombia y una lista de otros países gobernados por la extrema derecha y subordinados al Grupo de Lima formado por Washington. El Grupo de Lima intentó mantener una pátina liberal alrededor de su objetivo, declarando que quería “facilitar… la restauración del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”. Trump arrancó la hoja de parra de este lenguaje liberal e interpretó la frase “restauración del orden democrático” con razón como un llamado a un golpe militar o una intervención armada para derrocar al gobierno.

En enero de 2019, el gobierno de los Estados Unidos profundizó su guerra híbrida con una astuta maniobra diplomática. Declaró que Juan Guiadó, un político insignificante era el presidente de Venezuela y le entregó importantes activos venezolanos en el extranjero. Un intento de levantamiento liderado por Guaidó y la extrema derecha en Venezuela para derrocar a Maduro y tomarse el poder no pudo materializarse y Guaidó se encontró con más amigos en Washington y entre la oligarquía colombiana que en casa en Venezuela. Sin embargo, este intento fallido de derrocar al gobierno venezolano no disuadió a los Estados Unidos. De hecho, el fracaso profundizó la intervención estadounidense en la región

En mayo de 2019, el senador Lindsey Graham apareció en las páginas del Wall Street Journal para argumentar que “EE. UU. debe estar dispuesto a intervenir en Venezuela de la misma manera que lo hicimos en Granada”. En 1983, los marines estadounidenses desembarcaron en Granada para derrocar al gobierno legítimo y destruir el Movimiento New Jewel. Si no se toman ciertas medidas, escribió el senador Graham, Estados Unidos “debería trasladar sus efectivos militares a la región”. EE. UU. intentó crear una falange de aliados entre los ejércitos brasileño y colombiano para preparar una invasión a Venezuela. Afortunadamente, en la reunión del Grupo de Lima en febrero de 2019, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão dijo a la prensa que Brasil no permitiría a Estados Unidos usar su territorio para una intervención militar en Venezuela. Los planes de una invasión de gran escala tuvieron que ser suspendidos.

Tenemos Patria Grande. La Candelaria, Caracas. 2013.
Comando Creativo

Castigo colectivo

El 10 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, nos dijo que las “medidas coercitivas ilegales y unilaterales que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela son una forma de castigo colectivo”. El uso de la frase “castigo colectivo” es significativo; según la Convención de Ginebra de 1949, cualquier medida que infringe daño a toda una población es un crimen de guerra. Las medidas de Estados Unidos, nos dice Arreaza, han “resultado en dificultades para la adquisición oportuna de medicamentos”.

Sobre el papel, las sanciones unilaterales estadounidenses dicen que los suministros médicos están exentos, pero esto es una ilusión. El 26 de marzo, 11 senadores estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin para decir: “Entendemos que el gobierno ha declarado que las necesidades médicas y humanitarias están exentas de las sanciones estadounidenses, pero nuestro régimen de sanciones es tan amplio que los proveedores médicos y las organizaciones de socorro simplemente se mantienen lejos de cualquier actividad en Irán o Venezuela por temor a quedar accidentalmente atrapados en la red de sanciones estadounidenses”. Ni Venezuela ni Irán pueden comprar suministros médicos sencillamente, ni pueden transportarlos fácilmente a sus países, ni utilizarlos en sus sistemas de salud, que son en su mayoría del sector público. El embargo contra estos países, aún más en estos tiempos de covid-19, no solo es un crimen de guerra según las normas de la Convención de Ginebra (1949), sino que también es un crimen de lesa humanidad como lo define la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1947).

En 2017, Trump estableció fuertes restricciones a la capacidad de Venezuela para acceder a los mercados financieros. Dos años después, el gobierno estadounidense puso en una lista negra al Banco Central de Venezuela y puso un embargo general a las instituciones estatales venezolanas. Si alguna empresa comercia con el sector público de Venezuela, podría enfrentarse a sanciones secundarias. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) [Ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones] en 2017, que endureció las sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte. Al año siguiente Trump impuso una serie de nuevas sanciones contra Irán, que sofocaron la economía del país. Una vez más, el acceso al sistema bancario mundial y las amenazas a empresas que comerciaban con Irán hicieron casi imposible que este país haga negocios con el mundo. Especialmente, el gobierno estadounidense dejó claro que cualquier negocio con el sector público de Venezuela e Irán estaba prohibido. La infraestructura de salud que cubre a la mayoría de la población tanto en Irán como en Venezuela es administrada por el Estado, lo que quiere decir que enfrenta dificultades desproporcionadas para acceder a equipos y suministros, incluyendo kits de pruebas y medicamentos.

Venezuela e Irán dependen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener medicinas y pruebas. Sin embargo, la OMS enfrenta sus propios retos con las sanciones, en particular en lo que tiene que ver con el transporte. Estas duras sanciones obligaron a las empresas de transporte a reconsiderar la prestación de servicios tanto a Venezuela como a Irán. Algunas aerolíneas dejaron de volar hacia allá y muchas empresas de transporte decidieron no enfadar a Washington. Cuando la OMS intentó enviar kits de prueba de covid-19 desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) hacia Irán, se encontró con dificultades –como lo dijo Christoph Hamelmann de la OMS– “debido a restricciones de vuelo”. Los EAU enviaron el equipo en un avión de transporte militar.

De la misma manera, nos dijo Arreaza, Venezuela ha “recibido solidaridad de los gobiernos de países como China y Cuba”. A fines de febrero, un equipo de la Sociedad de la Cruz Roja de China llegó a Teherán para intercambiar información con la Media Luna Roja y con funcionarios de la OMS. China también donó suministros y kits de prueba. Las sanciones, nos dijeron los funcionarios chinos, no deberían tener consecuencias durante una crisis humanitaria como esta, no las vamos a honrar.

Mientras tanto, los iraníes desarrollaron una aplicación para ayudar a su población durante el brote de covid-19. Google decidió eliminarla de su tienda de aplicaciones como consecuencia de las sanciones estadounidenses.

¿Qué clase de fibra moral mantiene unido un sistema internacional donde un puñado de países puede actuar de una forma que va contra todas las más altas aspiraciones de la humanidad? Cuando Estados Unidos continúa sus embargos contra 39 países, pero con mayor intensidad contra Cuba, Irán y Venezuela, cuando hay una pandemia en marcha, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder y la autoridad en nuestro mundo? Las personas sensibles deberían estar ofendidas por este comportamiento, su mala fe es evidente en las muertes no naturales que provoca.

Cuando le preguntaron a la secretaria de Estado de EE. UU., Madeleine Albright, en 1996 por el medio millón de niñxs iraquís que murieron por las sanciones estadounidenses, dijo que esas muertes eran “un precio que valía la pena pagar”. No era ciertamente un precio que lxs iraquís querían pagar, ni los iraníes ni los venezolanos o, de hecho, la mayoría de la humanidad.

El FMI recibe órdenes del Tesoro de los Estados Unidos

El 16 de marzo de 2020, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva escribió una publicación en el blog del sitio web del Fondo; representa el tipo de generosidad necesaria en medio de una pandemia. “El FMI está listo para movilizar un billón de dólares de nuestra capacidad de préstamo para ayudar a nuestros miembros”, escribió. Los países con “necesidades urgentes de balanza de pagos” podrían recibir ayuda del “conjunto de herramientas de respuesta flexible y rápido desembolso” del FMI. A través de estos mecanismos y contra su propia historia de condiciones de ajuste estructural, el FMI dijo que podría proporcionar 50.000 millones de dólares a los países en desarrollo y 10.000 millones a los países de bajos ingresos a una tasa de interés de 0%, sin las habituales condiciones.

El día antes de que Georgieva hiciera esta declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela envió una carta al FMI pidiendo recursos para financiar los “sistemas de detección y respuesta” del gobierno por sus esfuerzos contra el coronavirus. En la carta, el presidente Nicolás Maduro escribió que su gobierno está “ejecutando diferentes medidas de control muy completas, estrictas y exhaustivas… para proteger al pueblo venezolano”. Estas medidas requieren de financiamiento, por lo que el gobierno está “dirigiéndose a su honorable [organización] para requerir su evaluación sobre la posibilidad de financiar 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) para Venezuela, recursos que contribuirán significativamente a fortalecer nuestros sistemas de detección y respuesta”.

La política de Georgieva de proporcionar asistencia especial a los países debería haber sido suficiente para que el FMI proporcionara la asistencia que el gobierno venezolano había solicitado. Pero, muy rápidamente, el Fondo negó la petición de Venezuela.

Es importante subrayar el hecho de que el FMI realizó esta negativa en un momento en que el coronavirus había comenzado a propagarse en Venezuela. El 15 de marzo, el día en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envió la carta al FMI, Maduro también se reunió con altos funcionarios del gobierno en Caracas. La empresa estatal farmacéutica venezolana (CIFAR) y las empresas venezolanas de equipos médicos dijeron que podrían aumentar la producción de maquinas y medicamentos para enfrentar la crisis, pero, dijeron, necesitaban materias primas clave que tenían que ser importadas. El gobierno de Venezuela acudió al FMI para poder pagar estas importaciones. La negativa del préstamo impactó directamente al sistema venezolano de salud e impidió a Venezuela enfrentar adecuadamente la pandemia de coronavirus.

“Esta es la situación más grave que hayamos enfrentado nunca”, dijo el presidente Maduro, mientras emitía nuevas medidas. El gobierno venezolano impuso una cuarentena nacional indefinida y ha implementado procesos de distribución de alimentos y suministros clave, basándose en el autogobierno local, encarnado en las comunas, que se desarrollaron con la Revolución Bolivariana. Todas las instituciones del Estado están ahora involucradas en hacer su parte para ayudar a “aplanar la curva” y “romper la cadena” de contagio. Pero, por la negativa del préstamo del FMI, el país tiene más dificultades para producir kits de prueba, respiradores, y medicinas clave para aquellos infectados por el virus.

Venezuela es un miembro fundador del FMI. A pesar de ser un país rico en petróleo, ha acudido varias veces al FMI por distintos tipos de asistencia. El ciclo de intervenciones del FMI en Venezuela en los años ochenta y comienzos de los noventa llevó a un levantamiento en 1989 que deslegitimó a la elite venezolana, fue a raíz de las protestas populares contra el FMI que Hugo Chávez construyó la coalición que lo llevó al gobierno en 1998 y a comenzar la Revolución Bolivariana en 1999. Para 2007, Venezuela pagó sus deudas pendientes tanto al FMI como al Banco Mundial y el país cortó sus lazos con estas instituciones, con la esperanza de construir un Banco del Sur con sede en América Latina como una alternativa. Pero antes de que se pudiera establecer este banco una serie de crisis golpearon a la región, forzadas por una caída en los precios de las commodities desde 2014-15.

La economía venezolana depende de la exportación de petróleo para generar los ingresos necesarios para importar bienes. Con la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2018 llegó un ataque directo a Venezuela por parte de Estados Unidos, que impuso una nueva ronda de sanciones unilaterales. Estas sanciones impidieron que las compañías petroleras y las empresas de transporte hicieran negocios con Venezuela. Los bancos internacionales se apoderaron de activos venezolanos en sus bóvedas (incluidos 1.200 millones de dólares en oro en el Banco de Inglaterra) y dejaron de hacer negocios con Venezuela. Este régimen de sanciones, reforzado aún más por el gobierno de Trump, perjudicó profundamente la capacidad de Venezuela para vender su petróleo y comprar productos, incluidos los suministros para el sector público de salud.

En enero de 2019, después de que Estados Unidos apoyó el intento de Guaidó de usurpar el poder, los bancos estadounidenses se apresuraron a incautar los activos del Estado venezolano que tenían y los entregaron al autoproclamado presidente. A continuación, en un movimiento sorprendente, el FMI dijo que no se le permitiría más al gobierno venezolano utilizar sus 400 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG), la moneda del FMI. Dijo que había tomado esta medida debido a la incertidumbre política en Venezuela. En otras palabras, por el intento de golpe de Estado –fallido– el FMI dijo que “no tomaría partido” en Venezuela. Al “no tomar partido”, el FMI se negó a permitir que el gobierno de Venezuela accediera a sus propios fondos.  Sorprendentemente, el asesor de Guaidó, Ricardo Hausmann, un ex presidente del Comité de desarrollo del FMI y representante de Guaidó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo en ese momento que esperaba que cuando ocurriera el cambio de régimen, el dinero estaría disponible para el nuevo gobierno. Esto es el FMI interfiriendo directamente en la política venezolana.

Ni en ese momento, ni ahora, el FMI ha negado que el gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela. El FMI continúa reconociendo en su sitio web que el representante de Venezuela ante el FMI es Simón Alejandro Zerpa Delgado, el ministro de Finanzas del gobierno de Maduro. Una de las razones para ello es que Guaidó no pudo probar que tenía el apoyo de la mayoría de los Estados miembros del FMI. Como Guaidó no pudo probar su posición, el FMI, una vez más, extraordinariamente, ha negado al gobierno de Maduro su legítimo derecho a sus propios fondos y a pedir préstamos con las facilidades que el Fondo ofrece a sus miembros.

La historia nos mira. Bellas Artes, Caracas. 2011.
Comando Creativo

Normalmente, el FMI se toma su tiempo cuando recibe una solicitud de fondos. El requerimiento debe ser estudiado por analistas que consideran la situación del país y miran si la solicitud es legítima. En este caso, el FMI respondió inmediatamente. Dijo que no.

Un vocero del Fondo, Raphael Anspach, no respondió preguntas específicas sobre esta negativa. En 2019, el había tenido una cautela similar acerca de hablar sobre la negativa de acceso a los 400 millones de dólares en DEG. Esta vez, Anspach nos envió la declaración formal que el FMI había divulgado a los medios de comunicación. La declaración decía que, aunque el FMI simpatiza con el predicamento del pueblo venezolano “no está en posición de considerar esta solicitud”. ¿Por qué es así? Porque, dice el FMI, su “involucramiento con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por la comunidad internacional”. “No hay”, dice la declaración, “ninguna claridad acerca del reconocimiento en este momento”

Pero si hay claridad. El FMI continúa listando al ministro de Finanzas venezolano en su sitio web. La ONU sigue reconociendo al gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Ese debería ser el estándar oficial para que el FMI tome su determinación. Pero no lo es. Está siguiendo los dictados del gobierno estadounidense. En abril de 2019 el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue al Consejo de Seguridad de la ONU y les dijo que la ONU debería aceptar a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, se dirigió hacia el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada Acosta y le dijo: “No debería estar aquí”. Ese es un momento de gran simbolismo, Estados Unidos actuando como si la ONU fuera su casa a la que pudiera invitar y desinvitar a quien quiera. La negativa del FMI al pedido de 5.000 millones de Venezuela acompaña el sentimiento de Pence. Se trata de una violación del espíritu de cooperación internacional que está en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas.

Hay signos de debilidad en la posición estadounidense. El 18 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó –sin votación– una resolución que aceptó las credenciales de los diplomáticos nombrados por el gobierno de Maduro. El hecho de que no hubo votación muestra que Estados Unidos no quiere revelar a plena vista el apoyo minoritario en el mundo para su posición de aislar al gobierno de Venezuela. EE. UU. prefiere renunciar a la votación en su interés de fabricar y mantener una narrativa de humo y espejos supuestamente sostenida por la “comunidad internacional”, que permitir a la comunidad internacional real votar abiertamente y mostrar que acepta al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela.

Las alucinantes acusaciones de narcotráfico

En una conferencia de prensa el 26 de marzo, fue casi cómico la poca evidencia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó cuando acusó al presidente Nicolás Maduro y a varios otros líderes de su gobierno de narcotráfico. Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por el arresto de Maduro y 10 millones por los demás. Maduro, dijo muy dramáticamente el fiscal de Estados Unidos Geoffrey Berman, “muy deliberadamente empleó la cocaína como arma”. ¿Evidencia de esto? No se ha presentado ninguna. Una acusación no es un veredicto de culpabilidad, en este caso, es simplemente una nota, preparada por el gobierno estadounidense contra un adversario. Nada en la acusación prueba que ninguna de las personas mencionadas tenga algo que ver con el contrabando de narcóticos. Es evidente por la rueda de prensa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se trata de teatro político, un intento de deslegitimar aún más al gobierno de Maduro.

Es surrealista que Estados Unidos –durante la pandemia de covid-19– elija poner sus esfuerzos en esta acusación ridícula y sin evidencias contra Maduro y otros miembros de su gobierno. Ya hay presión sobre Estados Unidos para levantar las sanciones, no solo contra Venezuela sino también contra Irán (hasta The New York Times pidió el 25 de marzo el fin de las sanciones contra Irán). La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que no es el momento de obstaculizar la capacidad de los países de obtener suministros preciosos para enfrentar la pandemia. Por desesperación, Estados Unidos intentó cambiar la conversación, que no se hable más de covid-19 y las sanciones, sino de narcoterrorismo.

Cuando se le preguntó por estas acusaciones durante la pandemia de covid-19, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr trató de decir que la culpa no era de Washington sino de Caracas. Dijo, sin evidencia alguna, que Venezuela está impidiendo la entrada de ayuda al país. Nada más lejos de la realidad, ya que Venezuela ha dado la bienvenida a personal y suministros médicos de China, Cuba y Rusia, así como de la OMS. De hecho, la OMS ha presionado a los Estados Unidos para permitir mayor libertad a la entrada de mercancías en el país, un pedido al que EE. UU. se ha negado. Barr puede decir fácilmente lo opuesto a la verdad porque ninguno de los medios de comunicación en la conferencia de prensa lo desafiaría debido a asuntos que son bien conocidos públicamente.

En 1989, Estados Unidos utilizó la acusación de narcotráfico –específicamente tráfico de cocaína– para manchar la reputación de su ex colaborador, el entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega. Con base en esa acusación y otra en Florida, los Estados Unidos finalmente invadieron el país, capturaron a Noriega, plantaron un títere de Washington en Ciudad de Panamá y arrojaron a Noriega a una prisión en Florida. La sombra de lo que hizo Estados Unidos con Noriega se cierne sobre Caracas.

La recompensa por las cabezas de Maduro y otros líderes sugiere que el gobierno estadounidense ha dado esencialmente un golpe de tipo mafioso contra estos venezolanos. Se trata de un movimiento muy peligroso de Estados Unidos. Esencialmente, da a los gánsteres luz verde para intentar el asesinato dentro de Venezuela. La negativa a permitir que Maduro viaje fuera de Venezuela es una violación de una serie de convenciones internacionales que promueven la diplomacia por sobre la beligerancia. Pero, dada la forma ilegal en que Estados Unidos ha formulado su estrategia de cambio de régimen de Venezuela –y a lo largo de la historia– es poco probable que alguien vaya a criticar esta jugada.

Unas horas antes del anuncio en Washington, empezó a correr la voz de que Estados Unidos iba a colocar al gobierno de Venezuela en la lista de “estados patrocinadores del terrorismo”, la más alta condena de un gobierno. Pero tuvieron que hacer una pausa. Y la pausa en sí misma llegó por razones absurdas. Si el gobierno estadounidense acusa al gobierno de Maduro de ser un “estado patrocinador del terrorismo”, entonces estaría reconociendo tácitamente que el gobierno de Maduro es realmente el gobierno de Venezuela. Desde enero de 2019, uno de los intentos de desestabilización ha sido negar que el gobierno de Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela, de hecho, negar que es cualquier tipo de gobierno. Sería imposible decir que el gobierno de Maduro es un “estado patrocinador del terrorismo” sin reconocer que es el gobierno de Venezuela. Entonces, Estados Unidos tuvo que detenerse, atrapado por su propia lógica.

La declaración lanzada por el Departamento de Justicia estadounidense se lee como un thriller, y la falta de evidencia la hace comparable a la ficción. Enumera nombres y acusaciones, hace referencias constantes al “narcoterrorismo” y afirma que el gobierno de Venezuela quiere “inundar” a Estados Unidos con cocaína. Haría falta un esfuerzo sobrehumano de ceguera para creerles cuando despotrican y desvarían sin fundamento. Pero el problema es que el pueblo venezolano debe tomar esto en serio, porque se profundiza la beligerancia del gobierno de Estados Unidos. El pueblo de Venezuela es consciente de los peligros de una situación como la de Panamá. Es difícil culparlos. Ese es el historial del gobierno de Estados Unidos.

La comparación con una situación como la de Panamá no puede ser considerada como paranoia. El 1 de abril, Trump dio una conferencia de prensa en la cual anunció un “nuevo esfuerzo antinarcóticos” del Comando Sur de Estados Unidos. “Estamos desplegando más destructores de la marina, barcos de combate, aviones y helicópteros de la Armada; guardacostas y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea, duplicando nuestras capacidades en la región”, dijo. El objetivo de esta misión –a la que se unirán otros países– es “aumentar la vigilancia, interrupción e incautación de cargamentos de droga”. “No debemos permitir que los carteles de droga exploten la pandemia para amenazar las vidas de los estadounidenses”, añadió.

Menos de una semana después de la acusación de Estados Unidos, queda claro que el punto no es realmente interrumpir el tráfico de cocaína, sino presionar a Venezuela. No se presentó ninguna prueba en la conferencia de prensa del Departamento de Justicia cuando Estados Unidos acusó a Maduro de narcotráfico y tampoco se presentó evidencia alguna en la conferencia de prensa de Trump cuando anunció que un grupo de portaaviones navales entraría en el Caribe. No se presentó ninguna evidencia en ninguno de los dos eventos de alto perfil, porque no hay evidencia disponible o necesaria. No está disponible porque incluso las propias agencias del gobierno estadounidense dicen que Venezuela no es ni el origen ni quien trafica narcóticos, y no es necesaria porque Estados Unidos ha estado deslegitimando consistentemente a Venezuela para derrocar al gobierno basándose en historias cada vez más alucinatorias sobre el gobierno venezolano.

En diciembre de 2019, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) publicó su  ‘National Drug Threat Assessment’ [Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas]. Este estudio ofrece la mirada más detallada al movimiento de la droga en Estados Unidos. En varios puntos del estudio, la DEA dice que Colombia “es la principal fuente de la cocaína incautada en EE. UU.”  De acuerdo con el Programa Insignia de Cocaína de la DEA, en 2018, “aproximadamente el 90% de las muestras de cocaína examinadas eran de origen colombiano, 6% eran de origen peruano y 4% eran de origen desconocido”. En lo que respecta a la propia agencia de drogas de los Estados Unidos, no hay cocaína ni ningún otro narcótico que provenga de Venezuela.

En ambas conferencias de prensa, la del Departamento de Justicia y la de Trump, se mostraron mapas que indicaban el tráfico de cocaína de Venezuela a los Estados Unidos. Esto simplemente no es cierto, con base en la información de la DEA: “La mayoría de la cocaína y la heroína producidas y exportadas por organizaciones transnacionales criminales colombianas a los Estados Unidos se transporta a través de América Central y México”, escriben los funcionarios de la DEA en su informe de 2019. Sin embargo, se sugiere en el informe que los narcotraficantes colombianos a veces “almacenan grandes cantidades de cocaína en áreas remotas de Venezuela y Ecuador hasta asegurar el transporte marítimo o aéreo”. Es importante reconocer que la cocaína y la heroína están escondidas en “zonas remotas” de los vecinos de Colombia, siendo Colombia el centro de todo el tráfico de drogas. En ninguna parte del documento de 146 páginas de la DEA, ni en documentos de años anteriores, los funcionarios de drogas estadounidenses hicieron ninguna declaración que implique al gobierno venezolano en la producción, almacenamiento o transporte de cocaína y heroína. El único momento en que Venezuela entra en escena es cuando los narcotraficantes colombianos esconden su cocaína y heroína en “áreas remotas” de Venezuela antes de traficarla vía América Central y México hacia a Estados Unidos.

Sin embargo, hay evidencia significativa, como la presentada el periodista colombiano Gonzalo Guillén en La Nueva Prensa el 3 de marzo de 2020, de que el presidente de Colombia, Iván Duque y su patrocinador, el ex presidente Álvaro Uribe, tenían vínculos estrechos con el narcotraficante José Guillermino Hernández Aponte, alias Ñeñé. El día anterior, Duque estuvo en la oficina de Trump que lo regañó por no hacer lo suficiente para erradicar la producción de cocaína en Colombia. Bueno, “vas a tener que fumigar”, le dijo Trump a Duque, “si no fumigas, no te vas a deshacer de ellos”. “Así que tienes que fumigar, con respecto a las drogas en Colombia”

Trump hablaba de fumigaciones con glifosato, que el gobierno de Colombia paró en 2015 porque la OMS dijo que tales fumigaciones causaban cáncer. A pesar de ello, Duque dijo que volvería a fumigar. No se mencionaron las acusaciones de que el propio Duque está vinculado a los narcotraficantes; como es dócil con Washington, sus propios supuestos delitos no cuentan mucho. El patrocinador de Duque, Uribe, ex presidente de Colombia y actualmente senador, está implicado en más de 270 juicios en Colombia con cargos que incluyen escuchas telefónicas ilegales, crimen organizado, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. Uribe y su familia tienen vínculos probados con el grupo paramilitar Bloque Metro, de Antioquia, que fue responsable por miles de asesinatos de civiles colombianos y que está profundamente involucrado en el narcotráfico.

Extrañamente, en esa conferencia de prensa, tanto Trump como Duque hablaron de Venezuela, pero ninguno de ellos mencionó las drogas o el narcotráfico. Todo fue sobre el cambio de régimen.

El 31 de marzo, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Venezuela debería tener un gobierno de transición, eso en sí mismo es extraño porque Pompeo no es ni venezolano ni funcionario de Naciones Unidas y aún así se sintió lo suficientemente envalentonado como para hablar en nombre del pueblo venezolano. Su plan “Marco de Transición Democrática para Venezuela” pedía al presidente Maduro que renunciara y al sustituto favorito de Washington, Juan Guaidó, que continuara con su imaginaria reivindicación del poder. Los miembros de los cuatro principales partidos, incluyendo el Partido Socialista de Maduro formarían un consejo dirigido por un “presidente interino”. Si este plan es aceptado, Washington levantaría sus sanciones coercitivas unilaterales que había impuesto en 2014.

El fin de semana anterior, Guaidó anunció en Twitter que Venezuela necesitaba un “gobierno de emergencia” que contara con la participación de todos los partidos y que gobernaría hasta que se hicieran nuevas elecciones. Tras el anuncio de Pompeo, Guaidó se atribuyó el mérito y agradeció públicamente a Pompeo. Otros políticos de extrema derecha, como Leopoldo López, Carlos Vecchio, y Julio Borges saludaron el plan de Pompeo y agradecieron a Estados Unidos por apoyar al “gobierno de emergencia” de Juan Guaidó. Cuando escuchó que las lanchas cañoneras se acercaban a las costas venezolanas, María Corina Machado, del partido Vente Venezuela tuiteó “Así se construye la amenaza creíble…”. Es creíble porque las cañoneras ya han hecho esto antes.

Tenemos patria. Macuro, Sucre. 2014.
Comando Creativo

La Organización de Estados Americanos (OEA) que se comportó como el brazo largo del Departamento de Estado de EE. UU. durante el golpe contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia en noviembre pasado, se unió al coro iniciado por Pompeo y Guaidó. En una declaración la OEA dijo que “considera que el plan presentado constituye una propuesta válida para un camino que termine con la dictadura usurpadora y restaure la democracia en el país”.

El gobierno venezolano liderado por el presidente Maduro rechazó el plan. Pero no estaba solo. El principal oponente de Maduro en las elecciones de 2018, Henri Falcón del partido Avanzada Progresista, también rechazó el plan Pompeo – Guaidó y el despliegue de buques de guerra en la costa venezolana. La destitución de Maduro, escribió, “es un proceso y no una imposición; requiere acuerdos entre adversarios para que tenga éxito. La solución en Venezuela es entre venezolanos”. La pandemia escribió “hace estragos en el mundo. Venezuela es uno de los países más vulnerables. Sería humanitario y de mucha grandeza que vengan barcos con ayudas y medicinas, y sería muy inhumano, que lleguen cargados con armas y amenazas”.

La mayoría de la oposición en Venezuela, como Falcón, no aprueba la sumisión de Guaidó a Trump y a Pompeo. Claudio Fermín del Partido Soluciones para Venezuela atacó la “irresponsable y fantasiosa tesis” de Guaidó y sus seguidores, que se basa en “la nube fantasiosa de las instrucciones que les envían sus jefes Elliot Abrams, Pompeo y Trump”. Henrique Capriles Radonski, que perdió dos veces las elecciones presidenciales dijo que Maduro tiene “control interno”, mientras que la gente de Guaidó tiene “alianzas internacionales”.

Mucho de esto es déjà vu. El 7 de octubre de 1963, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy reunió a sus asesores en la Casa Blanca para discutir como derrocar al gobierno democráticamente electo de João Goulart en Brasil. Kennedy preguntó francamente: “¿Ustedes ven próxima una situación en la que podríamos encontrar deseable intervenir militarmente nosotros mismos?” Su embajador en Brasil, Lincoln Gordon, dijo que había trabajado en un plan con el Comando del Sur –entonces con sede en Panamá– y con sus contactos en el ejército brasileño. Una invasión de Estados Unidos, le dijo Gordon a Kennedy, requeriría una “operación militar masiva” que “depende totalmente de lo que hagan los militares brasileños”. Cualquier golpe sin un gran apoyo militar llevaría al “comienzo de lo que podría ser una guerra civil”.

En lugar de arriesgarse a una guerra civil, Gordon dijo los militares tenían que actuar y los Estados Unidos tenían que proporcionarles apoyo diplomático y militar. En marzo de 1964, Gordon dijo que “el desarrollo más significativo es la cristalización de un grupo de resistencia militar bajo el liderazgo del General Humberto Castelo Branco”. Washington dio luz verde. La operación Brother Sam [Hermano Sam] se puso en marcha, incluía lanzar huevos a los generales y enviar una fuerza naval masiva a ubicarse frente a la costa sur de Brasil. Un portaaviones, dos destructores con misiles guiados y otros barcos de apoyo zarparon de Aruba y realizaron un muy público viaje a Brasil. El general Castelo Branco se movió contra Goulart, ese golpe creó una dictadura militar –apoyada por Washington– que duró 21 años y mató, detuvo y torturó a decenas de miles de personas.

El grupo de portaaviones de EE. UU. que se encuentra frente a la costa de Venezuela parece estar imitando la Operación Hermano Sam de 1964. En vez de centrar su atención en el acuciante problema de controlar el coronavirus en Estados Unidos –o incluso entre sus fuerzas armadas– Trump ha comenzado maniobras que podrían llevar a un enfrentamiento serio y peligroso en el Mar Caribe.

El pueblo colombiano rechaza la guerra híbrida contra Venezuela

El 21 de noviembre de 2019, el pueblo colombiano salió masivamente a las calles para rechazar las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. En particular, el pueblo pidió que el gobierno elimine dos políticas. Primero, querían que el gobierno de derecha de Duque avance en los Acuerdos de Paz de 2016 entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Estos Acuerdos, negociados de buena fe, podrían haber terminado una guerra que ha durado seis décadas (el 70% de la sociedad colombiana nació durante esta guerra). Segundo, el pueblo quería el fin de las duras políticas de austeridad impulsadas por el gobierno de Duque, que incluyen recortes a las universidades públicas, al sistema de pensiones, y al gasto social en general. La principal federación sindical, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convocó a la protesta, que luego se amplió a un levantamiento masivo contra Duque y el sistema político colombiano.

El secretario general de la CUT y portavoz del Congreso de los Pueblos, Edgar Mojica, estuvo diariamente en las barricadas, contribuyendo a dar forma al levantamiento masivo que sugería que la sociedad colombiana ya no quería ser rehén de los caprichos de su oligarquía esclerótica y del gobierno de Estados Unidos. Ese era el estado de ánimo. Estaba claro en los eslóganes y grafitis que aparecieron primero en Bogotá, la capital de Colombia, y luego en las ciudades y pueblos más pequeños.  Las dos demandas –implementar los Acuerdos de Paz y acabar con la austeridad– están relacionadas. La oligarquía colombiana teme que, si contribuye a construir una paz abarcadora y genuina, la llegada de las FARC al escenario político fortalecerá a la izquierda, y una izquierda más fuerte tendría el poder, no solo de anular la agenda de austeridad sino también la orientación pro-estadounidense de las clases gobernantes en Colombia (para más sobre este tema, pueden consultar el dossier No 23 del Instituto Tricontinental de Investigación Social: Paz, neoliberalismo y cambios políticos en Colombia)

La otra organización de izquierda –el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– ha tratado de negociar de buena fe con el gobierno de Duque, pero le han cerrado la puerta en la cara repetidamente, como le dijo Pablo Beltrán, un líder del ELN, a la periodista y educadora argentina Claudia Korol, el año pasado. Duque ha intensificado la campaña militar contra el ELN. Si los Acuerdos de Paz con las FARC y las conversaciones con el ELN se profundizan, socavarían el poder de la oligarquía y de Washington. Como dijo Olimpo Cárdenas, miembro del Congreso de los Pueblos hace dos años, “Hay un sector de la oligarquía colombiana que se beneficia de la guerra”.

Hay días en que parece que el presidente Duque no pudiera tomar decisiones sin consultar con el gobierno estadounidense y con su mentor, Álvaro Uribe. Los consejos que recibe son de profundizar la alianza con los Estados Unidos, incluso al costo de la opinión pública en Colombia. Sería apropiado llamar a la política de Duque respecto a los Estados Unidos una “política de felpudo”, en la que ofrece a Colombia como el felpudo para que los Estados Unidos se limpie los pies antes de marchar sobre la vecina Venezuela. Cuando hablamos recientemente con Mojica, dijo, “El gobierno colombiano es un gobierno sumiso y proclive a las decisiones del gobierno norteamericano”

Esto no es una novedad. A comienzos del siglo XX, la política exterior de Colombia estaba definida por el principio de Respicim Polum (Mirar hacia el Norte). Más recientemente, en la década de 1990, la política estadounidense cambió su mirada de América Central hacia Colombia. El Plan Colombia desarrollado en 1999, impulsó una agenda militarizada de Estados Unidos y la oligarquía colombiana en la “Guerra contra las Drogas” que era esencialmente un intento de derrotar cualquier insurgencia revolucionaria y consolidar el control sobre el territorio andino-amazónico. Lo que es realmente nuevo, dice Mojica, es que Duque ha hecho todo para facilitar tanto el bloqueo contra Venezuela como una posible intervención militar en ese país.

Cuando los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos instaron a sus socios de América Latina a crear una plataforma contra Venezuela, que se convirtió en el Grupo de Lima en 2017, Colombia fue un participante entusiasta. En febrero de 2019, Duque dio la bienvenida al Grupo de Lima a Bogotá durante una apuesta arriesgada de Estados Unidos para derrocar al gobierno venezolano del presidente Maduro. En ese momento, Mojica y otros líderes de movimientos sociales criticaron la forma en que su país estaba siendo utilizado por la oligarquía colombiana y los Estados Unidos con fines estrechos, en contra de los intereses del pueblo colombiano. Mojica nos dijo: “hemos estado denunciando desde el año pasado cuando el presidente Duque se prestó para legitimar el gobierno del señor Guaidó y para legitimar todas las posturas que ha tenido el grupo de Lima frente a la situación de Venezuela”. El aumento de la tensión militar con Venezuela se ajusta a la agenda del gobierno de Duque. Significa que puede dejar de lado cualquier conversación sobre la plena implementación de los Acuerdos de Paz y dejar de lado cualquier crítica a sus políticas de austeridad. Desde 2016, cientos de líderes de movimientos sociales han sido asesinadxs en toda Colombia; esta violencia se ve oscurecida por la atención que los medios de comunicación le dan a la frontera colombo-venezolana.

Con el absurdo del gobierno de Estados Unidos diciendo que Venezuela es la fuente del narcotráfico,  –incluso cuando todas las pruebas apuntan a que el narcotráfico tiene sus raíces en Colombia– le quita a Colombia la presión de tener que lidiar con sus problemas con la droga. De hecho, los íntimos vínculos entre la oligarquía y los narcotraficantes están ahora ocultos por la delirante afirmación de que el mismo Maduro está involucrado en este comercio.

Mojica nos dijo que toda esta política de narcóticos es una “distracción” porque no logra comprender el problema real. “Y esas políticas de aspersión de cultivos y de chantaje con políticas al gobierno colombiano las hemos venido rechazando”. El gobierno estadounidense utiliza su poder institucional para forzar cambios en las políticas del país. Mojica explicó que, debido a que la producción de hojas de coca por los llamados sembradores, pequeños agricultores, es “el primer paso de la producción”, y porque los sembradores no tienen otra fuente de ingresos para mantener a sus familias, se convierten en “el eslabón más débil de la cadena” y un blanco fácil para los programas de erradicación de la cocaína.

Estos pequeños agricultores, cuyas propiedades y cuerpos estarán saturados de químicos tóxicos, no son los principales culpables del tráfico de drogas, ni su bienestar le preocupa al gobierno de Duque, pero proporcionan un chivo expiatorio conveniente para enmascarar las acciones de aquellos que realmente mueven los hilos. La responsabilidad por el colosal comercio de drogas por el cual el gobierno de Trump y sus compinches están supuestamente tan preocupados recae principalmente en los grandes narco-carteles colombianos, que trafican las drogas a través de México y Centro América hacia América del Norte; en la mafia de las drogas dentro de los Estados Unidos, y en la inmensa demanda de los consumidores, mayormente en Estados Unidos y en Europa, por cocaína sudamericana.

Pero ninguno de los principales culpables enfrenta el peso de la política de erradicación de drogas, reservada para el “eslabón más débil”. A los sembradores de coca dice Mojica, “no se les presenta una alternativa distinta en términos de radicación, diversificación y garantías de sostenimiento productivo y alimentario para estas familias”. A pesar de esto, se han convertido injustamente en la línea de frente de la guerra. Los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016 si proporcionaron un mecanismo para apoyar a los agricultores en la transición para dejar de sembrar cultivos ilícitos. Sin embargo, como ocurre con muchas otras cosas en este proceso de paz, el protocolo no se ha respetado; las comunidades campesinas han denunciado repetidamente incidentes de erradicación forzosa por parte del ejército. El asesinato de líderes de estas comunidades a menudo lo llevan a cabo grupos paramilitares, cárteles y una sección de las fuerzas armadas conocida como Fuerza Pública.

Moral y luces. Chapellín, Caracas. 2014.
Comando Creativo

Las administraciones de Estados Unidos y de Duque, dice Mojica, están utilizando la cuestión de las drogas para impulsar una agenda de cambio de régimen en Venezuela. La cosa es tan grave que el gobierno colombiano ha permitido a tropas estadounidenses entrar en su territorio, tanto en la costa del Caribe como en la frontera colombo-venezolana, en la zona de Catatumbo. “Creemos que desde allí se está preparando una invasión terrestre” dice Mojica. Son tiempos tensos, con la inminente posibilidad de que las maniobras militares se conviertan en una guerra.

El Senado colombiano ha sido muy claro en su oposición al uso del territorio colombiano para desestabilizar a Venezuela. En abril de 2020, un grupo de congresistas colombianos escribió una carta pública a Duque, diciendo que su país no debe participar en el cambio de régimen en Venezuela. Si Duque quiere llevar a cabo tal agenda, debe solicitar permiso al Congreso. Mojica nos dijo que los movimientos sociales colombianos “rechazan completamente” la agenda de Trump. “No somos su patio trasero”, dijo refiriéndose a los Estados Unidos y por lo tanto tampoco su felpudo. “No compartimos sus políticas antidrogas, no compartimos sus políticas de saqueo de nuestros recursos naturales y bienes de la naturaleza”.

“Bahía de Cochinillos”

En la madrugada del domingo 3 de mayo, lanchas rápidas salieron de la costa colombiana y se dirigieron a Venezuela –aunque no tenían autorización para cruzar la frontera marítima– y atracaron en la costa venezolana en el estado de La Guaira. Esta fue claramente una acción hostil ya que las lanchas llevaban armamento pesado, incluyendo rifles de asalto y municiones. Las personas que iban en las embarcaciones tenían teléfonos satelitales, así como uniformes y cascos con la bandera de Estados Unidos. La incursión fue interceptada por militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que los combatieron. Ocho de los beligerantes murieron, dos fueron interceptados y varios escaparon temporalmente. Uno de los arrestados dijo que era un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). En la madrugada del lunes 4 de mayo, fuerzas de seguridad venezolanas con la ayuda de pescadoras y pescadores de las Milicias Bolivarianas en el pueblo costero de Chuao arrestaron a otros ocho mercenarios en una lancha rápida que intentaba entrar al país. Otros dos fueron capturados el mismo día en Puerto Maya. Durante el arresto, las fuerzas de seguridad venezolanas incautaron más armamento y equipo de inteligencia militar.

Néstor Reverol, el ministro del Interior de Venezuela, dijo a los canales de televisión venezolanos horas después de la frustrada incursión que el gobierno recibió información sobre el ataque de fuentes en Colombia y de sus propias patrullas regulares de la costa venezolana. “No podemos tomar ninguna de sus amenazas a la ligera” dijo el prominente político Diosdado Cabello. “Lo que sucedió hoy”, dijo, “es un ejemplo de la desesperación” de Estados Unidos y sus aliados.

Este tipo de complots rodea a Venezuela, y en ellos participan una serie de personajes de los sectores más sórdidos de los cuarteles y del mundo de la droga, así como de la inteligencia estadounidense y del paramilitarismo colombiano. El plan para una pequeña invasión en 2019 que se descubrió, está ahora documentado por Joshua Goodman de Associated Press. El complot fue liderado por Jordan Goudreau, que sirvió en el ejército estadounidense como médico en Irak y Afganistán y luego se convirtió en contratista de seguridad privada. El trabajó con Cliver Alcalá, un ex oficial del ejército venezolano, que juntó a unos pocos cientos de desertores venezolanos para conducir la incursión. Alcalá está ahora en prisión en los Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas. Goudreau y Alcalá estaban respaldados por el guardaespaldas de Trump, Keith Schiller, y por Roen Kraft de Kraft Foods. Toda la operación huele a una loca aventura de la CIA, similar a la fallida invasión de Cuba en 1961, en Playa Girón.

Uno de los aspectos más desagradables de la incursión militar de 2020 fue que –en nombre de combatir el narcotráfico– toda la operación parece haber sido financiada por narcotraficantes. José Alberto Socorro Hernández (alias Pepero), que fue capturado durante la invasión, admitió que el cartel colombiano La Guajira le ofreció 2 millones de dólares por sus acciones. Pepero confesó que la operación fue financiada por Elkin Javier López Torres (alias La Silla, o Doble Rueda), un pariente de la mujer de Alcalá, Marta González.

Es probable que la mas reciente invasión de mayo de 2020 surgiera del campamento militar de desertores establecido por Alcalá en Colombia. Uno de los hombres involucrados era el capitán Robert Levid Colina, también conocido como Pantera. Colina había participado en el intento de golpe de Estado en nombre de Juan Guaidó el 30 de abril de 2019 y es estrecho colaborador de Alcalá. Antonio Sequea, ex miembro de Guardia Nacional Venezolana, visto por última vez el 30 de abril de 2019, durante el fallido golpe de Estado liderado por Leopoldo López y Juan Guaidó, estaba entre los detenidos. Se cree que Sequea dirigió la operación. También cabe destacar el arresto de dos militares estadounidenses de Texas, Luke Denman y Airan Berry, miembros de la empresa de mercenarios estadounidense Silvercorp. El gobierno estadounidense ha negado cualquier participación en la operación y básicamente la ha ignorado, pero según uno de los mercenarios detenidos, la pareja tiene relaciones con el jefe de seguridad de Trump.

Silvercorp es la empresa de Jordan Goudreau, a quien Guaidó prometió pagar 212,9 millones de dólares por “capturar, detener o “remover” al presidente Nicolás Maduro e instarlo a él en su lugar”, como informó el periodista Alan MacLeod. En febrero de 2019, Goudreau y su empresa proporcionaron seguridad a la derecha venezolana durante el provocador concierto de Ayuda Humanitaria. También aparecieron en redes sociales videos y fotos mostrando un contrato firmado entre Goudreau y Guiadó. El ex agente especial estadounidense expresó su frustración porque Guaidó no cumplió su parte del trato, y Silvercorp aún no ha recibido el pago por su trabajo.

Se cree que la operación, que ha sido investigada por las autoridades venezolanas durante los dos últimos meses, fue organizada, planificada y financiada por la oposición venezolana y sus diversos aliados con el objetivo de asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro y a otros líderes de alto nivel del gobierno venezolano. Es probable que la recompensa del gobierno estadounidense por Maduro y otros líderes haya jugado un papel en este intento de invasión.

Sin embargo, como explicó Hernán Vargas, integrante del Movimiento de Pobladoras y Pobladores y de la Secretaría de ALBA Movimientos, parece que la misión de este grupo “no era controlar el país ni derrocar al gobierno, si no llevar a cabo una serie de actividades que se coordinarían con otras fuerzas, que dependían de una cadena de acontecimientos que no se produjeron… Ellos esperaban quizá una respuesta de las Fuerzas Armadas, una movilización callejera, u otro grupo armado que se iba a unir, y eso no ocurrió”.

No obstante, los mercenarios jugando a luchadores por la libertad, “no esperaban una respuesta del pueblo” dijo Vargas, y subestimaron enormemente la habilidad de la inteligencia venezolana. Explica que quizá tenían en sus cabezas la idea de que serían “recibidos con aplausos y vítores. Pensaron que la gente iba a apoyar esto o que una fuerza armada iba a apoyarlos… pero no hay gente en Venezuela dispuesta a hacerlo. La mayoría de los venezolanos quiere que se resuelva en paz. No hay sectores que estén dispuestos a asumir esta apuesta o no lo suficiente para lo que necesitan en este momento”.

La amenaza, sin embargo, permanece. Vargas pide que se estudie con detenimiento el contrato de Silvercorp con Juan Guaidó y Juan José Rendón –un consultor político de derecha y ex asesor de Guaidó– donde señala que hay “toda una serie de cláusulas que permiten o acuerdan violaciones de derechos humanos, ejecución de civiles, uso de armas pesadas, lo que introduce otra dimensión. En otras palabras, es una situación igualmente peligrosa porque estos grupos pueden llevar a cabo fácilmente acciones terroristas, y también establecen objetivos estratégicos civiles y militares en Venezuela”.

Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, dijo que el gobierno y el pueblo habían derrotado este ataque y que permanecerían vigilantes contra otros complots similares. Uno de los rasgos característicos del proceso bolivariano ha sido la movilización de la población para defenderse, desde el fallido golpe contra Chávez en 2002 a la fecha. “Nos declaramos en rebelión”, dijo Padrino, añadiendo que Venezuela está ahora en estado de “vigilancia permanente”. A pesar de la pandemia, el viejo libro de jugadas de la CIA y del gobierno estadounidense en su conjunto –actualmente dirigido por la administración Trump– con sus golpes sucios y sus guerras híbridas, sigue operando. Así como los cubanos derrotaron la invasión respaldada por Estados Unidos en Playa Girón en Bahía de Cochinos (1961), el pueblo venezolano derrotó este complot “Bahía de Cochinillos” en La Guaira (2020).

La debilidad del poderío estadounidense

Cinco buques cisterna iraníes cargados de gasolina se desplazaron rápidamente con sus banderas ondeando y sus radares abiertos a la detección desde Bandar Abbas (Irán) hacia el Mar Caribe. Uno de ellos, llamado casualmente “Fortune“, rompió el nervioso bloqueo naval estadounidense y entró en El Palito, Venezuela, el 24 de mayo. El hecho de que Estados Unidos no haya podido forzar un enfrentamiento con los buques iraníes muestra la debilidad de su posición. Se abre un nuevo puente marítimo entre dos países bajo inmensa presión de EE. UU.; esto demuestra las limitaciones –pero no el final– del poderío de Estados Unidos y de la guerra híbrida.

Chávez vive. Puente Llaguno, Caracas. 2015.
Comando Creativo

Sobre las imágenes

El Comando Creativo es un colectivo que agrupa trabajadorxs del campo de la comunicación visual, especialistas e investigadorxs de las ciencias sociales, y personas que desde otros muchos oficios se reconocen como sujetos productores de sentidos, relatos y símbolos. Desde el 2007 el Comando Creativo ha apostado por la producción de una comunicación popular y contrahegemónica. Actualmente el colectivo impulsa la plataforma utopix.cc

《请战书·红手印》Trabajandorxs médicxs voluntarixs manos a la obra.
Li Zhong

Coronashock es un término que se refiere a la forma en que un virus golpeó al mundo con enorme fuerza; se refiere a cómo el orden social en los Estados burgueses se desmoronó, mientras que el orden social en las partes socialistas del mundo parece más resiliente.

Esta es la primera de una serie de estudios sobre coronashock en varias partes. Consta de tres artículos sobre cómo China identificó el nuevo coronavirus y luego cómo el gobierno y la sociedad china lucharon contra su mayor propagación. Este trabajo fue investigado y escrito por Vijay Prashad (director del Instituto Tricontinental de Investigación Social), Du Xiaojun (traductor y lingüista de Shanghai) y Weiyan Zhu (abogada de Beijing) Estos artículos aparecieron por primera vez a través de Globetrotter del Independent Media Institute. Las pinturas de este folleto han sido realizadas por Li Zhong, un artista de Shanghai. Al final del folleto hay una entrevista con Li Zhong realizada por Tings Chak (diseñadora principal del Instituto Tricontinental de Investigación Social).

Creciente Xenofobia en el marco del Coronashock

El 25 de marzo, los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados del G7 no consiguieron emitir una declaración. Los Estados Unidos – que presidía en ese momento el G7 – tenia la responsabilidad de redactar la declaración, que fue considerada inaceptable por varios otros miembros. En el borrador, Estados Unidos utilizó la frase “virus de Wuhan” y afirmaba que la pandemia mundial era responsabilidad del gobierno chino. Anteriormente, el presidente de EE. UU., Donald Trump, había utilizado la frase “virus chino” (que dijo que dejaría de utilizar) y se escuchó a un miembro de su equipo decir la calumnia “kung flu” [gripe kung]. En Fox News, el presentador Jesse Walters explicó en su estilo racista sin filtro “por qué [el virus] comenzó en China. Porque tienen esos mercados donde comen murciélagos y serpientes crudos”. Los ataques violentos contra asiáticos se han disparado como consecuencia del estigma impulsado por el gobierno de Trump.

Con toda razón, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamamiento “a la solidaridad, no al estigma” en un discurso pronunciado el 14 de febrero, mucho antes de que el virus hubiera alcanzado Europa o Norte América.  Ghebreyesus sabía que habría la tentación de culpar a China por el virus, de hecho, utilizar el virus como un arma para atacar a China de la forma más repulsiva. Su eslogan – solidaridad, no estigma – tenía la intención de demarcar claramente una respuesta humanista e internacionalista a la pandemia mundial frente a una respuesta intolerante y no científica al virus.

Orígenes

El SARS-CoV-2, que es el nombre oficial del virus, se desarrolló de la misma manera en que se desarrollan muchos virus: por transmisión entre animales y humanos. Todavía no existe un consenso firme sobre dónde se desarrolló el virus. Nuevos patógenos surgen en diversos reservorios animales y éstos pasan a la población humana, lo que da lugar a nuevas enfermedades y puede causar epidemias. En el período reciente, hemos visto una gama de virus como H1N1, H5Nx, H5N2 y H5N6.

Aunque se sabe que el H5N2 se originó en los Estados Unidos, no se lo conoce como el “virus estadounidense” y nadie trató de estigmatizar a los EE. UU. por ello.  El nombre científico fue utilizado para describir esos virus, que no son responsabilidad de esta o esa nación; la llegada de estos virus plantea la cuestión más fundamental de la ocupación humana de los bosques y el equilibrio entre la civilización humana (agricultura y ciudades) y las áreas silvestres.

La denominación de un virus es un asunto controversial. En 1832, el cólera avanzaba desde la India Británica hacia Europa. Se lo llamó “cólera asiático”. Los franceses consideraban que, dado que eran democráticos, no sucumbirían a una enfermedad de autoritarismo; Francia fue asolada por el cólera, lo que tenía tanto que ver con la bacteria como con el estado de la higiene en Europa y Norte América. (Cuando el cólera golpeó a los Estados Unidos en 1848, nació el Movimiento de Baños Públicos).

La “gripe española” solo fue nombrada por España porque llegó durante la Primera Guerra Mundial cuando el periodismo en los países más beligerantes estaba censurado. Los medios de comunicación en España, porque ese país no estaba en guerra, informaron ampliamente sobre la gripe y así la pandemia tomó el nombre del país. De hecho, la evidencia muestra que la gripe española se originó en los Estados Unidos, en una base militar en Kansas donde los pollos transmitieron el virus a los soldados. Estos viajaron luego a la India Británica, donde tuvo lugar el 60% de las bajas por la pandemia. Nunca se la llamó “gripe estadounidense” y ningún gobierno indio ha intentado nunca recuperar los costos de los Estados Unidos porque la transmisión de humano a animal ocurrió allí.

China y el coronavirus

En un importante artículo publicado en la revista médica The Lancet, el profesor Chaolin Huang escribió, “La fecha de inicio de los síntomas del primer paciente (con covid-19, la enfermedad generada por el virus), identificado fue el 1 de diciembre de 2019”. Inicialmente, hubo mucha confusión sobre la naturaleza del virus y sobre si podía transmitirse entre seres humanos. Se asumió que el virus era uno de los virus conocidos y que se transmitía principalmente de animales a humanos.

La Dra. Zhang Jixian, directora del Departamento de Medicina Respiratoria y Cuidados Críticos del Hospital de Medicina Integrada China y Occidental de la provincia de Hubei, fue una de las primeras personas en dar la alarma sobre el nuevo brote de neumonía por coronavirus. El 26 de diciembre, la Dra. Zhang vio a una pareja de ancianos que tenían fiebre alta y tos – síntomas característicos de la influenza. Los exámenes adicionales descartaron influenza A y B, micoplasmas, clamidia, adenovirus y SARS. Una tomografía de su hijo mostró que algo había llenado parcialmente el interior de sus pulmones. Ese mismo día, otro paciente, un vendedor del mercado de mariscos, presentó los mismos síntomas. La Dra. Zhang reportó los cuatro pacientes al Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China del Distrito Jianghan de Wuhan. En los dos días siguientes, la Dra. Zhang y sus colegas atendieron a otros tres pacientes con los mismos síntomas que habían visitado el mercado de mariscos. El 29 de diciembre, el Centro Provincial de Prevención y Control de Enfermedades de Hubei envió expertos para investigar a los siete pacientes del hospital. El 6 de febrero, la Provincia de Hubei reconoció la valiosa labor de la Dra. Zhang y su equipo en la lucha por identificar y revelar el virus. No hubo ningún intento por ocultar su trabajo.

《快递小哥》Repartidor.
Li Zhong

Las autoridades provinciales se enteraron del nuevo virus el 29 de diciembre. Al día siguiente informaron al Centro de Control de Enfermedades de China y el día subsiguiente, el 31 de diciembre, China informó a la OMS, un mes después de que se informara por primera vez sobre la misteriosa infección en Wuhan. El virus fue identificado el 3 de enero; una semana después, China compartió la secuencia genética del nuevo coronavirus con la todo el mundo. La subieron a bases de datos públicas y la compartieron con la OMS. Debido a que China liberó la secuencia genómica tan rápidamente, el trabajo científico se realizó inmediatamente en todo el planeta. Charité – Universitätsmedizin Berlin, el principal centro de medicina de Alemania utilizó estos datos de la secuencia del genoma para crear el primer kit de prueba del virus fuera de China, que la OMS adoptó y puso a disposición de todos los países. El protocolo se publicó en Berlín el 17 de enero. También se inició inmediatamente la búsqueda de una posible vacuna y ahora hay por lo menos 71 candidatas, cuatro de las cuales se encuentran en etapas muy tempranas de prueba.

Otros dos médicos, el Dr. Li Wenliang (un oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan) y la Dra. Ai Fen (jefa del departamento de emergencia del Hospital Central de Wuhan) plantearon cuestiones ajenas a los canales de comunicación de dicha información. En los primeros días, cuando todo parecía confuso, el Dr. Li y otras siete personas fueron reprendidos por las autoridades el 3 de enero. El Dr. Li murió de coronavirus el 7 de febrero. Las principales instituciones médicas y gubernamentales: la Comisión Nacional de Salud, la Comisión Provincial de Salud de Hubei, la Asociación de Médicos Chinos y el Gobierno de Wuhan expresaron condolencias públicas a la familia. El 19 de marzo, la Oficina de Seguridad Pública de Wuhan admitió que reprendió de forma inapropiada al Dr. Li y castigó a sus funcionarios. La Dra. Ai Fen fue criticada por el hospital el 2 de enero, pero en febrero recibió una disculpa y más tarde fue felicitada por la Emisora de Radio y Televisión de Wuhan.

La Comisión Nacional de Salud de China creó un grupo de expertos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, la Academia China de Ciencias Médicas, y la Academia China de Ciencias, ellos llevaron a cabo una serie de experimentos con las muestras de virus. El 8 de enero, confirmaron que el nuevo coronavirus era realmente la fuente del brote. La primera muerte por coronavirus se reportó el 11 de enero. El 14 de enero la Comisión Municipal de Salud de Wuhan dijo que no tenía evidencia de transmisión persona a persona, pero que no podían decir con certeza que aquello no era posible.

Una semana más tarde, el 20 de enero, el Dr. Zhong Nanshan dijo que el nuevo coronavirus si podía transmitirse de persona a persona (el Dr. Zhong, miembro del Partido Comunista de China es un famoso experto respiratorio y un líder en la lucha contra el SARS en China). Parte del personal medico se infectó con el virus. Ese día el Presidente de China, Xi Jinping y el Primer Ministro del Consejo de Estado Li Keqiang dieron instrucciones a todos los niveles de gobierno para que prestaran atención a la propagación del virus; se le dijo a la Comisión Nacional de Salud y a otros organismos oficiales que comenzaran con las medidas de respuesta de emergencia. Wuhan entró en aislamiento total el 23 de enero, tres días después de que se estableciera la transmisión del virus de persona a persona. Al día siguiente, la provincia de Hubei activó su alerta de Nivel 1. El 25 de enero, el Primer Ministro Li creó un grupo de coordinación. Visitó Wuhan dos días después.

Algunos funcionarios del gobierno local de Hubei subestimaron ciertos aspectos del virus a principios de enero y fueron rápidamente removidos de sus cargos. Como hemos demostrado, eso no afectó la velocidad vertiginosa de la investigación científica ni frenó las medidas decisivas tomadas por todos los niveles del gobierno chino y dentro de la sociedad china.

Es poco claro que China pudiera haber hecho algo diferente al enfrentarse a un virus desconocido. Un equipo de la OMS que visitó China del 16 al 24 de febrero elogió en su informe al pueblo y al gobierno chino por haber hecho todo lo posible para detener la propagación del virus; miles de médicos y personal médico llegaron a Wuhan, se construyeron dos nuevos hospitales para los infectados por el virus y varios organismos cívicos entraron en acción para asistir a las familias confinadas. Lo que hicieron las autoridades chinas para frenar el aumento de las infecciones – como lo demuestra un importante estudio – fue poner a las personas infectadas en los hospitales, rastrear intensamente a quienes habían tenido contacto con ellas, poner a estxs en cuarentena y vigilar de cerca a toda la población. Esta política selectiva permitió identificar a quienes habían estado en la cadena de infección y así romperla.

El mundo y China

La Ministra de Salud del estado indio de Kerala K. K. Shailaja acompañó el aumento de casos en Wuhan y comenzó a tomar medidas de emergencia en este estado de 35 millones de personas. Ella no esperó. Tampoco lo hizo el Primer Ministro vietnamita Nguyễn Xuân Phúc y su gobierno, que inmediatamente tomaron medidas para romper la cadena de infección. Lo que estaba haciendo China le enseñó a Shailaja y a sus equipos como responder. Como resultado, consiguieron contener el virus en esta parte de India y en Vietnam.

Los Estados Unidos fueron informados de la gravedad del problema con prontitud. El día de Año Nuevo, los funcionarios del Centro de Control de Enfermedades de China (CCE) llamaron a Robert Redfield, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, mientras estaba de vacaciones. “Lo que escuchó lo sacudió”, escribió The New York Times. El Dr. George F. Gao, jefe del Centro de Control de Enfermedades chino, habló con Redfield días después y el Dr. Gao “estalló en lágrimas” en la conversación. Esta advertencia no fue tomada en serio. Un mes más tarde, el 30 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió una posición muy arrogante. “Creemos que va a tener un buen final para nosotros”, dijo del coronavirus. “Eso se lo puedo asegurar”. No declaró la emergencia nacional hasta el 13 de marzo, para cuando el virus ya había comenzado a propagarse en los Estados Unidos.

Otros jefes de Estado alrededor del mundo fueron igualmente arrogantes. Como los políticos franceses de 1832 que creían que Francia no podía ser afectada por el “cólera asiático”. En 1832 no existía ningún cólera asiático, sino solo cólera que podía perjudicar a personas con sistemas higiénicos deficientes. De la misma forma, no existe un tal virus chino, solo el SARS-CoV-2. El pueblo chino nos mostró el camino para enfrentar este virus, pero solo después de algún ensayo y error de su parte. Es hora de aprender esa lección. Como dice la OMS: “pruebas, pruebas, pruebas” y después calibren cuidadosamente los cierres, aislamientos y cuarentenas. Los médicos chinos que desarrollaron experticia en la lucha contra el virus se encuentran ahora en Irán, Italia, y otros lugares, llevando consigo el espíritu del internacionalismo y la colaboración.

El 4 de marzo, The New York Times entrevistó al Dr. Bruce Aylward, que dirigió el equipo de la OMS que fue a China. Cuando se le preguntó acerca de la respuesta china al virus, dijo: “Están movilizados, como en una guerra, y es el miedo al virus lo que los impulsa. Realmente se vieron en la primera línea de la protección del resto de China; y del mundo.”

《披战袍斩病魔》
Trabajadores médicos colocándose sus trajes para luchar contra el virus “maligno”.
Li Zhong

Como China aprendió sobre el SARS-CoV-2 en las semanas anteriores a la pandemia global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia global el 11 de marzo de 2020. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo en la conferencia de prensa de ese día que esta era “la primera pandemia causada por un coronavirus”. Dijo: “En las últimas dos semanas, el número de casos de covid-19 fuera de China se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado”. Desde el 11 de marzo en adelante, quedó claro que este virus era mortal y que tenía la capacidad de atravesar la sociedad humana con facilidad. Pero eso no estuvo siempre tan claro.

El 17 de marzo, Kristian Andersen, del Scripps Research Institute (EE. UU.) y su equipo mostraron que la nueva cepa de coronavirus, SARS-CoV-2, tenía una mutación en sus genes conocida como un sitio de división polibásica, no vista en ninguno de los coronavirus encontrados en murciélagos o pangolines y que hay una probabilidad de que el virus llegara a los humanos hace muchos años y no necesariamente en Wuhan. El Dr. Chen Jinping del Instituto de Recursos Biológicos Aplicados de Guangdong, junto con colegas, había publicado anteriormente un artículo científico, el 20 de febrero, señalando que sus datos no apoyaban la afirmación de que el nuevo coronavirus en seres humanos evolucionó directamente de una cepa de coronavirus de pangolines. Zhong Nanshan, un destacado epidemiólogo dijo que “aunque la covid-19 apareció primero en China, eso no significa necesariamente que se haya originado aquí”.

Los medios de comunicación occidentales han hecho consistentemente afirmaciones sin base científica sobre la fuente del virus, incluso cuando científicos occidentales pedían precaución. Ciertamente no estaban escuchando a los médicos en Wuhan o a los expertos en salud pública de China.

Cuando los médicos de Wuhan vieron por primera vez a los pacientes en sus hospitales en diciembre, creyeron que los pacientes tenían neumonía, aunque las tomografías mostraban graves daños pulmonares y los pacientes no respondían al tratamiento médico típico. Los médicos estaban alarmados por la situación, pero no había motivo para imaginar que ello iba a escalar hasta convertirse en una pandemia regional y luego en una pandemia mundial.

Las y los médicos y los hospitales en Wuhan eventualmente acabaron de asimilar la evidencia ante sí, y tan pronto como quedó claro que se trataba de un virus desconocido y que se propagaba con rapidez, contactaron con el Centro Nacional de Control de Enfermedades (CCE) de China y luego con la OMS.

Ustedes no sabrían esto si solo leyeran periódicos occidentales, especialmente The New York Times, que sugirió en un reportaje de amplia circulación, que el gobierno chino había ocultado información sobre la pandemia y que el sistema de alerta chino no funcionó.

Nuestra investigación encuentra que ninguno de esos argumentos es cierto. No hay evidencia de que el gobierno chino ocultara sistemáticamente información; solo hay pruebas de que unos pocos doctores fueron reprendidos por sus hospitales o por la estación de policía local por divulgar información al público sin usar los protocolos establecidos. Tampoco hay evidencia de que el sistema chino para reportar información directa sea defectuoso; solo hay pruebas de que el sistema, como cualquier sistema, no podía ajustarse fácilmente a brotes desconocidos o no clasificados.

El sistema médico chino, como otros sistemas, tiene un procedimiento riguroso para informar de asuntos como las emergencias de salud. El personal médico informa a la administración de su hospital, que a su vez informa a los diferentes niveles de CCE y Comisiones de Salud; también pueden utilizar el sistema de información directa en internet. No le tomó mucho al personal médico informar el problema y menos aún para que un equipo de investigación de alto nivel llegara a Wuhan. Esto es lo que nuestra investigación encontró.

¿El gobierno chino ocultó información?

La Dra. Zhang Jixian, directora del Departamento de Medicina Respiratoria y Cuidados Críticos del Hospital de Medicina Integrada China y Occidental de la provincia de Hubei, atendió a una pareja de ancianos el 26 de diciembre. Su dolencia la preocupaba. Hizo una tomografía de los pulmones del hijo de la pareja, que por lo demás parecía sano; el resultado, sin embargo, “mostró opacidad tipo vidrio molido”. Dudando acerca de las causas, la Dra. Zhang informó de la situación a Xia Wenguang, el vicepresidente del hospital, así como a otros departamentos de este; el hospital informó rápidamente al Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Distrito de Jianghan. Esto sucedió en 24 horas.

Más pacientes llegaron al Hospital Provincial de Hubei el 28 y 29 de diciembre. Los médicos solo sabían que estos pacientes presentaban síntomas de neumonía y que tenían un daño pulmonar significativo. Les quedó claro que el lugar inmediato de propagación del virus era el Mercado de Mariscos del Sur de China. El 29 de diciembre, a medida que los casos aumentaban, el vicepresidente del hospital, Xia Wenguang, informó directamente al departamento de control de enfermedades de las Comisiones de Salud municipales y provinciales. Ese día, los departamentos de control de enfermedades de las Comisiones de Salud municipales y provinciales dieron instrucciones al CCE de Wuhan, al Hospital Jinyintan y al CCE del Distrito de Jianghan para que visitaran el Hospital Provincial de Hubei para realizar una investigación epidemiológica. El 31 de diciembre, un grupo de expertos de la Comisión Nacional de Salud llegó a Wuhan desde Beijing. En otras palabras, funcionarios de Beijing llegaron a Wuhan cinco días después de la primera señal de un problema.

《疫情下的卫士》Guerrerxs luchando contra la epidemia.
Li Zhong

El día antes de que el grupo de expertos llegara de Beijing, una médica, la Dra. Ai Fen, expresó su frustración por el misterioso virus con algunos compañeros de la escuela de Medicina. La Dra. Ai Fen vio un informe de un examen de neumonía no identificada. Marcó con un circulo en rojo las palabras “SARS coronavirus”, lo fotografió y se lo pasó a un compañero de la escuela de Medicina. El informe se difundió entre los médicos de Wuhan, incluyendo al Dr. Li Wenliang (miembro del Partido Comunista) y otros siete médicos que más tarde fueron reprendidos por la policía. El 2 de enero, el director del Departamento de Supervisión del Hospital Central de Wuhan advirtió a la Dra. Ai Fen que no difundiera información por fuera de los canales del hospital.

Las reprimendas recibidas por estos médicos se ofrecen como pruebas del ocultamiento de alto nivel de la información sobre el virus. Esto no es lógico. Las reprimendas tuvieron lugar a comienzos de enero, y ya el 31 de diciembre llegó un equipo de alto nivel de Beijing y ese día, la OMS había sido informada; los CCE de China y la OMS habían sido informadas antes de que estos dos médicos fueran reprendidos.

El 7 de febrero de 2020, la Comisión Nacional de Supervisión decidió enviar un equipo de investigación a Wuhan a investigar la situación. El 19 de marzo de 2020, el equipo publicó los resultados de su investigación y celebró una conferencia de prensa para compartir sus conclusiones. Como resultado de la investigación, la Oficina de Seguridad Pública de Wuhan emitió una circular para revocar la carta de reprimenda emitida al Dr. Li Wenliang. El 2 de abril, el Dr. Li Wenliang y otros 13 que murieron en la lucha contra el virus, fueron honrados por el gobierno como mártires (el más alto honor otorgado por el Partido Comunista y por la República Popular de China a sus ciudadanos).

No hay evidencia de que los oficiales locales temieran informar sobre la epidemia a Beijing. No hay evidencia de que hubieran hecho falta “denunciantes”, como lo puso el The New York Times, para iluminar el asunto. La Dra. Zhang no era una denunciante, siguió el protocolo establecido, lo que condujo a que la información llegara a la OMS en cuestión de días.

El sistema de alerta temprana de China

A mediados de noviembre de 2002, se produjo un brote de SARS en Foshan, en la provincia de Guangdong, China. Los médicos no consiguieron entender fácilmente lo que estaba sucediendo. Finalmente, a mediados de febrero el Ministerio de Salud de China escribió un mensaje de correo electrónico a la oficina de la OMS en Beijing, “describiendo una extraña enfermedad contagiosa” que ya “había causado la muerte de más de 100 personas” en una semana. También mencionaba en el mensaje que había “una actitud de “pánico” actualmente, y que la gente está vaciando las reservas farmacéuticas de cualquier medicina que consideran que puede protegerlos”. Tomó ocho meses contener ese brote de SARS.

Inmediatamente después, el gobierno chino estableció un sistema de información directa para detectar cualquier emergencia de salud antes de que se salga de control. El sistema funciona muy bien para enfermedades infecciosas claramente definidas. El Dr. Hu Shanlian, profesor de economía de la salud en la Universidad de Fudan describe dos incidentes de este tipo. Como parte del grupo de expertos para la erradicación de la polio, su grupo encontró dos casos de polio en Qinghai. El gobierno local informó de los casos al gobierno central y comenzó inmunización de emergencia, así como la administración a los niños de una vacuna en cubos de azúcar para controlar eficazmente la enfermedad y su propagación. También informa sobre dos casos de peste en Beijing que procedían de la Región Autónoma de Mongolia Interior. “Enfermedades como estas”, escribió, “pueden ser rápidamente absorbidas por el sistema de reporte directo”.

Enfermedades bien conocidas como la polio y la peste pueden ser fácilmente ingresadas en un sistema de alerta temprana. Pero si los médicos están confundidos por el virus, el sistema no puede operar fácilmente. La Dra. Ai Fen, que envió registros clínicos a sus colegas, dijo que el sistema de reporte directo es muy efectivo si se trata de una dolencia común como la hepatitis o la tuberculosis. “Pero esta vez era desconocida”, dijo ella. El Dr. Zhang Wenhong de Shanghai dijo que el sistema de información directa “es más poderoso que los de la mayoría de países para los patógenos conocidos [como MERS, H1N1] o los patógenos que no se propagan rápidamente o que tienen limitada transmisión entre personas [como el H7N9]”. Si se enfrentan a un nuevo virus, el personal médico y el sistema de información directa se desconciertan.

La forma más efectiva de proceder cuando no hay claridad sobre la infección es informar al departamento de control de enfermedades en el hospital. Esto es exactamente lo que hizo la Dra. Zhang Jixian; y su superior, el director del hospital, se puso en contacto con el CCE local, que a su vez contactó al CCE nacional de China y a la Comisión Nacional de Salud de China. A los cinco días de la alarma de la Dra. Zhang, la OMS fue informada sobre un misterioso virus en Wuhan.

Desde el 21 de enero, la OMS ha publicado un informe diario de la situación. El primer informe destaca los acontecimientos del 31 de diciembre al 20 de enero. El primer punto de ese informe dice que el 31 de diciembre, la oficina de la OMS en China fue informada de que había “casos de neumonía de etiología desconocida (causa desconocida) detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en China”. Las autoridades chinas aislaron un nuevo tipo de coronavirus el 7 de enero y el 12 de enero compartieron la secuencia genética del nuevo coronavirus para su uso en el desarrollo de kits de diagnóstico. La información más precisa sobre la forma de transmisión del virus solo pudo llegar después.

El sistema de información directo fue actualizado el 24 de enero de 2020 con la información sobre el nuevo coronavirus. Ahora ha aprendido de la experiencia.

Hechos e ideología

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, acusó a la OMS de servilismo con el Partido Comunista Chino. Escribió que Estados Unidos abriría “investigaciones sobre el inaceptablemente lento proceso de toma de decisiones de la OMS para declarar la pandemia global y sobre como China ha comprometido la integridad de la OMS”. Como es característico, Rubio no presentó ningún dato. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reflejó la acusación de Rubio, y dijo luego que su administración recortaría los 400 millones de dólares anuales que los Estados Unidos aportan a la OMS. Trump y su Secretario de Estado Mike Pompeo hicieron acusaciones infundadas de que el virus provenía del Instituto de Virología de Wuhan.

¿Fue la OMS lenta en declarar una pandemia global? En 2009, el primer caso conocido de H1N1 se detectó en California el 15 de abril; la ONU declaró la pandemia global el 11 de junio, dos meses después. En el caso del SARS-CoV-2, los primeros casos conocidos se detectaron en enero de 2020; la OMS declaró una pandemia global el 11 de marzo, un mes y medio después. En el intervalo, la OMS envió equipos de investigación a Wuhan (20 y 21 de enero) y a Beijing, Guangdong, Sichuan y Wuhan (16 al 24 de febrero). Su investigación, antes de la declaración, fue exhaustiva. El plazo para la declaración de la OMS es similar, incluso más rápido en 2020 de lo que fue en 2009.

Ya sea que se trate de The New York Times o de Marco Rubio, hay una urgencia por llegar a la conclusión de que el gobierno y la sociedad china son los culpables de la pandemia mundial, y que sus fracasos no solo comprometieron a la OMS, sino que causaron la pandemia. Los hechos se vuelven irrelevantes. Lo que hemos mostrado en este reportaje es que no hubo supresión deliberada de los hechos, ni hubo temor de los funcionarios locales de informar a Beijing, ni tampoco se dañó el sistema. La epidemia de coronavirus era misteriosa y compleja y los médicos y autoridades chinas aprendieron rápidamente de lo que estaba pasando y luego tomaron decisiones racionales basándose en los hechos disponibles.

《水星家纺在行动》La empresa textil Mercury en plena producción
Li Zhong

Como China rompió la cadena de infección

El 31 de marzo de 2020, un grupo de científicos de todo el mundo, desde la Universidad de Oxford hasta la Universidad Normal de Beijing, publicó un importante documento en la revista Science. Este artículo – An Investigation of Transmission Control Measures During the First 50 Days of the COVID-19 Epidemic in China [Una investigación sobre las medidas de control de la transmisión en los primeros 50 días de la epidemia de covid-19 en China] – propone que, si el gobierno chino no hubiera iniciado la cuarentena en Wuhan y la respuesta de emergencia nacional, habría habido 744.000 casos adicionales confirmados de covid-19 fuera de Wuhan. “Las medidas de control adoptadas en China” argumentan los autores, “potencialmente tienen lecciones para otros países del mundo”.

En el informe de febrero de la Organización Mundial de la Salud después de una visita a China, los miembros del equipo escribieron: “Frente a un virus previamente desconocido, China ha desplegado el esfuerzo de contención de una enfermedad tal vez más ambicioso, ágil y agresivo de la historia”.

Detallamos a continuación las medidas adoptadas por los diferentes niveles del gobierno chino y por organizaciones sociales para frenar la propagación del virus y la enfermedad en un momento en que los científicos apenas habían empezado a acumular conocimiento sobre ellos y trabajaban en ausencia de una vacuna y un tratamiento farmacológico específico para la covid-19.

El surgimiento de un plan

En los primeros días de enero de 2020, la Comisión Nacional de Salud (CNS) y el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades (CCE) de China comenzaron a establecer protocolos para el diagnóstico, el tratamiento y las pruebas de laboratorio de lo que entonces se consideraba una “neumonía viral de causa desconocida”. La CNS y los departamentos de salud de la provincia de Hubei elaboraron un manual de tratamiento y lo enviraron a todas las instituciones médicas de la ciudad de Wuhan el 4 de enero, ese mismo día se impartió capacitación en toda la ciudad. Para el 7 de enero, el CCE de China aisló la primera cepa del nuevo coronavirus y tres días después, el Instituto de Virología de Wuhan (Academia China de Ciencias) y otros desarrollaron kits de prueba.

Para la segunda semana de enero, se sabía más sobre la naturaleza del virus, y comenzó a tomar forma un plan para contenerlo. El 13 de enero, la CNS dispuso a las autoridades de la ciudad de Wuhan que comenzaran a realizar controles de temperatura en puertos y estaciones y que redujeran las reuniones públicas. Al día siguiente, la CNS celebró una teleconferencia nacional que alertó a toda China sobre la virulenta cepa del nuevo coronavirus y anunció la necesidad de prepararse para una emergencia de salud pública. El 17 de enero, el CNS envió siete equipos de inspección a las provincias de China para capacitar a los funcionarios de salud pública sobre el virus, y el 19 de enero la CNS distribuyó reactivos de ácido nucleico para los kits de prueba a los numerosos departamentos de salud de China. Zhong Nanshan – ex presidente de la Asociación Médica China – dirigió un equipo de alto nivel a la ciudad de Wuhan para llevar a cabo inspecciones los días 18 y el 19 de enero.

En los días siguientes, la CNS comenzó a entender como se transmitía el virus y como se podía detener esta transmisión. Entre el 15 de enero y el 3 de marzo, la CNS publicó siete ediciones de sus directrices. Una mirada a ellas muestra el desarrollo preciso de su conocimiento sobre el virus y sus planes de mitigación. Estos incluían nuevos métodos de tratamiento, incluyendo el uso de ribavirina y una combinación de medicina tradicional china y medicina moderna. La Administración Nacional de Medicina China informó finalmente que el 90% de los pacientes recibieron medicina tradicional, que resultó ser eficaz en el 90% de ellos.

Para el 22 de enero, estaba claro que el transporte de entrada y salida de Wuhan debía ser restringido. Ese día, la Oficina de Información del Consejo de Estado instó a la población a no ir a Wuhan, y al día siguiente la ciudad fue básicamente cerrada. La cruda realidad del virus ya se había hecho evidente para todos.

Las acciones del gobierno

El 25 de enero, el Partido Comunista de China (PCC) formó un Grupo Directivo del Comité Central para la Prevención y el Control de la covid-19 con dos líderes: Li Keqiang y Wang Huning, a cargo. El presidente de China, Xi Jinping encargó al grupo la tarea de utilizar el mejor conocimiento científico al formular las políticas para contener el virus y que utilizara todos los recursos para anteponer la salud de las personas a consideraciones económicas. Para el 27 de enero, el viceprimer ministro del Consejo de Estado, Sun Chunlan dirigió un Equipo Central de Guía a la ciudad de Wuhan para dar forma a la nueva respuesta agresiva para controlar el virus, Con el tiempo, el gobierno y el Partido Comunista desarrollaron una agenda para enfrentar el virus, que puede resumirse en cuatro puntos:

1. Prevenir la propagación del virus manteniendo no solo la cuarentena en la provincia, sino minimizando el tráfico dentro de la misma. Esto se complicó por el feriado del Año Nuevo Chino (originalmente del 24 al 30 de enero) que ya había comenzado; las familias se visitarían entre sí e irían a los mercados (esta es la mayor migración humana de corto plazo, cuando casi los 1.400 millones de habitantes de China se reúnen en sus casas). Todo esto tenía que ser evitado. El feriado se extendió hasta el 2 de febrero. Las autoridades locales ya habían comenzado a utilizar los conocimientos epidemiológicos más avanzados para rastrear y estudiar la fuente de las infecciones y trazar la ruta de transmisión. Esto era esencial para detener la propagación del virus.
2. Desplegar recursos para el personal médico, incluyendo equipos de protección personal, así como camas hospitalarias, equipos, kits de prueba y medicinas para tratar a lxs pacientes. Esto incluyó la construcción de centros de tratamiento temporales, incluyendo más tarde dos hospitales completos (Hospital Huoshenshan y Hospital Leishenshan). El aumento de exámenes requería mas kits de prueba, que tuvieron que ser desarrollados y fabricados.
3. Asegurarse que, durante la cuarentena de la provincia, se pusieran a disposición de los residentes alimentos y combustible.
4. Garantizar la divulgación de información al público basada en hechos científicos y no rumores. Con este fin, el equipo investigó todas y cada una de las acciones irresponsables que hubieran adoptado las autoridades desde los informes de los primeros casos hasta finales de enero.

Estos cuatro puntos definieron el abordaje adoptado por el gobierno chino y sus autoridades locales en febrero y marzo. Se estableció un mecanismo conjunto de prevención y control bajo la dirección de la CNS, con amplia autoridad para coordinar la lucha para romper la cadena de infección. La ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei permanecieron virtualmente aisladas por 76 días hasta principios de abril.

El 23 de febrero, el presidente Xi Jinping se dirigió en una teleconferencia a 170.000 funcionarios, cuadros del Partido Comunista y oficiales militares de todas partes de China “esta es una crisis, pero también una prueba importante” dijo Xi. Todo el énfasis de China estará en luchar contra la epidemia y en poner a las personas primero, pero al mismo tiempo, China se asegurará de que su programa económico a largo plazo no se vea perjudicado.

《义务送药者》Un voluntario entrega medicinas.
Li Zhong

Comités barriales

Una parte clave, y poco divulgada, de la respuesta al virus fue la acción pública que define a la sociedad china. En la década de 1950, las organizaciones civiles urbanas – o juweihui – se desarrollaron como una forma para que los residentes en los barrios organizaran su seguridad y ayuda mutua. En Wuhan, a medida que se desarrollaba la cuarentena, eran los miembros de los comités barriales quienes iban de puerta en puerta para comprobar la temperatura, entregar comida (en particular a lxs ancianxs) y suministros médicos. En otras partes de China, los comités barriales establecieron puntos de control de temperatura a la entrada de los barrios para monitorear a las personas que entraban y salían, se trataba de salud pública de forma descentralizada. Hasta el 9 de marzo, 53 personas que trabajaron en estos comités habían perdido sus vidas, 49 de ellas eran miembros del Partido Comunista.

Los 90 millones de miembros del Partido Comunista y los 4,6 millones de organizaciones de base del partido ayudaron a dar forma a la acción pública en todo el país y en la primera línea de las 650.000 comunidades urbanas y rurales chinas. Lxs trabajadorxs médicos que son miembros del partido viajaron a Wuhan para ser parte de la respuesta médica de primera línea. Otrxs integrantes del partido trabajaron en los comités barriales o desarrollaron nuevas plataformas para responder al virus.

La descentralización definió respuestas creativas. En la aldea Tianxinqiao, el pueblo Tiaoma, el distrito Yuhua, Changsha, provincia de Hunan, Yang Zhiqiang – un locutor de la aldea – utilizó 26 altavoces para instar a los aldeanos a que no se visitaran en Año Nuevo y que no cenaran juntos. En Nanning, en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang, la policía utilizó drones para tocar sonido de trompetas como recordatorio de no violar la cuarentena.

En Chengdu, provincia de Sichuan, 440.000 personas formaron equipos para hacer una serie de acciones públicas para detener la propagación del virus: difundieron las normas sanitarias, tomaron la temperatura, entregaron alimentos y medicinas y encontraron formas de entretener a la población, que de otro modo estaría traumatizada. Los cuadros del Partido Comunista lideraron, reuniendo a empresas, grupos sociales y voluntarios en una estructura local de autogestión. En Beijing, los residentes desarrollaron una aplicación que envía a lxs usuarixs registrados avisos sobre el virus y crea una base de datos que puede ser utilizada para monitorear el movimiento del virus en la ciudad.

Intervención médica

Li Lanjuan fue una de las primeras médicas en llegar a Wuhan; ella recuerda que cuando llegó, los exámenes “eran difíciles de conseguir” y la situación con los suministros era “bastante mala”. En pocos días, dijo, más de 40.000 trabajadores médicos llegaron a la ciudad y los pacientes con síntomas leves fueron tratados en centros de tratamiento temporal, mientras que los que habían sido gravemente afectados fueron llevados a los hospitales. Los equipos de protección, exámenes, ventiladores y otros suministros llegaron rápido. “La tasa de mortalidad se redujo enormemente”, dijo la Dra. Li Lanjuan. “En solo dos meses, la situación de la epidemia en Wuhan estaba básicamente bajo control”.

De toda China llegaron 1.800 equipos epidemiológicos – con cinco personas en cada equipo – para hacer encuestas a la población. Wang Bo, líder de uno de los equipos de la provincia de Jilin dijo que su equipo realizó encuestas epidemiológicas “peligrosas y exigentes” puerta a puerta. Yao Laishum, miembro de uno de los equipos de Jilin, dijo que en cuestión de semanas su equipo había llevado a cabo encuestas epidemiológicas a 374 personas y había localizado y monitoreado a 1.383 contactos cercanos; esta era una labor esencial para localizar a los infectados y tratarlos, así como a los que debían ser aislados si aún no presentaban síntomas o si sus pruebas resultaban negativas. Hasta el 9 de febrero, las autoridades de salud inspeccionaron 4,2 millones de hogares (10,59 millones de personas) en Wuhan; esto significa que inspeccionaron al 99% de a población, un trabajo gigantesco.

La velocidad de la producción de equipamiento médico, en particular de los equipos de protección para los trabajadores de la salud, deja sin aliento. El 28 de enero, China fabricaba menos de 10.000 equipos de protección personal (EPP) al día y para el 24 de febrero, su capacidad de producción excedía los 200.000 diarios. El 1 de febrero, el gobierno produjo 773.000 kits de prueba por día, para el 25 de febrero estaba produciendo 1,7 millones de kits por día, para el 31 de marzo se producían 4,26 millones de kits de prueba al día. Por orden de las autoridades, las plantas industriales se dedicaron a fabricar equipos de protección, ambulancias, ventiladores, monitores de electrocardiógrafo, máquinas de terapia de humidificación respiratoria, analizadores de gases sanguíneos, máquinas de desinfección de aire y máquinas de hemodiálisis. El gobierno centró su atención en asegurarse de que no hubiera escasez de ningún equipo médico.

《抗疫日记·憩》Diario de lucha contra el virus: tomando un pequeño descanso.
Li Zhong

Chen Wei, una de las principales virólogas de China que había trabajado en la epidemia de SARS de 2003 y que fue a Sierra Leona en 2015 para desarrollar la primera vacuna contra el ébola, se apresuró a ir aWuhan con su equipo. Establecieron un laboratorio de pruebas portátil el 30 de enero, para el 16 de marzo, su equipo había producido la primera vacuna para el nuevo coronavirus que fue a ensayos clínicos, Chen fue una de las primeras en ser vacunadas como parte de las pruebas.

Asistencia

Poner en cuarentena a una provincia de 60 millones de habitantes durante más de dos meses y poner sustancialmente en cuarentena a un país de 1.400 millones de habitantes no es fácil. El impacto social y económico siempre iba a ser muy grande. Pero el gobierno chino en sus primeras directrices dijo que el impacto económico en el país no iba a definir la respuesta; el bienestar de la gente tenía que ser dominante en la formulación de cualquier política.

El 22 de enero, antes de la creación del Grupo Directivo, el gobierno emitió una circular que decía que el tratamiento médico para los pacientes de covid-19 estaba garantizado y que sería gratis. A continuación, se formuló una política de reembolsos médicos, que decía que los gastos por medicamentos y servicios médicos requeridos para tratar la covid-19 serían completamente cubiertos por el fondo de seguro, ningún paciente tendría que pagar nada.

Durante la cuarentena, el gobierno creó un mecanismo para asegurar el suministro constante de combustible y alimentos a precios normales. Empresas estatales como China Oil and Foodstuffs Corporation, China Grain Reserves Group, y China National Salt Industry Group [Corporación de Aceite y Alimentos de China, Grupo de Reservas de Cereales de China y Grupo de la Industria Nacional de la Sal de China] aumentaron su suministro de arroz, harina, aceite, carne y sal. La Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización de toda China ayudó a las empresas a conseguir una conexión directa con las cooperativas de agricultores; otras organizaciones como la Cámara de Comercio Agrícola Industrial de China se comprometieron a mantener la estabilidad de la oferta y los precios. El Ministerio de Seguridad Pública se reunió el 3 de febrero para para tomar medidas enérgicas contra la especulación de precios y el acaparamiento. Hasta el 8 de abril, las organizaciones de la fiscalía de China investigaron 3.158 casos de delitos penales relacionados con la epidemia. El Estado ofreció apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas; a cambio, las empresas reformaron sus prácticas para garantizar ambientes de trabajo seguros. La Guangzhou Lingnan Cable Company por ejemplo, escalonó las pausas para el almuerzo, tomó la temperatura a los trabajadores, desinfectó el área de trabajo periódicamente, se aseguró de que los ventiladores funcionaran y proporcionó al personal equipo de protección como mascarillas, gafas, loción para las manos y desinfectantes a base de alcohol.

Cuarentena

Un estudio publicado en The Lancet por cuatro epidemiólogos de Hong Kong muestra que la cuarentena y el cierre de Wuhan desde fines de enero impidió la propagación de la infección fuera de la provincia de Hubei; las grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Shenzhen y Wenzhou, escriben, vieron un colapso en el número de infecciones en las dos semanas siguientes al cierre parcial. Sin embargo, escriben los académicos, como consecuencia de la virulencia de la covid-19 y la ausencia de inmunidad colectiva, el virus podría tener una segunda ola. Esto es algo que preocupa al gobierno chino, que continua vigilante respecto a este nuevo coronavirus (un grupo de casos en Harbin, cerca de la frontera entre China y Rusia, refuerza la necesidad de vigilancia).

Sin embargo, luces de celebración relumbraron en toda Wuhan cuando se levantó la cuarentena. El personal médico y los voluntarios respiraron con alivio. China había sido capaz de usar sus considerables recursos – su cultura e instituciones socialistas – para romper la cadena rápidamente.

Pintando una epidemia: una entrevista con Li Zhong

Shanghái, 9 de abril de 2020

No sentamos con Li Zhong (李钟) en una pequeña casa de te al aire libre, administrada por el amigo de un amigo; Zhong es pintor de la Academia de Pintura y Caligrafía de Shanghái y presidente de la Asociación Artística del Distrito Fengxian. Un hombre de unos cuarenta años, Zhong llevaba una chaqueta azul marino y jeans, y por supuesto, una mascarilla. Incluso tres meses después de que la epidemia de covid-19 comenzó, en Shanghái, una ciudad relativamente protegida del virus que ha retomado su vida cotidiana, el 100% de las personas todavía utilizan mascarillas cuando están fuera de casa. Las máscaras pueden evitar que nos reconozcamos en las calles, pero aún podemos sonreír detrás de ellas.

Y hay motivos para sonreír, la cuarentena de 76 días de Wuhan, la ciudad china más golpeada, había sido levantada poco más de 24 horas antes de nuestro encuentro. “Este es un momento muy emocionante para el pueblo chino” reflexiona Zhong. “Esto significa que China ha derrotado al virus y que la gente de toda China confía en la ciencia. Pero tenemos que permanecer vigilantes o todos nuestros esfuerzos serán en vano”. Se refiere a la preocupación por el reciente crecimiento de casos de virus importados y el temor a una segunda ola del virus en China.

Supimos de Zhong a través de una serie de pinturas que el hizo en solidaridad con lxs trabajadorxs que luchan contra la covid-19 en Wuhan. Las escenas retratan momentos cotidianos y sensibles en el estilo tradicional chino de pintura con tinta – tonos de tinta negra con acentos en color, sobre todo los azules y rojos de los trajes médicos. Un oficial de tránsito sorbiendo su tasa de fideos instantáneos, todavía en uniforme. Un guardia de seguridad durmiendo una breve siesta en los intensos días y noches de trabajo. Trabajadorxs tomando la temperatura, cosiendo equipos de protección personal, limpiando la basura y entregando suministros. Trabajadorxs que, tras las mascarillas, se vuelven anónimos y, en una serie, se vuelven completos. Zhong comenzó a publicar estas imágenes en sus “momentos” de WeChat (parecidos a las “stories” de otras plataformas de redes sociales), que circularon y eventualmente llegaron a algunos medios de comunicación. Poco se ha dicho, sin embargo, sobre los orígenes de las pinturas y quien estaba detrás de ellas, por lo que el Instituto Tricontinental de Investigación Social fue a conversar con Li Zhong en Shanghái.

“Bueno, este fue un año especial”, nos dijo Zhong. Después de presentarse brevemente, Zhong profundiza en la secuencia de eventos de la epidemia de covid-19, que lo llevó a pintar: “Estaba registrando el proceso de como el pueblo chino luchó contra el virus; es una suerte de registro de la valentía del pueblo chino”. Es un artista que cree profundamente en la ciencia. Ha clasificado su trabajo meticulosamente: Epidemia furiosa, Guerrero de primera línea, Perseverancia de la base, Apoyo logístico, Suspensión de clases y Bosquejos anti-epidémicos. Pero es reacio a hablar de sí mismo como protagonista de esta historia. En vez de ello, habla de los valores socialistas. Elogia las acciones decisivas del gobierno; en los dos últimos meses, millones de personas se han movilizado en todo el país para trabajar en la primera línea, mientras la mayoría de los 1.400 millones de habitantes están en alguna forma de aislamiento.

“La razón por la que creé estas pinturas fue para mostrar los beneficios de un país socialista, esto es diferente del capitalismo en Occidente. Por ejemplo, el pueblo chino es un pueblo para el que la solidaridad es clave; somos un pueblo que trabaja duro. Durante la noche de fin de año, las familias se reúnen. Sin embargo, muchas personas sacrificaron este precioso tiempo con sus familias para ayudar a combatir el virus. Mucho personal médico fue a Wuhan. Me conmovieron mucho estas acciones. Son muy nobles, pero se trata de gente común como nosotros. No solo fue personal médico, sino también personal de base, funcionarios, personal comunitario, muchas personas renunciaron a su festividad tradicional. Y esto es difícil de hacer para otros países”.

《致敬天使·不一样的年夜饭)》Tributo a un ángel – una Nochevieja diferente.
Li Zhong

Tributo a un ángel – una cena de Año Nuevo diferente (致敬天使·不一样的年夜饭) muestra a dos trabajadorxs médicos comiendo apresuradamente en cuclillas, todavía con sus trajes médicos. Una comida “diferente” también es retratada con un estilo diferente. El despliega un estilo tradicional chino de pintura al servicio del momento contemporáneo, para “desarrollar una nueva forma de lo antiguo”, como el mismo Mao Zedong podría haber dicho. La pintura de lavado de tinta surgió en la Dinastía Tang y es común en toda Asia Oriental. La característica tinta negra se diluye en varias concentraciones y tonos y se pinta sobre papel arroz muy absorbente y delicado. Una vez que se pinta un trazo, no puede ser modificado o deshecho. Su capacidad para captar el momento no se mide por su realismo sino por su esencia, es una instantánea que ya comienza a desvanecerse una vez que el pincel se encuentra con el papel, como si cambiara con la misma velocidad del virus.

En la tradición de pintura socialista, Zhong vuelve nuestra mirada a lxs trabajadorxs, los temas que han sido consistentemente excluidos de la pintura burguesa y que ahora están ausentes en los retratos de los medios de comunicación occidentales sobre la respuesta de China a la pandemia. “En todo el mundo, la gente puede decir cosas malas sobre China, pero esta experiencia ha cambiado totalmente su punto de vista. Sorprendentemente, nunca consideraron la solidaridad del pueblo chino […] pero justo ahora, en todo el mundo, todos están pidiendo ayuda a China y somos los únicos que ayudamos. China ha ayudado a 120 países tanto con suministros como con personal.”

《停课不停学》Parar las clases, pero no dejar de aprender.
Li Zhong

Para celebrar a aquellxs que trabajan, Zhong también se puso a trabajar. Durante su auto-cuarentena de mes y medio, creó 129 pinturas, es decir, más de dos pinturas nuevas cada día. Su compromiso social es claro, como artista y como miembro del Partido Comunista de China. Zhong estudió y se refirió a las imágenes de los reportajes en línea y televisados en China, “que mostraron mucho de la perspectiva de lxs trabajadorxs”. Las pinturas también se han devuelto a lxs propixs trabajadorxs, como los 20 miembros del personal médico de su comunidad que fueron a Wuhan. Las pinturas les dieron coraje y ánimo; “Me dijeron que mis pinturas reflejan la verdad del brote. En el futuro, cuando vean mis pinturas, no lo olvidaremos”, explica Zhong.

En el Instituto Tricontinental de Investigación Social estamos comprometidos con la batalla de ideas, que entendemos que es también una batalla sobre lo visual. Zhong creó arte que lucha en esta batalla. Hizo arte “para mostrar las y los soldados que están luchando contra el virus, y estos soldados no son solo el personal médico. Se trata también de las personas que se quedan en casa, ellas también son combatientes”. Nos invitó a ver una representación diferente.

Una de sus pinturas muestra un chico en un tablero de dibujo, coloreando en letras de molde. Se lee: Parar las clases, pero no dejar de aprender (抗击疫情停课不停学). “Debido al virus lxs chicxs no puede ir a la escuela”, explica Zhong. “Lxs expertxs dicen que el virus puede ser transmitido de persona a persona. Así que las escuelas tuvieron que ser cerradas. Los estudiantes deben permanecer en cuarentena, entonces, están dibujando historietas en apoyo a los trabajadores médicos”. Es un dibujo dentro de un dibujo, un registro del proceso de registro.

En cuanto a los artistas, ¿qué podemos hacer? “Pueden reflejar la situación positivamente. Deben contar la verdad. No culpar a otros países o difundir desinformación, porque el mayor desafío es derrotar al virus, lo que requiere nuestra unidad”. Como soldados en esta batalla internacional contra la pandemia de covid-19, sea trabajando en primera línea o tras bastidores, en cuarentena en casa o fuera de casa, cuidando o siendo cuidadxs, en sus computadoras o en sus caballetes, Zhong nos recuerda que seamos científixos, que aprendamos, que seamos verdaderxs.

Li Zhong, pintando una epidemia.
Tings Chak

Asamblea internacional de los pueblos e Instituto Tricontinental de Investigación Social

Introducción

La pandemia global ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad covid-19 ha paralizado gran parte del mundo. En este contexto, el 21 de marzo último, hemos lanzado una Declaración donde instamos a todos los pueblos del mundo a poner la vida antes del capital y proponemos la apertura de un debate sobre una plataforma política internacional con 16 propuestas concretas de acciones para confrontar la pandemia.

La Declaración fue lanzada conjuntamente por la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), una articulación internacional de movimientos y organizaciones antiimperialistas de 87 países y por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, desde entonces hemos invitado a organizaciones y personas a firmarla.

Hasta el día de hoy, hemos recibido un total de 479 adhesiones de 70 países de todos los continentes: 8 articulaciones internacionales, 233 organizaciones y 238 personas, principalmente intelectuales.

Evaluamos muy positivamente este resultado y creemos que señala que hay una gran voluntad popular de dar respuestas concretas a esa pandemia a través de cambios profundos en el actual sistema capitalista, neoliberal y patriarcal en el cual vivimos y que es la raíz de la crisis económica y de la destrucción de los sistemas públicos de protección social y sanitaria, elementos que anteceden la pandemia y que agravan la situación de las y los trabajadores frente al alto contagio y letalidad de esta nueva enfermedad.

A la vez, también hemos recibido valiosas contribuciones y cuestionamientos en diálogo con los 16 puntos planteados. Hemos sistematizados algunos de ellos a continuación, porque consideramos que estos aspectos son esenciales para cualquier discusión a medida que avanzamos.

1. El impacto de género del coronashock. Sin duda, la cuestión de género debe ser central en nuestra evaluación del coronashock y de cualquier marco político de la izquierda que surja de él.
   1. En el campo de la salud propiamente dicho, tres cuartas partes de los trabajadores de primera línea son mujeres, muchas de las cuales trabajan sin protección sindical, sin equipo de protección y sin ningún papel de liderazgo en sus campos. Ponemos sobre la mesa la importancia de construir el poder para las mujeres trabajadoras.
   2. En el encierro en todo el mundo, como consecuencia de la abrumadora evidencia de que los trabajos de cuidado se asientan sobre los hombros de las mujeres, los roles de género patriarcales se han impuesto. Creemos que debe cuestionarse fundamentalmente la concepción patriarcal de “trabajo de los hombres” y “trabajo de las mujeres” y que deben establecerse estructuras -como el cuidado universal de niñas y niños y la lucha por la equidad dentro de los hogares- que socavan estas distinciones.
   3. Ya hay datos que comprueban un incremento de la violencia doméstica durante la cuarentena, donde las principales víctimas son las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras, pobres y negras. Instamos a todos los pueblos del mundo a denunciar y combatir la violencia exigiendo que el Estado ofrezca protección jurídica, social, psicológica y económica a todas las mujeres víctimas de violencia.
2. La cuestión del complejo Dólar-Wall Street. Habíamos pedido a las Naciones Unidas que repensaran la cuestión de que el dólar es esencial como moneda fiduciaria mundial. Lo que queremos ampliar es que las instituciones de financiación para el comercio y el desarrollo están totalmente dominadas por los Estados Unidos y por los Estados europeos – ya sean las redes bancarias, las redes de transferencia de dinero, las agencias de calificación, la moneda utilizada para conciliar el comercio internacional. Queremos argumentar que es necesario democratizar este sistema institucional sesgado, con la aparición de sistemas financieros verdaderamente internacionales tanto para el desarrollo como para el comercio.
3. El colonialismo y el neocolonialismo. A pesar de la descolonización, los Estados que se independizaron recientemente luchan por la falta de capital e inversión. Tuvieron que pedir prestado a las antiguas potencias coloniales, y a menudo se endeudaron. Cuando trataron de financiar su deuda, se les dijo que “ajustaran estructuralmente” su política gubernamental para favorecer al capital internacional en lugar de las necesidades sociales de su población. Lo que hay que poner sobre la mesa son las reparaciones por el colonialismo -la gran cantidad de recursos robados a los antiguos estados colonizados- y nuevas propuestas para hacer frente a la deuda tóxica y para una mayor financiación.

Por último, no podemos dejar de mencionar que hasta ahora la pandemia aclaró algo sobre los órdenes sociales en los que vivimos: por un lado, los Estados de orientación socialista (China, Cuba, Venezuela) movilizaron todos los recursos de los que disponían, independientemente de las pérdidas económicas, para contener la pandemia; los Estados del orden burgués no utilizaron en absoluto sus considerables recursos y no prepararon un plan racional para estos recursos (las tasas de mortalidad desde Italia hasta los Estados Unidos de América han sido catastróficas, un crimen político contra la humanidad).

El ejemplo del pueblo venezolano, del pueblo cubano y del pueblo chino llenan nuestros corazones de esperanza de que otro mundo es posible, donde las relaciones entre los pueblos estén basadas en la solidaridad, la integración, la cooperación y la complementariedad, como soñaron el Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, Berta Cáceres y otras y otros internacionalistas que nos precedieron.

Declaración

El SARS-CoV-2 o COVID19, ahora declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud, ha comenzado a causar estragos en muchas partes del mundo, mientras otras anticipan su llegada. Estamos en una verdadera guerra que exige la movilización de todos los esfuerzos y, sobre todo, poner en primer lugar la vida y no las ganancias. Solo ganaremos esta guerra – como ya lo ha hecho China – si tenemos unidad popular y disciplina, si los gobiernos se ganan nuestro respeto con sus acciones y si actuamos solidariamente en todo el mundo.

La deuda global es de $ 250 billones, parte de ella es una enorme deuda corporativa. Por otro lado, hay billones de dólares utilizados especulativamente en mercados de valores y paraísos fiscales. A medida que la actividad económica se contraiga, las empresas harán fila para ser rescatadas. Este no es el mejor uso de los preciosos recursos con los que cuenta la humanidad en este momento. En medio de esta situación, que los mercados financieros permanezcan abiertos es un fracaso de la imaginación. La caída de los mercados bursátiles, desde Hang Seng hasta Wall Street, es simplemente una forma para intensificar la ansiedad de la sociedad global, ya que la salud del mercado bursátil se ve erróneamente, como un indicador de la salud económica en general.

Están en marcha cuarentenas y suspensiones de actividades a largo plazo en buena parte del mundo, ciertamente en Europa y América del Norte, pero también cada vez en mayor medida en África, Asia y América Latina. La actividad económica ya ha comenzado a detenerse. No es posible hacer estimaciones de las pérdidas netas, e incluso las principales instituciones internacionales están ajustando sus estimaciones sobre ello todos los días. Un estudio de la UNCTAD del 4 de marzo, por ejemplo, anticipaba que la desaceleración de la industria en China interrumpiría por sí misma la cadena de suministro global y disminuiría las exportaciones en $ 50 mil millones. Esta es solo una parte de las pérdidas de un total que, por el momento, es incalculable.

El FMI se ha comprometido a usar 1 billón de dólares para ayudar a los países a evitar el desastre económico. Unos veinte países ya han acudido a él para solicitar asistencia. Irán, que se había mantenido alejado del FMI durante las últimas tres décadas, ahora ha solicitado su ayuda. Sería un cambio auspicioso en la política del organismo, sin precedentes en la historia, sino fuera por la vergonzosa negación de ayudar al pueblo de Venezuela con el pretexto de no reconocer al gobierno. El FMI no debe exigir ajustes o condiciones para entregar estos préstamos puente. El rechazo de un préstamo a Venezuela es señal de un gran fracaso político del FMI.

La solidaridad internacional de China y Cuba es ejemplar. Las y los médicos chinos y cubanos han estado en Irán, Italia y Venezuela, y han ofrecido sus servicios y experiencia en todo el mundo. Han desarrollado medicinas y tratamientos médicos que reducen la tasa de mortalidad de las personas afectadas por COVID19, y quieren distribuirlos a los pueblos del mundo sin ninguna patente o beneficio. El ejemplo de los chinos y los cubanos en este período debe tomarse en serio; gracias a este ejemplo, en medio de esta pandemia de coronavirus es más fácil imaginar el socialismo que vivir bajo el cruel régimen del capitalismo.

Los países europeos, actual foco de la pandemia, ven colapsar sus debilitados sistemas de salud tras décadas de desfinanciamiento y austeridad neoliberal. Los gobiernos europeos, así como el Banco Central Europeo y la UE, concentran el grueso de sus recursos en intentar salvaguardar al sector financiero y empresarial de una debacle económica segura. La adopción de tímidas acciones para intentar fortalecer las capacidades de los Estados ante la crisis -renacionalizaciones focalizadas, control público temporal de proveedores de servicios de salud- o de medidas paliativas -exenciones limitadas del pago de alquileres e hipotecas de vivienda-, no suponen una apuesta decidida por las garantías básicas del trabajo ni de la salud de la clase trabajadora que está más expuesta a los efectos devastadores de la pandemia: trabajadores de la salud, mujeres a cargo de los cuidados, personal de empresas de distribución de alimentos, servicios básicos, etc.

Se trata de un repudio parcial de las recetas neoliberales que se han aplicado en muchos países y dominado el mundo durante los últimos 50 años. El FMI debe tener esto en cuenta, ya que ha participado activamente en la depredación de los recursos en África, Asia y América Latina y en la creación de desiertos institucionales en un país tras otro. El fortalecimiento de Estados presentes y que redistribuyen la riqueza a favor de las grandes mayorías es una orientación que se debe construir globalmente.

Los científicos dicen que la batalla decisiva contra el virus podría durar los próximos 30 o 40 días. Por eso es esencial que cada país y cada gobierno tomen medidas para impedir la muerte de miles de personas.

Los movimientos populares, sindicatos y partidos que conforman la Asamblea Internacional de los Pueblos proponen formular y debatir un programa de cambio estructural que nos permita ganar esta lucha y reconfigurar el mundo:

1. Suspensión inmediata de todo tipo de trabajo con la excepción del personal médico y logístico esencial y aquel requerido para producir y distribuir alimentos y artículos de primera necesidad, sin ninguna pérdida de salarios. El Estado debe asumir el costo de los salarios durante el período de cuarentena.
2. Los servicios de salud, abastecimiento de alimentación y la seguridad pública deben seguir funcionando de forma organizada. Se debe entregar inmediatamente las reservas de granos de emergencia para su distribución entre las personas pobres.
3. Todas las escuelas deben suspender clases.
4. Socialización inmediata de hospitales y centros médicos para que no tengan que preocuparse por sus ganancias a medida que se desarrolla la crisis. Estos centros médicos deben estar bajo control de la coordinación centralizada de la campaña sanitaria del gobierno.
5. Nacionalización inmediata de las compañías farmacéuticas, y cooperación internacional inmediata entre ellas para encontrar una vacuna y dispositivos para pruebas más sencillos. Supresión de la propiedad intelectual en el campo de la medicina.
6. Hacer el examen de coronavirus inmediatamente a todas las personas. Movilización inmediata de kits de prueba, recursos y apoyo para el personal médico que está al frente de esta pandemia.
7. Aceleración inmediata de la producción de materiales necesarios para hacer frente a la crisis (kits de prueba, máscaras, respiradores).
8. Cierre inmediato de los mercados financieros mundiales.
9. Recaudación inmediata de recursos para evitar la quiebra de los gobiernos.
10. Condonación inmediata de todas las deudas no corporativas.
11. Fin inmediato de todos los pagos de alquileres e hipotecas, así como el fin de los desalojos. La vivienda digna debe ser un derecho para toda la ciudadanía garantizado por los Estados nacionales.
12. Acceso de toda la población a servicios básicos como agua, electricidad y comunicaciones ya que son derechos básicos. Absorción inmediata de todos los pagos de servicios públicos por parte del Estado: agua, electricidad e internet asumidos como derechos humanos.
13. Fin inmediato de los criminales regímenes de sanciones unilaterales que afectan a países como Cuba, Irán y Venezuela y les impiden importar los suministros médicos necesarios.
14. Apoyo urgente al campesinado para aumentar la producción de alimentos sanos y suministrarlos al gobierno para su distribución dirigida.
15. Suspensión del dólar como moneda internacional y petición de que Naciones Unidas convoque urgentemente una nueva conferencia internacional para proponer una moneda común internacional.
16. Asegurar una renta básica universal en todos los países. Esto permite garantizar un apoyo desde el Estado para millones de familias que están sin trabajo, trabajando en condiciones de suma precariedad o por cuenta propia. El sistema capitalista actual excluye de trabajos formales a millones de personas que deben ser contenidas por los Estados nacionales, generando trabajo y condiciones dignas de vida para ellas. Los recursos para esta renta básica universal pueden ser obtenidos de los presupuestos de defensa, en particular los gastos destinados a armamento, municiones y demás compra de equipo bélico.

FIRMAS:

ARTICULACIONES INTERNACIONALES

1. Asamblea Internacional de los Pueblos
2. Instituto Tricontinental de Investigación Social
3. ALBA Movimientos – Articulación Continental de Movimientos Sociales y Populares hacia el ALBA
4. Central Governing Council of the Red Nation
5. Delphi Initiative for Defending Democracy
6. La Vía Campesina
7. Marcha Mundial de las Mujeres
8. Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

ÁFRICA

• Organizaciones

9. Ghana – SFG – Socialist Forum of Ghana
10. Kenia – Revolutionary Socialist League
11. Sudáfrica – Abahlali BaseMjondolo
12. Sudáfrica – Economic Research on Innovation – Tshwane University of Technology
13. Sudáfrica – NUMSA – National Union of Metalworkers of South Africa
14. Sudáfrica – SRWP – Socialist Revolutionary Workers Party
15. Tanzania – TASOFO – The Tanzania Socialist Forum
16. Uganda – Ruth Fund – Rural Women and Youth Fund Uganda
17. Zambia – Socialist Party of Zambia
18. Zambia – Young Cheetahs Movement
19. Zimbabue – SPZ – Socialist Platform of Zimbabwe
20. Zimbabue – UFAWUZ – The United Food and Allied Workers Union of Zimbabwe

• Personas

21. Nigeria – Minna Salami, writer
22. Sudáfrica – Antonater Tafadzwa Choto
23. Sudáfrica – Ebrahim Ghoor
24. Sudáfrica – Rasigan Maharajh
25. Zambia – Macleod Lunkoto
26. Zimbabue – Ady Mutero

AMÉRICAS

• Organizaciones

27. Argentina – Colectivo Teología de la Liberación Pichi Meisegeier
28. Argentina – Federación de Inquilinos Nacional
29. Argentina – Frente Patria Grande
30. Argentina – Frente Popular Darío Santillán
31. Argentina – GEAL – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe – UBA
32. Argentina – IEALC – Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – UBA
33. Argentina – Movimiento Popular la Dignidad
34. Argentina – OLP – Resistir y Luchar
35. Argentina – Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad – Capítulo Argentina
36. Argentina – Vamos
37. Brasil – Articulação Por uma Educação do Campo, Indígena e Quilombola no Semiárido Mineiro
38. Brasil – CEBRAPAZ – Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz
39. Brasil – CMP – Central de Movimentos Populares do Brasil
40. Brasil – CNM/CUT – Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT
41. Brasil – Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba
42. Brasil – CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
43. Brasil – CUT – Central Única dos Trabalhadores
44. Brasil – Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito do Brasil
45. Brasil – FUP – Federação Única dos Petroleiros
46. Brasil – IPDMS – Instituto de Pesquisa Direito e Movimentos Sociais
47. Brasil – Levante Popular da Juventude
48. Brasil – MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens
49. Brasil – MAM – Movimento pela Soberania Popular na MIneração
50. Brasil – Marcia Sanches Venturi
51. Brasil – MCP – Movimento Camponês Popular
52. Brasil – MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores
53. Brasil – MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
54. Brasil – MTD – Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos
55. Brasil – NESAF – Núcleo de Estudos em Agricultura Familiar da UFSM
56. Brasil – Via Campesina Brasil
57. Canada – People’s Health Movement
58. Chile – Fundación Constituyente XXI de Chile
59. Colombia – CEISAFROCOL – Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Afrocolombianas
60. Colombia – CIPAZ – Fundacion Ciudadanía Integral para la Paz
61. Colombia – Congreso de los Pueblos
62. Colombia – Coordinadora Política y Social Marcha Patriótica
63. Cuba – Centro Martin Luther King
64. Ecuador – ABPTAI – Asociación Bolivariana de Productores Textiles y Afines
65. Ecuador – ACCUMHB – Asociación Civil de Comerciantes Unidos del Mercado Bolivariano la Hoyada
66. Ecuador – ALBA Movimientos- Capítulo Ecuador
67. Ecuador – FEDAEPS – Fundación de Estudios, Acción y Participación Social
68. Ecuador – MEAB – Movimiento Ecuatoriano Alfarista Bolivariano
69. Ecuador – MIREDES Internacional
70. Ecuador – Movimiento Jubileo 2000 Red Ecuador
71. Ecuador – Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad – Capítulo Ecuador
72. Ecuador – Red de Mujeres Transformando la Economía – Ecuador
73. Estados Unidos – (Fem)Power
74. Estados Unidos – AFROAMERICAS Network
75. Estados Unidos – ANSWER Coalition – Act Now to Stop War and End Racism
76. Estados Unidos – Anti-Racist Action Los Angeles
77. Estados Unidos – Asian Communities Together
78. Estados Unidos – Border Agricultural Workers
79. Estados Unidos – Code Pink
80. Estados Unidos – Committees of Correspondence for Democracy and Socialism (CCDS)
81. Estados Unidos – Community Movement Builders
82. Estados Unidos – Dream Defenders
83. Estados Unidos – Earth Evolution
84. Estados Unidos – Facilitating Thriving
85. Estados Unidos – Four Winds American Indian Council Denver
86. Estados Unidos – Global Justice Ecology Project
87. Estados Unidos – Massachusetts Committees of Correspondence for Democracy and Socialism
88. Estados Unidos – Mississippi Immigrants’ Rights Alliance
89. Estados Unidos – PEP – Popular Education Project
90. Estados Unidos – Put People First – Pennsylvania
91. Estados Unidos – PWF – The Perennial Wisdom Foundation
92. Estados Unidos – Southern Anti-Racism Network
93. Estados Unidos – Unión de Vecinos
94. Estados Unidos – University of the Poor
95. Estados Unidos – Vermont Worker’s Center
96. Guatemala – APSM – Alianza Política Sector de Mujeres
97. Guatemala – Asamblea Social y Popular
98. Guatemala – CUC – Comité de Unidad Campesina
99. Guatemala – Fundación Guillermo Toriello
100. Guatemala – FUNDEBASE – Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base
101. Guayana – Red Thread
102. Haití – Association Tèt Kole
103. México – Comité 68 Pro Libertades Democráticas
104. México – Comité de Solidaridad Mons. Romero
105. México – Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Atoyac – Veracruz
106. México – Frente Popular Francisco Villa
107. México – Jóvenes ante la Emergencia Nacional
108. México – MLN – Movimiento de Liberación Nacional
109. México – Movimiento de Solidaridad Nuestra América
110. México – Mujeres para el Diálogo
111. México – Nueva Constituyente Ciudadana Popular
112. México – Nuevo País
113. México – SICSAL – Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina
114. Nicaragua – UCANS – Unión de Cooperativas Agropecuarias del Norte de Las Segovias R.L.
115. Panamá – Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
116. Panamá – Frente Amplio por la Democracia
117. Panamá – Frente Estudiantil FER 29
118. Panamá – Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
119. Panamá – Movimiento Comunal Nacional Federico Britton
120. Panamá – Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares
121. Panamá – Unión Campesina Panameña
122. Perú – Acción Política Socialista
123. Perú – Juventud Comunista Patria Roja
124. Perú – La Junta
125. Perú – Movimiento Comunitario Alfa y Omega
126. Perú – Mundo Verde
127. Perú – Norte Progresista
128. Perú – Todas Somos Micaelas
129. Puerto Rico – COMUNA Caribe de Puerto Rico
130. Uruguay – Izquierda en Marcha – Frente Amplio
131. Venezuela – Colectivo Diversidad UBV
132. Venezuela – Comuna Cacique Guaracarima
133. Venezuela – Consejo comunal “Acacias IV”
134. Venezuela – Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comunas
135. Venezuela – Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora
136. Venezuela – CTC – Coalición de Tendencias Clasistas
137. Venezuela – Equipo Coordinador del FPC-UNASUR VENEZUELA
138. Venezuela – Equipo de Terra TV
139. Venezuela – Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, Televisión y Teatro
140. Venezuela – Frente Bicentenario de Mujeres 200
141. Venezuela – Frente Francisco de Miranda
142. Venezuela – Fundación O’Leary
143. Venezuela – Izquierda Unida Venezuela
144. Venezuela – Movimiento de Mujeres por la Vida
145. Venezuela – Movimiento de Pobladoras y Pobladores
146. Venezuela – Organización Social Sures
147. Venezuela – Plataforma de Lucha Campesina
148. Venezuela – Semanario por Ahora, medio alternativo venezolano
149. Venezuela – Surgentes – Colectivo de DDHH

• Personas

150. Argentina – Alberto Rabilotta, periodista internacional
151. Argentina – Atilio Boron, Escritor
152. Argentina – Claudio Katz, Académico
153. Argentina – Cristina Mancini
154. Argentina – Damian Loreti
155. Argentina – José Javier Capera Figueroa, director de la Revista FAIA
156. Argentina – Marcos Teruggi, Periodista
157. Argentina – Mario Hernandez, periodista y escritor
158. Argentina – Norberto Alayón, profesor de la UBA
159. Argentina – Patricio Germán Lo Prete
160. Argentina – Paula Klachko, Socióloga
161. Argentina – Rafael Villegas
162. Argentina – Stella Calloni, Periodista
163. Bolivia – Hugo Moldiz, Periodista
164. Brasil – Alonso Bezerra de Carvay, UNESP
165. Brasil – Ana Raquel
166. Brasil – Andrea Foresti Lanzoni
167. Brasil – Andréa Pinto Lucas de Oliveira, teacher
168. Brasil – Aniura Milanés Barrientos, Académica
169. Brasil – Bluette Fortes Santa Clara
170. Brasil – Breno Bringel, profesor de la UERJ
171. Brasil – Carlos Alberto (Beto) Almeida, periodista
172. Brasil – Carmen Lúcia Diniz dos Santos
173. Brasil – Daniel Lima Costa Muniz
174. Brasil – Daniele Melo da Costa
175. Brasil – Edmerson dos Santos Reis, professor da UNEB
176. Brasil – Jamil Murad
177. Brasil – Leonardo Nogueira, professor
178. Brasil – Luís Costa, periodista
179. Brasil – Lumie de Oliveira Zanazi
180. Brasil – Marcia Sanches Venturi
181. Brasil – Marco Alexandre de Souza Serra
182. Brasil – Maria Alice Motta
183. Brasil – Mariana Lacerda Gonçalves, cineasta
184. Brasil – Marilia Guimaraes, Escritora
185. Brasil – Nadia Bambirra, directora audiovisual
186. Brasil – Olivia Gonçalves Janequine
187. Brasil – Palloma Dreher Farias
188. Brasil – Paula Marcelino, socióloga
189. Brasil – Raissa Almeida Corbagi
190. Brasil – Sirio López Velasco, filósofo y docente universitario
191. Brasil – Tamara Siemann Lopes, Economista
192. Brasil – Thiago Barison de Oliveira
193. Brasil – Vanessa Witcel Homerding
194. Brasil – Vicente Aurelio Laner
195. Brasil – Wálmaro Paz, periodista
196. Canadá – Arnold August, Escritor
197. Canadá – Claudia Chaufan
198. Canadá – Errol Sharpe
199. Canadá – Peter Gose
200. Chile – Andrés Figueroa Cornejo, periodista
201. Chile – Esteban Silva
202. Chile – Florencia Lagos, promotora cultural
203. Chile – Javiera Olivares, periodista
204. Chile – Pablo Sepúlveda Allende, Médico y activista social
205. Colombia – Aura Molano
206. Colombia – Jorge Eliecer Carrillo Espinosa
207. Colombia – Juan Alberto, periodista
208. Costa Rica – Carlos Madrigal Tellini
209. Costa Rica – Etienne Somogyi
210. Cuba – Ángel Guerra, Escritor
211. Cuba – Ariana López, Filósofa
212. Cuba – Enrique Ubieta, Ensayista e investigador
213. Cuba – Fernando León Jacomino, Poeta y y crítico teatral
214. Cuba – Omar González, Escritor
215. Ecuador – Ana María Larrea, Socióloga
216. Ecuador – Andrés Arauz, Economista
217. Ecuador – Argentina Chiriboga
218. Ecuador – Cachito Vera, Gestor cultural
219. Ecuador – Carlos Viteri, Político
220. Ecuador – Cristian Orosco, Economista
221. Ecuador – David Chávez, Sociólogo
222. Ecuador – Erika Silva, Socióloga
223. Ecuador – Fidel Narváez, Diplomático
224. Ecuador – Gabriela Córdova Brito
225. Ecuador – Gabriela Rivadeneira, Política
226. Ecuador – Galo Chiriboga, Abogado
227. Ecuador – Galo Mora, Escritor y político
228. Ecuador – Ilonka Vargas, Artista
229. Ecuador – Irene Léon, Socióloga
230. Ecuador – Jenny Londoño, Escritora
231. Ecuador – Jorge Nuñez, Historiador
232. Ecuador – José Agualsaca, Legislador
233. Ecuador – José Regato, Escritor
234. Ecuador – Juan Paz y Miño, Historiador
235. Ecuador – Julio Peña y Lillo, Sociólogo
236. Ecuador – Kintto Lucas, Periodista
237. Ecuador – Luis Nawel, Gestor cultural
238. Ecuador – Marco Antonio Pintado López
239. Ecuador – Mario Ramos, Sociólogo
240. Ecuador – Melania Mora, Economista
241. Ecuador – Miguel Ruiz, Economista
242. Ecuador – Omar Ospina, Periodista
243. Ecuador – Orlando Pérez, Periodista
244. Ecuador – Oscar Bonilla, Político
245. Ecuador – Osvaldo León, Periodista
246. Ecuador – Pablo Guayasamin, Gestor cultural
247. Ecuador – Pavel Eguez, Pintor y muralista
248. Ecuador – Pedro Páez, Economista
249. Ecuador – Pedro Sassone, Sociólogo
250. Ecuador – Pilar Bustos, Artista
251. Ecuador – Rafael Quintero, Sociólogo
252. Ecuador – Ricardo Patiño, Economista
253. Ecuador – Ricardo Sánchez, Economista
254. Ecuador – Ricardo Ulcuango, Dirigente indígena y diplomático
255. Ecuador – Sally Burch, Periodista
256. Ecuador – Tania Hermida, Cineasta
257. Ecuador – Xavier Lasso, Periodista
258. Estados Unidos – Adán García
259. Estados Unidos – Alicia Jrapko, Activista social
260. Estados Unidos – Catherine Liu, professor
261. Estados Unidos – Dakotah Lilly, member of Students and Youth for a new America
262. Estados Unidos – Don Mee Choi
263. Estados Unidos – Eric Patel, artist and organizer living
264. Estados Unidos – Gloria Osborne Springwater
265. Estados Unidos – Marie-Josée Lavallée
266. Estados Unidos – Patricia Rodney
267. Estados Unidos – Paul Edwards
268. Estados Unidos – Phil Nichols
269. Estados Unidos – Rose M. Brewer, professor
270. Estados Unidos – Steven Sugarman
271. Estados Unidos – Vickiana Valdez
272. Guatemala – Héctor Alfredo Nuila Ericastilla, médico
273. Haití – Camille Chalmers, Economista
274. Honduras – Anarella Vélez, Escritora
275. Honduras – Gilberto Ríos, Dirigente social
276. Honduras – José Antonio Carballo
277. México – Alfonso Anaya
278. México – Angeles González
279. México – Bertha Vallejo
280. México – Carmen Mendoza
281. México – Claudia Sandoval
282. México – Cristina Steffen
283. México – Elizabeth Alejandre
284. México – Felipe Echenique March, historiador
285. México – Fernando Buen Abad, Filósofo
286. México – Gabriela Hernández
287. México – Gilberto López y Rivas, profesor investigador
288. México – Graciela Tapia
289. México – Héctor Díaz Polanco, Antropólogo
290. México – Hildelisa Preciado
291. México – Julieta Paula Mellano
292. México – Leonor Aída Concha
293. México – Leticia Gutiérrez
294. México – Lourdes del Villar
295. México – Luis Hernández Navarro, Periodista
296. México – Lylia Palacios
297. México – María Elena López
298. México – Mariana Gómez
299. México – Maricarmen Montes
300. México – Marisa Rodríguez
301. México – Martín Hernández
302. México – Nayar López, Académico
303. México – Norberto Pérez
304. México – Roberto Benavides
305. México – Rosa Barranco
306. México – Teresa Olvera
307. México – Walter Martínez
308. Paraguay – Ricardo Flecha, Cantautor
309. Perú – Andrés Luna Vargas
310. Perú – Hildebrando Pérez Grande, Poeta
311. Perú – Juan Panay
312. Perú – Leonel Falcón Guerra, vocero político
313. Uruguay – Antonio Elías, Economista
314. Uruguay – Gabriela Cultelli, Economista
315. Uruguay – Luna Zurdo Ríos
316. Venezuela – Arthur Rondón
317. Venezuela – Carmen Bohórquez, Historiadora
318. Venezuela – Cecilia Todd
319. Venezuela – Geraldina Colotti, periodista y escritora
320. Venezuela – Gisela Gomez
321. Venezuela – Glenys Nahomi Palomares Mendoza
322. Venezuela – Gustavo Rafael Sanoja Flores, Diputado Regional
323. Venezuela – Ismael Morales, diputado de la ANC
324. Venezuela – Iván Torcat
325. Venezuela – José Alejandro Delgado Paiva
326. Venezuela – José Félix Rivas Alvarado, economista, ex-director Banco Central
327. Venezuela – José Rafael Núñez
328. Venezuela – Luis Britto García, Escritor
329. Venezuela – Luisana Millé Muñoz Martínez
330. Venezuela – Molina Peñaloza
331. Venezuela – Pasqualina Curcio, Economista
332. Venezuela – Pedro Calzadilla, Historiador
333. Venezuela – Rafael Febles Fajardo
334. Venezuela – Sergio Arria, Productor Audiovisual
335. Venezuela – Thierry Deronne

MAGREB ÁRABE

• Organizaciones

336. Argelia – National Committee to Defend the Rights of the Unemployed
337. Egipto – SPA – Socialist People’s Alliance Party
338. Irak – General Federation of Syndicates
339. Irak – Information Center for Reshearch and Development
340. Irak – Iraq Social Forum
341. Irak – Workers-Communist Party of Iraq
342. Jordania – JCP – Jordanian Communist Party
343. Jordania – Jordanian Democratic Youth League
344. Jordania – Jordanian Democratic Youth Union UJDY
345. Jordania – Jordanian People’s Party
346. Líbano – Lebanese Communist Party
347. Marruecos – All For The Right To Health
348. Marruecos – DW – Democratic Way
349. Marruecos – Moroccan Association For Human Rights
350. Marruecos – Moroccan Association of Progressive Women
351. Marruecos – National Federation of The Agricultural Sector
352. Marruecos – National University of Education Democratic Orientation
353. Marruecos – Progressive Left Students
354. Marruecos – The Women’s Sector of the Democratic Way
355. Marruecos – Youth of the Democratic Way
356. Mauritania – CLTM – Free Confederation of Mauritanian Workers
357. Mauritania – Movement We Can
358. Mauritania – The Future Party
359. Mauritania – The Liberation and Emancipation of the Haratin Movement
360. Palestina – DFLP – Democratic Front for the Liberation of Palestine
361. Palestina – NADA – Palestinian Democratic Women Organization
362. Palestina – Palestinian Democratic Youth Union
363. Palestina – Palestinian Working Women Committees Union
364. Palestina – PPP – Palestinian People’s Party
365. Palestina – UAWC – Union of Agricultural Work Committees
366. Palestina – UPWC – Union of Palestinian Women Committees
367. Palestina – Youth of the Palestinian People’s Party
368. Sahara Occidental – CODESA – Collective of Sahrawi Human Rights Defenders
369. Siria – Alliance Syrian Women to activate Security Council Resolution 1325 in Syria
370. Siria – CDF – Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria
371. Siria – ICWOSY – Syrian Institution for Care of Widows and Orphans Rights
372. Siria – Syrian youth alliance to activate security council resolution 2250
373. Sudán – SCP – Sudanese Communist Party
374. Túnez – Democratic Patriots Unified Party
375. Túnez – Democratic Women’s Association
376. Túnez – Musawah Organization
377. Túnez – Nomad 08 Association
378. Túnez – Parti des Travailleurs/Tunisie
379. Túnez – The Democrat Patriots Youth Union
380. Túnez – The Socialist Democratic National Party – Tunisia
381. Túnez – Tunisian Human Rights League
382. Túnez – Union Communist Youth of Tunisia

• Personas

383. Túnez – Khraifi Cherif

ASIA

• Organizaciones

384. Bangladesh – Jatio Krishak Samity (National Peasant Organisation)
385. Bangladesh – Jatio Sramik Federation (National Labour Federation)
386. Bangladesh – Krishi Farm Sramik Federation
387. Bangladesh – Nari Mukti Sangsad
388. Bangladesh – Students Unity of Bangladesh
389. Bangladesh – Workers Party of Bangladesh
390. Bangladesh – Youth Unity of Bangladesh
391. Filipinas – Bukluran ng Manggagawang Pilipino
392. Filipinas – Laban ng Masa
393. Filipinas – SANLAKAS 
394. India – All India Kisan Mahasabha
395. India – Communist Party of India, Marxist-Leninist (Liberation)
396. India – Food Sovereignty Alliance
397. India – LeftWord Books
398. India – PSF – Progressive Students’ Forum
399. Indonesia – PRP – Partai Rakyat Pekerja (Working People’s Party)
400. Malasia – PSM – Parti Sosialis Malaysia
401. Nepal – Nepal Communist Party
402. Pakistán – Crofter Foundation,
403. Pakistán – Labour Education Foundation
404. Pakistán – Lahore Left Front
405. Pakistán – Mazdoor Kisan Party
406. Pakistán – Pakistan Kissan Rabta Committee
407. Papua occidental – AMP – Aliansi Mahasiswa Papua (The West Papua Student Alliance in One Comunity)
408. Sri Lanka – Left Voice
409. Sri Lanka – MOLAR – Movement for Land and Agricultural Reform
410. Tailandia – Chulalongkorn University
411. Timor Oriental – CNRM – Conselho Nacional da Revolucao Maubere

• Personas

412. Australia – Madeleine Lawler
413. Australia – Tim Anderson, Académico
414. India – Hiren Gohain
415. India – Karen Gabriel, professor in Delhi University
416. India – Pratip Kumar Datta
417. India – Ram Chandran
418. India – Sangita Tanaji Ghodake, professor
419. India – Sankar Krishnan
420. India – Saumya Chakrabarti, professor of Economics
421. India – Sudhanva Deshpande
422. India – Tabish Khair, professor
423. Japón – Shinako Oyakawa
424. Malasia – Jeevindran
425. Nepal – Balaram Banskota, CCM, NCP and deputy chief of central department of Consumer Rights protection
426. Nepal – Pramesh Pokharel, ICC member (youth) South Asia of La Via Campesina
427. Sri Lanka – Anuka vimukthi de Silva-Amali Wedagedara
428. Sri Lanka – Molnar
429. Tailandia – Patchanee Kumnak – Labour activist – Socialist Workers Thailand

EUROPA

• Organizaciones

430. Austria – BOEM* Association for Art, Culture, Science and Communication
431. Democratic Front for the Liberation of Palestine/Europe
432. Eslovenia – raum AU
433. España – Asamblea Provincial Marchas de la Dignidad Ciudad Real
434. España – Asociación GOGARA
435. España – CUT – Colectivo Unitario de Trabajadores
436. España – Foro Pacifista de Ciudad Real
437. España – Intersindical de Aragon – CO.BAS
438. España – Intersindical Valenciana
439. España – Izquierda Unida
440. España – MDM – Movimiento Democrático de Mujeres
441. España – PCE – Partido Comunista de España
442. España – Plataforma de Usuarios y Pacientes em Defensa de la Sanidad Publica y del Hospital Universitario de Diego de León 62 en Madrid
443. España – REAS – Red de Economía Alternativa y Solidaria de Murcia
444. España – Red Roja
445. Francia – News Net
446. Italia – Potere al Popolo
447. Noruega – LAG – Latin-amerikancan Group Norge
448. País Vasco – Centro de Estudios Francisco Bilbao
449. Serbia – Social Democratic Union
450. Suiza – Bureau de Crise
451. Chipre – Union of Cypriots

• Personas

452. Canarias – José (Pepe) Villalba Pérez
453. España – Ángeles Maestro
454. España – Arantxa Tirado, Politóloga
455. España – Cesar Ruiz Plaza
456. España – Gonzalo Vázquez Solana
457. España – Javier Couso, Militante político
458. España – Joan Manuel Cabezas, doctor in social anthropology
459. España – José Luis Centella, presidente del PCE
460. Estonia – Jekaterina Saveljeva
461. Francia – Hernando Calvo Ospina, Periodista
462. Grecia – Aliki Bonia
463. Grecia – Aris Tolios
464. Grecia – Martina Kaika
465. Grecia – Panagiotis Morakis
466. Italia – Elena Hileg Iannuzzi
467. Italia – Gianfranco Santoro
468. Italia – Guido Schiozzi
469. Italia – Laura Corradi, académica
470. Italia – Leonardo Bargigli, Assistant Professor of Economics
471. Italia – Mario Eustachio De Bellis
472. País Vasco – Katu Arkonada, Politólogo
473. País Vasco – Roberto Muñoz Albuerno
474. Reino Unido – Efstathia Filippaki
475. Reino Unido – Joanna Hughes
476. Reino Unido – Miroslav Spasov
477. Reino Unido – Neil Singh, Senior Clinical Teaching
478. Reino Unido – Rajmil Fischman, Emeritus professor in Keele University
479. Rusia – Marcus Guest