El segundo cuaderno de Adictos al imperialismo fue realizado en coordinación con el Observatorio Lawfare.

El Observatorio Lawfare es un centro de pensamiento geopolítico dedicado a investigar la guerra jurídica o lawfare como herramienta de persecución política en América Latina. Tiene por objetivo realizar análisis sistemáticos sobre los diferentes casos de lawfare en América Latina, desde una perspectiva interdisciplinar que permita articular los diversos ámbitos de operación, las redes de poder y los intereses involucrados, que trascienden lo jurídico-mediático para impactar en aspectos políticos, económicos, de estrategia y seguridad.

Dedicatoria

Este cuaderno titulado “La arquitectura imperialista y el ataque contra la soberanía: la dimensión geopolítica de la «Guerra contra las Drogas»” está dedicado a quienes luchan contra el imperialismo y resisten a la intervención estadounidense en todas sus formas, así como a quienes contra todo determinismo histórico rechazan la idea de su invencibilidad. También, a los pueblos que han sufrido las consecuencias de la Guerra contra las Drogas y la contrainsurgencia que van desde el despojo violento y la muerte, hasta la contaminación y el encarcelamiento.

Presentación: ¿Por qué un análisis geopolítico de la “Guerra contra las Drogas”?

Desde el inicio de su segundo gobierno, Donald Trump ha insistido en responsabilizar al gobierno mexicano de Claudia Scheinbaum por la acción de los carteles de la droga considerados como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En una política que entremezcla el combate al narcotráfico con la criminalización de los migrantes; la crisis sanitaria del fentanilo con las disputas con China; la imposición de aranceles con las amenazas de intervención militar directa sobre el territorio mexicano; Trump enarbola así, como herramienta de su agresiva política internacional, la guerra contra los carteles.

Ciertamente, ello no es ninguna novedad en la historia del imperialismo estadounidense. En América Latina y el Caribe convivimos desde hace décadas con las consecuencias concretas de la llamada “Guerra contra las Drogas”, desplegada como política estratégica del gobierno de EE. UU. para la región.

Los datos indican que, lejos de solucionar un problema de salud pública en territorio propio y ajeno, la intervención en el continente por parte de las agencias estadounidenses —y en especial su abordaje, marcado en gran medida por la militarización y un enfoque punitivo— ha agravado las situaciones de violencia y supone una amenaza a la soberanía y a los derechos de la mayoría de la población.

Para dar una idea de la magnitud del fenómeno, tras cinco largas décadas de “Guerra contra las Drogas” la propia DEA informaba a mediados de 2023 que las principales organizaciones del narcotráfico tienen presencia y vínculos en casi todo el mundo. Sobre ello, el Administrador Principal Adjunto de la DEA George Papadopoulos, en una presentación realizada por ante el Congreso de EE. UU., y solo refiriéndose a los carteles de Sinaloa y Jalisco, reconoció que “estas organizaciones criminales despiadadas y violentas tienen asociados, facilitadores e intermediarios en los 50 estados de Estados Unidos”. En este sentido, en este cuaderno proponemos abordar el examen y debate sobre la “Guerra contra las Drogas” desde un enfoque geopolítico, desde sus efectos políticos en Nuestra América. La hipótesis que guía las reflexiones aquí reunidas es que este proceso de intervención continental en materia de narcóticos es concebido y ejecutado como parte de un plan integral de dominación política y militar sobre el territorio de América, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos. A lo que cabría sumar la Antártida, que ya se ha convertido en un punto central en la agenda de la disputa global.

Es decir, proponemos analizar las políticas antinarcóticos desplegadas por EE. UU. en el marco de la trama de su política exterior, signada por la expansión militar (Luzzani, 2012; Merino, 2021; Transnational Institute, 2009; Verzi Rangel, 2022) y por su declarado interés en los bienes comunes del continente (Richardson, 2023). Para ello nos planteamos una serie de momentos y temas de análisis.

En primer lugar, nos interesa recuperar la dimensión histórica de la llamada “Guerra contra las Drogas”, desde la célebre declaración de Richard Nixon en junio de 1971 hasta la actualidad. Su comprensión como proceso y como política implica un recorrido cronológico y un mapeo de sus principales hitos y experiencias, así como el análisis de las diferentes etapas que pueden identificarse en su desarrollo durante el último medio siglo. Como el resto de las iniciativas de intervención, la “Guerra contra las Drogas” supone asimismo la articulación de diferentes tipos de dispositivos de política exterior: diplomáticos, militares y de seguridad, propagandísticos, de asistencia económica, entre otros. Nos proponemos también una aproximación al estudio de algunas de estas dimensiones.

Por su importancia como caso concreto, la investigación incluye un balance del Plan Colombia, con su impacto político, social y económico en este país y en la región. En ese sentido, nos planteamos profundizar en modos de hacer de la intervención, así como en sus efectos.

Por último, nos proponemos abordar algunos desafíos para los gobiernos de izquierda y progresistas de la región, desde los primeros años del siglo XXI hasta la actualidad. Este último punto cobra relevancia en momentos en que se impulsan iniciativas trascendentes para debatir las consecuencias del paradigma vigente y en particular, como elemento novedoso, las posibilidades de su superación. Este fue el caso por ejemplo, de la Cumbre Latinoamericana y Caribeña sobre Drogas, desarrollada en Cali en septiembre de 2023, que planteó el inicio de un proceso de discusión sobre las causas, consecuencias y posibles alternativas de solución a este problema (García Fernández y Latjman, 2023; Salgado, 2023).

En síntesis, este cuaderno intenta dialogar con una realidad que atraviesa cada día más a las sociedades latinoamericanas y caribeñas, marcadas por cinco décadas de aplicación de las orientaciones militaristas e intervencionistas de EE. UU. sobre el narcotráfico. Se trata así de promover y aportar al debate sobre estas políticas y a su reformulación desde la perspectiva del Sur Global y, en particular, de nuestra América Latina y el Caribe.

En el presente cuaderno, presentamos una cronología de la denominada política de “Guerra contra las Drogas” en la región, debatimos sobre el carácter imperialista de la política de EE. UU. en materia de drogas, analizamos la arquitectura de dependencia y subordinación de la política de “asistencia antinarcóticos”, desarrollamos el plan Colombia como máxima expresión de la política de intervención en la región, y arriesgamos algunos desafíos que balanceamos para las alternativas populares en el continente respecto el problemas de las drogas y el narcotráfico.

Este material forma parte de una investigación en desarrollo, impulsada por varios institutos y centros de pensamiento, en la cual se abordan diferentes dimensiones de análisis. Una de ellas es la dimensión geopolítica. En otros cuadernos se analizan otras dimensiones de similar importancia, como la situación de las y los productores de cultivos cuyo uso es declarado ilícito y la problemática de las drogas en los barrios populares de las grandes ciudades.

Cronología: Pasado y presente de la “Guerra contra las Drogas” en América Latina y el Caribe

17 de junio de 1971: Nixon declara la “Guerra (interna) contra las Drogas”

El presidente estadounidense Richard Nixon, en conferencia de prensa, declara al consumo de drogas ilícitas (drug abuse) como “el enemigo público N° 1 del país”. Con un léxico militar, anunció una ofensiva en el combate contra las drogas. Dispuso la creación de una oficina dedicada a la prevención y al combate de las drogas, con un presupuesto inicial de más de 150 millones de dólares.

Este es reconocido como el primer paso en la llamada “Guerra contra las Drogas”, que culminó una serie de medidas que se venían adoptando desde 1968, primero bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson y luego ya bajo la propia Administración Nixon. Esa política se orientaba a perseguir el uso de drogas recreativas, que se había extendido en parte de la juventud estadounidense en el contexto de los movimientos contraculturales desplegados desde fines de la década de 1960, sectores que fueran además uno de los principales cuestionadores de la Guerra de Vietnam y de la escalada militar intervencionista impulsada desde Johnson a Nixon.

1° de julio de 1973: Se crea la DEA

A propuesta del presidente Nixon, el Congreso estadounidense aprueba la creación de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, más conocida por sus siglas, DEA). Esta nueva entidad reúne a todas las dependencias antidrogas que ya existían en el Estado nacional y se convierte entonces en la única agencia federal con competencia en materia del control de drogas.

9 de agosto de 1974: Nixon renuncia a la presidencia, asediado por el escándalo del Watergate y las protestas

Finalmente, Richard Nixon debe abandonar la presidencia, luego de las revelaciones del llamado “escándalo Watergate”. Una investigación del Congreso demostró una variedad de actividades ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno, entre ellos el propio Nixon. Entre los crímenes se encuentran el espionaje y acoso a opositores y a funcionarios considerados sospechosos por intermedio de la acción de los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia.

Además, el gobierno era cuestionado por los movimientos que luchaban contra la Guerra de Vietnam y en defensa de los derechos civiles (particularmente afrodescendientes). Meses después, el 30 de abril de 1975, se sellaba el fin de la guerra de Vietnam con una derrota histórica para EE. UU.

14 de octubre de 1982: Reagan y la segunda “Guerra contra las Drogas”

En 1982, Ronald Reagan dirige un discurso a la nación referido a la Política Federal sobre Drogas. A través de la radio, el presidente republicano hace hincapié en la gravedad de la epidemia y la describió como “un virus especialmente vicioso de la delincuencia”. La política de Reagan incluye la participación de su esposa Nancy, quien lideró la Campaña Just say no (“Simplemente di no”).

1986: Reagan y las drogas como amenaza a la seguridad nacional

En 1986, el presidente Ronald Reagan había declarado que las drogas eran “una amenaza para la seguridad nacional estadounidense”. Esta definición orientada a la defensa pronto sería vital para la expansión militar de la “Guerra contra las Drogas”.

En 1986, Reagan firma un decreto de proyecto de ley llamado Cruzada Nacional para una América Libre de Drogas, que adquiere un enfoque de “tolerancia cero” en el uso y distribución de estupefacientes.

1986: Escándalo Irán – Contras

Estalla el llamado “escándalo Irán – Contras”, tras el derribo en Nicaragua de un avión que transportaba armas y drogas para los llamados “Contras”, la organización militar sostenida por EE. UU. en su guerra de desgaste contra el Frente Sandinista y el gobierno revolucionario nicaragüense.

A partir de las declaraciones del piloto del avión y, luego, de la investigación llevada adelante por el Congreso estadounidense, queda probado que bajo el gobierno de Ronald Reagan se ejecutó desde 1985 un plan ilegal de venta de armas a Irán. Además, que la contra nicaragüense se financiaba con parte del dinero que la CIA obtenía por las ventas de armas a Irán y por los pagos que le realizaban diferentes cárteles a cambio del permiso de ingresar drogas a EE. UU.

25 de noviembre al 20 de diciembre de 1988: Conferencia de las Naciones Unidas para la adopción de una Convención contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas

Entre el 25 de noviembre y el 20 de diciembre de 1988 se desarrolla en Viena la Conferencia de las Naciones Unidas que resuelve adoptar una Convención contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este instrumento se sumó a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el protocolo de 1972 y a la Convención de 1971 sobre Sustancias psicotrópicas. De acuerdo a la ONU, “estos tres tratados de fiscalización internacional de drogas se refuerzan y complementan entre sí y siguen siendo tratados de referencia en uso en la actualidad”.

1989: Bush lanza su “Guerra contra las Drogas”: el narcoterrorismo y las nuevas amenazas

El 6 de septiembre de 1989, el presidente George Bush realiza un discurso dirigido al pueblo de EE. UU. en el que califica el problema de la droga como “la más grave amenaza interior” para su país y anuncia una serie de medidas para combatir el narcotráfico. Entre ellas, un endurecimiento en la persecución al tráfico: “más prisiones, más cárceles, más cortes, más fiscales” (Bush, G; 6 de septiembre de 1989).  Pero también, como parte de una pretendida estrategia integral, una activa política de “asistencia” en América del Sur. “Nuestra estrategia asigna más de 250 millones de dólares para el próximo año en ayuda militar y policial a los tres países andinos de Colombia, Bolivia y Perú. Esta será la primera parte de un programa quinquenal de 2.000 millones de dólares para contrarrestar a los productores, los traficantes y los contrabandistas”, aseguró el presidente.

Luego del mensaje presidencial, en la misma transmisión oficial, el entonces Senador Joe Biden fue el encargado de la respuesta del Partido Demócrata. Lejos de plantear una visión alternativa, Biden critica la propuesta de Bush por considerar que era demasiado débil y propone crear “una fuerza de ataque internacional” para perseguir  a los narcotraficantes “allí donde viven”. “No debe haber refugio seguro para estos narcoterroristas y deben saberlo”, enfatizó Biden, mostrando un consenso bipartidista en la elección de una estrategia de intervención militar en otros países, bajo el argumento de la persecución a las drogas ilegales.

20 de diciembre de 1989: El gobierno de Bush invade Panamá y apresa a su antiguo aliado Noriega bajo acusaciones de complicidad con el narcotráfico

Las fuerzas militares de EE. UU. lanzaron la llamada Operation Just Cause para derrocar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de lavar dinero del narcotráfico en vinculación con el cartel de Medellín y Pablo Escobar. Tras décadas de colaboración con la CIA, Noriega cayó en desgracia y el país fue sometido a bombardeos e invadido por unos 27 mil marines. Como resultado de la invasión estadounidense a Panamá, al menos cientos de personas perdieron la vida, de acuerdo a los cálculos de diferentes instituciones. La Asociación de Familiares estima en cuatro mil el número de víctimas mortales.

En el contexto de la invasión a Panamá, los jefes de  la DEA y el Comando Sur amenazan públicamente con realizar operaciones militares “contra las drogas” en Perú y Bolivia.

1994-1999: Clinton. De los acuerdos de libre comercio a los de seguridad y el Plan Colombia

En el contexto del fin de la Guerra Fría y el intento por recolonizar América Latina y el Caribe a través del ALCA, el gobierno de EE. UU. promueve la liberalización comercial y al mismo tiempo la remilitarización del continente, ahora bajo el supuesto de la existencia de “nuevas amenazas”, entre las cuales el narcotráfico juega un rol central. Esta política alcanza un punto clave con el Plan Colombia (1999), acuerdo firmado entre Clinton y el presidente colombiano Andrés Pastrana, por medio del cual se extiende y profundiza la asistencia económica y la intervención militar en el país sudamericano. Se trata de un programa clave en la estrategia de intervención de EE. UU. en el continente. Por su importancia, un apartado de este trabajo se centra en su abordaje específico.

13 de abril de 1999: Acuerdo entre EE. UU. y Holanda para el uso de bases militares en las colonias de Aruba y Curazao

Las instalaciones también son usadas por aviones de Francia, Reino Unido, Canadá y Holanda con el fin de controlar el Mar Caribe y apoyar a barcos de estos países en la lucha  contra el tráfico marítimo de drogas.

2001: Aprobación y despliegue de la Iniciativa Regional Andina

La Iniciativa Regional Andina es lanzada en mayo de 2001, en los primeros meses de gobierno de George Bush hijo. En los hechos, implica una ampliación del Plan Colombia a otros países del continente, que de todos modos ya contaban con programas similares al menos desde principios de la década de 1990, cuando gobernaba George Bush padre.

En una hoja informativa de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, difundida públicamente el 16 de mayo de 2001 se explicaba con claridad el análisis de EE. UU. y su orientación general para abordar el problema y la oportunidad:

La región andina representa un reto y una oportunidad significativos para la política exterior de Estados Unidos en los próximos años. En la región están en juego importantes intereses nacionales de Estados Unidos. La democracia está bajo presión en todos los países andinos. El desarrollo económico es lento y los avances hacia la liberalización son inconsistentes. Los Andes siguen produciendo prácticamente toda la cocaína del mundo y una cantidad cada vez mayor de heroína, lo que representa una amenaza directa para nuestra salud pública y nuestra seguridad nacional. Todos estos problemas están interrelacionados. Los problemas de la región deben abordarse de forma global para promover los intereses de la política exterior estadounidense en la región.

2001: Bush y la militarización y extensión de la “Guerra contra las Drogas”

Luego del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son etiquetados como organizaciones terroristas, y con George W. Bush en la Casa Blanca, no solo las dos guerras internas de Colombia se unificaron, sino que además la “Guerra contra las Drogas” se volvió sinónimo de la “guerra de EE. UU. contra el terrorismo”.

10 de septiembre de 2005: Arrestan en México a ex Kaibiles guatemaltecos

Los Kaibiles son fuerzas especiales contrainsurgentes creadas por la dictadura guatemalteca y entrenados por la CIA, el Ejército de Francia y las Fuerzas Especiales de Israel. El 10 de septiembre de 2005 fuerzas mexicanas arrestaron a seis ex integrantes de los Kaibiles en Comitán, en el estado de Chiapas, al sureste del territorio mexicano. El Ministro de Defensa de México, Clemente Vega, dijo entonces que los Zetas estaban contratando a Kaibiles para su entrenamiento.

En abril de 2011, el viceministro de Seguridad de Guatemala, Mario Castañeda, reconoce en la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, en Cancún, que los Kaibiles “reciben cinco mil dólares mensuales por entrenar a integrantes de Los Zetas”. Años después se conocería que ya en 2009 y 2010 circulaban cables de la DEA confirmando los vínculos entre ex integrantes y miembros activos de las fuerzas especiales de México y Guatemala.

11 de diciembre de 2006:: Felipe Calderón anuncia “guerra contra el narco“

Diez días después de su asunción ―ocurrida luego de un escandaloso fraude contra su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador―, el nominado nuevo presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012), comunica el despliegue de más de cinco mil efectivos militares del Ejército y la Marina, junto a 1420 integrantes de la Policía Federal, con el supuesto objetivo de combatir al crimen organizado, particularmente el narcotráfico. De esta manera se lanza oficialmente la estrategia de “guerra contra el narco” en este país.

2007: Iniciativa Mérida

Los gobiernos de México y EE. UU. lanzan un acuerdo de cooperación en seguridad al que llaman Iniciativa Mérida, de modo similar a lo acontecido años antes con el Plan Colombia. El convenio, también llamado Plan México, implicó un aporte de más de 3300 millones de dólares por parte del gobierno de EE. UU. entre los años 2008 y 2021, cuando el gobierno de México encabezado por AMLO lo dio por finalizado.

1 de noviembre de 2008: El Gobierno de Bolivia expulsa a la DEA por su participación en el golpe cívico prefectural

El presidente Evo Morales anuncia la suspensión de las actividades de la DEA en territorio boliviano, en rechazo a sus actividades de injerencia en el país. Desde Chimoré, en el Chapare boliviano, el primer mandatario indígena declara que “personal de la DEA apoyó actividades del golpe de Estado fallido en Bolivia”, en el contexto del llamado “conflicto de la Media luna” en el que fuerzas de derecha intentaron una estrategia separatista  en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.  “A partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana”, afirmó el gobernante en el poblado cocalero de Chimoré, en el Chapare boliviano, centro del país.

28 de junio de 2009: Golpe de Estado en Honduras

Apoyado por EE. UU. y los sectores conservadores del país, altos mandos militares dan un golpe de Estado contra Manuel Zelaya y asumen el gobierno.

4 de agosto de 2009: Colombia anuncia que EE. UU. operará en siete bases militares

El comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa de Colombia, general Freddy Padilla de León, anuncia la lista de las siete bases militares que pueden usar las fuerzas armadas de EE. UU., en el marco de la cooperación entre ambos países para actividades “contra el terrorismo y el narcotráfico”.  Tres de las bases son de la Fuerza Aérea: Malambo, en el Departamento Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio; y Apiay, en el Meta. Dos son bases navales: Cartagena, en el Mar Caribe; y Bahía Málaga, en el Océano Pacífico. Las otras dos son del Ejército: el Centro de entrenamiento de Tolemaida, las instalaciones más grandes e importantes del Ejército, ubicadas en el límite entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima; y la base Larandia, en el Caquetá.

“Colombia busca fortalecer una cooperación respetuosa y moderna con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos; en donde solo los terroristas y narcotraficantes deben temer. Estamos convencidos que en la medida que seamos exitosos en esta noble lucha en Colombia, contra este flagelo universal, se contribuiría positivamente a la tranquilidad regional”, dijo Padilla en su discurso, pronunciado a representantes de Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y de Estados Unidos que participaban de la 1ª Conferencia de América del Sur (SOUTHDEC) en Cartagena.

“Es en este contexto de respeto por la autodeterminación de los pueblos, de soberanías inviolables, de respeto por los acuerdos internacionales, de agresiones globales como el terrorismo y el narcotráfico, que Colombia busca fortalecer una cooperación respetuosa y moderna con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos; en donde solo los terroristas y narcotraficantes deben temer. Estamos convencidos que en la medida que seamos exitosos en esta noble lucha en Colombia, contra este flagelo universal, se contribuiría positivamente a la tranquilidad regional”, dijo Padilla en su discurso.

Enero de 2012: EE. UU. lanza la Operación Martillo

La operación Martillo está liderada por el Comando Sur, quien la define como “un esfuerzo de Estados Unidos, Europa y el Hemisferio Occidental contra las rutas de tráfico ilícito en las aguas costeras del istmo centroamericano”.

En agosto de 2013, el director de operaciones de la unidad Interagencial J3 del Comando Sur, coronel Neal Pugliese, anuncia que este programa “se mantendrá de forma indefinida” y efectivamente, a la fecha, la operación se ha convertido en permanente.

24 de marzo de 2012: Cumbre regional Nuevas Rutas contra el Narcotráfico

El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina convoca a debatir un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas, basado en la regulación legal y en la coordinación entre Estados. Sin embargo, la mayoría de los países de la región se distanció en ese momento de la posibilidad de despenalizar algunas drogas.

11 de mayo de 2012: Agentes de la DEA participan en el asesinato de civiles en Honduras

En un operativo conjunto realizado en el municipio de Ahuás, en la Mosquitia, con helicópteros estadounidenses, agentes de la DEA y efectivos policiales de Honduras abren fuego contra una embarcación y asesinan a cuatro indígenas ―dos mujeres (al menos una de ellas estaba embarazada), un hombre y un adolescente de 14 años―. Luego del hecho, la DEA mintió para encubrir la participación de sus agentes.

Julio de 2014: Tráfico de drogas desde Colombia a España en buque de la Armada Real

Siete integrantes del buque escuela Juan Sebastián Elcano, de la Armada del Reino de España, son detenidos en Galicia, luego de que se encontraran 127 kilos de cocaína en el barco. Los militares fueron descubiertos luego de haber vendido 20 kilos de droga en Nueva York, en una de las escalas previstas en el viaje de entrenamiento.

Diez años después, en mayo de 2024, los tripulantes ―seis militares de bajo rango y un cocinero― serían condenados a tres años de cárcel. “Pero a día de hoy ningún juez, tribunal o servicio de inteligencia ha descubierto quién consiguió subir los fardos de droga a bordo del buque más famoso de la fuerza naval más antigua del mundo”, de acuerdo a lo señalado por un medio español al dar la noticia sobre la condena, luego de una década que se descubriera el cargamento.

Febrero de 2018: Visita de ministra de Seguridad y ministro de Defensa de Argentina al Comando Sur

Visita al Comando Sur y reunión con el Almirante Kurt Walter Tidd, jefe del Comando, de una comitiva del área de Seguridad, encabezada por la ministra Patria Bullrich, secundada por el Secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman y por el Director Nacional de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad, Gastón Schulmeister, que fueron “acompañados por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad”.  Entre otras actividades, el gobierno argentino informa oficialmente que “se participó en un ejercicio de simulacro de cobertura de seguridad, organizado por la US Coast Guard en el Puerto de Miami, y se realizó una visita a la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIAFT-S) ubicada en Key West. En este último encuentro, se compartió la importancia de seguir promoviendo el trabajo coordinado entre las naciones de la región, especialmente en torno a la lucha contra el narcotráfico y la consolidación de la base de datos en la materia, de cara a futuros programas de cooperación por desarrollar”.

Marzo de 2020: EE. UU. acusa a Nicolás Maduro y otros dirigentes venezolanos por narcoterrorismo y ofrece recompensa por su captura

El 26 de marzo de 2020 en conferencia de prensa, William Barr, fiscal general de Estados Unidos, anuncia y muestra carteles con el rostro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en los que se expresa: “Se busca a Nicolás Maduro Moros. Recompensa, USD 15 millones”.

El fiscal Barr anuncia la presentación de cargos acusando al presidente por “conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos”.  Además de Maduro, se presenta acusación contra otros dirigentes venezolanos como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; y Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Mayo de 2020: Se anuncia la llegada a Colombia de una brigada de élite de fuerzas especiales de EE. UU.

El 27 de mayo la Embajada de EE. UU. en Colombia anuncia oficialmente la llegada al país de​ una Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), “que viene para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos”. “La SFAB es una unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas. Su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses”​, dice la nota, que agrega: “Cabe mencionar que es la primera vez que esta brigada trabaja con un país en la región de Latinoamérica, hecho que reafirma una vez más el compromiso de los Estados Unidos con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región.  El despliegue del SFAB apoya a la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos, la cual fue anunciada el primero de abril por el presidente de EE.UU., Donald Trump”.

Semanas después, el medio oficial VOA (Voice of America) publica un artículo donde se informó la llegada de la brigada  especial y en base a la declaración de un ex funcionario de la DEA, se vincula esta decisión del gobierno de Trump con el asedio estadounidense a la República Bolivariana de Venezuela. El titular de la nota es bastante explícito: ​​”Misión de brigada especial de EE. UU. a Colombia: ¿Mensaje para Maduro?”

15 de febrero de 2022: Detienen al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado por tráfico de drogas y de armas

Juan Orlando Hernández (JOH) fue presidente de Honduras entre enero de 2014 y enero de 2022. Luego de una investigación por narcotráfico que inicialmente involucró a su hermano, Tony Hernández, cuando hacía pocos días que había dejado la presidencia, EE. UU. pide la detención de JOH. El expresidente luego es extraditado para enfrentar cargos ante el Poder Judicial estadounidense. Según una nota de prensa del Departamento de Justicia del país norteamericano, “la acusación formal alega que desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández, que fue presidente de Honduras durante dos mandatos, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”. Al cierre de esta edición, en el primer trimestre de 2024, se realiza el juicio en su contra en los tribunales federales de Nueva York.

Marzo a septiembre de 2023: Debate en EE. UU. sobre la necesidad de intervenir militarmente en territorio mexicano ante la “epidemia de fentanilo”

En el contexto de la epidemia de fentanilo en EE. UU. —y mientras la jefa de la DEA, Anne Milgram, califica a carteles mexicanos como “la mayor amenaza criminal que enfrenta EE. UU.”—, diferentes voceros del Partido Republicano proponen abiertamente que las fuerzas armadas de EE. UU. realicen operaciones en México. Una de las primeras propuestas públicas proviene de los senadores Lindsey Graham y John Neely Kennedy, quienes anunciaron la presentación de un proyecto de ley para declarar a los carteles como “organizaciones terroristas” y habilitar, a partir de esa designación, a intervenir militarmente. Esto fue respondido de inmediato por el presidente Andrés Manuel López Obrador: “A México se le respeta. No somos una colonia de EE.UU.”. Pese a esto, se instala el debate: pocos meses más tarde, los precandidatos presidenciales Donald Trump, Nikki Haley y Ron DeSantis hacen diferentes propuestas de operaciones bélicas en territorio mexicano, en el marco del debate hacia las elecciones internas republicanas.

7 al 9 de septiembre de 2023: Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas

Convocada por los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se realiza en Cali, Colombia, la Conferencia sobre Drogas que plantea una mirada desde la región latinoamericana y caribeña.

“La política llamada ‘Guerra contra las Drogas’ ha fracasado, no sirve, si la continuamos vamos a sumar otro millón de muertos en América Latina y vamos a tener más estados fallidos y quizás la muerte de la democracia en nuestro continente”, señaló el presidente colombiano en su discurso de cierre.

4 de diciembre de 2023: Embajador de EE. UU. reconoce que las armas del narco mexicano provienen de su país

Luego de numerosas denuncias públicas por parte del gobierno mexicano, el Embajador de EE. UU. en México, Ken Salazar, reconoció la responsabilidad de EE. UU. en el tráfico de armas hacia el país latinoamericano. “Más del 70 % de las armas que llegan a México, con las que se genera violencia en este país, llegan de Estados Unidos, manufacturadas por empresas de allá”, dijo el Embajador durante la inauguración de la mesa redonda ‘Retos y mejores prácticas en el combate al tráfico de armas entre México y los Estados Unidos’, desarrollada en la Ciudad de México. El número expresado por el gobernador es consistente con estimaciones de organismos oficiales de México.

Un mes y medio después, en enero de 2024, la secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, exigió a EE. UU. que investigue de manera urgente la entrada a territorio mexicano de armas “de uso exclusivo del ejército estadounidense” que están cayendo en manos de los carteles del narcotráfico.

Enero de 2024: el presidente de Ecuador declara “estado de excepción”, envía a los militares a combatir el narco y firma un nuevo acuerdo de seguridad con EE. UU.

Tras varios meses de crecimiento de la violencia criminal, que incluso se cobró la vida de un candidato a presidente en el marco de la campaña electoral de 2023, el nuevo presidente Daniel Noboa, de orientación neoliberal, declaró la existencia de un conflicto armado interno, dictó el Estado de sitio y ordenó a las Fuerzas Armadas que ejecuten “operaciones militares para neutralizar a estos grupos”. En ese contexto la jefa del Comando Sur de EE. UU., la Gral. Laura Richardson, viaja personalmente a Ecuador para acordar un “plan conjunto” de seguridad entre ambos países que supone asistencia y desplazamiento de personal militar, para el que obtuvo incluso inmunidad bajo la justicia ecuatoriana. Un proceso que ha sido catalogado como un “Plan Ecuador”, en referencia al denominado “Plan Colombia”.

1 de febrero de 2024: se conoce la Operación “Tejón del Dinero”, plan secreto de la DEA en Venezuela

La agencia de noticias The Associated Press difunde un documento secreto en el que se detalla la realización de operaciones secretas ―y obviamente ilegales― de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la República Bolivariana de Venezuela. El objetivo: recolectar supuestas pruebas para “armar” casos por narcotráfico contra funcionarios y dirigentes del gobierno venezolano.

De acuerdo a la agencia AP, el gobierno estadounidense lleva a cabo esta infiltración al menos desde 2018. La Operación se llamó “Tejón del Dinero” y en un memorándum planteó que “es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”.

Marzo de 2024: el gobierno argentino desplaza fuerzas federales para el combate al narcotráfico en la ciudad de Rosario, al tiempo que autoriza la participación de militares estadounidenses en el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay

En un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico en la ciudad ribereña de Rosario, Argentina, el gobierno de Javier Milei moviliza fuerzas federales a dicha ciudad involucrando incluso la participación del ejército en funciones de asistencia así como tiene lugar una campaña mediática que promueve su intervención directa en cuestiones de seguridad interna, actualmente vedada por ley. Simultáneamente, el gobierno a través de la Autoridad General de Puertos  suscribe un memorándum con el Cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense que habilita su participación en la gestión de la Hidrovía Paraná – Paraguay, la cuenca hídrica más importante del sur latinoamericano que baña la ribera de la ciudad de Rosario y por donde pasa buena parte de las exportaciones de granos de la región, sindicada también como ruta del narcotráfico. El acuerdo, que permite la presencia de militares estadounidenses, prolonga hacia el sur uno de similar carácter firmado por el gobierno paraguayo con autoridades estadounidenses en marzo de 2023.

1 de agosto de 2024: Condena el poder judicial de EE. UU. al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras

Tras declararse culpable por cargos de narcotráfico, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013, fue sentenciado por la Corte de Nueva York a 19 años de prisión. Además de las acusaciones por tráfico de drogas ilícitas, Bonilla fue acusado por el cargo de asesinato ordenado por Tony Hernández, hermano del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández  (JOH). Estos dos dirigentes políticos también fueron condenados por narcotráfico en tribunales de EE. UU.

16 de octubre de 2024: Condena por narcotráfico a García Luna, uno de los responsables de la “Guerra contra las Drogas”

Un juzgado de Nueva York (EE. UU.) condena a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, a 38 años y 8 meses de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.

La presidencia de Felipe Calderón (Partido de Acción Nacional), entre 2006 y 2012, se trató de uno de los momentos más cruentos de la denominada “Guerra contra las Drogas”, con un saldo de decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas, junto con el fortalecimiento de los carteles que controlan el negocio.

De acuerdo a la sentencia, García Luna estaba al servicio del cartel de Sinaloa. Al informar sobre la condena al ex jefe de Seguridad mexicano, la cadena de noticias CNN señaló que los fiscales estadounidenses dieron por probado que García Luna “permitió que el grupo delictivo operara con impunidad en el país, entre otras cosas ayudando a los traficantes a transportar drogas de manera segura y sin la intervención de las fuerzas de la ley hacia Estados Unidos”.

25 y 26 de noviembre de 2024: Cruces entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum

El 25 de noviembre de 2024, a casi tres semanas de ser electo para un segundo mandato como presidente de EE. UU., Donald Trump anuncia que una de sus “muchas primeras Órdenes Ejecutivas”, a partir de enero de 2025 incluirían un arancel del 25% sobre “todos los productos que entren a Estados Unidos” desde México y desde Canadá, países a los cuales responsabiliza por el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal. “Como todos saben, miles de personas están atravesando México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos”, señala Trump en sus redes sociales.

Al día siguiente, en conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presenta una carta dirigida a Trump en la que le responde, entre otras cuestiones, que “la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos (…) es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país”. “Usted debe estar al tanto también, del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país”, agregó la presidenta mexicana, finalizando: “Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos”.

20 de enero de 2025: El presidente Donald Trump designa a seis carteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional

En el día de su investidura el nuevo presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó 78 Órdenes Ejecutivas entre las que se incluye la número 14157 que designa a los carteles de Sinaloa, de Jalisco “nueva generación”, del Noreste (antes los Zetas), la Nueva Familia Michoacana, cartel de Golfo y carteles Unidos —junto con el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13)— como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) considerándolas una amenaza a la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental. Trump firmó también otras directivas para declarar la emergencia nacional en la frontera sur, restringir el derecho de los migrantes y criminalizarlos, y ordenó a los militares “sellar las fronteras” para combatir el flujo de drogas ilícitas, el contrabando de personas y la delincuencia relacionada con los cruces; y a los jefes de las agencias relanzar los esfuerzos para “construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur”.

1 de febrero de 2025: El gobierno estadounidense incrementa los aranceles a productos provenientes de México, Canadá y China bajo la justificación de obtener mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y acusa al gobierno mexicano de tener una alianza con los carteles de la droga

El gobierno estadounidense anuncia un incremento de entre un 10 y un 25% a las importaciones de México, Canadá y China hasta que esos gobiernos aumenten su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y, en particular, en relación al contrabando de fentanilo. En la presentación de dicha decisión en la red Twitter la Casa Blanca señala que “los carteles mexicanos son los mayores traficantes mundiales de fentanilo, metanfetamina y otras drogas. Esos carteles tienen una alianza con el gobierno de México y amenazan la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos”. Asimismo, en relación a China afirma que “el Partido Comunista Chino ha subvencionado a empresas químicas chinas para que exporten fentanilo. China no solo no logra frenar el origen de las drogas ilícitas sino que apoya activamente este negocio”.

18 de febrero de 2025: Trump afirma que México está gobernado en gran medida por los carteles de la droga

En el marco de una rueda de prensa en Florida al ser preguntado por los vuelos de drones de la CIA sobre territorio mexicano para vigilar a los narcotraficantes, el presidente Donald Trump afirmó “tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está gobernado en gran medida por los carteles, y eso es algo triste de decir. Si quisieran ayuda con eso, se la daríamos” e insistió en que “México desde hace años, pero ahora especialmente, está dirigido por los carteles” responsabilizando a las autoridades mexicanas por haber “permitido que millones de personas” entren en Estados Unidos a través de la frontera común”. El gobierno mexicano rechaza enérgicamente las afirmaciones de Trump.

20 de febrero de 2025: EE. UU. avanza en la designación de los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas

El presidente Trump un mes antes, designa como organizaciones terroristas a seis carteles del narcotráfico mexicano, junto al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. La resolución se justifica en el objetivo de poner fin a las campañas de violencia y terror de estos despiadados grupos, tanto en Estados Unidos como a escala internacional y se afirma que proporciona a las “fuerzas del orden” herramientas adicionales para detener a estos grupos. Días más tarde, en un contexto de creciente tensión entre ambos países, el gobierno mexicano resuelve la extradición a los EE. UU. de 29 narcotraficantes que estaban siendo requeridos por la justicia estadounidense.

4 de marzo de 2025: En el discurso sobre el estado de la Unión, Trump anuncia una nueva guerra contra los carteles mexicanos del narcotráfico

En dicha presentación ante el Congreso de los EE. UU. Trump señala que

el territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera está ahora dominado en su totalidad por carteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total ―tienen el control total de toda una nación―, lo que supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los carteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los carteles, cosa que estamos haciendo.  Necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho, y tienen que detener el fentanilo y las drogas que entran en Estados Unidos.  Van a detenerlo. He enviado al Congreso una solicitud de financiamiento a el Departamento de Estado de los EE. UU., cumpliendo la Orden Ejecutiva resuelta por la acción detallada en la que expongo exactamente cómo eliminaremos estas amenazas para proteger nuestra patria y completar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos.

4 al 10 de abril de 2025: Versiones de un posible ataque de drones estadounidenses contra los carteles de la droga y rechazo del gobierno mexicano

Diferentes medios de prensa estadounidense informan que el gobierno de Trump estaría evaluando el uso de drones para atacar directamente a los carteles de la droga en territorio mexicano. La presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó esta posibilidad, descartó cualquier colaboración del gobierno mexicano y expresó su desacuerdo con cualquier intervencionismo o injerencismo. “No nos subordinamos” afirmó Sheinbaum, y relativizó que se llevara a cabo dicha acción privilegiando el diálogo cooperativo en seguridad y el ataque a las causas estructurales del narcotráfico.

La “Guerra contra las Drogas” de EE.UU. sobre Nuestra América como modo de intervención imperialista

Imperialismo, guerra y drogas: una relación con historia

Cualquier reflexión sobre las características y consecuencias de la política estadounidense respecto de la producción y consumo de drogas en Nuestra América no puede obviar su relación con el imperialismo. En esta dirección, como lo desarrollaremos a continuación, el monroísmo ―es decir, la prolongación actual de la trágicamente conocida Doctrina Monroe que cumplió en 2023 su bicentenario― tiene una dimensión específica en el llamado combate contra el narcotráfico. Y esta dimensión cobró la forma particular de una guerra, la pretendida “Guerra contra las Drogas”.

Esta guerra estadounidense contra las drogas resulta un capítulo relativamente reciente, abierto en los años 70; pero la relación entre el imperialismo y las drogas tiene una larga historia que se remonta al siglo XIX con las llamadas guerras del opio ―la primera desplegada entre 1839 y 1842 y la segunda entre 1856 y 1860― promovidas por el imperio inglés ―junto a otras potencias europeas― contra la China imperial de ese entonces para asegurar libertad para el comercio del opio en ese país ―que los británicos producían y comercializaban desde la India colonial para compensar el déficit comercial que tenían con China―. El fin de esas guerras, con la firma de los Tratados Desiguales impuso la subordinación de China, con la liberalización comercial, la apertura de varios puertos al comercio exterior, la anexión de Hong Kong y la ampliación de Macao bajo dominio portugués.

Ya Karl Marx en el conocido Capítulo XXIV de El Capital hace referencia a estas guerras ―junto a la conquista y colonización de América y la esclavización de las poblaciones africanas― cuando examina las formas globales que asume la acumulación originaria del capital. No es casualidad que estas “guerras por las drogas” retornen hoy como una dimensión central de la intervención imperialista en esta fase neoliberal del capitalismo en la que se exasperan estas formas de acumulación basadas en el despojo, el saqueo y la desposesión.

Anunciada en 1971 por el presidente Nixon, han pasado más de cincuenta años del relanzamiento de esta “Guerra contra las Drogas”, ahora bajo el patrocinio estadounidense, y, sin embargo, el consumo de drogas —particularmente por la sociedad estadounidense y el Norte Global, donde se concentra mayoritariamente el consumo mundial de estas sustancias— no ha dejado de crecer año tras año. ¿Se trata simplemente de un fracaso reiterado? ¿Cinco décadas de frustraciones y reveses continuados que constituyen la mayor bancarrota de una política exterior de toda la historia mundial? ¿O será que el verdadero objetivo de esta guerra no reside en el combate al narcotráfico? ¿No será que en vez de poner nuestra atención en el consumo, la producción y el tráfico de las drogas deberíamos concentrarnos en las formas de la guerra y la intervención que adopta el combate a estas prácticas? Una guerra permanente que ya lleva cinco décadas, para un país, Estados Unidos, que de sus casi 250 años de existencia sólo en 15 ha estado sin intervenir, de forma declarada o encubierta, en una guerra.

La historia de esta guerra estadounidense contra las drogas en Nuestra América puede así dividirse en seis momentos claves. Repasemos brevemente esta periodización cuyos principales acontecimientos pueden consultarse en la cronología que disponemos en estas páginas.

De la guerra contra el pueblo de Vietnam a la guerra (interna) contra las drogas

Ciertamente, el comienzo se remonta a la iniciativa presentada por el presidente Richard Nixon en junio de 1971 cuando declaró al abuso de drogas como el enemigo público número 1 de los Estados Unidos y, bajo una retórica militar, planteó una serie de iniciativas para combatirlo. En esos años, el gobierno estadounidense estaba embarcado en una verdadera guerra, llevada a cabo contra el pueblo de Vietnam. Cada vez más complicados en ese conflicto, tras la ofensiva del Tet de 1968, y bajo un creciente e intenso cuestionamiento social interno, el gobierno estadounidense finalmente terminará firmando dos años después el fin de la guerra en los Acuerdos de París de 1973. Pero mientras tanto, en 1971, uno de los sectores que encabezaban el cuestionamiento a la guerra eran los jóvenes ―particularmente universitarios― que en su configuración contracultural resultaban los principales consumidores de las drogas recreativas del momento. La guerra nixoniana contra las drogas los perseguía centralmente a ellos. Así también, esos años serán el comienzo de la introducción de la droga en los barrios populares afroamericanos ―tras el asesinato de sus principales líderes en los años 60― donde se desplegaba el otro movimiento social ―el llamado movimiento por los derechos civiles― que cuestionaba la matriz societal racista de las élites estadounidenses. Así, más allá de plantearse el combate a la producción y comercio externo de narcóticos, la guerra declarada por Nixon tenía un énfasis fundamentalmente interno, un verdadero laboratorio que sería exportado y aplicado luego en la región.

No se trata de una interpretación malintencionada o extremista. Así lo reconoció uno de los principales asesores en política interna del Presidente Nixon, esa “guerra” tenía otro objetivo.

La Casa Blanca de Nixon […] tenía dos enemigos: la izquierda antiguerra y la población afroestadounidense […]. Sabíamos que no podíamos convertir en algo ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero lograr que el público asociara a los hippies con la mariguana y a los negros con la heroína, y después criminalizarlos severamente, podríamos irrumpir en esas comunidades […], arrestar a sus líderes, catear sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí. (John Ehrlichman en entrevista con la revista Harper’s en 1994. Brooks, 18 de junio de 2021).

En este contexto se crea la DEA (Drug Enforcement Administration), que centraliza las relativamente pequeñas instituciones anteriores y cuyo crecimiento es ilustrativo del recorrido del tema en la política interna y exterior de EE. UU.

Actualmente, se trata de una fuerza que declara poseer casi diez mil empleados (DEA, s/f a). Según declara en su sitio web, la agencia se organiza en 23 Divisiones de campo dentro de EE. UU. pero además tiene un gran desarrollo transnacional: opera en 69 países, en los que tiene 93 oficinas (DEA, s/f c). Para graficar la magnitud que ha adquirido la DEA en estos cincuenta años, basta decir que incluso tiene una División de Aviación, que cuenta con 135 “agentes especiales/pilotos” en su staff  y 100 aeronaves propias (DEA, s/f b).

Su sede central está en la ciudad de Arlington, Virginia, muy próxima al Pentágono, otra dependencia con despliegue global a través de sus Comandos —el Comando Sur en el caso de América Latina y el Caribe—, que articulan cientos de bases militares en decenas de países de los cinco continentes.

De acuerdo a su definición oficial, se trata de “la entidad federal que se encarga de combatir el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos, así como de coordinar investigaciones estadounidenses relacionadas a las drogas en el exterior” (USAGov en español, s/f).

De Reagan a Bush: las drogas como una amenaza a la seguridad nacional

Un segundo momento de esta cronología se sitúa una década después, en los años ochenta, con el lanzamiento por Ronald Reagan de su propia “Guerra contra las Drogas”. Así, en 1986, Reagan declaró a las drogas como una amenaza a la seguridad nacional transformando la cuestión en uno de los centro de la política de seguridad y exterior en el marco del relanzamiento de la Guerra Fría y el intervencionismo estadounidense en la región, particularmente frente a la Revolución Nicaragüense.

En similar dirección, el documento de Santa Fe II —documentos de la CIA elaborados en la ciudad estadounidense de Santa Fe y que orientaban la política estadounidense para América Latina— también mencionó por primera vez al narcotráfico y las drogas —en asociación con el terrorismo— como uno de los problemas a afrontar en la región. Bajo el título “La crisis de los narcóticos” la propuesta Nº 7 de dicho documento señalaba que “mediante el apoyo a un poder judicial independiente, EE. UU. puede ayudar a los países latinoamericanos a hacer frente a los delitos relacionados con los narcóticos y el terrorismo”.

La efectiva articulación entre ambas dimensiones quedaría públicamente expuesta con el llamado escándalo Irán-Contras y las investigaciones parlamentarias que se impulsaron a partir de 1986. En dichas investigaciones quedó demostrado que el gobierno estadounidense le había vendido armas a Irán ―lo que tenía legalmente prohibido―, financiando con ello a la llamada Contra nicaragüense, grupo armado de extrema derecha que llevaba adelante una guerra irregular y de desgaste sobre el gobierno sandinista. La investigación, liderada por el senador John Kerry en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también señaló los vínculos entre la Contra y el narcotráfico, así como sobre el uso de financiamiento proveniente del narcotráfico para sostener las actividades de estas fuerzas contrarrevolucionarias. El informe respaldó las acusaciones respecto a que la CIA había facilitado, al menos indirectamente, el tráfico de drogas e incluso su introducción a los Estados Unidos bajo la contrapartida de que parte de sus ganancias sostuvieran esas actividades. Los carteles colombianos y mexicanos apoyaban económicamente a la Contra a cambio de facilidades para introducir drogas en Estados Unidos. Estas relaciones quedaron también de manifiesto en las declaraciones de Ernest Jacobsen, agente de la DEA, en la investigación que abrió la Cámara de Representantes sobre el escándalo Irán-Contras.

En la misma dirección, el reconocido periodista Gary Webb reseñó, en una serie de artículos de investigación, esta complicidad de la CIA en el contrabando de cocaína hacia EE.UU. cuyas ganancias servían al financiamiento ilegal de la Contra, denunciando además la complicidad del gobierno de Reagan en la protección judicial de estas actividades y el papel que este narcotráfico tuvo en la epidemia de crack que asoló a muchas de las grandes ciudades estadounidenses, particularmente a sus barriadas pobres entre 1984 y 1990.

Así, en la década de 1980 se experimentó un veloz crecimiento del consumo de cocaína y de su derivado “crack” en Estados Unidos, con sus gravosas consecuencias, en especial sobre los sectores populares. En su faz externa, la denominada “Guerra contra las Drogas” resultó una dimensión significativa del ataque del imperialismo estadounidense a la revolución centroamericana que se desplegaba en Mesoamérica en esos años.

Este segundo momento es continuado y profundizado por la administración Bush, que en septiembre de 1989 anunció su propio impulso a la “Guerra contra las Drogas”, reforzando su intervención interior y exterior. Respecto a esta declaración, es significativa la respuesta del Partido Demócrata, a través del discurso del senador Joe Biden, quien planteó “ir más allá” de las políticas de Bush, a perseguir narcotraficantes “allí donde viven, con una fuerza de ataque internacional”.

La decidida vocación bélica de Bush quedó demostrada en diciembre de 1989 con la invasión de Panamá ―en la llamada Operation Just Cause―, que produjo la muerte de miles de personas. El objetivo declarado fue el derrocamiento y la captura del desprestigiado General Manuel Antonio Noriega, acusado de garantizar el lavado de dinero del narcotráfico en vinculación con el cartel de Medellín y Pablo Escobar. Noriega había llegado al poder en 1983, luego de décadas de colaboración con la CIA, particularmente en el tránsito de armas, equipo militar y dinero destinado a las organizaciones de contrainsurgencia respaldadas por EE.UU. en América Central y del Sur, como parte del combate al comunismo en las postrimerías de la Guerra Fría.

La intervención en Panamá motivó además que el entonces “zar contra las drogas” estadounidense, el General Barry McCaffrey, amenazara incluso con enviar tropas al valle del Huallaga en Perú para combatir la producción cocalera y que el General Thurman, jefe del Comando Sur en Panamá, informara que sus tropas estaban preparadas para realizar ataques relámpagos contra los centros de elaboración de drogas de los países andinos; mientras que oficiales norteamericanos apoyaban las operaciones militares contra los productores de coca en el Chapare boliviano, lo que acarreó movilizaciones y protestas sociales en este país.

Iniciada ya la década de 1990, se profundizó esta política intervencionista y militarista en los países de la región andina. Así, en 1991, el presidente de Perú Alberto Fujimori firmó finalmente el convenio antidrogas con los EE.UU., cuya suscripción era condición para el apoyo estadounidense a las negociaciones con el FMI y el Banco Mundial en la renegociación de la deuda externa y la reintegración del Perú a la globalización neoliberal. Dicho convenio, similar al suscripto en similares fechas con Bolivia, suponía el financiamiento y asesoramiento para la formación de varios miles de tropas peruanas para el combate al narcotráfico incorporando a las FF.AA. a esta tarea. Suspendido temporalmente tras el autogolpe de Estado promovido por Fujimori, el convenio fue restablecido en 1992 alrededor de la política de asistencia en la lucha contra la guerrilla de Sendero Luminoso y sus denunciados vínculos con el narcotráfico.

La nueva iniciativa estadounidense para las Américas y el Plan Colombia

Un tercer momento de clivaje de esta guerra estadounidense de las drogas emerge a fines de los años 90, ya con una nueva hegemonía demócrata en el gobierno estadounidense. Una década signada por la adopción de las recetas neoliberales en toda la región ―con excepción de Cuba― con el llamado “Consenso de Washington” y el proyecto estadounidense de integración subordinada impulsado particularmente bajo la presidencia de Clinton (1993-2001) y que tuvo en las Cumbres de las Américas su pretendida institucionalidad y en la Iniciativa para las Américas, el ALCA y los tratados de libre comercio su entramado de colonización económica. Estas políticas fueron acompañadas por un nuevo despliegue de fuerzas militares, bases, acuerdos de capacitación y equipamiento de las fuerzas armadas nacionales y tratados de seguridad entre los cuales el llamado Plan Colombia ofició como una de sus primeras experiencias. Oficialmente llamado Plan para la paz y el fortalecimiento del Estado, fue el resultado del acuerdo bilateral signado en 1999 entre el presidente colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Clinton y supuso a la par de una moderada ayuda económica para el desarrollo un significativo financiamiento para los cuerpos militares orientado al combate a las organizaciones guerrilleras y el narcotráfico.

En esta dirección, en la historia de la “Guerra contra las Drogas”, el Plan Colombia supuso una serie de novedades. Por una parte, implicó la identificación del “narcoterrorismo”, término que sirvió para identificar el creciente poder político-militar territorial de los narcotraficantes, así como para denunciar vínculos entre las organizaciones guerrilleras y la producción y comercio de drogas. De esta manera, los fundamentos políticos de esas luchas fueron resignificados como un problema de delincuencia y de seguridad.

Por otra parte, el Plan Colombia trajo o intensificó otra novedad. Ya no se trataba de fortalecer a las fuerzas policiales para el combate al narcotráfico, ahora el actor estatal que venía a ocupar ese lugar eran las fuerzas armadas iniciando así una nueva doctrina de seguridad nacional que, bajo la pretensión de la lucha contra el narcoterrorismo, legitimaba la intervención de los militares en el orden doméstico.

Dirigidas desde  Washington por el General Barry Mc Caffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en América del Sur y nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en 1996, las operaciones militares del Plan Colombia supusieron un creciente involucramiento estadounidense que fue del financiamiento y asesoramiento inicial a la presencia de efectivos y bases militares. Hemos examinado las características y consecuencias de este plan intervencionista en una de las contribuciones que integran este dossier; baste decir aquí que dejó un reguero trágico de poblaciones desplazadas, desaparecidos y asesinados en un camino que sería replicado años después en México y otros países de la región.

Pero esta doctrina estuvo lejos de limitarse a Colombia. Por ejemplo, en 1994 el gobierno de Fujimori, en el marco del llamado Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000, suscribió un nuevo convenio antidrogas con EE. UU. que contemplaba, además de asistencia técnica y económica, un programa de interceptación aérea. Y pocos años después, cuando el tristemente célebre Vladimiro Montesinos, a cargo de la Oficina del Servicio de Inteligencia Nacional, asumió la coordinación de la política antidrogas financiada en parte con fondos de la CIA y de la Sección de Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos, se incorporó la estrategia de erradicación de cocales con el Plan Nacional de Erradicación de Cultivos. Este señalamiento ya nos lleva al cuarto acontecimiento que queremos destacar en esta propuesta de periodización de la guerra estadounidense contra las drogas. Se trata de la política estadounidense adoptada por el gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La guerra infinita (contra las drogas) y la continuidad del neoliberalismo por otros medios

En el plano global, el lanzamiento de la guerra infinita supuso la adopción de un paradigma de guerra de amplio espectro, más allá de los Estados y las fuerzas regulares, y de modo híbrido; contando en el plano interno con la promoción de un capitalismo de vigilancia y de restricción de libertades y derechos; y en Nuestra América, una respuesta particular a la crisis de hegemonía que cuestionaba al neoliberalismo en la región y al proceso de cambios sociopolíticos que había abierto el triunfo de Chávez en 1998.

En esta dirección, la doctrina de las “nuevas amenazas” dió lugar a una militarización de la seguridad interior, a una securitización de agendas sociales, a la ampliación de las capacidades de los estados para realizar tareas de inteligencia y represión. Así, estas “nuevas amenazas”, en especial el narcotráfico en vinculación con el terrorismo, fueron presentadas como justificación de un reforzamiento de la capacidad punitiva del Estado, de promoción de procesos de militarización social, de un ordenamiento represivo que bajo un pacto de seguridad intentó contener los cuestionamientos sociales y recuperar parte de la legitimidad perdida para proseguir con las transformaciones neoliberales. De este modo, este neoliberalismo de guerra, como lo llamó Pablo González Casanova, se constituyó en la forma particular que adoptó la continuidad de las políticas neoliberales en aquellos países de la región donde la protesta y el malestar popular no pudieron traducirse en cambios político – gubernamentales. Resultó así la opción del neoliberalismo salvaje en oposición a los proyectos neodesarrollistas y neosocialistas que transformaron los escenarios de muchos de los países del sur de América Latina y el Caribe.

Así, para los países andinos la profundización de la política contra el así denominado “narcoterrorismo” adoptó la forma de la estrategia de “coca cero” y las erradicaciones masivas de cultivos con la contrapartida de las resistencias activas de las comunidades cuya subsistencia dependía de esas actividades y la emergencia de los llamados “movimientos cocaleros”. En el caso del Perú post-Fujimori dicha política fue convalidada con la firma de un nuevo convenio antidrogas con los EE. UU. en septiembre de 2002 bajo el gobierno de Alejandro Toledo que imponía la meta de erradicación completa de los cultivos en cinco años y estuvo marcado por una dinámica de conflicto y negociación con las comunidades. Pero sin duda la confrontación contra esta política y la radicalización más significativa de un movimiento cocalero en la región se desplegó en la experiencia boliviana con su participación en la llamada Guerra del Agua de Cochabamba primero (2000) y en la “Guerra del Gas” después (2003) que habría de culminar con la elección de Evo Morales, dirigente proveniente de dicho movimiento, como nuevo presidente en 2005. Pero una de las experiencias más dramática del “neoliberalismo de guerra” en este período aconteció en México, tras el fraude que le birló la presidencia a López Obrador en 2006, cuando el gobierno ilegal e ilegítimo de Felipe Calderón anunció la guerra contra el narcotráfico comprometiendo en ella a las fuerzas armadas. De esta manera Calderón abrió uno de los más sangrientos períodos en el país. En poco más de una década, decenas de miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas y desplazadas, imponiendo el patrón de la guerra como matriz de las relaciones sociales. Así, la “Guerra contra las Drogas” se transformó plenamente en una guerra contra los pueblos de Nuestra América y sirvió para asegurar, en tantos territorios nuestroamericanos, las condiciones del despojo que exigía el capitalismo e imperialismo de ese tiempo. Como señaló Marx, se instrumentalizó la violencia como potencia económica para hacer de la deuda, la usura, el robo y el saqueo las formas predominantes de la acumulación del capital.

Los “narcoestados” y el ataque a los procesos de transformación social en Nuestra América

En esta dirección, puede identificarse un quinto momento en esta guerra estadounidense de las drogas con el ataque a los gobiernos populares que encabezaron los procesos de transformación más radicales en la región. Caratulados como “narcoestados”, el término comenzó a utilizarse en los años 80 en relación con la creciente proyección política ganada por los carteles colombianos sobre la política y el Estado ―particularmente, en relación con el cartel de Medellín y Pablo Escobar― pero su uso se difundió pasada la mitad de la década de los 2000, por ejemplo en la calificación por primera vez de un narco estado referido a Guinea-Bissau. Así, en 2009, un informe del Congreso de los Estados Unidos calificó al Estado venezolano como “narcoestado” por convertirse, según la investigación, en el principal centro de distribución de la cocaína producida en Colombia y en el mayor puerto de embarque de ese producto con destino, especialmente, a los Estados Unidos, con la complicidad de altos funcionarios civiles y militares del gobierno. De esta manera, los gobiernos bolivarianos no han dejado de ser permanentemente calificados y atacados como cómplices, promotores, protectores u organizadores del narcotráfico, en asociación con las organizaciones guerrilleras colombianas, justificando en esas acusaciones todas una serie interminable de sanciones, amenazas y persecuciones.

Entre ellas, en 2015, se acusó en la justicia estadounidense a Diosdado Cabello como jefe del bautizado cartel de los Soles, una supuesta organización criminal encabezada por miembros del Gobierno de Venezuela y de las Fuerzas Armadas de ese país cuyo objetivo es el narcotráfico, contrabando de combustible,​ control de la actividad minera ilegal, etc. Y, en mayo de 2018, Cabello y su familia fueron sancionados por el Departamento del Tesoro congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico. Un año antes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos confirmó las conexiones venezolanas con la industria del narcotráfico mundial y desde 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado formal en donde sitúa como líderes del cartel de los Soles a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ofreciendo recompensa por información que permita su captura y judicialización.

En similar dirección, el gobierno de Evo Morales en Bolivia fue también acusado de sus supuestas complicidades con el narcotráfico. Proveniente de los sindicatos cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, del Chapare, uno de los movimientos que protagonizó el ciclo de luchas contra las políticas neoliberales en Bolivia y, en particular, contra la política de erradicación forzosa y criminalización promovida por el gobierno estadounidense en ese país; el gobierno de Evo decidió el cambio de la política punitivista contra los campesinos cocaleros y en 2008 ―como lo había hecho también Chávez en Venezuela resolvió la expulsión de la DEA por su participación en el “golpe cívico prefectural” promovido por las fuerzas de derecha y las elites del Oriente en septiembre de ese año―. También sobre el Estado Plurinacional de Bolivia se esgrime, de modo reiterado, la acusación de narco estado.

La actualidad de la guerra imperialista de las drogas en el contexto de intensificación de las disputas geopolíticas sobre la transición hegemónica global: de Biden a Trump

Llegamos así al último episodio de la “guerra” estadounidense de las drogas en Nuestra América, el que se inscribe en las características y potencia que asume la última ofensiva neoliberal en la región. Un periodo caracterizado por la profundización dramática de los procesos de polarización y desigualdad social acompañados por la extensión de las formas de violencia, y la re emergencia de neofascismos, racismos y neopentecostalismos, que también recurrieron al narcotráfico como otra de las tecnologías de gobierno para gestionar la crisis garantizando la violencia necesaria para el despojo, por una parte, y el control de la población despojada y excluida, por la otra.

En esta dirección, este quinto momento condensa y actualiza las dimensiones de los considerados anteriormente: la extensión del neoliberalismo de guerra hacia el sur de la región; la proyección político estatal del narcotráfico como socio de los gobiernos neoliberales y sus reformas pro-mercado; la renovada acusación de “narcoestados” a los gobiernos populares; la justificación de la intervención estadounidense en seguridad y la acción de las fuerzas armadas en el orden doméstico.

Una de las experiencias recientes y dramáticas de esta política en Nuestra América tuvo lugar en Ecuador. En 2023, la campaña electoral por la renovación del Ejecutivo y el Parlamento estuvo signada por una creciente violencia por bandas identificadas con el narcotráfico que cobró, entre otras, la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En ese contexto, finalmente el representante del establishment neoliberal Daniel Noboa se impuso en la segunda vuelta a la candidata del correísmo Luisa Gonzalez por menos del 5% de los votos y, pocos meses después de su asunción, decretó el estado de sitio en todo el país, autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden doméstico y recibió rápidamente las promesas de colaboración de los EE. UU. Luego, con la visita de la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los EE. UU., se selló el acuerdo Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad (ESAR) y un marco de impunidad para el personal militar que opere en dicho país, abriendo un proceso de intervención militar estadounidense justificado en el combate a la violencia y el narcotráfico.

Las similitudes con la ocurrido en Colombia y México motivaron que dicho proceso fuera incluso caratulado como un “Plan Ecuador”. Y, al igual de lo sucedido en esas experiencias, el gobierno de Noboa lejos de resolver los hechos de violencia expandió la crisis de inseguridad y abusó de la declaración de estados de excepción regionales en una presidencia signada además por incidentes diplomáticos, la pugna con su vicepresidenta, acusaciones de complicidades con el tráfico de drogas y una emergencia eléctrica de meses de apagones prolongados que sumó más oscuridad e incertidumbre a una situación social y económica extremadamente precaria. Candidato a la reelección, Noboa volvió a utilizar en la campaña electoral de comienzos de 2025, la propaganda de la mano dura frente a la creciente violencia del narcotráfico así como anunció un acuerdo, una “alianza estratégica”, con Erik Prince, el fundador de Blackwater, la controvertida firma de mercenarios, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y la pesca ilegal. Lógica prolongación de tanta ilegalidad e intervencionismo imperial, finalmente Noboa  se aseguró su permanencia en el cargo presidencial mediante un gigantesco fraude en la segunda vuelta contra la candidata del correísmo Luisa Gonzalez.

La llegada de Donald Trump a su segunda presidencia en los Estados Unidos sumó una nueva dimensión en este proceso. En esta dirección, la denuncia presidencial de la grave crisis sanitaria que deparó la extensión del consumo de fentanilo sirvió para potenciar los cuestionamientos a China, a Canadá y a México. La nueva guerra contra los carteles del narcotráfico y su designación como organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional, blandida por Trump, se inscribió así en su disputa por la transición hegemónica global en curso y su iniciativa de hacer a Estados Unidos grande nuevamente. De este modo, los ataques contra los carteles mexicanos se transformaron en acusaciones y amenazas al gobierno de Claudia Sheinbaum, al pueblo de México y su soberanía, imponiendo aranceles a sus importaciones y sugiriendo la posibilidad de un ataque militar directo, con el objetivo de presionar para, más allá del combate al narcotráfico, reforzar los controles migratorios y promover una negociación del comercio bilateral que resolviera el déficit que padece la economía estadounidense. La agitación de la lucha contra las drogas se enhebró con la persecución y criminalización de la inmigración latina y con la búsqueda de una creciente intervención sobre la vida política y económica mexicana que llegó, como puede consultarse en la cronología que se incluye en este cuaderno, en las acusaciones de complicidad del gobierno con el narcotráfico y el uso de drones estadounidenses para asesinar a los líderes de los carteles, una verdadera guerra tal como la llevó adelante Estados Unidos en Asia en los años recientes.

Esta política, sin embargo, no resulta una excepcionalidad de Trump, más allá de la intensidad que asume bajo su gobierno. En la campaña interna de los republicanos hacia las presidenciales 2024, también otros precandidatos como el gobernador de Florida Ron De Santis y la ex embajadora en la ONU Nikky Haley, habían propuesto diferentes fórmulas de intervención militar directa  en México, con el objetivo declarado de atacar a los carteles del narcotráfico en el contexto de la crisis de opiáceos. Y no se trata sólo de un consenso republicano, la Gral. Richardson, ex Jefa del Comando Sur designada por Biden, en sus reiteradas manifestaciones sobre la necesidad imperiosa de preservar el acceso estadounidense a los bienes naturales estratégicos que nutren Nuestra América ha insistido en la participación de las fuerzas militares en el “combate al narco” remarcando la urgencia de utilizar “todos los instrumentos del poder nacional para que todos los países de la región se unan, para poder contrarrestar esa actividad maligna”.

En esta dirección, la “Guerra contra las Drogas” asume una dimensión particular en la estrategia de intervención y de control militar territorial de EE.UU. sobre los países de Nuestra América en el contexto de intensificación de las disputas geopolíticas que se despliegan en el sur del mundo y a nivel internacional que reactualiza aquella política colonial proclamada hace tiempo con la Doctrina Monroe. La naturalización del rol de los dispositivos militares y de seguridad norteamericanos hacia el continente se articula así con una agresiva búsqueda de subordinación económica, financiera y comercial, en la que el control de los bienes comunes naturales de América Latina y el Caribe es uno de sus objetivos principales. Así, la tantas veces mencionada “Guerra contra las Drogas”, fallida una y otra vez en sus objetivos formales de erradicar la producción y reducir el consumo, es en verdad expresión de la gestión de las transformaciones del capitalismo neoliberal desplegado desde los años 70 y de los proyectos estadounidenses de consolidar o profundizar su hegemonía en un territorio que considera como su patio trasero o su homeland y que percibe amenazado hoy por la creciente presencia económica y diplomática de China. Se trata a su vez de una de las formas que adopta la gestión del despojo y de las crisis que implica la expoliación imperial y capitalista. Es a todas luces la guerra estadounidense de las drogas contra los pueblos y gobiernos de Nuestra América. En esta huella resuenan las palabras de Bolívar cuando escribía que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Así las drogas estadounidenses traen la guerra, la sumisión y la muerte para los pueblos. Frente a ello, los pueblos enarbolan la defensa, construcción, producción de la vida digna, rebelde, solidaria, comunitaria, colectiva; del buen vivir y el vivir sabroso; de la vida de las mujeres y sus derechos a decidir sobre su propio cuerpo, de la vida de la diversidades, de las formas de vida humana y no humana frente a la crisis civilizatoria del capitalismo neoliberal.

La máscara de la ayuda: dependencia y subordinación en la asistencia antinarcóticos

La llamada “Guerra contra las Drogas” (GCD), declarada oficialmente por Richard Nixon en 1971 se ha mantenido como un eje central de la política exterior estadounidense hacia América Latina en el siglo XXI. Este enfoque, que en sus orígenes buscaba controlar el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, evolucionó hasta convertirse en una herramienta geopolítica con profundas implicaciones para la región. Del espectro de las llamadas nuevas amenazas, el narcotráfico es la que más peso ha tenido en la formulación de políticas de seguridad hacia la región y su carácter militarizado, pese a que sus resultados en términos de reducción del narcotráfico han sido cuestionados de manera recurrente desde sectores del gobierno estadounidense, académicos y think tanks (Loveman, 2010; Isacson y Kinosian, 2017; WHDPC, 2020; Walsh, 2022).

El giro decisivo hacia la militarización de la política antinarcóticos se consolidó en la década de 1980. Cuando Ronald Reagan declaró en 1986 que las drogas representaban una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, sentó las bases legales para una intervención más agresiva en la región. La Antidrug Abuse Act de ese mismo año otorgó al presidente la facultad de “descertificar” y retirar ayuda económica a países que considerara poco cooperativos. Este marco legal se amplió significativamente bajo la administración de George H. W. Bush, particularmente con la Estrategia Andina de 1989 y la Sección 1004 de 1991, que permitieron al Pentágono destinar recursos propios para entrenar fuerzas de seguridad latinoamericanas y financiar operaciones de interdicción. En 1998 Bill Clinton aprobó la Ley de Eliminación de Drogas del Hemisferio Occidental recomendando que el Departamento de Defensa convierta la lucha contra las drogas en su primera prioridad en el hemisferio. El Documento Santa Fe II (1988) ya había introducido la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas de EE.UU. para combatir el narcotráfico.

Los grandes ámbitos de injerencia de EE.UU. en América Latina desde finales de los años ochenta e inicios de los años noventa son, tanto las imposiciones de políticas de ajuste estructural en el marco de Consenso de Washington, como el uso político de la “Guerra contra las Drogas” con el condicionamiento e imposición de políticas públicas de reducción de la oferta, erradicación y sustitución de cultivos, interdicción del tráfico y criminalización del consumo. La presión ejercida sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) para la aplicación de una lista de medidas antinarcóticos es muy similar a la lista que impone el FMI para otorgar ayuda económica a países en crisis (Tellería Escobar y Gonzales, 2015). Al final de la década de los 90, a pesar del discurso sobre derechos humanos y democracia (incluyendo el control civil sobre las fuerzas armadas), la agenda de EE.UU. para el hemisferio se había convertido fundamentalmente en la guerra contra las drogas, el terrorismo internacional, la “estabilidad” y la “promoción de la democracia”, complementada por el compromiso de liberalización comercial (Loveman, 2010).

El principal escenario de esta guerra es la región andina, teniendo a los países fuente de la hoja de coca ―Colombia, Perú y Bolivia― como los destinatarios prioritarios de asistencia antinarcóticos. El peso que tuvo esta primera experiencia de combate frontal al narcotráfico en América Latina puede percibirse en el incremento del 82 % en el presupuesto estadounidense destinado a este rubro entre 1988 y 1992 (Rodríguez Rejas, 2017).

El nuevo siglo trajo consigo la implementación del Plan Colombia en el año 2000 como punta de lanza para la organización del flujo de asistencia militar y asistencia “para el desarrollo” en ALC y que marcará las pautas para la militarización de la región a lo largo del siglo XXI.¹ Por su posición geográfica (con salida al océano Pacífico y mar Caribe) Colombia funcionó como trampolín de EE. UU. para la injerencia y control en otros países de la región (Calvo, 2018). Los atentados del 11 de septiembre de 2001 proporcionaron el contexto perfecto para fusionar discursivamente la “Guerra contra las Drogas” con la “guerra contra el terrorismo”, otorgando a Estados Unidos un margen de acción aún más amplio en la región. Es en este marco donde el recién creado Departamento de Suelo Patrio (Department of Homeland Security) se dedicó a amparar institucionalmente el relato del “narcoterrorismo” que se venía articulando desde la década de 1980 (US Department of State, 2003).

La Iniciativa Regional Andina (ARI) lanzada por George W. Bush en 2002 puede ser considerada como primer paso de extensión del Plan Colombia. Según la Casa Blanca: la ARI continúa la ayuda a Colombia, la principal fuente de producción de drogas y violencia, a la vez que aumenta la ayuda a los vecinos de Colombia para fortificar sus esfuerzos por adelantarse a los efectos secundarios del conflicto colombiano (The White House, 2002).

En los últimos años de la administración de Bush, y con continuidad durante la gestión de Obama, la “Guerra contra las Drogas” se extendió desde el epicentro andino hacia México y Centroamérica. En México, la Iniciativa Mérida implementada desde 2007 fue un acuerdo de buen entendimiento, es decir, no fue aprobada por el Congreso mexicano, sino que se trató de un acuerdo entre Bush y Felipe Calderón. En el caso de México, aunque existen precedentes de asistencia contra el narcotráfico, la Iniciativa Mérida en 2007 estandariza la batalla al modo del Plan Colombia. Hasta 2017, el Congreso de EE.UU. implementó más de $1.600 millones de dólares de los $2.800 que se habían asignado en programas antinarcóticos (Ribando y Finklea, 2017). La GCD en el marco de la Iniciativa Mérida se gestó dentro de lo que John Saxe-Fernández denomina espacio político-económico-militar del TLCAN-Comando Norte (Saxe-Fernandez, 2015). Desde México, EE.UU. avanzó con la conformación de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI), implementada desde 2008 en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Es fundamental apuntar que al momento en que la Iniciativa Mérida entra en su segunda etapa (2009-2010), la CARSI comienza a recibir más asistencia para combatir el narcotráfico. El interés estadounidense no es únicamente geopolítico, sino geoeconómico, al propiciar la penetración del capital estadounidense en economías altamente dependientes y volátiles (Romano et al., 2020).

Con Trump la GCD permaneció como uno de los principales lineamientos de seguridad para la región. Muestra clara de ello es que, en medio del caos en EE.UU. por el coronavirus y pocos días después de haber lanzado un “Marco para la transición democrática de Venezuela”, Trump anunció un mega operativo antinarcóticos en el Caribe y el Océano Pacífico (Enhanced Counter Narcotics Operations) con el argumento de que los carteles de la droga se están aprovechando de la pandemia para amenazar las vidas de los estadounidenses (US SOUTHCOM, 2020). La amenaza narcoterrorista también volvió a figurar como gran peligro para el hemisferio. Durante el gobierno de Trump (2017-2021) se destacó la acusación de líderes denominados por la Casa Blanca como “autoritarios” y “populistas” de tener vínculos con el narcotráfico, principalmente Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.

Con Joe Biden, si bien hubo un cambio en el discurso hacia un enfoque interno de reducción de daños, aparentemente más humano, el peso de la prohibición de las drogas siguió intacto y la “Guerra contra las Drogas” continuó en ALC (Walsh, 2022). En septiembre de 2021, la administración Biden estableció con el gobierno de AMLO en México un nuevo marco de colaboración enfocado en seguridad y fortalecimiento del Estado de Derecho. Posteriormente, en mayo de 2022, llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano de Iván Duque para implementar un conjunto de directrices que orientaron los esfuerzos en seguridad, desarrollo rural, protección ambiental y reducción de la oferta de drogas. A pesar de estos compromisos, las estrategias antidrogas promovidas por EE.UU. y México continuaron priorizando enfoques convencionales como las detenciones selectivas y la interdicción de sustancias ilícitas. En el caso de Colombia, la administración Biden destinó recursos para financiar operaciones militares y policiales de erradicación de cultivos.

En los últimos años, desde EE. UU. se han centrado en atender el problema del trasiego de precursores de fentanilo hacia territorio estadounidense pues se convirtió en un problema real de salud. Desde la administración de Joe Biden se estableció juntamente con México y Canadá el Comité Trilateral sobre el fentanilo (Departamento de Estado, 2023a); el Diálogo Estratégico sobre el Financiamiento Ilícito (Departamento de Estado, 2023b), y la Coalición Global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas al margen de la 78^va reunión de la Asamblea General de la ONU (Departamento de Estado, 2024). Sin embargo, desde 2019, durante la primera administración Trump, hubo una propuesta desde el Center for the study of weapons of mass destruction para considerar al fentanilo como un “arma de destrucción masiva” (Caves, 2019).

Las muertes por sobredosis son tan solo un indicador de la gravedad del problema. Según datos del National Center for Health Statistics se muestra que las muertes por sobredosis relacionadas al uso de drogas alcanzaron su pico máximo de 164.526 muertes al año en junio de 2023 y desde entonces va a la baja (CDC, 2025). Por fentanilo llegaron a fallecer alrededor de 72.838 estadounidenses en 2022 (National Institute on Drug Abuse, 2022).

Asimismo, en el escenario de disputa hegemónica con China y Rusia, think tanks influyentes como la RAND Corporation han hecho recomendaciones al Departamento de Defensa orientadas a mantener la cooperación antinarcóticos en la región al tiempo que se desarrollan capacidades y relaciones de seguridad para apoyar el éxito estadounidense en la “competencia entre grandes potencias”:

En lugar de considerar a estos países como potenciales pasivos y puntos débiles en la competencia entre grandes potencias, Estados Unidos debería plantearse desarrollar sus capacidades y forjar relaciones de seguridad que vayan más allá de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal para transformar a los países latinoamericanos en activos desde la perspectiva de la competencia entre grandes potencias (Chindea et. al., 2023, p.145-146).

La segunda administración de Donald Trump ha intensificado una narrativa de securitización que amalgama migración, narcotráfico y terrorismo bajo un mismo espectro de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde la militarización de fronteras y la expansión de centros de detención hasta la designación de carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, estas políticas reflejan una continuidad histórica con estrategias anteriores de guerra contra el terrorismo y las drogas, aunque con matices más agresivos y polémicos, profundizando tensiones diplomáticas con países de América Latina.

La asistencia brindada a lo largo de décadas por EE.UU. a América Latina y el Caribe se presenta como un elemento fundamental de la GCD. Más allá de analizar casos emblemáticos como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, este capítulo propone:

1. Enmarcar los mecanismos de asistencia extranjera en torno a las drogas ilícitas en un circuito de transferencias que favorecen los ciclos de acumulación de capital directa e indirectamente.
2. Ofrecer un panorama general de los flujos de asistencia antinarcóticos a los países de la región, evidenciando la arquitectura institucional que los sustenta.
3. Abordar el caso de Ecuador, como nueva experiencia de un nuevo paradigma. Así como otrora aconteció en Colombia y México, Ecuador experimenta el desarrollo de una estrategia estadounidense para ejercer un control geopolítico con la excusa de la GCD.

A través de este análisis, se busca develar cómo esta política ha sido instrumentalizada no solo como un mecanismo de control sobre el tráfico de drogas, sino también como una herramienta de influencia geopolítica, moldeando las dinámicas de seguridad, soberanía y desarrollo en América Latina y el Caribe a lo largo del siglo XXI.

Asistencia extranjera: una estrategia del capital

Mark Feierstein hizo una de las mayores revelaciones de la política exterior estadounidense cuando en 2011, siendo administrador auxiliar para la política de EE.UU. hacia América Latina y el Caribe, dijo que con la asistencia para el desarrollo no hacían caridad, sino que “cuando ayudamos a la estabilización y crecimiento de otras economías vinculadas a la nuestra, ayudamos a generar mercados para nuestros productos” (Feierstein citado en Romano, 2012, p. 202). No importa si es encubierta de asistencia para el “desarrollo” o la seguridad, los recursos de la potencia norteamericana se otorgan con el objetivo de fortalecer la posición del gobierno – sector privado de EE.UU.

La asistencia extranjera estadounidense ha brindado cobertura a diversas formas de acumulación de capital en las periferias. Bajo el rótulo de la GCD se han criminalizado movimientos políticos y sociales, así como organizaciones guerrilleras, creando amenazas que han sido conjuradas mediante militarización y judicialización. Aunque el tráfico de drogas ilícitas como un negocio capitalista transnacional es, en su segmento de circulación, altamente rentable por su especificidad criminal,² las estrategias de la GCD encubren procesos de apropiación en otros circuitos económicos. Tales circuitos se corresponden con el acceso y extracción de bienes comunes, provisión de armamentos a Fuerzas Militares y de Policía, así como a la financiarización como patrón general de acumulación de la fase actual del capitalismo.

Como sugiere Dawn Paley al intentar definir la “Guerra contra las Drogas”, las principales víctimas no son las drogas ilícitas “sino las clases trabajadoras, los migrantes, los agricultores campesinos e indígenas” (Paley, 2018, p. 41). La declaración de guerra a una sustancia es un eufemismo que encubre los reales intereses en torno al problema y sus antecedentes. Por ejemplo, los procesos de colonización en Asia y América contaron con el uso de sustancias psicoactivas como el alcohol, el tabaco, el café, el cannabis, la coca y el opio. En América, la caña de azúcar de la cual se extrae el alcohol y se producen distintos licores, fue de la mano de la esclavización en las plantaciones, en Asia, y fundamentalmente en China, el imperio británico instrumentó de modo similar el cultivo de opio. Sin embargo, no fue hasta el auge del modo de producción capitalista que tales cultivos cobraron relevancia ante la escala de producción e intercambio comercial. En su libro Forces of Habit: Drugs and the Making of the Modern World, David Courtwright señala que para 1885 la mitad de los ingresos del gobierno británico provenían de los impuestos sobre bebidas alcohólicas, el tabaco y el té (Courtwright, 2001, p. 4-5). Sin lugar a dudas, estos productos del sistema colonial edificaron el capitalismo europeo.

Paley afirma que la “Guerra contra las Drogas” ha sido nada más que un pretexto para desarticular la resistencia de comunidades rurales que luchan por construir modelos de vida alternativos al capitalismo, especialmente contra los proyectos de extracción minero-energética. Es decir, detrás del pretexto está el despojo como práctica originaria y recurrente en la acumulación de capital; tesis sostenidas por Karl Marx (2008) para explicar el desarrollo del capitalismo inglés y recuperada por Rosa Luxemburgo (1967) sobre la reproducción ampliada del capital, y sobre las cuales se sustenta David Harvey (2004) en El nuevo imperialismo para definir la “acumulación por desposesión”. Es por ello que, como destacan Felipe Martín y Renán Vega, el imperialismo militariza territorios con enormes riquezas naturales para garantizar el control de fuentes de materia y energía que hacen posible el funcionamiento del capitalismo (Martín y Vega, 2016, p. 13). Hay que añadir que para esto las potencias cuentan con estructuras de colaboración periférica, es decir, élites locales consustanciadas con los intereses de clase de los grupos dominantes en el plano internacional.

Las Fuerzas Militares, financiadas por los programas de asistencia extranjera en América Latina, se han convertido en custodias del extractivismo dedicando batallones para proteger la actividad de empresas privadas, incluso, en contra de las manifestaciones de las comunidades afectadas. Cartografías como las realizadas por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) en México o por Martín y Vega (2016) en Colombia, revelan una correspondencia con el despliegue militar en zonas de extracción petrolera, minera y en las principales vías de transporte. Aunque en la mayoría de los países de la región las Fuerzas Armadas tienen entre sus misiones la defensa de los activos estratégicos y la infraestructura crítica de la nación, el problema subyace en la caracterización de los factores amenazantes y los modos de intervención. Dado que las doctrinas militares latinoamericanas son constantemente influenciadas por EE. UU. a través de programas de entrenamiento como el IMET o mediante ejercicios combinados internacionales como el UNITAS, las amenazas son disuadidas con métodos de contrainsurgencia basados en manuales de campo del Ejército de Estados Unidos como el FM 3-24, lo que supone una calificación amplia y difusa de grupos sociales y el empleo desproporcionado de la fuerza. Como afirman Pablo Bonavena y Flabián Nievas, la contrainsurgencia no se limita a las organizaciones armadas, sino que incluye en su definición a las fuerzas sociales que manifiestan una oposición radical al orden social dominante y por ello “el enemigo potencial es toda la población civil. Por lo tanto, el universo de sospechosos abarca al conjunto de la población que será pasible, entonces, de maniobras tendientes al control militar de la misma” (Bonavena y Nievas, 2012).

La militarización es un doble vehículo de la política exterior estadounidense: crea mayor dependencia armamentística y logra una estandarización de valores y procedimientos. Los “socios” de EE. UU. pasan a tener como proveedor predilecto al grupo de empresas del Complejo Militar-Industrial, sometiéndose a condiciones como la restricción de uso de tecnologías de última generación, limitación de armamentos que alteren el balance de poder frente a los mismos EE. UU. y prohibición del desarrollo nacional de partes, repuestos o armamentos adaptables a sistemas provistos; esto explica por qué, más allá de las diatribas del gobierno estadounidense contra China y Rusia, el 90 % de los sistemas de armas de los Estados suramericanos son de origen estadounidense. Por otra parte, esa misma militarización es empleada para la eliminación de enemigos políticos radicalizados.

La provisión militar y los mecanismos de asistencia extranjera en torno a las drogas ilícitas permiten establecer un circuito de transferencias que favorecen los ciclos de acumulación directa e indirectamente. Los mecanismos directos se dan mediante programas de asistencia en seguridad como el Foreign Military Financing (FMF), por el cual el gobierno estadounidense transfiere a las empresas del Complejo Militar-Industrial una masa de dinero siguiendo este mecanismo: primero, habilita recursos a sus aliados periféricos, especialmente con quienes ha suscrito acuerdos bilaterales para el combate al narcotráfico, segundo, estos Estados solicitan a través de la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa (DSCA) del Departamento de Defensa los sistemas de armas, repuestos, servicios de adiestramiento y mantenimiento a empresas privadas estadounidenses del portafolio del Pentágono, y tercero, transfieren los recursos habilitados. Indirectamente, los recursos proporcionados mediante INCLE favorecen a la constelación de empresas proveedoras locales ―algunas de las cuales son Empresas Transnacionales Militares (ETNM)³ como Northrop Grumman Corp y DynCorp Aerospace Technologies― que ofrecen productos y servicios para la defensa y la seguridad en cada país.

Por otra parte, la GCD se corresponde con cambios sustanciales en los patrones de reproducción del capital (Osorio, 2014), donde la valorización financiera alcanzó una ventaja extraordinaria respecto a la producción de mercancías. En la mayoría de las formaciones económico sociales latinoamericanas se observan patrones como la predominancia de exportación de productos primarios, atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en sectores minero-energéticos, expansión de empresas privadas de servicios, con especial participación de los bancos, y baja industrialización, lo cuál fue acompañado por desregulaciones que incrementaron la informalidad, la concentración de ingresos y en consecuencia aumentó la desigualdad y la pobreza. En ese sentido, cobra especial relevancia la hipótesis de Brian Loveman (2010) cuando afirma que el reposicionamiento estratégico de Estados Unidos en la región a fines de los 90, se basó en la ofensiva del libre comercio en el marco de la agudización de la lucha antinarcóticos. Como dan cuenta las declaraciones de la entonces Secretaria de Estado Madeleine Albright en la fase preliminar del Plan Colombia, la relación bilateral con EE.UU. buscó sostener la lucha antinarcóticos a partir de su calificación como amenaza para la seguridad nacional de ambos países, y avanzar en una agenda comercial y de inversiones (Arias Barona, 2022, p. 106). Esa agenda se tradujo en un Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012, que una década después mostraba signos críticos de profundización de la dependencia, teniendo como logro de la potencia norteamericana que la balanza comercial pasara a ser deficitaria para Colombia. Aunque el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), sepultada en noviembre de 2005 en Mar del Plata (Argentina), prometía un idéntico destino para toda la región, Chile, Perú y Panamá siguieron esa senda.

El sistema financiero también ha sido beneficiario del proceso de acumulación a través del narcotráfico como efecto indirecto de la asistencia extranjera. La adecuación de los sistemas de administración de justicia para promover la delación premiada mediante instrumentos jurídicos como el “principio de oportunidad”, buscan que una persona acusada aporte una colaboración eficaz ante la Fiscalía para identificar toda una red criminal o acusar a otras personas puntuales a cambio de beneficios en la condena. Este esquema, reflejo del sistema penal acusatorio estadounidense, se ha instrumentado en años recientes con el lawfare contra liderazgos políticos y sociales anti establishment, aunque por mucho tiempo ha servido en los mismos EE. UU. como incentivo para narcotraficantes que legalizan sus fortunas adquiridas a cambio de suministrar información de rutas, enlaces y vínculos políticos. De este modo, el sistema bancario estadounidense capta los dólares de la actividad ilícita y los responsables periféricos de las redes de narcotráfico obtienen penas cortas, sin embargo, no se alteran a los grandes capitalistas de la droga dentro de ese mismo país.

Otro modo de apropiación financiarizada del narcotráfico se articula con los paraísos fiscales y las políticas de “blanqueo de capitales”.  En los primeros, la creación de shell companies o sociedades fantasma empleando terceros depositantes o testaferros en cuentas con sistemas bancarios flexibles como en Delaware, Wyoming o South Dakota en EE.UU., o a través de cuentas offshore en Panamá, Islas Caimán o Bahamas, se facilita por el secreto bancario y la posibilidad de creación de empresas sin presencia física. El smurfing o fragmentación en pequeños depósitos personales en paraísos fiscales (hasta 10.000 dólares), es una alternativa para evadir controles, aunque implica un mayor número de participantes, lo que también redunda en una distribución del riesgo y una complejización de las estrategias de investigación forense. Por otra parte, la internal collusion o corrupción bancaria constituye otro de los métodos de lavado de activos mediante el soborno o complicidad de agentes financieros. En las segundas, las leyes eventuales de “blanqueo de capitales” que buscan nutrir de divisas los bancos nacionales para capitalizar los sistemas financieros, suelen flexibilizar la declaración de las fuentes de ingresos a cambio de una tasa mínima por los montos depositados alentando la introducción de fuentes ilícitas de distinto tipo. Si bien existen acuerdos con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el blanqueo y la financiación del crimen transnacional, filtraciones como los Panama Papers en 2016 y los Pandora Papers en 2021 publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) han constatado la posibilidad de transgredir las barreras legales así como la existencia de una infraestructura propicia para la acumulación de capital por vía de la evasión fiscal.

La arquitectura institucional de la asistencia antinarcóticos en el siglo XXI⁴

Desde 2001 hasta 2024 la asistencia militar y en seguridad de EE. UU. hacia ALC fue de 26.026,6 millones de dólares (constantes de 2023), de los cuales 21.076,8, lo que equivale al 80,9 %, se orientó específicamente a la asistencia antinarcóticos. Estos datos demuestran que la “Guerra contra las Drogas” ha permanecido como el eje central de la política de seguridad de EE. UU. en ALC.

Gráfico 1: El peso de la Asistencia antinarcóticos en la Asistencia militar y de seguridad EE.UU. – ALC, 2001-2024

Fuente: elaboración propia en base a ForeingAssistance.gov, 2025.

La administración de Barack Obama (2009-2016) marcó el punto más alto de este compromiso financiero, con un desembolso total de 8,7 mil millones de dólares que superó incluso los 7,6 mil millones de la era Bush (2001-2008). El año 2015, con 1,6 mil millones asignados, representó el máximo histórico anual, superando el pico anterior de 1,5 mil millones alcanzado en 2003 bajo George W. Bush. Esta continuidad presupuestaria entre administraciones demócratas y republicanas subraya el consenso bipartidista en Washington sobre el enfoque prohibicionista, pese a su creciente cuestionamiento en foros internacionales.

Los principales países receptores en el siglo XXI son Colombia (9.801,7), México (3.747,8), Perú (1.876,6), Bolivia (882,6) y Ecuador (546,2).

La región andina fue la destinataria más constante de asistencia antinarcóticos de EE. UU., destacando a Colombia como el principal receptor individual en todo el periodo, con un empuje inicial proveniente del Plan Colombia. Aunque la asistencia se centró significativamente en Colombia, tanto por la concentración de la producción de drogas ilícitas como por la estrategia contrainsurgente, también se dirigió a Perú y Bolivia. En cuanto a México y Centroamérica, se asignaron 6,5 mil millones de dólares, con un notable incremento bajo la administración de Obama, coincidiendo con la Iniciativa Mérida y la CARSI. Los picos de asistencia en 2011 y 2012 se alinearon con los años de máxima violencia relacionada con el narcotráfico en México.

Por su parte, el espacio geoestratégico del Gran Caribe (que incluye México, Centroamérica, El Caribe, Colombia y Venezuela, Antillas y Bahamas) concentró un total de 17,5 mil millones de dólares, reflejando el peso de los programas clave como el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, CARSI y la CBSI, además de la importancia geoestratégica de la región, que alberga nueve de los 14 tratados de libre comercio que EE.UU. mantiene a nivel global.

Gráfico 2: Asistencia antinarcóticos EE.UU.-ALC 2001-2024, el peso del Gran Caribe

Fuente: elaboración propia en base a ForeingAssistance.gov, 2025.

Oficinas que proveen la asistencia antinarcóticos

La arquitectura institucional que sostiene los flujos de la asistencia merece especial atención ya que ha mantenido una notable continuidad operativa más allá de los cambios de administración en Washington. La triada burocrática está compuesta por las siguientes oficinas/burós:

1. Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado que entre 2001 y 2024 destinó 15.876 millones de dólares para la región, lo que equivale al 75 % de la asistencia antinarcóticos.
2. Oficina de Antinarcóticos del Departamento de Defensa que brindó 5.177 millones de dólares, el 25 % del total de la asistencia antinarcóticos.
3. Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia que destinó 22,6 millones de dólares.

Figura 1: Arquitectura Institucional mínima de la asistencia antinarcóticos EE.UU.-ALC

Fuente: Elaboración propia.

Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)

INL ha desempeñado históricamente un papel central en la GCD en ALC, así como a nivel global. Su origen se remonta a 1978 con la creación de su predecesora, la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes (Bureau of International Narcotics Matters, INM), cuyo objetivo principal era reducir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos desde América Latina. Con el tiempo, la misión de esta oficina se amplió más allá de la GCD, incorporando esfuerzos de estabilización en los Balcanes y la lucha contra la corrupción y el crimen transnacional en todo el mundo. Este cambio de enfoque llevó a su reformulación en 1995, cuando fue renombrada como INL.

Los países con financiamiento más abultado por INL han sido Colombia (6.989 millones), México (2.903 millones) y Perú (1.639 millones).

En el ámbito operativo, la INL funciona a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS) presente en las embajadas de Estados Unidos en los países asociados. Esta oficina se encarga de coordinar recursos y brindar apoyo técnico y logístico con el fin de combatir el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales. Sus actividades actuales se centran en varias áreas clave. Entre ellas destaca la interrupción y reducción de los mercados de drogas ilícitas y del crimen transnacional. En este ámbito, se incluyen iniciativas específicas para abordar la crisis de opioides, particularmente el problema del fentanilo. En cuanto a actividades antinarcóticos, la INL se dedica a coordinar programas de erradicación, interdicción y apoyo técnico en países como Colombia, Perú y Guatemala. En interdicción, sus esfuerzos se extienden a México, Centroamérica y el Caribe, así como a Sudamérica a través de programas bilaterales (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, s/f).

Adicionalmente, la INL administra el Programa INL Air Wing, que cuenta con una flota de más de 80 aviones y helicópteros destinados a misiones relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley y el transporte de personal diplomático. Otros enfoques incluyen la prevención, tratamiento y recuperación del consumo de drogas, el combate al ciberdelito y al tráfico de vida silvestre, así como el desarrollo de herramientas como los Programas de Recompensas de Narcóticos y contra el Crimen Organizado Transnacional.

En paralelo, la INL también prioriza la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilícito, desarrollando programas anticorrupción que incluyen diplomacia de alto nivel, financiamiento de proyectos para fortalecer capacidades locales y la colaboración con la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector empresarial. En esta misma línea, se llevan a cabo iniciativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Finalmente, la INL dedica esfuerzos al fortalecimiento de los sistemas de justicia penal en los países socios.

El programa de Control Internacional de Narcóticos y la Aplicación de la Ley (INCLE) ilustra cómo las funciones del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos se entrelazan en la región:

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado se asocia con el Departamento de Defensa para combatir el tráfico internacional de drogas, las organizaciones terroristas y otros grupos delictivos transnacionales al brindar capacitación (y otro tipo de apoyo) para fortalecer las instituciones de seguridad y aplicación de la ley en países clave de América Central y América del Sur (particularmente Colombia). Utilizando fondos para el Control Internacional de Narcóticos y la Aplicación de la Ley (INCLE), los programas financiados por INL están diseñados para mitigar el impacto de las drogas y el crimen internacional al fortalecer la capacidad de los gobiernos extranjeros para identificar, confrontar e interrumpir las operaciones de estos grupos antes de que lleguen a suelo estadounidense. En países como México, donde el narcoterrorismo continúa siendo una amenaza, dicha asistencia se brinda a una gama más amplia de policías y militares, incluidas las unidades y el personal antidrogas. (US Department of State and Department of Defense, 2018, II-3, subrayado propio).

A través del INCLE, la INL colabora con el Departamento de Defensa en la lucha contra el tráfico internacional de drogas, las organizaciones terroristas y otros grupos delictivos transnacionales. Esto incluye la capacitación y el apoyo técnico para fortalecer las instituciones de seguridad y aplicación de la ley en países como Colombia y México, donde el narcoterrorismo sigue siendo presentado como una amenaza. En estos casos, la asistencia se extiende tanto a policías como a militares, incluyendo unidades antidrogas.

Hasta 2014, gran parte de los fondos de INL se concentró en la Iniciativa Andina contra las Drogas (ACI). Sin embargo, a partir de 2013, se observa un desplazamiento del programa INCLE hacia Centroamérica con la extensión de la Iniciativa Mérida, y hacia el Caribe en 2015 con los programas CARSI y CBSI. Este cambio refleja un ajuste en la política antinarcóticos de Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama, especialmente durante su segundo mandato.

El año 2015 marcó el punto más alto de financiamiento para la INL, alcanzando un total de 1.427 millones de dólares. Este aumento se debió, entre otras razones, al significativo incremento del 146 % en los fondos destinados a Colombia, que pasaron de 220 millones en 2014 a 541 millones en 2015⁵; al aumento del 122 % en los fondos asignados a México, que subieron de 119 millones a 264 millones en el mismo período; y al alza extraordinaria del 5.423 % en los recursos dirigidos a Perú, que pasaron de 4,4 millones a 243 millones. Asimismo, se inició la implementación del INCLE para los programas CARSI y CBSI, con asignaciones de 135 millones y 39 millones respectivamente, y se distribuyeron 439 millones a través del Programa ACI en países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Brasil y Venezuela.

Hasta 2020 prácticamente toda la asistencia de INL se implementaba por el propio Departamento de Estado. A partir de 2021, con Biden se observa que la asistencia pasa a ser canalizada por una amplia diversidad de instituciones entre las que están otras agencias del gobierno de EE. UU. (Departamentos de Justicia, Defensa, Energía, Ejército, Homeland Security, Interior, Agricultura, USAID, U.S. Institute for Peace), y 42 instituciones del tercer sector, empresas y organizaciones internacionales. De las últimas, las que canalizan los montos más abultados son: PAE Government Services, Inc. (63 millones), AAR Corp (27 millones), The Cherokee Nation (22 millones), OEA (19 millones) y United Nations Office on Drugs and Crime (10 millones).

Oficina de Antinarcóticos

La Oficina de Antinarcóticos del Departamento de Defensa, actualmente denominada Oficina del Subsecretario Adjunto de Defensa para la Lucha contra el Narcotráfico y las Amenazas Globales (Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Counternarcotics and Global Threats),⁶ es responsable de desarrollar la política de GCD y el crimen organizado transnacional del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Si bien su enfoque principal radica en contrarrestar el tráfico ilícito de drogas, sus misiones también abarcan el combate a los flujos financieros ilícitos y el tráfico ilícito de personas, vida silvestre, recursos naturales y armas.

Los países que reciben mayores recursos de esta oficina incluyen a Colombia, con un total acumulado de 2.806 millones de dólares, México (842 millones) y Ecuador (319 millones).

Entre sus actividades principales se encuentra la coordinación y el monitoreo de los esfuerzos del Departamento de Defensa, en conjunto con otras agencias, para la detección y supervisión del tránsito marítimo y aéreo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Estas tareas se llevan a cabo a través del Programa Internacional contra las Drogas del Departamento de Defensa (ICDP, por sus siglas en inglés), cuya implementación en territorio está a cargo de los comandos combatientes geográficos. En el caso de ALC, estas funciones recaen principalmente en el Comando Sur, mientras que el Comando Norte se encarga de supervisar las operaciones en México y las Bahamas.

DEA

La DEA, dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue establecida en 1973 como la organización federal encargada de hacer cumplir las leyes sobre sustancias controladas en ese país. Los principales receptores de recursos de la DEA en la región son Colombia, 6 millones, Perú con 2,9 millones y México 2,2 millones.

Su presencia en América Latina y el Caribe se materializa a través de oficinas regionales ubicadas en Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Ciudad de México (México) y San Juan (Puerto Rico), además de diversas oficinas nacionales en las embajadas de países como Ecuador, Barbados, Trinidad y Tobago, Belice, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Aunque la DEA ha estado involucrada en operativos antidrogas desde los años setenta, es llamativo que las bases de datos oficiales solo registren asistencia desde 2008. Una posible explicación es que, hasta esa fecha, la agencia se centraba en operaciones en territorio, sin enfocarse en brindar asistencia a los países socios.

En 2010, durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, la DEA impartió el Seminario de Investigadores de Desvío de Sustancias Químicas. Ese mismo año, se llevaron a cabo diversos cursos de capacitación para el control de drogas en países como Argentina, Chile, El Salvador, México, Panamá y Perú. Además, se realizaron operaciones extranjeras no especificadas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Surinam. En 2012, la agencia participó en un entrenamiento dirigido por el Departamento de Defensa en México.

La DEA tiene una presencia significativa en la región a través del programa Special Investigation Unit (SIU), diseñado para desmantelar y desarticular organizaciones de narcotráfico.⁷ Este programa se ha enfocado especialmente en la región andina, aunque también ha tenido un alcance considerable en otros países. El curso básico del SIU, impartido en la base de la DEA en Quantico, Virginia, tiene una duración de cinco semanas y prepara a los agentes de las fuerzas de seguridad extranjeras para participar en investigaciones complejas de conspiración internacional. Este entrenamiento incluye vigilancia, redadas, identificación de drogas, manejo de laboratorios clandestinos, entrevistas e interrogatorios, manejo de pruebas, tácticas defensivas y primeros auxilios. Al finalizar el curso, los graduados tienen la oportunidad de integrarse a Equipos SIU en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina.

El curso avanzado del SIU complementa la instrucción básica al proporcionar formación adicional en operaciones encubiertas, planificación operativa avanzada, tácticas de entrada, administración de fuentes confidenciales y combate al lavado de dinero. A lo largo de los años, este programa ha capacitado a policías de países como Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. En Colombia, se han llevado a cabo entrenamientos más especializados, como el Curso de Analista Avanzado de Wire Room y el Entrenamiento Táctico y de Respuesta a Emergencias.⁸

En 2022, México disolvió un grupo que trabajaba en conjunto con la DEA y que formaba parte del programa SIU. Este grupo, conformado por más de 50 oficiales, fue fundado en 1997 y compartía información con la DEA. Aunque fue cerrado, otra oficina de colaboración sigue operando dentro de la Fiscalía General de la Nación (FGR) de México.

Otra iniciativa destacada de la DEA en la región ha sido el despliegue del Equipo de Apoyo y Asesoramiento de Despliegue Extranjero (FAST, por sus siglas en inglés), creado en 2005 para combatir el cultivo de opio en Afganistán. A partir de 2008, bajo la administración de Barack Obama, este escuadrón, equipado y entrenado por el Pentágono, comenzó a llevar a cabo misiones secretas en países como Honduras, Haití, República Dominicana, Guatemala y Belice (La Jornada, 08/11/2011). Sin embargo, su participación no ha estado exenta de controversias, como lo demuestra el incidente de 2012 en Honduras, donde agentes del equipo estuvieron involucrados en la muerte de civiles (The New York Times, 24/05/2017).

Ecuador: nueva experiencia de un viejo paradigma

Ecuador ha experimentado, al menos desde 2017, un proceso de injerencia extranjera que ha derivado en un notorio deterioro del Estado social de derecho, caracterizado fundamentalmente por prácticas de lawfare, y una creciente militarización como política principal para enfrentar las organizaciones criminales del narcotráfico que han aprovechado la degradación institucional para ocupar espacios. De manera gradual, pero acelerada desde 2023, se ha implementado el paradigma de la GDC con componentes que se asemejan a las políticas aplicadas en Colombia entre 1999 y 2016 basadas en la militarización, la adquisición de sistemas de armas estadounidenses, la presencia militar extranjera en bases estratégicas y acuerdos de concesión para el ingreso de tropas. Un costado poco destacado también se asemeja al caso colombiano: la asistencia al aparato judicial. Una serie de acuerdos en materia militar, policial y judicial componen lo que podría llamarse el “Plan Ecuador”, una versión transgresora y recargada del Plan Colombia.

Con la presidencia de Lenin Moreno (2017-2021) se retomaron los vínculos con EE.UU. suspendidos por su antecesor Rafael Correa (2007-2017)⁹, primero, a través de la firma de un Acuerdo de Cooperación en Seguridad en junio de 2018 a partir del cual retomó la participación en ejercicios militares combinados con el Comando Sur, tales como UNITAS, RIMPAC y PANAMAX, y que condujo a la apertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad (OSC, por sus siglas en inglés) (Romano y Lajtman, 2018). Un año más tarde, restauró los mecanismos de asistencia extranjera estadounidense en Ecuador al firmar un Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) en mayo de 2019, lo que habilitó el retorno de USAID (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2019).

Con el precedente inaugurado por Moreno, Guillermo Lasso asumió la presidencia en 2021 para fortalecer la agenda de militarización, tanto doméstica como de su política exterior e implementar un programa abiertamente neoliberal. Uno de los pasos más importantes fue la firma del Memorándum de Entendimiento con EE.UU. para fortalecer las capacidades del sector de defensa en el Ecuador en julio de 2023 (U.S. Mission Ecuador, 2023). El acuerdo, que también ha sido llamado Plan de Cooperación, se basa en tres pilares fundamentales del paradigma de las “nuevas amenazas”: narcotráfico, crimen transnacional y terrorismo, y al estilo del Plan Colombia, se destinarían 3.100 millones de dólares en 7 años. Como ha constatado el Observatorio Lawfare, este enfoque ha posicionado a Ecuador como un receptor prioritario de asistencia militar durante la administración Biden a través del Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), llegando a ocupar la primera posición en la región entre 2022 y 2023 con 310 millones de dólares, por encima de Colombia (Lajtman Bereicoa & García Fernández, 2024).

Esta asistencia es complementada por las transferencias de la Oficina Internacional de Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), que en el bienio 2021-2023 representó 21,2 millones de dólares, destinados al apoyo de operaciones antidrogas, capacitación en interdicción, así como a asistencia técnica y capacitación de jueces, fiscales, policías, guardacostas, militares, analistas financieros y otros funcionarios del sector de justicia penal. Esto da cuenta del reposicionamiento geopolítico de Ecuador, pasando a ser más que un centro geográfico del mundo, un foco de interés para la estrategia de EE.UU. en el hemisferio occidental.

Daniel Noboa llegó al gobierno en noviembre de 2023 para culminar el periodo de mandato de Guillermo Lasso, quien tras aplicar la “muerte cruzada”, disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones generales para eludir el juicio político de destitución. El contexto electoral estuvo invadido por la inestabilidad política y la inseguridad, que incluyó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El deterioro institucional se profundizó en la gestión de Noboa, sumando al ya instalado lawfare, decisiones autoritarias y el despliegue militar para enfrentar los desafíos de orden público derivados de la violencia generada por los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) ligados al narcotráfico¹⁰. Los indicadores muestran un aumento inusitado de muertes violentas, llegando a 47 y 40 por cada 100.000 habitantes en 2023 y 2024, respectivamente, lo que ha ubicado a Ecuador como el país más inseguro de la región.

Noboa asumió con la promesa de terminar con la inseguridad en el país a través del Plan Fénix. Los componentes de esta estrategia de seguridad se estructuraron en el despliegue de las Fuerzas Militares en las calles del país, la construcción de dos mega cárceles donde se pretende imitar el modelo Bukele, la realización de una reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que endurezca las penas y la restauración de bases militares para la asistencia extranjera de EE.UU., para lo cual procedió a una reforma constitucional. Si bien se evidenciaron decisiones drásticas a partir del gobierno de Noboa, la agenda de militarización e injerencia extranjera se preparó durante los gobiernos antes reseñados. La siguiente cronología ayuda a comprender el acelerado curso de acción que ha posicionado a Ecuador en la órbita de subordinación al hegemón norteamericano:

• 7 de enero de 2024: uno de los jefes del crimen organizado más peligrosos del país escapó de la cárcel.
• 8 de enero de 2024: declaración de estado de excepción mediante decreto 110.
• 9 de enero de 2024: un grupo de 13 personas armadas y encapuchadas tomó las instalaciones de TC Televisión durante el noticiero del mediodía. En respuesta a la impactante agresión y la proliferación de focos de violencia, el gobierno nacional de Daniel Noboa resolvió emitir el decreto 111 “que moviliza a las fuerzas armadas y policiales para neutralizar a las organizaciones terroristas como objetivos” y declara la existencia de un conflicto armado.
• 15 de febrero de 2024: Noboa recibió en Quito a la Gral. Richardson para ratificar dos acuerdos de seguridad que se habían iniciado con Guillermo Lasso: el Estatuto de las Fuerzas Armadas (SOFA, por sus siglas en inglés) y otro para Operaciones contra actividades Marítimas Ilegales.
• 5 de abril de 2024: Fuerzas de Seguridad irrumpieron violentamente en la embajada de México en Quito secuestrando al ex-vicepresidente Jorge Glas que se encontraba asilado en la sede diplomática. El acto, que violó el derecho internacional público y en particular la Convención de Viena, implicó la ruptura de relaciones con México pero no recibió reclamo alguno por parte de EE.UU. hacia el presidente de Ecuador.
• 16 de septiembre de 2024: dos días antes de cumplirse 15 años del fin de la concesión de la base militar de Manta a los Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa anunció el envío de un proyecto de reforma parcial de la constitución a la Corte Constitucional para permitir la instalación de militares extranjeros. El proyecto ingresó a la Asamblea Nacional en octubre, donde ha seguido un trámite lento en comisión. Se prevé que la votación la resuelva la nueva asamblea y de ser positiva, el trámite que debe surtirse es consultar a la ciudadanía ecuatoriana.
• 8 de diciembre de 2024: una patrulla de la Fuerza Aérea detuvo ilegalmente a cuatro menores de edad al sur de la ciudad de Guayaquil.
• 10 de diciembre de 2024: se aprueba el Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular para habilitar el ingreso y operación de tropas extranjeras.
• 24 de diciembre de 2024: la Unidad Especial de Uso Ilegítimo de la Fuerza Pública de la Fiscalía Provincial del Guayas realizó audiencia donde la jueza reconoció la desaparición forzada de Josue Didier Arroyo Bustos (14), Ismael Arroyo Bustos (15), Steven Gerald Medina Lajones (11) y Nehemias Saul Arboleda Portocarrero (15); bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano. Son encontrados cuatro cuerpos en la parroquia de Taura, provincia de Guayaquil, en las inmediaciones de la base aérea con señales de tortura.
• 27 de diciembre de 2024: Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) aprueba Reforma Parcial del Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y Maquinaria en Galápagos.
• 31 de diciembre de 2024: el departamento de criminalística y ciencias forenses de la Fiscalía confirma que la identidad de los cuerpos hallados en Taura corresponden a los menores detenidos-desaparecidos (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 2025).
• 13 de abril de 2025: tras desarrollarse la segunda vuelta electoral en medio de un estado excepción que suprime los derechos constitucionales, y habiendo violado la Constitución y el Código de la Democracia que obligan al presidente a solicitar licencia en periodos de campaña, los resultados publicados por el CNE declararon reelecto a Daniel Noboa. En tal circunstancia, la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González denunció fraude y desconoció el resultado; esto marca un punto crítico de descomposición institucional.

La Gral. Richardson, se destacó por ser la jefa del Comando Sur que más visitó la región durante su mandato, en el cual cosechó 3 acuerdos militares claves para consolidar su alianza con el Ecuador, primero con Guillermo Lasso y luego ratificados con Daniel Noboa:

1. Asistencia e Interceptación Aérea: autoriza a las fuerzas de defensa y seguridad a recibir asistencia logística para el comando, control y comunicaciones en operaciones de interceptación ―lo que se traduce en la coordinación jerárquica de tales eventos―, así como el financiamiento para la adquisición de equipos y sistemas de armas del sector aeroespacial, como radares y aviones.
2. Operaciones contra actividades Marítimas Ilegales: habilita la vigilancia, circunnavegación y operación militar combinada entre la Armada de Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Fue anunciado en septiembre de 2023 durante una mesa redonda de la Fuerza de Intervención del Congreso de EE. UU. para Combatir a los carteles de la Droga Mexicanos que contó con la presencia de Lasso.
3. Estatuto de las Fuerzas Armadas (SOFA): otorga privilegios e inmunidad diplomática al personal militar y civil del Departamento de Defensa y sus contratistas, con lo cual en caso de “excesos”, los responsables serán juzgados en EE.UU. bajo su fuero. Estas fueron las mismas condiciones que se aplicaron en Colombia y que se consignaron en el Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad de noviembre de  2009, a través del cual se continuaría “permitiendo el acceso y uso a las instalaciones” de 7 bases militares¹¹.

Complementariamente, Daniel Noboa puso en marcha la modificación del artículo 5 de la Constitución para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional¹². A partir de la reforma constitucional de 2008 durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se clausuró la presencia militar extranjera y se procedió a revocar el acuerdo de uso de la base de Manta, concedida desde 1999 a Estados Unidos¹³.

Ecuador ha sido permeada por esta lógica de militarización y es el presidente Daniel Noboa quien ha firmado nuevos acuerdos y ratificado los iniciados por su antecesor para aumentar la presencia de tropas estadounidenses. Lo más reciente ha sido la cesión de una base en la Isla Galápagos que tiene una proyección estratégica en el Pacífico hacia Colombia, y por supuesto, hacia la costa norte del Perú. Además, desde una perspectiva global, el Observatorio Lawfare sugiere analizar éste posicionamiento de EE.UU. como un ángulo dentro del polígono de seguridad Asia-Pacífico que une su estrategia con Australia, India y Japón en la contienda geopolítica contra la República Popular China; al respecto se complementan tanto la alianza militar AUKUS establecida por Joe Biden en 2021 con Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña, como el grupo de cooperación Quadrilateral Security Dialogue (Quad), piedra basal del esquema que expandirá su proyección hacia suramérica bajo control de EE.UU.

El “Plan Ecuador”, la estrategia detrás de la “Guerra contra las Drogas”

Aunque en Ecuador existe una separación institucional de los roles de la seguridad y la defensa, desde 2019 se experimenta un creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, especialmente, para disuadir eventos de protesta social y, según se afirma públicamente, para enfrentar el avance de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Esto ha superpuesto un enfoque militarista con efectos perniciosos en la población civil.

Al cambiar los enfoques en seguridad y militarizarlos se descuida profundamente la seguridad ciudadana y sobre todo, la perspectiva integral de la seguridad como una situación para la garantía de los derechos populares. ¿Esto por qué ocurre? Porque mientras se fortalecen capacidades para combatir “amenazas” al Estado, como las ciudadanas y ciudadanos que salieron a protestar contra el ajuste fiscal producto de los acuerdos de Lenin Moreno con el FMI y fueron masacrados o encarcelados bajo el rótulo de “terroristas”, lo que hacen son enormes negocios en el ámbito militar, y paralelamente garantizan la expoliación de los bienes comunes como los minerales.

Por otra parte, clasificaciones como “narcoestado” o “estado fallido” sirven como instrumentos justificatorios para la intervención imperialista en América Latina y el Caribe. Así como otrora aconteció en Colombia y México, Ecuador experimenta el desarrollo de una estrategia estadounidense para ejercer un control geopolítico con la excusa de la GCD. Dicha estrategia se verifica como un “Plan Ecuador” donde 1) la injerencia extranjera; 2) la liberalización económica y el endeudamiento externo; 3) el deterioro institucional; y 4) la militarización de la sociedad y securitización de problemas sociales son sus componentes estructurales (Arias Barona, 2025).

Conclusiones

La estructura monumental de asistencia en seguridad diseñada por EE.UU. y el poder colosal de sus instituciones militares no han redundado en aciertos perdurables. Tal vez todo lo contrario. La intensa actividad intervencionista de la política exterior estadounidense en la región latinoamericana y caribeña, tanto a través de la llamada asistencia para el desarrollo como sus formas militarizadas, han agudizado los problemas que ha prometido solucionar, dejan una estela de perjuicios sociales que van desde violaciones a los derechos humanos por agentes extranjeros y locales, hasta la diseminación de doctrinas que estimulan la configuración de amenazas internas que recrean la Doctrina de la Seguridad Nacional y la contrainsurgencia, así como alientan la actuación de militares en la seguridad interior. Colombia y México son ejemplos diáfanos de sus consecuencias.

El análisis de los flujos de asistencia antinarcóticos proporcionada por Estados Unidos a América Latina y el Caribe entre 2001 y 2024 evidencia la continuidad de un enfoque radicalmente militarizado en la política regional de Washington. Según datos oficiales del gobierno estadounidense, recopilados a través de ForeignAssistance.gov, durante este período se destinaron 26,026.6 millones de dólares en asistencia militar y de seguridad a la región, de los cuales un significativo 80,9 % (21,076.8 millones) estuvo dirigido específicamente a programas antinarcóticos. Esta cifra pone de manifiesto que, tras el diagnóstico realizado desde sectores del gobierno estadounidense, thinks tanks y academia, de que la “Guerra contra las Drogas” fue “fallida”, los datos muestran que la estrategia antidrogas de EE. UU. hacia la región permanece securitizada y militarizada.

Este modelo militarizado se enfrenta a varias contradicciones y realidades inquietantes. Por un lado, numerosos estudios han señalado que entre el 60 % y el 70 % de las ganancias del narcotráfico terminan siendo lavadas en el sistema financiero de Estados Unidos. Por otro lado, los periodos de mayor asistencia coincidieron con picos significativos de violencia en los países receptores, como ocurrió en México entre 2011 y 2012, o en Colombia entre 2003 y 2008. Además, se mantiene la paradoja de que Estados Unidos no solo es el principal mercado consumidor de drogas, sino también el mayor proveedor de armas a los carteles que operan en la región.

La revisión de casi un cuarto de siglo de asistencia antinarcóticos sugiere que, más allá de su declarada intención de combatir el tráfico de drogas, esta política ha funcionado como un mecanismo de influencia geopolítica y de control regional. La consistencia en los flujos financieros, su distribución geográfica estratégica y el enfoque militarizado de estas iniciativas indican que sus verdaderos objetivos van mucho más allá de la retórica oficial centrada en la reducción de la oferta de drogas. Se trata de una arquitectura institucional y de relaciones clave en un escenario de disputa con otras potencias mundiales, en una región históricamente considerada como territorio estratégico para EE. UU.

Por lo anterior, es pertinente recordar a Noam Chomsky cuando comentó que “Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender algo”, porque “Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que dicen que están intentando lograr. ¿Cuáles son las intenciones probables?” (citado en Paley, 2012). Se ha mostrado aquí la intención de construir un formidable sistema de dominación imperialista, para el cual han instrumentalizado la GCD.

Plan Colombia: imperialismo, contrainsurgencia y dependencia

El Plan Colombia fue, en lo formal, un acuerdo de asistencia extranjera entre Estados Unidos y Colombia implementado en 1999 por los gobiernos de Bill Clinton y Andrés Pastrana, sin embargo, realmente constituyó un modo de intervención con el que el gobierno y sector privado estadounidense buscaron afianzar su proyecto de dominación y extenderlo a toda Suramérica. La idea de que el Plan Colombia ha sido un modelo de intervención estadounidense es compartida desde distintas aristas dentro de la academia (Arias Barona, 2022; Delgado Ramos y Romano, 2011; García Pinzón, 2011; Pizarro y Gaitán, 2010; Rojas, 2015; Tickner, 2007; Tokatlián, 2010; Vega Cantor, 2015), no obstante, mantienen polémicas entre sí. Mientras algunas visiones sugieren que ha habido una intervención pactada (García Pinzón, Tickner, Tokatlián y Vega Cantor), otras manifiestan un rol militarizado de la política exterior estadounidense (Pizarro, Gaitán y Rojas), mientras el resto advierten que, más allá de la presencia de élites de colaboración periférica, existe una subordinación construida por la asimetría de poder que durante décadas ha ejercido EE. UU. como potencia imperialista (Arias Barona, Delgado Ramos y Romano).

Aunque Pastrana planteó en 1998 la necesidad de implementar un “Plan Marshall a la colombiana” que priorizara a la población desplazada por la violencia mediante la titulación de tierras y proyectos de activación productiva, e involucrara al campesinado en el plan de sustitución de cultivos ilícitos (El Tiempo, 1998), el documento definitivo fue diseñado por la burocracia del gobierno de Estados Unidos dándole un enfoque antinarcóticos, judicial y en menor medida de desarrollo y paz. Un hecho fundamental que marcó la securitización del plan fue la visita a Colombia del Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos Thomas Pickering en agosto de 1999, quien expresó el desacuerdo de su gobierno con las concesiones a la guerrilla de las FARC-EP en la zona de distensión, e insistió en garantizar la ayuda a Colombia si se desarrollaba un plan comprensivo para fortalecer las fuerzas armadas, parar la economía del narcotráfico y luchar contra el tráfico de drogas (The Washington Post, 1999).

De este modo, el titulado formalmente Plan para la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado se convirtió en el mayor programa de asistencia militar de la historia del continente. Aunque las diez estrategias que componen el documento oficial aprobado por el senado de EE. UU. destacan que sus objetivos son 1) el combate al narcotráfico, 2) el apoyo para el desarrollo económico y c) el fortalecimiento institucional, la planificación inicial contempló un gasto de 7.500 millones de dólares en cinco años, concentrados en la modernización y reorganización de las Fuerzas Militares y de Policía para combatir a las guerrillas y las fuerzas sociales identificadas con la izquierda.

El puntapié inicial se basó en un monumental incremento de la asistencia extranjera por 1.300 millones de dólares entre 2000 y 2001, paradójicamente, más del 70 % fue destinado a fortalecer a las Fuerzas Militares, mientras el gobierno desarrollaba los diálogos de paz con las FARC-EP en una región del sur de Colombia. Ante los hechos consumados se puede concluir que el gobierno de EE. UU. buscó emplear una estrategia contrainsurgente y crear un Complejo Militar Industrial Periférico, por una parte, para desmantelar la fuerza armada irregular de ideología marxista más poderosa del hemisferio, y a la vez irradiar su modelo de seguridad hacia la región para contener el avance del Socialismo del Siglo XXI. El siguiente paso sería crear una convergencia económica que permitiera integrar a Colombia y la región, en su órbita de libre comercio. De cierta forma esto lo anticipó la entonces Secretaria de Estado Madeleine Albright a inicios de 1999:

Estamos de acuerdo con el presidente Pastrana en que nuestra relación bilateral tiene que ampliarse para discutir más que los meros asuntos de la lucha antinarcóticos. Ya hemos realizado progresos en ese sentido puesto que hemos iniciado intercambios con el gobierno colombiano sobre una amplia gama de temas de interés común, incluyendo el comercio y la inversión, la lucha antinarcóticos, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el proceso de paz. Sin embargo, teniendo en cuenta que 80 por ciento de la oferta mundial de cocaína es cultivada, procesada o transportada por Colombia y que entre el 50 y el 70 por ciento de la heroína consumida en la costa este de Estados Unidos es de origen colombiano, seguimos viendo el tráfico de narcóticos como una amenaza para la seguridad nacional en ambos países. A medida que se amplía nuestra relación bilateral, esperamos que nuestra cooperación antinarcóticos se expanda y se intensifique. (Semana N.º 872, 1999, p. 35)

La militarización de las relaciones colombo-estadounidenses no empezó con el Plan Colombia, sin embargo, a partir de este momento se agudizó como nunca antes. El gobierno colombiano selló la subordinación a EE. UU. profundizando una tradición de su política exterior llamada respice polum (mirar a la estrella polar, es decir, mirar al norte)¹⁴. Tal vez el factor más influyente ha sido la afinidad ideológica entre las clases dominantes de Colombia y la potencia norteamericana. La profunda asimetría que entraña dicha relación sólo puede ser soslayada por élites de colaboración periférica, que a cambio de un excedente económico y de su status, posibilitan el proceso de acumulación y de profundización de la dependencia por parte de las potencias centrales, en este caso, del gobierno y sector privado estadounidense.

En estas líneas se cuestiona el supuesto éxito del Plan Colombia que reivindican sus precursores y continuadores. La mirada general de lo sucedido que obtenemos luego de que el búho de Minerva ha hecho su vuelo, revela los efectos perniciosos que tuvo esta política, por ejemplo, el informe publicado en 2022 por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, indica que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1985 hasta 2019, ocurrieron durante el Plan Colombia, en particular durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Según los registros, en casi 35 años hubo aproximadamente 120.000 ejecuciones extrajudiciales, 60.000 personas desaparecidas forzosamente y más de 7,75 millones de víctimas de desplazamiento forzado (Comisión de la Verdad, 2022: 402). Otras afectaciones a la salud humana, a la naturaleza y a las economías locales devienen de la aspersión de glifosato como método de erradicación forzada de plantas de coca; se estima que entre 1999 y 2015 se fumigaron 1.800.000 hectáreas y hasta 2012 se derramaron 15 millones de litros de glifosato (Lajtman & Arias Barona, 2019).

El presente capítulo intenta, en primer lugar, establecer un estado actual de la documentación existente sobre el Plan Colombia tomando materiales oficiales del gobierno colombiano, así como de diversas instituciones y representantes de EE. UU. y organismos internacionales, se recuperan en el análisis múltiples contribuciones académicas de investigadores e investigadoras y también fuentes periodísticas, todas ellas sometidas a la técnica de triangulación para dar solidez a las argumentaciones. En segundo lugar, se busca proveer una perspectiva crítica que polemiza tanto con la mayoría de producciones académicas, como con la ejecución de políticas públicas en materia de política exterior, defensa y seguridad.

Este capítulo se estructura de la siguiente manera: la primera parte expone los motivos que llevaron a EE. UU. a fortalecer su intervención en Colombia, la segunda propone tres claves para el análisis del Plan Colombia considerando la asistencia extranjera, la estrategia contrainsurgente y la mercantilización de la guerra, y la tercera, sintetiza los impactos de la intervención estadounidense enfatizando, por un lado, en los aciertos detrás del fracaso de la “Guerra Contra las Drogas”, es decir, las metas que realmente alcanzaron con la excusa de su cruzada narco-terrorista, y por otro, en las consecuencias sobre los derechos humanos como los llamados falsos positivos.

¿Por qué un plan de intervención “antinarcóticos”?

Al menos cuatro acontecimientos deben considerarse como antecedentes para la formulación del Plan Colombia, de ellos, los tres primeros corresponden al escenario global y regional, y el tercero a la correlación de fuerzas nacional:

1. La pretensión de EE. UU. de consolidar su hegemonía hemisférica en el plano económico se sintetizó en su propuesta de un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), para lo cual desde 1994 buscaba establecer las condiciones materiales que permitieran crearla.
2. La vigencia de la “Guerra contra las Drogas” (GCD) y su militarización a partir de caracterizarla como parte de las “nuevas amenazas” pos Guerra Fría se sumaba a  la insoslayable gravitación de la producción de narcóticos de Colombia, donde ya había ensayado experiencias de operación conjunta con la creación del Bloque de Búsqueda, cuerpo de élite policial que logró desarticular el cartel de Medellín con el asesinato de Pablo Escobar en 1992.
3. EE. UU. adoptó un nuevo diseño de la proyección militar para su frontera sur mediante el traslado de la Sede del Comando Sur (SOUTHCOM) desde Panamá hacia Miami (Florida) y le asignó un nuevo protagonismo en la coordinación de la agenda del Sistema Interamericano de Seguridad Hemisférica.
4. La vigencia de organizaciones político militares revolucionarias cuya ofensiva había roto la primacía de las Fuerzas Militares llevó a concluir al entonces jefe del Comando Sur, Gral. Charles Wilhelm que “el ejército colombiano carece de movilidad e infraestructura para combatir a la insurgencia que tiene más y mejores armas” (Emmerich, 2002, p. 40), por ende, Colombia representaba para Estados Unidos una “amenaza para la seguridad nacional superior a Cuba”.

Tal vez la afirmación más divulgada para contextualizar el Plan Colombia y el rol estadounidense es que el país se había convertido en un “Estado fallido”, sin embargo, tanto dicho concepto como el de “narcoestado”, son instrumentos teóricos de justificación de las intervenciones imperialistas, y no el resultado del análisis crítico. Ya en 2001 Noam Chomsky dedicó un libro entero a desentrañar los verdaderos intereses detrás de la clasificación de Estados fallidos en Asia occidental, y años más tarde el fenómeno fue estudiado aplicado a Colombia por Juan Gabriel Tokatlián (2008) y Norberto Emmerich (2015). El cuadro interpretativo del gobierno estadounidense, sus think tanks y asesores se basaba en que “Colombia pasó de ser un país problema en el contexto internacional, a convertirse en la nación que representa mayores riesgos para la seguridad regional” (Downes, 1999, p. 71).

Como bien destaca la investigadora colombiana Viviana García Pinzón, EE. UU. mantenía una diferenciación de la GCD y la guerra contrainsurgente, siendo la primera un asunto de índole transnacional y la segunda un problema doméstico (2011, p. 112). Por esto mismo, analistas y tomadores de decisión del Departamento de Defensa advirtieron del sentido ambiguo que podría tener el Plan Colombia (Pizarro y Gaitán, 2010), sabiendo que desde mediados de la década de 1980 los diplomáticos estadounidenses (con el embajador en Colombia Lewis Tambs a la cabeza¹⁵), clasificaban el problema de Colombia como el de “narcoguerrillas”. El 5 de marzo de 1998, tres meses antes de las elecciones que darían como presidente al conservador Andrés Pastrana, el mismo Gral. Wilhelm presentó en su comparecencia al Comité de Servicios Armados del Senado, una mirada que integraba la idea de “narcoguerrillas”, sugería el empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior en coordinación con la Policía Nacional y caracterizaba la permanencia de guerrillas como una amenaza transnacional:

Las FARC y el ELN no son peligrosas únicamente para Colombia, ellas también amenazan a los países fronterizos. Para combatir a estos insurgentes, las fuerzas policiales y militares regionales deben aumentar la coordinación y la cooperación. El Ejército colombiano se encuentra actualmente a la defensiva. Como parte de un enfoque integral de ambos problemas del narcotráfico y la insurgencia, nuestro compromiso con el ejército colombiano abordará las deficiencias que las fuerzas de seguridad colombianas han mostrado en el desempeño de su misión antinarcóticos (US Congress, 1998; Traducción propia, el destacado es nuestro).

Aunque la discusión respecto a la “guerra ambigua”, es decir, encubrir la guerra contrainsurgente bajo el rótulo de la GDC (Pizarro & Gaitán, 2010, p. 143),  estuvo abierta durante un tiempo, se disipó en después de los atentados al World Trade Center en septiembre de 2001. Como reacción a este acontecimiento, EE. UU. declaró la Guerra Global Contra el Terrorismo (GWOT, por sus siglas en inglés) y ésta pasó a ser el eje ordenador de su política exterior, aboliendo la vieja distinción.

El análisis de la intervención militarizada estadounidense muestra que la misma se ha valido de un proceso de despolitización de aquello que ha declarado como amenazas. Se pasó entonces del combate al comunismo como “enemigo interno” con la Doctrina Truman desde 1947 a catalogarlo como “narcoguerrillas” con la Doctrina Nixon en la década de 1970, y con el escenario global post-2001 y la National Security Strategy de 2002, lo que se conoce como la Doctrina Rumsfeld-Cebrowski, se reformuló como guerra contra el “narcoterrorismo” (Zacarías, 2013). Esta caracterización es la que ha justificado mayores esfuerzos bélicos y la aplicación de la violencia estatal contra las fuerzas sociales antagónicas o divergentes al orden político dominante.

Al suceder a Andrés Pastrana en el gobierno, Álvaro Uribe negó el conflicto armado interno y asumió la doctrina anti-terrorista estadounidense (este precedente ha evolucionado al punto en que ya no hay contradicción entre conflicto armado y combate al terrorismo como se verifica en el caso de Ecuador desde 2024). Uribe insistió en diagnosticar a las organizaciones guerrilleras como una amenaza “narcoterrorista” para direccionar toda la mayor parte de la asistencia extranjera al fortalecimiento de capacidades de combate. Es pertinente señalar que respecto al Plan Colombia, tanto Bill Clinton, como George W. Bush y Barack Obama mantuvieron una tendencia a jerarquizar la asistencia militar.

El Plan Colombia resultó determinante en el nuevo rumbo que tomaron las relaciones civiles-militares, que se caracterizaron por el protagonismo de la fuerza pública en tres dimensiones:

1. con la transferencia extraordinaria de medios por parte de Estados Unidos, así como la provisión de programas de adiestramiento y actualización doctrinaria, especialmente en la primera fase de intervención fuerte (1999-2002).
2. con la búsqueda de recuperación de su legitimidad mediante resultados operacionales en las fases dos y tres, que abarcan los dos períodos de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010). Incluso, para recuperar la imagen institucional se realizaron campañas publicitarias como “los héroes en Colombia sí existen” (Gordillo y Federico, 2013).
3. con la creación de un complejo militar-industrial, cuyo carácter periférico se encuentra signado por su conexión con la constelación de proveedores que el Pentágono le habilita. Los estímulos del Plan Colombia dotaron al SDS de dos nuevas industrias militares, por un lado, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial en el año 2000, y por otro, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa en 2012, que complementan a la Industria Militar y a la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia, ambas creadas en el gobierno de facto del General Rojas Pinilla. Como corolario de este aspecto, se creó un viceministerio para la gestión de dieciocho entidades aglutinadas en el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, que condensa una rama del poder económico de los militares que dispone de 1% del PBI (Arias Barona, 2022: 158).

Correlatos del Plan Colombia

La activación de la violencia con la solución militarista al problema de las drogas encajó perfectamente con otros objetivos estratégicos del desarrollo capitalista en esta parte del planeta. En primer lugar, la predominancia militar del Plan Colombia quedó fotografiada en las cifras del fortalecimiento bélico del Leviatán: en el año 2000 las FFAA tenían un pie de fuerza de 234.046 efectivos; en 2015 llegó a 505.000 unidades en sus filas de tierra, mar y aire, cuando apenas en el Estado se contaban un millón de funcionarios y funcionarias en total. En cuanto al presupuesto del sector Defensa, el año 2000 cerró con 12,69 billones de pesos colombianos y tres lustros después obtuvo 28,2 billones: más del doble al cerrar el año 2015. A partir de 2016 y en coincidencia con el Acuerdo de Paz de La Habana y otras variables, el pie de fuerza comenzaría a disminuir: en 2023 el Estado sumó 1.329.760 funcionarios y funcionarias y de estas, el 28 % –es decir 366.420– son personal de FFAA. Recordemos que el Plan Colombia llevó al Estado colombiano a tener el 50 % de su personal uniformado, mucho más que en educación y en salud¹⁶.

Aquel crecimiento cuantitativo y acelerado de soldados y policías trajo también cambios cualitativos en la degradación de la guerra y, en particular, impactó en la violación a los derechos humanos de la población civil. De acuerdo con el Security Assistance Monitor, entre 2000 y 2020 fueron formados 108.727 militares y policías colombianos mediante el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés), superando a Afganistán (86.825) e Irak (42.608) (Egar, 2021). La eficaz propagación de conceptos y métodos a través de instructores en toda la tropa ha sido fundamental para configurar una mentalidad admiradora de los EE. UU. y obediente a los fundamentos de la contrainsurgencia.

El crecimiento vertiginoso del pie de fuerza y del presupuesto trajo novedades para el caso colombiano, a saber: el enfoque del sector defensa y el impacto del aumento del gasto militar en la recuperación de la economía nacional. Es nuevo el surgimiento, por ejemplo, del Grupo Social y Empresarial de Defensa (GSED), grupo económico creado en el entorno de la organización logística para atender aquel crecimiento de las FFAA: un negocio con ingresos operacionales de millones de dólares al año. El GSED es un conglomerado de 19 empresas y tiene una variada oferta de servicios, equipos, mantenimiento y material de protección. A lo anterior se suman negocios en el exterior en asesoría militar, entrenamiento y venta de armas, con el objetivo de la autosuficiencia estratégica de las FFAA y la expansión ideológica contrainsurgente. A través del Grupo se ejecuta el presupuesto militar con compras billonarias que terminan dinamizando otros sectores económicos nacionales y extranjeros.

Así se construyó un complejo militar colombiano con los riesgos de conceptos como la autofinanciación, la financiación particular de la Defensa y la privatización de las FFAA. A esta institución de las proporciones mencionadas le preocupó la prospectiva con escenarios de un país en paz y de paso, con la legalización de las drogas: allí apareció la posibilidad de la desfinanciación pública del sector defensa, que hace parte de las contradicciones entre el Estado capitalista y la burguesía que pretende una paz lo más económica posible, o si es posible, gratuita. Las amenazas al presupuesto de la Defensa identificadas por el militarismo se presentan como una justificación de preparación para la autosostenibilidad. En Colombia se promociona un boom de la exportación de Seguridad y Defensa producto del crecimiento de la industria militar, de la aplicación de la ciencia y la tecnología y del entrenamiento en sus escuelas, que durante años han sido convertidas en Escuela de las Américas donde se entrenan y capacitan militares de todo el mundo. Un ejemplo de la exportación, capacidades y disposición para el interés privado lo constituyen los militares colombianos mercenarios que asesinaron por encargo al presidente de Haití en 2021.

Como cierre de este correlato del militarismo, no sobra decir que el fortalecimiento del sector Defensa en Colombia tuvo entonces dos variables clave durante los últimos treinta años: la política exterior y la política contra las drogas. Es tal su incidencia en las agendas bilaterales que hasta hoy no han sido “desnarcotizadas” las relaciones con EE. UU. El crecimiento de las capacidades bélicas contó con el 72 % del presupuesto del Plan Colombia y alistó la internacionalización de las FFAA para ser reconocida como “nación aliada” de la OTAN y realizar ejercicios militares con esta durante los últimos 12 años. En 2013 Colombia participó por primera vez en la reunión de la OTAN y a partir de ahí se han logrado diferentes acuerdos de cooperación militar, en el marco de la política exterior y de Defensa.

Se trata de un alineamiento inducido y asimétrico que generó tensiones en la región debido a que la “Guerra contra las Drogas” es utilizada en la intervención en conflictos internos y de estigmatización y deslegitimación de la oposición antisistémica. Así damos paso a otro correlato, con los hechos que alteraron la política latinoamericana a partir de acciones de guerra bélica, guerra política y guerra económica del Plan Colombia.

El impacto del militarismo en la guerra bélica y en la guerra política, también evidenciaron que el Plan Colombia no era solo para intervenir este país. En esa coyuntura, Colombia llegó a ser considerada “la Israel de América”. La expansión geográfica y el apetito del capitalismo iba más allá de sus fronteras, en un momento donde el Socialismo del Siglo XXI surgió como alternativa al neoliberalismo y a la espacialidad del ALCA. El Plan Colombia encajó en la geopolítica del imperialismo e interfirió en la agenda de integración distinta al “Consenso de Washington”. No era posible ese gran movimiento militar en presupuesto, pie de fuerza y armas –desproporcionado con respecto a la justificación pública con las drogas– sin que los vecinos vieran una amenaza a su soberanía. Hugo Rafael Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales de 1998 y asumió el poder el 2 de febrero de 1999. Chávez ya había visitado a Fidel Castro en Cuba y allí fue recibido con honores. EE. UU. conocía el escenario posible de un “militar populista y antiimperialista en el poder” en un país suramericano y su reacción fue el Plan Colombia. Las hipótesis de guerra en la región, formuladas en la prospectiva de la alianza entre Colombia y EE. UU. orientó este gran alistamiento militarista de escala subcontinental con el pretexto de la “Guerra contra las Drogas”.

Veamos un ejemplo de hipótesis de guerra donde la amenaza está ubicada directamente en Latinoamérica: en 2009, el Ministerio de Defensa de Colombia publicó un escenario que denomina Escenario Papaya Partida¹⁷, donde se plantea que “… las señales que permiten inferir que el país no toma en cuenta cambios en el escenario regional son percibidas por otros países y alguno de ellos decide ‘partir la papaya’. La agresión externa hipotética ocurriría en el año 2018, el cual coincide con la terminación del proceso de ajustes en el pie de fuerza de las Fuerzas Militares”¹⁸. La agresión externa no ocurrió, pero —consecuente con la hipótesis— el sector Defensa diseñó sus presupuestos de inversión, realizó compras de armas, activó unidades y estableció relaciones estratégicas, en un gran gasto militar justificado con la “Guerra contra las Drogas” y con un gran impacto en la victimización masiva.

La actualización de las drogas como pretexto para estigmatizar a las fuerzas progresistas, y el ejemplo del uso ideológico de estas en América Latina, lo presentó el expresidente Pastrana, quien aprovechó la Cumbre Biden–Petro en 2023 y envió una carta abierta al primero en la que vincula a gobiernos progresistas de la región con el narcotráfico, al mejor estilo de los años noventa, como si no hubiera pasado el tiempo y como si desconociera el impacto del Plan Colombia. En la carta sostiene que Petro tiene a Colombia en “un mar de coca” y está al borde de la “narcocracia”; caracteriza a Venezuela “con carteles propios enquistados en el gobierno”; a México le llama “potencia del narcotráfico”; y señala de “narcoguerrilla” a las FARC EP, organización firmante de paz con el Estado colombiano en 2016 en La Habana. Con estas consignas, el expresidente Pastrana termina aceptando que los objetivos altruistas del Plan Colombia fueron subordinados a la lucha antinsurgente y antipueblo que les asiste como poder hegemónico y oligarquía.

En resumen, la “Guerra contra las Drogas” vino a reemplazar a la Guerra Fría y a la lucha anticomunista por “nuevas amenazas”; en la práctica, antidrogas y anticomunismo quedaron mezcladas en la guerra contrainsurgente y anticambio. No fue coincidencia que finalizando los noventa se impulsara una intervención a gran escala con el Plan Colombia, convirtiendo al país en plataforma de lanzamiento de otras intervenciones en América Latina. Son numerosos los hechos de injerencia, infiltración, operaciones psicológicas, entrampamientos, golpes de Estado, golpes blandos, sabotaje, propaganda, financiación de contras y oposición política, justificándose con el miedo a las drogas y señalando de narcotraficantes a los procesos antisistémicos. Hoy se genera por lo menos expectativa con el reposicionamiento de fuerzas progresistas en los gobiernos latinoamericanos, al mismo tiempo de un nuevo ambiente internacional para discutir cambios en la atención a este problema. Bienvenidos sean, incluyendo el compromiso de no repetición de las intervenciones militares en los conflictos internos. En tercer lugar, para terminar con este punto de los correlatos, aquí se parte del concepto según el cual la doctrina y la estrategia militar están en estrecha relación con el modo de producción. En 1991, tan solo ocho años antes del inicio del Plan Colombia, este país cambió su Constitución Política para institucionalizar el neoliberalismo. La resistencia militar de la insurgencia y la movilización popular habían impedido el logro del control territorial requerido en el despojo de tierras, en la explotación de recursos naturales y en la erradicación forzada de la coca: contra esta resistencia también iría el Plan Colombia. Ya en el nuevo siglo, toda la fuerza militar fue utilizada para la expansión geográfica del Estado neoliberal hacia las nuevas espacialidades, el alistamiento del territorio para el desarrollo extractivista, el boom minero energético, la construcción de macroproyectos de infraestructura y las economías de enclave. El Estado aprovechó y atendió sus propias necesidades de poder político y militar sobre el territorio. Temas y problemas estos muy distantes de los tratados en una política antidrogas preocupada por la juventud de EE. UU.

El militarismo del Plan Colombia alistó con terror ―y “chorreando sangre”, diría Marx― las condiciones de seguridad para atraer la inversión capitalista. El fortalecimiento del sector Defensa y su expansión geográfica facilitaron el aumento veloz de la inversión extranjera al doblar su participación en la economía en esos quince años, en especial en la inversión en el sector de minas y energía. Así facilitó el crecimiento económico, donde el PIB pasó de estar en 1999 de -4,2 % al 5 %¹⁹ con el inicio de la implementación del Plan. Fue un momento en el cual los ingenieros militares se convirtieron en explosivistas de las transnacionales del extractivismo, además de que cumplían sus funciones clásicas de seguridad a la infraestructura del saqueo capitalista. No es un dato menor que con esa presencia militarista EE. UU. se aseguraba por lo menos un millón de barriles diarios de petróleo desde Colombia, en un momento convulsionado en la región con productores como Venezuela y Brasil. Al boom minero energético contribuiría Europa con la importación del carbón, lo que llevó a Colombia a convertirse en el cuarto productor y exportador de ese mineral. En ese proceso exitoso, empresas de explotación carbonífera como la estadounidense Drummond hoy se encuentran en procesos judiciales debido al financiamiento de grupos paramilitares que desplazaban población de territorios donde luego construyeron instalaciones de la empresa; al mismo ritmo que asesinaban la oposición sindical y popular a la explotación de los recursos naturales, según propias acusaciones de la Fiscalía General de la Nación²⁰.

Claves del Plan Colombia (1999-2016). La intervención estadounidense cambia de forma, pero nunca de intención

El Plan Colombia se desarrolló en cuatro fases caracterizadas por el modo de intervención estadounidense. Haciendo una síntesis de las periodizaciones propuestas por Vega Cantor (2015), Rojas (2015) y Arias Barona (2022)²¹ se proponen la siguiente secuencia: 1) intervención militarizada (1999-2002); 2) intervención con “terrorización” + intervención blanda (2002-2006); 3) consolidación, también denominada de “nacionalización” del Plan Colombia (2006-2010); y 4) liberalización (especialmente desde 2012 con el TLC). La última, corresponde a un escenario estratégico para el desenvolvimiento de una nueva fase de acumulación, caracterizada por un cambio en la naturaleza del conflicto armado interno tras un Acuerdo de Paz con las FARC-EP.

De acuerdo con el reporte del Congressional Research Service (CRS) de noviembre de 2019, el Congreso de los Estados Unidos otorgó más de US$10.000 millones para el Plan Colombia entre los años 2000 y 2016, de los cuáles 20 % fueron financiados a través del Departamento de Defensa y la mayor parte por el Departamento de Estado, lo cual ubicó al país suramericano como el primer receptor de ayuda militar de EE. UU. Se verá a continuación cómo la asistencia extranjera operó como mecanismo de intervención y desenvolvimiento de otras estrategias para fortalecer la dependencia de Colombia y debilitar las fuerzas políticas antagónicas.

A partir de aquí se presentan las tres claves principales que ordenan cada periodo de implementación y ajuste de los objetivos de la intervención estadounidense.

a.      La asistencia extranjera

Decía Noam Chomsky que a partir del Plan Colombia la nación latinoamericana pasó a recibir “más ayuda militar de Estados Unidos que el resto de América Latina y el Caribe juntos. En total para 1999, alcanzó aproximadamente USD 300 millones, además de USD 60 millones en venta de armas, un incremento tres veces mayor con relación a 1998” (Chomsky, 2000, p. 9). En el mismo período, el Programa Internacional de Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) pasó a concentrar el mecanismo de asistencia extranjera por su amplia cobertura. Los datos del Security Assistance Monitor son reveladores al respecto: de cada 10 dólares destinados a la asistencia en seguridad en 1999, 6,3 iban al INCLE; en el año 2000 la relación ascendió a 8,9 dólares de cada 10 (Lajtman Bereicoa & Arias Barona, 2019).

La asistencia estadounidense se convirtió en el combustible de una colosal transformación basada en el protagonismo de la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas y Policías) desde el plano operativo hasta el psicosocial. Precisamente, el cambio más importante se dio en la asistencia militar estadounidense hacia Colombia, como advierten Pizarro y Gaitán, por “la remoción de la condición, por primera vez desde el final de la Guerra Fría, de que la ayuda militar a Colombia estuviera sujeta a su exclusiva utilización en la guerra contra las drogas”, algo que Bush transgredió para borrar la “línea invisible” que “separaba formalmente o, en la práctica, a la lucha antinarcótica de los programas contrainsurgentes.” (Pizarro y Gaitán, 2010, p. 157). Éste es un punto de contacto de tres aristas esenciales en la ejecución del Plan Colombia: 1) porque presenta de forma diáfana la intervención estadounidense en el conflicto armado colombiano usando este mecanismo, 2) porque expone el enfoque contrainsurgente que toma dicha estrategia y que se agudiza con el señalamiento de las guerrillas como organizaciones narco-terroristas, y 3) porque a partir de estos componentes se formula la Política de Defensa y Seguridad y Seguridad Democrática.

El Plan Colombia alteró la jerarquía de las políticas estatales y por ende la asignación de fondos para las distintas áreas de la administración pública. Como se mencionó al inicio de este apartado, Estados Unidos realizó un voluminoso y extraordinario aporte económico a Colombia para la ejecución del Plan, sin embargo, el Estado colombiano asumió las nuevas prioridades y sus consecuencias presupuestarias. Tan pronto como se activó la asistencia militar y para el desarrollo, el Gasto en Defensa y Seguridad (GDS) inició un proceso exponencial que le obligó incluso a aplicar gravámenes para fondear el sostenimiento de un poder militar y policial en expansión. Fue particularmente durante la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática que el presupuesto del Sector Defensa y Seguridad (SDS) se incrementó más aceleradamente, posicionando a Colombia en el segundo país que más recursos económicos destina al respecto después de Brasil en la región suramericana (Arias Barona, 2022, p. 111).

Figura Nº 1. Presupuesto de defensa y seguridad de Colombia (1997-2017)

Fuente: elaboración propia con base de datos del SIPRI (2019).

Al analizar los datos de Security Sector Assistance (programas de ayudas militares y de seguridad) proporcionados por el Security Assistance Monitor para Colombia entre los años 2000 y 2016, se observa que más de 6.600 millones de dólares fueron transferidos solo a través INCLE y que en promedio recibió 1,4 millones de dólares al año por el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET). En este periodo, los dos principales programas de asistencias antinarcóticos sumaron 8.589 millones de dólares, 1.000 millones más que lo estimado inicialmente para todo el Plan Colombia. Como se observa a continuación, INCLE del Departamento de Estado, acaparó el mayor volúmen de asistencia con fluctuaciones extraordinarias que coinciden con coyunturas de mayor agresividad en la PDSD, mientras que la Sección 1004 suministrada por el Departamento de Defensa y originalmente creada para fortalecer a las fuerzas de seguridad y apoyar operaciones de interdicción, se mantiene casi constante.

Figura Nº 2. Evolución de asistencia extranjera antinarcóticos . INCLE / Section 1004 (1999-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del Security Assistance Monitor.

Como se ha advertido, a pesar de los monumentales recursos provistos por EE. UU., la mayor contribución realmente la ha hecho el Estado colombiano. La siguiente figura permite entender la proporción de la asistencia extranjera en comparación con la evolución del Gasto en Defensa y Seguridad para dimensionar la magnitud de recursos destinados al sector:

Figura Nº 3. Comparación del GDS y la asistencia militar de EE.UU. (1998-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del Security Assistance Monitor y la base de datos del SIPRI 2019.

Desde el inicio del Plan Colombia, el programa INCLE destinó partidas importantes a la compra de insumos para la erradicación de cultivos declarados ilícitos, tanto voluntaria como forzosa. Vale aclarar que el segundo modo de erradicación puede hacerse manualmente o vía aspersión aérea con glifosato. También es pertinente indicar que el 53 % de los insumos se compran a compañías estadounidenses y, en el caso de las aspersiones, se ha llegado hasta contratar empresas y pilotos extranjeros como en el caso de DynCorp. Más adelante se verá que este no es el único mecanismo mediante el cual la asistencia vuelve en forma de contratos a empresas estadounidenses, mostrando un circuito que nace en las partidas aprobadas por el Congreso de EE. UU., pasa a Colombia y retorna al país de origen como ganancia para las empresas proveedoras del Pentágono.

La asistencia extranjera ha sido un instrumento de intervención para profundizar la dependencia, cuyo objetivo es expandir su sistema económico, político e ideológico. Esta dinámica es complejizada por un mecanismo económico que, amén de la reserva estratégica de recursos naturales que representa el continente en general y Colombia en particular, “también es clave tanto en términos de la realización como de la transferencia de excedentes, dígase por medio de la IED, la transferencia de tecnología y el pago de la deuda”, a lo que se añade el singular “negocio de la seguridad y la ‘guerra’ que normalmente se libra en esos espacios.” (Delgado Ramos & Romano, 2011, p. 91).

b.      La estrategia contrainsurgente

Lo primero que corresponde aclarar es qué se define como contrainsurgencia. Si bien el concepto ha sido empleado por las Fuerzas Militares de modo sistemático desde la década de 1950, éste no se resume a un aspecto meramente armado. Desde el punto de vista doctrinal, la concepción del insurgente contenida en la teoría de la seguridad nacional y la representación estratégica de las amenazas en enemigos internos, ha tenido un sentido tan amplio que involucra a sujetos no armados, es decir, la calificación de insurgencia alcanza a fuerzas sociales que desafían con sus ideas y programa de lucha política al orden dominante. El primer problema de esta interpretación es que asume la noción de enemigo como un antagonismo existencial, es decir, la enemistad se efectúa en el exterminio del otro (Schmitt, 1984, p. 39). El segundo problema deriva en que la guerra contrainsurgente contemporánea “se libra contra un enemigo ‘invisible’” y, en ella, “el enemigo potencial es toda la población civil. Por lo tanto, el universo de sospechosos abarca al conjunto de la población que será pasible, entonces, de maniobras tendientes al control militar de la misma” (Bonavena & Nievas, 2012). Las formas que toma el medio social en que se desarrollan las organizaciones armadas ha llevado a los promotores de la versión actualizada de la Doctrina de la Seguridad Nacional a señalar a la población simpatizante como elementos insurgentes, no sólo extendiendo la definición, sino que han servido de justificación para la ejecución de operaciones que criminalizan a sujetos como campesinos, trabajadores o estudiantes.

La primera fase del Plan Colombia no significó una gran inversión en Ciencia y Tecnología para el SDS, sino para la adquisición, actualización y modernización de capacidades y para la reorganización y adecuación doctrinaria militar. Esto impactó en la incorporación de nuevos sistemas de armas, la construcción de batallones de contraguerrilla, formación y capacitación para nuevas unidades tácticas y todo lo concerniente con la reforma del Sistema de Defensa y Seguridad que más tarde se reflejó en la Doctrina de Acción Integral y la incorporación de los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Los primeros impactos sobre la capacidad militar en la lucha contrainsurgente fueron notorios y divulgados por la prensa nacional. De acuerdo con la revista Semana “El Plan Colombia, la nueva tecnología, la asesoría de los gringos, las siete Brigadas Móviles (cuatro nuevas) y el aumento en el número de soldados profesionales (en los últimos tres años pasaron de 21.000 en 1998 a 55.000 en 2001) han fortalecido la logística y el pie de fuerza de los militares” (Semana, 2002, p. 21). La asesoría estadounidense se enfocó en la búsqueda de superioridad estratégica mediante la reingeniería militar en el ámbito aéreo, logrando revertir graves desequilibrios con que contaba el Estado, para ello dotó a Colombia de 4 aviones de transporte C-130 Hercules, 20 helicópteros de combate Black Hawk, 50 helicópteros multimisión UH-II Huey II, 7 Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), entre otros (Departamento Nacional de Planeación, 2016, p. 3). La nueva situación operó como telón de fondo de la ruptura de las negociaciones de paz con las FARC y tras la suspensión definitiva de la “zona de distensión”, se habilitó el discurso mediático de la “Guerra Total” como una posibilidad para acabar con la insurgencia, política que continuaría el siguiente gobierno con Uribe al mando.

Como ha afirmado con atino Vilma Franco Restrepo, la intervención extranjera y las políticas gubernamentales han propiciado la configuración de un orden contrainsurgente para favorecer al capital (Franco Restrepo, 2009). Sin duda que uno de los acontecimientos que agudizó la intervención contrainsurgente fue el 11 de septiembre de 2001, que entre otras fue utilizado por el gobierno de George W. Bush para reactivar su misión de “policía internacional”, esta vez, desplegando sus tentáculos alrededor del planeta para “combatir al terrorismo”.

Aunque ya se ha dicho, “el resultado ‘oficial’ más significativo de los trágicos sucesos del 11 de septiembre fue que despejaron el camino de Washington para que se encargara de las guerrillas”, una nueva representación de la amenaza según la cual “ya no eran consideradas fuerzas insurgentes sino movimientos terroristas financiados por el tráfico de drogas” (Pizarro & Gaitán, 2010, p. 148). En concordancia con esto, la embajadora de EE. UU. en Colombia, Anne Patterson, afirmó en diciembre de 2001 que tildar a la guerrilla y los paramilitares como terroristas tenía por objeto justificar la existencia del Plan Colombia y fortalecer la asistencia militar (Semana, 2001, p. 41).

Todo esto quedó condensado en la National Security Strategy publicada en 2002 por la administración Bush, que además de justificar la “guerra preventiva” contra el terrorismo, incluyó una caracterización de Colombia que sustentaba el giro respecto a la asistencia militar en este país. El documento reconoce “el vínculo entre grupos terroristas y extremistas que desafían la seguridad del Estado y las actividades de tráfico de drogas que ayudan a financiar las operaciones de tales grupos”, y asume “ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados ilegales” (The White House, 2002, p. 10).

La evolución de este planteamiento se reflejó en la Doctrina de Acción Integral presentada por el Gral. Mario Montoya siendo Comandante del Ejército Nacional en 2007. A pesar de que la conceptualización se basaba en la clásica formulación de Karl Von Clausewitz sobre la integración del tridente Estado, Ejército y Pueblo, se concentraba en la actitud ofensiva de las Fuerzas Militares cuyo objetivo final era “DERROTAR MILITARMENTE LA AMENAZA” (Montoya Uribe, 2007, p. 20; las mayúsculas son del original), y mucho menos en la integración social mediante la presencia institucional no militarizada. Por otra parte, se soportaba en el Plan Lazo, primer proyecto “autóctono” de contrainsurgencia basado en la sistematización de la experiencia en la Guerra de Corea hecha por el General Alberto Ruiz Novia en 1964, así como en el US Army Field Manual 3-24, conocido como Manual de Campo de Contrainsurgencia actualizado para las operaciones en Afganistán e Irak.

El empleo unificado de la calificación de narcotraficantes y terroristas hacia las organizaciones insurgentes, derivó en la criminalización generalizada de los movimientos sociales que apoyaban la solución política negociada del conflicto a través de un acuerdo de paz. Del mismo modo, aquellas organizaciones opositoras a la política militarista del gobierno y acogidas dentro de los programas históricos de la izquierda, eran asociadas como “brazo político” o socios de las guerrillas, por lo cual padecieron una feroz criminalización en el marco de la Doctrina de Acción Integral. Estos hechos han sido denunciados incluso por organismos estadounidenses y contenidos en reportes de balance del mismo Plan Colombia como efectos lesivos de la política contrainsurgente por violar los derechos humanos.

c.      La mercantilización de la guerra

En el célebre capítulo XXIV de El Capital, Karl Marx afirma acertadamente que la violencia es una potencia económica (Marx, 2008, p. 940). La densidad de esta frase refiere al ejercicio del poder y la dominación que entraña el capital y su propia naturaleza despojadora que hace a sus ciclos recurrentes de acumulación, tesis desarrollada por Rosa Luxemburg en La acumulación del capital y recuperada hace un par de décadas por David Harvey bajo el concepto de acumulación por desposesión (2004). Las guerras contemporáneas siguen cumpliendo ese objetivo: garantizar el proceso de acumulación de capital.

Mientras los EE. UU. han establecido un régimen económico de guerra permanente apalancado por el Complejo Militar-Industrial, en las periferias han alimentado conflictos para generar demanda a las corporaciones satélites del Pentágono, a la vez que garantizan el acceso a fuentes de riqueza y abren las puertas para el mercado de sus productos (Barnet, 1976; Cox, 2014; Magdoff, 1969; Melman, 1972). Por ello cobra suma relevancia que, concomitantemente al Plan Colombia y luego a la GWOT, el imperialismo estadounidense trazara como derrotero la expansión del neoliberalismo en una fase de globalización avanzada y la conformación de un Área de Libre Comercio para las Américas.

La economía política de la guerra ha adquirido una estructura multiforme y una extensión espacial transnacional. Aunque el epicentro convencionalmente se ubica en esa amalgama entre gobierno-sector privado del Pentágono y el Complejo Militar-Industrial, la militarización de la política exterior estadounidense ha contribuido a la proliferación de conflictos que demandan provisión de medios e insumos, mantenimiento, capacitación y adiestramiento de tropas, entre otros, que han creado nodos periféricos de esa dinámica²². Algunos de estos se han convertido, como en el caso de Colombia, en un Complejo Militar-Industrial Periférico con capacidad de atender de modo tercerizado la provisión de bienes y servicios del SDS en la región (Arias Barona, 2025, p. 13). Este es uno de los componentes menos expuestos de la dinámica del Plan Colombia que llevó a desarrollar nuevas industrias militares como la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) en el año 2000 o la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC) en 2012. La fase de “nacionalización” del Plan Colombia incluyó la reorganización de las 18 entidades entre las que hay industrias, empresas comerciales, logísticas, turísticas y de servicios sociales en un Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) que cuenta con un viceministerio exclusivo dentro del Ministerio de Defensa y administra un presupuesto de 1% del PBI.

Pero el mercado de la guerra no ha sido una prerrogativa exclusiva del Estado. Los primeros años del Plan Colombia tuvieron como característica el arribo de múltiples Empresas Transnacionales Militares estadounidenses (Cruz Cruz, 2008) y agencias gubernamentales que bajo el eufemismo de “contratistas” desarrollaban misiones de erradicación, entrenamiento e interdicción, aunque también cumplían tareas de transporte aéreo y logística, búsqueda y rescate,  vigilancia, control, comunicaciones y reconocimiento de terreno, entrenamiento, evacuación médica y mantenimiento de aeronaves (Bigwood, 2001). Estos servicios eran prestados fundamentalmente por DynCorp y Northrop Grumman, aunque con el tiempo fueron estableciendo filiales con asociación de empresarios locales.

Las empresas de seguridad privada han conseguido asentarse en este mismo contexto absorbiendo la fuerza de trabajo formada por su experiencia en la guerra. Para 2022 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reportaba que las empresas del sector representaban 1,2 % del PBI y contabilizaba más de 390 mil empleados formales (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2022); aunque por los niveles de informalidad del país que rondan el 55 %, se estima que puedan ser muchos más. Por otra parte, existe una alta concentración de las ganancias: el 18 % del total de estas empresas acapara el 79 % de los ingresos totales (Portafolio, 2023). Además, empresas extranjeras como Fortox, G4S, Prosegur y Securitas concentran casi el 8 % de los ingresos totales.

El mercado de la Seguridad y la Defensa está motorizado por la acumulación de capital más que por las amenazas reales a las sociedades y Estados. Esta lógica se inscribe en la dinámica propia del imperialismo en cuanto recurre en dos sentidos al robustecimiento del aparato militar: para someter a otros Estados en la competencia por la hegemonía global y para aplacar las resistencias internas al avance del capital.

10 impactos de la intervención estadounidense en Colombia

Estados Unidos ha interferido en el desarrollo de un proyecto independiente latinoamericano y caribeño desde hace dos siglos con la implementación de la Doctrina Monroe, que en Colombia ha tenido una continuidad con momentos de agudización. La élite del poder ha compatibilizado sus intereses con los del gobierno-sector privado estadounidense para sostener la dependencia, como lo confirman las posturas de política exterior de inicios del siglo XX como la respice polum (1918-1921) o el “elogio estadounidense” (1938-1942) que forjaron lo que ha sido una tradición.

Impacto 1: la asistencia extranjera de EE. UU. es un instrumento imperialista para favorecer su proceso de acumulación capitalista mediante un mecanismo de transferencia de recursos del Estado estadounidense, usando como puente los conflictos militarizados de las periferias, y que concluye en las principales compañías contratistas del Pentágono, es decir, del Complejo Militar-Industrial.

Impacto 2: la formación de militares y policías en y por EE. UU. ha ejercido un rol estandarizador y homogeneizador, que mientras adiestra a las fuerzas en el empleo de las armas y las tácticas de combate, a la vez las encuadra ideológicamente alentando su simpatía por la nación dominante. De este modo se reproduce en las filas la admiración por el modelo estadounidense y se instruye como modelo ideal la concepción contrainsurgente.

Impacto 3: la intervención estadounidense en Colombia con el pretexto de la GCD también ha sido un laboratorio de aprendizaje para sus fuerzas militares y sus agencias de inteligencia. Las resistencias y dificultades sorteadas, han puesto a prueba y han demandado ajustes de la doctrina contrainsurgente.

Impacto 4: con el Plan Colombia, EE. UU. condujo el proceso de creación de industrias del SDS, así como su organización centralizada en el GSED. Sin la intervención estadounidense no existiría en Colombia un Complejo Militar-Industrial Periférico capaz de adquirir insumos extranjeros y proveer a las fuerzas propias como a terceros en la región mediante un encadenamiento productivo.

Impacto 5: Colombia se posicionó como proveedor subregional de bienes y servicios de Defensa y Seguridad en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay; una capacidad que implica la tercerización de la asistencia extranjera estadounidense en la región.

Impacto 6: a pesar de representar la mayor asistencia militar en la historia del hemisferio occidental, el Plan Colombia permitió a EE. UU. generar las condiciones para la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos Estados. Esta meta premeditada por la conducción política del hegemón norteamericano dejó dos fenómenos observables, el primero, es que desde 2010 implementó una disminución drástica de la asistencia en seguridad que se acompañó de una mayor Inversión Extranjera Directa, mientras el segundo, muestra que con el TLC se revirtió la balanza comercial colombo-estadounidense pasando a un déficit por incremento de las importaciones desde la nación periférica, como se constata en el siguiente gráfico.

Figura N° 7. Importaciones / Asistencia Extranjera entre Colombia y Estados Unidos 

Fuente: elaboración propia con datos del Security Assistance Monitor y el DANE.

Impacto 7: uno de los aspectos de mayor relevancia ha sido, más que la preservación, el endurecimiento de las prerrogativas que habilitan la participación de las Fuerzas Militares y de Policía en la toma de decisiones, aunque se presenten como simples subordinados a la conducción civil. El diseño y ejecución de la política de Defensa y Seguridad, así como la gestión de recursos de las empresas del GSED y su articulación con la red proveedores privados, verifican un poder propio y un grado de autonomía incrementado con el Plan Colombia.

Impacto 8: si bien los objetivos de la Doctrina de Acción Integral no se alcanzaron (derrota militar de la amenaza), el giro estratégico de las élites del poder que posibilitó el proceso de paz entre 2010 y 2016, decantó en el desarme material de la guerrilla más poderosa del hemisferio y la principal amenaza al Estado colombiano. En ese sentido, la contrainsurgencia logró contrarrestar la ofensiva ideológica de las organizaciones rebeldes (armadas o no). Por ello es preciso entender la intervención estadounidense también como una disputa político-ideológica contra los proyectos de revolución social e ideología radical.

Impacto 9: con el nuevo escenario estratégico se inició un proceso de transformación y modernización doctrinaria que redujera la predominancia de la contrainsurgencia para conformar una “fuerza multimisión”. Con este horizonte se buscó la incorporación de Colombia a la OTAN, alcanzando el estatus de Global Partner (Socio Global) en 2017 y de Major Non-NATO Ally (Aliado Principal Extra OTAN) en 2022. Ambas categorías no sólo posibilitan acceder a ejercicios combinados, intercambio de información y transferencia de material, sino que implican una participación en situaciones de conflicto bélico regional como el alojamiento de armamento estratégico (nuclear) y envío de tropas en una confrontación; dinámicas que amenazan la paz del vecindario  y conspiran contra la confianza en la construcción de una integración regional.

Impacto 10: el efecto más lesivo del Plan Colombia ha sido la violación sistemática de los derechos humanos y la ejecución de crímenes de Estado. El asesinato, la persecusión política, la desaparición, el desplazamiento forzado y la apropiación de tierras, entre otras, han sido la contracara del éxito de la intervención imperialista en Colombia. Por ello, es necesario dedicar un apartado específico para mostrar su pernicioso efecto y los mecanismos perversos contra la población.

Los falsos positivos, la perversidad de los indicadores de éxito

Los falsos positivos se encuentran entre las consecuencias de la “Guerra contra las Drogas” en la población civil rural y urbana. Ante la imposibilidad de las Fuerzas Armadas del Estado de presentar bajas de la guerrilla comunista de las FARC-EP, optaron enmascarar sus aciertos asesinando jóvenes de poblaciones empobrecidas del país. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, más de 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por agentes del Estado como si hubiesen sido integrantes de la organización revolucionaria (Jurisdicción Especial para la Paz, 2021). Se trata de una verdad aún por reconocer plenamente de parte de las Fuerzas Militares y otros componentes del Estado colombiano y de EE. UU., siendo este un paso esperado para su no repetición. Esta falsedad sobre el éxito y los logros de la política, además, fue producto de la incapacidad interna de resolver la situación militar a finales de la década de los 90: sin la intervención imperialista, el conflicto social y armado habría tomado otro curso. Así, los falsos positivos muestran que el problema público del Plan Colombia fue la situación militar en la guerra interna.

En la evaluación de esta política pública se puede sostener que los falsos positivos son los falsos indicadores de un éxito inexistente pero sobreexplotado en la propaganda de Estado, creando la idea de una victoria militar cercana. El afán de resultados por parte del gobierno colombiano y de EE. UU. exigió a sus combatientes resultados en el número de muertes (reminiscencia del body count aplicado en Vietnam). Al no lograrlos, informaron con indicadores falsos a través de los falsos positivos, en un claro ejemplo de la captura criminal del Estado a través de la corrupción, con impresionantes costos humanos. Miles de personas fueron asesinadas con el propósito de elevar los logros y justificar el presupuesto utilizado en el pago de recompensas, vacaciones, ascensos, contratos, pagos de logística, informantes y otros productos de inteligencia local, aunque sean mínimos incentivos comparados con el botín de más arriba, pues esos logros, además de la asistencia extranjera, respaldaron el endeudamiento externo en miles de millones de dólares para la guerra.

Sobre las contradicciones de esta realidad, Juan Manuel Santos presentó su versión ante la Comisión de la Verdad y dijo que, mientras fue Ministro de Defensa, “se dieron en paralelo dos fenómenos absolutamente contradictorios: una notable mejoría del comportamiento de nuestras tropas en el terreno y una tendencia opuesta, asociada marcadamente a ciertas unidades y ciertas regiones, a cometer homicidios a persona protegida” (Comisión de la Verdad, 2021). Esa mejoría era falsa, pues falsos eran los hechos, las evidencias y los indicadores: los homicidios son la verificación dramática de ese engaño. Santos no asoció esto en su versión, conociendo que los matices regionales le tributaron a instancias nacionales como el Ministerio del cual fue jefe.

Los principales conductores del Estado, han intentado evadir la responsabilidad con la victimización masiva. Los falsos positivos son por supuesto un problema de represión política, pero también de corrupción de los principios del Estado de derecho; esto indica el carácter criminal del Estado al violar él mismo la obligación de proteger la vida. Al cuantificar los integrantes del Ejército involucrados en estos asesinatos, el dato no da lugar al negacionismo: cerca de 3.000 se han acogido a la JEP y otros 10.000 están involucrados²³. Dada la sistematicidad y el número de casos resulta imposible que los responsables de la política de Defensa y Seguridad no conocieran lo que estaba sucediendo. Destacados personajes sacaron renta mediática del accionar criminal de sus subalternos, a los cuales llamaron héroes, pero luego, en la misión de evadir responsabilidades, culparon a sus subordinados por pertenecer a los estratos bajos, como ratificó el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso del General retirado Mario Montoya, ex comandante del Ejército (France 24, 2023).

Fue tal la sistematicidad que la práctica de los “falsos positivos” se instaló en la cultura organizacional y por esa razón hoy los suboficiales y soldados se extrañan de ser investigados y acusados por hechos en los cuales fueron condecorados como héroes, mientras quienes ascendieron a rangos de oficiales ―reconociéndoles esos positivos― hoy les den las espaldas en su defensa.

Pasaron más de quince años para que un oficial retirado del Ejército de rango de Mayor General, Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI, reconociera ante la Jurisdicción Especial para la Paz su máxima responsabilidad en los casos de falsos positivos. El Gral. Torres reconoció “los cargos de autor mediato de crímenes de lesa humanidad, de asesinato y de desaparición forzada de personas” (Jurisdicción Especial para la Paz, 2022b) y dijo a la víctimas: “Asumo la responsabilidad por todos los señalamientos que me han hecho, por estos delitos que fueron cometidos bajo mi mando por mi exigencia. Mi reconocimiento se fundamenta por las presiones permanentes que realizaba, que las presiones venían desde arriba” (es decir, de oficiales de mayor rango que aún no rinden su versión en el Sistema de Verdad). La JEP registró  solo en el caso del General Torres que:

303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar. Los pobladores fueron estigmatizados y algunas familias padecieron con intensidad este fenómeno. Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el ‘kit de legalización’. Más de 140 millones de pesos, provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados (…) (Jurisdicción Especial para la Paz, 2022a).

Aunque la política oficial de las Fuerzas Militares ha sido el negacionismo de la victimización masiva del Plan Colombia y la GCD, producto del Acuerdo de Paz de 2016 y en el marco del gobierno progresista de Gustavo Petro se han dado acontecimientos en dirección opuesta. El entonces Ministro de Defensa Iván Velázquez reconoció en público lo siguiente: “en nombre del Estado, en nombre del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, del Ejército Nacional, pido perdón por estos crímenes que en realidad nos avergüenzan y reconocemos la responsabilidad de Estado en su ejecución” (Ministerio de Defensa Nacional, 2024). También le dijo a los familiares de 8 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que “recuerda a las más de 6.402 familias que han luchado por la verdad durante este tiempo (…)”. Sin embargo, ello no ha revertido la postura oficial de la fuerza pública, mostrando una vez más sus prerrogativas y autonomía real.

Los responsables políticos del periodo de ejecución de los falsos positivos coinciden en reducir esta práctica a hechos aislados u operaciones individuales de “manzanas podridas”. La Fiscalía, institución fortalecida con la estrategia del Plan Colombia y de la GCD, ha tratado en los últimos años de reivindicar algunas condenas contra los suboficiales y soldados, pero reserva sus manifestaciones cuando se trata de altos rangos. Por otra parte, la Justicia Penal Militar ha sido garante de impunidad, pues no investigó las muertes desde 2002. A partir de ahí se creó un ambiente en el cual los involucrados nunca tuvieron una autoridad que les frenara. Sin embargo, de acuerdo con el magistrado de la JEP Eduardo Cifuentes, en el Ejército se presentó un patrón criminal con las ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, Omar Rojas, oficial retirado de la Policía, sostiene que “en las 180 unidades militares que están distribuidas por todo el país se sentaban personas con uniforme para determinar dónde iban a simular un combate, de dónde iban a sacar muchachos para asesinarlos, quién ejecutaría el crimen y de dónde iba a salir el presupuesto para la compra de armas, municiones, panfletos y computadores. Todo eso para venderle a la sociedad colombiana la idea de que esos jóvenes se habían enfrentado a nuestras Fuerzas Militares y que cayeron en combate (…)”. Sobre la cifra de 6402 homicidios, Rojas dice que “para el año 2012 la Fiscalía General de la Nación estaba investigando cerca de cuatro mil setecientos casos; los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos hablan de cinco mil setecientos; otras ONG encontraron seis mil doscientos, pero, de acuerdo a nuestra investigación, tan solo durante ese período, la cifra superó los diez mil casos” (Tavera, 2018).

Con el caso de los falsos positivos se ratifican las consecuencias de militarizar un problema social y se comprueba que el fundamento del pacto aglutinador de las clases dominantes en Colombia ha sido el consenso anticomunista (Arias Barona, 2025, p. 211). Por esto los militares han manifestado (mediante “ruidos de sable”) su malestar con los mandatarios que han quebrado dicho consenso en las coyunturas de diálogo con las insurgencias, o de apertura democrática con participación popular como ha ocurrido con Gustavo Petro. Si bien a este último la cúpula militar no le ha manifestado su abierto descontento, ha debido equilibrar su discurso con abstenerse a “invadir”  su campo de acción, o padecer el “dejar hacer” de la parálisis militar en los territorios.

Así las cosas, los contribuyentes de EE. UU. terminaron financiando el asesinato de jóvenes colombianos presentados como positivos en bajas guerrilleras, bajas que fueron sistematizadas en términos de indicadores de éxito en la lucha anticomunista y contrainsurgente. Claro que, desde  la perspectiva de la acumulación por despojo, el saqueo a sangre y fuego, fue exitoso.

El neoliberalismo de guerra y los desafíos para las alternativas populares en la región frente al problema de las drogas y el narcotráfico

La narrativa “contra la droga” de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe: neoliberalismo de guerra o “narcoestados”

La llegada del siglo XXI estuvo signada por las consecuencias catastróficas del desembarco del modelo neoliberal en la mayoría de los países del continente latinoamericano y caribeño. No aportamos novedades si recordamos que durante la década de 1990, y como hemos expuesto en artículos del presente cuaderno, la concentración de la riqueza, la profundización de la pobreza y pauperización de las condiciones de vida en América Latina y el Caribe alcanzaron niveles inusitados y con ello, una creciente movilización social de sectores sociales organizados que no sólo impulsaron procesos políticos por la defensa de su derecho a la vida y la exigencia de resolución de problemas como el hambre y la pobreza, sino que también impugnaron al modelo neoliberal por su imposibilidad de solucionar los enormes problemas sociales que había acarreado su implementación durante más de una década en la región. (Pinzón Capote, 2021).

En ese contexto, y con el triunfo de diversos gobiernos de corte popular, vinculados en su mayoría con expresiones de movilizaciones callejeras producto del descontento social antineoliberal —destacan en ellos la llegada de Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y por supuesto el paradigmático triunfo de Hugo Chávez en 1998, heredero de la enorme movilización del Caracazo casi 10 años antes de su victoria electoral—. Este fenómeno evidenció el fracaso neoliberal se enfrentó con una serie de medidas concretas que estos nuevos gobiernos llevaban adelante en los diferentes países que iban orientadas a superar las consecuencias del modelo neoliberal.

Por su parte, los procesos progresistas y, en particular el parteaguas de la derrota del ALCA en Mar del Plata en 2005, fueron escenarios de claras propuestas no solo antineoliberales sino también antiimperialistas, marcando la responsabilidad de Estados Unidos en la situación política del continente. Situación dada no solo por su influjo en términos comerciales y económicos —como muchos podían pensar eran las áreas restringidas dentro del ALCA— sino en términos sociales e históricos, producto del protagonismo de la política exterior de Estados Unidos en la financiación, patrocinio e incentivo de diversos escenarios de violencia política en el continente. Entre ellas diversas excusas de intervención de naturaleza imperialista como la “Guerra contra las Drogas”.

Por supuesto, las experiencias de gobiernos de corte popular no triunfaron en toda la región, y convivieron durante la primera década del siglo XXI con países donde el modelo neoliberal no sólo continuó, sino encontró nuevos mecanismos de fortalecimiento. En algunos países como en Colombia, estos mecanismos se entremezclaban con la realidad conflictiva preexistente,  dando lugar a lo que Pablo González Casanova ha denominado como “neoliberalismo de guerra” dentro del cual el desarrollo de la denominada “Guerra contra las Drogas” era condición necesaria para su existencia. Así, para González Casanova (2002):

El neoliberalismo de guerra enfrenta una crisis de credibilidad, de gobernabilidad y de sobreproducción con una política de guerra e intimidación que le permite reformular las presiones de los peores momentos de la guerra fría, sólo que acusando ahora de “terroristas” a quienes antes acusaba de “comunistas”. Asimismo, “ permite al capital corporativo y sus gobiernos reforzar la jerarquía mundial de poder y reforzar los alineamientos, sometimientos y arbitrariedades de las fuerzas neoconservadoras que abandonan la política de disuasión y pasan a la de agresión, expansión e integración por todos los medios propagandísticos y publicitarios disponibles y por todos los medios de destrucción de baja y alta intensidad, convencionales y no convencionales.

Con el nuevo y difuso enemigo del “narcotráfico” y posteriormente el “terrorismo” después del 11S como justificativos para la guerra total, EE.UU. encontró la excusa perfecta para permanecer en los países donde ya se encontraba, y ampliar su presencia en diversos territorios aún no explorados, para garantizar objetivos políticos de naturaleza contrainsurgente. De esa forma entonces, desarrolló de forma paralela una doble política que perseguía profundizar la presencia neoliberal a través del financiamiento del aparato de guerra en aquellos países que tenían fuerte presencia del narcotráfico pero que eran aliados geopolíticos (México, Colombia), con el modelo de neoliberalismo de guerra que mencionamos anteriormente. Dicho modelo se tradujo en la securitización de las agendas locales en dichos países, justificando acciones autoritarias y punitivas en tanto se enfrentaba un contexto de creciente violencia, frente al cual parecían entonces necesarias dichas medidas. Este “neoliberalismo de guerra” promovió un proceso simultáneo de represión y profundización de la violencia social imponiendo el patrón de la guerra como ordenador de las relaciones sociales y se nutrió particularmente de la llamada “Guerra contra las Drogas”.

Por otra parte, la existencia de gobiernos populares o progresistas, en especial de aquellos que adoptaron un corte antiimperialista, se convirtió en un problema para la estrategia de fortalecimiento de la hegemonía estadounidense en la región. En ese caso, también con la mixtura de la narrativa de la “Guerra contra las Drogas”, de modo similar a la planteada guerra contra el terrorismo, se construyó un nuevo enemigo con la categoría de “narcoestados”, refiriéndose sin rigurosidad o definición concreta específica, a aquellos países donde las estructuras e instituciones políticas están supuestamente influenciadas y dirigidas por estructuras natrotraficantes,  dentro de los cuales se incluyó a Venezuela y  Nicaragua; países que —paradójicamente— nunca habían estado en las principales rutas de producción de materia prima o de narcotráfico.

La muestra más clara de esta acusación vinculada con el “narcotráfico” fue el pedido de recompensa en 2020 por parte de William Barr, fiscal general de Estados Unidos, por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como otros altos dirigentes del país, por los supuestos delitos de “conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y tenencia de armas y otros artefactos destructivos”, siguiendo la narrativa de “narcoestado” instalada por la misma DEA, como se evidencia en las declaraciones del ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA Mike Vigil, quien afirmó en entrevistas en 2019 que  “Venezuela era un “narcoestado” hace varios años, pero se ha vuelto más oscuro y ominoso”, sin ningún tipo de referencia correspondiente con los mismos reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del mismo año.

Aquí es importante recordar la publicación anual que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos del informe denominado “Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes (INCSR) (2025)”, donde compila las “acciones” de alrededor de 60 países del mundo en la “lucha contra la droga”, y otorga la certificación a los países que cooperan o no con la “lucha contra el narcotráfico”. Que un país no tenga esta certificación, implica una serie de sanciones y restricciones —ya conocidas en nuestra región como las Medidas Coercitivas Unilaterales en el caso de Venezuela. En el último informe publicado en marzo de 2025, se refuerza la narrativa de “narcoestados” en particular en relación a Venezuela y Bolivia.

En realidad ―a pesar de, o producto de― las principales rutas de narcotráfico en la región están protagonizadas por países con histórica presencia de los EE.UU. en el marco de la misma “guerra contra las drogas”: resalta el caso de Colombia, por supuesto, cuyas rutas pasan a) desde el nororiente del país ―en particular la región del Catatumbo, como vimos en el cuaderno 1― atraviesan el Caribe con destino a Haití y finalmente los Estados Unidos, o b) desde el occidente del país por el océano pacífico hacia América Central, ruta compartida con el narcotráfico en Perú y Ecuador. El otro circuito, principalmente orientado hacia Europa, sale por el sur del continente en las fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil.

El sistema financiero internacional y su naturaleza de promoción y habilitación de la economía del narcotráfico

Pese a su naturaleza ilegal, el negocio del narcotráfico no sólo convive sino es promovido y habilitado por el modelo neoliberal y su naturaleza de acumulación de ganancias, sea o no de una empresa criminal transnacional como es el caso. Son precisamente los procesos de la liberalización de la economía propios de este modelo los que promueven, con el fin de lucro sin límite, todo tipo de economías ilegales que permitan el lavado de grandes cantidades de dinero, como es el caso de las enormes ganancias que mueve el negocio del narcotráfico, que son centrales para el funcionamiento del aparato financiero y bancario en varios casos.

A pesar de ser discursivamente rechazado, el tráfico de drogas, sus ganancias exorbitantes y su naturaleza criminal conviven en los mismos salones en los que ministros y secretarios definen la política de lucha contra las drogas en nuestro continente y en el sur global.

Para Marcos Kaplan, el narcotráfico

se vuelve ante todo el núcleo duro y el eje estructurante de una economía criminal, que coexiste y se entrelaza con la economía formal o legal, y con la economía informal pero no ilícita, sin que entre ellas existan separaciones completas, y si en cambio interrelaciones, límites borrosos y zonas grises. La narcoeconomía abarca e integra dimensiones que se acumulan y refuerzan mutuamente, y cuenta sobre todo en EE.UU. y otros países con un consumo y demanda que generan y aseguran una enorme rentabilidad y una altísima tasa de acumulación de capitales.

En ese sentido, para Kaplan, “las enormes ganancias en efectivo, la masa de dólares, su concentración en un pequeño número de dirigentes en países con crisis económicas, el estancamiento y regresión del crecimiento, la inflación, al devaluación, la deuda externa, permiten a los narcotraficantes comprar todo a precios favorables, gozar de un enorme margen de maniobra para presionar y controlar” cómo podríamos ver en países como los mencionados anteriormente.

El narcotráfico ha logrado constituirse como empresa nacional/transnacional que corresponde con la lógica financiera de cualquier actividad económica capitalista, enfocada en reducir riesgos y maximizar beneficios “que son finalmente percibidos y retenidos en los EE. UU. y otros países de alto consumo: son lavados, depositados en bancos o canalizados hacia inversiones y propiedades en aquellos paraísos bancarios o fiscales de terceros países” (Kaplan, 1996).

Sobre esta última afirmación, vale la pena recuperar información conocida gracias a la filtración de documentos en 2020 de la FinCEN (la Oficina de Control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., por sus siglas en inglés) cuyos principales hallazgos se basan en la revisión de más de 200.000 transacciones que rondan los USD 2 billones de dólares estadounidenses, que permitieron evidenciar cómo los bancos implicados en los documentos habrían facilitado el lavado de dinero de clientes vinculados a la mafia, el narcotráfico y otras actividades ilegales, realizando transferencias por cifras exorbitantes de dólares. Dentro de las entidades financieras se encuentran bancos como el Deutsche Bank, The Bank of New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Bank of America, entre otros.

En los documentos filtrados se confirma la naturaleza de connivencia del capital financiero representado en bancos e instituciones financieras globales con el flujo de dineros provenientes del narcotráfico y la vinculación intrínseca que tiene esta empresa trasnacional con el mercado financiero internacional. En palabras de Kaplan, “el narcotráfico se inserta así en una economía mundial globalizada, parte de sus bases y dentro de sus marcos, aprovecha sus posibilidades y recursos. Obtiene de ella las condiciones de su rentabilidad y acumulación”.

Una propuesta piloto frente a los desafíos actuales de los gobiernos de corte progresista/popular respecto al narcotráfico

A pesar de los intentos de impulsar diferentes políticas de atención al paradigma del tratamiento del problema de las drogas y el narcotráfico en sus distintas fases ―producción, distribución, comercialización y consumo―, los gobiernos progresistas de la región no desarrollaron grandes transformaciones que cambiaran de forma radical la permanencia y fortalecimiento de la empresa criminal del narcotráfico y su implicancia en los países de la región.

El fenómeno, como hemos desarrollado en estos Cuadernos, es profundamente complejo y tiene numerosas aristas de tratamiento. Sin embargo, todas han apelado, en general, ya sea a la criminalización o al acompañamiento de las y los consumidores finales con políticas públicas específicas. Pero no ha habido una construcción real, y sobretodo regional, que despliegue una política orientada a afrontar las causas estructurales del narcotráfico y su vinculación con el sistema financiero internacional y con las clases dominantes de los países de la región, una ausencia que se agiganta ante la ineficacia de las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito, como desarrollamos en el Cuaderno 1.

A este contexto de no resolución se sumaron, a partir de 2015, el retorno de gobiernos de corte neoliberal-conservador y de extremas derechas, para quienes el paradigma de tratamiento del problema de las drogas y el narcotráfico no sólo prolonga e intensifica la política de “guerra” contra las drogas, sino desarrolla una agenda de criminalización y securitización como vimos anteriormente, justificando con ella ejercicios autoritarios que finalmente terminan reprimiendo los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, y favoreciendo los grandes movimientos de dinero de empresarios y narcotraficantes, como pudimos ver en el caso de Ecuador en el capítulo 3 del presente cuaderno.

Es en ese marco, entonces, donde se presenta con urgencia la construcción de nuevas perspectivas de abordaje del problema de las drogas y el narcotráfico por fuera del paradigma de esta “Guerra contra las Drogas” que resulta en los hechos una guerra contra los pueblos. Como vimos en el Cuaderno 1, dicho paradigma no sólo ha demostrado que el supuesto objetivo de su creación ha sido un fracaso ―en la última década la producción de Bolivia, Perú y Colombia se ha duplicado y los carteles multiplicado― sino que ha garantizado la permanencia de la presencia de los Estados Unidos en los territorios de la región.

A la hora de pensar en un cambio de paradigma del tratamiento del problema del narcotráfico, el caso de Colombia se convierte en paradigmático, precisamente por su lugar en la implementación de la política de “Guerra contra las Drogas” por parte de Estados Unidos, los saldos en materia humanitaria, social y económica que esto ha implicado para el país, así como su historia y presente marcado por el problema de las drogas. Con ese recorrido, y en especial a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, en especial en el punto 4 Sobre la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, a partir de su su llegada al gobierno, el presidente Gustavo Petro ha impulsado iniciativas en el contexto nacional, y regional, para llevar adelante este necesario cambio de paradigma.

Como desarrollamos en el artículo de lanzamiento del proyecto Adictos al Imperialismo, después de las más de cinco décadas que la política de “Guerra contra las Drogas” lleva sobre nuestro continente, no sólo ha sido un rotundo fracaso en la reducción de la producción y el consumo, sino que sus orientaciones y financiaciones han convertido a nuestros territorios en verdaderos valles de guerra y muerte. Así lo señaló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Conferencia sobre Drogas en América Latina y el Caribe citada en septiembre de 2023 junto al presidente López Obrador de México, donde además planteó que esta política “ha significado una experiencia sanguinaria y feroz […] donde las sociedades latinoamericanas y caribeñas somos las mayores víctimas, y no los victimarios”.

La política de “Guerra contra las Drogas” en América Latina y el Caribe, en palabras de Petro, ha ocasionado un “genocidio en nuestros países”. Este se ha llevado a cabo con la militarización y financiamiento de aparatos bélicos que han causado dramáticas violaciones a los derechos humanos, incrementado la violencia social, así como generado desplazamientos y migraciones forzadas. También, ha generado estigmatización y endurecimiento de penas contra quienes consumen, especialmente en las ciudades, y ha tenido efectos perniciosos en las tierras, las economías y las vidas de las comunidades campesinas por la implementación de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Mientras todo esto ocurre, la estructura económica criminal que sustenta las redes de narcotráfico y que garantiza sus extraordinarias ganancias, así como sus vínculos en el circuito financiero que permite realizar transacciones para el lavado de dinero, se encuentra intacta.

En ese marco, el gobierno de Colombia desarrolló la propuesta de nueva Política Nacional de Drogas 2023-2033 titulada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, que parte del diagnóstico de las consecuencias del paradigma hasta entonces vigente en el país vinculado con los lineamientos de política de “guerra” contra las drogas, que ha implicado “una inversión aproximada de 3.8 billones de pesos por año, con un consolidado de 76 billones en 20 años” lo que se traduce en “un esfuerzo inmenso desde lo económico sin contar con el costo pagado en vidas perdidas, violencias varias y el impacto ambiental”. Según el informe del Observatorio de Drogas de Colombia, “en 2022 Colombia alcanzó las 230.000 ha de coca, y una producción potencial de 1738 toneladas métricas de cocaína. Asimismo, en 2019 los recursos generados por el narcotráfico alcanzaron los 31 mil millones de pesos, cerca del 2,9% del PIB (UNODC-SIMCI7, 2023).

En su definición, el nuevo paradigma está centrado en “la vida y el medioambiente, priorizando la salud y bienestar”, buscando que los esfuerzos y recursos del Estado atiendan las causas estructurales del narcotráfico y no solo sus manifestaciones. En ese marco, “se busca trabajar con un principio de responsabilidad compartida entre todos los países que deben abordar el fenómeno de manera conjunta, evitando que los costos recaigan en los países productores y países de tránsito”.

La nueva Política Nacional de Drogas 2022-2033 tiene dos pilares principales denominados como a) Oxígeno, para los territorios, enfocándose en la necesidad de transformar la economía de las regiones afectadas, y b) Asfixia, para las estructuras criminales, y fue elaborada junto a las comunidades en los territorios afectados por el narcotráfico en 27 foros territoriales, 150 municipios con más de 7 mil personas. Con este esquema se busca la reducción de 90 mil ha de coca para el 2026, que significa una disminución del 43 % de la producción de coca, que implicaría entre 55 y 86 billones de dólares en pérdidas para las finanzas ilícitas, permitiendo que casi 50 mil de las 115 mil familias que hoy dependen de la coca como medio de sustento puedan transitar a otras actividades económicas. A nivel regional, se busca impulsar una estrategia internacional con la promoción de una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos.

El cambio de paradigma parte de la discusión sobre la economía política del narcotráfico, que busca “1) cambiar la perspectiva que plantea la sustitución de los cultivos ilegalizados desde su eliminación, por una que piense la gradualidad con convivencia de los cultivos hoy declarados ilícitos; 2) superar la lógica de la regulación a partir del paradigma prohibicionista a uno donde la salud pública que atienda los consumos problemáticos y formalice los mecanismos de comercialización; y 3) aplicar una regulación comercial que registre a los productores, legalice los intercambios, permita el control sanitario de la producción e implemente contribuciones fiscales”.

Equipo de investigación

Referencias

Notas

El primer cuaderno de Adictos al imperialismo fue realizado por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) en coordinación con el Instituto Tricontinental de Investigación Social.

El Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO) surge luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y es referente en la producción de pensamiento crítico y conocimiento para la consolidación de la paz y la transformación social en Colombia. Bajo este propósito, realiza estudios, investigaciones y análisis socioeconómicos y políticos.

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) reúne a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de diferentes departamentos y municipios de Colombia para debatir sobre el contexto de los cultivadores y recolectores, la participación, la erradicación y la sustitución de cultivos de uso ilícito, conforme lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

Dedicatoria

Este cuaderno titulado “La criminalización de los cultivadores como coartada imperialista: economía política de las drogas en Colombia” está dedicado con profundo respeto y gratitud a las compañeras y compañeros que, en defensa de sus territorios, han ofrendado su vida por la lucha de los Derechos Humanos y por soluciones económicas justas para los cultivadores y trabajadores que subsisten de la hoja de coca, marihuana y amapola.

Queremos rendir un especial homenaje a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), quienes han sido y continúan siendo faro de resistencia y organización campesina liderando con valentía la defensa de los derechos de las comunidades rurales, buscando alternativas a la criminalización y estigmatización. Su lucha ha sido incansable, y su resistencia es testimonio de la dignidad de quienes no se rinden ante las políticas represivas que han afectado a miles de familias, comunidades y territorios.

Asimismo, reconocemos el aporte crucial de las mujeres y de las juventudes, quienes han asumido gran parte de los impactos negativos tanto de la economía ilícita como de las intervenciones estatales fallidas para contenerla. Estas mujeres y jóvenes han sido, y continúan siendo, agentes transformadores en sus comunidades, llevando la esperanza y la convicción de que es posible construir una paz con justicia social y una economía para la vida, lejos de la criminalización y la violencia. Sus voces, muchas veces silenciadas, han sido el motor de la organización y el movimiento social.

A ellas y ellos, que con su fuerza histórica, han resistido el despojo, la violencia y las políticas de erradicación, manteniendo en alto la esperanza de una vida digna y que siguen en pie de lucha, dedicamos esta publicación como un testimonio de su resistencia, valor y compromiso con la paz de Colombia.

Presentación

Encontrar una solución definitiva al problema de la tierra y los cultivos de uso ilícito, la producción y comercialización de drogas ilícitas es un punto fundamental del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre las FARC-EP y el Estado colombiano, para contribuir al propósito de cimentar las bases de una paz estable y duradera en Colombia, pero también en América Latina y el Caribe. Este fenómeno incide en graves y específicas formas de violencia que afectan de manera especial al campesinado, así como a mujeres y jóvenes víctimas de la trata de personas, explotación sexual y violencia derivada del consumo en zonas tanto urbanas como rurales.

La producción de hoja de coca en Colombia presenta unas particularidades que refieren a la conexión entre los cultivos, la falta de desarrollo rural y el conflicto armado. Estos no son resultado de una asociación criminal entre narcotraficantes y comunidades rurales, sino que se originan en condiciones de acceso limitado a derechos, pobreza, marginación, débil presencia institucional y ausencia del Estado, a causa de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y como consecuencia de la implementación de políticas de carácter imperialista que expanden la militarización.

Aunque el país parece haber hecho esfuerzos para responder al fenómeno de las drogas ilícitas y el narcotráfico, el desafío persiste con profundas secuelas para la construcción de paz, en territorios y comunidades campesinas y en la ciudad. Ciertas dificultades se reflejan en la deficiente articulación de las políticas e instrumentos de planeación nacional con el Acuerdo Final de Paz (AFP), en su implementación integral y en el escaso desarrollo de alternativas y proyectos productivos de largo plazo para el fortalecimiento de las economías locales y regionales. También en la corrupción pública, la destrucción del tejido social y en la derivación de problemas ambientales.

En efecto, estos y otros factores han atravesado, alimentado y financiado el conflicto armado en el país, que escala en las regiones cocaleras con el denominado Plan Colombia, a causa del especial peso en su componente militar y por su dedicación exclusiva a la destrucción de cultivos ilícitos con una amplificada, dramática y grave violación a los Derechos Humanos. Política contrainsurgente que fue diseñada y dirigida por Estados Unidos, pensada a partir de la necesidad de renovar la excusa para intervenir la soberanía e independencia de nuestros pueblos y territorios y no sobre el objetivo de derrotar el narcotráfico, la cual, produjo muerte, violencia, desplazamiento y migraciones forzadas.

Las poblaciones que dependen del cultivo de hoja de coca, marihuana y amapola y sobre las cuales han recaído los impactos negativos —tanto de la economía ilícita como de las intervenciones que infructuosamente se han desplegado para contenerla— son las mayores víctimas y no los victimarios. Reclaman reconocimiento de sus derechos, proyecciones económicas, solidarias y de carácter colectivo, pues la “Guerra” debe ser, más que contra las drogas, frente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la injusticia y la violencia. Solo interviniendo sobre las causas de origen del conflicto, derrotando el narcotráfico y transformando las condiciones de vida del campesinado, los cultivos declarados de uso ilícito se reducirán o cambiarán su utilización.

Hoy continúa representando un desafío lograr un tratamiento diferencial de los campesinos trabajadores y cultivadores y de las personas que consumen drogas ilícitas, al igual que mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas y la posibilidad de la utilización para fines médicos, científicos y otros usos lícitos que se establezcan. Abordar el fenómeno obliga a contar con un nuevo paradigma, que apueste por la flexibilización en las políticas públicas y centre la lucha contra el narcotráfico, eslabón de la cadena productiva que realmente sustenta la economía criminal y garantiza extraordinarias ganancias.

La sustitución implica, por una parte, detectar costos y daños no deseados ajustados en el tiempo, con base en la evidencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y por otra, tener en cuenta las lecciones de buenas prácticas, las recomendaciones de las comunidades en territorios afectados, la experiencia de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y las sugerencias técnicas de organizaciones nacionales e internacionales, así como asegurar la acción coordinada de la cooperación internacional. En todo caso, la solución definitiva es un proceso dinámico.

Depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de los Estados con responsabilidad colectiva, en particular de aquellos que de manera directa o indirecta se han visto perjudicados por este problema de carácter transnacional como Colombia, Perú y Bolivia, caracterizados por sus altos índices en la producción, procesamiento y comercialización, que satisfacen la demanda de Estados Unidos y más recientemente de Europa Occidental, África y partes de Asia. También, sobresalen países de tránsito como Brasil, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Argentina, Guatemala y Honduras, donde se han encontrado laboratorios; y México, que interviene en el control de la mayor parte del comercio ilegal y los corredores de tráfico a través de la frontera.

“La criminalización a los cultivadores como coartada imperialista: economía política de las drogas en Colombia” hace parte del trabajo mancomunado entre el Instituto Tricontinental de Investigación Social, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), caracteriza, cuestiona y expone en siete capítulos los problemas estructurales de la tierra en Colombia, la dinámica económica de los cultivos de coca y la actividad cocalera, una historiografía de las luchas agrarias y el reconocimiento de los derechos del campesinado, las condiciones de vida de las comunidades campesinas y su participación en la producción de cultivos de uso ilícito.

Este trabajo también explora las ideas centrales en torno al contexto del desarrollo de cultivos de uso ilícito, el Plan Colombia y sus nocivos efectos, como parte de los fracasos de más de cinco décadas de la política contrainsurgente. Al mismo tiempo, analiza la falta de resultados respecto a las organizaciones narcotraficantes colombianas, mientras continúa el ataque a las familias campesinas. En ese sentido, puntualiza sobre una serie de operativos de erradicación forzada, entre los cuales revisa específicamente la operación Artemisa, uno de los últimos grandes operativos del gobierno de Iván Duque, desarrollada entre los años 2019 y 2022.

Además, el informe plantea e intenta responder la pregunta sobre por qué la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva —que son los campesinos trabajadores y cultivadores de hoja de coca— y no en los narcotraficantes o en sus carteles transnacionales. Asimismo, aborda la necesidad e importancia que revisten, en la lucha por la paz, la resolución integral y definitiva del problema de las drogas ilícitas y la sustitución de cultivos. Por último, presenta postulados para la elaboración de un nuevo paradigma en la política de drogas.

Desde una perspectiva crítica, el cuaderno hace énfasis y permite conocer sobre los procesos productivos de la hoja de coca, bajo el contexto histórico de dinámicas cambiantes. Presenta posturas y prácticas concretas que dan cuenta de los dilemas, conflictos, limitaciones y desafíos en torno de la “Guerra” y criminalización hacia el campesinado que subsiste de la economía de la hoja de coca. De esta manera, se problematizan las particularidades del fenómeno en cuestión y se alimentan horizontes de cambio en Nuestra América. No se trata solamente de un diagnóstico, sino de una investigación para aportar a la construcción de alternativas locales y para la región.

La tierra y la economía campesina en zonas productoras de hoja de coca

En los distintos países de la región de América Latina y el Caribe, históricamente y con la profundización del modelo neoliberal, pueblos y movimientos agrarios han dado luchas por la tierra y el territorio, con un fuerte componente reivindicativo sobre los bienes comunes. Desde sus diferencias y particularidades, las organizaciones campesinas denuncian distintas caras de un mismo problema: la falta de acceso y tenencia de las tierras, la exclusión social y económica, la desocupación, la opresión y la marginación, que se conjugan con la falta de políticas públicas, de salud y educación rural, así como con la imposibilidad de contar y acceder a una vivienda digna. Estas circunstancias han creado los motivos para generar movimientos y organizaciones sociales agrarias que han ido delineando su accionar en medio de este malestar de injusticia e inconformismo.

En Colombia, el acaparamiento, la usurpación y legalización de la tierra se ha dado con ayuda de diversos medios estatales, en un proceso que ha incluido medios civiles y militares y que ha contado con la participación y el apoyo de empresas transnacionales e inversionistas de otras partes del mundo, al igual que ha sido aceptada por quienes están vinculados al comercio inmobiliario, las actividades de economías extractivistas y la expansión de la agroindustria o sistemas agroforestales basados en modelos a gran escala, por ejemplo el sorgo, la soya, el trigo, la palma, el algodón, el maíz tecnificado y el arroz de riego. Se trata de comercios rentables, intensivos y depredadores, más relacionados con la especulación que con iniciativas productivas. Estos negocios contribuyen muy poco al desarrollo rural y al contrario, impiden la gestión colectiva de la tierra.

De igual forma, las tácticas de despojo en el país sobrepasan marcos formales, que son alterados, redefinidos o reinterpretados para dar la apariencia de legalidad a la transferencia de derechos de propiedad. Cabe pensar que se suman a las prácticas viejas y nuevas avaladas por notarios y registradores de instrumentos públicos toleradas socialmente. Asimismo, se emplean métodos corruptos sin la debida participación democrática para garantizar formas de acceso a la tierra y a otros recursos naturales asociados como el agua, los minerales o los bosques, entre otros, con el fin de dominar los beneficios de su explotación.

Tácticas para el despojo de tierras

En Colombia, la titulación y el acaparamiento de tierras inició con la demarcación de terrenos baldíos ocupados y cultivados por colonos, hecho que en la primera mitad del siglo XX dio lugar a grandes pleitos con concesionarios y entre hacendados y campesinos. Sobre este tema existe la falta de una estadística histórica del reparto, aunque, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), se cuenta con referentes como Catherine Legrand, Mariano Arango, Absalon Machado, Marco Palacios, compilaciones y estudios jurídicos que datan del siglo XX, así como el censo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), que abarca el período de 1901 hasta 2012.

La apropiación de la tierra orquestada por actores “invisibles” no inició en el siglo XX: desde 1591 —durante el proceso de invasión de la corona española— fue adjudicada en subasta pública al remate del mejor postor. Recientemente, se privilegia con la excusa de la globalización, la atracción de capitales extranjeros, quienes se hacen de la tenencia de la tierra para impulsar negocios extractivistas en grandes extensiones. Las condiciones económicas actuales muestran de forma desconcertante la privatización de la tierra y la confluencia sistémica de las crisis alimentaria, energética, climática y financiera. Escenarios cambiantes que plantean enormes desafíos a las fuerzas y movimientos agrarios, populares, progresistas y de izquierda.

También el paramilitarismo hace parte de los problemas de tierras y los conflictos rurales, con un papel protagónico como mecanismo de despojo, en un proceso que no fue homogéneo. Contó con un fuerte apoyo institucional, y recibió el respaldo y financiamiento de empresarios y terratenientes.¹ Algunos de estos grupos entablaron relaciones no institucionales con el Ejército para realizar operaciones de exterminio como masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En efecto, se estableció un ambiente favorable para el desarrollo de problemáticas como el narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad alimentaria, poblaciones por debajo de la línea de indigencia, el desplazamiento forzado y el abandono de tierras.

Las prácticas de despojo de grupos paramilitares refieren a dos alarmantes tendencias: (1) Donde hubo alianzas entre élites legales (políticas o económicas) o ilegales (narcotraficantes) y grupos paramilitares, sumadas a condiciones organizacionales favorables como el tamaño del grupo paramilitar, la probabilidad de despojo masivo de tierras aumentaba, como en el caso del Bloque Centauros de las milicias paramilitares de las AUC en los departamentos del Meta y Guaviare; y (2) la actividad de despojo del grupo paramilitar fue menor o desaparece por completo en territorios disputados con las guerrillas, pero no necesariamente con otros paramilitares (Mercado, 2017).

Las motivaciones que se relacionan con el abandono forzado y el despojo de tierras refieren a diferentes causas: (a) cuando la tierra tiene un valor militar o económico, por ejemplo, un predio que busca ser destinado como campo de entrenamiento, para fines de obras de infraestructura o un corredor para el transporte de drogas; (b) cuando la élite política o económica regional requiere obtener un usufructo, que puede ser agrícola o de otro tipo; (c) cuando los grupos paramilitares buscan un beneficio propio para sus redes de familiares o amigos y/o como castigo a los propietarios que se negaron a pagar las extorsiones o que denunciaron públicamente amenazas e intimidaciones (Mercado, 2017). Infortunadamente, en Colombia se identifica más guerra y condiciones adversas para la ruralidad que producción agrícola nacional.

Aunque existen algunas zonas donde se presentaron desplazamientos masivos pero que no implican despojos masivos de tierras, sí pueden mencionarse muchos ataques paramilitares contra los campesinos y campesinas a través de los cuales se perpetraron masacres con el objetivo específico de la apropiación violenta de tierras. Entre ellas destacamos tres: a) la masacre de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca) —proceso que tuvo lugar a través de ataques realizados entre 1986 y 1994—, con un saldo de 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada; b) la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997; y c) la masacre de El Salado (Bolívar), cometida entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, que consistió en torturas, degollamientos, decapitaciones y violaciones de un número de personas aún sin determinar, entre otras (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011; Comisión de la Verdad, s.f).

Uso y desigualdad en la distribución de la tierra

Otra cuestión importante se relaciona con el modelo de propiedad sostenido desde hace décadas, que consiste en concentrar de manera desigual y en pocos propietarios grandes extensiones de tierra. La existencia de una clase terrateniente poderosa en Colombia es uno de los mayores obstáculos para consolidar un sistema político democrático. La situación resulta más desigual si se considera que estas pocas personas no son solamente dueñas de la mayor parte de la tierra sino que poseen la de mejor calidad. Según el informe Características Agroculturales de los Cultivos de Coca en Colombia y de acuerdo con información catastral, Colombia adjudicó en 112 años —desde inicios del siglo XX hasta 2012—, aproximadamente 23 millones de hectáreas a particulares, es decir que el 0,4 % de los propietarios de tierra, equivalentes a 15.273 personas, tenían el 61 % de la superficie de la propiedad privada rural registrada en 2009 (UNODC, 2006; IGAC, 2012).

Sobre este tema, la fuente principal es el Censo Agropecuario que se realizó en Colombia en 2014, producto de los diálogos de paz y cuyos resultados fueron publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016). También, se cuenta con el  primer censo agropecuario que se llevó a cabo en 1951, en el departamento del Valle del Cauca, y se enfocó en las industrias del tabaco y la caña de azúcar y con los censos de 1960 y 1970. Esta información se complementa con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2010 y 2019 (DANE, 2010, 2019).

El censo estableció que en 2014 el país tenía 111,5 millones de hectáreas (ha), de las cuales 63,2 millones pertenecen a bosques naturales. Analizando las restantes 48,3 millones de hectáreas que se explotan económicamente, se encuentra que 34,4 millones ha, más del doble de lo recomendado, se dedican a explotación ganadera, que además están de forma desconcertante en zonas de pastos mejorados.² Tan solo 8,6 millones son de uso agrícola; otras 2,5 millones de hectáreas son uso del suelo no agropecuario y 2,8 millones ha concierne a infraestructura u otros. El informe estadístico también muestra que la población rural ha envejecido y disminuido en los últimos años, así como la persistencia de la pobreza y las brechas de desigualdad con las zonas urbanas.

De acuerdo con el análisis de Oxfam (2017), en 1960 el 29 % de la superficie productiva de Colombia era ocupada por Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) de más de 500 ha, en el 2002 la cifra aumentó a 46 % y en 2014 alcanzó al 68 %. En contraste, los minifundios de menos de cinco hectáreas en 1970 representaban el 64 % del total de las UPAs y ocupaban el 5 % de la superficie censada; y en 2014 alcanzan el 70,5 % de las unidades pero apenas manejan el 2,7 % de la tierra productiva. Mientras las grandes unidades de producción se han expandido, las pequeñas se han dividido y han perdido terreno.

El coeficiente de Gini para medir la desigualdad en la distribución de la tierra obtuvo como resultado que en Colombia el 1 % de las fincas —las de mayor tamaño: de más de 100 hectáreas— tienen en su poder el 81 % de la tierra productiva. Pero además, al interior de ese 1 % también se registra un gran proceso de concentración: las unidades productivas de 100 a 500 ha poseen el 12,4 % de la superficie productiva; las de 500 a 2000 ha, el 9,5 % de la superficie productiva y las de más de 2000 ha, que son el 0,1 % de las unidades productivas, apenas 2362 fincas, concentran el 58,7 % de la superficie productiva.

El 19 % restante de la superficie se divide entre el 99 % de los propietarios, lo que significa que un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.³ Inmersos en este contexto, no sorprende saber que el 42,7 % de los dueños de los predios más grandes (unidades productivas de más de 2000 ha) dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras manejadas por personas naturales con menos de cinco hectáreas y los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta corresponden a palma aceitera (Oxfam, 2017).

Aunque no se puede generalizar la relación entre palma de aceite, conflicto armado y usos del suelo, lo cierto es que en Colombia este cultivo —impulsado por el Estado desde 1957, en el marco de la política de sustitución de importaciones, y consolidado desde la década de 1980 con el fin de incrementar la producción de aceite vegetal y el reemplazo del combustible fósil por biocombustible (CONPES 3510 de 2008)—⁴ llevó a aumentar el acaparamiento de tierras, las dinámicas de concentración, los cordones de pobreza en campos y ciudades y condujo a procesos complejos de desplazamiento forzado, despojo con fines económicos y migración, que van más allá de la usurpación de la tierra. Hay que mencionar que el 80 % de las unidades productivas relacionadas con la palma de aceite tienen cultivos inferiores a 50 ha y representan el 4,7 % del cultivo total. Por su parte, el 1,5 % cuenta con más de 2000 ha y participan con el 41,2 % del área cultivada (Kalmanovitz y López, 2006).

Sucesos específicos que ocasionaron el abandono y la posterior compra de predios para el cultivo de palma de aceite abarcan la inversión directa por parte de paramilitares o de empresarios que tienen vínculos con estos grupos y en otras ocasiones se identifican introducidos cambios ambientales y ecológicos. En este sentido, se reconocen patrones que evidencian procesos de despojo como sucede en los casos de María La Baja, comunidad de Cucal y Cascajalito, Hacienda Las Pavas y El Peñón (Bolívar); Bajo Atrato Chocuano; Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena); El Copey, Curumaní – Pitalito, La Gloria, Pelaya y Tamalameque (Cesar) y Ronda del Río Mira (Nariño) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

La sustitución de cultivos de pancoger —es decir, los destinados al autoconsumo familiar, que pueden ser transitorios y permanentes—⁵, típicos o tradicionales de la economía campesina, por otros que son predominantemente capitalistas —como la palma de aceite, el banano de exportación y la caña de azúcar, por mencionar algunos— implican disputas y resistencias relacionadas con el agua, la soberanía, el trabajo del campo, las prácticas agrícolas, la participación en la producción y el uso de suelo para siembra de alimentos. Al respecto, se reconocen impactos ambientales a causa de la deforestación, la pérdida de bosques, humedales, biodiversidad y servicios ecosistémicos, plagas y variación en la calidad del suelo. Esto considerando, por una parte, la transformación de los ecosistemas producto de los monocultivos y por otra, los cambios en las prácticas de producción pero no en la demanda energética, desarrollo y consumo.

Adicionalmente, el país presenta un desequilibrio entre uso adecuado y uso real del suelo,⁶ que refiere a una discrepancia entre el uso actual y el que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y económicas, que se debe tanto a los altos niveles de concentración como a la falta de adecuación de tierras y pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y productiva. Sobre esta tendencia, inciden variables macroeconómicas como la inflación, la tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto (PIB) y políticas económicas internas, que incorporan crecimiento, inversión extranjera y transformación productiva.

Entender y analizar los patrones marcados y generalizados que no favorecen la ruralidad —no sólo el asedio económico y/o paramilitar, sino también el desequilibrio de usos, con ecosistemas de páramos, pantanos, humedales, ciénagas y zonas de manejo ambiental utilizadas para usos agropecuarios, obras civiles y urbanas, y ríos para minería— conlleva a pensar en la urgencia de transformar la tenencia y uso de la tierra. Esto involucra, por un lado, las fincas de grandes extensiones que dedican gran parte de su superficie a pastos que utilizan para ganadería extensiva, y por otro, los predios pequeños y medianos que dirigen sus esfuerzos con grandes dificultades al uso agrícola, pero que también tienen la tendencia a la ganadería sobre otras formas de utilización de la tierra.

El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 ha ocupan el 60 % de la tierra. Los predios de más de 1000 ha dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % a la agricultura. En los predios más pequeños, es decir, los menores a 5 ha, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura (Oxfam, 2017).

Estas circunstancias de desigualdad en el acceso a la tierra ayudan a entender las luchas agrarias y el surgimiento de zonas cocaleras o con influencia de cultivos de uso ilícito. Tan importantes son estos asuntos en el país que fueron el primero y cuarto punto en el Acuerdo Final de Paz (AFP), firmado en el 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Una perspectiva de análisis incluye pensar la “Guerra” contra las drogas en relación con la cuestión no resuelta de la posesión, propiedad, uso y concentración de la tierra, la criminalización y la exclusión del campesinado, que a su vez se conecta con cambios demográficos y el proceso de ampliación de tierras cultivables, como una de las principales causas del conflicto político, social y armado.

La economía de la coca

Las actividades ilícitas en torno a la hoja de coca comenzaron antes de 1950 y se acentuaron en la década de 1970 a causa de la demanda de la cocaína en el mercado internacional, en forma paralela a lo que se conoce como el período de “bonanza marimbera”. Para entonces el país se convirtió en el principal exportador de marihuana y de cocaína, lo que provocó una gran afluencia de capital que convulsionó y transformó a Colombia de manera radical, porque entró de lleno en la fase de procesamiento y comercio internacional, que mantiene y de la cual aún no sale.

En la década de 1980 cae la importancia de la marihuana y se mantiene en ascenso el tráfico de cocaína. Durante este tiempo comienza un periodo que se extendió hasta principios de siglo XXI, en el que fueron silenciadas las vidas de miles de ciudadanos, entre ellos periodistas, más de 5000 policías, 1000 jueces y 2000 dirigentes del partido Unión Patriótica, mientras que muchas otras personas se vieron obligadas a exiliarse (Samper, 2013; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022).

En la década de 1990 los cultivos tuvieron una amplia expansión geográfica, acompañada de las disminuciones en Perú y Bolivia.⁷ Colombia pasó de 50.900 ha en 1995 a 136.200 ha en 2000 (UNODCCP, 2001). Esto ocasionó entre los años 1994 y 2005 un aumento de los conflictos internos, la ampliación de la frontera agrícola, la alteración del ritmo de crecimiento de la población, el incremento de la desigualdad, cambios culturales —asociados a diferentes formas de relación campo / ciudad, migraciones internas, variación en la siembra y producción de los cultivos— y el crecimiento de la vinculación de menores a la guerra. Además, se potenció la creación de nuevos asentamientos humanos y la formación de pequeños centros urbanos.

Entre 1984 y 1994 se crearon grandes grupos narcotraficantes organizados en dos principales ciudades, Medellín y Cali, que desempeñaron un papel clave debido a la riqueza y al poder que acumularon. El negocio se ubicó principalmente en los departamentos del Cauca, Guaviare, Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y en otros lugares de la zona y región andina. La persecución coordinada entre el Estado colombiano y los Estados Unidos, que consistió en militarizar y criminalizar al campesinado y todas sus actividades, comenzó durante la “bonanza marimbera”⁸ y continuó con el supuesto combate a la cocaína en estos años.

La primera década del siglo XXI reflejó el impacto de la economía ilícita sostenida en el tiempo. En estos años escaló el conflicto político, social y militar debido a la implementación de las políticas imperialistas del Plan Colombia, impulsado por el presidente Bill Clinton y desde finales de la década de 1990, por el Director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas, Barry McCaffrey. En particular, durante la primera y segunda etapa de la llamada “seguridad democrática” (promovida por el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez)⁹ y el Plan Patriota, que duplicó los encargados en operaciones bélicas y el pie de fuerza durante la administración del presidente George Walker Bush.¹⁰ Después sucedió una nueva expansión de la hoja de coca, entre los años 2013 y 2017, con una estabilización en 2018 (Ver Tabla 1). Durante este periodo las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos adelantaron los diálogos de paz.

Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) y en coincidencia con cifras del UNODC (2020), las principales variaciones departamentales entre el año 2018 (cuando se sembraron 169 mil ha de coca en Colombia) y el año 2019 (cuando hubo una reducción a 154 mil ha) se dieron en el Caquetá (-62 %), Antioquia (-29 %), Nariño (-12 %), Bolívar (-7,5 %) y Putumayo (-5 %), con incrementos en Norte de Santander (+24 %) y Valle del Cauca (+82 %).

Regionalmente la siembra en 2022 se distribuyó así: (1) Región Pacifico (37,3 %); (2) Región Putumayo – Caquetá (21,4 %); (3) Región del Catatumbo (19,3 %); (4) Región Central – Sur de Bolívar (18,7 %); (5) Región Meta – Guaviare (3,2 %); (6) Región Orinoquia (0,10 %); (7) Región de la Amazonia (0,08 %); y (8) Región Sierra Nevada (0 % menos de 6 ha) (UNODC, 2023).

La tendencia de crecimiento, aunque constante, ha venido perdiendo fuerza. Para explicar su comportamiento no hay razones únicas ni sencillas. Por el contrario, se encuentran múltiples causas, con diferencias por región y de acuerdo a los momentos históricos del país, por ello es importante observar en mayor detalle la evolución de las zonas con plantaciones y de producción en los últimos años, ya que han tenido ciclos de aumento y de declive, al igual que modificación en los puntos de compra, venta y consumo.¹¹

No obstante, se pueden asociar motivos como la recomposición del narcotráfico en las zonas de influencia de las FARC-EP. Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP), ingresaron grupos de microtráfico de corte urbano a comprar la producción, imponiendo un precio inferior. Al mismo tiempo se da un crecimiento en la participación de mafias mexicanas, que llevan el precio a 1000 dólares por kilo en puerto de salida (Redacción Colombia +20, 2023), estimulando un ascenso de la cocaína, que puede estar o no vinculada con una eventual ampliación de siembra.

Otras razones por las cuales se pudo generar el aumento en algunas regiones son la reducción de la aspersión aérea, la expansión y los máximos rendimientos de los cultivos entre 2013 y 2017,¹² los bajos niveles de erradicación manual y sustitución que no llegaron a producir un descenso, las sólidas redes financieras, la resiembra en zonas sin la intervención de alternativas de desarrollo y finalmente, los problemas en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) y en particular del  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Tras la pandemia del Covid-19 se provocó una inusual caída global en los precios de la coca, ocasionada porque la producción de cocaína se aceleró más que la demanda, que en el caso colombiano proviene principalmente de Estados Unidos donde el consumo de cocaína fue superado por los opioides como la heroína y el fentanilo (sintético). Esto trajo consigo una recesión y una crisis humanitaria para las zonas rurales ya empobrecidas de Nariño, Norte de Santander y Putumayo (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023), que incluyó un aumento en la inseguridad alimentaria, porque a la fecha los resultados del programa de sustitución son marginales, así como nuevos desplazamientos.

El declive del precio de la coca, aunque significativo, generó poco impacto en las tendencias a largo plazo, porque la producción de drogas ilegales se mantiene en sus máximos históricos, la demanda mundial de viejas y nuevas sustancias psicoactivas se ha incrementado y las redes criminales continúan expandiendo sus ganancias. El Reporte Global de Cocaína de UNODC, citado por el Ministerio de Justicia y del Derecho (2023), señala que “los precios del mercado transnacional de la cocaína ajustados a pureza han permanecido estables tanto en el mercado norteamericano como en el europeo y la demanda ha aumentado, con un estimado de 22 millones de consumidores y un potencial de 55 millones de usuarios en los próximos años”.

Sin embargo, esta situación de crisis de los precios de la hoja de coca sí afectó los ingresos de aquellos que subsisten directamente de la actividad de siembra y cosecha, como los cultivadores, transformadores y recolectores. Asimismo, repercute en las economías legales locales —establecimientos comerciales, entidades bancarias y la recaudación de impuestos—, que se nutren del flujo de dinero proveniente de los primeros segmentos de los circuitos del narcotráfico.

En el fenómeno de la crisis cocalera también incide la captura o muerte de quienes regulan las transacciones —como “Otoniel” (jefe del Clan del Golfo)—, la destrucción de laboratorios y pistas de aterrizaje claves para transportar la coca, la ausencia de comerciantes de pasta base y la falta de compradores por las disputas territoriales entre estructuras, que a su vez generan miedo en el campesinado trabajador y cultivador que subsiste de la economía de hoja de coca, debido a posibles represalias por venta a otros agentes y extorsiones.

Se suman factores como las acciones del nuevo gobierno de Colombia en pos de desincentivar la coca en el desarrollo de su política de “Paz Total”, el incremento de la competencia en el mercado regional, el aumento en la producción al sur de América, así como la falta de capacidad de las rutas de exportación para recibir mayor producción.

En la actualidad, Colombia produce amapola, marihuana y hoja de coca y es —por un amplio margen— el mayor productor y centro de exportación de cocaína de la región andina. El país fue responsable del 65 % de la superficie total de cultivo de coca en 2022, con 230.000 ha asignadas a la actividad. Perú se situó en segundo lugar con 95.000 ha (27 %) y Bolivia ocupó el tercer puesto con 30.000 ha (8 %) (Melo, 2024). El crecimiento de los cultivos se estabilizó en el año 2018, pero la producción de cocaína continúa en aumento por las mejoras que han tenido las manufacturas en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína (Yañez, Córdoba y Niño, 19 de mayo de 2021).

Particularmente, según la medición de Naciones Unidas y como se observa en la Tabla 2, el país en el año 2016 consiguió 1053 toneladas de producción de clorhidrato de cocaína y en 2021 alcanzó 1400 toneladas métricas, así como 204.000 hectáreas de coca sembradas (UNODC, 2022). En 2022 llegó a 230.000 ha, concentrando el mayor crecimiento en Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca y Antioquia, mientras que la producción potencial de clorhidrato de cocaína alcanzó a las 1738 toneladas métricas (UNODC, 2023).

En 2023, Colombia arribó a las 259.000 ha cultivadas pero esta superficie disminuyó a 246.000 ha en diciembre del mismo año. Según el Ministerio de Defensa, se destacan en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Marquez importantes incautaciones, que alcanzan las 739,5 toneladas de cocaína, 450 de las cuales se confiscaron en territorios internacionales. Esto supone un aumento del 12,1 % respecto a las 659 toneladas incautadas en 2022 (Newton y Manjarrés, 2024) y es resultado de la nueva política de drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico 2023-2033” que ha dado prioridad a la incautación de cargamentos y a la captura de miembros clave de las redes del narcotráfico. Sin embargo, hay que señalar que dentro de cada período se presentan momentos de desaceleración.

Hoy, medido en tiempos largos, continúa la tendencia al aumento de producción potencial de cocaína, como resultado de más hectáreas sembradas con coca y de fincas con cultivos en edades productivas ubicados en zonas de mayor concentración. También porque se contempla la reactivación de viejas tácticas de tráfico, junto con la aparición de sofisticados métodos para transportar la droga y llevarla hasta los sitios de embarque y distribución.

Dejando de lado por un momento las cifras y las históricas complejas relaciones de siembra y producción, los cultivos de coca tienen dos características principales: están concentrados y son persistentes en el tiempo. En su mayoría hacen parte de una extensión más grande de tierra donde se desarrollan otras actividades lícitas, es decir que el lote de hoja de coca no corresponde al tamaño total del predio o finca del campesinado trabajador y cultivador. Sin embargo, el conjunto de la finca es afectada por las políticas prohibicionistas y de erradicación forzada.

En razón de su ubicación para el año 2022, el 49 % de 230.000 hectáreas estaban cultivadas en áreas ambientales estratégicas y de manejo especial. Como se puede ver en la Figura 1, 10.626 ha (5 % del total) se encuentran en 13 de las 59 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, entre las que se destacan la Sierra de La Macarena, Paramillo, Nukak y Catatumbo Barí; otras 34.680 ha (15 %) en zonas de reserva forestal (según Ley 2da de 1959); otras 23.794 ha (10 %) en resguardos indígenas y finalmente 44.817 ha (19 %) en territorios colectivos de las comunidades negras (UNODC, 2023).

Figura 1: Ubicación de los cultivos de uso ilícito en Áreas de Manejo Especial

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2023)

Como se puede ver en la Figura 2 entre los 1123 municipios que dividen el territorio colombiano 185 tienen cultivos de coca. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho (2023) se puede hacer una distinción en dos tipos de zonas:

• Zonas de concentración, que ocupan el 82 % del área con coca, según datos de 2022. Estas presentan un incremento del 12 % respecto de 2021 y parecen responder a una estrategia del narcotráfico, porque se caracterizan por tener acceso a ríos, rutas clave de tráfico, adquisición de insumos y proximidad a fronteras. Además, definen una posición estratégica de los enclaves en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
• Zonas de desconcentración, con el 4 % del área con coca en 2022. Estas, que registraron un aumento del 20 % en comparación con el año 2021, tienen una ventaja para una mayor posibilidad de negociación y participación comunitaria en escenarios de sustitución. Se encuentran localizadas en Caquetá, Guaviare, Meta y Chocó.

Figura 2: Zonas de concentración, desconcentración y puntos emergentes 2013-2022

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2023)

Un dato importante es que el 32 % de los cultivos ilícitos han persistido allí por más de una década. Igualmente, el 25 % de los territorios han sido intermitentemente afectados los últimos 10 años. Además, entre 2020 y 2022 el 5 % ha sido perjudicado por primera vez con este tipo de plantaciones y el 38 % corresponde a lugares abandonados (Ministerio de Justicia y del Derecho 2023). (Ver Figura 3).

De acuerdo a nuestro relevamiento de información, los aspectos más influyentes para la continuidad de los cultivos son: (1) a pesar de los años, el narcotráfico no ha disminuido; (2) las organizaciones criminales no se han debilitado; (3) la política nacional ha sido infiltrada por corrupción y dineros del mismo narcotráfico, (4) la ausencia de instituciones genera espacios que aprovechan los grupos criminales, y (5) los carteles transnacionales se benefician de la posición estratégica del país como punto equidistante de los centros de producción y destino internacional y de la existencia de una poderosa red de contactos con Estados Unidos. Recientemente, se suman los problemas que ha tenido la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP).

Figura 3: Permanencia de los cultivos de hoja de coca

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2023)

El peso de la coca en la economía afecta entre un 2 % y 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, lo que equivale a alrededor de $19,5 billones de pesos (Becerra, 2019). Específicamente, la superficie cultivada es semejante al 1 % del área bajo uso agrícola. Su desarrollo es de muy pequeña escala, aunque no son todos pequeños propietarios. En el caso de los predios de los pobladores rurales, el tamaño promedio de la finca es de 9,4 ha. El mínimo valor de siembra de coca es de 0,25 ha y el máximo de 95,6 ha (UNODC, 2006).

Lo anterior guarda relación con el 88 % de los lotes detectados con hoja de coca en 2016 que registra un área igual o inferior a 1,78 ha (UNODC y FIP, 2018) y está en acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del 2014, que muestra que el 65 % de los productores que cultivan y viven en su tierra están en predios de menos de 5 ha.

La producción de hoja de coca tiene como una de sus consecuencias la pérdida de fertilidad de la tierra, que es un tema de especial preocupación. Efectivamente, los cultivos se han convertido en una de las principales amenazas para la conservación de áreas ambientales estratégicas, al igual que, los incendios intencionados y la ganadería (FIP, 2020). Esta realidad refleja el impacto ambiental y da cuenta de las fallidas políticas de erradicación forzada y por aspersión aérea. Diferentes testimonios dan cuenta de esta realidad:

La naturaleza nos está castigando, nos estamos quedando sin agua, las tierras ya no son fértiles (…) esto se tiene que acabar (…) el mismo glifosato ha esterilizado tanto la tierra que el campesino ha tenido pérdidas (Yañez, R. Córdoba, C. y Niño, D.,19 de mayo de 2021).

La situación de falta de derechos de propiedad se constituye en otro factor de conflicto y de alta vulnerabilidad para la población rural. Diferentes estudios, como el realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2018) muestran que en las zonas con cultivos de coca no solo hay altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra, sino que también faltan acciones de impulso por parte del Estado para aclarar la situación legal de estos predios.

Asimismo, señalan que en las zonas de presencia de cultivos de coca, las familias asumen la titulación de tierras como un factor de temporalidad, es decir, los años de posesión son considerados como tenencia y no la figura jurídica de propiedad ante el Estado “apenas el 13 % de las personas acredita ser dueño de su predio por medio de escritura pública o sentencia judicial”. En este sentido, como se observa en la Figura 4, declaran ser poseedor, tenedor y en otros casos solo se reconocen como arrendatarios (UNODC y FIP, 2018).

Figura 4: Relación de tenencia de la tierra: Posesión y propiedad de la tierra

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2018)

Valoraciones finales

Del estudio realizado, surge que la economía de la coca se consolida en regiones con presencia histórica del componente militar y con ausencia de institucionalidad estatal más allá del aspecto coercitivo. Las zonas cocaleras tienen la característica de presentar grandes vulnerabilidades económicas, dificultades sociales y elevados índices de violencia, que justifican la permanencia de los cultivos de uso ilícito como la opción más inmediata y rentable de vida y supervivencia. Pero en consecuencia las poblaciones son altamente dependientes de las economías ilícitas y mantienen un nivel de pobreza mayor, con bajos ingresos fiscales y limitada conectividad.¹³ Por otra parte, las zonas donde se presenta el fenómeno de los cultivos ilícitos se han caracterizado por el conflicto por la tierra, producto de la marcada incidencia de la informalidad en los derechos de propiedad y de intereses diversos sobre la misma.

Para el desarrollo de otras economías y de los procesos de sustitución es requisito avanzar en la formalización de la propiedad y que el mayor número posible de personas sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a una parcela. La disminución sostenible de los cultivos de coca requiere de recursos, liderazgo y tiempo. La reducción en el número de hectáreas será producto de la aplicación de múltiples herramientas coordinadas de larga duración, capacidades permanentes y de un esfuerzo significativo por parte del Estado. Se trata de construir instituciones, generar cambios y transformaciones en las zonas rurales con la participación y decisión de las comunidades.

El gobierno tiene el desafío de superar las respuestas que producen resultados transitorios y construir una política de acción pública, que logre economías lícitas a partir de solucionar el problema de la tierra y potenciar las fortalezas locales con criterios de vocación del uso adecuado del suelo para el desarrollo y ordenamiento territorial. Otros compromisos consisten en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP), que incluye aumentar la conexión a través de la construcción de vías terciarias y el mejoramiento de la red existente en conjunto con las cadenas de comercialización y distribución, al igual que la ejecución de programas de asistencia social, formativos y especialmente productivos, acompañado de proyectos de salud.

El cambio agrario, la sustitución de cultivos declarados ilícitos y las posibles rutas para lograrlo siguen siendo el mayor aspecto problemático en el país y son grandes propósitos del Acuerdo Final de Paz (AFP). En particular el “Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, que incluye de manera puntual los pilares “1.1.1. Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral” (3 millones de ha) y “1.1.5. Formalización masiva de la Propiedad Rural” (7 millones de ha); y el “Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. La implementación integral de ambos puntos representaría quizás la más importante y justa solución al problema de la tierra y las drogas, porque conlleva la acción urgente de políticas agrarias redistributivas que reconozcan los derechos del campesinado.

Luchas agrarias y derechos del campesinado

El campesinado está formado por toda persona que se dedica de manera individual o en asociación a la siembra de cultivos, es decir a la producción agrícola, artesanal o en pequeña escala, a la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura y la caza o la recolección, entre otras ocupaciones conexas, en una zona rural, para subsistir, distribuir o comercializar. Incluye a pueblos indígenas, comunidades locales, trashumantes, nómadas y seminómadas que trabajan la tierra, trabajadores asalariados, migrantes y temporales que estén empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, de acuicultura, bosques, empresas agroindustriales familiares y a personas sin tierra que realizan tales actividades (La Vía Campesina, 2020).

Aunque no de manera exclusiva, el campesinado recurre en gran medida a la mano de obra de los miembros de su familia u hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, con vínculo especial de dependencia y arraigo a la tierra. De acuerdo con la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales (UNDROP por sus siglas en inglés: United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas), aprobada el 28 de septiembre de 2018:

Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos que no puedan garantizarse de forma inmediata.

Propiedad de la tierra y condiciones de trabajo

En Colombia se reconocen décadas de resistencias y luchas agrarias por la tierra y los derechos del campesinado. Fueron pocas las opciones que tuvo para la organización colectiva a inicios del siglo XX, luego de terminarse la Guerra de los Mil Días, que se desarrolló entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. En este tiempo las familias campesinas permanecieron bajo el riesgo de las amenazas y prácticas represivas de grandes terratenientes y tuvieron que aceptar formas de explotación con contratos de arrendamiento en condiciones desfavorables. Fue alrededor de 1920 cuando se organizaron los primeros movimientos, no solo por la crisis económica tras el fin de la primera guerra mundial y la progresiva modernización de las explotaciones agrícolas, sino también por el reclamo de la abolición del pago en especie y la libertad de cultivos por parte de los arrendatarios.

En este período, las reivindicaciones giraron en torno a dos asuntos: (1) el reclamo y la exigencia de propiedad de la tierra en terrenos baldíos cultivados por campesinos pero que eran reclamados como propios por los hacendados, y (2) la lucha por el régimen laboral de las haciendas. Básicamente, los campesinos y las campesinas pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio y propiedad de la tierra. Estos dos objetivos se convirtieron en la bandera principal del movimiento agrarista.

Conviene subrayar que en 1913 se creó el primer Ministerio de Agricultura, que hasta entonces dependía del Ministerio de Obras Públicas. En los años siguientes se registraron motines, protestas y huelgas. La primera inició en 1924 en la Hacienda Tocarema, en el municipio de Anolaima, en el departamento de Cundinamarca, y luego se extendió a otros municipios de este y de otros departamentos, como Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Atlántico, así como la zona bananera en el Magdalena Medio, bajo Sinú, en Córdoba y Barranca de Loba, en Bolívar (Gilhodes, 1989).

En la historia de la lucha agraria sobresalen las regiones de Sumapaz y Tequendama, y los municipios: El Colegio, Quipile, Viotá, La Mesa, Fusagasugá, Silvania, Tena, así como Inzá, Belalcazar, Icononzo, Buga y Roldanillo, entre otros. Además, también se destacan los liderazgos de Juan De La Cruz Varela,¹⁴ Manuel Quintin Lame,¹⁵ Gonzalo Sánchez (dirigente indígena de la etnia Totoró) y Eutiquio Timoté.¹⁶ Entre 1926 y 1928, por su parte, resaltan la fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR) —entre sus figuras se encontraba Maria Cano—¹⁷ y el Partido Agrario Nacional (PAN), encabezado por Erasmo Valencia.¹⁸

El año 1928 culminó con la Masacre de las Bananeras, un hito en la historia agraria, que tuvo lugar en Ciénaga, Magdalena, entre el 5 y el 6 de diciembre. El hecho consistió en el cruel asesinato de un número indeterminado de trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company, que protestaban por mejores condiciones laborales. Los trabajadores fueron asesinados por efectivos del Ejército colombiano, tras la decisión del gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez.¹⁹

En 1929 comenzó la gran depresión o crisis financiera mundial que frenó los flujos de préstamo, por el incremento de las tasas de interés del mercado, tras la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. Esto ocasionó endeudamiento, pobreza y una reducción en los precios internacionales del café, que era un producto esencial en la economía colombiana. Los efectos negativos se prolongaron durante la década de 1930, años previos a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En efecto, hubo desempleo y pauperización de las condiciones de vida rural, lo que a su vez ocasionó movilizaciones a favor del campesinado en todo el país.

Consiguientemente, suceden cambios significativos, que modifican e incorporan otros elementos sobre la cuestión agraria, entre ellos el fin de la hegemonía conservadora (1886-1930), la llegada al gobierno del Partido Liberal, la fundación en 1930 del Partido Comunista Colombiano (PCC) y las huelgas de hambre que llevaron a cabo obreros desocupados en Calarcá, Armenia, Palmira, Girardot y Cunday. Además de la guerra con Perú (1932-1933) y el surgimiento de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), creada en 1933 por Jorge Eliécer Gaitán y otros liberales de izquierda.

Se suma a estos elementos el reformismo del gobierno de Olaya Herrera (1930-1934). En 1931, a pesar de los cuestionamientos y el rechazo por la derecha y de la Iglesia Católica, se sancionó la Ley 83, que reconoció el derecho de organización y el derecho de huelga. Durante su mandato fue atacado por el propio Partido Liberal, que contradijo sus propuestas porque vio afectados sus intereses: muchos propietarios de tierras eran de esta organización.

Años más tarde, en septiembre de 1934, apareció el Código de Trabajo Rural y una propuesta de reforma constitucional, que incluía la garantía del derecho de propiedad, limitaciones que conviniera al interés público y el uso obligatorio de la tierra. En respuesta, el Partido Comunista publicó una crítica a través de un memorial donde expresa la alternativa de expropiación sin indemnización y el reparto gratuito de la tierra. En esta época hay crisis y divisiones dentro de los movimientos de izquierda que debilitan la lucha agrarista, al igual que publicaciones y campañas alarmistas en medios de comunicación.

En 1934, el tiempo transcurrido entre la elección (10 de febrero) y la posesión del nuevo presidente (7 de agosto) estuvo marcado por manifestaciones y el recrudecimiento de la rivalidad entre gaitanistas (Alfonso López Pumarejo) y comunistas (Eutiquio Timoté). Al final, se obtuvo como resultado una concertación Liberal-Conservadora que dió inicio al primer mandato de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), llamado “La Revolución en Marcha”. La abstención conservadora del momento benefició al Partido Libreral, que además de la presidencia logró mayorías en el Congreso y con ello, la posibilidad de adelantar cambios legislativos.

En 1935 terminó la crisis, mejoró la economía cafetera, se reactivó la contratación de mano de obra, aumentó el salario en las ciudades y campos. La discusión agraria para entonces concluyó con la aprobación de la Ley 200 del 10 de diciembre de 1936, que no impuso un cambio radical pero reconoció los derechos de los poseedores y ocupantes. El gobierno, a pesar de la oposición, impulsó la iniciativa de compra y parcelación de hectáreas de tierra para otorgar derechos a pequeños y medianos productores, colonos y aparceros y buscó sanear títulos y contratos entre propietarios y trabajadores, pero a su vez reprimió a los campesinos que consideró “radicales” porque continuaban reclamando e invadiendo tierras.

En el segundo gobierno de López Pumarejo, entre 1942 y 1945, el campesinado impulsó movilizaciones en contra de la Ley 100 de 1944, por medio de la cual se acogieron las formas de producción propias de las haciendas y se declaró la conveniencia pública de explotar las tierras mediante contratos de aparcería, al igual que se alargó de diez a quince años el plazo para la extinción de dominio de los predios inexplotados (Albán, 2011). A pesar de todo ello, la ley incorporó en su artículo 18 la utilidad pública, el interés social de la tierra y la adquisición por el Estado de predios incultos o insuficientemente explotados, pertenecientes a particulares, para ser parcelados y utilizados con finalidades económicas y sociales.

Reformas agrarias y movilización social

En la segunda mitad de la década de 1940 se vivió una época de represión de la propuesta social y el debilitamiento de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). En 1946, antes de la llegada del conservador Mariano Ospina Perez a la presidencia, se creó la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), con el objetivo de contrarrestar la influencia comunista en la clase obrera y el campesinado, compuesta en su mayoría por sindicatos antioqueños. Dos años después, el 9 de abril de 1948, se produjo el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, que ocasionó un importante levantamiento popular en la historia del país. En la década siguiente se desarrolló la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).²⁰

En este contexto de problemática rural, represión y violencia partidista nacen las primeras guerrillas de autodefensa, con una orientación liberal y luego comunista. Se inicia también el proceso de colonización armada, que sentó las bases para la consolidación del movimiento del que nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de la Operación Marquetalia en 1964 y de la agresión contra el campesinado del sur del Tolima (Thahir Silva, 2008).

Desde este momento a las peticiones sobre la tierra se añadieron las reivindicaciones relativas al acceso a servicios y bienes públicos como escuelas, hospitales y centros de salud, caminos, carreteras e infraestructura vial, que han tenido una muy demorada expansión en el país, tramitadas en gran parte por las Juntas de Acción Comunal (JAC), creadas por la Ley 19 de 1958 en el gobierno presidido por Alberto Lleras Camargo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

La reforma social y agraria también estuvo presente durante el proceso de pacificación impulsado por los primeros gobiernos del Frente Nacional, un pacto que consistió en el reparto de poder entre liberales y conservadores, vigente para los años de 1958 a 1974, que generó la desmovilización de las guerrillas liberales y se agotó porque el país reclamaba participación y apertura democrática.²¹

Más adelante surgieron grupos heterogéneos, como la Unión Nacional de Oposición (UNO), FIRMES, el Frente Democrático y el Frente Amplio del Magdalena Medio. El 7 de enero de 1965 nació el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL). En 1973, surgió el Movimiento 19 de abril (M-19) y desde 1984 tuvo lugar el movimiento indigena armado liderado por Quintin Lame (MAQL), hasta su desmovilización en 1991.

Paralelamente se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fundada durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo por el Decreto 755 de 1967, puesta a andar con la Resolución 61 del 7 de febrero de 1968 y oficializada su creación en el primer Congreso Nacional, que tuvo lugar en julio de 1970. Una iniciativa del Estado y al mismo tiempo un movimiento social, que permitió organizar y capacitar para elevar el conocimiento político del campesinado (Comisión de la Verdad, s.f).

La ANUC dirigió y organizó olas de invasiones de tierras, rechazó los programas de colonización del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA),²² pidió la reducción del plazo y exigió entrega de predios baldíos a los campesinos sin tierra. También solicitó el reconocimiento de la expropiación como modo de adquirir tierras para la reforma agraria sin indemnización del latifundista y buscó la creación de “explotaciones agrarias colectivas”. Además, promulgó una alianza entre el campesinado y la clase obrera, reclamó la utilidad pública de la tierra y estimuló la creación de instancias de participación en los procesos de planeación y decisión de los programas de reforma agraria que se consideraban, para la época, debían ser voluntarios, gratuitos y apolíticos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

En la presidencia del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), último presidente del Frente Nacional, a causa de la amenaza del gobierno de revertir la ya demorada reforma agraria con una “contrarreforma”, miles de campesinos recuperaron tierras de forma organizada con el fin de acelerar la ejecución de los programas. En respuesta, el 26 de febrero de 1971, a través del Decreto 250, el gobierno declaró el estado de sitio, que duró 3848 días e implicó controles a la radio, ley seca y medidas de militarización. Los medios de comunicación señalaban en sus titulares «invasión orquestada de predios», «plan subversivo» y «brotes de anarquía» (Comisión de la Verdad, s.f).²³

En agosto de 1971, el movimiento agrario publicó “El mandato campesino”, un documento que sienta posición de total independencia frente al Estado, rechaza las políticas de la época y concede prioridad a las cooperativas y recuperación de tierras. Ante la pretendida “radicalización” de la ANUC y beneficiándose de sus tensiones internas, el gobierno promovió su división. Consecuentemente, el 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, gremios del sector agropecuario y congresistas de los partidos Liberal y Conservador pactaron una reforma a la Ley 135 de 1961,²⁴ que estructuró la tenencia de la tierra en favor de los terratenientes y alteró por completo su esencia, eliminó la expropiación del latifundio improductivo y priorizo la explotación empresarial agraria capitalista por encima del campesinado (Comisión de la Verdad, s.f).

Dado este panorama, en febrero de 1972 se llevó a cabo el paro cívico campesino, con bloqueos de carreteras, toma de oficinas estatales e incluso la conformación de una guardia cívica. En el presente existen guardias indígenas y cimarronas, con autonomía y autoridad territorial, reconocidas formalmente por el Estado colombiano. Menor visibilidad han recibido las guardias campesinas, una figura comunitaria que actúa en defensa de los Derechos Humanos y el territorio.²⁵

Las luchas de este periodo no alteraron de manera significativa la estructura agraria, hubo mejoras pero no las suficientes, por ejemplo, los campesinos obtuvieron triunfos importantes como la expropiación y parcelación de haciendas que no pudieron acreditar títulos legítimos sobre todas las tierras que reclamaban de su propiedad, el aumento considerable de la titulación de tierras a campesinos y colonos y el declive del régimen laboral de las haciendas basado en el arrendamiento de servicios.

Crisis, represión y descentralización

En la década de 1970 se mantuvo el alto costo y la falta de condiciones de vida digna. La inflación pasó de 6,83 % en 1970 a 28,30 % en 1977 (Comisión de la Verdad, s.f). El malestar social, al igual que las protestas, fueron en ascenso, a causa de la emergencia económica decretada en 1974, que repercutió en la falta de servicios públicos y vivienda, altos precios en el transporte y la reducción de subsidios. Debido a estas circunstancias, el 14 de septiembre de 1977 inició el Paro Cívico Nacional convocado por el movimiento sindical, las juventudes y estudiantes fueron los principales aliados, junto con el movimiento campesino. En este período, la radicalización de las personas pertenecientes al movimiento social, la influencia de la revolución cubana y la importante diversidad de las organizaciones sociales que, aunque valiosa, no logró consolidarse en un movimiento social unificado, llevó a una fragmentación de sus esfuerzos, abriendo espacio para que las expresiones guerrilleras crecieran.

La situación se complejizó el 13 de septiembre de 1978, cuando un mes después de posesionarse como presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), expidió el Decreto 1923, a través del cual adoptó el Estatuto de Seguridad que su antecesor, Alfonso López Michelsen (1974-1978), se había negado a aprobar. Sin embargo, no pudo desactivar el auge de la protesta: los movimientos sociales lucharon por la inclusión, bienes públicos, políticas de igualdad, derechos políticos y en contra de la impunidad (Comisión de la Verdad, s.f).

En este escenario, Colombia reunió condiciones óptimas para toda la cadena de producción del narcotráfico, por lo que los complejos cocaleros proliferaron, aún después de la declaración que realizó Richard Nixon en 1971, señalando a las drogas como el “enemigo público” de los Estados Unidos. Esto se convirtió en un factor de crisis del sistema, que se apoyó en las armas y en los dineros ilícitos y llevó a una tolerancia de los partidos con las mafias, que compraron campañas, seguridad privada, jueces y militares. Su desarrollo puede relacionarse con las siguientes razones:

(1) tierras baldías habitadas por campesinos sin oportunidades, quienes encontraron en la marihuana, la coca y la amapola (dependiendo de la región) mejores ingresos que con otros cultivos; (2) territorios que por el modelo de desarrollo no estaban integrados ni tenían presencia efectiva y/o legítima del Estado; (3) una dinámica de ilegalidad que trazaron a lo largo del tiempo rutas de contrabando y otras actividades ilícitas; y (4) la crisis social y económica que lanzó a la informalidad a miles de personas que viven del “rebusque” (Comisión de la Verdad, s.f).

Ciertamente, aparecen múltiples denuncias de violaciones de Derechos Humanos —la peor parte la llevó el campesinado—, los territorios, a su vez, fueron estigmatizados con la designación de “zona roja”, denominadas de esta manera porque había presencia insurgente y cultivos de hoja de coca. En estos lugares las Fuerzas Militares tenían la potestad de controlar la vida cotidiana de las personas. Allí además el paramilitarismo se hizo más fuerte, al igual que la noción del “enemigo interno” y las prácticas de guerra sucia.

A comienzos de la década de 1980, el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) propuso la adquisición y asignación de tierras a los amnistiados (Ley 35 de 1982) y diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que se conoce como los diálogos de la Uribe – Meta. En el marco de este proceso, el 28 de mayo de 1985 fue creada la Unión Patriótica (UP). Sin embargo, la guerra continuó: el paramilitarismo y el narcotráfico desplegaron una brutal violencia,²⁶ disputaron el poder local y regional y en complicidad del Estado perpetraron el genocidio de la organización naciente.²⁷

En esta década también se intentaron —sin éxito— conversaciones con el Movimiento 19 de abril (M-19)²⁸ y con el Ejército Popular de Liberación (EPL). Dentro de los hechos a destacar está la toma del Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985 y el desarrollo de la I Conferencia Bolivariana el 27 de septiembre de 1987, que creó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). A esto se sumó la división del Partido Liberal y la pérdida de influencia del Partido Conservador.

La descentralización fiscal y política (expresada en la Ley 78 de 1986) impactó de manera significativa en la época, marcada por el neoliberalismo y por grandes cambios a nivel mundial, como el giro en la orientación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y luego la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas en Europa Oriental.

Posteriormente Virgilio Barco (1986-1990) puso en marcha en 1988 el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) como opción económica para los cultivadores de hoja de coca. También anunció que impulsaría la extradición de narcotraficantes solicitados por Estados Unidos. En reacción, se conformó el grupo de “Los Extraditables” y el narcotraficante Pablo Escobar emprendió una guerra contra el Estado.²⁹ Trágicamente, en agosto de 1989, este grupo de la mafia en alianza con los paramilitares del Magdalena Medio llevaron a cabo el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Conflicto armado, narcotráfico y apertura democrática

En medio del conflicto interno colombiano se produjo una nueva Constitución, que buscaba implantar pilares más democráticos e incluyentes. En 1990 se logró el acuerdo de paz con la insurgencia del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Quintín Lame. Para ello fue fundamental la continuidad en las conversaciones que garantizaron el gobierno de Virgilio Barco y el de su sucesor, César Gaviria (1990-1994). Sin embargo, las guerrillas de las FARC-EP y del ELN quedaron afuera.

Más tarde, avanzaron otros diálogos, con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que dejó las armas el 9 de abril de 1994 y el “Acuerdo Final para la Paz y la Convivencia, Gobierno Nacional, departamental y municipal y milicias de Medellín”, firmado el 26 de mayo de ese mismo año.³⁰ Hay que señalar que quienes buscaron una integración política a la sociedad no encontraron un contexto favorable: muchos fueron asesinados o desaparecidos. Al respecto, se puede profundizar en los trabajos de la Comisión de la Verdad (s.f) y del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, 2016 y 2017).

La década de 1990 también planteó temas y retos ante los cuales el campesinado debía pronunciarse. Uno de ellos fue la Constitución de 1991. La nueva carta, promulgada el 4 de julio, significó un salto cualitativo de la democracia en Colombia y a su vez marca una serie de asuntos en materia política y social aún por resolver. El movimiento campesino se movilizó para ordenar al gobierno garantizar la igualdad y su reconocimiento como actores políticos y sujetos de derechos y logró ser incluido parcialmente en el artículo 64, que estipula:

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos.

Más adelante, el 2 de diciembre de 1993, asesinan a Pablo Escobar, luego de que el Estado colombiano y las agencias de Estados Unidos acordaron una injustificable alianza con el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), dirigido por los narcotraficantes hermanos Castaño, creado a raíz de la batalla de los carteles Medellín y Cali. Después de este hecho se fortaleció el paramilitarismo y se crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)³¹ y en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dominaron el narcotráfico desde el Nudo de Paramillo hasta el Catatumbo; corredor que les permitió exportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Los militares hicieron parte esencial de estas alianzas (Comisión de la Verdad, s.f).

En este ámbito de confrontación y en el marco de la llamada “apertura económica” que desplegó el neoliberalismo se promulgó la Ley 160 de 1994, que implicó la entrada del sector agropecuario al régimen de las leyes del mercado (CLACSO, 2012). En este período sobresalen el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC), orientada a  evitar la concentración de la tierra en áreas de colonización, que significó un freno al latifundio, particularmente en baldíos y áreas de especial manejo ambiental. El fracaso está relacionado con el hecho de que no hubo cambios de poder al interior de la estructura agraria, ni promoción al ascenso social y político de los pobladores rurales. Colombia se urbanizó antes que solucionar su problema agrario y dejó un sector rural propicio a los conflictos, con una agricultura de baja competitividad (Machado, 2017).

Marchas campesinas: cultivadores y trabajadores de la hoja de coca

El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998)³² aprobó la aspersión con glifosato³³ a cultivos que excedieran las 2 hectáreas, decisión que tuvo impactos en los pequeños cultivadores de Caquetá (CNMH, 2017), Putumayo y Guaviare (CNMH, 2015). En respuesta, entre noviembre y diciembre de 1994 hubo grandes movilizaciones en Puerto Asís (Putumayo).³⁴ Para entonces, el gobierno declaró que no suspendería los programas de erradicación. También estableció en 1995 el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)³⁵ y los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada (Convivir), que fueron restringidos en 1997 porque se habían convertido en más muerte, paramilitarismo y guerra.

En su mandato, Samper creó la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz (Ley 418 de 1997) y el 2 de noviembre de 1995 decretó por segunda vez en la historia de Colombia y por un periodo de ocho meses el Estado de Conmoción interior, a causa del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado³⁶. Durante ese tiempo brindó amplias facultades a la Fuerza Pública para controlar los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá. Por estos tiempos, Estados Unidos comenzaba una intervención en la política de Colombia, mucho más evidente que en el pasado. El gobierno de Bill Clinton incidió directamente en el nombramiento del comandante de la Policía, el general Rosso José Serrano, y del fiscal general, Alfonso Valdivieso (Comisión de la Verdad, s.f).

En 1996 se creó un programa denominado Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE)³⁷ y en julio del mismo año, ante incumplimientos del gobierno,  campesinos, raspachines³⁸ y recolectores, comerciantes, colonos y jornaleros dieron inicio a las marchas cocaleras,³⁹ que impulsaron al movimiento social de los noventa. Dentro del pliego de peticiones se encontraba la suspensión de las fumigaciones, el establecimiento de un plazo de diez años para eliminar los cultivos de uso ilícito, nuevas carreteras, programas de electrificación y la construcción de hospitales y puestos de salud. Las partes llegaron a un acuerdo que incluía la sustitución voluntaria, el establecimiento de mesas para tratar temas de desarrollo rural y  la  creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996.

En constancia se firmó el Pacto de Orito y el acta “Por un Putumayo sin coca y sustentado en la economía solidaria – Plan de Desarrollo Integral de Emergencia” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). De esta manera los cultivadores de coca lograron ser reconocidos como interlocutores del Estado. Sin embargo, en su afán por obtener de Estados Unidos la certificación de lucha contra el narcotráfico —que nunca llegó—, el gobierno incumplió lo acordado y continuó con la erradicación forzada y las violaciones a los Derechos Humanos.

En medio de la incertidumbre política, la recesión económica, la tragedia y la violencia que no cesaba fue elegido el conservador Andres Pastrana (1998-2002), que intentó conversaciones de paz con las FARC-EP en San Vicente de Caguán⁴⁰ mientras al mismo tiempo impulsaba el Plan Colombia, representativo de los intereses de Estados Unidos. A través de este plan, Pastrana emprendió una guerra antinarcóticos y especialmente contrainsurgente, para ello el país “cooperante” aprobó en julio del año 2000, US $1300 millones, de los cuales un 80 % estarían destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y sólo un 20 % a la asistencia económica y social (Comisión de la Verdad, s.f). En su mandato también sobresale el acuerdo de Santa Fe Ralito, firmado por políticos y paramilitares para “refundar la patria”.

Luego de la apertura política y económica que implicó la Constitución de 1991 y que convocó a distintas fuerzas políticas, movimientos sociales e insurgencia y permitió el ingreso de capitales nacionales y extranjeros, legales e ilegales, quedó en evidencia que detrás de los cultivos de hoja de coca no solo estaban las mafias, paramilitares y guerrillas sino una población de alrededor de un millón de personas, que habitaban en Guaviare, Putumayo, Caquetá, Meta, Catatumbo y la Bota Caucana: cultivadores, raspadores, recolectores, cocineros, entre otros, que sobreviven a condiciones hostiles de constante disputa entre actores armados y precarias condiciones de vida.

De esta manera, emergió un nuevo actor en los territorios: el campesinado cocalero, que creció de manera constante, producto de la migración de trabajadores agrarios. Este actor, en consecuencia de su actividad de subsistencia, sufrió escenarios de represión, a raíz de la intensificación del conflicto armado, luego de una escalada militar y la expansión de todos los grupos que están al margen de la ley, así como por la disputa territorial y la cooptación del poder político por parte del narcotráfico. Se trata de un problema que ha sido tratado como un tema de orden público y no como un asunto de política pública.

Parapolítica y “seguridad democrática”

Terminada la Guerra Fría, Washington y El Pentágono trabajaron en —la Iniciativa Andina contra las Drogas—, que planteaba el problema del narcotráfico como un asunto de seguridad nacional el cual debía ser resuelto mediante el ámbito militar con la autorización y participación de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Al principio, Colombia no definía cómo concretar esta estrategia porque el país estaba implementando la ruta de sometimiento a la justicia, que incluía la extradición a Estados Unidos (Comisión de la Verdad, s.f). Sin embargo, el reconocimiento de las FARC-EP como una organización terrorista por parte de 33 Estados —entre ellos Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea— marcó en los primeros años del siglo XXI el inicio de una nueva etapa sobre el conflicto armado.⁴¹

Tras haber terminado el mandato Pastrana, el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a decir que Colombia era un Estado semi fallido porque había perdido presencia, legitimidad y autoridad en gran parte del territorio nacional, que no tenía seguridad sino altos índices de violencia. Justificaba así la continuidad de las políticas de guerra del Plan Colombia (2000-2015). En este tiempo, el país era el segundo con la mayor crisis humanitaria del mundo, después de Sudán.

Los grupos paramilitares volvieron a la población civil objetivo militar, empleando acciones de estigmatización, hostigamiento y persecución, particularmente hacia la considerada base social de las FARC-EP, estrategia conocida como Operación Orión, esto con el fin de dominar los territorios cocaleros y las rutas de salida del narcotráfico, que fueron su fuente de financiamiento de 1997 al 2005, año de su desarme, y al mismo tiempo evitar cualquier tipo de apoyo a las organizaciones insurgentes.

En consecuencia, los paramilitares impusieron a las comunidades diferentes dispositivos de control social, político y económico. El paramilitarismo se transformó y pasó de un accionar volátil y expedicionario al posicionamiento y control territorial en diferentes regiones del país donde inició un descomunal despojo de tierras mediante masacres que se incrementaron entre 1994 al 2002, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, saqueos, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos de población (aproximadamente 6 millones de personas). El resultado fue la usurpación de alrededor de 8 millones de hectáreas de tierra en operaciones en las que el Estado actuó en conveniencia o dejó operar impunemente (Comisión de la Verdad, s.f).

Integrantes de los grupos paramilitares encontraban en el narcotráfico una forma de financiación que les favorecia al momento de consolidar un proyecto político de derecha, el cual permitía su participación camuflada al sistema económico, por medio de la legalización del despojo y de sus riquezas, y al sistema político conocido como la parapolítica, que consistió en la consolidación del poder narco-paramilitar a través del asesinato de opositores, asegurando el apoyo electoral de la ciudadania con actos de violencia intimidatorios. En general, “la relación entre política y paramilitarismo fue tan estrecha que en ocasiones los paramilitares ejercieron como políticos y en otras los políticos fueron paramilitares” (Comisión de la Verdad, s.f).

Álvaro Uribe llegó a la presidencia de Colombia en el 2002 con el 54 % de los votos en primera vuelta por el movimiento “Primero Colombia” y no por el sistema bipartidista liberal-conservador. Su estrategia consistió en expulsar a la guerrilla hacia lo profundo de la selva, donde desarrollaría el conflicto durante sus dos periodos de gobierno. Al día siguiente de su posesión, inició la construcción de una red de informantes, así como la ejecución del Plan Meteoro, con el que sacó a los soldados de los cuarteles para las carreteras junto a la campaña publicitaria “vive Colombia, viaja por ella”. El compromiso de devolverle la “seguridad” al país le sirvió para constituir un supuesto “consenso” en torno a la guerra (Comisión de la Verdad, s.f).

En diciembre de 2001 se creó una comisión exploradora para el diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en 2002 se sancionó la Ley que le permitía abrir negociaciones con los paramilitares otorgándoles tratamiento político⁴², aunque en  realidad no se les había perseguido ni militar, ni judicial ni políticamente. Una de las razones por las que era necesario desmantelar los grupos paramilitares fue que el Plan Colombia ya estaba en pleno funcionamiento y garantizaba un aumento en las capacidades y tamaño de la Fuerza Pública. Esto provocó guerras internas entre los mismos grupos paramilitares que llevaron a cabo falsas desmovilizaciones, estrategia que les permitió mantener activas algunas de sus estructuras, así como la configuración de nuevos grupos sucesores, por ejemplo el Clan del Golfo⁴³. Otros abandonaron tempranamente las negociaciones (Comisión de la Verdad, s.f).

Las AUC estaban dispuestas a dejar las armas siempre que se legalizara parte de su fortuna, su poder político y no ser extraditados a los Estados Unidos⁴⁴. En convenio con el gobierno se firmó en julio de 2003 el Acuerdo de Santafé Ralito, en Tierralta, Córdoba, en el que los jefes paramilitares se comprometieron a un desarme por etapas hasta diciembre de 2005 y a un cese del fuego. Sin embargo lo que sucedió fue que disminuyeron las masacres, mientras se mantuvieron muy altos los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas. También persistieron las violencias sexuales, el reclutamiento y el secuestro (Comisión de la Verdad, s.f). Al final quedaron asuntos pendientes y no resueltos sobre las víctimas, la justicia, la verdad, la integración a la vida civil y la contribución al desmonte del narcotráfico.

El 7 de octubre de 2004, mediante una declaración denominada «Acto de fe por la paz», los paramilitares reiteraron su voluntad de dejar las armas e iniciaron una serie de desmovilizaciones colectivas que se extendieron hasta el 11 de abril de 2006. El último grupo se desarmó en Urabá, justo un mes antes de la reelección del presidente. Al final se disolvieron 36 estructuras armadas entre bloques y frentes, para un total de 30.944 hombres y mujeres en todo el territorio nacional (…) La desmovilización paramilitar significó un alivio para la mayoría de los territorios, aunque el reciclaje y el rearme fue veloz, en parte por las irregularidades que hubo en el proceso (Comisión de la Verdad, s.f).

La seguridad democrática encajó perfectamente en la agenda de Estados Unidos, ahora en cabeza de George Bush hijo. Consistió en una estrategia militar para dar golpes contundentes a mandos medios y altos, desarticular las comunicaciones, la movilidad y las finanzas de las FARC-EP. Esto a través de la creación de más batallones de alta montaña y de la articulación y coordinación del conjunto de fuerzas armadas, que contó con la constante presencia de miembros del Ejército de Estados Unidos en diferentes locaciones militares y policiales. También suscitó cambios en la forma en que se medía el “progreso” en la guerra. Se expresa incluso en el impuesto de pago al patrimonio por el cual se recaudaron a lo largo de los dos gobiernos 800 millones de dólares (Comisión de la Verdad, s.f).

Tras haber logrado la aprobación de la reforma constitucional de 2005, Álvaro Uribe Vélez fue reelegido para el período 2006-2010. En el año 2006 nombró como ministro de Defensa a Juan Manuel Santos quien amplió la financiación del Plan Colombia por tres años más con 728 millones de dólares en 2006 y 739 millones en 2007, presupuesto que mantuvo las políticas de “seguridad democrática”, la modernización del aparato militar y por lo tanto la continuidad de la “Guerra” contra las drogas. El periodo entre 1996 al 2006 merece una especial aproximación, ya que en este tiempo se cometieron el 70 % de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con responsabilidades compartidas entre comandantes, jueces penales militares y agentes de inteligencia. También esta fue la década con mayor injerencia de los métodos, estrategias y recursos de guerra de Estados Unidos (Comisión de la Verdad, s.f).

Dos años más tarde, la relación de Uribe con la Corte Suprema de Justicia se volvió más tensa ante los intentos de utilizar el poder presidencial para ocultar los vínculos del gobierno y su coalición política con el paramilitarismo que crearon una crisis institucional. En 2008 también pasaron importantes hechos en el conflicto armado de Colombia: (1) en febrero, millones de colombianos salieron a manifestarse contra el secuestro; (2) a principios de marzo se puso en marcha la operación Fénix, mediante la cual el Ejército de Colombia bombardeó —en territorio ecuatoriano— el campamento de Raúl Reyes, integrante del secretariado de las FARC-EP. A fin de este mes, además, murió Manuel Marulanda, comandante de esta organización por más de medio siglo. Esto coincidió con un contexto político de difíciles relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador y (3) en julio se llevó a cabo la operación Jaque, que logró el rescate de tres contratistas de Estados Unidos, 11 militares e Ingrid Betancourt (Comisión de la Verdad, s.f).

Además, salió a la luz pública la forma macabra de medir los resultados de la guerra a través de las “bajas” que se le causaron al enemigo, que se convirtieron en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Fue noticia el caso de 19 jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) y de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad de Bogotá, que habían sido encontrados en una fosa común en Ocaña, municipio de Norte de Santander, luego de ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército.

Las ejecuciones extrajudiciales implican el sostenimiento de una escalada militar y políticas de incentivos profesionales, de bienestar y económicos, relacionados por ejemplo, con ascensos, que derivaron en violaciones a los Derechos Humanos y en acciones contra la población civil. En su momento, la postura gubernamental sobre los “falsos positivos” seguía siendo negacionista, sugiriendo que era una intención de desprestigio hacia las fuerzas militares y que no se trataba de un fenómeno generalizado sino de casos aislados (Comisión de la Verdad, s.f). Sobre el tema vale la pena recordar que:

En Vietnam los estadounidenses pusieron en marcha más de 100 indicadores, dentro de los que estaban las deserciones, la fortaleza de unidades de combate, el porcentaje de tropas enemigas destruidas, el promedio de días utilizados en operaciones ofensivas, entre otros. La cuantificación del avance militar giraba en torno a los daños causados a la contraparte. Estos datos se comunicaban a través de reportes semanales y mensuales que terminaron basándose únicamente en las cifras. Los números se convirtieron en un fin en sí mismo. Las métricas eran la base de la doctrina militar (Comisión de la Verdad, s.f).

Más adelante, en febrero de 2010, la Corte Constitucional negó a Uribe la posibilidad de otra reelección con el argumento de que habría una ruptura del equilibrio de poderes y vicios en el trámite. De esta manera, finaliza su mandato en medio de una de las peores crisis diplomáticas de la historia en materia de Derechos Humanos con Venezuela, Ecuador y el resto de la región agrupada en UNASUR⁴⁵. Hace falta mencionar que las izquierdas estuvieron en constante movilización y crearon un bloque de unidad conocido como “Polo Democrático Independiente” que junto a una parte del Partido Liberal fueron los principales opositores del gobierno de Uribe.

En síntesis el doble período presidencial de Uribe Vélez lo dejó inmerso en escándalos como la Yidispolítica,⁴⁶ Agro Ingreso Seguro,⁴⁷ las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)⁴⁸ y los falsos positivos.⁴⁹ Además, en 2024 fue llamado a juicio por la Fiscalía por soborno y fraude procesal.

Diálogos y Acuerdo Final de Paz (AFP)

Juan Manuel Santos, luego de llegar a la presidencia, tomó medidas con el manejo de la política exterior del gobierno y la paz, que lo distanciaron de Uribe. “Insistió que Colombia podía ser un país sin guerrilla y que había que demostrarlo por la razón o por la fuerza” (Comisión de la Verdad, s.f). En efecto, las Fuerzas Militares y la Policía llevaron a cabo la Operación Sodoma en la que resultó abatido Jorge Briceño junto a 20 guerrilleros más.

Después, mientras se llevaban a cabo los diálogos de paz en la Habana (Cuba) en torno a la Reforma Rural Integral (RRI), se inició el paro agrario más importante de las últimas décadas en Colombia. Entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013, en gran parte del país se presentaron bloqueos, mítines, marchas, cacerolazos y otras expresiones de protesta, debido a la situación de vida del campesinado, a causa de los altos precios de los insumos agrícolas, los Tratados de Libre Comercio (TLC), por las dificultades de acceso al crédito y ante la falta de propiedad y tenencia de la tierra.

Resultado de la movilización social, el campesinado logró incluir en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz (AFP) las siguientes propuestas: acceso y uso de la tierra; tierras improductivas; formalización de la propiedad; frontera agrícola; protección de Zonas de Reserva Campesina (ZRC); Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Planes Nacionales para la Reforma Rural, que incorporan, infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social (salud, educación, vivienda, agua potable y erradicación de la pobreza); estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa (asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral) y un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación.

Además, las organizaciones campesinas llegaron a los siguientes acuerdos con el gobierno nacional de Juan Manuel Santos: (1) congelar la norma ICA 970 del 2010, que penaliza a los campesinos que no utilizan semillas certificadas, sino que reutilizaban las de su propia cosecha; (2) salvaguardar por el término de dos años la importación de papa fresca, precocida y congelada; cebolla cabezona; fríjol; arveja; tomate; pera; leche en polvo; quesos y lactosueros de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)⁵⁰ y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)⁵¹ y (3) aplicar las condiciones y tratamientos especiales en los acuerdos comerciales futuros para la protección de los productos antes mencionados. También se lograron acuerdos regionales y sobre el precio del ACPM con el sector de camioneros.

De igual manera, en el Acuerdo Final de Paz (AFP) se reconoce la necesidad de encontrar una solución definitiva e integral al problema de drogas ilícitas que incluya, por un lado, al campesinado como sujeto de derechos y por otro, la formulación y el desarrollo de políticas públicas con enfoques diferenciales. Sobre este tema, el Punto 4 considera tres pilares: (1) Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS): un componente de la Reforma Rural Integral (RRI), (2) Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y (3) Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. A pesar de los esfuerzos y a causa del incumplimiento en lo acordado, las comunidades productoras, sus familias y los territorios, aún hoy, mantienen condiciones de vida igual o mucho más difíciles que años atrás.

Después de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP), en el año 2017 la Corte Constitucional, en sentencia C-077-2017, consideró que los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente. Tras la decisión judicial, en el año 2018, el Estado colombiano se vio obligado a definir el concepto de campesinado como:

Un sujeto que se identifica como tal, involucrado vital y directamente en el trabajo con la tierra (agropecuario) y la naturaleza, pero no solo a este, también a la comercialización y distribución, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo, en cabeceras municipales o en la ruralidad dispersa, en veredas y corregimientos. Además, tienen una identidad cultural propia (Comisión de Expertos, 2018).

Ese mismo año la Corte Constitucional falla a favor de la Sentencia 2028, luego de que 1770 campesinos interpusieron una acción de tutela con la petición de que el Censo Poblacional y de Vivienda (DANE, 2018a) incluyera preguntas relacionadas con esta población, que permitieran al Estado recoger información para formular políticas públicas específicas en su beneficio sobre temas como propiedad rural en Colombia, mujer rural, mercado laboral de la población campesina, bienestar y calidad de vida (DANE, 2020).

Resultado de décadas de movilizaciones, organización y lucha para contrarrestar la creciente expansión del capital y por la defensa de los derechos del campesinado a sus territorios, semillas, agua y bosques, el 5 de julio de 2023, con 149 votos por el Sí y ninguno por el No, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio un respaldo unánime y aprobó el Acto Legislativo 01 de 2023, por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

La decisión ocasionó la reforma del artículo 64 de la Constitución Política, el cual reconocía como derechos el acceso a la tierra, los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, entre otros, pero se limitaba a los trabajadores agrarios (y no incluía al campesinado). Dentro de los aspectos a destacar de la reforma de 2023, está el enfoque de género, el derecho al ambiente sano, a la conectividad digital y el acceso a los recursos naturales, al agua y la diversidad biológica. Asimismo, la norma dispone, que la ley deberá reglamentar dicho artículo con el objetivo de garantizar todos los derechos del campesinado (Soto, 2023).

Valoraciones finales

En la historia, se reconoce el valor del movimiento campesino y las luchas agrarias en Colombia, sus múltiples facetas, violentas y no violentas, jurídicas o por vía de hecho, en la defensa del derecho y la función social de la tierra, que repercute en la inversión productiva pública y privada, como base fundamental del desarrollo social y económico del país. También se distingue el Acuerdo Final de Paz (AFP) y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, como instrumentos estratégicos para fortalecer las luchas y propuestas de los movimientos rurales, que sientan una jurisprudencia y una perspectiva jurídica internacional en el marco de orientar la creación normativa y las políticas públicas.

Específicamente sobre las zonas cocaleras, se puede señalar que surgen por la incapacidad o la falta de voluntad de los gobiernos para entregar tierras a los campesinos. Las mafias del narcotráfico llevaron la propuesta de producción de hoja de coca al campesinado e introdujeron en los territorios esta actividad de economía ilícita, que luego se convirtió en una problemática política y social para el país, y no en una solución para las familias que viven allí, abandonadas, estigmatizadas por el conflicto, perseguidas y tratadas cruelmente tanto por la fuerza pública y el Estado como por distintos actores armados y paramilitares.

En sentido general, la producción de coca a la fecha no se suprimió, sino que se convirtió en una fuente de muchas perturbaciones macroeconómicas, que se conjuga con el desafío permanente de la violencia que ocasionan los carteles y las mafias vinculadas al narcotráfico. Estas han logrado corromper las instituciones, influir en la política y las elecciones, degradar el Estado Social de Derecho, provocar el desplazamiento de millones de personas y la pérdida de la vida de otros miles, mientras que las comunidades campesinas permanecen en la pobreza.

En respuesta, el campesinado ha creado pliegos de peticiones que se han convertido en una ruta de trabajo y en documentos guía para la negociación con el Estado, al tiempo que se han movilizado para reclamar y exigir inversión en el campo, respeto a la vida, garantía de los derechos sociales, económicos, cuidado del ambiente y el reconocimiento de las formas de desarrollo del territorio rural, así como soluciones productivas para no depender exclusivamente de la coca. Lamentablemente, las mesas de negociación y los acuerdos firmados han terminado siempre en incumplimiento.

A lo largo de las últimas décadas, se evidencia que la política para combatir las drogas a través de la estrategia prohibicionista de Estados Unidos no solo es el método más costoso y el menos efectivo, sino que contrario a los objetivos propuestos consiguió profundizar el conflicto militar, social y político, que se nutre de sus recursos, incrementando las violaciones a los Derechos Humanos y perjudicando a las personas pobres de las zonas rurales.

En Colombia el campesinado durante la “seguridad democrática” no mejoró su economía, por el contrario: sufrió atentados, homicidios, secuestros, estigmatización y amenazas. Además del temor, el desplazamiento y el exilio. La tendencia continuó siendo, como en el pasado, la titulación de baldíos, ampliación de la frontera agrícola, deforestación y ausencia de infraestructura productiva, social y política. Esto ha sucedido en parte por la injerencia de Estados Unidos pero también porque las instituciones agrarias son del reparto burocrático y están manejadas por cuotas políticas ligadas al paramilitarismo, el narcotráfico y los “gamonales” regionales.

Para finalizar, conviene dejar de presente algunos de los retos actuales para el desarrollo rural y la construcción de la paz. Por una parte, es fundamental definir y crear directrices específicas para implementar el Acuerdo Final de Paz (AFP) y el nuevo mandato constitucional sobre la protección y el reconocimiento de los derechos del campesinado. Por otra parte, destinar recursos para transformar las condiciones de vida y dificultades en materia de igualdad y equidad, tenencia y propiedad de la tierra, reparación integral de las víctimas de despojo y abandono forzado, no estigmatización y discriminación, seguridad, alimentación, tratamiento penal diferencial y persistencia de los saberes culturales y ancestrales tradicionales.

Condiciones de vida en zonas productoras de hoja de coca

En Colombia, el desarrollo y la implementación del modelo económico agropecuario presenta grandes brechas históricas, sociales, económicas, étnicas y de género, por tanto, las familias que viven en zonas cocaleras y derivan su sustento del trabajo del cultivo de hoja de coca enfrentan múltiples y mayores condiciones de vulneración de derechos en comparación con las demás áreas rurales, altas carencias en los indicadores de calidad de vida⁵² y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (DANE, 2018),⁵³ fundamentalmente como consecuencia de la violencia, el despojo y el acaparamiento de tierras.

En muchos casos, debido a que la población campesina fue obligada a emigrar del centro del país a territorios inhóspitos, han ido perdiendo sus formas de economía, convirtiéndose en el eslabón más débil de la cadena de valor del narcotráfico, que continúa desplazando y destruyendo los proyectos de vida del campesinado, en tanto crea, organiza, sostiene y potencia nuevas y viejas formas de desigualdad. En las regiones afectadas por cultivos de uso ilícito se suma la corrupción al momento de acceder a bienes públicos, la débil oferta institucional, la poca confianza que siente la población hacia las instituciones, la escasa apropiación de los programas de sustitución implementados por el Estado y los reducidos o inexistentes espacios de participación.

Aspectos distintivos de las relaciones socioeconómicas

La producción de coca genera dependencia y trabajo con un alto grado de informalidad durante todo el año y particularmente cada tres meses, cuando se da la recolección de la hoja madura (Ver Tabla 3). Además, logra rápida producción con bajos costos, pronta comercialización y un ingreso promedio mensual equivalente al 56 % de un salario mínimo⁵⁴ por hectárea cultivada (UNODC y FIP, 2018).

Es importante entender que la hoja de coca tiene no solo rentabilidad, sino que permite acceder a fuentes de ingreso en contextos de altos costos del transporte fluvial y terrestre, largas distancias y tiempos de desplazamiento, ausencia de instalaciones para el acopio y almacenamiento de la producción agropecuaria, falta de cadenas de comercialización para la venta de los productos a un precio remunerativo, pagos excesivos a los intermediarios y difícil acceso a crédito. Es decir que las motivaciones son de tipo económico, ligadas a estrategias de sobrevivencia (UNODC y FIP, 2018). Esto se puede ver en la Tabla 4.

De esta manera, el fenómeno persiste y la comunidad rural sigue involucrada en un ciclo de pobreza y exclusión. Se ha mostrado que los territorios cultivadores de hoja de coca son más pobres, están más aislados y tienen menor acceso a bienes y servicios públicos, en comparación con el resto del país. Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), se establece que un hogar es pobre si está privado de un tercio de las dimensiones de los indicadores ponderados: educación, salud, infancia y adolescencia y condiciones de la vivienda.

Las actividades productivas vinculadas con la hoja de coca no requieren de mayor cualificación técnica o de habilidades físicas, por lo tanto, son compatibles con las edades tempranas en las que se inicia (por lo general, población infantil entre 6 y 9 años), cuestión que se relaciona con los altos índices de deserción escolar. En torno a la educación se presenta población analfabeta, niños, niñas y adolescentes que pueden estudiar y no lo hacen, además de rezago escolar y educativo (UNODC y FIP, 2018).

Los efectos sobre la salud, vinculados a las tareas realizadas en cultivos ilícitos, van más allá de los asociados al trabajo agrícola. Se suman los daños que surgen de los productos usados para el tratamiento de las plantaciones y por la institucionalidad en las medidas para la erradicación, al igual que los impactos a causa de la deforestación para ampliar la frontera agrícola.⁵⁶ También es importante tener en cuenta que las personas tienen limitado acceso al sistema médico, servicios públicos y una de cada cuatro vive en hacinamiento. Además existe una sobresaliente tasa de natalidad y de migración adulta, tendencias que no suelen tenerse en cuenta en los programas de sustitución y desarrollo alternativo.

Finalmente, está el problema de la vivienda rural en el país, que refiere a las carencias y necesidades de las personas que no cuentan con seguridad jurídica para su tenencia, ni con adecuadas condiciones de estructura física e infraestructura. El Censo Agropecuario 2014 muestra que a nivel nacional la tapia pisada, el adobe y el bahareque son materiales usados en un 25,6 % de las viviendas rurales ocupadas; la madera burda o tablón son usados en un 18,9 % y la guadua, la caña, la esterilla u otros materiales se utilizan en un 3,4 % de los casos (DANE citado en Dejusticia, 2018). En ese contexto, las condiciones de pobreza y precariedad prevalecen y los recursos para comprar un predio en donde construir o acceder a una vivienda digna son muy escasos.⁵⁷

Mujeres, juventudes y coca

Predominantemente, las familias que viven en las zonas con cultivos de coca se integran de jóvenes y mujeres cabeza de hogar. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2014, el 36 % de la población es femenina y participa en tareas de cocina y cuidado, al igual que tiene un papel activo en la cadena de cultivo (UNODC y FIP, 2018). Sobre el tema, una dirigente de la COCCAM señala: “¡Las mujeres se han empoderado!”. También expresa que la participación no solo es en la economía de la hoja de coca, sino en la cultura e identidad campesina que sostiene la vida. Complementa lo dicho con la siguiente intervención:

Nosotras siempre hemos estado luchando para que se puedan reconocer nuestros derechos y por la apertura de espacios de participación, poniendo en peligro hasta la vida, en distintas ocasiones, siendo manipuladas por grupos armados ilegales, vulneradas en nuestro ser (mujeres como botín de guerra) y víctimas de la represión de los fuerzas armadas legales. Desde las organizaciones sociales hemos visto y buscado estrategias de solución para que las mujeres campesinas y lideresas puedan adquirir herramientas y estrategias para la siembra y la protección de la tierra, el territorio y las semillas. Hoy en día es muy agradable ver muchos liderazgos de mujeres comprometidas, poniéndole el pecho a la lucha y trabajando por la construcción de paz (…). La realidad es que la mayoría de las vidas que se han perdido en todos estos años de conflicto han sido masculinas y entonces nos ha tocado asumir las banderas de nuestros muertos, así como cuidar y mantener nuestros hijos (jefas de hogares), poniéndonos siempre al frente de todas estas necesidades y la protección. Detrás de nosotras han llegado otras compañeras. Esto nos ha motivado a que sigamos permaneciendo en el territorio. Sin embargo, no nos sirven palabras bonitas, necesitamos inversión y el reconocimiento de nuestras luchas como lideresas y defensoras de los Derechos Humanos (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

La perspectiva de las mujeres cocaleras permite percibir y entender que la “Guerra” contra las drogas ha tenido impactos de género específicos. Actualmente diferentes procesos sociales y entidades han llamado la atención sobre el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, buscando estrategias de acercamiento para fomentar la formación política y minimizar las violencias, fortalecer el liderazgo y la autonomía en el campo, incrementar la asistencia escolar y el acceso a los servicios de salud y disminuir el trabajo infantil.

El panorama de desigualdad y violencias de las mujeres campesinas también incluye matrimonio infantil, uniones y fecundidad tempranas, estereotipos de género, acceso a tierras y control sobre la misma, financiamiento, seguridad alimentaria y nutricional, atención a población de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores, brechas en niveles educativos y pobreza monetaria por insuficiencia de ingresos, entre otros aspectos. En promedio, las mujeres rurales trabajan diariamente 14 horas y reciben remuneración por el 39 % del tiempo (5 horas y 28 minutos), el restante corresponde a trabajo no remunerado. Asimismo, dedican alrededor de 2 horas y 25 minutos a actividades de suministro de alimentos (DANE, 2020a-2020b).

Dentro de los aspectos positivos está la colaboración y las buenas relaciones comunitarias fundamentales para centrar esfuerzos asociativos y cooperativos que contribuyan al mejoramiento de vida de la población campesina.⁵⁸ No obstante, la falta de escenarios efectivos de participación también es percibido como un factor de riesgo e incluso como un incentivo para involucrarse no solo en actividades relacionadas con los cultivos de coca, sino además en otras acciones delictivas vinculadas a grupos armados. En línea con lo anterior, se muestra el siguiente testimonio,

Hemos sido excluidos de toda participación real en el poder político y social, es allí donde nos articulamos con el conflicto armado y la lucha social (…) El gobierno no tiene presente la participación comunitaria y la manera en la que se puede llegar a transformar las economías rurales a través de proyectos que nos brinden buen acceso a estar y vivir dignamente (Joven de 25 años) (Yañez, Córdoba y Niño, 2021).

En suma, las mujeres campesinas tienen un rol protagónico en todas las actividades agropecuarias, la alimentación de sus familias y el liderazgo en las comunidades. Actualmente afrontan problemáticas y desigualdades en su acceso completo a la economía rural y a las inversiones e institucionalidad necesarias para su desarrollo. A pesar de que para muchas familias la coca significa una supuesta salida a las condiciones de precariedad y pobreza en las que habitan, su producción y comercialización trae al territorio pocas ganancias económicas y al mismo tiempo guerra, riesgos, angustia y mucho dolor.

El impacto de la violencia y la criminalización

Antes del Acuerdo Final de Paz (AFP), los territorios productores de hoja de coca ya habitaban el conflicto, sin embargo, este no desaparece luego de la firma, sino que se configura nuevamente. Como efecto negativo, los narcotraficantes se han fortalecido, se han vuelto más violentos y continúan sobrepasando la capacidad del gobierno y de las instituciones del Estado.

De igual modo, las comunidades han perdido autonomía, poder de decisión y control sobre sus territorios y siguen con gran desconcierto enfrentando graves riesgos de seguridad, que se acrecientan con el aumento en el número de homicidios y a causa de otros hechos que vulneran la vida. El estudio “Cifras de violencia en Colombia 2016-2023”, realizado por Indepaz, registra que en el primer trimestre del año 2023 hubo treinta y cinco líderes y cinco Firmantes de Paz asesinados; veintisiete masacres y doce eventos de desplazamientos forzados masivos. En la Tabla 5 se pueden encontrar algunos testimonios sobre la situación.

En Colombia no solo se ha perseguido al campesino cultivador, sino que la criminalización del consumo, el porte y el comercio de estupefacientes, establecida en la Ley 30 de 1986,⁵⁹ ha derivado en que las cárceles estén llenas de personas con delitos menores por porte o venta de drogas, incluida la base de coca, cuya privación de la libertad en nada ha contribuido a proteger la salud pública, ni tampoco a desmontar las organizaciones delictivas del narcotráfico que controlan las redes de producción, tráfico y distribución de sustancias ilícitas. Desde 1994 la Corte Constitucional declaró legal el porte de la dosis mínima pero en la práctica se ha hecho difícil diferenciar esto del comercio al menudeo (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017; Comisión de la Verdad, s.f).

En la ruta de criminalización, la primera etapa es la captura, esta puede ser realizada por distintas entidades, como la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y, con mayor frecuencia a partir del Plan Colombia, por “La Brigada contra el Narcotráfico del Ejército Nacional”. Concretamente, se reconoce una tendencia de la Policía Nacional a centralizarse en la persecución por tráfico, porte o fabricación (art. 376 del Código Penal) y no en el lavado de activos o el concierto para delinquir, como se observa en la Figura 5, al igual que patrones de concentración geográfica (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017; Comisión de la Verdad, s.f).

En el caso del tráfico y el lavado de activos hay una alta concentración de capturas en los departamentos donde están ubicadas las tres principales ciudades del país. Para el caso de las conductas de tráfico para procesamiento y conservación de plantaciones destaca el peso de departamentos del sur del país que de forma persistente han tenido cultivos de usos declarados ilícitos como es el caso del Cauca, Nariño y Caquetá (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017).

Figura 5: Capturas por tráfico, porte o fabricación en comparación con otros delitos 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base a Uprimny, Chaparro y Cruz (2017)

En cifras específicas, la población carcelaria aumentó entre el 2000 al 2015 en 141,8 % y creció en número de privaciones de la libertad por drogas en 289,2 % alcanzando 24.374 personas. Según la medición del Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones (ICPS por sus siglas en inglés: International Centre for Prison Studies) en junio de 2016 estaban en prisión 121.778 personas. El país también registra para el mismo periodo de tiempo la tasa de crecimiento de población carcelaria y de presos por drogas más alta en comparación con Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Estados Unidos (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017).

Recientemente el Ministerio de Justicia y del Derecho ha señalado que, a agosto de 2023, 17.670 personas están encarceladas por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto corresponde al 17 % de la población penitenciaria del país. Sin embargo, gran parte de las personas privadas de libertad por delitos de drogas no cometieron crímenes violentos y corresponden principalmente a pequeños cultivadores, recolectores, transportistas o consumidores. No obstante, las sanciones establecidas se acercan a las de crímenes graves como el homicidio, la desaparición forzada y la violencia sexual.

El carácter indiferenciado de la penalización de los delitos de drogas,  —tanto por el tipo de actividad, como por la escala en que se realizan—  ha conllevado a la aplicación de castigos muy severos, que afectan tanto a las personas detenidas como a sus familias en su mayoría pobres y con escasas oportunidades (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017), como se puede ver en la Tabla 6 y Figura 6.

Figura 6: Promedio de penas asociadas a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) por delitos relacionados con drogas

Fuente: Elaboración propia con base a Ministerio de Justicia y del Derecho (2023)

El impacto de estas políticas también ha tenido una afectación dirigida a las mujeres. En Colombia, desde 1991, el número de mujeres encarceladas se ha multiplicado de manera acelerada, pasando de 1500 mujeres a 8351 en 2015. Particularmente, en el periodo 2010-2012 más de la mitad de las mujeres en cárceles llegó a estarlo por delitos de drogas. De estas, solo una ha cometido conducta violenta o pertenece a una organización criminal (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017; Comisión de la Verdad, s.f).

La “Guerra” contra las drogas ha contribuido a la sobrepoblación carcelaria y ha generado un aumento de la criminalización de la pobreza, con consecuencias desproporcionadas para comunidades campesinas, étnicas, minoritarias y de bajos recursos (Amnistía Internacional, s.f). Esta situación no solo perpetúa las desigualdades sociales, sino que también vulnera los derechos fundamentales de las personas.

Investigadores como Uprimny, Chaparro y Cruz (2017) proponen descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel e implementar alternativas a las penas privativas de la libertad.

Valoraciones finales

Las condiciones descritas en las regiones con cultivos de uso ilícito afianzan la salida, expulsión y la poca población en el campo. Además, son un elemento central para entender por qué el campesinado vende su fuerza laboral en el mercado para cultivar, cosechar y raspar la coca. Es evidente que el abandono estatal, la falta de infraestructura, la violencia, entre distintos factores estructurales han forzado a gran parte de la población rural a involucrarse en la cadena productiva del narcotráfico.

Conscientes de que es otra la cara de esta realidad y que la mejor política se hace a través del diálogo, es posible imaginar nuevas respuestas, distintas a la guerra, para solucionar el problema de las drogas. Por una parte, es fundamental avanzar en contener y reducir la influencia de los grupos criminales en zonas afectadas por el narcotráfico, y por otra, brindar incentivos y alternativas de producción a largo plazo para las personas que dependen de esta economía ilícita. Esto incluye el acceso a tierras, políticas públicas y programas de desarrollo rural con enfoques diferenciales.

Además está pendiente avanzar con el tratamiento penal diferencial para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados a actividades relacionadas con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y/o que estén siendo procesados o hayan sido condenados por los delitos tipificados en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000; y que cumplan con los requisitos para acceder al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), en el marco del Acuerdo Final de Paz (AFP).

La superación de estos problemas no compete solo al gobierno nacional, sino que debe involucrar la diversidad de actores y factores políticos, sociales y culturales que dibujan a las regiones, en un mundo rural que se desenvuelve más allá de la comprensión tradicional de las prácticas agrícolas. En este sentido, es clave no perder de vista cuatro aspectos centrales, que cuentan con una relación estrecha y resultan primordiales para encontrar soluciones: (1) la tierra, las capacidades locales existentes y el ambiente que incorpora el suelo y los ecosistemas; (2) los grupos armados, carteles y mafias, además de quienes se ven obligados a pertenecer a ellos; (3) el trabajo con comunidades afectadas, autoridades locales y sector privado y (4) la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP) que busca expandir y asegurar derechos al campesinado.

También, se requiere aprovechar la participación y el liderazgo de las mujeres, las buenas relaciones comunitarias y la baja rentabilidad de los cultivos de hoja de coca a partir de la caída de los precios desde 2022 —ya analizada en el capítulo 1— para transformar las condiciones de vida de las comunidades, que han estructurado una economía alrededor de su producción. De ahí la necesidad de involucrar la mayor participación social para alcanzar la combinación de condiciones económicas, sociopolíticas y agroecológicas, que puedan controvertir el narcotráfico y el agresivo modelo neoliberal.

El fracaso del Plan Colombia

La relación estrecha y desigual que se ha cimentado a lo largo de los años entre Colombia y Estados Unidos pasa por diferentes intereses, económicos, políticos, geográficos, ambientales, hasta lo cultural, determinando un engranaje de violencia focalizada, mayoritariamente en el campo y dirigida a quienes habitan sus territorios. Desde la década de 1940, Estados Unidos ha tenido injerencia en el modelo de seguridad de Colombia, que es el primer país en firmar un programa de asistencia militar en 1952, el cual sirvió como base para futuros acuerdos y misiones de cooperación estratégica. Se añaden los tratados de extradición de 1979 y el de asistencia mutua de 1980, así como la fiscalización internacional.⁶⁰

Se puede decir que a partir del auge en la venta y el consumo de narcóticos en Estados Unidos, con los gobiernos de Nixon (1969-1973) y Reagan (1981-1985 / 1985-1989) se fue perfilando una política exterior de intervención imperialista de este país hacia América Latina, basada en la política de “Guerra” contra las drogas más de carácter contrainsurgente y en Tratados de Libre Comercio (TLC). En el marco de esta estrategia, Colombia se convertiría en un aliado que permitiría afincar los intereses expansionistas de Estados Unidos en la región. Si bien los antecedentes de la vinculación de Colombia con la economía internacional del narcotráfico datan de comienzos de la década de 1930 (Museo Nacional de Colombia, 2014) es a finales de 1960 cuando ingresa en su producción, procesamiento, y comercialización.

La relación bilateral Colombia-Estados Unidos se intensifica en la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) a pesar de los presuntos nexos del mandatario con el narcotráfico (Spitaletta, 2024). En este periodo se avanza en el desarrollo de la doctrina del “Respice Polum” acuñada por Marco Fidel Suarez (1918-1921), que había surtido efectos desde inicios del siglo XX.⁶¹ Esta consistió en adoptar una posición de subordinación y alineamiento incondicional, más que de cooperación, en pro de los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. De esta manera se cimentaron las bases de la política exterior colombiana, que buscó y consiguió de forma creciente la presencia de capital estadounidense en el país. Esta orientación terminó de consolidarse luego de que Reagan impuso la certificación como un mecanismo de presión y control sobre los países donde se producen drogas de uso ilícito, acompañada en abril de 1986 por la firma de la Decisión Directiva 221, a partir de la cual, el narcotráfico pasó a considerarse legalmente una amenaza a la seguridad nacional (Dawn Paley, citado en Arias y Romano, 2022).

Enemigo interno: Una herramienta de persecución política

Simultáneamente al proceso de criminalización y expansión imperialista por parte de Estados Unidos se constituía en el imaginario colectivo la figura del “enemigo interno”, que amenazaba la seguridad de la nación. Este se trasladó del ámbito internacional al local, a partir de la lucha occidental en contra del florecimiento comunista, que tenía como agentes principales a los movimientos y organizaciones de izquierda. Según la Comisión de la Verdad, esta noción “opera como un estigma contra los opositores del orden cristalizado. Aludiendo a su articulación con el ‘comunismo internacional’, su objetivo es establecer un sistema de propaganda y organización contrainsurgente que repercuta en la psique de la ciudadanía” (s.f).

La “Guerra” contra las drogas no solo creó una nueva representación estratégica de la amenaza, sino que buscó despolitizar a los movimientos comunistas, a partir de un relato de deslegitimación que les asociaba criminalmente y judicialmente al narcotráfico. De esta manera, el “enemigo interno” se trasladó discursivamente del campo ideológico al delictivo. Esta Iniciativa no solo buscó restarle legitimidad a las luchas guerrilleras por la reforma agraria y contra la intervención extranjera, sino que también tuvo el propósito de darle más insumos argumentativos a definiciones en torno al traslado de tropas, programas de espionaje y acciones directas de Estados Unidos sobre Colombia.

Por otra parte, la proliferación de carteles de tráfico de drogas ilegales propició el espacio para instalar el discurso de las “narcoguerrillas” (Arias y Romano, 2022), con el que se señala el empleo del narcotráfico como fuente de financiación pero a la vez se conserva la amenaza subversiva. Durante la coyuntura político-militar de la década de 1990, que produjo un recrudecimiento y degradación del conflicto interno colombiano —y se caracterizó por la alianza de terratenientes, élites político-económicas y miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares, delincuencia organizada y mafias—, emergió el componente “terrorista”, que años más tarde termina por instalarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Ante este panorama, si para el Departamento de Estado de Estados Unidos se trataba de una “Guerra” contra las drogas, para el Departamento de Defensa del mismo país era una “Guerra” contra el terrorismo. De esta línea delgada, para los hacedores de la política exterior estadounidense surge la noción de “guerra ambigua” (Pizarro y Gaitán, 2010), que es el preámbulo o la puerta de entrada para lo que finalmente venía a desarrollar el Plan Colombia: una estrategia ideológicamente anticomunista y antinarcóticos, que no afecta necesariamente el negocio capitalista transnacional de carácter criminal y con astronómicas ganancias del narcotráfico.

El Plan Colombia es un programa de asistencia que nació en el gobierno de Andrés Pastrana. Redactado inicialmente en inglés y disponible luego en castellano, fue presentado por los senadores Mike DeWine, Charles Grassley y Paul Coverdell el 20 de octubre de 1999 y aprobado luego en el Congreso de Estados Unidos en junio de 2002, a través del “Acta de Alianza” (Fajardo, s.f, 2018). Precisamente, el cambio en la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) por Pastrana (1998-2002) representó una oportunidad para normalizar las relaciones con Estados Unidos y continuar avanzando en su agenda expansiva.

A partir de este pacto, Colombia se perfiló como uno de los principales receptores de equipamiento militar y apoyo en inteligencia y se convirtió en el laboratorio de la guerra contrainsurgente (Fajardo, s.f). Su resultado fue desastroso para las comunidades campesinas, que se quedaron esperando la ayuda prometida que jamás llegó, y en cambio apareció el desplazamiento forzado como una intención no explicitada de esta ofensiva militar antinarcóticos. De acuerdo a los testimonios recopilados por campesinos dedicados al cultivo y el trabajo con la hoja de coca, el Plan Colombia adquirió connotaciones adversas, configurándose como una experiencia nociva para la tierra y el tejido social, las siguientes palabras dan cuenta de esa realidad:

El Plan Colombia, aunque la propaganda que tenía era contra el narcotráfico, fue pensado y ejecutado contra la guerrilla. Efectivamente, las principales víctimas fueron las comunidades en los territorios en donde se sabía que había presencia de las FARC-EP (…) Los territorios fueron impactados por batallones con una tecnología muy sofisticada. Esto nos trajo como consecuencia un gran número de desplazados hacia las ciudades, falsos positivos y muchas violaciones de los Derechos Humanos y daños ambientales (…) En el año 2000 empezamos a sufrir las consecuencias con las fumigaciones. Llegaron operadores a dar carretillas y kits de animales, cerdos, gallinas, pollos y elementos como palas, bombas de fumigar y libras de semilla, para que nos pusiéramos a trabajar, pero por el aire nos fumigaban con glifosato: nos envenenaron los animales criollos que teníamos y las aguas. Las tierras se pusieron infértiles y eso generó mucho desplazamiento de la zona. Recuerdo que finalmente se incrementó el paramilitarismo, éramos setenta familias y quedaron en el corregimiento cuatro. Y así sucesivamente en todas las comunidades. Fue un arrasamiento que se implementó por aire, suelo y con distintos operativos. Muchas organizaciones se pudieron mantener a pesar de estas situaciones (…) También se crearon muchas organizaciones defensoras de derechos humanos (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

Los “apoyos” que fueron determinados por el Plan Colombia estuvieron focalizados en la fumigación de zonas con cultivos de usos ilícitos —a través de la iniciativa denominada “Ofensiva al sur de Colombia”— y en el fortalecimiento irrestricto a las Fuerzas Militares. De hecho, entre estos dos factores, el 81 % del monto de inversión fue dirigido a la cartera de Defensa. Se constituyó así un esquema militarista que centró sus esfuerzos en combatir a las insurgencias y tratar la problemática desde una perspectiva guerrerista. En este sentido, se configuró una política transversal que habilitó la participación creciente de Estados Unidos en la toma de decisiones internas, en clave de “suplir las deficiencias” pues el Ejército colombiano no estaba apto para contener a las fuerzas insurgentes, que poseían mejor armamento y personal.

Las estrategias que guiaron el Plan Colombia —o “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”—estiman un período de desarrollo inicial de seis años (del 2000 al 2006), en los cuales se proponía como meta la reducción de la producción de cocaína en un 50 %. No obstante, se extendió por quince años. Las siguientes fases fueron la “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y del desarrollo social 2007-2009” y “Desarrollo estratégico para Colombia 2010-2015”. A partir de esta intervención, el país se convirtió en el tercer receptor de ayuda por parte de Estados Unidos, después de Israel y Egipto.

La primera fase (2000-2006) tuvo un costo de 7200 millones de dólares, que fueron financiados con recursos propios por un valor de 2400 millones y de la “cooperación internacional”, principalmente con el apoyo de la Iniciativa Andina contra las Drogas, por un valor de 4800 millones, como se puede observar en la Figura 7. En los primeros años el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda por $1300 millones de dólares para el año 2000 y 2001. De estos, US $860 millones estaban destinados para Colombia —adicionales a los US $330 millones que habían sido aprobados previamente como ayuda para esos años— y US $440 millones para los países vecinos: Ecuador, Perú y Bolivia (García, 2015).

Figura 7: Evolución de los recursos para el Plan Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a Ministerio de Defensa y Security Assistance Monitor, Center for International Policy, citado en Departamento Nacional de Planeación (s.f)

En el último año el Plan Colombia llegó a costar 16.940 millones de dólares: US $9940 millones otorgados por Estados Unidos para asistencia militar e institucional y US $7000 millones aportados por Colombia. De los fondos suministrados por Estados Unidos, el 71 % —es decir, US $7060 millones— financió fiscalización de estupefacientes, asistencia antidrogas, fortalecimiento militar, artículos de defensa y el programa antiterrorismo. El 29 % restante —US $2880 millones— se gastó en asistencia institucional: desarrollo alternativo, población vulnerable, reforma judicial, reformas a la seguridad, Derechos Humanos, desplazados, democracia (Delgado, 2016).

Más allá de la narrativa que presenta cada documento, hay tres claves que constituyen los pilares de su desarrollo: (a) la asistencia extranjera, (b) la estrategia contrainsurgente y (c) la mercantilización de la guerra, que trae consigo privatización, tercerización en la provisión de productos y servicios del sector defensa y el empleo de empresas transnacionales de seguridad (Arias y Romano, 2022). Estos elementos son cruciales para entender la financiación estadounidense como catalizadora del proceso favorable a la unipolaridad de la potencia norteamericana y a su demanda de recursos naturales estratégicos, en Colombia, un país que a su vez constituye un potencial de expansión mercantil de sus empresas.

Resulta evidente que la “Guerra” contra las drogas fue más bien una excusa para frenar el avance de las guerrillas, en particular de las FARC-EP. De hecho, durante este proceso se crea el primer batallón antinarcóticos del Ejército colombiano. Esta estructura se presentó como una fuerza de 2300 hombres con la misión de actuar en Putumayo y Caquetá, regiones con mayor presencia insurgente, mientras que los territorios en manos del paramilitarismo, desde los cuales se exportaba la cocaína, fueron obviados.

Después del quiebre del proceso de paz entre el gobierno de Andres Pastrana y las FARC-EP, en febrero de 2002, se retomó en la zona de distensión de San Vicente del Caguán y en 200 municipios del territorio nacional, que estaban sin policía, en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Cauca y Sucre, la ocupación territorial de las Fuerzas Militares aumentando su tamaño en forma exponencial. Este hecho finalmente cristalizó la transformación del enemigo interno hacia el esquema del terrorismo, buscando suprimir el carácter político de la insurgencia.

En este contexto se da la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, con el impulso a su política de la denominada “seguridad democrática”, acompañada del apoyo incondicional de Estados Unidos, que concluye en hacer oficial la redefinición del conflicto como una “amenaza terrorista”.

La “seguridad democrática” alcanzó los mayores niveles de internacionalización del conflicto armado y de sumisión respecto a Estados Unidos.  Siendo complaciente con sus intereses, en 2009 se permitió que en siete bases militares las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvieran permiso de aprestamiento logístico, entrenamiento y movilidad. Estas bases se encuentran localizadas en Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga (Martín y Vega, 2016). Además, se brindó acceso al espacio marítimo (embarcaciones) y aéreo (aviones), se les absolvió del pago de impuestos y de derechos de aduana y se le concedió inmunidad.

Álvaro Uribe Vélez, durante su segundo mandato (2006-2010), nuevamente estimuló el conflicto armado y los intereses políticos de Estados Unidos bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Esta vez la estrategia centró sus esfuerzos en la aspersión con glifosato y la erradicación forzada buscando así la supuesta “neutralización de grupos armados ilegales involucrados en cualquiera de las etapas del negocio del narcotráfico; [la] ubicación, identificación y neutralización de objetivos de alto valor; [y el] apoyo a operaciones militares sostenidas en zonas de retaguardia de los grupos terroristas” (DNP, 2007). En realidad, quienes fueron afectados son las comunidades campesinas, trabajadores y cultivadores de hoja de coca.

Este modelo de la “Guerra” contra las drogas posee además numerosos aspectos negativos, como el impacto ambiental y social de la fumigación aérea. Es importante resaltar sobre este aspecto que, a pesar de que para el 2006 la cantidad de hectáreas de cultivo de coca no superaba las 80.000 ha, hubo una aspersión mayor, equivalente a un 120 % en relación con el número de plantaciones. Esto quiere decir que no solo se realizaba dicho mecanismo ecocida sobre los cultivos detectados, sino que también se hacía sobre áreas “sospechosas” o “potenciales” (UNODC, 2010). Los niveles de aspersión con glifosato pasaron de 130.364 ha en el año 2002 a 172.026 ha en el 2006 (dosis muy por encima de las máximas recomendadas). En la Figura 8 se presentan datos sobre la política de erradicación forzada en esta etapa.

Figura 8: Erradicación de cultivos de coca 2001-2009

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2010)

Cambios en el comportamiento de los cultivos de hoja de coca

Entender las consecuencias del Plan Colombia y la política de “Guerra” contra las drogas implica analizar las hectáreas cultivadas por departamentos entre el 2002 y el 2022, período en el que se sucedieron los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) e Iván Duque (2018-2022) y el comportamiento de los cultivos ilícitos en relación con la meta de reducción del 50 % entre los años 2000 y 2006, así como, su continuidad en las fases II y III. (Ver Figura 11).

En Colombia las zonas afectadas con cultivos de uso ilícito presentan particularidades y dinámicas diversas, con contextos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que las diferencian —ya analizadas en los capítulos anteriores—. Algunos departamentos tienen tradición cocalera y procesos de colonización, como es el caso de Putumayo, Caquetá y Guaviare; y otros llevan un proceso de consolidación más reciente, como Nariño y Norte de Santander. Se puede añadir que en la última década, en el país se han detectado cultivos de hoja de coca en 23 de los 32 departamentos (UNODC, 2006).

A nivel departamental, aparentemente tras la ejecución del Plan Colombia, se advierte una reducción significativa en la extensión de los cultivos de hoja de coca en Guaviare, Bolívar, Caquetá y Vichada. En otros casos, como se observa en la Figura 9, aunque en los primeros años hay decrecimiento, el cultivo vuelve a incrementarse, como sucede por ejemplo en el Putumayo —que contaba con 41.050 ha en el año 2002 y pasó a tener 48.034 ha en el año 2022— y en Norte de Santander —con 11.719 ha cultivadas en el 2002 y 42.034 ha en el 2022—. También resulta notable el incremento de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Meta.

En concordancia, la reducción de la producción que se registra es temporal y el resultado final es que el cultivo se desplaza a otras zonas. Resulta importante tener en cuenta que en las mediciones y en el reporte de datos de siembra de hoja de coca influyen variables como las tecnologías para cultivar y procesar la hoja de coca, toda vez que condicionan los rendimientos, los patrones de tamaño de los lotes, los ciclos de producción, la frecuencia de la cosecha, factores climáticos, la aspersión aérea, los mecanismos de erradicación y los tipos o las variedades sembradas.

Figura 9: Hectáreas de coca por departamentos

Fuente: Elaboración propia con base a Datos Abiertos (s.f.)

Durante los primeros años del Plan Colombia, el país experimentó una disminución en la siembra de coca, pasando de 163.000 ha en el año 2000 a 78.000 ha en 2006, lo que representa una reducción del 52 %. Por otra parte, finalizada la primera fase, en el año 2007, se registró un incremento en la siembra de 21.000 ha más que el año anterior, alcanzando un total de 99.000 ha. En los siguientes años, entre 2008 y 2012 volvió a descender, luego se estabilizó en 2013 con 48.189 hectáreas y volvió a ascender hasta 2017 cuando alcanzó 171.495 hectáreas (UNODC, 2003, 2007-2008, 2010, 2011-2014, 2017-2018). (Ver Figura 10). En el análisis es importante tener en cuenta que durante las conversaciones en el Caguán (1998-2002), los cultivos de coca registraron una disminución tanto en las hectáreas como en los rendimientos de la cocaína (Uribe, 2019).

Las altas y bajas en los cultivos de uso ilícito han suscitado debates sobre la efectividad del programa, siendo catalogado por instancias del alto gobierno estadounidense como un fracaso pues, a pesar de los esfuerzos y el considerable aporte económico, el problema se mantiene y resulta una preocupación latente en el país. Según el informe de la Western Hemisphere Drug Policy Commission (2020) “mientras que el Plan Colombia fue un éxito en la lucha contra la insurgencia, fue un fracaso en la lucha contra el narcotráfico, porque Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo”.

Figura 10: Cultivos de coca en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2003, 2005, 2007-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022)

En el periodo de Uribe Velez la aceleración de la aspersión aérea dejó graves daños ambientales en comunidades y Parques Nacionales Naturales (PNN) y por este motivo los rendimientos siguieron bajando, pese al aumento que se presentó en la cantidad de hoja por hectárea en los años 2005 (86.000 ha) y 2007 (99.000 ha) (UNODC, 2007-2008). El régimen fue “Fumigar, fumigar y fumigar”. En consecuencia, desplazó y despojó comunidades enteras, al igual que promovió acuerdos y leyes para el acaparamiento de tierra, las aguas y los bosques. Luego expidió licencias exprés a las explotaciones mineras (Mamacoca, s.f).

En este tiempo, John Walters, responsable antidrogas norteamericano, señalaba complacencia y justificaba el supuesto “éxito” de Uribe Vélez en la reducción de la coca que se cultiva en Colombia. Al respecto dijo: “Los esfuerzos del mandatario contra el narcotráfico están acabando con las fuentes de financiamiento que usan los narcoterroristas y golpeando el mercado internacional de la cocaína” (Armada de Colombia, s.f).

En el mandato de Juan Manuel Santos, de manera particular, se dio un incremento sustancial de los cultivos de coca. El país pasó de tener 62.000 ha en 2010 a 169.019 ha en 2018, lo cual equivale a un aumento del 272 % (UNODC, 2011, 2019), motivado en parte por la expectativa de que el Acuerdo Final de Paz (AFP) beneficiaría a los cultivadores de coca que se comprometieran a sustituir. Esto no sucedió, porque son más los incumplimientos que los avances en la implementación.

De manera precisa, el campesinado exigió en el Paro Agrario del 2013, la modificación de la política antidrogas y solicitó con urgencia una sustitución gradual y concertada que diera fin a las fumigaciones y a la “Guerra” contra las drogas, sin embargo, el gobierno extendió –contrario a lo acordado– su campaña de erradicación forzosa con el respaldo de Estados Unidos. Esto produjo que luego de la firma nuevos grupos armados controlen la cadena de suministro y compitan por el control de la compra, el procesamiento de la coca y las rutas de tráfico hacia el exterior del país (International Crisis Group, 2021).

En los quince años que se desarrolló el Plan Colombia (2000-2015), hasta el primer periodo de Santos, 2,2 millones de hectáreas fueron erradicadas, lo que equivale a la extensión del Departamento de Cundinamarca. En ese período se incautaron 2381 toneladas de cocaína, lo que corresponde a cinco años del potencial de producción para el año 2016. También se confiscaron 1873 aeronaves y 5636 embarcaciones del narcotráfico. Sin embargo, el país continuó enfrentando una grave situación en materia económica y el deterioro de las condiciones de seguridad (DNP, s.f).

Más adelante, en el período de gobierno de Iván Duque (2018-2022), existió un incremento del 36 % en los cultivos de hoja de coca, pasando de 169.019 hectáreas en 2018 o a un máximo histórico de 230.028 ha en 2022. Esta cifra además va acompañada de un potencial de producción de 1220 toneladas métricas de cocaína en 2018 a 1738 toneladas métricas de cocaína en 2022 (UNODC, 2019 y 2023).

Dentro de las políticas llevadas a cabo por Duque sobresale la operación Artemisa, una campaña militar impulsada entre los años 2019 y 2022 para supuestamente “combatir” la deforestación en distintos territorios con interés ambiental, principalmente en los Parques Nacionales Naturales (PNN): Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Picachos, Puré y la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. Según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública, “apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, es decir que pasó de 158.894 ha deforestadas en Colombia en 2019 a 174.103 ha en 2021 y costó más de 3400 millones de pesos (unos 700.000 dólares)” (Tarazona y Parra, 2022). Al final, la deforestación no paró de crecer.

A pesar de que las Fuerzas Militares presumieron de erradicar cultivos ilícitos y destruir laboratorios, no solo la producción y la exportación se mantuvo en crecida, sino que tampoco se frenó la deforestación en Colombia. Mientras tanto, se desarrolló una persecución judicial contra campesinos y pueblos étnicos. De hecho, distintos operativos causaron daños ambientales y a las casas de las personas que habitaban los territorios, que fueron dinamitadas. La operación Artemisa también fue un aliciente para un nuevo escenario de terror en el que los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto y con siembra de hoja de coca vivieron capturas ilegales y el asedio violento del Estado.

Finalmente, el periodo del mandato presidencial de Duque, al igual que los anteriores  fue una nueva etapa de violencia, criminalización y odio hacia las personas que habitan el campo y cultivan sus tierras. De manera específica, representó un retroceso en los avances que el campesinado había alcanzado a través de la movilización y el Acuerdo Final de Paz (AFP).

Figura 11: Hectáreas de coca por periodos de gobierno

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2003, 2005, 2007-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022)

Valoraciones finales

La “Guerra” contra las drogas lleva décadas y miles de millones de dólares en asistencia militar, técnica y económica. Sin embargo, los resultados distan bastante de los objetivos declarados. Uno de sus más grandes equívocos ha sido considerar el problema como un asunto militar. Ese enfoque bélico y punitivo ha decantado, entre otras cosas, en la creación y consolidación de un Estado que convive con el poder de la economía del narcotráfico mientras dice combatirlo y promueve la persecución a los pequeños cultivadores, trabajadores de la hoja de coca y consumidores.

El narcotráfico ha impuesto sus complejas y difíciles lógicas en las zonas que ocupa, sean estas de campesinos, comunidades indígenas o pueblos afrodescendientes, utilizados para sus fines lucrativos. La dinámica socio-económica de las regiones se ha organizado en función y en clave de su mercancía. Un fenómeno que no corresponde únicamente a la política criminal sino que involucra a las instituciones, a la economía y a las bases sociales del país, que han sido permeadas por el avance de la droga, la violencia y la corrupción. Además, la militarización que implica la puesta en práctica de la “Guerra” contra las drogas ha provocado un aumento del conflicto armado.

El poder de la economía del narcotráfico es tal que no solamente afecta a las regiones en donde los narcotraficantes acceden a tierras de muy bajo costo y mano de obra barata empobrecida, lejos del control del Estado, sino que además construyen redes de influencia y poder con la capacidad de disponer de jueces, magistrados, senadores, concejales, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes. Además, el régimen de los gobiernos que se ha caracterizado por un enfoque sancionador y de coerción ha mostrado ser inefectivo y cuyos efectos han sido contraproducentes, generando incluso más daños que el problema que busca resolver.

La injerencia de Estados Unidos en el conflicto social y armado de Colombia ha sido constante y directa en la destrucción de las economías campesinas, víctimas de fumigaciones, bombardeos y de la persecución oficial y paraoficial. Los sucesivos gobiernos del período 2002-2022 son responsables de la prolongación del conflicto armado en el país, en la medida que han promovido la doctrina del “enemigo interno” y la guerra contrainsurgente, en todas sus manifestaciones, y con este objetivo han estimulado y entrenado a las Fuerzas Armadas de Colombia. En este sentido, construir una sociedad en paz y democrática implica replantear las relaciones entre Colombia y Estados Unidos de manera que se recupere la soberanía nacional: es imprescindible que el país maneje de forma autónoma sus asuntos internos para que respondan a los intereses de la población colombiana, el campesinado, la ciudadanía y no a los de Washington.

Cultivadores de hoja de coca: Eslabón más débil en la cadena del narcotráfico

¿Por qué la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva que es el campesino cultivador y trabajador de la hoja de coca y no en los narcotraficantes o sus carteles transnacionales? Responder a esta pregunta requiere entender cómo funciona y se estructura el circuito del narcotráfico, ya que son distintos los niveles que determinan el mercado de la cocaína. Evidentemente, la hoja de coca no es ni la pasta ni el producto final que mayoritariamente es vendido en Estados Unidos. También es fundamental conocer que la distribución de las ganancias no se distribuyen de la misma forma.

Circuito coca – cocaína

Todo inicia en los bosques húmedos subtropicales, espesos ecosistemas que bañan las montañas de Colombia y propician las condiciones óptimas para el crecimiento de la planta de hoja de coca. Una especie originaria de los Andes y con una profunda carga espiritual y cultural para los pueblos nativos, que miles de años atrás ya hacían uso de esta. Según  Morello y Matteucci (2001), la hoja de coca se siembra en terrenos frágiles que no deberían ser usados para la producción agrícola y en los que es necesario que se cumplan al menos tres condiciones: (a) pendientes superiores a 45 grados; (b) suelos franco-arcillosos que estén bien drenados y (c) tierras “limpiadas” por prácticas como la quema, tumba y roza.

Una vez que ha crecido la planta, los recolectores se encargan de realizar todo el proceso de levantamiento o cosecha de la hoja.⁶² Estos trabajadores desarrollan dicha actividad de forma grupal, tanto en terrenos propios como de terceros. De hecho, diferentes testimonios sugieren que, en caso de ser propietarios, pueden desarrollar esta actividad de manera individual. Una vez que se ha realizado el proceso de recolección, el producto es vendido a las personas identificadas como “compradores, traficantes o intermediarios”. En la Figura 12 se ilustra la secuencia que sigue el circuito desde el cultivo hasta el procesamiento en un nivel inicial, hasta convertir la hoja de coca en pasta base.

Figura 12: Cultivo, cosecha y procesamiento de la hoja de coca en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) (2023)

Después, la hoja de coca es trasladada a un “laboratorio”⁶³ y allí los campesinos, en muy malas condiciones, prestan su fuerza de trabajo para realizar todo el proceso, que consiste en: (1) preparación de la soda a altas temperaturas; (2) trituración de la hoja; (3) aplicación de Cal (10 kilogramos), amoníaco (1 litro) y permanganato de potasio (200 gramos); (4) traslado a tambores donde se aplica la gasolina (60-80 litros); (5) proceso de filtrado; (6) mezcla de ácido clorhídrico; (7) nuevo filtrado y (8) exprimido hasta que queda la pasta base de cocaína. El producto que se obtiene es vendido desde las montañas de Colombia por un valor aproximado de 600 dólares y cuenta con suficiente demanda (International Crisis Group, 2021; Museo Nacional de Colombia, 2014).

En esta fase los cultivadores pueden diferenciarse así: (a) los que cultivan y venden —a compradores también conocidos como intermediarios o “químicos”— la hoja de coca fresca, que finalmente se emplea para el proceso de extracción en las mismas regiones o en otras regiones fuera del país; (b) los que cultivan la hoja de coca y la procesan hasta obtener pasta base, actividad que se realiza generalmente en las mismas fincas o en sitios cercanos a los cultivos y (c) los que cultivan la hoja de coca y producen base de cocaína, proceso que requiere más insumos químicos y presión en la elaboración (UNODC, 2006).

De acuerdo con el partido Comunes (2021) la relación económica existente entre la actividad ilícita y la subsistencia de la población campesina, que está vinculada a actividades relacionadas con el cultivo de plantaciones de uso ilícito se establecen de conformidad con los siguientes vínculos:

• Amediero: persona o núcleo familiar que realiza cultivo, conservación o financiación de plantas o semillas de uso ilícito, previo acuerdo con quien ostenta alguna relación jurídica con el predio (propietarios, poseedores y/o tenedores).
• Cuidandero: persona o núcleo familiar que se encarga de la guarda, protección y conservación de la plantación ilícita o sus semillas.
• Cultivador: persona o núcleo familiar que siembra el cultivo de uso ilícito en su finca y, en el caso de la hoja de coca, la transforma en pasta base.
• Recolector: persona o núcleo familiar que vende su mano de obra para cosechar plantaciones de uso ilícito que no le pertenecen.
• Trabajadores domésticos: persona o núcleo familiar que realiza la preparación de alimentos a las demás personas y desarrolla tareas de asistencia doméstica.

Enseguida, el producto es comprado y transportado por distintos medios: mar, tierra y aire, para ser convertido en clorhidrato de cocaína. Uno de los factores que determinan los lugares y la forma en que se desarrolla la producción de coca es la ubicación geográfica en cercanía a las fronteras, puntos estratégicos en términos de transporte (exportación) y expansión de mercados. Además, estas localizaciones tienden a ofrecer mejores oportunidades para llevar a cabo la actividad ilegal, debido a la facilidad de ingreso de insumos químicos, fragilidad institucional y dominio de grupos criminales (UNODC, 2023).

En la Figura 13 se muestran los departamentos con producción de coca en Colombia, la densidad de los cultivos ilícitos, los enclaves y las rutas de salida. Todos ellos son elementos clave para comprender la cadena de valor del narcotráfico y su dinámica territorial en el país.

Figura 13: Circuito productivo de la coca en Colombia 2020

Fuente: Elaboración propia con base a El Orden Mundial (2022)

El circuito de la coca continúa y en este punto los carteles de droga locales e internacionales, grupos armados sucesores del paramilitarismo y organizaciones criminales ya hacen parte del control total del mercado.  Para analizar la cadena de valor se puede consultar la Figura 14, la cual constata que los campesinos y recolectores forzados al cultivo y la recolección quedan anclados en la primera etapa del proceso y reciben por kilogramo de hoja de coca tan solo el 0,75 del valor de un dólar, mientras que el producto vendido en países como Estados Unidos y Europa alcanza un pago entre US 60.000 a US 90.000 por kilogramo. Muestra además que el valor de 1 kilogramo de cocaína en un laboratorio colombiano tiene un costo aproximado de US $1500, más del doble de la pasta base (International Crisis Group, 2021).

Figura 14: Cadena de suministro de coca en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a International Crisis Group (2021)

Después de que el producto es recibido por las mafias y carteles del narcotráfico, estos se encargan de hacerlo llegar a los países más ricos del planeta. Según la UNODC, citado por Florencia Melo en Statista (2023), tan solo un gramo de cocaína puede alcanzar el valor de US $110 en el Reino Unido y US $286 en los Emiratos Árabes Unidos. Esto quiere decir que 1 kilogramo puede alcanzar un costo de US $286.000 en el mercado internacional, lo que significa un incremento de 47.566,7 % en comparación con el valor de la pasta base. Estos cambios de valor se pueden observar en la Figura 15.

Figura 15: Consumo de drogas: El precio de un gramo de cocaína

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) citado por Florencia Melo en Statista (2023)

En el negocio existen profundos nexos del narcotráfico con políticos, militares, policías, élites económicas y países occidentales. Como menciona Vargas (2010) en la revista Nueva Sociedad, es bien sabido que organizaciones paramilitares relacionadas con el narcotráfico han llegado a influenciar y controlar distintas instancias del Estado y el alto gobierno. Además, existen diversas evidencias, señaladas por InSight Crime (2021), sobre la articulación entre el narcotráfico y altos mandos de la policía colombiana que han cooperado en ciertos casos con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés: Drug Enforcement Administration).

Valoraciones finales

Si bien la cadena de valor del narcotráfico es un tema complejo y multifacético, que ha evolucionado a lo largo de las décadas, es evidente que la política de “Guerra” contra las drogas se centró en el primer eslabón, justificando falsos avances con las fumigaciones, erradicación de cultivos y capturas a los campesinos cultivadores y trabajadores de la hoja de coca, sin afectar los intereses de las mafias transnacionales y otros interesados como altos funcionarios del gobierno, empresas privadas y miembros de las Fuerzas Militares. De esta manera, se entregan resultados a Estados Unidos, se mantiene el conflicto sin resolver las causas estructurales de la desigualdad en la tierra y a su vez se sostiene la razón para que se mantenga la intervención estadounidense. Sobre este tema, una lideresa de la COCCAM señala lo siguiente:

A la fecha es el campesinado quien recibe el peso de las condiciones impuestas por los Estados Unidos, las dinámicas de violencia y el control de los grupos armados. La revictimización se encuentra a la orden del día y como si fuera poco, arrebata el sueño de un campo en el que florezca la paz y la vida. Asimismo, para los intereses expansionistas de Estados Unidos, es beneficioso mantener vigente un enemigo común, que permita continuar con sus políticas económicas extractivistas que imponen el sistema capitalista y el modelo neoliberal. Esto añadido al hecho de que las empresas encargadas de producir glifosato o armas son aliadas de las instancias tomadoras de decisiones públicas (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

Algunas investigaciones —entre ellas la de Carlos Toranzo Roca (1996)— afirman que para analizar la problemática derivada del negocio de la cocaína es necesario priorizar el punto de vista de los productores. En este sentido, es central entender la necesidad de un cambio estructural dentro del contexto social y económico que ha llevado al campesinado a la ilegalidad. Esto desafía a los Estados a asumir su responsabilidad en el deterioro de las comunidades y a abordar las causas subyacentes, yendo a la raíz del problema en lugar de centrarse en la siembra y cultivo de las plantaciones ilícitas.

En lugar de abordar la crisis de las drogas como un problema del lado de la demanda, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales pretenden enfocarse en el lado de la oferta y tratarlo mediante el uso de la fuerza militar ejercida contra pequeños campesinos que cultivan y comercializan la planta de coca. Otra de las razones por las cuales no se ha podido menguar el fenómeno en más de sesenta años es porque la aplicación de la política de “Guerra” contra las drogas no afecta las rutas de comercio por donde se mueve el dinero de las mafias, puertos, aeropuertos y rutas nacionales.

Se observa en años recientes, a diferencia de los anteriores gobiernos que Gustavo Petro está interviniendo las rutas de comercio de la economía del narcotráfico. Como resultado se están presentando una serie de incautaciones de coca. Sin embargo, en el territorio, respecto a las causas estructurales de infraestructura, educación y vivienda no se ven suficientes avances. Se percibe el esfuerzo, sobre todo en el tema de controlar a los narcotraficantes y al comercio, pero continúa pendiente la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) para conseguir el bienestar de las comunidades rurales. Al respecto, menciona una lideresa de la COCCAM:

Las familias campesinas están recibiendo las consecuencias nuevamente, porque debido a las incautaciones no hay compradores y además llevamos siete años sin una iniciativa que motive la agricultura. No se ha implementado la Reforma Rural Integral (RRI), el acceso a la tierra y no se han impactado los territorios con la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) para que puedan empezar a cambiar las economías (…) Pues obviamente la gente, después del fracaso en la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) vuelve a la siembra de la coca (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

Sobre el tema Gustavo Petro, ha dicho en el discurso ante las Naciones Unidas, que la “Guerra” contra las drogas se ha desarrollado contra el campesinado colombiano y las personas pobres de los países occidentales. En su lugar, hay que luchar por construir una sociedad pacífica, que no le quite el sentido a las personas, quienes son tratadas como un excedente para la lógica de la sociedad (La Silla Vacía, 2024).

Finalmente, el circuito del narcotráfico evidencia las lógicas del enfoque capitalista y expansionista de Estados Unidos, que determina dinámicas de mercado que no solo explotan la fuerza laboral del campesinado en zonas cocaleras, sino que también estimulan las causas de falta de equidad que los obligan a cultivar este tipo de plantas. En tal sentido, Estados Unidos que determina las políticas antidrogas evade su responsabilidad con el deterioro del tejido social, que pasa del narcotráfico del cultivo de hoja de coca al consumo de cocaína. Asimismo, asume un enfoque guerrerista, coercitivo y de prohibicionismo que afecta negativamente y no contribuye a apoyar al campesinado en la transición hacia economías lícitas.

Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito

En la última década, la cantidad de hectáreas con cultivos de coca en Colombia ha dejado en suspenso las posibilidades de lograr una paz completa y duradera. El fracaso de la estrategia antinarcóticos ha favorecido la aparición de políticas basadas en la idea de que los cultivos ilícitos son un problema de criminalidad y no de desarrollo rural. El conjunto de acciones destinadas a disminuir la dependencia de las economías ilícitas asociadas a las drogas han recurrido principalmente a programas de sustitución de cultivos, sin embargo, esta metodología ha demostrado limitaciones, ya que se ha centrado en intervenciones individuales, con acuerdos de alcance reducido y temporal, ignorando la compleja variedad de factores que contribuyen a la dependencia de las actividades ilícitas.

Propuestas en los gobiernos de Virgilio Barco y Samper

El programa de Desarrollo Alternativo de Virgilio Barco (1986-1990) tiene sus antecedentes en el año de 1986, cuando las Naciones Unidas ejecutaron pequeños proyectos en los departamentos de Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño. Estableció las bases para la implementación, en áreas libres de ilícitos, de las políticas sectoriales de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, para ello, centró su acción en la promoción, gestión y apoyo a proyectos productivos y de generación de empleo, ingresos y valorización patrimonial, a través del Plan Nacional de Rehabilitación, puso en marcha algunas obras de infraestructura y dio impulso a la sustitución de cultivos ilícitos con un enfoque a corto plazo y un fuerte sesgo económico (Giraldo y Lozada, 2008; DNP, 2023).

Por su parte, el gobierno de Samper (1994-1998) intentó, en teoría, brindar una atención diferenciada al pequeño cultivador de marihuana, coca y amapola, a quien le ofrecía la sustitución, a través del Programa de Desarrollo Alternativo (PLANTE) que tenía por objeto “emprender acciones para la generación de opciones productivas lícitas, rentables y ambientalmente viables, para campesinos e indígenas, en orden a superar las condiciones que facilitaron el establecimiento de cultivos ilícitos“ (Decreto 472 de 1996) pero al tiempo hizo fumigación a escala masiva con una ofensiva militar en la que toda la coca era tratada como un problema insurgente. La aspersión fue la estrategia que se impuso, dado que la sustitución requería un esfuerzo en desarrollo rural que el Estado nunca hizo. Algunos de los argumentos históricos a favor de esta medida han consistido en que, como el campesinado no tiene títulos de tierra, el Estado no puede sustentar sus proyectos.

Recientemente, en septiembre de 2023, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) elaboró para la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) el  informe “Focalización de los Programas de Desarrollo Alternativo en la Última Década: balance y recomendaciones”. Dentro de los hallazgos que presenta está la focalización de los programas: Modelo Posterradicación y Contención (MPC) (2012-2016); Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) (2017-presente); y el Programa Formalizar para Sustituir (2016-presente) en zonas con baja cantidad de cultivos de coca o de “contención” y no en las áreas de mayor persistencia y producción.

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)

El Acuerdo Final de Paz (AFP) plantea la necesidad de encontrar una solución definitiva e integral al problema de drogas ilícitas, a partir de la formulación y desarrollo de políticas públicas con enfoques diferenciales. Conforme con la información registrada en el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto (SIIPO, s.f) está presupuestada una inversión para la paz de 129,5 billones de pesos siendo las principales fuentes de financiación: el presupuesto general de la nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, los recursos propios de las entidades territoriales, cooperación internacional e inversión privada. Específicamente, el punto 4 tiene proyectado una inversión de 7,9 billones de pesos, es decir, el 6,1 % del total de los recursos financieros.

El punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas” en sincronía con el punto 1 de Reforma Rural Integral (RRI) en 10 años debería haber avanzado en reducir “las causas estructurales que explican la presencia y persistencia de los cultivos ilícitos” (Rueda, 2023) a partir del desarrollo de tres pilares: (1) Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); (2) Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y (3) Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Sobresale, la importancia de reconocer los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca como parte de la identidad indígena; las investigaciones científicas para un uso lícito de la hoja; la industrialización del campo buscando generar condiciones óptimas para el desarrollo rural y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores relacionados a cultivos de uso ilícito.

El primer pilar está dirigido: a pequeños campesinos, cultivadores y recolectores en zonas con acuerdos colectivos y en 14 departamentos⁶⁴, 56 municipios y 88 núcleos con acuerdos individuales.⁶⁵ También incorpora los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial);⁶⁶ 48 municipios PNIS-PDET que corresponden a los territorios PISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo);⁶⁷ zonas afectadas por cultivos de uso ilícito en Parques Nacionales Naturales (PNN);⁶⁸ zonas PATR (Planes de Acción para la Transformación Regional);⁶⁹ comunidades indígenas y NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros); municipios con posibles artefactos explosivos y comunidades que se acojan al tratamiento penal diferenciado. Además, de los territorios priorizados en el capítulo étnico, en el numeral 4.1.3.3 del Acuerdo Final de Paz (AFP) y en el Artículo 7 del Decreto Ley 896 de 2017. (Ver Figura 16).

Figura 16: (1) Municipios PNIS y territorios PDET; (2) lotes con compromiso, Ley Segunda de 1959 y Áreas Ambientales

Fuente: Elaboración propia con base a Encuentro Nacional de Comunidades PDET (s.f) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022)

En el caso del segundo pilar, se dirige a personas consumidoras, en condición de calle, con conductas suicidas y al colectivo de personas sin hogares, incluye enfoque de género y étnico y priorización de población vulnerable en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y con alertas tempranas en consumo de sustancias psicoactivas.

Por su parte, el pilar tres involucra personas con sentencia condenatoria y con sentencia absolutoria en departamentos priorizados como: Antioquia, Córdoba, Nariño y Putumayo, al igual que, organizaciones contra la Droga y el Delito. También, compromete al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Transparencia, el Observatorio de Drogas de Colombia, el Consejo Superior de Política Criminal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sobre el proceso de monitoreo y verificación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realiza cuatro etapas: (1) caracterización de los cultivos ilícitos sembrados por los cultivadores inscritos como beneficiarios en el programa; (2) verificación de la erradicación voluntaria en los lotes comprometidos; (3) verificación del cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo individual y evidencia de los avances en la implementación de los componentes del Plan de Atención Inmediata (PAI) y (4) obtención de información para la elaboración de la línea final que permita evaluar los resultados y la efectividad de la intervención.

La implementación del punto 4 del Acuerdo Final de Paz (AFP) tiene pocos avances en su mayoría de gestión, con rezagos en su cumplimiento, que refieren: al desarrollo de convocatorias, ejecución de reuniones, sesiones presenciales y virtuales, comisiones y mesas técnicas intersectoriales, espacios para potenciar la integralidad de las políticas bajo el abordaje territorial coordinado; firma de convenios, cumplimiento de misiones, espacios institucionales, capacitaciones de proveedores, articulación de estrategias, definición de rutas de trabajo, foros, estudios, revisión y desarrollo de metodologías, implementación de módulos de formación, talleres, acompañamiento a instancias, asistencias técnicas territoriales, formulación de planes y procesos de adopción, diagnósticos, caracterizaciones, recolección y análisis de información, desarrollo de capacidades, inscripción y certificación de participantes, jornada con equipos y pagos parciales del Plan de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI).

Otros adelantos relacionan actividades de alistamiento operativo de equipos técnicos, presentación con las Corporaciones Autónomas, firmas de actas con nuevos operadores del  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), socialización a los beneficiarios priorizados en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Cauca, Valle del Cauca, Antioquía, Bolívar y Córdoba de los modelos a implementar en las zonas ambientalmente estratégicas,⁷⁰ aclaraciones correspondientes a la ruta de atención de contratos de derecho de uso con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre las posibles líneas productivas que se pueden implementar así como las restricciones.

En cuestión ambiental, Parques Nacionales Naturales (PNN) en 2021, informó la existencia de los lineamientos técnicos para la implementación diferencial en las áreas de protección ambiental o de importancia ecológica contenidos en: (1) Guía para la Asistencia Técnica Integral diferenciada en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y (2) Ruta interinstitucional para viabilizar el componente de auto sostenimiento y seguridad alimentaria de hogares vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), que se ubican en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC).

Además, reportó el desarrollo de capacitaciones a proveedores encargados de la ejecución de contratos de derechos de uso, aprovechamiento del bosque, ecoturismo, acuerdos de conservación y Plan de Seguridad Alimentaria (PSA) para familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) en los Parques de Fragua Indi Wasi, Paramillo, Tinigua, Sierra de la Macarena y Farallones de Cali.

Al balance se suman los informes de la Procuraduría General de la Nación (2023) que incluyen como resultado, la estructuración y desarrollo del Proyecto de Cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Gobernación de Antioquia “La paz se construye con las mujeres”, al igual que la adopción de los documentos PISDA de las diez subregiones donde se localizan los 48 municipios PNIS que coinciden con los territorios PDET.

Otro punto es el número acumulado de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas de forma voluntaria y asistida que para diciembre de 2022 fue de 46.008 ha lo cual corresponde a un avance de 98 % frente a la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de 50 mil hectáreas (Procuraduría General de la Nación, 2023).

De acuerdo con lo anterior, 40.776,83 ha fueron erradicadas voluntariamente y verificadas por UNODC y otros mecanismos; 5374 ha fueron por erradicación asistida reportada por Fuerza Pública en zonas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); 1203,4 ha corresponden a la estrategia de erradicación voluntaria ejecutada por la ONG Global Mercy Corps (DNP, 2022). Del total de hectáreas, 13.563 ha fueron erradicadas por familias con mujeres titulares; 4285 ha se asocian a familias pertenecientes a comunidades indígenas y 3325 ha a comunidades NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros).

Los actos de corrupción han colocado en riesgo la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP). El caso más conocido son los Ocad Paz que consistieron en sobornos para adjudicar contratos a través de las regalías, en los municipios más afectados por el conflicto armado (Transparencia por Colombia, 2020; Prieto, 2022; Idrobo, 2022). Se suman, acciones acompañadas de burocracia, de falta de supervisión y delegación de responsabilidades a operadores sin la capacidad adecuada que llevaron a un incremento en los costos de operación y a la subcontratación de entidades poco preparadas. También, se añade la deficiente articulación con las estrategias que desarrolla el sector de agricultura en cuanto a comercialización, compras públicas y extensión agropecuaria.

En el actual gobierno de Gustavo Petro, por mandato nacional se ha disminuido la erradicación forzada, porque se espera que los campesinos dueños de los cultivos hayan sustituido antes de proceder con operativos policiales. En concordancia con lo anterior se ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, que incrementen la interdicción o incautación de la droga en las rutas a nivel nacional y de los insumos que se implementan en su producción, provocando un cambio en la estrategia contra las drogas.

Impactos de la aspersión aérea con glifosato

Los cultivos de coca, amapola y marihuana suelen cultivarse en áreas de gran valor ecológico, como bosques tropicales y páramos. La deforestación y la expansión de la frontera agrícola —para dar paso a los cultivos— y el uso intensivo de químicos en la producción y el proceso de extracción de drogas tienen un impacto devastador en los ecosistemas locales “ha generado alteración de las coberturas vegetales, interrupción de corredores biológicos, contaminación y degradación de los recursos naturales, así como fragmentación de los ecosistemas estratégicos y el subsecuente desplazamiento de la fauna silvestre” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Específicamente, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG), concede autorizaciones para la destrucción de cultivos ilícitos en el país, a través del método de aspersión en área controlada. Esto ha generado conforme a lo planteado por Arévalo y Cuartas (2020) efectos en la salud humana, el ambiente, comunidades étnicas, así como penas y multas para cultivadores, un reflejo del enfoque prohibicionista hacia las drogas proveniente de las políticas estadounidense y colombianas implementadas por medio de convenios de cooperación económica, técnica, y militar.

El glifosato es un polvo cristalino blanco y sin olor, altamente soluble en agua. No obstante, su eficacia como herbicida de amplio espectro conlleva a que no discrimine entre los cultivos de coca y otras plantaciones herbáceas. Cuando se realiza la aspersión desde los aviones, este producto químico afecta negativamente a todo el ecosistema, dañando los cultivos, la biomasa, el suelo y los recursos hídricos circundantes.

Una vez en el agua, la vida útil del glifosato es relativamente corta, de hasta 60 días. Sin embargo, su alta movilidad en líquidos facilita su adhesión a los sedimentos del fondo. Su vida media puede aumentar drásticamente, pasando de semanas a meses cuando se encuentra en sólidos como el suelo terrestre o los sedimentos de ríos, lagos o estanques. Las condiciones climáticas de Colombia, caracterizadas por épocas de fuertes lluvias, complican aún más el panorama. Durante estos períodos, el glifosato adherido al suelo puede moverse con facilidad hacia otros recursos hídricos y suelos cercanos, aumentando el área de contaminación y el riesgo para la vida silvestre y humana. (Ver Figura 17).

Figura 17: Efectos ambientales del glifosato

Fuente: Elaboración propia con base a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (2021)

Igualmente, la contaminación tiene un impacto devastador en las comunidades campesinas que se ven obligadas a cultivar coca como una forma de subsistencia. Son víctimas de un veneno silencioso que carcome sus cuerpos, tierras, recursos hídricos y aire. La distribución geográfica dispersa de las poblaciones rurales también dificulta el acceso a servicios de salud, exacerbando los efectos negativos del glifosato. De hecho, la Organización Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) (2015) declaró al glifosato como altamente cancerígeno en humanos “esta sustancia, utilizada para erradicar los cultivos de coca, está generando repercusiones por medio de abortos espontáneos, enfermedades hepáticas y pancreáticas, entre otros problemas”.

La situación descrita se ve además enriquecida por el testimonio de José, un habitante de 25 años de Puerto Asís (Putumayo), quien señala que la estrategia de erradicación forzada no es efectiva, ya que se concentra en las áreas más accesibles y deja pendientes zonas de difícil acceso. Además, explica como la fumigación afecta no solo los cultivos de coca, sino también otros cultivos, lo que agrava aún más el impacto no solo ambiental sino en la economía local y regional.

Pues yo puedo decir que prácticamente no sirve [la erradicación], porque hay partes donde ellos no entran, o sea, ellos entran a las partes más fáciles, más accesibles. Y de por sí pues pongamos hay diez cocales y ellos erradican por ahí cinco y cinco quedan pendientes (…) Eso afecta mucho, pongamos que solamente en una finca también se da plátano, yuca, muchas cosas, créame que ya ha pasado en partes que no mata la coca y mata los otros cultivos. (Yañez, Córdoba y Niño, 19 de mayo de 2021).

Para concluir, es relevante destacar que, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y el Centro de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, centrar los esfuerzos en la erradicación y aspersión conlleva al fracaso en la lucha contra las drogas. Por el contrario, se debería plantear el foco en la reducción de la oferta mundial de la coca por medio de incautaciones y acciones directas contra el eslabón más alto y no el más débil de la cadena productiva (Mejía y Gaviria, 2011; Zuleta, 2017).

Valoraciones finales

La sustitución requiere una estrategia más allá de la sola transición en los cultivos, necesita cambios profundos que aborden las vulnerabilidades estructurales subyacentes que han contribuido a esta dependencia. Por otro lado, los programas actuales han enfocado su atención únicamente en los individuos directamente involucrados en las plantaciones de uso ilícito, descuidando a aquellos que dependen indirectamente de esta economía o que, debido a su situación de vulnerabilidad, corren el riesgo de verse involucrados. Estas economías ilícitas han creado incentivos que podrían llevar a más personas a unirse motivadas por la expectativa de recibir algún tipo de beneficio (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y su relación con el Acuerdo Final de Paz (AFP), en este caso con el punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas” lleva a una conclusión inevitable: aunque se han realizado esfuerzos significativos para abordar las causas estructurales de los cultivos de uso ilícito y reducir la dependencia económica de las comunidades, persisten desafíos importantes de inversión estatal para el desarrollo rural.

Sobre el tema es importante tener en cuenta el enfoque étnico. Específicamente la Sentencia C-882-11 de la Corte Constitucional determinó en el año 2009 que “la persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la identidad cultural de las comunidades indígenas, protegida por la Constitución”. Sin embargo, en Colombia la planta de coca ha sido equiparada con la cocaína, lo que evita la investigación científica al mismo tiempo que persigue y estigmatiza a los pueblos étnicos en sus tradiciones y prácticas ancestrales.

Es evidente que se necesita una estrategia más integral y profunda que no solo se enfoque en la sustitución de cultivos, sino que aborde las causas profundas de la vinculación económica de las comunidades en las actividades ilícitas. Esto implica acciones a nivel individual y también cambios a nivel estructural que promuevan el bienestar, la Reforma Rural Integral (RRI), la inclusión social y económica, la salud, la vivienda, la educación, la infraestructura vial y la protección de los Derechos Humanos a nivel nacional y global.

Además, resulta fundamental la colaboración internacional y el enfoque en la responsabilidad compartida para abordar los problemas asociados al mercado de drogas de manera efectiva y justa, así como voluntad política de los gobiernos para la implementación dejando de lado intereses particulares que impidan y desconozcan lo pactado en el Acuerdo Final de Paz (AFP).

Pensar un nuevo paradigma de las drogas

La historia de las comunidades afectadas por la política de “Guerra” contra las drogas muestra como la lucha por los Derechos Humanos y la búsqueda de soluciones económicas se configuró en una constante a lo largo de décadas. En este sentido, las protestas y movilizaciones han sido herramientas importantes para llamar la atención de los gobiernos. Del mismo modo, es fundamental comprender que la población campesina cultivadora de coca no es responsable única ni principal del problema de las drogas. Estas comunidades han sido presionadas por la presencia de grupos armados ilegales y la ausencia del Estado, que debe apoyar para que se puedan desarrollar alternativas lícitas de producción (Thoumi, 2022).

Es esencial reconocer dentro de la problemática de las drogas que en Colombia, el 10,3 % de la población en edades entre 12 y 65 años ha consumido sustancias psicoactivas ilícitas alguna vez en la vida y cerca de 800 mil personas (3,4 %) reportan consumo en el último año. La edad de inicio promedio se sitúa a los 14 años, que corresponde a la intersección entre la adolescencia y la juventud (ODC, 2019). Se estima que alrededor de 8 mil personas que se inyectan drogas (PID) no solo presentan altas prevalencias de VIH (entre 3,2 % y 23,9 %) y hepatitis C (entre 10,7 % y 80,2 %), sino que también se ven afectadas por sobredosis y diversas afectaciones físicas y mentales (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Los resultados del estudio de consumo de sustancias psicoactivas 2019, en comparación con 2008 y 2013, muestran una disminución en el uso de cualquier sustancia ilícita como: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína. Sin embargo, el consumo en mujeres no disminuyó, sino que se mantuvo estable o aumentó. Sobresale, que por primera vez se incluyeron preguntas de orientación sexual e identidad de género, con el fin de contar con una aproximación de enfoque diferencial. Particularmente, el porcentaje de encuestados LGBTIQ+ fue del 1,2% (ODC, 2019).

Paradigma dominante en las políticas de drogas

La problemática de las políticas de drogas en Colombia y en la región latinoamericana y caribeña revela en los capítulos anteriores una serie de fallos sistémicos que han generado un debate constante y de gran relevancia, especialmente para el campesinado que se dedica al cultivo y trabajo de la hoja de coca. En las últimas décadas se ha evidenciado la ineficacia y los efectos perjudiciales de las estrategias imperialistas de Estados Unidos basadas en la prohibición y la represión, las cuales, han sido contraproducentes porque han fracasado en sus objetivos de reducir el consumo y la producción de drogas y por el contrario han afectado a estas comunidades con desplazamientos forzados, violencia estatal y violación de los Derechos Humanos, creando en consecuencia graves situaciones de vulnerabilidad (Raffo y Segura, 2018).

Conforme a lo planteado por la Comisión Asesora para la política de drogas en Colombia, vinculada al Ministerio de Justicia y del Derecho (2015), los principales afectados son aquellos asociados al primer eslabón de la cadena de producción de drogas, quienes se dedican al cultivo de hoja de coca o de su transformación en pasta base, ya que existe alto riesgo de vulneración de los Derechos Humanos, la vida, la libertad y la dignidad de las personas y comunidades cuyos territorios están vinculados a esta franja del mercado del narcotráfico. La siguiente reflexión pone de manifiesto esta realidad:

Estas actividades atraen y perpetúan en el territorio redes criminales organizadas que elevan las tasas de homicidios y de desplazamiento forzado; acentúan el constreñimiento a la libertad política, económica y de movilidad de campesinos; intensifican la instrumentación de las organizaciones sociales y campesinas; y conllevan a la descomposición del capital social en las comunidades afectadas (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015).

Por otro lado, la militarización de las estrategias antidrogas ha tenido un alto costo humano y económico, sin lograr reducir de manera significativa la oferta y la demanda de drogas. Los recursos destinados a la erradicación forzada de cultivos y la persecución de “traficantes” podrían haberse invertido de manera más efectiva en programas de prevención, tratamiento y reducción de daños.

La prohibición también ha creado incentivos económicos que dificultan la identificación de los productores y distribuidores. Además, el precio en el mercado ha generado ganancias enormes a los grupos criminales que invierten en comprar armas, contratar “seguridad” que defienda su negocio y sobornar a funcionarios públicos (Shultz y Aspe, 2021). Además, tiene efectos devastadores en términos de estigmatización y marginalización.

Igualmente, la estrategia de criminalización y represión de la producción y consumo de sustancias psicoactivas ha alimentado un ciclo de violencia en las regiones donde se cultiva y trafica drogas. En el caso de Colombia, un país históricamente marcado por el conflicto armado, la política de “Guerra” contra las drogas ha contribuido significativamente al fortalecimiento de grupos armados organizados sucesores del paramilitarismo, quienes se benefician económicamente del control de las rutas del narcotráfico. Esta dinámica ha dificultado la consolidación de la paz y la estabilidad en el país.

Es momento de dejar de lado los enfoques unilaterales y represivos de Estados Unidos y avanzar hacia políticas más justas, humanitarias, colaborativas, de responsabilidad compartida y basadas en la evidencia científica. En definitiva, la prohibición, la represión y la criminalización no han dado resultados satisfactorios, por eso a través de un cambio de paradigma, será posible desmantelar las redes criminales que se benefician del narcotráfico y construir un futuro más digno para las personas afectadas por el fenómeno de las drogas.

Política nacional de drogas: Sembrando vida desterramos el narcotráfico (2023-2033)

Luego de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se iniciaron una serie de consultas e investigaciones para elaborar una nueva política de drogas. Planteó la necesidad de un cambio luego de comprender que la “Guerra” contra las drogas ha fracasado: ha producido un genocidio en el continente y en Colombia ha condenado a las cárceles a millones de personas y consumidores. Después de casi un año publicó la ​​Política Nacional de Drogas 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Su elaboración consistió en un ejercicio de deliberación, diálogo y participación. Sembrar vida significa cuidar el ambiente, conservar y restaurar las áreas afectadas por las economías asociadas a cultivos de uso ilícito, se trata de oxigenar los territorios, personas y ecosistemas que se han visto desproporcionadamente afectados por el mercado de drogas ilícitas y de asfixiar estratégicamente los nodos del sistema criminal, que generan violencia y se lucran en mayor proporción. El actual gobierno busca afectar las capacidades y rentas de las organizaciones criminales respetando los derechos humanos (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se formularán y ejecutarán programas de manera articulada con los lineamientos tanto de la política de drogas como de paz total, que tendrán enfoque diferencial, de género, territorial, participativo, descentralizado, y gradual; y se desarrollarán en el marco de la economía popular, el respeto ambiental y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito⁷¹ (DNP,2023).

Específicamente, el Plan Plurianual de Inversiones (DNP, 2023) incluye un proyecto regional para los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Magdalena, Meta, Sucre, y Valle del Cauca denominado “Política de Drogas desde el Territorio” que busca implementar el nuevo paradigma con una focalización para la transformación territorial y productiva.

El paradigma propuesto en la nueva política de drogas pretende llamar la atención y el interés global y la voluntad de América Latina y el Caribe para transitar hacia una agenda concertada, que permita avanzar en la solución al fenómeno de las drogas y la construcción de paz estable y duradera, respetando los Derechos Humanos. Se pretende repensar el fenómeno de las drogas bajo el principio de responsabilidad común y compartida, cuestionando los discursos estigmatizantes y aperturando la posibilidad de los usos alternativos de las plantas, la regulación justa y responsable y los usos no psicoactivos (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Valoraciones finales

La producción y el consumo de drogas es un fenómeno complejo y multifacético, que requiere respuestas integrales y contextualizadas para que se pueda atender el problema de las organizaciones criminales ligadas a poderes económicos y políticos que controlan el mercado de distribución y venta. Sobre el tema, Pacheco (2014) explora nuevas alternativas desde un enfoque basado en los principios de la salud pública, reducción de daños, derechos humanos y desarrollo sostenible, que incluyen las siguientes propuestas:

• Legalización, despenalización, regulación y no criminalización: consiste en desmantelar el mercado ilegal, reducir la violencia asociada al narcotráfico y garantizar control en la distribución y acceso seguro a los usuarios, para ello, necesita caracterizar e identificar las condiciones socioeconómicas de los consumidores y hacer seguimiento a los casos de consumo que requieren atención dentro del sistema de salud. Hace énfasis en la importancia de concentrar la capacidad represiva del Estado en la desestructuración de las organizaciones criminales.
• Enfoque en la reducción de daños: prioriza políticas y programas orientados a reducir los riesgos y los daños asociados al consumo de drogas, incluyendo la promoción de prácticas de consumo más seguras, la distribución de material educativo y la implementación de servicios de salud pública especializados.
• Conservación y restauración de ecosistemas: conlleva trabajar en la restauración de áreas estratégicas naturales afectadas por cultivos de uso ilícito. Esto puede implicar la creación de reservas, la reforestación de áreas deforestadas y la implementación de prácticas de manejo sostenible de tierras.
• Sustitución de cultivos y enfoque en el desarrollo alternativo: las políticas de desarrollo económico y social en las zonas afectadas por plantaciones ilícitas deben ser diseñadas de manera participativa teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Promover alternativas económicas y brindar apoyo técnico y financiero para diversificar los cultivos y acceder a mercados legales son medidas clave para romper el ciclo de la economía ilegal.
• Cooperación internacional: Fundamental para abordar de manera integral y efectiva el problema de las drogas. La implementación coordinada de políticas y programas de drogas permitirá desmantelar redes asociadas al crimen organizado vinculado con el narcotráfico y el lavado de activos, fortalecer las capacidades institucionales y promover enfoques más colaborativos y solidarios entre los países.

Se añaden, a continuación, recomendaciones conjuntas diseñadas por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político con liderazgos de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) (CEPDIPO, 14 de marzo de 2024).

• Suspensión de la fumigación área y promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.
• Aumento en la vinculación y el reconocimiento de las mujeres como partícipes y beneficiarias en los programas de sustitución por su labor en la economía campesina y en las actividades productivas relacionadas con el cultivo de hoja de coca.
• Inversión estatal directa sin intermediarios ni operadores para que los recursos destinados a la ejecución de los programas de sustitución lleguen con mayor facilidad al campesinado.
• Planes de infraestructura vial y para el desarrollo local y regional que impulsen la producción de alimentos, así como políticas para el fortalecimiento de la economía campesina, respetuosas con el ambiente, que se cumplan al 100 % y brinden garantías para la producción, transformación de productos, comercialización y sostenimiento de la vida. Con destinación presupuestal en los Planes de Desarrollo Nacional, departamentales y municipales (territoriales).
• Ejecución de la política nacional de drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico (2023-2033)” que implica un cambio en la estrategia de combatir el narcotráfico, no desde la persecución al campesinado sino de los cárteles y grupos armados. Sobre este planteamiento es relevante recordar que la política viene dando importantes resultados en incautaciones y desmantelamientos, aunque las familias han vuelto a ser afectadas, porque están a la espera de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y en este sentido su economía que aún depende de la comercialización de hoja de coca se ve afectada.
• Implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP) con prioridad en el punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral (RRI)” y en el punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Resolver el problema agrario permitirá la formalización de la tierra y dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito y las drogas.
• Voluntad política y mayor esfuerzo en la articulación y presencia institucional, al igual que, reducción de los trámites burocráticos para la participación y ejecución de los programas de sustitución.
• Espacios de formación y capacitación técnica periódica y/o continua.
• Permanente movilización social y funcionamiento de mesas de diálogo para la toma de decisiones, que incluyan la participación de mujeres, jóvenes, entidades del Estado, comunidad internacional y sociedad en general en territorios afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.
• Reconocimiento de los usos y saberes ancestrales y científicos de la hoja de coca y otras plantaciones ilícitas.
• Cumplimiento de los programas “Jóvenes para la paz” y “Gestores de paz”, que ayudan a reducir el número de población de menores de 28 años vinculados con grupos criminales y fortalecen el proceso de sustitución de los cultivos de uso ilícito.
• Impulso de los instrumentos de planificación y gestión contemplados en el Acuerdo Final de Paz (AFP) como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para 170 municipios afectados por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas.
• Hacer control y veeduría al uso de recursos para la paz, evitando casos de corrupción como sucedió con los Ocad Paz, instancia liderada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, encargada de priorizar y aprobar los proyectos de inversión para impulsar la implementación de la política de paz con recursos de regalías, que adjudicó contratos a partir de sobornos.
• Desmilitarización de los territorios en las zonas donde se implementan programas de sustitución voluntaria.
• Reorientación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Incorporar componentes como: el ordenamiento territorial, el ambiente, la vida en comunidad y las prácticas agrícolas.
• Impulso de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en territorios afectados por plantaciones de uso ilícito.

Finalmente, el Observatorio de Drogas de Colombia (2023) señala la importancia de invertir en programas de prevención y educación que brinden información veraz sobre los riesgos del consumo de drogas y que fomenten estilos de vida saludables. Esto implica garantizar el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la infraestructura.

Equipo de trabajo

Referencias

Notas

Desde las oficinas Argentina y Brasil del Instituto Tricontinental de Investigación Social, junto al Centro de Pensamiento y Diálogo Político – CEPDIPO y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola COCCAM de Colombia, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), y el investigador colombiano Fredy Escobar Moncada, nos proponemos profundizar en la tarea de evidenciar desde una perspectiva crítica las consecuencias de la política de guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, demostrando la vinculación entre dicha política con la intervención de carácter imperialista  sobre la región. Buscamos aportar en una lectura del fenómeno del narcotráfico desde una voz problematizadora, generando un material de utilidad para las comunidades campesinas, urbanas y las organizaciones sociales, quienes sufren de forma cotidiana los efectos de esta guerra, para superar el diagnóstico y producir un material que aporte a la transformación de esas realidades. 

Hace 52 años, el 17 de junio de 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, señaló a través de una conferencia de prensa al consumo de drogas ilícitas como el enemigo público Nº1 del país. Con lenguaje militar, anunció lo que sería la “ofensiva total” contra las drogas, con la creación de una oficina especializada para tal fin con un presupuesto inicial de 150 millones de dólares.

Así, inauguró con eufemismos y categorías militares, como le suele gustar a Estados Unidos, una nueva política de guerra contra un enemigo que se encontraba tanto dentro como fuera de  sus fronteras. Detrás del lema de “enfrentar y acabar” con la amenaza declarada, adelantó una nueva intervención de carácter imperialista sobre América Latina y el Caribe que después se expandiría por el sur global; aunque ya venía desarrollándose una política contrainsurgente desde 1960 bajo la presidencia de Kennedy y luego con Johnson.

¿El enemigo? Invisible, subterráneo, pero a la vez claro e identificado: el narcotráfico como maquinaria que envenenaba a los ciudadanos estadounidenses. ¿La solución para detener al enemigo? Una política de mano dura contra los países productores, con un fuerte eje en el financiamiento militar, junto a la promoción de una infraestructura de asistencia para el desarrollo que proveyera el andamiaje suficiente para poder implementarlo.

Sin embargo, lo que realmente sucedió muestra los límites y efectos del diseño de la propia política de guerra contra las drogas diseñada desde Washington. Después de las más de cinco décadas que lleva sobre nuestro continente, no sólo ha sido un rotundo fracaso en la reducción de la producción y el consumo, sino que sus orientaciones y financiaciones han convertido a nuestros territorios en verdaderos valles de guerra y muerte. Así lo señaló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Conferencia sobre Drogas en América Latina y el Caribe citada en septiembre de 2023 junto al presidente López Obrador de México, donde además planteó que esta política “ha significado una experiencia sanguinaria y feroz […] donde las sociedades latinoamericanas y caribeñas somos las mayores víctimas, y no los victimarios”. 

La política de guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, en palabras de Petro, ha ocasionado un “genocidio en nuestros países”. Este se ha llevado a cabo con la militarización y financiamiento de aparatos bélicos que han causado dramáticas violaciones a los derechos humanos, incrementado la violencia social, así como generado desplazamientos y migraciones forzadas. También, ha generado estigmatización y endurecimiento de penas contra quienes consumen, especialmente en las ciudades, y ha tenido efectos perniciosos en las tierras, las economías y las vidas de las comunidades campesinas por la implementación de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Mientras todo esto ocurre, la estructura económica criminal que sustenta las redes de narcotráfico y que garantiza sus extraordinarias ganancias, así como sus vínculos en el circuito financiero que permite realizar transacciones para el lavado de dinero, se encuentra intacta. 

El proyecto Adictos al Imperialismo: Estados Unidos y la política de Guerra contra las Drogas sobre Nuestra América investiga en torno a cinco dimensiones fundamentales para comprender los efectos de la guerra contra las drogas en nuestra región. No se trata solamente de un diagnóstico, sino de una investigación para generar alternativas en el diseño de políticas públicas que se puedan llevar adelante en los países que abordamos.

Entendemos que lo que públicamente se denominó como “guerra contra las drogas” estaba realmente diseñado para convertirse en una guerra contra los pueblos de nuestra región y cualquiera de las experiencias de soberanía e independencia que se levantaran frente al avance imperialista, que buscaba asegurar nuestro continente como parte de su zona de influencia después del fin de la URSS y respecto de la necesidad de renovar la excusa para intervenir. Así entonces, buscamos dar cuenta de las consecuencias de la política de guerra contra las drogas en la región, a través de las que consideramos las reales guerras que generó Estados Unidos en nuestro continente con la excusa del narcotráfico, y que se abordan a través de las siguientes dimensiones: 

La guerra contra los productores, en la que trabajamos junto al CEPDIPO y la COCCAM, caracteriza los problemas estructurales de la tierra en la región y en particular en el caso de Colombia expone la lucha por el reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto político, las condiciones materiales, económicas, de vida de las comunidades campesinas y su participación en la producción de cultivos de uso ilícito. Este punto plantea y responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva que son las comunidades cultivadoras y no en los narcotraficantes o sus carteles transnacionales?, y aborda la lucha por la paz, la sustitución de cultivos, la experiencia organizativa y algunas propuestas para la elaboración de un nuevo paradigma de la política de drogas: de Colombia a la región.

La guerra contra las naciones, en la que trabajamos junto a CELAG el pasado y presente de la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, desentraña el carácter de intervención imperialista de esta política, aborda la arquitectura institucional del financiamiento de la guerra contra las drogas,  preguntando quiénes son los responsables, cómo se permite y legaliza ese traspaso de dinero y cuál es el rol de los aparatos de seguridad y defensa en esta guerra. Asimismo, buscamos dilucidar cómo funciona el circuito de acumulación en Estados Unidos –con complicidades y responsabilidades internas siempre ocultadas–, el caso del Plan Colombia y la pregunta sobre cuáles son los desafíos para las alternativas populares en la región en la materia. 

La guerra contra las ciudades, en la que trabajamos las transformaciones que ha implicado para las ciudades el desembarco del fenómeno del narcotráfico y la materialización de las políticas de guerra contra las drogas como dispositivos de disciplinamiento social a partir de la militarización, la securitización, el punitivismo, y la circulación de dinero vinculada a las prácticas de violencia y sicariato. Asimismo, nos interesa conocer cómo opera este dispositivo de control y disciplinamiento social y territorial con relación a las mujeres y la población LGTTBIQ+. Esto implica, por un lado, indagar en el proceso de feminización de la guerra contra las drogas desde una perspectiva latinoamericana. Y, por el otro, trabajar sobre la redefinición de las relaciones sociales y lógicas de construcción de poder, autoridad y género en los territorios afectados. Aquí nos interesa profundizar en las diversas experiencias de organización social surgidas en esos procesos de redefinición. 

Finalmente, en una segunda entrega del proyecto, buscaremos abordar las dimensiones de los impactos de la política de guerra contra las drogas en la salud pública, así como en los consumidores. 

Invitamos a leer, hacer circular y debatir este material, que busca dialogar y enriquecerse con otras reflexiones sobre un tema estratégico para los pueblos de América Latina, el Caribe y el mundo.