Hacia fines de la década de 1990 y como parte del ascenso de las luchas contra el neoliberalismo en América Latina, emerge desde Bolivia y Guatemala el feminismo comunitario-indígena como campo político y epistemológico (Cabnal, 2010; Cabnal, 2019; Guzman, 2015). En las últimas dos décadas, también proliferaron procesos organizativos y luchas comunitarias en defensa de la vida en medio de las renovadas dinámicas de apropiación, despojo, devastación y degradación de las naturalezas humanas y no humanas, impulsadas por la acumulación capitalista (Navarro y Linsalata, 2021).

Desde hace algunos años con el grupo de investigación-acción Mapeos Feministas insistimos en destapar la olla y mirar qué se esconde en el guisado neoliberal racista y patriarcal, que nunca nos alimentó y cuyas formas de envenenamiento quedan cada vez más expuestas. Para eso hemos puesto en diálogo las voces de quienes están en la primera línea en los territorios, creando y defendiendo la vida, a través del podcast Destapar la crisis.

Durante la primera temporada nos dedicamos a mapear los efectos de la pandemia en la reproducción de la vida y los territorios, poniendo el foco en los cuidados (Tricontinental, 2021). La pandemia nos mostró un escenario complejo. Mientras se visibilizó con mayor claridad la fragilidad de la vida y la importancia que tienen las tramas que la sostienen, se profundizaron las dinámicas extractivas de saqueo y vaciamiento de infraestructuras comunitarias que nos tornan cada vez más vulnerables. Durante el 2021 y comienzos del 2022 se produjo y publicó la segunda temporada de Destapar la Crisis. Si la pandemia puso de relieve que sin cuidados no había acumulación posible, la salida de la pandemia se caracterizó por una brutal disputa por la distribución de los costos de la crisis y la apropiación de la riqueza social.

A partir de este recorrido, en el escenario económico, social y político de la post pandemia, nos preguntamos: ¿Cuáles son las lógicas extractivas y cómo se redefinieron en esta nueva crisis? ¿Qué nos aporta la perspectiva feminista para pensar los territorios, la soberanía alimentaria, la ciudad y el hábitat? ¿Cómo se actualizan nuestras resistencias en defensa de la vida y de la tierra?

Esta segunda temporada de Destapar la Crisis comienza con un diálogo entre referentes intelectuales y políticas feministas. Desde los feminismos comunitarios en Bolivia y las luchas en defensa de la vida en México, Adriana Guzmán^[1] y Mina Navarro^[2], nos ofrecen coordenadas fundamentales para entender cómo opera el metabolismo necrótico del capital y cómo se reactiva la memoria ancestral de la comunidad en el contexto de la pandemia del COVID19. Ambas acuerdan en que la pandemia no significó una desaceleración en la acumulación capitalista, sino más bien una profundización y ampliación de distintas prácticas extractivas. En simultáneo se reforzó la narrativa neo-extractivista como única salida a la crisis para las economías periféricas y principal apuesta de los estados latinoamericanos para la reactivación económica.

Gran parte de la mortalidad del COVID19 en Bolivia ha estado en el sector de las quebraduras de castaña, de las minerías, de los pozos petroleros y eso porque no han parado la actividad (…) No ha habido ninguna cuarentena para el sistema. Lo mismo que la banca, más bien ha perfeccionado toda su tecnología virtual para seguir poniendo créditos durante la pandemia sabiendo que es imposible de pagar porque no hay forma de producir porque no hay donde vender (Adriana Guzman, Feminismo Comunitario Antipatriarcal).

Mientras se agudiza la desigualdad y proliferan los conflictos capital-vida (Perez Orozco, 2014) en nuestro continente, los estados reactualizan su pacto con el sistema capitalista-colonial-patriarcal como único horizonte de desarrollo, con todo lo que esto implica en la deslegitimación y negación de otras concepciones de vidas dignas y posibles.

Lo que hemos ido aprendiendo y en tiempos de la pandemia se ha recrudecido y se ha develado de forma muy clara es que el capital vive de la apropiación barata y/o gratuita de todas nuestras fuerzas vitales, de todo lo que hacemos las mujeres, los cuerpos feminizados, las especies compañeras, todas estas tramas de interdependencia que sostienen y garantizan la vida. Y el capital en sus crisis recurrentes acentúa esta voracidad por expandir estas fronteras extractivas (Mina Navarro Trujillo, BUAP).

Partimos de una noción de extractivismo ampliado (Gago y Mezzadra, 2015), prestando atención a modalidades más y menos opacas, articuladas y superpuestas de expropiación, apropiación, despojo, contaminación, explotación de territorios, biodiversidades, cuerpos, saberes, infraestructuras públicas y tramas comunitarias, tanto en los ámbitos urbanos como rurales. Algunas autoras definen este fenómeno como parte del metabolismo necrótico del capital en su actual fase de acumulación, que produce zonas de sacrificio y de muerte de todas las formas de vida posibles (Navarro, 2021). Nos interesa remarcar dos cuestiones con respecto al extractivismo ampliado, que atraviesan cada uno de los capítulos de este cuaderno. Por un lado, que estas dinámicas combinan modalidades de explotación del trabajo clásicas con otras modalidades de apropiación privada de la riqueza de los entornos naturales y de las tramas de interdependencia, acentuados por la imposición de tecnologías globales al servicio de la valorización financiera del suelo urbano, la tierra, los territorios líquidos y en detrimento de las poblaciones y formas de vida humana y no humana que las habitan. Por el otro, que estas dinámicas extractivas que asumen formas específicas en territorios urbanos y rurales, y se nos aparecen como fragmentadas, no están desconectadas sino que interactúan de modos diversos.

Desde este diagnóstico Adriana y Mina nos lanzan una provocación: si el capital profundiza la estrategia de apropiación de las tramas de interdependencia que sostienen la vida y busca conectar todo a la lógica de la valorización para incorporarlo al circuito de despojo-mercantilización-deshecho, la pregunta por qué feminismos son capaces de hacer frente a esta lógica y construir alternativas se torna urgente. Afirman que un feminismo institucional que sin la anuencia del estado no sabe qué hacer, no pareciera suficiente para hacer frente a los desafíos del presente en la construcción de horizontes de reapropiación del territorio y del tejido de la vida. Más bien reivindican la creación de soluciones situadas, concretas y la apuesta por la comunidad y lo común como opción política y responsabilidad por la vida. De allí la importancia que revisten las experiencias de autoorganización comunitaria para la gestión cotidiana que se ha activado durante la pandemia tanto en los territorios comunitarios rurales como en los urbanos.

El hecho de que muchas abuelas han vuelto a recoger plantas que ya no se recogían de las montañas más altas y nevadas porque son buenas para los pulmones. Frente al COVID y la aparición de distintas cepas las abuelas han ido recuperando y las traen gratis a la ciudad. ¿En qué lógica capitalista a alguien se le ocurre que una comunidad mande dos camiones de plantas medicinales a la ciudad? A esa ciudad racista que dice ´estas indias vienen a vender sus cosas, a ensuciar´, esa es una convocatoria abierta, real a lo comunitario (Adriana Guzman, Feminismos Comunitarios Antipatriarcal).

En este cuaderno indagamos sobre el extractivismo ampliado, prestando atención a tres escenarios: las ciudades, el campo productivo y los territorios ricos en bienes naturales. Nos interesa indagar en las dinámicas extractivas específicas que se despliegan en cada uno de estos territorios, desde el conocimiento situado y concreto de las experiencias alternativas y los procesos políticos organizativos que las vienen resistiendo.

El primer capítulo, Tierra para vivir, feminismos para habitar, explora cómo el extractivismo opera en las ciudades. La especulación inmobiliaria es el principal mecanismo de despojo de los bienes comunes urbanos. La vivienda deja de ser un derecho para ser un negocio en ciudades cada vez más desiguales, hacinadas y violentas. La lucha por democratizar el acceso al suelo se contrapone a la creciente concentración y privatización de la vivienda y los espacios públicos o comunitarios. Frente a ciudades cada vez más excluyentes, son cada vez más sectores de la población que quedan a la intemperie de alguna solución habitacional.

Caren Tepp, concejala por Ciudad Futura-FSP; Alejandra Rodriguez, integrante del Colectivo político, transfeminista y carcelario «Yo No Fui» y Florencia Montes Paez, integrante de No Tan Distintes-Mujeres y personas LGTBQI+ en Situación de Vulnerabilidad Social nos comparten sus reflexiones sobre las consecuencias de la segmentación y fragmentación urbana en la producción de marginalidad y proponen una mirada feminista de las cuidades para la recuperación de la tierra, la política y los vínculos contra la especulación que privatiza y excluye.

El segundo capítulo, Tierra para producir, feminismos para alimentar, analiza el modelo de producción de alimentos impuesto por el agronegocio como estrategia del capitalismo patriarcal y sus consecuencias en la privatización y concentración de la tierra, que atenta contra la agricultura comunitaria y promueve la expulsión del campesinado de sus tierras. También se pregunta sobre el significado de la soberanía alimentaria en momentos en que América Latina vuelve al mapa del hambre y se cierran acuerdos con el FMI. Asimismo reflexiona sobre el papel de la agroecología en la construcción de proyectos de producción de alimentos alternativos a las lógicas extractivas y su afinidad con los feminismos que ponen en el centro la vida.

Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) de Argentina; Paula Delfino de la Cooperativa de Producción Agroecológica, CO.P.A en Guernica; Marenise Oliveira, del Movimento CETA de Bahía, Brasil, y las compañeras hoy nucleadas en la Asociación Mujeres de la Tierra de Argentina hablan de la importancia de democratizar el acceso a la tierra y promover la discusión acerca de su función social. También reflexionan sobre la importancia de recuperar saberes ancestrales, históricamente feminizados, sobre la conservación de semillas nativas, la producción de alimentos variados y el uso de medicinas naturales, que han sido expropiados para mercantilizar estos bienes comunes básicos para la vida.

En el tercer y último capítulo, Tierra para defender, feminismos para luchar, se mapean las crisis socioambientales en América Latina desde las voces de los (eco)feminismos indígenas, populares y comunitarios de la Araucanía, del Cauca-Colombia y del litoral argentino. Localizan los efectos del extractivismo en los entornos humanos y no humanos, el modo en que se vinculan con el narcotráfico y con formas de ejercicio de poder y control territorial sostenidos sobre modalidades extremas de violencia y su correlato en el asesinato de campesinos y campesinas, el empobrecimiento de las poblaciones y las violaciones de los derechos humanos. Asimismo, se preguntan por la importancia estratégica de los humedales ante la intensificación de los proyectos inmobiliarios y el avance de la frontera agrícola,  que se desarrollan a costa del saqueo de los territorios líquidos. Y sobre las consecuencias de los incendios intencionales y la contaminación de las aguas para todos los seres vivos que habitan las orillas del Río Paraná.

Soraya Maiconio, del Log Cuchamen, Chubut y miembro del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir; Vilma Rocío Almendra Tiguanás del pueblo Nasa y del pueblo Misak del Cauca, Colombia, integrante de Pueblos en Camino; Soledad Ferrería y Sofía Astelarra de la Red Río Feminista, reflexionan sobre estos temas y nos comparten sus estrategias de resistencia frente a estos extractivismos. Agradecemos especialmente a la compañera Neka Jara por enredarse con nosotras para indagar sobre los hilos que recorren este capítulo y acompañar las voces de las entrevistadas.

Los temas que se tratan en la segunda temporada del podcast Destapar la crisis son urgentes y acuciantes ante las crisis de reproducción de todas las formas de vida que atravesamos. Conocer las luchas y experiencias situadas, formas de producción y relaciones otras que se acuerpan en territorios bien diversos de América Latina nos mueve de la resignación y el quietismo. Se trata de apostar una y otra vez por las vidas que resisten e insisten en existir. Cada uno de los capítulos de este cuaderno nos ofrecen un mapa posible de las voces que exigen tierra para vivir, producir y defender y construyen a diario feminismos para habitar, alimentar y luchar.

Tierra para vivir, feminismo para habitar

Cuando pensamos en extractivismo imaginamos enormes extensiones de tierra y terratenientes, y minería o petróleo, pero en las ciudades esta lógica tiene otro rostro. Es la especulación inmobiliaria, que avanza con grúas y alimenta torres de concreto, la que construye casas sin gente y al mismo tiempo  desaloja y expulsa poblaciones, y deja a la gente sin casas.

Distintas asambleas, movimientos sociales y organizaciones de base han tomado la reivindicación de la vivienda y el derecho a la ciudad y el hábitat digno como ejes en sus resistencias. Tierra para vivir como grito de batalla contra un modelo que expulsa gente del campo a las ciudades y ciudades que crecen para arriba, una altura reservada para quienes están en la cima de la pirámide de ingresos.

Las mujeres y disidencias de los sectores populares históricamente tuvieron un rol protagónico en las demandas de acceso y  mejoras del hábitat. Sus cuerpos como barricadas son los que aún hoy defienden los territorios de los proyectos extractivos del capital.

Nos propusimos rescatar y recuperar las experiencias y prácticas desplegadas por distintas protagonistas de las luchas contra el extractivismo urbano. La ciudad, el barrio y la comunidad constituyen escenarios en los que las mujeres, lesbianas, travestis y trans resisten para redefinir lo privado, lo público y lo común.

La invención de la ciudad

A partir de la década de 1970, en el marco de la globalización neoliberal, el espacio urbano se convierte en el foco de los procesos de reestructuración capitalista y adquiere vital importancia como productor y reproductor de las desigualdades sociales. La aplicación de las lógicas de mercado en el seno de los espacios urbanos es llevada a cabo por diversos actores (agentes inmobiliarios, empresarios, grupos financieros) y por el accionar de los estados nacionales y locales que entran en juego.

De esta manera, el espacio urbano bajo la hegemonía neoliberal es el escenario donde por un lado, se observan y profundizan diversos procesos como la gentrificación, la fragmentación y segregación urbana y, al mismo tiempo, se despliegan las luchas sociales y los movimientos de resistencia a las transformaciones urbanas asociadas a la especulación inmobiliaria y la mercantilización de la vivienda.

La ciudad de Rosario no escapó a estos procesos y así nos los cuenta Caren Trepp, militante del partido Ciudad Futura y actualmente concejala de la ciudad, a partir de la experiencia de Nuevo Alberdi, un barrio de la periferia en donde se expresaron ambos procesos, la segregación y la resistencia.

Nueva Alberdi es uno de los pocos barrios que logró en la ciudad de Rosario ponerle un freno al avance de la especulación inmobiliaria y a un modelo de urbanización de la ciudad que estaba básicamente basado en la rentabilidad del rubro inmobiliario. Todo lo que es el sector oeste y noroeste de la ciudad de Rosario, sobre todo el noroeste, se fue configurando con el avance de las urbanizaciones cerradas, fundamentalmente con la construcción de barrios cerrados, desplazando a los habitantes históricos de esos lugares a las áreas metropolitanas o a los barrios populares de nuestra ciudad y privatizando porciones importante de tierra para sectores económicos de alto poder adquisitivo (Caren Tepp, Ciudad Futura).

El avance de este tipo de construcciones tiene como correlato el encarecimiento de la tierra urbana y su concentración en cada vez menos manos, las pocas que pueden pagarlo y lucran con eso. Es un fenómeno de casi todas las grandes ciudades. En general, los permisos para el uso del suelo y la definición sobre qué actividades pueden o no realizarse en un determinado lugar, pasan por los gobiernos locales. Allí, los grupos inmobiliarios se dedican a comprar voluntades y a buscar socios en sus negocios.

En esa pelea llevamos más de 15 años y logramos en el camino distintas victorias y estrategias de lucha. La primera fue lograr en el año 2010 frenar el avance de la construcción de barrios privados en la ciudad de Rosario y lograr como movimiento social, aún sin ser concejales, que el Consejo de la Ciudad de Rosario prohíba la figura de urbanizaciones cerradas o nuevos barrios cerrados en todo lo que es ejido municipal. Eso fue un hecho histórico que claramente tuvo su correlato más represivo en el territorio por parte de quienes eran grupos inmobiliarios y desarrolladores que agudizaron las estrategias más de presión, amenazas e intimidación e incluso empezaron a iniciar acciones judiciales sobre los emprendimientos productivos de la zona (Caren Tepp, Ciudad Futura).

Entonces nos preguntamos: ¿Cómo se construye una ciudad en disputa con el sector inmobiliario?¿Cómo cambiamos la lógica extractiva que nos propone el modelo actual de ciudad por uno pensado, construido y habitado colectivamente?

Hoy particularmente estamos en una situación histórica porque después de todos estos 15 años de lucha ya no solamente tenemos una ordenanza de resistencia como es la del Ya basta, sino que también tenemos una ordenanza de avanzada, que fue la que fuimos pensando y diseñando en todos estos años desde el territorio, aprobada en este año en el Concejo Municipal por unanimidad, que lo que establece y planifica es el crecimiento sociourbano y ambiental de las 500 hectáreas de Nuevo Alberdi. Es un proceso que pudimos dar y una batalla que pudimos ganar por la resistencia y la organización de tantos años en el territorio, pero también por los avances que hemos logrado los movimientos sociales, por ejemplo a nivel nacional con la ley de RENABAP^[3], con una ley que reconoce y da derechos a los habitantes históricos de nuestros barrios populares, que pone freno a los desalojos y avanza en un proceso de expropiación para generar que el Estado se haga de esa tierra para poder dársela a los vecinos (Caren Tepp, Ciudad Futura).

El espacio urbano no es neutro. La percepción de la ciudad, sus zonas de tránsito, de ocio, de socialización, no son lo mismo para todes. El espacio urbano determina cómo organizamos nuestra vida y nuestra comunidad, en definitiva, nuestra sociedad. Desde ese punto de vista refleja y reproduce los estereotipos de género con los que hemos crecido y convivimos. La desigualdad urbana se nota y mucho. Entonces, ¿Cómo pensar el diseño de una ciudad para que tenga en cuenta la experiencia de las mujeres y disidencias?

Desde Ciudad Futura no preguntamos qué pasaría si pensamos una ciudad que socialice los cuidados y ahí compartimos todas las experiencias de construcción comunitaria en nuestros territorios, desde la salud, la educación y los proyectos culturales. Distintas prácticas que de alguna manera hacen eje en la necesidad de repensar esa distribución sexual del trabajo y también repensando ahora como la pandemia pudo ser una oportunidad para construir un nuevo contrato social y sexual de la distribución de las tareas en nuestra sociedad y como ahí la ciudad, la cercanía, y de todo lo que tiene que ver con los cuidados, no solamente al interior de la familia, sino también de la vida social y comunitaria y que pueden tener una posibilidad de expresarse en políticas públicas concretas. Por otro lado, qué pasa si damos lugar al deseo en las ciudades y cómo hacemos para que las ciudades también desde el ocio y la recreación puedan tener un lugar en las agendas. Cómo desmercantilizar lo que es el ocio, el entretenimiento y cómo democratizar también el acceso. Entonces me parece que pasa mucho en cómo lo hacemos desde los distintos feminismos, tratar de colectivizar los recorridos y la singularidades de cada una de nosotras en la vida cotidiana y pensar desde ahí esas políticas públicas y no al revés. La afirmación de que la transformación va a venir desde las ciudades es una decisión feminista también a la hora de pensar cómo podemos llevar adelante esos procesos profundos de transformación que no tengan tanto que ver con la superestructura, sino fundamentalmente con la construcción de modos distintos de vincularnos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres con el territorio, con la comunidad. Y en eso creo que hay una clara reivindicación de la política feminista desde la ciudad (Caren Tepp, Ciudad Futura).

Pensar ciudades desde los feminismos se trata de imaginar vivir de manera diferente, de vivir mejor y de vivir de un modo más justo para todes.

Mujeres de tierras tomar

En plena pandemia, unas 3 mil personas soportaron frío, lluvia y barro durante tres meses y soñaron con construir sus casas en un predio de 150 hectáreas de tierras vacías. Vacías desde siempre. A pesar de que en Argentina el derecho a una vivienda digna está plasmado en la Constitución, la justicia falló en su contra. Del  intento de armar refugio, surgió la toma de Guernica y la asamblea feminista que imaginó allí otro modo de habitar.

Hablamos con Alejandra Rodriguez que acompañó el proceso de Guernica como integrante del colectivo político, Transfeminista y Carcelario yo no fui.

Tuvimos una consigna que creamos, que pensábamos, que construimos en el marco de la asamblea transfeminista que se organizó en la recuperación de tierras y de la cual fuimos parte varias organizaciones feministas y transfeministas y esta consigna fue tierra para vivir, feminismos para habitar. Es interesante porque esa consigna surge en pleno proceso de escritura del primer documento, luego de la primera asamblea y en ese ejercicio de escritura colectiva y de elaboración política fue el territorio desde donde surgió esta consigna. También fue un proceso de conversación, y lo que iba quedando despejado era que no se trataba solamente de luchar por un lote de tierra. sino que nos interesaba hacer hincapié en los modos de vivir, en los modos de relacionarnos entre nosotres, con la naturaleza, con la política y con el poder Me acuerdo que una compañera que estaba protagonizando la toma dijo que estábamos creando una época (Alejandra Rodriguez, Yo No Fui).

¿Podremos pensar en una época en que el acceso a la tierra deje de ser un privilegio? La concentración de la riqueza a la que dieron lugar las políticas neoliberales en todo el continente significó también concentración de la propiedad del suelo ¿Hasta dónde sería justo remontarse para establecer quién es dueño o dueña originaria de un lugar? Es una pregunta que nunca se formulan quienes consideran que el derecho a la propiedad privada individual es sagrado y está por encima de cualquier otro derecho, individual o colectivo.

Ella decía que la lucha no era solo por un pedazo de tierra, sino que también luchábamos para armar una época de recuperación de la tierra, de recuperación de la política y de reconstrucción de los vínculos y yo creo que es así justamente, porque una época se crea cuando lo que se pone en juego son los modos de existencia. A mí me parece que, por lo menos en la experiencia que tuve como parte de esa asamblea y de las cosas que se generaron desde ahí, había una intención de transformar los modos de existencia, los modos de vida (Alejandra Rodriguez, Yo No Fui).

Las imágenes de Guernica acompañan lo que las estadísticas confirman. Al igual que la pobreza, el desempleo y la falta de ingresos, el déficit de vivienda golpea más a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y principalmente a quienes tienen menores a cargo. Son a quienes más rechazan cuando intentan alquilar y quienes tienen menos acceso a la propiedad de la tierra en general.

Al tradicional grito de lucha Tierra para vivir, en Guernica las mujeres y disidencias le sumaron Feminismo para habitar y produjeron un proceso organizativo novedoso de asambleas feministas que potenciaron y fortalecieron el reclamo.

Esa realidad yo creo que para los feminismos fue muy fuerte y que nos dejamos atravesar por eso y que sabíamos que esa realidad es una realidad que se multiplican en  muchos puntos del país y entendíamos que esa realidad tenía que volver sobre el conjunto de la sociedad como un interrogante, como una imagen intolerable. Intolerable no porque lo que se esté tomando es un terreno privado sino porque no es concebible que el derecho a la propiedad privada esté por encima del derecho a la vida, de una vida vivible o el derecho a la tierra o al hábitat y que tantas familias no cuenten con eso. Esa es una primera violencia, que no es posible de tolerar y que es necesario que podamos desarmar. Me parece que desde los feminismos pusimos de relieve esa necesidad (Alejandra Rodriguez, Yo No Fui).

Las veredas no son casas

En la Ciudad de Buenos Aires, una de las más ricas del continente, hay personas que mueren de frío sin un techo bajo el cual vivir.  La falta de acceso a viviendas y de políticas públicas que den respuesta al problema estructural de la pobreza, construyen una ciudad que, según el Censo Popular de Personas en Situación de Calle en el que participaron más de sesenta organizaciones durante 2019, expulsa a más de 7000 personas a vivir a la intemperie.^[4]

Florencia Montes Paez nos cuenta sobre No Tan Distintes-Mujeres y personas LGTBQI+ en Situación de Vulnerabilidad Social, una organización social transfeminista que acompaña a mujeres cis y trans, lesbianas, travestis e identidades no binaries en situación de calle. Se piensan como una “red de afectos y de recursos” y desde ahi construyen una cuidad feminista para les que viven al descubierto de casi todo.

Lo que hacemos es acompañar a compañeras que están en situaciones de vulneración de derechos y principalmente a compañeres que están en situación de calle. es decir con el derecho a la vivienda vulnerado. Lo que laburamos cuando pensamos la ciudad o cuando pensamos el acceso a la vivienda es que, en el modelo hegemónico de ciudad, el capitalismo mundial integrado, produce todo el tiempo marginalidad. O sea, hay una idea de centro que produce margen. Se supone que nosotras somos ese margen o que nuestras compañeras que padecen situaciones están en esa marginalidad y lo que nos proponemos es disputar el espacio en el que está ubicada la centralidad. Vamos a poder disputar territorio y pertenencia. Para eso, como nos cuesta la parte material, en el sentido de generar recursos, generar laburo, generar flujo económico, lo que aprendimos y lo que nos funcionó fue tejer la red desde el lazo, desde el afecto. El tema es cómo nos organizamos para poder acceder a eso, en un sector donde se supone que nosotras no podemos desear eso, eso está vedado, no es para nosotras. Lo diseñado para nosotros son los hoteles de Constitución con el subsidio habitacional que da el gobierno de la ciudad. Eso es lo posible para nosotras (Florencia Montes Paz, No Tan Distintes).

Constitución es un barrio olvidado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en donde abundan los hoteles en los que en general habitan quienes no consiguen acceder a alquileres formales. Según el Censo Popular realizado en esta Ciudad, el 19% de quienes viven en la calle son mujeres, y el 1% personas trans.^[5] ¿Cuáles son las particularidades de estar en situación de calle para mujeres y personas trans?

Hay violencias muy marcadas en los cuerpos que son de mujeres o de la diversidad. Entonces ahí empezamos a pensar que dentro incluso de una problemática tan generalizada, como personas en situación de calle, detrás de esa idea de personas se esconde justamente el pensamiento de la diversidad, que no es lo mismo ser varón incluso en la calle que ser mujer en situación de calle, no es lo mismo tener los pibes a cargo que no tenerlo, no es lo mismo una compañera trans de calle, una compañera lesbiana en situacion de calle, que no serlo y que esas violencias también aparece en la calle. Entonces veíamos un poco la interseccionalidad de las violencias y obviamente la mayor exposición tiene que ver con la violencia sexual a la que estan expuestos todos los cuerpos que no aparecen como cuerpos que se pueden defender o son leídos como débiles o como frágiles (Florencia Montes Paz, No Tan Distintes).

Nos surge una pregunta, ¿Para quién se construye la ciudad frente a estas realidades? Pareciera que el estado, en vez de garantizar el derecho a la ciudad para todes,  asume el rol de articulador del mercado inmobiliario, favoreciendo el desarrollo de un modelo que asume características extractivistas y cuya máxima expresión es la privatización del espacio público y la implementación de políticas que favorecen a las grandes corporaciones.

El extractivismo no sólo se ve en quien extrae o capitaliza el recurso, sino también en qué recibe el resto que es oprimido.  La ciudad está organizada para repartir migajas. En nuestra problemática  esto está muy vinculado a la situación de calle, porque el origen de las intervenciones en situación de calle están vinculadas a la iglesia, está la idea del mendigo, en aquel que se acerca para recibir la ropa que sobra, la comida que sobra. Por eso a nosotres nos encanta pensarnos como organización política, o sea, nosotros somos militantes de un proyecto nuevo, proyecto de ciudad, un proyecto de vivienda. Nuestra invitación con las compañeras en situación de calle no es darle cosas, sino justamente pensar en que necesitamos generar una organización social que reconozca esas trayectorias. Que nuestros compañeres devengan  militantes de una lucha, que es una lucha por un modelo de vivienda (Florencia Montes Paz, No Tan Distintes).

(…) hay vivienda ociosa y hay personas viviendo en la calle. A nosotros nos parece que tenemos que ir de cara a una discusión de la administración de esa vivienda ociosa, experiencias como las nuestras lo que vienen a mostrar es que nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Nuestras compañeras tienen recursos y están en red como para poder garantizar el acceso a una vivienda, lo que sí necesitamos es un estado previsional que favorezca poder entrar al alquiler sin tener herencia, sin pedir precios irrisorios, sin exigirte tener sueldos o condiciones laborales que tiene solo el 25% la población argentina. Entonces nos parece que se puede favorecer una política pública desde una mirada de acceso a derechos (Florencia Montes Paz, No Tan Distintes).

En los últimos años, mientras las calles fueron tomadas por las movilizaciones de mujeres y disidencias a partir del Ni una Menos y la marea verde, No Tan Distintes no dejó pasar que para muches esas calles eran vivienda y escenario de violencias cotidianas. Mientras luchamos por soluciones de fondo ¿Hay intervenciones feministas posibles para hacer esas vidas más vivibles?

Nos parece que mientras estemos en la calle lo que tenemos que tener claro es dónde están los espacios de cuidados. Por eso proponemos la señalética de aliades. Hay que tener espacios de cuidados en la itinerancia de las compañeras en situación de calle, para que los tengan identificados y que sepan que pueden correr o disparar para ahí. Me parece que esto de lo popular que proponemos nosotras, los trans feminismos populares, tiene que ver con entender que la lucha es siempre una lucha también de clase y salir como de la temática de cada une de los activismo. Porque mientras vos laburas menstruación también estoy laburando el acceso a la vivienda, mientras vos laburas eco feminismo también laburas situación de calle. Pero para esto no basta solo tener conciencia de que existen las compañeras en situación de calle sino que tu espacio físico o tu activismo también tiene que estar predispuesto a colaborar en ese proceso (Florencia Montes Paz, No Tan Distintes).

Al habitar el feminismo en un barrio nuevo, en la toma, en la calle aparece la necesidad de pensar el espacio en otra clave. ¿Cómo hacemos para dar lugar a las redes que sostienen?¿Qué casas son las que permiten que esas redes crezcan, se entrelacen, se hagan más fuertes?  Las ciudades modernas se han dedicado a aislar, a limitar los espacios colectivos y a mercantilizar cada vez más ámbitos de la vida cotidiana. En 1960 la mitad de les latinoamericanes vivíamos en ciudades; ahora somos 4 de cada 5. Más del 80 por ciento (CEPAL, 2021).

La imagen de una persona sola, en un departamento en una torre en una gran ciudad se proyecta como imagen del éxito y pareciera haber un esfuerzo deliberado por borrar todas las interacciones que hacen vivible nuestra vida. La especulación inmobiliaria choca de lleno con la posibilidad de valorar el espacio público y la construcción de viviendas como bienes comunes, que puedan pensarse en conexión con lo que la rodea: otras viviendas, comercios, espacios de recreación y de cuidados colectivos.  Feminismos para habitar es un grito urgente para recuperar una planificación que ponga por delante la interdependencia, las necesidades vitales y el disfrute de todes.

Tierra para producir, feminismos para alimentar

Al meter la cuchara en la “cuestión de la tierra” buscamos comprender cómo opera el sistema agroindustrial, extractivo y expulsivo que impone el capitalismo en nuestros países colonizados y cuál es la propuesta agroecológica para la producción de alimentos y relaciones más sanas. ¿Qué implica la agroecología y qué diagnóstico realizan los feminismos populares y campesinos sobre el sistema alimentario actual? Mapeamos algunas de las experiencias que, desde los feminismos y la agroecología, (se) plantan en resistencia al agronegocio.

En primer lugar, observamos lo que está en la base de la producción de alimentos: la tierra en tanto sustrato y propiedad. ¿Cómo se estructura el régimen de propiedad de la tierra en nuestro país? ¿Qué métodos se utilizan para trabajar la tierra? Los pueblos originarios y campesinos resisten al avance constante de la privatización de la tierra -que deja a las más fértiles en manos de unos pocos- y cultivan tradicionalmente sin recurrir a productos químicos. ¿Entonces existe otro modelo de campo distinto al de las enormes extensiones de monocultivos? ¿Es posible que ese modelo se extienda? ¿Finalmente, qué campo nos alimenta?

Por otro lado, nos preguntamos en qué se conectan las luchas feministas con las agroecológicas: cómo se relaciona la soberanía alimentaria en nuestro territorios con la soberanía en nuestros cuerpos y vidas, quiénes asumen el cuidado de las semillas y de las comunidades y de qué manera se ponen en valor conocimientos ancestrales y feminizados.

Por último, hacemos foco en la conexión campo-ciudad al pensar en la producción y distribución de alimentos, es decir, la relación entre las formas de producción y el (in)acceso a la tierra, con la calidad y el precio de los alimentos que se consumen masivamente. ¿Podrían pensarse esos territorios históricamente dicotomizados -campo y ciudad- como una totalidad? ¿Qué efectos tiene el modelo de hábitat y producción campesina en los grandes centros urbanos? ¿Podría construirse otra relación entre ambos territorios?

Tierra: ¿campo para el agronegocio o para la soberanía alimentaria?

Desde la colonización europea empezó el proceso de mercantilización de la tierra en nuestro continente. Lo que antes era suelo común de diversos seres pasó a considerarse instrumento y propiedad de unos pocos. Este proceso continuo se intensificó y aceleró a partir de la llamada “Revolución Verde” que, de la mano de las reformas neoliberales, significó la (mega)industrialización de toda la cadena de producción de alimentos: desde las semillas hasta la comercialización, pasando por los transgénicos^[6], la fertilización química de la tierra, el uso masivo de pesticidas y la producción intensiva de vegetales y animales.

Deolinda Carrizo, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-MNCI)^[7] explica que:

Las políticas neoliberales, que nosotros sabemos vienen constituidas y demarcadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con la intencionalidad también de ir instalando ese modelo económico social y político que ha significado, para nosotras en el territorio, la privatización de los bienes naturales, la liberalización… abrir fronteras para los transgénicos y las transnacionales de la agronegocio. Y con ella los agrotóxicos con los transgénicos que han puesto en riesgo no solo la vida sino la agro-biodiversidad de nuestros territorios. El modelo del capitalismo en el campo ha profundizado las desigualdades sociales provocando un desplazamiento de muchas familias y por tanto se han generado muchos conflictos sociales que tienen que ver con la tenencia de la tierra (…) Esas transnacionales como la AGD, DuPont, hoy Bayer, se han ido fusionando han hostigado mucho a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y prácticamente ha puesto en riesgo de alguna manera el derecho a la alimentación de todos los pueblos, tanto del campesinado como de la ciudad. Y esto obviamente no hubiese sido posible sin la intervención de los gobiernos que, constituyendo leyes, han permitido el avance de estos empresarios en nuestros territorios (Deolinda Carrizo, MOCASE).

La Deo, como la conocen, es Directora Nacional de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y se define como mujer del Pueblo Originario Vilela y militante del MoCaSE. Durante el mes de septiembre de 2022, recibió una orden de detención junto a otros integrantes del movimiento campesino por acompañar a una familia que resistía al desalojo de sus tierras. Este caso se suma a la política de persecución judicial y violencia policial que sistemáticamente sufren quienes defienden los derechos del pueblo y de la tierra.

(Hemos resistido) de forma organizada, en solidaridad y eso ha sido la base que nos ha permitido caminar todo estos años e ir instalando la voz de la mujer del campo como la voz de ese feminismo campesino y popular, comunitario que reivindica a las mujeres del campo. Las mujeres del campo profundo que no representa lo que por los medios de comunicación se ha instalado, que es el campo del agronegocio. Hay otro campo: el campo que ha defendido la vida, ha producido alimentos de forma agroecológica y es el campo que de alguna manera ha sustentado y promueve la soberanía alimentaria como forma de hacer frente al hambre, hacer frente a la desigualdades y por supuesto la liberación de las mujeres ante esas desigualdades generadas por mismas políticas capitalistas, patriarcales y racistas que históricamente han estado instaladas (Deolinda Carrizo, MOCASE).

El avance del agronegocio tiene como correlato el encarecimiento de la tierra, su concentración y masculinización. Las campesinas representan más de una cuarta parte de la población mundial y el 41% de la fuerza de trabajo del sector agrario pero menos del 20% de la propiedad de la tierra en el mundo está a nombre de mujeres (OIT, 2018). La falta del acceso a la tierra acarrea otras problemáticas como la dependencia y la violencia económica, el acceso a tierras de peor calidad y sin acceso a bienes comunes como agua, gas, internet, transporte, educación y salud. Y también plantea serias dificultades para garantizar la seguridad y calidad alimentaria.

Ellos lo que buscan es la explotación de nuestros bienes naturales. Y bueno de alguna manera seguir sometiendo al pueblo y en ese sentido tiene que ver con la destrucción de los sistemas alimentarios que por generaciones las mujeres hemos estado cuidando, resguardando y en las comunidades, valorándolo mucho (…) Obvio que el patriarcado y el agronegocio no dan cuenta de esto, lo que les importa es concentrar, expropiar a través de la violencia y bueno es eso lo que el agronegocio ha hecho en el campo como expresión del capitalismo generando exclusiones, explotación y la violencia hacia el campesinado y especialmente hacia las campesinas. Así que podríamos ver al agronegocio como una estrategia del capitalismo patriarcal en el campo (Deolinda Carrizo, MOCASE).

Pensar la soberanía alimentaria desde los feminismos nos permite imaginar otros modos de habitar, producir y cuidar la tierra y nuestros cuerpos.

Semillas: no hay agroecología sin feminismo

Bajo el imperativo neoliberal de aumentar la productividad en el campo, las semillas se han mercantilizado, patentado, esterilizado y  transformado genéticamente para que las plantas resistan a los agrotóxicos, crezcan más rápido, den más frutos y tengan más color. Como resultado se homogeneizó y redujo la alimentación mundial a unos pocos cultivos, hubo una impresionante pérdida de calidad nutricional y se perdieron siglos de sabiduría popular en relación a la producción y conservación de semillas. Nos preguntamos, ¿es posible hablar de soberanía en países que están de nuevo en el “mapa del hambre”?

La soberanía también implica soberanía alimentaria, porque implica que todes comamos, pero a la vez no solamente es el alimento y es cualquier alimento, sino que también hay toda una historia que las comunidades tienen con respecto a qué sembrar y con qué alimentarse que habla de la biodiversidad, de un montón de pérdida también en estos últimos años en relación a la calidad y a la cantidad de los alimentos que consumimos (Paula Delfino, COPA).

Então a gente vive no brasil esse momento de insegurança alimentar. Cada vez aumenta o número de pessoas com insegurança no brasil e no mundo. O brasil está de volta no mapa da fome. A gente conseguiu chegar ao momento de celebrar o brasil fora do mapa da fome e hoje nós vivemos a insegurança e a negação e sobretudo o descaso com esse direito^[8] (Marenise Oliveira, Movimiento CETA).

Separadas por muchos kilómetros, por sus idiomas y sus generaciones pero con una misma raíz, conversamos con dos guardianas de semillas. Hablamos con Marenise Oliveira militante del Movimiento CETA^[9] (Asentadxs, Acampadxs y Quilombolas) de Bahía, Brasil y con Paula Delfino militante de la COPA^[10] (Cooperativa de Producción Agroecológica) en Marabunta de Guernica, Buenos Aires. Para ambas, la agroecología y el feminismo son inseparables:

Todas as vidas importam. Pensar em agroecologia é pensar em todas as vidas. Nessa relação harmoniosa da vida humana e de todas as espécies que habitam o planeta terra. (…) A agroecologia nos traz essa relação de que o feminismo é equilíbrio. A gente não pensa o feminismo como superioridade nem inferioridade, mas essa busca do equilíbrio e sobretudo proporciona para as mulheres camponesas essa (…) igualdade das relações do trabalho no campo, da casa, onde todos os membros da família se integram na produção agroecológica. Por isso que a gente diz que sem feminismo não há agroecologia, não há agroecologia sem o feminismo (Marenise Oliveira, Movimento CETA).^[11]

Las luchas feministas yo siento que vinieron a poner sobre la mesa también la cuestión del cuerpo. Hasta el momento, todo una construcción de la escisión entre la mente y el cuerpo, el sentir y el pensar. Y la recuperación del autogobierno de nuestros propios cuerpos, de nuestros propios territorios, el hecho de que nadie más puede venir a invadirnos, a abusar de nosotras, a tomar nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos son nuestra decisión. (..) La agroecología de alguna manera también tiene ese encuentro con la tierra como parte de un cuerpo que estamos defendiendo (Paula Delfino, COPA).

Durante las últimas tres generaciones se instaló la idea de que el campo era el atraso y que vivir en la ciudad o más cerca de ella era progresar. Actualmente en América Latina casi el 80% de la población vive en zonas urbanas (CELADE, 2012). El hacinamiento en casas, barrios y transportes precarios es la contracara de campos deshabitados, desabastecidos de servicios públicos, desconectados regionalmente, alambrados en enormes extensiones y contaminados. Sin embargo hay quienes preservan o recuperan saberes ancestrales de nuestros pueblos, muchas veces feminizados, como así también formas de vida campesina, demostrando que hay otros modos de producir y transmitir saberes y alimentos, otras maneras de curar y cuidar

De alguna manera como que hay un primer paso de reconocer y de recuperar la historia de nuestras propias familias, que tal vez sí tienen historia campesina y si tienen historia de la tierra y hay todo un saber que justamente se desvalorizó. Y en las propias familias de quienes hoy somos la juventud, para decirlo de alguna manera, también hubo ese proceso de salida del campo, de desvalorización de esos saberes como saberes válidos y de la academia como la única forma del saber.  Entonces hay todo un desandar, me parece, para poder recuperar (Paula Delfino, COPA).

Então essa medicina natural que a gente reconhece não é só as plantas são também pessoas, que trazem a esperança, que elas dão vida à comunidade. E essas pessoas sobretudo a gente viu esse reconhecimento no contexto da pandemia. Ante esse negacionismo quem cuidou muitas vezes da comunidade foram essas mulheres, foram a orientação do chás, das rezas, de benzer, de orientar nos cuidados. Então eu sinto que a gente tá nesse processo de recupero da história que apagou (Marenise Oliveira, Movimento CETA).^[12]

Verdurazos: del campo a la ciudad

En enero del 2023 el presidente Alberto Fernández designó Antonio Aracre, ex CEO de la multinacional del agronegocio Syngenta-ChemChina que controla más del 40% del mercado de semillas transgénicas en la Argentina^[13] y lidera las ventas de agroquímicos^[14], como jefe de Asesores de la Presidencia. ¿Qué poder tienen las trasnacionales para definir las políticas económicas del país?

Hace algunos años, trabajadoras y trabajadores de la tierra realizan Verdurazos frente al Congreso Nacional como una original forma de protesta y manifestación que consiste en regalar y/o vender a precios populares toneladas de verduras agroecológicas. De esta manera logran visibilizar las condiciones de vida y producción campesina mientras presentan proyectos de leyes^[15] e interpelan al conjunto de la sociedad.

En octubre del 2021, en el marco de un Verdurazo y luego de un fin de semana intenso que incluyó el bloqueo de la planta de Monsanto-Bayer en Zárate, entrevistamos a María Carolina Rodríguez, Meri Segovia, Gisel Zamudio, Nelly Almeida, Liliana Zubia y Carmen Pérez, hoy nucleadas en la Asociación de Mujeres de la Tierra.

Y para nosotros los verdurazos significa hacer ese nexo y esa conexión del campo a la ciudad, de llevarle nuestra producción, que detrás de esa lechuga de ese tomate esa mandioca que producimos hay una historia de compañeras y de compañeros que producimos, pero lo hacemos sin ningún tipo de política pública porque muchas veces en nuestros territorios rurales no tenemos acceso al agua, acceso a algún servicio básico, acceso a los transportes para poder sacar nuestra producción. Pensar en que nosotras y nosotros que producimos más del 60% de los alimentos en el país no tengamos tierra, es una injusticia (Asociación Mujeres de la Tierra).

Y también creemos en este contexto de lucha de mujeres que impulsamos desde siempre la agroecología que no podemos sentar las bases de la soberanía alimentaria sin que las mujeres seamos propietarias de la tierra. Porque ahora con tierra nosotras vamos a poder generar independencia sobre qué producir, cómo producir, cómo queremos hacerlo fomentando la agroecología pero impulsando y proponiendo que la agroecología tiene que ser una política de Estado y que necesitamos políticas públicas que fomenten esta manera de producción como un modelo alternativo de producción y no como algo romántico que se hace con la agroecología y con nosotros (Asociación Mujeres de la Tierra).

De acuerdo a datos propios de la Unión de Trabajadores de la Tierra, en Argentina más del 90% de las familias productoras alquilan la tierra que cultivan^[16]. ¿Por qué es tan importante dejar de alquilar para ellas?

Siendo propietario de su propia tierra ella sería más libre, libre para decidir qué va a ser con su vida, qué va a ser con su cuerpo y también qué va a poder producir en esta tierra. Y es importante para la mujer campesina que salga la ley de acceso a la tierra porque si nosotras no tenemos tierra no podemos hablar de soberanía alimentaria. Nosotros vivimos en la quinta alquilando, tenemos casita hecho de madera que es precaria, cuando llueve entra agua, cuando hace frío entra viento, hace frío porque no podemos construir una casa de material, no nos dejan porque no es nuestro terreno, nuestra quinta.

Más de 60% de los que producimos alimentos lo venimos haciendo en condiciones la verdad lamentables, alimentando el país y solo el 13% por ejemplo es dueño de las tierras y ese 13% no son mujeres, son hombres no? Es como decía Carmen acá, que contaba que los contratos de alquileres son cortos. La mayoría de los compañeros de las compañeras los alquilan a un precio muy caro. Ante algún desastre natural, se nos vuelan las chapas, se nos destruyen las casas o como también afecta el cambio climático a nuestras plantaciones (Asociación Mujeres de la Tierra).

Para terminar, les preguntamos: ¿Cómo se podría organizar la producción y distribución de alimentos desde una clave feminista y popular?

Y bueno desde la agroecología porque nosotras proponemos un modelo integral y eso significa que no solamente nos beneficia a nosotras como productoras y productores, sino también fomentar este modelo de la agroecología. Siempre se nos vincula como guardiana de los montes, guardiana de la selva, que le damos batalla a la agronegocio, pero nunca se habla de fomentar políticas para las mujeres. Creemos que se está dando el contexto para que nosotras también nos podamos sentar en la mesa a discutir sobre qué modelo agroalimentario queremos y cuál es el modelo que le decimos basta. Hoy claramente se vio eso cuando fuimos a la planta de Monsanto^[17]. Otra vez las mujeres las compañeras denunciando todo lo que hace esta empresa sobre los territorios y también sobre nuestros cuerpos porque no se enferma y nos contamina (Asociación Mujeres de la Tierra).

Reducida a instrumento, medio, propiedad; erosionada, con cada vez menos minerales y nutrientes, la Tierra que nos alimenta y cobija peligra gravemente. Las luchas de los feminismos populares, campesinos, indígenas y comunitarios en el campo conectan el cuidado de la Tierra con el cuidado de la salud comunitaria, de los propios cuerpos y vidas que se reproducen en común con los entornos que habitan.

La agroecología como movimiento social y como teoría se recrea desde los feminismos para extender la mirada: no es sólo producir sin agrotóxicos, son las relaciones entre les que producen, cómo se produce y también reproduce la vida en los territorios rurales o rururbanos, cómo se valoran y reconocen los trabajos, las riquezas y los saberes, cómo se cuida de la Tierra, los bienes comunes y lo vivo y también cómo se comercializa o distribuye la producción, qué relación se establece con les consumidores, qué mercados y circuitos económicos se movilizan ¿Qué relaciones hay detrás y dentro de cada alimento?

Tierra para defender, feminismos para luchar

Desde el siglo XV en América Latina se reeditan una y otra vez dinámicas depredadoras de nuestros bienes naturales comunes que reviven aquel saqueo del Cerro Rico de Potosí en nuestras montañas, bosques, montes, campos, ríos, humedales y valles de hoy. En aquel tiempo, ningún trabajo mitayo^[18] fue realizado sin fugas, denuncias, luchas y estrategias de resistencia comunitaria. En el presente nos preguntamos: ¿cuáles son las resistencias concretas que enfrentan el extractivismo de nuestros comunes? ¿cómo se entretejen con las violencias machistas? y ¿cómo es posible producir y habitar enfrentando las lógicas de muerte?.

Para mapear y poner imágenes concretas a estos “posibles” recorrimos diversas experiencias que desde organizaciones comunitarias, indígenas, ecoterritoriales, luchan por un mismo horizonte común: cuidar, preservar, producir y retejer la vida allí donde el capital y el estado mata y destruye. Primero nos dirigimos hacia el sur más austral de América para ver cómo resisten las compañeras mapuches la avanzada del monocultivo de pino, y de empresas que llegan a los pueblos y comunidades con promesas de trabajo para luego dejar devastado el territorio. Después nos desplazamos hasta el Valle del Cauca en tierras colombianas donde la resistencia frente al avance de la “mafiosidad” se entreteje con la violencia machista que sufren las compañeras lideresas indígenas. Finalmente, en un contexto agobiante de crisis de incendios por una sequía histórica en los territorios del Litoral argentino, nos encontramos con quienes habitan la cuenca del Plata-Paraná y ponen en cuestión los negocios agroganaderos, inmobiliarios y luchan por cuidar nuestros humedales.

La araucanía, memoria ancestral de defensa ecoterritorial y feminista

Hace tiempo que la Patagonia es asediada por intereses empresariales de la más diversa índole: minería, petróleo, industria maderera, desarrollos inmobiliarios y turísticos privatistas y excluyentes. Este territorio, viene siendo centro de disputas y represiones que se siguen cobrando vidas. Parece que el proceso de exterminio de los pueblos que habitaban estas tierras y que el poder político buscó encubrir bajo la mal llamada “campaña al desierto”, no ha cambiado.

Mientras tanto allí habitan, cuidan, producen y sostienen la vida desde hace siglos las comunidades mapuches de la Araucanía. Conversamos con Soraya Maiconio, mujer mapuche que forma parte de la lucha por la recuperación del lof Quemquemtrew. Ella nos contaba cómo se transformaron los patrones económicos y sociales de una economía fundamentalmente ganadera y de conexión con la tierra a la producción extractiva fundamentalmente minera, petrolera y maderera. Las ciudades se han visto sobrepasadas de habitantes. Las empresas van, explotan el territorio y la mano de obra prometiendo progreso y trabajo para la gente; pero una vez que arrasan con todo, se retiran dejando una situación de vulnerabilidad agravada.

En este sentido, la lucha del pueblo mapuche en recuperación de territorios y retejido de comunidades en tierras patagónicas tiene a las mujeres con sus hijes como protagonistas y en primera línea. La Lamien Romina Jones sostuvo un acampe comunitario en Cuesta del Ternero durante el año 2020 y fue asediada por la policía de Río Negro^[19]. El 4 de octubre de 2022 la jueza federal María Silvina Dominguez ordenó el desalojo por la fuerza y la detención de siete mujeres mapuches de la LofWinkul Lafken Mapu que sostenían una reapropiación de tierras en la zona de Villa Mascardi. La violencia desatada por el operativo destruyó el espacio ceremonial del pueblo Mapuche, su Rewe, utilizando balas de plomo y gases lacrimógenos. Además se ordenó el traslado a Buenos Aires de las mujeres mapuches detenidas, algunas trasladadas con sus hijes, embarazadas o amamantando. Una muestra de disciplinamiento atroz y descarga de violencia patriarcal aleccionadora contra todo el pueblo mapuche pero que, fundamentalmente, castiga a las mujeres. Estos hechos, enérgicamente repudiados por organizaciones sociales y territoriales, continúan construyendo la idea de la “cuestión mapuche” como amenaza para el orden político y social, profundizando la demonización y el desconocimiento de sus reclamos, formas de vida y luchas ancestrales.

…cuando están maltratando a nuestros hijos y nos quejamos por eso dicen que es nuestra culpa por haber llevado a nuestros hijos ahí cuando generalmente a donde los llevamos es el territorio del que pertenecemos (Soraya Maiconio, Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir).

La defensa del territorio para las comunidades mapuches, en contraste con los intereses empresariales y los poderes económicos, es una trama de vida entre seres y fuerzas:

…Mapuche significa ‘ser parte de la tierra, ser de la tierra’. Ni siquiera significa ser dueños de la tierra (…) Nos conectamos con las fuerzas de la naturaleza. Esa fuerza nos reconoce, desde chicos hasta que nos morimos (…) Entonces hoy por hoy la gente mapuche cuando recupera territorio, lo hace por una necesidad principalmente espiritual, de desarrollo cultural. Recupera en aquellos lugares en donde siente que la fuerzas están necesitando el resguardo donde la Mapu, pues está necesitando del resguardo de ese territorio (Soraya Maiconio, Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir).

A través de discursos conservadores, neoliberales, de criminalización; discursos racistas y fascistas, se intenta justificar la violencia que el Estado y las fuerzas de seguridad desatan sobre comunidades y personas. Lo vemos en el caso de la Patagonia pero también es una constante en Brasil, Bolivia, el Pacífico colombiano, entre tantos otros lugares.

¿Sabías que América Latina es el continente con más líderes y lideresas asesinadas y perseguidas por defender sus territorios contra el avance extractivo?^[20]

Mujeres NASA Misak enfrentando las violencias externas e internas

Nos transportamos al Valle del Cauca, un territorio ubicado cerca de la costa Pacífico de lo que hoy llamamos Colombia. Allí el pueblo Nasa-Misak sufre y resiste desde hace siglos el avance colonizador de sus historias, tierras y recursos. El monocultivo de la caña de azúcar primero y el de coca, con el consecuente ingreso de actores ligados al narcotráfico, después; han hecho del valle un lugar complejo para habitar y vivir bien.

El pueblo Nasa-Misak integra una organización conformada por cabildos indígenas que se denomina Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Un organismo de participación y organización política territorial que busca desde los años ’70 garantizar que los pueblos del Cauca puedan desplegar sus modos de vida, producción y existencia en sus tierras ancestrales^[21]. La guardia indígena es una institución dentro del Concejo en la que todxs lxs Nasa-Misak son inciadxs cuando nacen. Es el modo en que este pueblo educa y forma a la comunidad para la defensa de su tierra. En 2019 en el marco del Paro Nacional en Colombia, la guardia indígena como parte de la organización de la minga afro, indígena y campesina llegó a la ciudad  conectando diversos paisajes y territorios con su sabiduría y fuerza ancestral^[22]. Vilma nos contó cómo esta experiencia hizo que se visibilicen las luchas y los modos de vida y resistencia que ellxs despliegan hace siglos en sus territorios.

Una de las batallas más importantes que protagonizan en el Cauca es el proceso de Liberación de la Madre Tierra. Una experiencia del pueblo que lucha por recuperar territorio colonizado por el monocultivo de caña fundamentalmente, pero que va mucho más allá de una ocupación de tierras. Las líneas de avance sobre los campos se organizan con las mujeres mayores, las ancestras, por delante para marchar desmontando a machete las parcelas cultivadas e ir liberando la tierra de esta forma de producción intensiva y a gran escala que la degrada y coloniza sin límites.

…finalmente después del 2014 desde Corinto y desde huellas Caloto se habla de liberar la Madre Tierra pero más allá de las instituciones estatales, más allá de las promesas de los malos gobiernos y más allá de las burocracias y autoritarismos internos. Sino de escuchar, enraizarse y obligarse a la Madre Tierra como debería ser. Ojalá desde la autonomía en medio de contradicciones y disputas internas pero se busca un mínimo de autonomía o retomar por lo menos la relación eh maternal con la Madre Tierra (Vilma Almendra Quiguanas, Pueblos en Camino).

No resulta sencillo trabajar por la autonomía de los pueblos para garantizar su desarrollo integral en territorio. En el Cauca, los intereses económicos se trenzan con una lógica de “mafiosidad”, tal como la nombra Vilma, que despliega formas de control y violencia sin límites sobre las organizaciones indígenas y principalmente sobre las mujeres y disidencias.

…no solamente aquí se vive el extractivismo minero petrolero maderero. De las aguas, de los bosques. Sino también una forma extractiva que algunas compañeras y compañeros han llamado la mafiosidad. Esas formas mafiosas de poder que están extrayendo, bienes comunes, están extrayendo luchas sociales y populares y están extrayendo cuerpos (…) Para reconocer esto más de cerca acá, pues uno de esas formas mafiosas es el narcotráfico, que no solamente se ve en cómo nuestros territorios están llenando de distintos cultivos, -que para nosotros son sagrados o son plantas que curan- y se vuelven productos que hacen parte del tráfico y que se sale a vender a otros países. (…) por el cual se está asesinando a campesinas, campesinos a indígenas, a negros y negras en los territorios, porque son el eslabón más empobrecido. Y cómo este sistema está estructurado para que nos empobrezcamos y terminemos entregando los territorios y los articulemos a estas formas de dominación. Pues el empobrecimiento obliga a muchas familias a que se vinculen a cultivar masivamente estas plantas… (Vilma Almendra Quiguanas, Pueblos en Camino).

Esta “mafiosidad”, que se expresa brutalmente sobre los cuerpos feminizados, asume formas concretas de violencia en la disputa por el control territorial, al entroncarse con el machismo estructural que se vive en las comunidades:

…son justamente las mujeres que vienen desde una experiencia concreta de sufrir abusos, violencias y defenderse desde su cama, defenderse desde la cocina, defenderse desde su hogar, desde su vereda, desde su territorio. Cuando ejercen un cargo tienen que defender todo eso pequeñito, pero en gran escala, que es defender a todo un pueblo (Vilma Almendra Quiguanas, Pueblos en Camino).

Vilma nos recuerda a Cristina Bautista Taquinas que fue asesinada en 2019 por actores armados. En 2021 Sandra Liliana Peña y Argenis Yataque fueron asesinadas:

…porque han ejercido un cargo de autoridad y han querido que los territorios, el cuerpo de las mujeres y nuestras autoridades tradicionales como formas comunales de resistencia y búsqueda de autonomía, se respeten no se violenten y se mantengan. A ellas, las han asesinado porque han hecho que los mandatos colectivos sean palabra en acción y no solamente se quede en el discurso (Vilma Almendra Quiguanas, Pueblos en Camino).

La violencia ejercida por parte de los propios compañeros responde a las mismas lógicas patriarcales y machistas extractivas de los cuerpos-territorios de las compañeras. En ese sentido, Vilma recuerda a Arnubia Yunda Cuetia asesinada en 2021 por su expareja:

Hablo en nombre de ella y de muchas más que siguen asesinando (…) entonces si empezamos por la casa y ojalá nuestros compañeros dejen de violar, dejen de asesinar, dejen de amenazar y dejen de silenciar, pues así nos fortalecemos más y como mujeres a la par con los hombres podemos hacer una defensa más fuerte y más profunda frente a los extractivismos (Vilma Almendra Quiguanas, Pueblos en Camino).

El paro nacional que se inició en 2019 sin duda marcó el inicio de un proceso de transformación profunda en Colombia. La minga indígena-afro-campesina ingresó a las ciudades llevando toda la fuerza de estas organizaciones que ancestralmente sostienen, reproducen y fortalecen formas de cuidado y autocuidado socioambiental en Colombia. Hoy, más de dos años después del primer paro nacional; Francia Marquez, lideresa afrocolombiana del Valle del Cauca; es la nueva Vicepresidenta de Colombia y Gustavo Petro -exalcade de Bogotá- es el Presidente: el pueblo renace con más esperanza y sigue pidiendo por paz, por un “vivir sabroso” y por que la dignidad se haga costumbre.

Rios feministas para todes

Desde el Valle del Cauca, pasando por los ríos caudalosos Magdalena y Amazonas, nos movemos hacia el sur, hasta la cuenca del Plata-Paraná en Argentina, para mapear qué sucede en nuestros ríos. El problema del cuidado y preservación de los humedales estalló en 2020 cuando, en pleno inicio de la pandemia de Covid 19, las quemas tomaron por completo las pantallas. Mientras el humo llegaba a ahogar las grandes ciudades, en Rosario y Buenos Aires se sintieron los reclamos. Pero, ¿cuánto sabemos de lo que pasa en el humedal? ¿Es evidente la importancia de cuidarlos? ¿Sabemos que somos río? Los humedales brindan a seres humanos y no humanos una infinidad de bondades y funciones ecosistémicas de las que, sin saberlo, nos servimos cotidianamente. Renuevan y purifican el oxígeno y el agua dulce, conservan la biodiversidad que mantiene húmedo y fresco el ambiente. Sin recurrir a metáforas: hacen que llegue el agua a tu mesa, a tu canilla y a todo tu cuerpo.

Una red, un tejido de isipó, juncos y camalotes viene trayendo las voces de las mujeres y diversidades del Río Paraná a la agenda pública que denuncia los avances extractivos del capitalismo patriarcal en territorios líquidos. La cuenca del Plata-Paraná recorre más de 4.000 kilómetros en los que encontramos modos diversos de habitar y cuidar nuestros humedales. Charlamos con Soledad Ferrería y Sofía Astelarra, integrantes de la red Río Feminista, que nos contaron sobre este entramado que vienen construyendo. Su objetivo fundamental es hacer oír las voces y narrativas propias sobre sus formas de vida, producción y cuidado de los territorios de islas, costas y humedales.

Nuestro modelo productivo y nuestros modos de habitar atentan contra los humedales permanentemente, ¿cuáles son las situaciones de conflictos socioambientales concretos que se viven en este territorio?

Sofía Astelarra nos contó que en el Delta del Tigre la intensificación de proyectos inmobiliarios, como una particular forma de “miamización”, se entreteje con lógicas de “turismo extractivo” y que es una dinámica extendida en toda la cuenca. Al mismo tiempo, ciertas obras de infraestructura macro contrastan con la vida de las comunidades isleñas, ribereñas, de las orillas. El puente Rosario-Victoria, en la zona del Alto Delta, cruza de este a oeste el humedal y la Hidrovía Paraná-Paraguay (parte del Corredor Bi-Oceánico, IIRSA)^[23] recorre todo el Río Paraná, de norte a sur. Mientras estos trazos marcan una supuesta forma de progreso productivo, lo único que queda en los territorios es la privatización y el descontrol de una producción intensiva y extractiva; con la promesa de divisas que las comunidades nunca ven. Muchas otras problemáticas son desafiadas desde lo íntimo, desde la escala micro. Mujeres y diversidades nos hablan de cómo esa idea de progreso no nos contempla:

Para las mujeres y diversidades en esta situación de conflictos ambientales que está trayendo el cambio climático (…),  incendios consecuentes, etcétera, etcétera, sumado a la pandemia de hoy, ha hecho que las familias no se hayan podido quedar en la isla, se hayan tenido que ir a la ciudades (…) , entonces hay desmembramiento de las comunidades (Soledad Ferrería, Red Rio Feminista).

A raíz de las quemas en 2020, que tuvo otros momentos críticos durante 2021 y 2022; se volvió a poner en agenda la Ley de Humedales. Las organizaciones socioambientales que luchan por su tratamiento y sanción ya llevan diez años insistiendo. Se trata de una iniciativa para establecer presupuestos mínimos que nos permitan decidir qué modos de producción y de vida queremos que haya en estos territorios, qué es lo más conveniente para el ecosistema, con las personas incluídas en él. En 2021 perdió estado parlamentario y en septiembre de 2022 volvió a entrar en discusión en la Cámara de Diputados. Hubo ocho proyectos distintos dentro de los que está el proyecto consensuado por más de 200 organizaciones y profesionales de las ciencias sociales y ambientales. En 2023 no volvió a abrirse la discusión y los dos proyectos que habían sido aprobados por Diputados con dictámen de mayoría (del bloque Juntos por el cambio) y minoría (del Frente para la Victoria con apoyo de organizaciones socioambientales), se dejaron caer. Río feminista, como parte de un entramado de organizaciones, impulsa y acompaña la convocatoria a luchar por la defensa de nuestros territorios líquidos. Una lucha que nos toca a todes bien de cerca.

Producir y cuidar el ambiente no son conceptos antagónicos, más bien lo contrario. Uno de los argumentos más reiterados en contra de la sanción de una ley de humedales tiene que ver con esta idea dicotómica. Sin embargo, tal como lo muestra Río Feminista y tantas otras experiencias, si miramos desde una escala íntima los territorios, nos encontramos con que allí se vive, se construye comunidad, se produce y circula sin dañar de manera intensiva la tierra. Es posible una producción sustentable y respetuosa de la trama que sostiene la vida en cada territorio.

Hoy en Argentina, en América Latina y en el mundo atravesamos un tiempo de crisis socioambiental muy fuerte. Un momento que nos interpela a pensar y actuar para transformar nuestros modos de producción, nuestras ideas de desarrollo, la matriz energética y de consumo en la que se basan nuestras economías. Porque pensar los extractivismos no es sólo pensar en “recursos naturales” sino también en cómo se relacionan la extracción de la naturaleza, de los territorios, de las personas y los seres no humanos que allí habitan y todxs lxs que nos beneficiamos del consumo de los servicios que brindan diferentes lugares del mundo. Entonces, es preciso pensar los extractivismos de manera ampliada para entrever cómo se ha ido desarmando la trama de la vida (Navarro y Gutiérrez Aguilar, 2018) para que avance el capital, cómo se violan derechos, se saquean cuerpos, espacios y tiempos en beneficio de la reproducción ampliada del capital (Gago y Mezzadra, 2015).

Los feminismos, las organizaciones eco territoriales, las comunidades indígenas, campesinas nos enseñan desde el habitar cotidiano cómo podemos hacer para enfrentar esta lógica extractiva. Es posible imaginarnos y soñar un mundo donde producir no implique saquear: ¿Cómo sería producir en perspectiva ecoterritorial y feminista? Las tres experiencias latinoamericanas que recorrimos en este episodio nos cuentan sus formas, saberes e ideas. Y vos, ¿qué pensas?

Soñar otros mundos

En un contexto de múltiples crisis, superpuestas y agobiantes para nuestros pueblos, el capital parece tener la capacidad de relanzarse una vez más. Nuevos viejos negocios que extienden sus fronteras, inventan necesidades y avanzan sobre territorios donde encuentran fertilidad para ampliar la acumulación. De ahí que nuestros comunes se ven cada vez más amenazados por propios y ajenos, quienes los tratan como meras mercancías. La imaginación política se agota mientras todo se piensa en términos de vender y comprar, de pagar y deber, de consumir y desechar.

Cuando desde los eco-trans-feminismos decimos: la deuda es con nosotres y con nuestros territorios, corremos el eje de la discusión para dejar de ser colonias en todos los sentidos. Frente al extractivismo urbano, el endeudamiento de nuestros hogares, los monocultivos, la producción agrotóxica, la degradación de humedales, del agua que tomamos, de nuestros montes, bosques y montañas; se multiplican resistencias en defensa de la vida y los comunes. Desde los feminismos nos animamos a preguntar más allá del diagnóstico y la lucha cotidiana: ¿qué mundos soñamos habitar?

En esta segunda temporada de Destapar la crisis, a partir de un mapeo feminista y colectivo, nos propusimos visibilizar la profundización y ampliación de distintas prácticas extractivas en la post-pandemia y exponer cómo proliferan y se multiplican los conflictos del capital contra la vida. Pero sobre todo quisimos abrir la puerta hacia narrativas colectivas que enuncian y ponen el cuerpo a nuestros sueños feministas. Al hacer esto, forzamos el mapa, abrimos los horizontes y nos animamos a pensar y a desear más allá de lo existente, también apoyades e impulsades por estas cartografías que creamos y construimos en el presente.

Para cerrar cada episodio les propusimos a distintes compañeres pensar juntes cómo seria ese mundo feminista que soñamos. A continuación recuperamos esas voces colectivas que hablan de un mundo deseable y posible.

¿Cómo sería una ciudad feminista?

Una ciudad feminista para mi es una ciudad en la que haya cada vez mas espacio publico donde encontrarnos, donde disfrutar y donde producir vida en común. Donde la planificacion urbana tenga en cuenta formas de vida que no sean solo las de la familia heterosexual y la circulacion de la casa al trabajo y del trabajo a la casa (…) y, por último una ciudad feminista es una ciudad, donde los trabajos comunitarios, los trabajos de cuidado, son remunerados, visibilizados y valorados socialmente como lo que son, el sostén de la vida en común (Luci Cavallero, Colectivo Ni Una Menos, Argentina).

El flagelo sigue siendo el hambre, la marginación y la desigualdad y nosotros construimos y nos imaginamos construir una barriada con igualdad de derechos, sin marginación, sin violencia y sin esas prácticas patriarcales y machistas que venimos combatiendo. Hemos avanzado mucho, el movimiento de mujeres ha avanzado mucho, pero aún siguen faltando derechos y por eso, por eso seguimos (Lili Galeano, La Patriada, Argentina).

Una ciudad feminista es una ciudad por la que nos podemos mover por todos sus espacios sintiendonos libres y sin miedo. Es una ciudad que es nuestra y es de todes, porque entre todes decidimos cómo queremos que sea. Una ciudad femnista es una ciudad en la que hay lugar para todas las identidades de género y para todos los cuerpos. Y sobre todo, una ciudad feminista es aquella que nos permite desplegar nuestro deseo colectivo plenamente (Magui Moreno, geografa feminista).

¿Cómo imaginás una reforma agraria feminista y popular?

Uma reforma agrária feminista e popular, ela é urgente e necessária. Não podemos admitir a invasão do agronegócio e a mineração sobre nossos territórios. Ela se estende também a uma invasão sobre nossos corpos, sobre nossas vidas, sobre nossos modos de vida. E por isso que atuamos na relação com as mulheres sem terra em 3 frentes: na organização de base, na formação política e na luta direta. Por isso se destaca para o MST as lutas do enfrentamiento ao capital que tem no 8 de marco uma luta importante na qual pautamos a questão da luta contra as sementes trangénicas, contra os agrotóxicos, contra as trasnacionais, pela construção de uma perspectiva feminista popular e socialista^[24] (Kelli Mafor – Movimento Sin Tierra-MST, Brasil).

Una reforma ecofeminista donde la tierra, como nuestros cuerpos se respete. Donde se entienda que las otras compañeras y compañeros planetarios de otra especie, de este viaje planetario, tienen el mismo derecho que nosotras. Formas donde gestionar y trabajar la tierra sea pensado de forma comunitaria, colectiva y donde, como dice el ecofeminismo, el eje no sea la maximización de ganancias sino el cuidado y reproducción de la vida” (Virginia Liponezky – La Verdecita, Santa Fe, Argentina).

Creo que una reforma agraria transfeminista y popular no solamente es posible sino que es sumamente necesaria para poder transformar de raíz las violencias que vivimos sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Nuestro país es un país que tiene un 93% de su población viviendo en unos pocos grandes centros urbanos en condiciones de extrema precariedad. Y creo, además, que tenemos muchísimo que aprender de los feminismos comunitarios, indígenas, campesinos, populares, respecto del cuidado de la tierra y la convivencia en armonía con el resto de seres vivos que urge en este contexto de crisis civilizatoria al que ha llegado el capitalismo en su fase más tremenda, que es el capitalismo neoliberal. Entonces me parece que la reforma agraria es una lucha urgente (Mercedes – Trabajadorxs Unidxs por la Tierra/ Refugio Libertad, Córdoba, Argentina).

Y ¿por qué tiene que ser feminista? Porque las mujeres hemos perdido, con este nuevo modelo productivo, el protagonismo. Antes nosotras sabíamos que semilla utilizar, si servía para el año que viene, y así alargamos un tiempo. Pero hoy en día ese modelo a los grandes empresarios no les conviene, de plantar agroecológico, de plantar la misma semilla porque pierden un montón. Yo creo y me imagino mucho esa reforma agraria y feminista y popular porque también seriamos protagonistas de la comercialización, de la forma de producir de conjunto. Me parece tan fundamental que las mujeres rurales tengamos la titularidad de la tierra, de las herramientas que se utilizan porque de esa forma también se gana independencia. Y me imagino ese ideario que todas tengamos una hectárea o dos hectárea de tierra, producir, y tener una vivienda digna y capacitarnos y otras cosas. Eso sería una visión y yo estoy convencida que algún día lo vamos a hacer (Janet Choque – Federación Agraria, Argentina).

La tierra tiene que cumplir una función social. Eso es lo que deberíamos estar hablando Que en esa función social, si nosotros como pueblos tenemos la disposición de tierras que puedan estar administradas por hombres y mujeres, en el caso de que quieran hacerlo, que puedan obviamente estar priorizadas las mujeres y más las mujeres que tienen todo un sinnúmero de violencias física, sexual, mental, económica que fueran las priorizadas, así como la juventud (Deolinda Carrizo – Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Argentina).

¿Cómo sería producir en perspectiva ecoterritorial y feminista?

…no dejando que remoralicen nuestros deseos, por iglesias, familias heteronormativas, y demás instituciones que no asumen la caída de un sistema que está podrido (Caro Guiñazú, ArteMA-Navegancias, Arroyo Segunda Hermana-Tigre, Argentina).

Cuando desde los lesbotransfeminismos hablamos de otros modelos productivos también estamos hablando de otros modos de entender la salud, van de la mano y es imposible disociar la idea de territorios libres y de vidas en equilibrio con la tierra y con lo que nos rodea para pensar procesos de salud… (Anita Fagioli, Casa Nativa, Argentina).

…pienso siempre me imagino tejiendo siempre desde la creación artística, desde la música, desde las artes plásticas y desde la poesía…porque estoy absolutamente convencida que desde la creación artísticas …vamos a seguir siendo esa sociedad sustentable y respetuosa con el medio ambiente mucho mucho mucho más rica (María Santucho, Comunidad Agroecológica Enramadas, Argentina-Cuba).

A luta femnista é em defesa das mulheres, em defesa da soberania alimentar, de uma alimentação saudável, de uma mulher liberta. A gente trabalha na produção para o sustento, para a auto sustentabilidade e sua afirmação como mulher camponesa^[25] (Guiomar de Sousa, Movimento de Mulheres Camponesas-MMC, Brasil).

Frente al avance de discursos de derecha y la profundización del saqueo de nuestros cuerpos y territorios, muchas veces se pregunta: ¿dónde están los feminismos? Desde Destapar la crisis respondemos, y en este cuadernillo lo mostramos otra vez: estamos dando las disputas que habilitan mundos nuevos y crean otras formas de producción y reproducción de la vida, del lugar que habitamos, de los alimentos, de la tierra y de las casas. Estamos organizando  las resistencias fundamentales que traman y potencian lo amoroso, lo amigable, el reconocimiento de la diferencia, de la fragilidad, de la interdependencia. Se trata de una lucha cotidiana que no sólo enfrenta la explotación sino que pone frenos a la expropiación de nuestros cuerpos, territorios y saberes construyendo desde hoy las vidas que soñamos.

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Referencias

En 1986 se realizó una de las iniciativas organizativas más importantes de la historia del movimiento de mujeres y feministas en Argentina. Desde mediados de la década del 70s se fueron delineando nuevos contornos a la articulación feminista en Nuestra América, impulsadas por la apertura de la cuestión de la mujer en la agenda global y por las búsquedas de reconstruir un campo desde donde pensar la realidad política de nuestra región y de las mujeres latinoamericanas desde una perspectiva feminista. En nuestro país, la voz propia del movimiento de mujeres y feministas encontró en la transición democrática las condiciones para su reaparición, luego de años de silencio y de terror provocados por la dictadura militar. Desde 1984 la agenda política del movimiento de mujeres se fue desplegando producto de las acciones callejeras y articuladas entre grupos feministas, militantes políticas, sindicalistas, referentes de organizaciones de derechos humanos.

Encuentro Nacional de Mujeres

En 1986 tiene lugar en la Ciudad de Buenos Aires el Primer Encuentro Nacional de Mujeres. atravesado plenamente por la necesidad de recuperar los espacios de organización, de debate, y con una fuerte intención de fortalecer la transición democrática luego de la dictadura cívico-eclesiástica-militar más cruenta de la Argentina.

Este espacio se constituyó como una malla de relaciones donde se entrecruzan, entrelazan, tensionan y finalmente se sintetizan aquellas concesiones y acuerdos alcanzados. Desde sus inicios estuvo presente la decisión política de construir un espacio creativo, y poroso, que dé cuenta de una forma diversa de pensarnos, de pensar lo político, las opresiones que atraviesan nuestra vida cotidiana, y de agenciar la potencia transformadora de las praxis feministas.

Único por su masividad y continuidad -se realiza ininterrumpidamente desde el 86 hasta la actualidad cambiando año a año la provincia-, el encuentro transforma y renueva a las personas que asisten, desarma y da herramientas para elegir cómo rearmarse. Todxs quienes participamos de un encuentro alguna vez, pensamos y sentimos que no volvemos igual a nuestras casas, nuestros espacios.

Esta praxis feminista implica la escucha, compartida y visibilizada de todas las experiencias. Invita a tomar la palabra, como ejercicio de apropiación del decir, y como reconocimiento del otrx. A alzar la voz, a ponderar las diversas trayectorias de vida, a compartir y construir los puntos que nos unen y a aquellos que nos diferencian, para dar las disputas que sean necesarias en pos de lo colectivo, de la ampliación del campo de enunciación feminista, de su agenda y por consiguiente de la ampliación de la participación y derechos. 

Desde sus inicios  el encuentro fue concebido como una iniciativa federal. Era importante no solo sacar del centro a Buenos Aires y poder conocer, visibilizar y habitar cada parte de nuestro país, sino dar lugar a la autoorganización de cada ciudad elegida. Concluir con un saldo organizativo que diera fuerza política y dinamismo para continuar las disputas que debieran ser libradas en el territorio. A tales fines, se definió que la comisión a cargo de la organización se formaría en cada lugar, evitando así la centralización y búsqueda de conducción por parte de algún grupo u organización en particular.

Otra característica de los encuentros es su estructuración en talleres en lugar de paneles con exposiciones de expertas. Hay allí una búsqueda de horizontalidad, de priorizar el debate, y desjerarquizar la palabra. La apuesta por la pluralidad de voces y el privilegio de las experiencias, los cuerpos, las voces y los procesos por sobre la eficacia de las “síntesis” y la “expertise”. Año a año, este formato demostró su capacidad adaptativa a diversas coyunturas, permitiendo la incorporación de nuevos talleres, y la amplitud de temas y espacios de participación.

Otra característica que atraviesa este territorio feminista desde su inicio ha sido el consenso. Esta resolución no alude a ningún romanticismo político sino a una clara noción de la distribución de poder entre distintos actores sociales y a la construcción de estrategias para evitar quedar subsumida a otros movimientos, con intereses y reivindicaciones distintas a las feministas. Era más bien una apuesta por construir las condiciones que permitiera que esa voz propia pudiera continuar viva, e incluso expandirse. Con el tiempo el consenso dio lugar a nuevas formas, como la publicación del disenso, el reconocimiento de la tensión y la disputa como elemento constitutivo del campo.

El Encuentro llevado a cabo en el 2003 en la ciudad de Rosario marcó un antes y un después en la historia encuentrera. Atravesado por la efervescente participación popular producto del proceso de lucha abierto por la crisis económica, política y social del 2001, y el crecimiento de diversas formas de organización popular, Rosario fue testigo del primer taller sobre la legalización del aborto luego de la intervención dentro del encuentro de la “Asamblea por el Derecho al Aborto”, y la indiscutida plebeyización del encuentro con la irrupción masiva de los sectores populares y con ella la puesta en valor de la participación de las compañeras travesti y trans, lesbianas, bisexuales.

El propio formato del encuentro y el incansable trabajo de muchas compañeras en participar, permanecer y disputar su lugar, permitió introducir discusiones necesarias y urgentes en torno a la identidad de género, a la perspectiva de género, a la perspectiva disidente. Podemos decir, que este encuentro consolida y potencia el proceso colectivo iniciado 17 años atrás, y logra, no sin tensiones, su transformación en un evento multitudinario, en expansión y complejamente heterogéneo.

Además,  por primera vez las calles de la ciudad se llenan de pañuelos verdes para la marcha de cierre.

Debates actuales

En el 2015, con la irrupción del Ni Una Menos en nuestro país, como convocatoria masiva frente a la violencia machista, comienza un proceso de ampliación en la capacidad de interpelación e intervención de los feminismos. Cada vez más pibxs se sentían convocadxs a participar del movimiento feminista y a cuestionar y deconstruir los espacios transitados, y el encuentro no fue la excepción.

El camino hasta ahora recorrido, nos pone en valor la capacidad que hemos tenido de crear un espacio de debate propio, que implica el acceso a formas organizativas y lugares antes negados. Nutrirlo, darle volumen hasta convertirlo en un acontecimiento político ineludible para nadie. 

En el 2019, el Encuentro se realizó en la ciudad de La Plata, y marcó un punto de quiebre y disputa dentro de la historia de los feminismos. Allí, se planteó el debate en torno a la modificación del nombre de “Encuentro Nacional de Mujeres” a “Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries”. Esta demanda, que fue rechazada por parte de la Comisión Organizadora, tenía que ver con dos grandes ejes de debate: por un lado, el reconocimiento de las identidades disidentes como sujetxs políticxs de los feminismos y el reconocimiento de los territorios como plurinacionales. En decir, con la urgencia de visibilizar la complejidad, heterogeneidad y pluralidad de identidades, vivencias, trayectorias, experiencias que en verdad atraviesan el encuentro. Se disputaba la posibilidad de alojar identidades más allá de lo nacional y diferentes a la de mujeres cisgénero.

Resulta pertinente plantear que detrás de la acusación de que cambiar el nombre implica diluir el lugar de las mujeres, y que entonces hay que defender su hegemonía, se esconde una matriz cissexista y colonial que violenta y excluye sistemáticamente a las personas que no entran ni se consideran en esa categoría. Reproduce una representación universal y esencialista del ser “mujer” que mucho tiene que ver con la reproducción de las formas que adopta el feminismo hegemónico del norte global y poco con las realidades locales. Anclado, además, en un contexto de crisis civilizatoria que profundiza y acrecienta la ofensiva neoliberal que busca apoyo en  las fuerzas conservadoras para arrasar con cualquier movimiento que lo desafíe.

En consonancia con esto, impedir la concepción de Plurinacional propone que hay una “cuestión indígena” que puede y debe ser resuelta en espacios especializados para la temática, y que atañe exclusivamente a las mujeres negras o indígenas, poniendo de manifiesto la colonialidad del poder al pensar nuestro territorio, nuestros cuerpos, nuestras identidades. No se considera otra existencia que no sea la de mujer blanca, de clase media y por consiguiente una sola forma de ver, entender, sentir y verse atravesadx por el “Patriarcado”, que anula los efectos diferenciales en el entrecruzamiento de las opresiones. 

Como se puede ver, estas discusiones no se limitan al ámbito del Encuentro en sí mismo, sino que condensa debates que atraviesan al movimiento feminista desde hace tiempo, y que se configuran como puntos de fuga para pensar el feminismo latinoamericano, reconociendo el entramado de opresiones, comprender su caracter estructural y cómo se vinculan y articulan. Pensar, debatir, construir desde nuestras latitudes, para continuar un proceso de profundas transformaciones. 

El intento de los sectores más conservadores del movimiento de mujeres de sacralizar el Encuentro encuentra su contradicción primera en la forma en que esta propuesta y proyecto organizativo se constituyó. Estas configuran algunas de las tensiones que atraviesan los feminismos en la actualidad.  Por consiguiente nos enfrentamos a nuevos desafíos para pensar la lucha política, desde un espacio que expande sus discusiones al entramado social en su conjunto, desde una historia latinoamericana compleja, en la construcción de unos feminismos situados, históricos, desencializados.

El año 1968, fue un parteaguas en la vida política y social de México. A mediados de julio el movimiento estudiantil —que en muy poco tiempo se volvería un movimiento popular— empezó a exigirle al régimen el cese a la represión de las movilizaciones populares, la desaparición del cuerpo de granaderos (agrupación policiaca) y libertad de los presos políticos. 

Durante este proceso, las formas de organización e incluso la vía política estaban en constante discusión, así como también los marcos sociales y culturales que imponía el sistema en sus diversas expresiones. En ese sentido la participación  y rol de las compañeras en los comités estudiantiles y en el Consejo Nacional de Huelga (CNH) -órgano de dirección y resolución del movimiento- fue de suma importancia para el rumbo del movimiento.

Myrthokleia, la abanderada

Myrthokleia Adela González Gallardo fue la primera mujer en estudiar para Técnico Mecánico Industrial en el Politécnico Nacional. En 1968, ya había cursado 4 años de la carrera y daba clases de carpintería y mecánica. Al enterarse del movimiento estudiantil, se empezó a interesar en la organización. Sin embargo, al ser la única mujer en su escuela, sus compañeros pretendían que atendiera las labores de la cocina y sirviera café. Ella fue enfática y decidida desde un comienzo y defendió su derecho a participar activamente en el comité de lucha de su escuela. 

Tiempo después se integró al CNH como representante: participaba en las asambleas y después regresaba a su escuela toda la información para poder discutirla y llevar propuestas ante el Consejo. En asamblea general, donde las mujeres eran clara minoría, logró ser elegida para oficiar como maestra de ceremonias -conductora- en el mitin que se llevaría a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. Sería un mitin informativo y organizativo, se anunciaría el fin de la huelga estudiantil y se daría paso a otra etapa del movimiento. 

Al arribo de los y las estudiantes a Tlatelolco, ya se encontraba en calles aledañas contingentes del Ejército. El mitin inició a las 18 horas. Myrtho dio las palabras iniciales y pasó la palabra al primer orador, el cual fue interrumpido a los 10 minutos por el comienzo de la represión. El batallón Olimpia —grupo paramilitar instrumentado por el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz y dirigido por el Secretario de Gobernación Luis Echeverría— empezó a disparar y a detener a lxs estudiantes, al mismo tiempo que entraban los tanques de Ejército a la Plaza. Al día de hoy se desconoce la cantidad y los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas aquella noche. El crimen de Estado, catalogado e incluso sentenciado en primera instancia como genocido, continúa impune. 

Aquel 2 de octubre Myrtho fue detenida, torturada y encarcelada. Fue internada en una clínica, pero con la ayuda de una enfermera logró escapar y pasó largo tiempo en la clandestinidad. En cuanto pudo, decidió visitar a sus compañeros en la cárcel de Lecumberri. Todos los 2 de octubre Myrtho carga la bandera nacional en las grandes movilizaciones que se realizan por la memoria de los caídos y contra la impunidad que al día de hoy sigue vigente: no sólo de Tlatelolco sino de todos los crímenes que el Estado ha continuado perpetrando en contra su pueblo. 

Mane y la lucha por la libertad de los presos políticos

Manuela Garín Pinillos —familiarmente conocida como “Mane”— nació en España en los albores de la Gran Guerra. Su familia debió emigrar a Cuba y ella con apenas 16 años formó parte del movimiento estudiantil que combatió la dictadura de Machado —el mismo que integrase el revolucionario Julio Antonio Mella— . Debido a su participación política se exilió a México junto a su familia. Allí continuó sus estudios profesionales en Matemáticas, convirtiéndose en destacada investigadora y maestra emérita por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Uno de sus hijos,  Raúl Álvarez Garín, fue un destacado dirigente del CNH durante el 68. Ese 2 de octubre Raúl fue aprehendido y encarcelado junto con más de 500 estudiantes que participaban en un mitin pacifico en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

A partir de ese momento Manuela se dedicó a acompañar a su hijo. Lo visitaba con regularidad y junto a muchas otras madres comenzó a luchar por la excarcelación de los presos políticos. A pesar de los ofrecimientos y los mecanismos de extorsión, Mane nunca dio el brazo a torcer y defendió los ideales por los que luchaba su hijo y sus compañeros, los mismos que ella enarbolaba. Fue así que gracias a su lucha y la de las madres y familiares que la acompañaban, Mane logró que los presos políticos —con su hijo incluido— pudieran optar por un “exilio voluntario” al Chile insurrecto de Salvador Allende.

Mujer científica, joven revolucionaria y madre justiciera, Manuela Garín ha sido ejemplo de militancia, internacionalismo solidario y protagonista de varios capítulos de las luchas de los y las oprimidas en América Latina y el mundo.

Rosario Ibarra y los comités de doñas en busca de las y los desaparecidos de la “Guerra Sucia” 

Las madres en la búsqueda de sus hijxs y en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia han marcado la historia de todos nuestros pueblos. 

La clausura de la vía política tradicional —evidenciada en la masacre de Tlatelolco— hizo que a partir de la década de 1970 se multiplicaran por todo el país experiencias de organización armada. Organizaciones que retomaban la experiencia propia de los alzamientos armados de las primeras décadas del siglo xx y las luchas de liberación en América Latina. Frente a esto, la guerra de contrainsurgencia promovida desde el Pentágono se expresó en cada país con métodos similares: la persecución, la desaparición forzada y el control militar de la vida social.

El Comité Eureka fue el principal colectivo de familiares —principalmente madres— que se organizó en México con el fin de buscar a sus hijos e hijas desaparecidas.

A raíz de la desaparición de su hijo, Rosario Ibarra comienza una incansable lucha por  aglutinar a un centenar de madres en su misma situación. Fue así que bajo el grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” pelearon contra la impunidad y el genocidio perpetrado por los gobiernos de Días Ordaz y Echeverría. 

A fines de la década de 1970, la lucha de Rosario Ibarra y el Comité Eureka permitió la libertad de 1500 presos políticos, el regreso de 57 exiliados al país y el desistimiento de más de 2000 órdenes de aprehensión. A la vez que logró que hubiese una salida política —conforme a derecho— para miembros de las guerrillas. 

Rosario y las madres de Eureka se enfrentaron a un régimen autoritario donde no había respeto a los derechos humanos y su propia lucha se hacía al calor de las desapariciones forzadas y el terror de la mal llamada “Guerra Sucia”. Ante todo esto no se doblegaron y fueron ejemplo de perseverancia. Convirtieron su dolor individual en rabia colectiva exigiendo siempre el fin de la impunidad. Su legado se hace hoy presente: la necesidad de seguir reclamando justicia, de la formidable fuerza de las madres decididas a reivindicar los ideales de sus hijxs, las que no se acostumbran al horror. 

La Coordinación Nacional de la Defensa de los Derechos de la Mujer (CONAP por sus siglas en francés) es una coalición de organizaciones feministas y de mujeres cuyo objetivo es la transformación de las relaciones de género en beneficio de las mujeres y de la población haitiana. Estos miembros lucharon para que las necesidades específicas de las mujeres sean abordadas como una cuestión política en las instituciones nacionales. Como resultado, el surgimiento del CONAP promovió la integración de las demandas de las mujeres “en las prácticas y discursos de las instituciones” (Blanchard, Jacquemart et al, 2018). 

Desde la manifestación del 3 de abril de 1986, que marcó el renacimiento del movimiento femenino en Haití tras la dictadura, las feministas no han dejado de imponerse como interlocutoras en la escena política nacional. Después de esta fecha, se crearon varias organizaciones feministas, entre ellas: SOFA, CPFO, Fanm Deside, AFASDA, FAVILEK. Estas organizaciones se esforzaron por construir un movimiento activista autónomo con una doble vocación: reflexionar sobre las cuestiones que preocupan a las mujeres y pensar colectivamente. Bajo el impulso de estas organizaciones, la causa de las mujeres comenzó a discutirse en organismos que antes no se interesaban por ella como el Consejo de Ministros, máximo órgano de decisión nacional. 

Entre los años 1990 y 2000, a pesar de las notorias convulsiones políticas que marcaron la vida nacional, las organizaciones de mujeres se acostumbraron a llevar a cabo acciones concertadas con vistas a estimular nuevas dinámicas entre el Estado y el resto de la sociedad. 

En 1993, varias organizaciones feministas y de mujeres se reunieron para celebrar el primer encuentro nacional contra la violencia hacia las mujeres, demostrando la necesidad de responder a los abusos del ejército contra la población civil, en particular las mujeres. Esta acción se considera la primera que dará lugar a la creación del CONAP (CONAP, 2008). Este encuentro fue también una oportunidad para discutir la orientación del movimiento feminista haitiano, sus estrategias de lucha y la forma en que las necesidades específicas de las mujeres deben articularse con los problemas de la sociedad en su conjunto. 

En 2000, cincuenta y tres (53) organizaciones de mujeres se reunieron en el marco de la Marcha Mundial de las Mujeres, bajo la iniciativa de SOFA. A partir de esta reunión, se elaboró un cuaderno nacional de reivindicaciones de las mujeres con recomendaciones contra la impunidad y la inseguridad. 

Las organizaciones feministas y de mujeres empiezan a sistematizar sus reuniones. En octubre de 2002, once de ellos formaron una estructura colegiada basada en el consenso. Será el CONAP, un espacio plural de solidaridad entre organizaciones feministas y de mujeres. Han adquirido fuerza para negociar e incidir para proponer políticas públicas que mejoren la condición y la situación de las mujeres haitianas. Las once organizaciones son Kay Fanm, Solidarité Fanm Ayisyèn (SOFA), Fanm Yo La, Fanm Deside, Kòdinasyon Fanm Sidès, RAFAVAB (Ransambleman Fanm Vanyan Belè), Gwoupman Fanm Vanyan Pestèl, Koumbit Fanm Twou Di NO (KOFAT), Caritas Diocésiane de Fort-Liberté (Sección Femenina), AFASDA (Asosiyasyon Fanm Solèy d Ayiti). Luego formaron una fuerza de negociación y defensa que propone políticas públicas para mejorar la condición de las mujeres haitianas. Cada organización miembro apoya al CONAP y opera preservando su autonomía.

El CONAP pretendía proponer un modelo organizativo capaz de proyectar un liderazgo colectivo y con visión de futuro con estrategias para la transformación de las relaciones de género en Haití en beneficio de las mujeres y de la sociedad. A partir de estos objetivos, el CONAP adoptó cuatro medios de acción: promoción, consulta, sensibilización y movilización. Encabezando la definición de las luchas prácticas y estratégicas de las mujeres, ha protagonizado notables luchas en la vida nacional, tanto estructurales como coyunturales. 

La organización había movilizado la solidaridad regional contra las atrocidades del gobierno, a la vez que organizaba manifestaciones, sentadas y marchas en puntos de encuentro asociados a la lucha de las mujeres en Haití: Place Catherine Flon. Dentro del grupo, las organizaciones miembros apoyaron activamente a Viola Robert, cuya vida se vio amenazada tras el asesinato de sus tres hijos por parte de agentes de policía encubiertos por el gobierno. Tras el asesinato en diciembre de 2002, el CONAP se posicionó en contra del asesinato de Danièle Dustin, activista feminista. También adoptaron la postura de denunciar el ataque perpetrado por los esbirros del gobierno contra los estudiantes en 2003. Desde entonces, el CONAP se ha dedicado a denunciar el régimen ilegal dentro de la red democrática popular. 

Este fragmento de la vida del movimiento de mujeres muestra que el CONAP surgió como una respuesta concertada de las mujeres a las numerosas violaciones de los derechos humanos que el gobierno perpetró contra la población, especialmente contra las mujeres después del golpe de 1991. El CONAP se formalizó en 2002, al tiempo que se implicaba en la búsqueda de soluciones a las demandas estructurales. A través de la lucha contra la violencia contra las mujeres, llevó la batalla contra la impunidad a la escena nacional entre 1990 y 2004. Durante estas dos décadas, se ha consolidado como un pilar de la defensa de los derechos humanos. Sus acciones dan testimonio de los íntimos vínculos entre las luchas de las mujeres y las de la sociedad. El CONAP fue un momento esencial en la estructuración del movimiento feminista haitiano. La estructura nos permitió ver cómo un colectivo puede construir una agenda para consolidar un movimiento político. Al federar sus organizaciones, las mujeres han dado ejemplo de la necesidad de luchar colectivamente.

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz (…) Resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta”

Berta Cárceres

Introducción

El mundo atraviesa un momento errático, complejo y de difícil caracterización, sin una dirección marcada y con tendencias contrapuestas: mientras en Estados Unidos derogan un fallo de 1973 que garantizaba el derecho al aborto en ese país, Francia Márquez, lideresa social, ambientalista y feminista, es la primera vicepresidenta afro en Colombia. Desde los movimientos populares sin dudas es un momento de resistencia frente a un capitalismo cada vez más salvaje y criminal, con espacios de derecha empoderados y una crisis que no parece tener piso ni techo. Sin embargo, los pueblos se organizan, resisten y crean alternativas allí dónde pareciera que no quedan opciones. En este escenario de crisis global y precarización, los feminismos constituyen una práctica y un discurso de sostenimiento de la vida que amplía el horizonte de la política, de la justicia social, el buen vivir y la construcción de alternativas políticas para las mayorías.

La movilización alrededor de la consigna de “Ni una Menos” fue un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones feministas en la región. La denuncia y el reclamo contra la violencia de género y los femicidios se articuló con otros reclamos de la agenda feminista, como los derechos reproductivos, la legalización del aborto, la desigualdad de género, la violencia cisheteropatriarcal, la distribución desigual de cuidados y la precarización de la vida. Este ciclo de movilización feminista no solo logró interpelar a las nuevas generaciones, sino que se apropió y reinterpretó formas tradicionales de lucha de la clase trabajadora que se expresó en los paros y huelgas feministas que tuvieron lugar en estos años en distintos países del mundo. El paro internacional feminista encendió un nuevo tiempo de resistencias contra los modelos neoliberales vigentes. Una provocación y una reelaboración política que habilitó un mundo de nuevas e imprevistas significaciones en torno al trabajo, la producción, el valor, la vida humana y la precariedad.

Este nuevo ciclo de movilizaciones inaugurado en 2015 revitalizó el carácter internacional de la lucha, a partir de la construcción de redes transnacionales y la amplificación de alianzas en cada territorio con otros movimientos —populares, ambientales, juveniles, estudiantiles, sindicales, campesinos e indígenas—. Las formas que asumió la lucha feminista en este tiempo ha tenido sus propios contornos en cada lugar, de acuerdo con las tradiciones políticas, la historia de cada territorio y los actores sociales en resistencia. El primer paro internacional feminista que se convocó el 8 de marzo de 2017, por organizaciones de más de cincuenta países, se realizó en doscientas ciudades del mundo. Ese mismo año el movimiento #MeToo en Estados Unidos colaboró en otorgarle aún más visibilidad a este ciclo de movilizaciones, que ese mismo año se expresó en 673 ciudades de todo el mundo. Dos años más tarde la performance “Un violador en tu camino” del colectivo feminista chileno Las Tesis se replicó a lo largo de América Latina y el mundo.

Este fenómeno mundial de movilizaciones, agenda de derechos y rearticulación de los feminismos se desarrolla en un contexto de crisis global que tiene su capítulo latinoamericano. Frente a la avanzada de derecha que tuvo lugar contra los movimientos populares en toda la región desde el 2015-2016, con cambios de gobierno en Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador y Uruguay, y en un mundo con grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales, el capitalismo del siglo XXI muestra sus grietas, pero también su cara más violenta. En menos de tres décadas la globalización neoliberal, con sus promesas de integración, bienestar económico y prosperidad social, mostró sus consecuencias más profundas: precarización, informalidad, niveles exuberantes de desigualdad, violencia y un horizonte de exclusión para grandes porcentajes de la población. El capitalismo neoliberal ha entrado en una fase de agotamiento económico, productivo y social, con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico y político, donde no está claro si la salida será de la mano de nuevos fascismos conservadores o desde alternativas populares como las que empiezan a florecer en algunos países de América Latina. En este contexto de crisis civilizatoria este ciclo de movilizaciones feministas adquiere características internacionales pero a la vez periféricas. No tuvo como epicentro los grandes centros del capitalismo mundial, sino que se gestó en los márgenes, y América Latina es la región donde presenta mayor dinamismo e iniciativa.

Esas tramas feministas que fueron revitalizadas durante el ciclo de impugnación al neoliberalismo, en la zona andina le dieron impulso a un gran número de movilizaciones e insurrecciones populares, desde las revueltas en Chile hasta las protestas en Ecuador, Perú y Colombia, las cuales pusieron sobre la mesa la exclusión, la violencia patriarcal y el modelo desigual imperante. Esas movilizaciones articularon reivindicaciones feministas, indígenas y ecologistas a favor de la vida, por el reconocimiento de las tareas de cuidados, en contra de las violencias y por el derecho a construir un presente más justo y un “vivir sabroso”.

Un primer elemento a tener en cuenta sobre los feminismos latinoamericanos es su carácter diverso y heterogéneo. Al interior de nuestra región latinoamericana y caribeña las experiencias feministas se despliegan con sus particularidades e historias. El mosaico diverso de la escena feminista latinoamericana queda reflejado en los artículos de este dossier, en donde las autoras analizan los procesos políticos feministas de los últimos años en sus paises. Mientras que algunos elementos se reiteran en cada una de las experiencias, otros aparecen en su singularidad, nutridos por los procesos de luchas locales que les precedieron, y con formas de lo político que le son propias. En todos, o casi todos los países de la región, encontramos en la agenda pública temas empujados desde una perspectiva feminista (violencia de género, femicidio, lesbotransodio, legalización del aborto, paridad de género, acoso sexual, distribución desigual de tareas de cuidados, etc), pero la masividad en las calles, la proliferación y diversidad de organizaciones o la influencia en la toma de decisión en la política pública desde los feminismos es bastante desigual.

El segundo elemento tiene que ver con las luchas del movimiento feminista en una coyuntura de emergencia y popularidad de sectores políticos ultraconservadores que construyen su identidad y programa, en gran medida, contra las principales reivindicaciones de los derechos humanos y de los feminismos en la actualidad.

La pandemia del COVID-19 irrumpió en una región movilizada, en un contexto de fuerte vitalidad política de los feminismos. Aún cuando no están claros sus efectos sobre los ciclos de lucha previos, podemos afirmar que la pandemia funcionó como catalizador de estas múltiples crisis pero también logró revitalizar procesos de resistencia. Mientras que por un lado aceleró procesos de neoliberalización social y reforzó el discurso conservador de la casa y la familia heteropatriarcal, por el otro visibilizó un sinnúmero de prácticas colaborativas en clave feminista, desde el sostenimiento de ollas populares hasta las tareas de cuidado comunitario llevadas adelante sobre todo por mujeres pobres. Apareció así el protagonismo de un feminismo capilar, anclado a la gestión de las necesidades y de la reproducción de la vida, del cuidado colectivo y los territorios.

En este contexto enmarañado por tendencias contrapuestas, de resistencias y alternativas, y de avanzada de fascismos de nueva generación que buscan articularse en contra de las conquistas feministas, decidimos armar esta primera edición de los cuadernos feministas para entender qué sucede en las luchas actuales de diferentes países andinos —Chile, Perú, Ecuador y Colombia—, el modo situado y especifico que asumió la lucha feminista en cada territorio y el papel que estos han tenido en la articulación de la resistencia popular frente al neoliberalismo.

En su artículo Daniela Schroder aborda las diferentes aristas que se abrieron en  el proceso de movilización chileno inaugurado en 2019, y particularmente el rol que ocupa el feminismo en este nuevo ciclo político nacido de la revuelta, donde uno de los resultados más llamativos fue el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales y la apertura de un proceso constituyente. El movimiento feminista no solo fue protagonista de este nuevo ciclo político de impugnación al neoliberalismo y la Constitución heredada de la dictadura sino que se articuló con otras luchas vigentes como la estudiantil, las medioambientales y por las pensiones de las décadas previas.

Sobre Perú, Lucía Alvites Sosa se dedica a explorar cómo se desarrollaron diversas protestas en contra del modelo neoliberal vigente, el rol de los feminismos, sus tensiones, y cómo la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 aceleró muchos de esos procesos, sobre todo a partir de las consecuencias sociales que cristalizó. En este escenario el texto realiza un recorrido sobre el estallido social que resistió al golpe, donde el movimiento feminista no solo tuvo protagonismo en su organización sino que también logró articular sus revindicaciones en lo que fue la campaña presidencial del año 2021, la cual dio como ganador a Pedro Castillo. El texto también explora diversas tensiones presentes entre el feminismo liberal y el feminismo popular a la luz de los procesos de resistencia.

Por otra parte, el artículo de Alejandra Santillana Ortiz analiza los feminismos de Ecuador a la luz de las resistencias que eclipsaron el país con el levantamiento indígena y popular en 2019 que duró doce días y que paralizó la economía. El artículo recorre algunos hitos centrales de los últimos tres años y las diferentes resistencias populares al proyecto capitalista extractivo imperante en el ecuador, concentrándose fundamentalmente en el accionar de los feminismos ecuatorianos en este contexto.

Para el caso de Colombia, el artículo de Natalia Hernandez Fajardo se dedica a explorar las nuevas configuraciones surgidas a partir del estallido social sin precedentes que sacudió el país entre abril y julio del 2021. Estallido que dio origen a un espacio de posibilidad para que surjan reconfiguraciones políticas y sociales a partir de la confluencia entre el descontento de generaciones jóvenes de barrios populares, coordenadas feministas y el legado de formas de lucha antineoliberales lideradas por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. En este artículo la autora propone explorar los entramados existentes entre perspectivas y prácticas políticas de los feminismos con las luchas populares ocurridas en el país en el último tiempo, las cuales tuvieron como consecuencia el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales.

Este cuaderno es una invitación no solo a conocer las luchas, las consignas y las diversas formas organizativas latinoamericanas sino sobre todo a encontrarnos desde distintos contextos para tejer alianzas, aprender y leernos. Además, es una apuesta a descentralizar los diálogos y desde el internacionalismo aportar en la construcción de espacios transnacionales feministas.

índice

Un feminismo contra la precarización de la vida: Trayectorias y perspectivas ante el cambio de ciclo político en Chile por Daniela Schroder Babarovic

Feminismos y luchas populares en Colombia: cuerpo-territorio y confluencias de rebeldías por Natalia Hernández Fajardo

Del paro indígena popular al tiempo de la incertidumbre: Reflexiones sobre los feminismos en Ecuador por Alejandra Santillana Ortiz

Movimiento feminista en el Perú hoy: política, nudos y esperanzas por Lucía Alvites Sosa

Descargá aquí Cuadernos Feministas #01
Los feminismos del Pacífico en tiempos de revuelta: Chile, Perú, Ecuador y Colombia

“La incorporación de las mujeres al mundo será para el movimiento feminista un proceso transformador del mundo”

Julieta Kirkwood

Desde 2019 hasta el momento en que escribo este texto —mediados de 2022—, la vida política en Chile ha sido de una intensidad extraordinaria. Este artículo busca ofrecer algunos elementos para leer la trayectoria de las luchas antineoliberales que en los últimos años ha desarrollado el movimiento feminista junto a otros sectores sociales, que en octubre de 2019 culminaron en una revuelta popular que ciertamente marcó la temporalidad histórica de nuestro país. Dicha revuelta fue la apertura conmocionante de un nuevo ciclo político, apertura iniciada en las calles con una fuerte carga de impugnación al orden de los últimos treinta años, y que hoy está batallando por consolidarse institucionalmente a través de un proceso constituyente.

Siguiendo este esquema histórico, el texto se organiza en dos partes. La primera está dedicada al proceso de formación de un feminismo contra la precarización de la vida y a la manera en que fue entroncando con las luchas estudiantiles, medioambientales y por las pensiones de las décadas previas. La segunda parte aborda el inicio de este nuevo ciclo político: el momento de la revuelta popular, el proceso constituyente, y los desafíos que se vislumbran ante una posible nueva etapa política que, si bien es tiene elementos esperanzadores, se da en el marco de una profunda crisis económica, social y política, y tiene el duro desafío de sobreponerse a la derrota que tuvo la primera propuesta de texto constitucional en el plebiscito de septiembre de 2022.

Para intentar dar cuenta de este proceso en curso voy a recurrir a las reflexiones colectivas que se han levantado desde espacios de militancia en los que participo, como la Coordinadora Feminista 8M, que convoca a una diversidad de organizaciones e individualidades, y que se ha dado el trabajo fundamental de registrar y relatar la propia historia al mismo tiempo que la vamos construyendo en la acción, reflexionando sobre los aprendizajes que podemos sacar de cada coyuntura para pensar en cuestiones políticas más estratégicas. Mi perspectiva está inevitablemente marcada por ese posicionamiento, por lo que en ningún caso pretende ser representativa o expresiva de la totalidad de un movimiento feminista muy amplio y diverso.

La formación de un feminismo contra la precarización de la vida
Feminismos transfronterizos en lucha contra la violencia hacia las mujeres

Para comprender la enorme relevancia que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años en Chile, no podemos sino atender a los lazos que se han tejido entre las luchas de las mujeres en toda Latinoamérica y a nivel mundial. Cinzia Arruza (2019), reconocida feminista y teórica italiana, destaca la dinámica expansiva de la nueva marea feminista mundial y la caracteriza en dos sentidos: primero, por su diseminación internacional; segundo, por su masividad y transversalidad. La masividad inédita que ha alcanzado este ciclo de movilizaciones —tanto en las manifestaciones en las calles, como en la creciente militancia de mujeres y disidencias sexogenéricas— ha sido fundamental para hacer de las mujeres y disidencias sexogenéricas sujetes ineludibles de la vida política contemporánea. En Chile esto no sucedía desde que el movimiento social de mujeres en los años 80 fue parte protagónica de la resistencia contra la dictadura de Pinochet y las feministas de la época salieron a exigir “Democracia en el país y en la casa”. Durante los 90 y 2000 la organización feminista ciertamente no desapareció, pero su carácter de masas no volvió a verse de manera tan potente hasta que en 2016 se levantaron movilizaciones retomando la consigna trasandina “Ni una menos”. Dicha consigna, que había surgido el año anterior en Argentina en el marco de la lucha contra la violencia contra las mujeres y, en particular, contra el femicidio,^[1] se transformó en una chispa que no tardaría en prender en el mundo entero.

Una vez más, la violencia patriarcal fue enfrentada con la resistencia de mujeres que se organizaron para defender juntas sus vidas gritando desde todos los territorios: “¡Vivas nos queremos!”. El abandono que el Estado y las instituciones públicas tenían respecto a la violencia de género se evidenciaba en la ausencia incluso de estadísticas oficiales. La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres —una de las muchas organizaciones que convocaron a aquella marcha— fue uno de los agentes clave que comenzaron la brutal tarea de contar año a año nuestras muertas, y han sido ellas también las que han impulsado salir del enfoque necrológico, sensacionalista y revictimizante que todavía predomina en los medios cuando le dan cobertura al tema. La necesaria perspectiva de los derechos humanos todavía brilla por su ausencia en los discursos oficiales y en los de masas.

Fue el resurgir de una larga lucha contra la violencia patriarcal, que empezó a poner el énfasis en la multiplicidad de sus formas de expresión y reproducción, y en la lucha contra la complicidad de los medios, los lugares de trabajo y estudio, y las instituciones estatales. A lo largo de este recorrido se ha logrado el reconocimiento jurídico de la figura del femicidio, y se ha avanzado lentamente en distintos frentes para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia patriarcal, incluyendo la violencia económica, sexual, psicológica y simbólica, en sus diferentes manifestaciones. Si bien la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido históricamente un tema central en las luchas feministas, en este periodo se han visibilizado formas de violencia específicas que antes estaban naturalizadas, como el acoso sexual en los distintos espacios que habitamos.

La vivencia de la violencia y su resistencia colectiva ha evidenciado la necesidad de lograr entender su complejidad como problema social, problema que es posible de transformar si identificamos sus condiciones de posibilidad y apuntamos a combatirlo de raíz. Así, se hizo posible una lectura que politiza los femicidios y la violencia machista, una lectura que los entiende no como crímenes sexuales, relegados a las problemáticas de la privacidad doméstica, sino como crímenes que expresan un sistema de opresión general contra las mujeres y cuerpos feminizados, que los sitúan como crímenes políticos, como bien plantea la antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato (2013). De ahí que sea imposible pensar en la violencia de género como un asunto aislado de otras violencias estructurales que atraviesan a nuestras sociedades, como la violencia clasista y la violencia racista y colonial (Gago, 2020: 61-63).

A partir de las luchas libradas en cada territorio contra las múltiples violencias que enfrentamos las mujeres, se fue formando un cauce transfronterizo que tuvo un hito en 2017: el primer Paro Internacional de Mujeres. Esta convocatoria logró un alcance mundial que creció notablemente en los años posteriores, y fue el inicio de un proceso de articulación internacionalista de un sector del feminismo que, con toda su diversidad, optó por darse una orientación política más definida. Como propone Verónica Gago, la huelga se ha vuelto un proceso creativo que ha permitido acumular fuerzas y radicalizar políticamente la lucha. De este modo, señala: “La huelga deviene un dispositivo específico para politizar las violencias contra las mujeres y los cuerpos feminizados porque las vincula con las violencias de la acumulación capitalista contemporánea”(Gago, 2020: 24).

La huelga general feminista ¡VA! El proceso de organización y movilización en Chile

¿Cómo fue, entonces, el proceso local de pasar de poner el foco específicamente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres a ponerlo en la lucha “contra la precarización de la vida”? En Chile el proceso de movilización y organización feminista entroncó con las luchas antineoliberales que se venían desarrollando en las últimas décadas. El tránsito del que aquí intentaré dar cuenta no se explica porque el feminismo se haya “acercado” a las luchas sociales en general, sino que fue producto del desarrollo de un sector del movimiento feminista y de mujeres que ha sido y es parte fundamental de esos movimientos sociales, a veces desde posiciones de liderazgo y otras veces, sosteniendo las organizaciones día a día a través de su trabajo invisibilizado.

A comienzos de 2018, la tradicional organización del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se dio en un contexto político particular: se iniciaba el segundo mandato de Sebastián Piñera, representante de la derecha que esta vez venía con un programa aún más duro. Entre las organizaciones feministas y de mujeres reunidas se comenzaba a ver que la situación que se vivía en Chile no era excepcional. Por esos meses se preveía la posible elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, amenaza que ya se había concretado en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump. Así, la lectura que se fue perfilando es que se trataba de un vértice histórico en el que la ultraderecha amenazaba con retomar posiciones de poder a nivel mundial.

En el escenario local, las diversas organizaciones de mujeres y feministas se prepararon para la que sería una jornada no solo de conmemoración, sino también de protesta. Reunidas en asambleas, organizaron el itinerario, las vocerías y la consigna del año: “Mujeres trabajadoras a la calle contra la precarización de la vida”. Ese lema marcó la orientación de un proceso que hoy sigue en curso. A nivel internacional ya se había desplegado el primer paro de mujeres, pero en Chile había todavía un camino que recorrer antes de dar ese salto y ese fue el desafío que asumieron quienes decidieron dar continuidad a la articulación lograda para ese 8M. Con ese sentido surge la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), un nuevo espacio en el escenario de los feminismos locales que permitió articular a diversas agrupaciones e individualidades en torno a tres objetivos: 1) transversalizar el feminismo en los movimientos sociales; 2) dinamizar las articulaciones entre diferentes organizaciones; 3) crear una agenda común de movilizaciones contra la precarización de la vida (Coordinadora Feminista 8M, 2021: 22).

“Transversalizar el feminismo” es una manera de decir que el movimiento busca llegar a todos los rincones de la sociedad y a todos sus espacios de organización, permeando agrupaciones y luchas preexistentes. Así, lo que se busca es salir de la “política de departamento” en la que las luchas feministas habían sido reducidas a ser meramente “temas de mujeres”, algo que interesa a un sector acotado de la sociedad y cuya lucha se organiza en un espacio confinado. En cambio, se vio la necesidad de que el feminismo despliegue su potencia en todos los espacios de la vida. Más aún, comienza a pensarse el feminismo como un posible espacio de convergencia y unidad de las diversas luchas sociales y políticas que habían estado fragmentadas en las últimas décadas. Como señala Arruza en el artículo ya citado,

la transversalidad también puede ser entendida como el proceso de universalizar el movimiento feminista, que, comenzando desde un lugar específico (el de la opresión sexual y de género y de las identidades que eso genera) articula una política de liberación para todas las personas o —para citar la consigna del paro feminista en España— una política que quiere “cambiarlo todo” (Arruza, 2019 [traducción libre]).

Tras la conformación de la CF8M como espacio orgánico, se dio paso a un trabajo colectivo constante e inquebrantable para levantar las herramientas organizativas que harían posible la primera Huelga General Feminista. La primera tarea fue organizar un gran Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan (EPL),^[2] en el que construir un diagnóstico común, un programa propio y un plan de lucha unificado. El EPL ha sido una instancia de enorme relevancia para el feminismo local, en parte porque en Chile no hay una tradición de encuentros de mujeres tan fuerte como la que hay, por ejemplo, en Argentina; pero además porque acá nos propusimos un encuentro de debate programático y estratégico.

Las diferentes expresiones del feminismo que se han reunido en los EPL han ido delineando un proyecto político común, que no se define solo en oposición a la precarización de la vida que trae consigo el orden capitalista patriarcal y racista, sino que busca construir alternativa. Ese proyecto está desarrollado en diferentes ejes temáticos del programa (Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan, 2021a), pero está atravesado por una orientación general hacia la socialización radical de la vida, esto es, la socialización de todos los trabajos, de la riqueza, de los bienes comunes y del placer, entre otras cosas, en una apuesta por una nueva forma de producir y reproducir colectivamente la vida como condición para la emancipación y el buen vivir la sociedad en su conjunto. No se trata de un feminismo que se quede en lograr la “equidad de género” en este sistema de explotación y opresión. En ese sentido, como planteó en los años 80 la socióloga y feminista socialista Julieta Kirkwood, creemos que:

El feminismo rechaza la posibilidad de realizar pequeños ajustes de horarios y de roles al orden actual, pues eso no sería otra cosa que la inserción en un ámbito-mundo ya definido por la masculinidad (el otro término en la relación de opresión). La incorporación de las mujeres al mundo será para el movimiento feminista un proceso transformador del mundo. Se trata, entonces, de un mundo que está por hacerse y que no se construye sin destruir el antiguo (Kirkwood, 2010: 56).

Así, se inició un proceso que fue a la vez de acumulación de fuerzas y de perfilar la política de un feminismo de los pueblos. En el texto colectivo que la CF8M escribió en el libro La Huelga General Feminista ¡VA! Historias de un proceso en curso, se describe con lucidez ese tránsito:

Reivindicar nuestro lugar como trabajadoras, nuestro lugar en las calles y la impugnación de la precarización que atraviesa nuestras vidas fue un vector de transformación y ampliación de la lucha contra la violencia machista. Tuvimos la certeza de que la única manera de terminar con la violencia hacia las mujeres y niñas era transformándolo todo y no enfocándonos en un campo específico de disputa. No era una “cuestión de mujeres”, sino la lucha por una transformación estructural de la forma en que se organiza la vida y la sociedad en su conjunto (Coordinadora Feminista 8M, 2021: 22).

Tras el agitado 8M de 2018, hubo al menos dos hitos que permitieron generar vínculos más orgánicos entre el feminismo y otros movimientos sociales. El primero fue el llamado “mayo feminista”, en el que adolescentes y mujeres jóvenes de distintas zonas del país se tomaron sus escuelas y universidades durante dicho mes como una forma de radicalizar la lucha contra el acoso sexual en los establecimientos educativos y contra la complicidad de sus instituciones y comunidades. A partir de ahí, las estudiantes, pero también las profesoras y trabajadoras de la educación, agitaron la lucha por una educación no sexista, en continuidad pero también dándole un giro al movimiento estudiantil que, en 2006 y 2011, ya había luchado por la desmunicipalización de la educación, la educación gratuita y el fin al lucro en la educación. Como señalan las militantes feministas Rosario Olivares y Emilia Schneider, las movilizaciones del mayo feminista implicaron repensar integralmente el sistema educativo:

Sabíamos que no solo debíamos acceder a la educación como un derecho, sino que también defender un proyecto educativo para la transformación y profundización democrática de la sociedad (…) Currículum escolar, producción de conocimiento, feminización de la carrera docente, protocolos contra el acoso y el abuso, democratización, superación de los sesgos, roles, binarismos y heteronormatividad, son algunos de los tantos temas que resuenan en las aulas de escuelas y universidades (Olivares, R. y Schneider, E., 2021: 72)

Unos meses después se realizó el Encuentro Mujeres y Pensiones, en el marco del movimiento NO + AFP. Este movimiento lucha por el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) instaladas por la dictadura, organismos que lucran con los ahorros de las y los trabajadores, quienes a su vez reciben jubilaciones de miseria. Como se aprecia en el relato de sus protagonistas, las dirigentas Pamela Valenzuela y Vesna Madariaga, la instancia marcó un punto de inflexión: “Como lo hemos conversado tantas veces, a ese encuentro llegamos para debatir sobre pensiones y salimos hablando de la necesidad de un programa de trabajo y seguridad social que contenga un sistema plurinacional de cuidados” (Valenzuela, P. y Madariaga V., 2021: 37). Se comenzó a instalar con fuerza una agenda siempre postergada en el mundo del trabajo, la que aborda las brechas de género en las condiciones laborales y la seguridad social, los cuidados y el trabajo no remunerado, el acoso y la violencia machista, etcétera. Las mujeres trabajadoras y sindicalistas comenzaron a ser un núcleo clave de la organización feminista que se estaba tramando.

Las mencionadas fueron solo algunas de las formas en que las luchas sociales y las luchas feministas se vincularon estrechamente y fueron construyendo cierto marco común contra el neoliberalismo. Para el 8 de marzo de 2019, el proceso de organización y movilización del periodo previo había dado sus frutos y estaban las condiciones para hacer el primer llamado a lo que se denominó como Huelga General Feminista. La conjunción de estas inéditas palabras buscaba ir más allá de la concepción tradicional asociada a las paralizaciones legales en el marco del empleo formal, reconociendo y valorando el trabajo que hacen las mujeres que cuidan y realizan labores domésticas sin remuneración, así como la realidad de las mujeres con empleos informales y precarizados. Considerando la heterogeneidad del escenario, el llamado incluyó las “100 formas de participar de la Huelga General Feminista”, en el que se consideró un amplio repertorio de acciones de protesta que van desde la organización de espacios colectivos de trabajos de cuidados como ollas comunes o guarderías, hasta la huelga laboral y de consumo, pasando por la intervención artística del espacio público.

La convocatoria a la huelga de 2019 fue un llamado a enfrentar ese ciclo político no solo desde el lugar de la oposición, sino tomando distancia de los partidos que han administrado el orden neoliberal en una transición eterna a la democracia que nunca llegó. Fue un llamado a construir un camino propio, reconstruyendo el tejido social en todos los sectores con una perspectiva feminista. Sin ingenuidad respecto a las resistencias que esto generaría incluso al interior de los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, la tarea a la que nos llamamos fue a transversalizar el feminismo contra la precarización de la vida hasta convertirlo en el horizonte común hacia el que caminemos en conjunto.

Ese primer año se logró la adhesión y paralización efectiva de importantes confederaciones de trabajadores de la salud pública, así como de profesoras, trabajadoras de casa particular, funcionarias públicas, etc. En las calles, la marcha fue la movilización más grande desde el fin de la dictadura. En el pavimento de lo que unos meses más tarde se conocería como Plaza Dignidad, se leía escrito “HISTÓRICAS”, en una de las múltiples intervenciones de la Brigada de Arte y Propaganda Laura Rodig (parte de la CF8M). El 8M de 2019 fue la antesala de la revuelta de octubre, y el feminismo era sin duda uno de los afluentes que había alimentado ese momento de quiebre.

Abriendo un nuevo ciclo político: el feminismo en la revuelta popular y el proceso constituyente
“El neoliberalismo nace y muere en Chile”: la revuelta de octubre de 2019

Si bien las protestas que irrumpieron en octubre de 2019 pueden entenderse en continuidad con las luchas sociales crecientes de las últimas décadas, en un primer momento su radicalidad y masividad inéditas provocaron profunda conmoción e incertidumbre. Una vez más, las y los estudiantes secundarios se habían volcado a las calles a manifestarse, pero esta vez la situación escaló hasta convertirse en una verdadera revuelta popular. Una de las primeras consignas que tomó centralidad en este nuevo escenario fue: “No son 30 pesos, son 30 años”, lo que daba cuenta de que el alza de pasajes del transporte público en Santiago de Chile había sido solamente el detonante de las protestas, pero las causas de fondo eran otras.

Los treinta últimos años en Chile estuvieron marcados por el carácter pactado que tuvo la transición a la democracia, a una democracia que prometió alegría pero que significó una continuidad evidente con la herencia dictatorial. En primer lugar, se trata de treinta años de impunidad, en los que la democracia que se había conseguido claramente no era suficientemente sustantiva para lograr verdad, justicia y reparación por los diecisiete años de terrorismo de Estado que marcaron la vida de generaciones y generaciones. Sin duda, esa impunidad largamente sostenida fue una de las condiciones que posibilitaron que el presidente Sebastián Piñera decidiera sacar a los militares a las calles ante un país que, desde su perspectiva, estaba “en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”. Frente a la acción directa y la auto defensa inclaudicable de la población, la represión que en estas décadas se había vuelto rutina contra las movilizaciones sociales de pronto se transformó en graves y masivas violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros y los militares. De acuerdo con los distintos informes de organizaciones de DD. HH., no se trató de hechos aislados, sino “recurrentes, coordinados, y no se corrigen en el tiempo” (Areyano, F.,Faure, E., López, M. J., Muñoz, P., Olivares Y. y Santos Herceg, J. (2019). Ejemplo de esto son las víctimas de trauma ocular —460 personas según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2020)—, personas que perdieron total o parcialmente su visión producto del uso indiscriminado, excesivo y fuera de protocolo de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas, que se siguieron produciendo aún cuando ya se había alertado de sus gravísimas consecuencias.

Pero la fuerza de la revuelta no solo fue respuesta a esta escalada represiva, que sin duda jugó un rol fundamental, sino que tiene sus raíces en la precarización de la vida instalada en dictadura y profundizada en los gobiernos de la Concertación y la derecha. Estos últimos treinta años han sido de administración y gestión de un neoliberalismo que en Chile redujo al Estado a un rol subsidiario y permeó todos los rincones de la sociedad y la organización de la vida. Esta vez, las protestas ya no eran una impugnación solamente a su expresión en la educación o en las pensiones, sino al modelo en su conjunto. Por esos días, un rayado en un muro de Santiago sintetizaba el horizonte que comenzaba a emerger cuando decantaban las partículas de los gases lacrimógenos: “El neoliberalismo nace y muere en Chile”. Tras ser la cuna donde los Chicago Boys^[3] pudieron dar rienda suelta a la implementación de este nuevo modelo —gracias la “doctrina del shock” de la dictadura—, ahora los pueblos de Chile buscaban pasar adelante en la historia para poner un fin a una política que los precarizaba para asegurar las ganancias de unos pocos. En ese sentido, las protestas fueron el resultado y a la vez el despliegue de un proceso social de balance crítico de los últimos treinta años. En cierta medida, fue también un balance de los cimientos mismos del Estado de Chile en la violencia colonial, en el contexto de un país entero que ahora vivía en carne propia la extrema violencia policial que es el día a día del pueblo mapuche en el Wallmapu, su territorio ancestral.

A nivel inmediato, ese balance se expresó en la exigencia de la salida del gobierno criminal de Sebastián Piñera —expresada de manera contundente en la huelga general del 12 de noviembre de 2019— y de la conformación de una Asamblea Constituyente para dejar atrás la Constitución del 1980 engendrada por Jaime Guzmán en dictadura. La primera cuestión no sucedió, luego de que una serie de actores políticos^[4] salieran a respaldar ese orden y su institucionalidad firmando el polémico Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Dicho Acuerdo propuso una salida institucional a la grave crisis social y política que vivía el país, que planteaba un itinerario determinado. El hito inicial sería un plebiscito que debía resolver si la ciudadanía quiere o no una nueva constitución y qué tipo de órgano debería redactarla: una Convención Mixta (50 % parlamentarios y 50 % representantes electos para la tarea) o una Convención Constitucional (100 % representantes electos para la tarea). El órgano constitucional tendría un máximo de 12 meses de funcionamiento, debía aprobar sus normas por un quorum de dos tercios, no podía afectar los tratados de libre comercio vigentes, y su propuesta de nueva constitución debía ser sometida a un plebiscito de salida. Ese era el acuerdo que los partidos se comprometían a apoyar en el Congreso.

El fantasma de la transición pactada a la democracia no tardó en aparecer ante los ojos de sectores de la izquierda. Como sucedió a fines de los años 80 tras una serie de protestas desestabilizadoras, eran nuevamente unos partidos políticos profundamente distanciados de las bases sociales los que estaban decidiendo los términos en que se abriría la nueva etapa política del país, y esos términos tenían “amarras” que no parecían legítimas. En un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos, la ausencia de compromisos en esta materia no daba garantías de un proceso realmente democrático. Además, se criticó en particular el quorum de dos tercios y la ausencia de mecanismos que aseguraran la participación en igualdad de condiciones de mujeres, independientes y pueblos originarios.

A pesar del intento de cerrar el ciclo de movilizaciones con este acuerdo entre las cúpulas partidarias, las protestas continuaron su curso por varios meses más. Sostener la revuelta tanto tiempo tuvo un altísimo costo para los sectores populares, que fueron, como suele suceder, los que pusieron las y los muertos y mutilados. “A la normalidad no volvemos porque la normalidad era el problema”, se dijo, reconociendo la urgencia de correr los límites de la política “en la medida de lo posible” instaurada por la transición que encabezó Patricio Aylwin desde 1990.

La revuelta fue un punto de inflexión de un ciclo de politización de masas que venía gestándose a fuego lento los años anteriores, pero que ahora tuvo un carácter realmente masivo, que hizo que los barrios del país tuvieran en sus plazas a los y las vecinas organizándose, lo que se replicaba en diferentes espacios de trabajo y de socialización con un marcado ánimo refundacional, expresado especialmente en la simbología (la bandera chilena negra, la bandera mapuche, o el “Negro matapacos”, compañero canino de las manifestaciones callejeras). La política volvió a ser algo que se hacía entre todas, todos y todes, algo que abría espacio para imaginar otra vida posible, y no solo un reducto propio de una burocracia endogámica que se ve por la televisión. Ahora bien, este proceso de movilización y politización de masas comenzó y se desarrolló de forma bastante inorgánica, ya que no hubo un partido, organización o plataforma que condujera los múltiples esfuerzos desplegados. Esto no quiere decir en ningún caso que haya sido un “estallido social” del todo espontáneo, pues sabemos que durante la última década se habían producido importantes avances cuantitativos y cualitativos en el desarrollo de los movimientos sociales y políticos y en sus vínculos entre sí, que posibilitaron la emergencia de este balance generalizado. Sin embargo, ese proceso de organización popular no había cuajado en espacios orgánicos fuertes de articulación entre los múltiples y diversos sectores de la clase trabajadora. La revuelta se produjo en ese escenario movedizo, un escenario rico en experiencias locales, pero cuya inorganicidad pesó al momento de hacer frente al Acuerdo y sigue pesando hoy de cara al nuevo momento político que está comenzando.

En medio de este escenario de violaciones a los DD. HH. con que el gobierno enfrentó la protesta popular, el colectivo Las Tesis hizo por primera vez la performance Un violador en tu camino, en Valparaíso. Con la potencia propia del arte, la obra logró remover profundamente las sensibilidades en torno a la violencia política sexual ejercida por las policías con la complicidad de las instituciones del Estado, a la vez que insistía en el carácter político de la violencia sexual que mujeres y disidencias hemos vivido toda nuestra vida. Así reemergía el movimiento feminista que había sido uno de los afluentes principales del estallido de octubre, y que ahora insistía en el vínculo estrecho entre la violencia estatal que en ese momento vivía todo el país y la violencia patriarcal que día a día vivimos las mujeres y disidencias. La urgencia de esta denuncia llevó a la réplica espontánea de la performance en cientos de rincones y lenguas diferentes, en un movimiento transnacional que fue acumulando fuerza en cada nueva acción.

En ese contexto, las feministas reunidas en el Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan decidimos que era necesario pasar a ser también primera línea contra el terrorismo de Estado. Como en las luchas contra la dictadura en los años 70 y 80, el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos (a su vez conformado en su mayoría por mujeres) desarrollaron un vínculo estrecho de solidaridad. De ese momento de encuentro y deliberación política colectiva emergió un acuerdo y un llamado aún vigente: a sostener con todas nuestras fuerzas la organización y movilización contra la precarización de la vida; a exigir juicio y castigo a los responsables directos y los responsables políticos de las violaciones a los DD. HH.; a impulsar la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación que atendiera a esos hechos; y a luchar por la libertad a las y los presos políticos (Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan, 2021b: 379), personas que presuntamente cometieron delitos en el contexto de la revuelta y que hasta el día de hoy —más de dos años después— siguen en prisión preventiva.

El proceso constituyente y el lugar del feminismo

El nuevo ciclo político comenzó a abrirse por la potente impugnación al orden existente que desplegaron los pueblos movilizados en las calles de todo el país. Esa apertura, por cierto, no fue un momento puntual, sino un proceso que ha tenido diferentes instancias. El triunfo apabullante del “apruebo” en el plebiscito por una nueva constitución (78 % de los votos) fue el inicio institucional de ese proceso. Lo que aún estaba en disputa era la caracterización que iba a tener el proceso constituyente que se iniciaba.

Frente al riesgo de que el proceso constituyente fuera meramente un nuevo proceso de cambios cosméticos, tanto el movimiento feminista como buena parte de los movimientos sociales y los pueblos originarios apostaron por desbordar los límites impuestos y tomar protagonismo. Bajo la consigna de “Saltar todos los torniquetes” (en referencia a los torniquetes que saltaron las y los secundarios al comienzo de la revuelta), un sector del feminismo que hasta el momento se había mantenido distante de la institucionalidad, apostó por participar de la disputa de la CC con candidaturas propias. La decisión estuvo marcada por la convicción de continuar la lucha, “para que el proceso constituyente se vuelva un proceso de apertura democrática para impulsar nuestro programa” (Encuentro Plurinacional de las y les que Luchan, 2021a).

Tras la confluencia de múltiples esfuerzos, logramos dotarnos por primera vez en Chile de un órgano constitucional democrático, que fue el primero en el mundo en tener una composición paritaria. Finalmente, la Convención quedó con una composición excepcional, en la que los pueblos y sus diversas organizaciones tuvieron un lugar central, mientras la derecha no alcanzó el tercio que buscaba para tener poder de veto y los partidos de la ex-Concertación vieron muy mermado su espacio de incidencia.

Con una velocidad realmente extraordinaria, la Convención Constitucional llevó a cabo un proceso democrático inédito en el país que debió enfrentar los esfuerzos desestabilizadores de la derecha desde el primer día. Los meses siguientes estuvieron marcados por el ataque insidioso de la maquinaria de los grandes medios de comunicación, que en Chile tienen una concentración particularmente marcada. En este escenario, poco ayudaron episodios como el quiebre de la Lista del Pueblo, que había sido una plataforma electoral formada tras la revuelta por sectores movilizados, y las polémicas de algunos de convencionales

Frente a la derrota en el plebiscito de salida (4 de septiembre de 2022), en que el Apruebo obtuvo apenas un 38 % de los votos, mientras el Rechazo logró el 61 %, se abre un proceso de balance fundamental que es todavía muy incipiente. Antes de pasar a la necesaria autocrítica y a abordar los desafíos que vienen para continuar el proceso constituyente, vale la pena reponer aunque sea muy brevemente algunos de los puntos clave de la propuesta de nueva constitución, que serán parte ineludible del debate futuro.

La propuesta constitucional que emergió de la Convención buscaba avanzar en desmontar el andamiaje neoliberal y abrir el camino a futuras transformaciones estructurales. El primer artículo es decidor: se establece que Chile es un “Estado social y democrático de derecho”. La disputa sobre el nuevo modelo, por supuesto, sigue abierta, pero estos son los márgenes que se habían acordado democráticamente para el desarrollo de la política.

En línea con dicha definición del Estado, que buscaba dejar atrás la subsidiariedad como principio rector, el texto consagraba como derechos constitucionales las demandas más sentidas por las grandes mayorías populares en las últimas décadas. Se garantizaban derechos sociales como salud, vivienda y educación, cuyos sistemas nacionales debían tener un eje robusto aunque no exclusivo en el sector público; así mismo, se garantizaba el derecho a la seguridad social, lo que hubiera implicado la creación de un sistema hasta ahora inexistente en Chile. Además, se consagraba el derecho a la libertad sindical, que comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva (incluyendo la negociación ramal, que hasta el momento no es parte de la legislación laboral en Chile) y a la huelga, avances de gran envergadura para desmontar el Plan Laboral de Pinochet.

Por otra parte, había avances sustantivos respecto a los pueblos originarios, pues se establecía que Chile es un Estado plurinacional, y reconocía, entre otras innovaciones, autonomías territoriales indígenas y un pluralismo jurídico que incorporaba la justicia indígena. Junto con lo anterior, la nueva constitución otorgaba una protección socioambiental inédita, y declaraba el agua como bien inapropiable.

La propuesta introducía también importantes transformaciones a la institucionalidad política y estatal, que había sido profundamente debilitada por el neoliberalismo. La reducción de la esfera política a un espacio sectario de gestión entre tecnócratas y cúpulas de partidos lejanos a sus bases y a la población general, fue uno de los principales factores que contribuyeron a la gestación de la profunda crisis que —no existiendo un verdadero espacio democrático para procesar la conflictividad social y política— reventó en octubre de 2019. Respecto a este punto, la ex convencional Alondra Carrillo^[5] señaló en una de sus intervenciones que el objetivo había sido construir un nuevo texto que “deje atrás los dispositivos autoritarios instalados en la Constitución de la dictadura, y pueda avanzar en una distribución del poder político que asegure una apertura a los pueblos en la deliberación dentro del Estado”. En ese sentido, la apuesta era que el nuevo sistema político propuesto sirviera como herramienta para materializar las necesarias transformaciones que se disputarán en el nuevo ciclo político, una herramienta de democratización política y social.

La gran mayoría de estas cuestiones eran parte de demandas históricas de los pueblos, que han sido también impulsadas desde sectores del feminismo que reconocen que la precarización de la vida que trae consigo el neoliberalismo es especialmente profunda para las mujeres y disidencias sexogenéricas. De ahí que desde la Colectiva Feminista —agrupación de convencionales feministas de diversos sectores— se haya impulsado imprimirle un enfoque de género a la constitución en su conjunto y a los diversos derechos sociales en particular.

La primera de las demandas de la agenda feminista histórica que se instaló en el debate público fue la de la paridad, ya que este debate se abrió al momento de discutir los diversos mecanismos de integración de la Convención Constituyente. Así, la primera batalla fue para que no solo las candidaturas fueran paritarias, sino para que se asegurara la composición paritaria del órgano. Una vez que se hizo la elección de convencionales, se vio que la noción de paridad instalada estaba funcionando en la práctica como un techo para la participación de las mujeres. A partir del reconocimiento de que uno de los géneros se desarrolla en condiciones históricas de opresión y exclusión de la deliberación política, surge la necesidad de instalar una noción de paridad sustantiva, que implica que la composición de un órgano debe tener un piso mínimo de 50 % de participación de mujeres, sin que esto sea un límite a su participación política.

Desde esa premisa, se logró la consagración de una democracia paritaria, que establece que: “El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”. En concreto, se establece que todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres. Asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través del mecanismo que establezca la ley.

Otra de las demandas recogidas es el derecho a una vida libre de violencia de género, en el marco del cual el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicarla, lo que incluye prevenirla, investigarla y sancionarla, así como también brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Un artículo aparte consagra los derechos sexuales y reproductivos, estableciendo que: “Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”, incluyendo explícitamente la educación sexual integral y la interrupción voluntaria del embarazo en uno de los incisos.

Por último, otro de los grandes avances es el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como “trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas”. Además, se reconoce el derecho al cuidado, garantizado por el Estado a través de un Sistema Integral de Cuidados.

Estos avances tienen un lugar aquí porque siguen teniendo un lugar en el proceso constituyente, porque si bien no fueron aprobados como parte de la propuesta plebiscitada, serán una orientación fundamental para enfrentar las nuevas luchas en la etapa que viene.

Perspectivas y desafíos ante un posible nuevo ciclo político

Si hasta el momento veníamos viendo un proceso que, con sus contradicciones, podía leerse como la apertura de un ciclo político transformador en el país, la fuerte derrota electoral de la propuesta de nueva constitución hace necesario aceptar que ese camino no está dado, sino que continúa en una disputa abierta que se da sobre un terreno frágil. La tarea de hacer un balance del proceso constituyente y del plebiscito es de enorme importancia política y probablemente tardará un buen tiempo en madurar, pero cabe aquí comenzar a dilucidar algunos elementos para ir comprendiendo qué es realmente lo que se rechazó en el plebiscito, porque no es tan claro que haya sido un rechazo al texto constitucional.

Sin dudas, no hay un solo factor que sea explicación suficiente para comprender que ganara el Rechazo y lo hiciera de forma tan contundente. Del entramado de factores, la extensión y profundidad de la desinformación es algo que claramente no pudimos prever. La campaña del Rechazo se sostuvo sobre mentiras cuidadosamente construidas sobre la propuesta constitucional, que buscaban infundir el miedo de perder lo poco y nada que tienen los sectores populares, el miedo incluso a perder aquello que no se tiene, pero a cuyo deseo la gente se aferra como una posible fuente de seguridad en medio de una sociedad hostil. A eso se le suma que los grandes medios de comunicación contribuyeron activamente a la desinformación y la diseminación de noticias falsas, socavando la democracia y el derecho a la información de la ciudadanía. Con el 90 % del financiamiento total del plebiscito, el Rechazo empujó su campaña en medios de comunicación, redes sociales y en todas sus infraestructuras sociales. Con éxito, esta estrategia apelaba al arraigado individualismo neoliberal que se ha tomado la cultura del país, al racismo histórico que sigue reproduciéndose, a una sociedad que no tiene las herramientas de educación cívica o educación sexual integral para poder desenmascarar los engaños de la derecha. Así, la concatenación de la desinformación, su difusión masiva por medios de comunicación, y el terreno fértil de la cultura individualista fue parte clave de los resultados que vimos.

Ahora bien, no se puede atribuir la derrota exclusivamente a temas comunicacionales, evidentemente la propuesta no tuvo sintonía con las grandes mayorías del país, y eso en parte se debe a un rechazo al proceso constituyente, específicamente al órgano redactor. Los múltiples tropiezos que tuvo la Convención Constitucional a lo largo de su desarrollo, con algunos casos notorios, desacreditaron profundamente el proceso y su legitimidad. En este sentido, una hipótesis posible es que la población terminó asociando la CC a la dinámica tradicional de la clase política, frente a la cual hay un rechazo profundamente arraigado. Va a hacer falta seguir evaluando el peso real que tuvieron algunos elementos controversiales que sí eran parte de la propuesta, como la plurinacionalidad o la interrupción voluntaria del embarazo, que han sido rápidamente sacados a relucir por quienes leen estos resultados electorales como una derrota debido a la “radicalidad” de la propuesta y que ahora promueven un giro al centro que comience por abandonar los “gustitos” de los derechos de las mujeres y diversidades sexo-genéricas y de los pueblos originarios. Lejos de esa visión, la autocrítica que se ha ido levantando incipientemente en algunos sectores tiene que ver con la lectura que se hizo respecto del carácter de la revuelta y su apoyo social. Aunque sin duda tuvo una masividad y radicalidad inéditas, el curso de politización que abrió no necesariamente tuvo una orientación antineoliberal, o al menos esa orientación no es tan firme. Si consideramos el enorme crecimiento que han tenido nuevos sectores de derecha, como el Partido de la Gente, podemos pensar que sigue en abierta disputa la politización de grandes sectores populares que sienten una profunda apatía por la política tradicional, que tal vez fueron parte de la impugnación de 2019, pero que son más volátiles respecto de su apoyo a una u otra alternativa.

Otro factor clave fue la introducción del voto obligatorio (con inscripción automática) en esta última elección, que llevó a que el padrón electoral aumentara de unos 8 millones en la segunda vuelta presidencial, a los 13 millones de personas que sufragaron esta vez. La votación del Apruebo fue muy similar a la que obtuvo Boric cuando fue electo, mientras el Rechazo sumó los 3,6 millones de personas que votaron por Kast con unos 4 millones de votantes nuevos. Realmente no sabemos qué llevó a ese universo de nuevos votantes a optar por el Rechazo en el plebiscito. Sin duda hay varios elementos que entran en juego además de los ya mencionados, desde el rechazo a la política en general, el rechazo a la gestión del gobierno de Boric, o el peso de una crisis social y económica que es tal vez peor que la que se vivía al momento del estallido, entre otros.

De todos modos, aunque es claro que el escenario que se está configurando es muchísimo más adverso, el objetivo de desmontar el neoliberalismo comenzando por la Constitución de Pinochet sigue tan vigente como antes y ante eso hay una serie de tareas ineludibles que debemos asumir los diversos sectores del movimiento feminista y de la izquierda.

La primera de estas tareas es fortalecer la organización de la izquierda, sus partidos y movimientos, y volver a darle el anclaje popular del que hoy carecemos. Actualmente el principal conglomerado político de izquierda es el que encabezó Gabriel Boric al llegar a la presidencia, Apruebo Dignidad, conformado por los jóvenes partidos del Frente Amplio (de los que es parte el mismo Boric) y por los de Chile Digno, liderados por el Partido Comunista. Tras treinta años de gestión entre la ex-Concertación y la derecha, la nueva coalición carga con enormes expectativas de cambio sobre cimientos todavía poco sólidos. Más allá de lo electoral, el nuevo pacto no tiene el respaldo de una fuerza de masas propia. Pero si no ha ampliado su base de militancia social, el gobierno sí ha ampliado su configuración política con incorporación de importantes sectores de la ex-Concertación, que se vieron fortalecidos tras el último plebiscito. Es de enorme relevancia que el gobierno logre utilizar las herramientas del Estado para asegurar la continuidad de un proceso constituyente democrático, en el que los medios de comunicación faciliten y no obstruyan el necesario debate público poniendo límites claros a la desinformación.

Fuera de dicho conglomerado, la izquierda está compuesta por diversos movimientos sociales y organizaciones políticas que no tienen mayores vínculos orgánicos entre sí. Con algunas fluctuaciones, la izquierda chilena ha mantenido desde los años 80 una configuración en la que está muy marcada la división entre partidos políticos y movimientos sociales. Si el terrorismo de Estado debilitó al máximo a los partidos y al entramado social que los rodeaba, fue paradojalmente durante ese mismo periodo que la sociedad civil y las organizaciones populares lograron desarrollarse formando movimientos sociales que protagonizaron enormes jornadas de protesta nacional a principio de los 80. Tras ese momento de desestabilización del régimen, los partidos se rearticularon y lograron volver a tomar liderazgo, pero se caracterizaron por un funcionamiento cupular muy desacoplado de las bases. Finalmente, la mayoría de los partidos se plegó a la estrategia de la transición pactada y se transformaron en los principales beneficiarios del nuevo orden sociopolítico. No fue en dictadura, como suele decirse, sino en la posdictadura que se destruyó el tejido social (Bastías, M., 2011), y desde entonces la reconstrucción de ese entramado ha sido particularmente lenta y difícil. La desconfianza y la tensión histórica que se estableció entre los sectores que se organizan como movimientos sociales y los que se configuran como partidos políticos es uno de los nudos que caracteriza el campo de la izquierda nacional. Muchas veces en la práctica política eso se manifiesta como un antagonismo binario entre formas orgánicas abstractas, lo que dificulta avanzar en el necesario debate sobre las especificidades del momento político que se está viviendo y las mejores herramientas organizativas para abordarlo.

Disipado el calor de la revuelta, hoy en día es necesario reconocer que, aunque con importantes avances, seguimos en un escenario de baja organización social y política, que dificulta lograr la materialización de las demandas populares. Uno de los nudos más difíciles de resolver tiene que ver con la infraestructura organizacional de la que debemos dotarnos en función de las tareas del momento. Esto implica un debate a nivel interno de cada espacio, para reevaluar sus objetivos políticos y orgánicos, pero es también un debate fundamental al pensar en instancias amplias de articulación.

Desde la revuelta de 2019 hubo algunas instancias concretas de articulación político-social que en cierto momento lograron reunir a organizaciones muy diversas —como fue el caso de Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales—, pero con el tiempo tendieron a desarticularse ya sea por diferencias políticas o simplemente por desgaste, dados los momentos de reflujo del proceso de politización y organización en curso. Así mismo, podemos considerar algunos intentos de unidad por la vía electoral, como el caso de la hoy disuelta Lista del Pueblo en las elecciones a constituyentes. Sin embargo, también hay algunas articulaciones que sí han prosperado, como Movimientos Sociales Constituyentes,^[6] formada en el marco de la CC entre diversas organizaciones socioambientales, feministas y territoriales, y que llegó a ocupar la presidencia del órgano constituyente cuando María Elisa Quinteros sucedió a Elisa Loncón. Esta articulación es sin duda uno de los espacios que ha hecho una importante contribución a la reconstrucción del tejido social, aunque sigue siendo muy reciente y actualmente está definiendo de qué modo se dará continuidad al trabajo en el nuevo escenario.

Toda esta reflexión sobre cómo desarrollar una mayor fuerza política en la izquierda es en función de mejorar las condiciones para una disputa política que ya no es solo con la derecha tradicional, sino con una ultraderecha revigorizada. En la última elección presidencial el pinochetismo resurgió —o mostró su verdadera cara, podría debatirse— con una fuerza que nos remeció en lo más profundo. Si bien en la segunda vuelta de la elección presidencial la victoria de Boric fue contundente (56 %), se puede decir que el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, ganó en muchos sentidos: logró pasar de un 7,9 % de apoyo en las anteriores elecciones presidenciales al 44 %, consolidó una bancada propia, logró reordenar (sin mediar primarias) en torno a su proyecto de ultraderecha a todo el conglomerado político de la derecha tradicional, y, lo más importante, logró que su proyecto negacionista, que planteaba medidas abiertamente en contra de las mujeres, los sectores empobrecidos y los pueblos migrantes, sea considerado como un proyecto político válido en la arena de la democracia.

A pesar de la contundente derrota electoral del neofascismo, sabemos que sus fuerzas no van a detenerse, al contrario, ya están siendo oposición al gobierno de Boric y sobre todo a la continuidad del proceso constituyente con todo el poder económico y de los medios de comunicación. Hoy es imprescindible aquilatar la gravedad de este escenario. Esto implica que toma cada vez más urgencia la necesidad de lograr transformaciones respecto a la policía y las Fuerzas Armadas, así como a los medios de comunicación, asuntos que han sido tan postergados por la izquierda actual. Del mismo modo se hace imprescindible lograr avances sustantivos en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos ejercidas ayer y hoy, para desarticular el entramado que sostiene la impunidad de que gozan tanto las fuerzas represivas como sus responsables políticos. En ese marco, se ha vuelto evidente también la centralidad que debe tener la defensa y promoción de los derechos humanos y del enfoque de género, tanto en la institucionalidad, como en el sistema educativo y los medios de comunicación.

Por sobre todo, este escenario implica que debemos asumir la responsabilidad de construir una alternativa de vida digna para todas, todos y todes quienes hacemos parte de los pueblos de Chile, una alternativa que haga sentido a quienes ante la precarización extrema consideran soluciones que solo hacen enfrentar a los últimos contra los penúltimos. Los próximos años vamos a seguir enfrentando un escenario muy duro económica y socialmente por el empeoramiento que trajo consigo la pandemia y la guerra a una crisis que le precedía. Ante la posibilidad real de que el proceso constituyente se cierre por arriba, no podemos hundirnos en la desmoralización, porque los avances sociales y políticos de estos últimos años no se pierden con una elección, porque el texto que redactó la Convención con grandes mayorías será una base sólida que nos orientará en las futuras luchas. Con todo, del último año hemos salido con articulaciones más estrechas y con grandes acuerdos programáticos que nos permiten confiar en nuestras propias fuerzas, para seguir abriendo un ciclo en el que esperamos lograr transformaciones que no solo a cubran las necesidades inmediatas, sino que también alimenten y den espacio al deseo que nos mueve.

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cuerpo-territorio y confluencias de rebeldías
por Natalia Hernández Fajardo

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Sobre la autora

Daniela Schroder Babarovic es Licenciada en Lengua y literatura hispánica, y Magíster en Estudios Latinoamericanos, ambos por la Universidad de Chile. Actualmente es estudiante del Doctorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires, donde realiza su investigación sobre las publicaciones periódicas del movimiento feminista y de mujeres durante la dictadura en Chile. Fue investigadora responsable del proyecto de rescate patrimonial https://boletinasfeministas.org/. Actualmente es militante en la Coordinadora Feminista 8M (Chile).

Referencias Bibliográficas

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Arruza, C. (2019) Editor’s Introduction: A Feminist Wave to Change Everything. En Viewpoint Magazine. May 13, 2019. https://viewpointmag.com/2019/05/13/editors-introduction-a-feminist-wave-to-change-everything/

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Notas

^[1] En Chile se utiliza el término femicidio para referirse al asesinato a una mujer por motivo de su género (equivalente al término feminicidio utilizado en otros países latinoamericanos).

^[2] El nombre del encuentro ha ido variando, aunque sus siglas (EPL) se mantienen. Este 2022 se realizó su cuarta versión, con el nombre Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan.

^[3] Se le llama Chicago Boys al grupo de economistas chilenos que fueron a formarse con Milton Friedman a la Universidad de Chicago y volvieron a dirigir la implementación del neoliberalismo en el Chile dictatorial.

^[4] El Acuerdo fue firmado por las y los líderes de los principales partidos políticos del país, menos el Partido Comunista y Convergencia Social, partido del actual presidente Gabriel Boric, quien en su momento firmó a título personal.

^[5] Alondra Carrillo es psicóloga, vocera de la CF8M y fue convencional constituyente en representación de dicha organización y de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito 12 (zona sur de Santiago).

^[6] Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) es una articulación de movimientos, organizaciones, asambleas territoriales, sindicatos y agrupaciones que se ha organizado para participar y acompañar el proceso constituyente dentro y fuera de la Convención Constitucional. Entre las organizaciones que la componen se encuentra la Coordinadora Feminista 8M, MODATIMA (Movimiento por la Defensa del Agua, las Tierras y el Medioambiente), ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) y diversas organizaciones territoriales de norte a sur.

La irrupción social: un deseo colectivo impostergable

En plena pandemia, cuando a través de esta se expuso con mayor nitidez la compleja realidad de desigualdad, exclusión, discriminación y empobrecimiento que enfrentan amplias poblaciones en Colombia, se produjo el estallido de una protesta popular de carácter inédito por la masividad de su convocatoria en todo el territorio nacional, luego de que el gobierno de ultraderecha de Iván Duque anunciara un paquete de reformas neoliberales: la reforma fiscal, junto con la reforma laboral y de las pensiones, que depositaría toda la carga de la crisis económica sobre los sectores populares (Bernal y Ortiz, 2022).

En este trabajo propongo explorar las interconexiones entre las luchas populares y los feminismos plurales^[1] que emergieron en el marco de este levantamiento popular, y que sentó las bases para reconfiguraciones políticas y sociales a partir de la confluencia entre el descontento incontenible de generaciones jóvenes de barrios populares, coordenadas feministas y el legado de formas de lucha antineoliberales lideradas por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en un contexto caracterizado por la torsión reaccionaria y fascista del neoliberalismo, en articulación con políticas de Estado y modos paraestatales y criminales de acumulación y gobierno de los territorios.

A continuación buscaré hacer visibles los modos en los cuales la confluencia entre prácticas, miradas y horizontes de lucha participaron de este estallido social (2021) que representa un clivaje en la historia política de este país, y que requiere para su comprensión, desenmarañar la complejidad del contexto, en sus cruces y efectos mutuos entre las problemáticas estructurales y las nuevas configuraciones de violencias con componentes de género, clase y raza, así como el acumulado de resistencias que se han consolidado a lo largo de los años y han configurado, también, este escenario de posibilidad.

Frente a dinámicas de acumulación y despojo, el paro

La convocatoria del paro nacional del 28 de abril^[2] de 2021 emerge del descontento social acumulado (Cortés Ramírez, 2022), producto de una dramática crisis humanitaria, socioeconómica, política y ecológica, que se agudizó por la falta de condiciones dispuestas por el gobierno para hacerle frente a la pandemia por COVID-19 y su aprovechamiento de la cuarentena para radicalizar dinámicas extractivistas que reactivaron el ecocidio en los territorios más afectados por su ubicación geoestratégica, mientras en las ciudades se profundizaba la precarización de sectores populares, que afectó de forma específica a las mujeres y jóvenes más pobres y racializadas. Frente a la negligencia del Estado, sectores populares y organizaciones feministas implementaron formas autogestionadas de enfrentar la crisis, revalorizando las tareas de cuidado y sentando bases para la revuelta.

Las principales protagonistas de las protestas fueron las juventudes de las zonas más periféricas, marginadas y empobrecidas de las ciudades, los “no futuro” de los barrios estigmatizados tal como los define Lozano (2022), que no cuentan con ningún tipo de garantías laborales y de seguridad social, se ganan la vida en el trabajo informal y en su mayor parte son hijes de migrantes expulsados de los territorios negros e indígenas por la guerra (Lozano, 2022), algunxs de elles defensores territoriales, que han portado consigo historias de resistencia y que apuestan a reconstruir el tejido social y a la conservación de prácticas culturales propias (León y Lara, 2017). Estxs jóvenes conformaron las primeras líneas y sostuvieron los puntos de resistencia con apoyo de grupos étnicos. En este escenario fue notable la incidencia del entramado entre prácticas políticas desplegadas por organizaciones de mujeres y disidencias feministas, en conexión con los sentidos, consignas y estrategias de lucha de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Del encuentro y emergencia de nuevas subjetividades surgió un frente de resistencia colectiva ante la brutal represión desatada por el Estado colombiano, el cual brindó un tratamiento de guerra contra la protesta social que se desarrollaba mediante cortes de ruta, marchas masivas, ollas comunitarias, asambleas populares, cacerolazos, muraleadas, recitales y partidos de fútbol en las calles.

La potencia de la participación política de carácter feminista en esta insurrección popular y su convergencia con las diversas subjetividades de aquellos “que se cansaron de no ser y están abriéndose el camino” (M. Rozental, citado en Escobar, 2016), resuena con los procesos de movilización feministas en la región impulsados desde Argentina, Chile y Ecuador. Pero emerge, a su vez, imbricado, con las especificidades del contexto colombiano atravesado por un conflicto armado que tiene sus raíces en la reticencia de grupos económicos a realizar reformas sociales necesarias, y que por el contrario ha implementado múltiples modalidades represivas que van desde la criminalización de la protesta hasta el uso de la violencia directa para impedir la movilización popular (Pizarro, 2019); escenario que se complejizó con la conformación de los escuadrones paramilitares privados^[3] y que parece recomponerse a cualquier intento de pacificación de la mano de intereses hegemónicos, donde también, y en asociación con lo anterior, se ha producido una articulación ejemplar entre el narcotráfico y el modelo neoliberal.

Esta articulación se ha instalado en las instituciones del Estado y la política, reforzando las dinámicas de precarización en beneficio del capital rentístico, extractivo y financiero por medio de la militarización de los territorios bajo la directrices de los fondos de empréstito internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, intensificando prácticas de saqueo, despojo, desplazamiento de poblaciones y afectando principalmente a comunidades indígenas, poblaciones negras, campesinas y a los sectores populares urbanos.

Tanto las raíces del desborde social como el acervo de recursos desplegados por las luchas populares durante el estallido social se encuentran en el carácter sistemático y estructural de múltiples violencias asociadas con el modelo de acumulación capitalista, colonialista y patriarcal, y en la profundización de políticas neoliberales de corte racista, clasista, etnizadas, generizadas y particularmente ensañadas con las generaciones jóvenes, que han convertido la cotidianidad de muches en una experiencia invivible; como también se hallan, en los procesos de resistencia que vienen desarrollando organizaciones sociales, comunitarias, los movimientos populares y los movimientos feministas, repotenciados al calor de la marea feminista que desde el Cono Sur se desparramó por el mundo con su determinante deseo de transformarlo todo.

En lugar del olvido, memoria. Colonialismo, feminismo y resistencias

Las relaciones neocoloniales han impuesto el modelo de desarrollo extractivista en los cursos de vida de poblaciones multiétnicas y pluriculturales, quienes representan en sí mismas modos de existencia que confrontan con el modelo capitalista y, por lo mismo, se encuentran en constante conflicto con los grandes poderes. Como contraparte, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, sectores populares urbanos, y dentro de estos principalmente los cuerpos feminizados, son receptores de violencias sistemáticas en la carrera por la apropiación de sus territorios-cuerpos, debido a la importancia estratégica que representan en términos militares y económicos, ya sea para engrosar las regalías del narcotráfico, para el extractivismo minero energético, la agricultura extensiva, o como parte de los procesos de explotación del “trabajo vivo” del extractivismo ampliado (Gago y Mezzadra, 2015).

Muchas de estas dinámicas se sustentan sobre la convicción de una superioridad racial y cultural que se afincó con la dominación capitalista, colonialista y heteropatriarcal en Colombia desde los procesos de conquista hasta nuestros días, y que consiguió incidir en la definición del poder político y la configuración del Estado nación, situando a poblaciones racializadas, etnizadas y empobrecidas, más allá de las periferias, no solo en referencia a las geografías, sino a la situación permanente de producción de expulsión social (Lozano, 2022). Esto se refleja en las formas que adopta la profundización de la desigualdad que se ha agravado desde hace veinte años por los sucesivos gobiernos neoliberales, pero que se sostiene sobre una arraigada estructura de la tenencia de la tierra, el capital y la naturalización de la marginación. Aquí, la pobreza extrema que alcanza a siete millones y medio de habitantes, se concentra en las regiones donde habitan en su mayoría población negra e indígena. Lo cual explica mucho del por qué Cali, la ciudad con la mayor concentración de población afrodescendiente de Colombia y la segunda en América Latina después de Salvador de Bahía en Brasil (Lozano, 2022), se transformó en el epicentro del estallido social de 2021.

Este fenómeno se asocia con una de las principales problemáticas que enfrentan los sectores populares del país: los desplazamientos forzados^[4] a causa del conflicto armado, estimulando el crecimiento de las periferias urbanas. La población desplazada en las ciudades enfrenta la violencia del desempleo, la continua precarización y la financiarización de la vida cotidiana, mientras siguen sufriendo violencia del Estado, del Ejército, de grupos paramilitares y del narcotráfico que ha conseguido territorializarse en pequeña escala (Claros, 2017). Para las mujeres de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, debido a la exclusión y marginación que recae sobre los grupos étnicos bajo las estructuras socioeconómicas discriminatorias y racistas, el desplazamiento conlleva a una triple discriminación: por ser mujeres, indígenas o negras, y desplazadas, lo cual repercute en la integración de sus redes sociales y comunitarias de apoyo.

Bajo esta misma lógica de la discriminación basada en el racismo y la diferencia sexual en función de la economía capitalista (Federici, 2015) en el marco de paradigmas bélicos que hacen parte de las nuevas formas de guerra y que se caracterizan por el predominio de la informalidad paraestatal y la violencia corporativa, los cuerpos de las mujeres se convierten en objetivo estratégico como “documento eficiente de la efímera victoria sobre la moral del antagonista” (Segato, 2016: 61). Muchos de los hostigamientos que los actores armados emprenden con la intención de ocupar los territorios adopta la forma de agresiones sexuales contra los cuerpos de las mujeres, convirtiéndolos en parte del “botín de guerra”^[5] usado para fracturar las estrechas relaciones que vinculan sus cuerpos con las cosmovisiones de las comunidades, porque entienden que ellas son parte fundamental de los procesos de resistencia al despojo (Claros, 2017)^[6]. Esta realidad es conceptualizada por las mujeres como el efecto que produce la triada patriarcado, capitalismo y colonialidad en sus cuerpos-territorios: “El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías extractivas le hacen a nuestros territorios” (XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Perú, citado en Red Popular de Mujeres de la Sabana 2017: 42).

Al genocidio y etnocidio que afecta de forma diferencial a mujeres indígenas y afrodescendientes, se suma la invasión estructural destinada a la expropiación de los territorios y recursos, condensándose en una patriarcalización del territorio (Haesbaert, 2020) que instituye la desigualdad de género en contextos que muchas veces representan espacios de vida con alto valor simbólico y afectivo para las comunidades; transformándose, según el pacto entre las definiciones jurídico políticas de la propiedad occidental y los intereses de grupos hegemónicos, en espacios dominantemente masculinos en función de economías extractivas o neoextractivas donde la instalación de empresas produce el aumento de violencias y control sobre los cuerpos de las mujeres (Haesbaert, 2020).

Contrastado el espejismo de institucionalidad democrático proyectado ante la comunidad internacional, Colombia representa “patrones de exclusión históricos, encontrados en muchas partes de Latinoamérica, pero rara vez con esa profundidad” (Escobar, 2011: 80). De hecho, el ejercicio de poder se ajustaría más a un tipo de necropoder, en el que la violencia patriarcal se expresa en forma de dueñidad o señorío a partir de la expansión de lo paraestatal como esfera de control de la vida bajo una administración mafializada de los negocios, la política y la justicia, sin desvincularse del orden global y la geopolítica (Segato, 2016). Mientras que en otros países de la región se consolidaba un nuevo escenario político tras las dictaduras con gobiernos democráticos en los noventa, y posteriormente gobiernos populares y progresistas, en Colombia por el contrario no solo se producía un continuismo de las políticas conservadoras, sino un reforzamiento de políticas neoliberales, acompañadas por la intensificación de rasgos autoritarios con componentes criminales y mafiosos.

En este contexto, la intervención, denuncia y caracterización de la situación de las mujeres urbanas y rurales desarrollada por organizaciones de mujeres y feministas ha sido fundamental frente a los impactos de la guerra y el recrudecimiento de las formas neoliberales, patriarcales y militaristas de violencia y los efectos específicos que provocan sobre los cuerpos y vidas de las mujeres y disidencias.

Debates y acciones feministas en tiempos de conflicto

En el mes de julio de 1981 más de doscientas feministas se daban cita en Bogotá en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que buscó articular un feminismo latinoamericano en medio de un periodo caracterizado por una intensa lucha estudiantil vinculada en gran parte con procesos revolucionarios regionales. De ahí que muchas de las asistentes se encontraran vinculadas con actividades políticas, y que uno de los ejes centrales problematizara la doble militancia entre partidos y movimientos de izquierda y la militancia feminista. Otros temas que aparecieron con fuerza fue el lesbianismo como opción política, el aborto, la maternidad libre y voluntaria, y la igualdad salarial. En este espacio surgió la declaración del 25 de noviembre como el Día Internacional de la NO violencia contra la mujer.

En el mismo periodo, la socióloga feminista Magdalena León, pionera en estudios de la mujer, desmentía mitos sobre el proceso de desarrollo en Colombia, que soportados en datos estadísticos aseguraba que solo el 4 % de las mujeres en el sector rural eran económicamente activas. En contraste con estas cifras, demostró que el trabajo de la mujer rural en lo productivo y reproductivo arrojaba índices superiores al 50, 60 y 70 %. Además, evidenció que en cada hogar rural había por lo menos una mujer que había migrado a la ciudad y se encontraba trabajando generalmente en casas de familia. Sus investigaciones y ejecución de proyectos han sido fundamentales en la lucha por los derechos de las trabajadoras domésticas, influyendo en la conformación de sindicatos como la Asociación Unión de Trabajadoras del Hogar remuneradas ULTRAHOGAR, una apuesta colectiva con la que mujeres negras cuidadoras han buscado ganarle al racismo (León y Lara, 2017). De la convergencia entre este trabajo adelantado por académicas y la lucha de las trabajadoras domésticas, se logró incidir en materia legislativa, con la aplicación de seguridad social.

Si bien todas estas cuestiones fueron de gran relevancia para las organizaciones de base feministas, entramadas con el dinamismo político de la época y dada la agudización del conflicto interno, la agenda de las organizaciones se enfocó en el cruce entre violencia intrafamiliar y la violencia sociopolítica, formas de participación, organización y movilización social en defensa de los derechos humanos. La Organización Femenina Popular fundada en 1972 en Barrancabermeja durante el auge de la teología de la liberación es referente de estos procesos. En 1996 lanzaron la propuesta Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, y además de afianzar un perfil como defensoras de los derechos humanos integrales, son bien conocidas por una serie de acciones políticas: vigilias, marchas de la luz y la creación de una campaña nacional e internacional llamada la Marcha del Ladrillo, destinada a la reconstrucción de una de las casas de encuentro que fue derribada luego de amenazas paramilitares. Esta organización en la cual participan mujeres desplazadas ha representado un espacio fundamental para las víctimas del paramilitarismo.

En ese mismo año (1996), surgía en Medellín la Red Feminista Antimilitarista, un escenario político juvenil en el que se reflexiona críticamente hasta hoy sobre la guerra y el militarismo, se construyen alternativas para la organización comunitaria y se diseñan acciones políticas desde la calle. En línea semejante, la Corporación de Mujeres Ecofeministas COMUNITAR, surgida en 1987 en el Cauca, también viene trabajando en la relación entre afectaciones de la guerra y la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y los territorios, insistiendo en la desmilitarización. La Ruta Pacífica, el movimiento Madres de la Candelaría son otras de las tantas organizaciones que emergieron durante estas décadas y con objetivos similares.

Pero fue con el recrudecimiento del conflicto y la violación a los derechos humanos que acarreó la firma del Plan Colombia^[7] y los años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que surgiría la organización Madres Falsos Positivos de Colombia, una de las experiencias organizativas de colectivos compuestos por mujeres más emblemáticas por su resistencia y lucha frente prácticas sociales genocidas desplegadas desde el Estado.

El gobierno de Uribe se caracterizó por la implementación de la Doctrina de Seguridad Democrática, un programa que, bajo la bandera de la erradicación de las guerrillas vía confrontación armada, selló la copresencia entre tecnologías bélicas y neoliberales. En la práctica implicó el despliegue de medidas de excepcionalidad, persecución, criminalización y exterminio de cualquier expresión de protesta popular que confrontara con el establishment (Vega Cantor, citado en Beltran y Caruso, 2021).

Este mandato es responsable tanto del afianzamiento del ascenso de un grupo social que se amalgamó con las elites regionales y tradicionales del país (Claros, 2017) desde donde surgió la narcopolítica^[8] y se establecieron mecanismos a través de los cuales la guerra impone dinámicas para perpetuarse, principalmente porque desempeña un rol prominente tanto para los fines de acumulación como para la expansión del fascismo social^[9]; como de la puesta en marcha de un paradigma con el que apuntaron a la reorganización cultural de la sociedad sobre una retórica neopatriótica que definió una “otredad negativa” bajo el supuesto de una supervivencia entre “iguales” a costa de la eliminación de ciertos “enemigos”, tendencialmente corporizados por les otres interiores de la nación: “mujeres pobres, los negros, los pueblos indígenas, los disidentes” (Segato, 2016: 51), pero también  jóvenes de sectores populares.

Así se escribió uno de los capítulos más dolorosos de la historia de la violencia estatal en este país: el caso de los mal llamados “falsos positivos”, como se nombró mediáticamente a los asesinatos extrajudiciales llevados a cabo por miembros del Ejército Nacional, quienes en el marco de la campaña contrainsurgente secuestraron jóvenes de sectores populares, engañados con falsas promesas de trabajo y luego presentados como caídos en combate^[10]. Esta práctica sistemática de alcance nacional se hizo de público conocimiento por la lucha de sus madres en contra de la impunidad. Las Madres Falsos Positivos de Colombia en lugar de ceder al quiebre de solidaridades, repolitizaron los vínculos filiatorios de maternidad en el orden público, y de forma similar a como lo hicieron décadas atrás en Argentina las Madres de Plaza de Mayo, construyeron una respuesta colectiva que excede sus intereses particulares y las ha aproximado a otras luchas sociales^[11]. Con su trabajo han conseguido visibilizar un entramado de corrupción institucional, han contribuido en el desmantelamiento de la desaparición forzada, en la desactivación de prácticas sociales genocidas^[12] y en la deslegitimación de los gobiernos de ultraderecha. La lucha que desplegaron y continúan sosteniendo cada día y en adversas condiciones, por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ha sido determinante en la indignación colectiva que suscitó la emergencia de los levantamientos populares de los últimos años en Colombia.

El cuerpo-territorio y las historias de desacato frente a la narrativa oficial

Cuentan indígenas del pueblo Nasa que “la cacica Gaitana, luchó fuertemente contra la invasión española, resistió contra todos los ataques que se estaban dando desde el mundo de occidente, desde el mal llamado descubrimiento de América. Su lucha nos dejó un lema muy importante: la defensa de la vida y el territorio […]” (Tattay Bolaños, 2012: 215).

Si partimos de que “toda violencia que se comete hacia las mujeres es una violencia política y social”, aquellas de carácter colonial-extractivista que se ejercen sobre comunidades para quienes “la unidad entre cuerpo y territorio es una clave de la vida en común” (Quiroga, 2020: 55), podemos afirmar que “la guerra contra las mujeres podría replantearse como la guerra contra los personajes femeninos y feminizados que hacen del saber del cuerpo un poder” (Gago, 2019: 68-69). Saberes-poderes, que operan en situaciones concretas, evalúan, generan estrategias para la acción “tanto en el repliegue defensivo como en la persistencia del deseo de desobediencia” (Gago, 2019: 68-69).

Si ese saber del cuerpo como poder implica desplegar técnicas corporales entendidas como las maneras en que las personas en cada sociedad hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional, porque no hay técnica ni transmisión sin tradición (oral, mágica y ritual de determinados actos) (Mauss, 1971) y, además, de situar al cuerpo como el primer territorio refiere a la relación con la materialidad del entorno. Desde ahí es posible comprender la relevancia que tienen para estas comunidades dos elementos entreverados: la ancestralidad y la tierra, como fundamentos centrales para las luchas indígenas, afro y campesinas en el contexto actual (Escobar, 2016).

Dos experiencias ilustran esta relación: por un lado, la lucha desarrollada por las mujeres de la comunidad negra La Toma, encabezada por la lideresa social, ambientalista y afrofeminista Francia Márquez; y, por otro lado, la lucha del pueblo Nasa.

En 2014 Francia Márquez junto a más de ochenta mujeres de su comunidad ubicada en el Norte del Cauca, se movilizaron contra la minería ilegal de oro y en defensa de la minería ancestral-tradicional. En múltiples entrevistas Francia Márquez ha sostenido que “las mujeres de su pueblo cuidaban a la tierra y el río con el mismo amor maternal con el que cuidan a sus propios hijos” (Quiroga, 2020). En esta afirmación se aprecia como desde las experiencias de las mujeres de estas comunidades se produce un encuentro entre las concepciones que integran sus cosmovisiones y delinean las coordenadas de acción y relación con el mundo humano y no humano, y con las luchas que despliegan en sus territorios frente a dinámicas neoextractivistas.

En medio de condiciones de precariedad, las madres y abuelas enseñan a les niñes desde edades muy tempranas a ver a los lugares que habitan como territorios de vida, estableciendo un vínculo tan profundo con la tierra desde su nacimiento cuando se entierra el cordón umbilical como parte de fijar desde la raíz la conexión entre la persona y el territorio. Este legado implica saberes y valores tradicionales que se traducen en prácticas de cuidado del territorio y la comunidad como espacio de vida, porque como dicta el principio Ubuntusurafricano “soy porque eres”, significa que “nada existe sin que exista todo lo demás” (Escobar, 2016: 5). Por eso la consigna que acompañó sus reclamos fue y sigue siendo “el territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende”. Rudy Amanda Hurtado-Garcés cuenta que desde este universo de referencia, la ombligada es la práctica ancestral con la cual se da inicio al proceso de socialización en función de mantener la vida colectiva como parte de la coexistencia con otres inmersos en un lugar, el territorio, entendido como campo simbólico, de producción y reproducción, como espacio de liberación que resulta de la dialéctica entre la vida y la tierra permitiendo la existencia^[13].

Otras comunidades también entierran su ombligo, como el pueblo Nasa localizado en la zona andina del suroccidente de Colombia, en donde la herencia de “la Gaitana” se encuentra más vital, porque los acuerdos que logró entre pueblos para “confrontar al invasor de una manera material y espiritual” recuerdan cinco siglos de despojo, pero también cinco siglos de resistencia (Almendra, 2017). Estos tejidos están vivos, en la memoria histórica que sirve como “referente ancestral y por esas luchas hoy seguimos tejiendo palabra para caminar” (Almendra, 2017).

Dentro de este legado de resistencias se inscribe el compromiso con la liberación de la Madre Tierra como principio, pero también como proceso en sentido práctico que incluye una agenda concreta de recuperación de tierras con el objetivo de desintoxicarlas “desamarrándolas, desmercantilizandoas”, liberándola “del capital para liberarnos nosotros” (Almendra, 2017: 110). Estas acciones como desafío práctico emergieron desde la organización ACIN con autoridades indígenas del Cauca y contó una importante solidaridad nacional e internacional para enfrentar las reformas legislativas y los ajustes estructurales que tenían como propósito privatizar bienes comunes; y que, aunque se arrastraban desde los años 90, con el gobierno de Uribe Vélez se intensificaron.

A partir de estas experiencias, se comprende por qué los feminismos indígenas, afro y campesinos afirman “Mi cuerpo, mi primer territorio”^[14]. Este entramado fue sistematizado por el feminismo con el concepto cuerpo-territorio conectando el contexto empírico de las categorías prácticas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con las resistencias frente al neoextractivismo protagonizadas en su mayor parte por mujeres. El cuerpo como corporeidad relacional puede tratarse como territorio, porque si bien se distingue de acuerdo al ambiente de involucramiento, nunca se encuentran disociados: en él se produce una alianza íntima entre cuerpo, territorio y tierra. Implica placeres y la construcción de saberes liberadores, pero también la defensa histórica del territorio porque “no es posible concebir el cuerpo de las mujeres sin lugar en la tierra que dignifique su existencia” (Haesbaert, 2020).

Este concepto contrasta con la noción liberal del cuerpo como propiedad individual y privada (Gago, 2019). Bajo esta lógica, lo que motivaría las violaciones impersonales en el marco de conflictos bélicos sería un intento de captura, un intento por poseer ese yo particular como unidad básica última y como estrategia de ataque a los procesos de resistencia de los pueblos, conscientes en algún grado de la trascendencia de sus vínculos entre elles y el entorno; sin embargo, podría decirse que este intento resulta  infructuoso como totalidad, en la medida en que el cuerpo-territorio como esquema relacional de interdependencia para la posibilidad vital, no termina en un “uno” porque es invariablemente con y a través de otras partes, y en ese sentido no solo se encuentra siempre dotado de ideas fuerza (recursos, afectos, posibilidad y memorias) (Gago, 2019), sino también sería en alguna medida inapropiable. En medio de condiciones de terror “el esclavo es capaz de demostrar las capacidades proteicas de la relación humana a través de la música y del cuerpo que otro supuestamente poseía” (Mbembe, 2016: 34).

En este diagrama de interconexiones multiescaleres, el cuerpo-comunidad-tierra-memoria es territorio de rebeldías. Dijo Francia Márquez cuando recibió el premio Goldman “soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condiciones de esclavitud” (Quiroga, 2020:32, la bastardilla es mía), sin dejar de señalar las prácticas contemporáneas de esclavitud en Colombia, como las que se llevan a cabo en cárceles, entretanto en el 2017 durante “el paro cívico, social y pacífico desde la marcha africana en Cali y en medio de marimbas y tambores retumbando, arengaba el ‘pueblo no se rinde carajo’” (León y Lara, 2017).

El concepto cuerpo-territorio no solo pone en evidencia la explotación como territorios comunes, sino también sitúa al cuerpo como territorio extenso, como materia ampliada que pone en relieve unos saberes del cuerpo, que son a su vez territorios de alianzas. Por esta razón dice Verónica Gago, es una “idea fuerza que surge de ciertas luchas pero que tiene la potencia de migrar, resonar y componer otros territorios y otras luchas” (Gago, 2019: 93). En este sentido, la referencia a la tradición involucrada en la unidad cuerpo-territorio-tierra no implica una definición fija o invariable, por el contrario, si bien las identidades se construyen y se tejen con un arraigo en el territorio, “no quiere decir que solo se de en lo rural, el territorio se puede resignificar, las personas desplazadas de su lugar resignifican un espacio donde también se hace vida, se hace relación”^[15].  Así también es posible que “la Gaitana”, la figura de la mujer que gobernó en los territorios cercanos a Timaná en los Andes, quinientos años más tarde, continúe presente en el imaginario popular, convertida en símbolo de identidad, su nombre hoy es adoptado por organizaciones feministas, sindicatos, frentes guerrilleros.

Podemos afirmar que estas configuraciones son potentes prácticas para despatriarcalizar y descolonizar. Cuando la madre entierra el ombligo lo hace entre las cenizas de la tulpa, el espacio ancestral de análisis y reflexión en el que el pueblo Nasa fortalece el Wet Wet Finzenxi (buen vivir), que también puede ser una tulpa de mujeres “concebida como un espacio para la construcción de conocimiento, de investigación” para la “reflexión sobre el feminismo indígena” (SEÑAS, citado en Vanegas y Cárdenas, 2017), en donde se problematiza la distancia entre teorías y prácticas, entre las discusiones y la cotidianidad, y en donde también como expresó la lideresa Nasa Avelina Pancho, se ha reflexionado sobre algunas tendencias que han percibido dentro del movimiento feminista el cual tiende a “homogeneizar la lucha de las mujeres bajo un solo perfil […], relegando las necesidades y visiones de carácter cultural, lingüístico y social que otras culturas poseen” (Gallardo, 2012 en Vanegas y Cárdenas, 2017).

La definición de que “la recuperación y defensa del territorio, pasa por el primer reconocimiento de que el cuerpo de las mujeres ha sido expropiado históricamente” y por lo cual “es primordial como principio feminista de mujeres comunitarias, la recuperación de este primer territorio de energía vital” (Entrevista a Marylen Serna, vocera del Coordinador Nacional Agrario [CNA] en Vanegas y Cárdenas, 2017: 85) ha venido acompañada de reflexiones sobre los feminismos.

Para el Comité de Mujeres de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro: “el discurso que se construye no debe ser de arriba hacia abajo, sino que las transformaciones y reflexiones se construyen de abajo hacia arriba” (ACIT, 2013, como se citó en Vanegas y Cárdenas, 2017). Esta organización comunitaria de mujeres campesinas del Cauca creada en el 2001 que abrazan lemas como “autónomas y libres”, “resistimos a la guerra”, “sembremos comunidad, cosechemos soberanía”, desde el 2017 identifican sus prácticas como feministas: “creemos que nuestro trabajo es feminista, encontrarnos en las cocinas, en las huertas, en el trabajo, desde el trabajo en el territorio donde podemos hablar entre nosotras es un espacio feminista, feminista campesino” (Encuentro Comité de Mujeres ACIT, citado en Vanegas y Cárdenas, 2017: 97).

Paralelamente, las organizaciones de mujeres también se han propuesto propiciar espacios de diálogo interculturales trascendiendo fronteras de lo identitario y étnico. Mujeres afrodescendientes, indígenas y campesinas se han venido encontrando reconocieron diferencias entre sus procesos organizativos, compartiendo experiencias y estrategias de lucha, además de dar lugar a reflexiones sobre asuntos culturales, tradicionales y sobre la urgencia de la construcción de paz (Vanegas y Cárdenas, 2017).

Queda expuesto cómo en defensa de los territorios ante la avanzada del capital global neoliberal y de las lógicas —propias de la modernidad— del individualismo y del consumismo, surgen, no sin tensiones, desde los mismos espacios de encuentro, diálogos e intercambios entre los movimientos étnico-territoriales latinoamericanos, entre regiones y procesos distintos al interior de Colombia y entre una pluralidad feminista, referencias práctico-teórico-políticas, que se nutren de coordenadas ancestrales, pero no se limitan a ellas, y van consolidando un pensamiento autonómico, en el cual las nociones de lo comunal son el pilar de la autonomía. Aquí, el pensamiento de la tierra, vinculado a la territorialidad que tiene que ver con la conciencia que toda comunidad posee sobre la relación entre la Tierra intrínseca, con la propia existencia, y la de otros seres vivos, configura o hace parte de ontologías o mundos relacionales (Escobar, 2016), otros modos de existencia^[16], de desear, que permean e intercambian territorios urbanos, suburbanos, rurales.

Si la primera década del siglo XXI estuvo caracterizada por el aplacamiento de los procesos organizativos sobre todo vinculados al movimiento estudiantil y sindical a causa de la represión estatal, paraestatal y de la presión de capitales nacionales y transnacionales, fue fundamental la efervescencia y la lucha política desplegada por el movimiento indígena, campesinas, afro y dentro de estos por las mujeres. Fue ejemplar la Consulta popular en contra del TLC en el 2005, que logró frenar por cuatro años la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE. UU. y sentó precedentes en el país en términos del derecho de las comunidades a decidir sobre el destino de los territorios; la organización del espacio comunitarios de lucha como la Minga^[17] interétnica e intercultural, que surgió en el 2004 como una propuesta política y de acción indígena, con perspectivas de aliarse con otros sectores sociales y territoriales; los Tejidos para la Vida en la región del Cauca; el surgimiento de procesos organizativos como Marcha Patriótica (2010), el Congreso de los Pueblos (2010) a nivel nacional, y el fortalecimiento del Proceso de las Comunidades Negras organización surgida en 1993.

La paz sin mujeres no va

Como hemos visto hasta aquí, la construcción de poder, desde la base de mujeres populares, incluye como temas centrales el abordaje de las distintas violencias que se ejercen sistemáticamente sobre sus cuerpos feminizados y sus comunidades, la lucha contra el modelo económico y la defensa de la paz como parte de la defensa del territorio y de la vida.

En las negociaciones que precedieron a la firma de los Acuerdos de Paz (2016) entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se incluyó como característica excepcional el enfoque de género. Este logro que no tiene antecedentes en ningún otro proceso de paz suscrito previamente en el mundo, es el resultado de la lucha histórica de mujeres organizadas, aquellas que han sido víctimas del conflicto, quienes se propusieron circunscribir de forma activa la participación de las mujeres en este proceso con la consigna “La paz sin mujeres no va”, como parte de sus reclamos por la visibilización y reconocimiento como sujetas políticas que vienen organizándose y generando herramientas para asumir las vocerías de sus propias voces (Claros, 2017).

Pero también surgió de la Subcomisión de Género en la Mesa de Conversaciones de la Habana, Cuba, de la que hacían parte mujeres representantes de las FARC-EP, quienes se propusieron cuestionar las lecturas victimizantes sobre la participación de las mujeres en el conflicto político, social y armado colombiano, conformando una apuesta feminista propia que llamaron “Feminismo Insurgente” liderada por Victoria Sandino (vocera de las FARC-EP en la Subcomisión), desde donde recuperan su experiencia como combatientes de un grupo armado.

La relevancia de estas medidas es evidente, incluso en la arremetida que desencadenaron los partidos conservadores y las iglesias evangélicas, quienes realizaron una ardua campaña de desprestigio contra lo que llamaron “ideología de género” y en defensa de la familia patriarcal hegemónica. Sin embargo, pese a estas reacciones desfavorables para la implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades de las mujeres, los debates que se generaron dentro de las organizaciones y movimientos sociales y que fueron promovidos por las mismas mujeres, contribuyeron a construir una superación de la visión reduccionista de la paz, entendiendo que esta no puede dejar de lado los aspectos estructurales causantes de un conflicto que persiste desde la conquista, y en donde el Estado más que cumplir un rol garante de los derechos, ha actuado como dinamizador de la violencia. Así fue como lo manifestaron integrantes de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro que hace parte de la Red de Mujeres de Oriente de Cali, para quienes la construcción de paz implica justicia social, económica, política y cultural, a partir de una construcción más integral, que contemple lo cotidiano y lo territorial como problemáticas que afectan su realidad   (Colombia Informa, 2015). Resulta muy significativo que la negociación y acuerdos “permitieron renovar las demandas e incorporar otras reivindicaciones, como los temas ambientales, territoriales, de derechos humanos, de género y étnicos, entre otros” (Caruso y Beltrán, 2021).

Por otro lado, el proceso de paz produjo un nuevo escenario político porque consiguió desmontar el concepto del “enemigo interno” y condujo a una reactivación de la movilización social a partir de la interpretación de algunas organizaciones que vieron en el momento, una apertura política. Menciono algunas de las movilizaciones y procesos más relevantes: el movimiento estudiantil en el 2011, el paro agrario en 2013, la conformación de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, las movilizaciones del 2016 en defensa del Acuerdo de Paz, las huelgas de maestros y los paros cívicos en la Costa Pacífica, las movilizaciones estudiantiles y el paro nacional universitario en el 2018 (Caruso y Beltrán, 2021).

Pandemia y resistencias

El antecedente más próximo del estallido social fue el paro nacional convocado en noviembre del 2019 mientras transcurría el primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Centrales obreras, organizaciones sociales, indígenas, afrodescendientes, campesinas y estudiantiles se movilizaron contra un proyecto de reformas (laboral, tributaria, financiera y pensional), en rechazo al total incumplimiento en los procesos de implementación de los acuerdo de paz y frente a la dramática situación humanitaria^[18].

Desde estas movilizaciones masivas donde se pudo apreciar nuevas modalidades de acción colectiva (como cacerolazos, iniciativas artísticas de distintos tipos, formas novedosas de organización territorial, entre las que se destacan las asambleas barriales), surgió un Comité del paro nacional encabezado por las centrales obreras y organizaciones sociales y políticas que entraron en tensión con otros sectores que expresaron la necesidad de generar nuevas formas de representación, organización y vocería (Caruso y Beltrán, 2021). Luego del breve receso que impuso la cuarentena y a causa de esta, se reactivaron nuevamente las movilizaciones, esta vez, impulsadas por la crisis alimentaria y sanitaria que puso al descubierto la estructura elitista y racializada de las instituciones, destapó la precariedad del 47,8 % de la población que vive del trabajo informal y de los ingresos que generan a diario. Mientras el gobierno, como denunciaron pueblos indígenas y afrodescendientes, usaba la pandemia para acelerar la entrada de megaproyectos extractivos multinacionales en los territorios, en los barrios populares de las ciudades la situación se reducía a “morir de hambre o morir por covid”, bajo la falsa dicotomía sostenida por el gobierno: economía o salud.

Como en zonas rurales la ayuda nunca llegó, las comunidades y organizaciones rurales llevaron a cabo sus propios protocolos de seguimiento, protección y atención. Claramente con límites, a causa del desabastecimiento de suministros y equipos sanitarios, pero esta articulación sirvió para fortalecer la consolidación de redes de autonomía alimentaria (Caruso y Beltrán, 2021), y ante todo propició aproximaciones entre procesos regionales.

Por su parte, las mujeres de sectores populares en las ciudades enfrentaron una nueva crisis de cuidados, muchas quedaron desempleadas. Sin embargo, a través de la emergencia sanitaria que puso en el centro del debate lo que sostiene la vida (los territorios del cuidado), muchas acompañaron las protestas contra el hambre desplegando estrategias y formas de trabajo cooperativo. Lo que supone desde una perspectiva feminista recombinar lo que la lógica del capitalismo y la división social del trabajo ha dividido: la producción, reproducción y consumo, desprivatizando la reproducción por medio de la puesta en común o colectivizando el trabajo doméstico y el trabajo cotidiano, rompiendo el aislamiento de la vida del hogar, para generar una producción de los comunes, entendiendo bien común como “la apuesta en común de los bienes materiales [que] supone un mecanismo por el cual se crea el interés colectivo, además de lazos de apoyo mutuo” (Federici, 2013: 291). Todo esto se ha ido condensando, como planteó Francia Márquez, en un cuestionamiento desde lo cotidiano de los “extractivismos como locomotoras del desarrollo, sus modelos, ideales de vida, abriendo espacio para imaginar sistemas productivos agroecológicos desde las economías populares, comunitarias, circulares y feministas” (Facultad de Ciencias Sociales UBA, 2021, 1:10m54s).

Las organizaciones feministas en Colombia, contrarrestaron la negligencia del Estado con articulaciones entre organizaciones feministas y sociales, generando dispositivos para proveer seguridad alimentaria a través de rutas de emergencia construidas desde abajo, usadas para la entrega de mercados, pero también para el rastreo y acompañamiento de violencias de género^[19]. En las ollas comunitarias se problematizó la sobrecarga de tareas de cuidado sobre las mujeres y los cuerpos feminizados desde redes como TodasSomosTodes^[20] o con consignas como “mi trabajo en casa también vale porque es aporte social y económico”^[21], que habían madurado a través de los trabajos de las organizaciones feministas pero que adoptaron nuevas formas y desafíos en medio de la crisis y las cocinas comunales en la calle. Estas redes de apoyo, en clave de la economía de cuidado, brindaron contención emocional y social de forma colectiva, y fortalecieron estrategias que potencian las otras economías a través de la recuperación de espacios para la siembra y la plantación colectiva, creando procesos de convergencia organizativa entre subjetividades diversas afectadas por el modelo neoliberal.

Cocinando un país para la vida digna

Considero que estas experiencias desplegadas tanto en los territorios rurales como en zonas urbanas fueron la antesala del levantamiento popular de 2021. Más que ensayos, consolidaron proximidades, instalaron debates y horizontes de lucha, en donde las prácticas y reflexiones teóricas feministas junto con las comunitarias de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes ganaron espacio gracias a la deslegitimación del gobierno por escándalos de corrupción y sus vínculos con la narcopolítica, el abuso de poder por parte de la Fuerza Pública^[22], el agotamiento de la narrativa guerrerista y las arbitrariedades injustificables cometidas contra una población llevada a los límites, junto con la exhibición de las políticas de un gobierno derechista desconectado de las necesidades de amplios sectores del país.

Pero también, es el resultado de la migración de ideas fuerza, de territorios que se amplían a través de alianzas (Gago, 2019), como ilustra la escena con la que se inauguró el paro nacional que derivaría en el estallido social: el derribamiento de la estatua del conquistador y violador de mujeres indígenas, Sebastián Belalcázar. Entre gritos y cuerdas, indígenas Misak no se proponían con esta acción juzgar el pasado colonial, violento, racista, desigual y jerarquizado con los ojos y valores del presente, sino desmontar la vigencia de las herencias del colonialismo y racismo en las sociedades contemporáneas (Pérez Benavides y Vargas Álvarez, 2020). Así como fue transversal el levantamiento popular en Colombia, el derribamiento de estatuas coloniales también se desparramó por todo el país. Acompañadas con la consigna “a tumbar para avanzar” estas acciones interpelaron no solo a las poblaciones indígenas, sino a las diversas subjetividades subalternizadas que participaron de la insurrección popular.

De esta manera, como posibilidad de movilización desde abajo, se vienen consolidando tejidos mediante distintos tipos de alianzas entre pobladoras urbanas, indígenas, campesinas, negras, con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, desde la multiplicidad étnica y cultural y desde los distintos espacios sociales y territoriales, con el propósito de generar apuestas políticas para enfrentar la discriminación que se expresa bajo diferentes sistemas de opresión^[23]. Entretejiendo experimentación social y disputa de poder en los territorios en defensa del cuerpo-territorio como modo de “recomunalizar la vida” frente al avance extractivista (Escobar, 2018), estas tramas surgen a partir del reconocimiento de esta pluralidad de expresiones culturales, políticas, de género que implican distintas formas de entender y relacionarse con lo colectivo, el territorio, la naturaleza, pero que coinciden en la importancia de colocar la reproducción de la vida humana y no humana en el centro de la lucha popular frente a políticas de muerte.

Este encuentro entre polifonías de sentidos de lucha deviene de la profundización en la comprensión crítica de la realidad social a partir de la investigación y construcción de conocimientos desde las prácticas cotidianas, experiencias organizativas y saberes situados que emergen como expresiones propias de los contextos, pero particularmente de los espacios de intercambio interculturales entre regiones y procesos desde una perspectiva feminista. Esto ha implicado no solamente disputar espacios al interior de los procesos políticos en los que participan mujeres y disidencias, sino también incidir en la relación con los movimientos más amplios que a su vez construyen redes que articulan en diferentes escalas (Red Popular de Mujeres de la Sabana, 2017).

Si bien las movilizaciones quedaron fuertemente rezagadas después de la brutal violencia desplegada por el gobierno contra la protesta social —y aunque distintas instancias internacionales condenaron este accionar y pese a esto continúen los señalamientos, asesinatos de líderes sociales, persecuciones de jóvenes manifestantes y periodistas— hay logros históricos. Sin duda uno de los más importantes es la aprobación de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación luego del fallo a favor de la Corte Constitucional de Colombia el 21 de febrero del 2022, lo que no habría sido posible sin el

incremento en la conformación tanto de organizaciones de base de mujeres, como de plataformas que las agrupan, junto con el aumentado en la vinculación de mujeres a organizaciones mixtas […] instalando debates sobre las condiciones de desigualdad para las mujeres y otros géneros en las distintas esferas de la vida, incluyendo la misma organización, así como su visibilización de sus condiciones y reclamos (Claros, 2017).

En este momento en Colombia se están reconfigurando nuevas formas de lucha, reiventando y deseando nuevas institucionalidades a partir de la resensibilización de los cuerpos-territorios que proponen los feminismos negros e indígenas, porque las comunidades piensan a los lugares que habitan como territorios de vida, y este fundamento central para las luchas indígenas y negras es profundamente feminista, anticapitalista y representa infraestructuras sólidas de contrapoder popular ante las arremetidas expansivas del neoliberalismo, resignificando la relación privado-público y las formas como se especializa el cuidado, las maternidades, las ideas de desarrollo.

De manera que la articulación entre el movimiento feminista, las luchas de las mujeres negras, indígenas, campesinas y de sectores populares ha sido muy importante frente a los desafíos que hoy la juventud colombiana está asumiendo. Enhebrando y relanzando saberes-poderes que portan las mujeres mayoras, con la creatividad, fuerza y alegría que les jóvenes movilizan; de la mano también de “la lucha de las mujeres urbanas [que reconocen] esa relación que los pueblos indígenas, afrodescendientes y las mujeres en lo rural mantienen con la tierra y la naturaleza como parte fundamental de la vida” (Vanegas y Cárdenas, 2017).

Entender de qué forma crecen, se transforman y conectan estas luchas, abriendo posibilidades de transformaciones políticas, institucionales y sociales, desde múltiples prácticas y perspectivas feministas en los diferentes territorios, con antimonumentos como la escultura de La olla comunitaria construida por jóvenes en los barrios en homenaje a las cocinas callejeras que alimentaron a los manifestantes durante el paro nacional en conexión con nuevas formas de gobierno que se opongan a la lógica de guerra, el extractivismo y las violencias que han caracterizado la historia del país, con sus complejidades y contradicciones, habilitando espacios para “hablar de una reforma agraria y feminista” (Facultad de Ciencias Sociales UBA, 2021, 1:10m27s). Implica seguir tratando de romper la configuración de lo sensible donde se definen las partes o ausencias, disputando la existencia de un escenario común, y la existencia y calidad de quienes están ahí (Rancieré, 1996), desde los feminismos comunitarios, indígenas, negros y urbanos, acercando las pedagogías del ubuntu de las mujeres afrodescendientes, con la pedagogía de la minga que enseñan las mujeres de los pueblos originarios, y convergiendo en procesos que se nombran y se definen en las mismas luchas: ahí, donde las aspiraciones polimorfas y prácticas políticas que resisten a ser nuevamente contenidas en formas políticas anteriores y que más bien se orientan a erosionar y desbordar los limites morales y políticos inscritos en el imaginario social (Gutiérrez, 2017).

Mientras se escribía este artículo se produjo por primera vez la victoria electoral presidencial de una coalición progresista y popular en Colombia. Como fórmula vicepresidencial ganó Francia Márquez, y lo hizo “radicalizando el alcance del proyecto político de esta coalición electoral en torno a valores y orientaciones políticas que no habían hecho parte hasta el momento, del repertorio discursivo de los círculos de poder” (CLACSO TV, 2022). Este triunfo representa un clivaje en la manera tradicional de interpelar lo político, con una propuesta que sitúa en el centro las luchas antirracistas, feministas y ambientalistas junto con la defensa del territorio. Estos procesos representan la apertura de un nuevo escenario político que está por construirse.

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Reflexiones sobre los feminismos en Ecuador
por Alejandra Santillana Ortiz

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Sobre la autora

Natalia Hernández Fajardo es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, activista feminista e integrante de Revista Amazonas. Actualmente realiza la especialización en Epistemología del Sur en CLACSO. Durante los últimos diez años participó de experiencias de autonomía feminista, procesos comunitarios y populares a través de la serigrafía, las artes audiovisuales y la escritura, como un intento por combinar diferentes lenguajes y formas de acción política e investigación. Investiga las relaciones entre la acumulación capitalista, colonialismo y el protagonismo de las mujeres afro e indígenas en los conflictos sociales en Colombia desde la ecología política y las perspectivas feministas. Colabora con diferentes medios independientes escribiendo sobre conflictos sociales y resistencias feministas.

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Notas

^[1] Asumiendo que existen prácticas de resistencia de mujeres que muchas veces sin nombrarse feministas intervienen en patrones de opresión desmontando artificios coloniales desde abajo (Red Popular, 2017).

^[2] Para profundizar en el análisis del paro nacional recomiendo el dossier Against The Day de la Revista South Atlantic Quarterly, de abril de 2022, que he compilado junto con Alioscia Castronovo, cuyo título es From National Strike to social uprising in Colombia. Recuperado de https://read.dukeupress.edu/south-atlantic-quarterly/issue/121/2 y la lectura de nuestra introducción  Social and Popular Struggles in Colombia en https://doi.org/10.1215/00382876-9663688

^[3] Poderosos grupos que se convirtieron en gestores armados de la violencia. Estas estructuras están organizadas y financiadas por una compleja alianza entre narcotraficantes, grandes ganaderos, élites políticas nacionales y regionales y FF. AA. orientadas a tareas contrainsurgentes, pero dedicadas fundamentalmente a ampliar la riqueza de empresarios y terratenientes a través del despojo de tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos (Caruso y Beltrán, 2021).

^[4] Desde la década de 1990 la crisis humanitaria ha producido el desplazamiento forzado de más de 8,3 millones de personas (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2021: 24). Solo en el primer semestre de 2020 fueron desplazadas más de 16 000 personas (Caruso y Beltrán, 2021).

^[5] Un caso ampliamente abordado para el “análisis de la violencia sistemática contra las mujeres indígenas como componente central del conflicto interno es el de Guatemala”, en donde “las fuerzas militares actuando paraestatalmente” violentaron mujeres “como forma de disolver el tejido social, sembrar desconfianza y romper la solidaridad comunitaria” (Segato, 2016:  65).

^[6] Este tema está más ampliamente profundizado en la ponencia “Las mujeres como ‘botín de guerra’. Violencia de género y colonialismo en las comunidades indígenas de Colombia”, presentada en las Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (Hernández, 2021).

^[7] Un acuerdo bilateral firmado entre Estados Unidos y el gobierno colombiano mediante el cual la potencia norteamericana buscó controlar la producción de droga, el tráfico y la actividad de las guerrillas, “constituye una estrategia de control de la región andina como un todo (incluyendo la región del Amazonas relacionada con los países andinos)” (Escobar, 2011: 81). Su primer paquete millonario de financiación (2000-2002) fortaleció la militarización, fumigación indiscriminada y el conflicto armado como consecuencia.

^[8] Con narcopolítica me refiero al diseño institucional de un Estado y la política permeados por una armoniosa articulación entre narcotráfico, modelo neoliberal y las estructuras de relaciones entre poderes locales e internacionales. En Colombia se producen sucesivamente escándalos que revelan vínculos entre personas del gobierno o familiares con los paramilitares y narcotraficantes.

^[9] Tendencia a la exclusión social y política cada vez más amplia de “segmentos de la población que viven bajo condiciones materiales de alta precariedad y en amenaza de desplazamiento y muerte” (Santos, 2002, en Escobar, 2011: 82).

^[10] Recientemente, investigaciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP) reconocieron que

fueron alrededor de 6240. Los familiares de las víctimas hablan de más de 10 000 jóvenes. El anunció de la JEP, fue uno de los motivos que contribuyó en la pérdida de legitimación del Gobierno del presidente Duque, agravando la indignación de la población.

^[11] Estas son algunas de las conclusiones que elaboramos en conjunto con la socióloga Agustina Paredes en la investigación “Resistencia y organización de las Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- en Argentina y Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), de Soacha y Bogotá en Colombia, frente a la desaparición forzada de sus hijes, en el marco de procesos sociales genocidas”, como parte del trabajo del seminario de investigación “El sistema de campos de concentración en Argentina: aportes a los procesos de juzgamiento de crímenes de Estado” de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires.

^[12]  Este concepto lo recupero del trabajo sobre “desaparición forzada” realizado por Daniel Feierstein (2007).

^[13] Rudy Amanda Hurtado-Garcés escribe en Diaspora. Dialéctica de los mundos afropacíficos. Recuperado de https://diaspora.com.co/la-ombligada-es-una-practica-ancestral-de-algunas-comunidades-negras/

^[14] La capacidad de diálogo e incidencia de estos feminismos plurales con el entorno ecológico (Quiroga, 2020: 33) se confirma en su contraparte: estudios demuestran que existe una relación clara entre la intensidad de los conflictos ambientales con el modelo de desarrollo extractivo (Portal Colombia en Red Popular) a su vez “mapeos sobre la relación entre redes ilegales y grupos criminales asociados al extractivismo minero muestran  que se ‘han incrementado los procesos de violencia que afectan específicamente a mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas’” (Ulloa, citado en Gago, 2019).

^[15] Entrevista realizada por Carolina Sanín a Francia Márquez en el programa Dominio público de Canal Capital. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=onfYCBl3Ij4 (Acceso: 10 de enero de 2022)

^[16] Me refiero a “modos de existencia” y no a “modos de producción” (Navarro, 2013, como se citó en Gutiérrez, 2017).

^[17] La Minga es una práctica ancestral vital para la existencia de los pueblos en sus territorios. En ella convergen todas las personas de la comunidad con el fin de llevan a cabo un propósito común a través del esfuerzo colectivo.

^[18] Desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 15 de agosto de 2022 se han producido 1341 asesinatos de Liderxs y defensores de derechos humanos —337 firmantes del Acuerdo de Paz— y 329 masacres (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [INDEPAZ], (s.f.). Entre los casos que tuvieron más repercusión mediática fueron los asesinatos de las defensoras de sus territorios: las gobernadoras indígenas Cristina Bautista Taquinas y Sandra Liliana Peña Chocué, y la lideresa afrodescendiente María del Pilar Hurtado de 34 años, quien fue asesinada en territorios que se encuentran militarizados por el Estado.

^[19] Organizaciones feministas y trans denunciaron la intensificación de los abusos de la policía bajo las restricciones de movilidad con base al género que dispuso por ejemplo la Alcaldía de Bogotá.

^[20] Entrevista realizada a Rocío Garzón integrante del Movimiento Popular de Mujeres La Sureña. Recuperado de https://www.elsaltodiario.com/mapas/pandemia-resistencias-colombia-bogota

^[21] Esta consigna surge del trabajo desarrollado por la Red Popular de Mujeres de la Sabana para quienes la problematización del trabajo del cuidado ha sido un tema fundamental.

^[22] Durante el 2020 en resonancia con el Black Lives Matter, en Colombia se desarrollaron masivas protestas contra el abuso policial y racista de la Policía Nacional, luego de que se viralizara un video semejante al que detonó las protestas en Estados Unidos. Por otra parte, en junio del mismo año tuvo gran repercusión el caso de una violación masiva cometida por soldados del Ejército Nacional contra una menor de edad de la comunidad indígena embéra katío.

^[23] Recomiendo la lectura del libro de la Red Popular de Mujeres de la Sabana (2017), en el cual esta organización conformada por mujeres que habitan y trabajan en los municipios que rodean Bogotá, en su mayoría ligadas a la agroindustria de flores, presentan una serie de reflexiones y análisis sobre el feminismo popular, a partir de sus experiencias y en diálogo con organizaciones feministas diversas de Colombia.

Introducción

Pensar los feminismos en países primario exportadores —cuyo patrón de acumulación capitalista rentista y poco industrializado coexiste con enormes sectores de trabajo no remunerado, jornadas laborales extenuantes y economías familiares campesinas, agudizado por el neoliberalismo— es una tarea compleja que requiere, entre otras cosas, reflexionar sobre la naturaleza del poder que determina en gran medida la cultura política y condiciona la dinámica del campo popular ecuatoriano^[1]. Esta dinámica se ha caracterizado por mantener la movilización contra el proyecto de las élites por más de treinta años, bajo la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y en los últimos años por la articulación del Colectivo de Organizaciones Sociales que agrupa también al Frente Popular (FP) y al Frente Unitario de Trabajadores (FUT). El campo popular del Ecuador ocupa un lugar importante en el quehacer político del país, y en la posibilidad o no de frenar, limitar o impugnar el proyecto de los sectores empresariales y la derecha.

A partir de 1990, el primer levantamiento indígena desde el retorno a la democracia —-en 1979—-, marcó el escenario político de las siguientes décadas: el cuestionamiento al Estado nación y el planteamiento de la plurinacionalidad; la creación del movimiento político Pachakutik y su apuesta por los gobiernos locales alternativos; la participación en la caída de tres presidentes entre 1997 y 2004; el freno al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; la lucha contra los intentos de privatización de los sectores estratégicos, contra el imperialismo de las empresas petroleras, entre otros. A pesar de las profundas transformaciones y de fenómenos como el de la Revolución Ciudadana y el gobierno de Rafael Correa (2006-2016) que puso al campo popular en una serie de tensiones y divisiones internas, no ha habido un solo año en el que las organizaciones históricas no hayan salido a las calles, cuestionando y ampliando el contorno que la política de lo posible ha dejado.

La herencia organizativa y la memoria vital del saqueo y el despojo se hicieron presentes en octubre de 2019, con un levantamiento indígena y popular que duró doce días y que paralizó el país, obligando a que el gobierno neoliberal de Lenín Moreno retroceda en sus intentos por eliminar el subsidio a los combustibles y asestar un nuevo golpe a la economía popular. Este texto inicia en ese momento de la historia reciente del Ecuador y recorre algunos hitos centrales ocurridos en los últimos tres años, concentrándose fundamentalmente en el quehacer de los feminismos que convergen en Quito^[2].

El propósito es analizar el carácter de estos feminismos y cómo decantaron luego del paro de 2019, los intentos de articulación posterior y los elementos que definen este contexto de crisis política, social y económica profundizado por la pandemia. Propongo entonces una interpretación sobre los debates, dinámicas y significados que una parte de los feminismos en Ecuador han adoptado en estos últimos años. Para hacerlo me apoyaré en el diálogo con seis compañeras feministas: Belén Valencia Castro, de Ruda Colectiva Feminista y parte de las primeras líneas en el paro 2019; Cristina Burneo Salazar, del movimiento de mujeres y parte de Corredores Migratorios; Sinchi Gómez, Trenzando Feminismos y Wambra Radio Comunitaria; Camila Aguirre, de la Juventud Revolucionaria del Ecuador y parte del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas; y dos compañeras militantes de izquierda revolucionaria, Amelia y Killa. Este relato analítico también recupera mi propia experiencia en el movimiento y las reflexiones generales sobre el quehacer de la dinámica de movilización en Ecuador.

Por último, estas ideas se inscriben en una manera de hacer feminismo que se nutre del internacionalismo como principio ético y estratégico, y que busca problematizar las particularidades y elementos comunes con el resto de Latinoamérica. Los ecos de la marea verde, la huelga feminista de los años pasados y las enormes movilizaciones contra los feminicidios en América Latina anteceden en términos generales a la profunda crisis económica de nuestros países y al nuevo pacto entre las élites neoliberales agravado en la pandemia. El resurgimiento de una política heteropatriarcal, racista y clasista desde el Estado se combina con oleadas antiderechos financiadas por grupos evangélicos y católicos reaccionarios, por un relativo agotamiento de los progresismos de inicios de los 2000, y por una ausencia de proyectos alternativos y masivos. El correlato ideológico neoliberal que cancela lo social y se ancla en una política de la identidad, forma parte del terreno en el que los feminismos actuales se desenvuelven, a veces sorteando desde lo popular y lo comunitario, otras desde la imposibilidad de politizar y construir algo común. Ojalá que lo que aquí se presenta aporte en la discusión histórica y situada de lo que ocurre con los feminismos en aquellos países que lograron parar masivamente en los últimos años, y que se permitieron al menos por un tiempo, desacomodar y tratar de elaborar otra manera de hacer política.

Algunas pistas para entender el campo popular ecuatoriano y los feminismos

Ecuador es un país ubicado en el corazón de Los Andes, cuenta con una población de poco más de diecisiete millones de habitantes, la mayoría autoidentificados como mestizos, pero con una enorme diversidad que agrupa a catorce nacionalidades y dieciocho pueblos indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio. Casi tres millones de ecuatorianxs viven en Quito, la capital situada en la sierra centro del país, que como muchas ciudades latinoamericanas ha tenido un acelerado crecimiento demográfico como consecuencia de la migración interna proveniente de las áreas rurales, la presencia de otros pueblos del continente como Venezuela, Colombia, Cuba, Perú y Haití, y la concentración de recursos y servicios. Es la capital política del Ecuador y es una de las ciudades donde se decide también parte del orden burgués y de las formas oligárquicas y de servidumbre que aún perviven en la estructura laboral y el patrón de acumulación. Es también el territorio en el que se decantan los paros indígena populares, es el espacio tomado simbólicamente con cada levantamiento, y es el lugar que acoge a las organizaciones que se desplazan para disputar decisiones que les afectan y así, en cuerpo colectivo, rotar la palabra enquistada. Aquí se expresa y moldea una buena parte del quehacer político nacional y de la dinámica del campo popular organizado, que visibiliza la relación trivalente entre la población y el Estado^[3]: con, contra y más allá de este (Santillana, 2019)^[4].

Esta condición de trivalencia está relacionada con el tipo de proyecto que las élites configuraron en el marco de una relación de dependencia con el incipiente capitalismo global, que al no contar con un proyecto nacional y bajo una caduca forma productiva, fueron organizando territorialmente a la población indígena así como moldeando el nuevo Estado. El carácter dependiente primario exportador de la economía ecuatoriana significó que el desarrollo del capitalismo estuviera determinado por la persistencia y coexistencia de relaciones de servidumbre así como de otras formas de reproducción social y precarización (trabajo no remunerado y sin derechos laborales); que paralelamente abrieron fisuras desde lo comunitario, permitiendo el sostenimiento de prácticas que serán también condición para procesos de insubordinación y sublevación como los que convergen en tiempos de paro y levantamiento.

Desde el retorno a la democracia a fines de los años 70, la incapacidad de las élites serranas y costeñas para construir un proyecto nacional hegemónico (cultural, civilizatorio y no solo enquistado en el control de la renta extractiva), y la fuerza de los movimientos sociales para desplegar iniciativa política y disputar el escenario, dieron paso a una conflictividad que fue incorporada en la dinámica política del país. Los tres presidentes derrocados entre 1997 y 2004, el levantamiento de 2019, así como muchos de los triunfos de las organizaciones frente al proyecto neoliberal de las élites pueden explicarse a partir de esta forma particular.

Como vemos, el Estado no aparece como una estructura cerrada, lo suficientemente fuerte para disciplinar por consenso y de manera permanente a los sectores subalternos^[5]. Y por consiguiente, lo político no se configura únicamente en el Estado: lo público no estatal se fue conformando como un ejercicio colectivo e histórico, entre palabra, creación y acción de los movimientos sociales, sobre todo del movimiento indígena.

Sin embargo, esa característica se vio trastocada y tensionada en el periodo progresista de la Revolución Ciudadana, debido entre otras razones a que el fortalecimiento del Estado como eje posneoliberal, significó que este adquiera un rol de arbitraje (Unda, 2019) que dificultó, limitó y frenó las posibilidades de autonomía popular^[6] mediante el uso de mecanismos como la criminalización de la protesta y la judicialización de más de cuatrocientos dirigentes indígenas, maestrxs, jóvenes, estudiantes; la deslegitimación y aislamiento de los movimientos sociales expuestos como infantiles, siempre “haciéndole juego a la derecha”; y la creación por parte del movimiento oficialista de estructuras paralelas que buscaron romper y erosionar a las organizaciones sociales del Ecuador. Se produjo “una estatalización de la vida de las organizaciones, en donde no existió un momento donde el Estado no tuviera el ojo puesto” (B. Valencia, Ruda Colectiva Feminista, comunicación personal, 2021).

La modernización capitalista conservadora que fue parte también del proyecto progresista implicó por ejemplo, el pacto del correísmo con sectores antiderechos, con las tendencias más reaccionarias de las iglesias y con cierto grupo empresarial que se vio beneficiado por el subsidio permanente del Estado para el desarrollo de sus intereses. Resultado de ese pacto, es el que encontramos en la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, COIP, en 2014 que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos producto de una violación^[7]. O por ejemplo, el nombramiento de una declarada Opus Dei y antiderechos para la dirección de la Estrategia Nacional de Erradicación y Prevención del Embarazo Adolescente, que tuvo como propuesta emblemática, la abstención, elevando las cifras de embarazo de las jóvenes en todo el país.

Las tensiones, conflictos y rupturas en las organizaciones sociales durante el periodo correísta fueron parte importante de la dinámica de conflictividad del campo popular: “El correísmo nos desmovilizó, pero también hizo algo fundamental, sirvió para desenmascarar las voluntades políticas” (Amelia, izquierda revolucionaria, comunicación personal, 21 de diciembre de 2021). En el caso del movimiento feminista implicó la aparición de corrientes en defensa de la Revolución Ciudadana, que a pesar de proclamar ciertos derechos en situaciones coyunturales, no tuvieron reparos en subordinarse a las directrices antiderechos del mismo ex presidente Correa -quien en 2013 amenazó con renunciar si se avanzaba en la despenalización del aborto- o hacer silencio frente a las declaraciones de burla o deslegitimación contra las mujeres de sus propias organizaciones o partido; eso sin contar la ausencia de una postura crítica ante las mujeres encarceladas por abortar, la violencia extractiva en territorios amazónicos sostenidos por mujeres, o la criminalización de mujeres maestras e indígenas que cuestionaban desde la izquierda al régimen. Como sostiene Belén Valencia, “fue un feminismo antipatriarcal, pero que se subordinó al caudillo, al patriarca de Correa” (B. Valencia, Ruda Colectivo Feminista, comunicación personal, 2021).

Paralelamente, las tendencias anticorreístas en el movimiento feminista se dividieron entre aquellas que cuestionaban abiertamente al gobierno por su ejercicio patriarcal, por la política contra las organizaciones sociales y su proyecto desarrollista expansivo; y quienes se ubicaron en el lugar de la derecha y el liberalismo, criticando el patriarcado y las formas machistas del gobierno, pero ocultando su postura racista, clasista y pro uso del aparato represivo del Estado. Ambas tendencias se expresaron en el paro de 2019 y —como veremos a continuación— decantaron la composición y los planteamientos del propio movimiento, reactualizando las alianzas internas y mostrando la inexistencia de acuerdos a más largo plazo de los feminismos.

A las rupturas y cercanías de los feminismos determinadas por elementos ideológico políticos, se suman las tensiones que corresponden al cómo hacer, es decir a las diferentes maneras de cómo se hace política, se politiza, se ejerce poder, palabra y representación de la tendencia más hacia a la izquierda de los feminismos en Ecuador. Bajo esa perspectiva, propongo leer el carácter de los feminismos ecuatorianos desde la simultaneidad, la convergencia temporal y la tensión.

En cuanto a la simultaneidad, identifico por lo pronto, dos dinámicas territorializadas en los feminismos. La primera marcada por los feminismos quiteños, que por su lugar en la capital ecuatoriana, determinan gran parte de las demandas, las consignas y las estrategias que se adoptan en tiempos de coyuntura y en el que hacer cotidiano. Aquí se hacen más visibles las apuestas lobistas con el Estado, el carácter institucional de una parte de los feminismos y, también, las apuestas más “autonómicas”, que pliegan en momentos de coyuntura nacional, pero que la mayor parte del tiempo no confluyen en articulaciones feministas. La segunda es aquella que los feminismos y los espacios antipatriarcales por fuera de Quito establecen en cada territorio. Que tiene sus propias configuraciones de clase o de racialización, su propia temporalidad y relación con el Estado, quien suele marcar su existencia en el abandono de enormes territorios, sobre todo rurales, indígenas y afros, pero que se refuerza en el uso del aparto represivo o en el subsidio a las élites y las actividades extractivas.

Finalmente, a pesar de que en estos años ha aumentado la autoidentificación con el feminismo (sobre todo entre lxs más jóvenes), esta no se traduce necesariamente en un cuestionamiento y posicionamiento frente al capitalismo o al racismo, en la ampliación del tejido organizativo popular de los feminismos, ni tampoco en la construcción de espacios permanentes de articulación y convergencia que nos permitan cambiar la correlación de fuerzas. Y es que a la innegable diversidad de feminismos que decantaron en clave popular comunitaria luego del paro, se suman dos maneras de hacer política que merecen atención: la política de la identidad y la política en masculino, claros signos de un tiempo incierto, de crisis y subjetivación neoliberal.

Paro 2019: significados desde los feminismos

A inicios de octubre de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno anunciaba medidas económicas neoliberales que golpeaban directamente la economía de los sectores populares y capas medias. Fue el inicio de doce días de la mayor insurrección popular del Ecuador en los últimos 29 años. El Decreto 883 promulgado por Moreno, en concordancia con el acuerdo firmado con el FMI, definía la eliminación de los subsidios a los combustibles dando paso a un nuevo proceso inflacionario que afectaba a los sectores populares y capas medias mientras protegía los intereses de las élites^[8].

Ante este anuncio, el gremio de los transportistas arrancó con la protesta, y horas más tarde el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), la Conaie y el Frente Popular (FP), articulados en el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares, convocan a un paro por tiempo indefinido exigiendo la derogatoria del Decreto 883 y el fin del acuerdo con el FMI. Durante varios días, el pueblo se vuelca a las calles y carreteras del país, mientras que el discurso de las élites se sostenía en frases como “los indígenas son una minoría que no tiene nada que decidir en el Ecuador”, “recomiéndeles que se queden en el páramo”^[9], “son golpistas, les dirige el correísmo” o “vándalos que destruyen el patrimonio de Quito”, mostrando abiertamente el racismo estructural. Por su parte las organizaciones sociales, las izquierdas y las articulaciones que se fueron formando en esos días dieron paso a la creación de un Parlamento de los Pueblos que, a través de mesas temáticas y abiertas, construyeron un primer documento de alternativas a la crisis. Luego de 11 muertxs, 1340 heridxs, y decenas de personas que perdieron un ojo por la brutalidad policial, el movimiento indígena popular y el pueblo del Ecuador consiguen la derogatoria del Decreto 883, obligando al gobierno de Moreno a un diálogo público televisado con dirigentes de la Conaie.

En términos generales, el levantamiento de 2019 implicó una victoria inicial y temporal del campo popular ecuatoriano que mostró la importancia de la organización y la movilización para alcanzar demandas; la reafirmación de que las calles son un espacio necesario para las organizaciones populares; la urgencia de construcción de un espacio de articulación plural permanente de los movimientos sociales; entre otros (Santillana, 2020). A la par, develó la estrategia de coerción y represión que las élites están dispuestas a levantar para asegurar la continuidad de su proyecto rentista neoliberal y de control del Estado:

significó un proceso de afirmación de cómo el sistema capitalista, como el Estado actúa a favor de unxs y en contra de otrxs, y se vió en cómo a la policía no le importaba matarnos, reprimirnos, ahogarnos, con tal de que el decreto pase. Fue un proceso de desenmascaramiento de cómo el sistema capitalista actúa contra nosotrxs (C. Aguirre, Juventud Revolucionaria del Ecuador, comunicación personal, 2021).

Como en el resto de estallidos que se produjeron en ese año en el continente, lxs jóvenes adquirieron un lugar central. Durante la década de gobierno progresista en el que la disputa se volvía por momentos opaca y agravada por la judicialización de la protesta y la deslegitimación del campo popular organizado, las movilizaciones tuvieron como centro la construcción de un anticorreísmo, que no lograba romper el cerco organizativo y ampliarse hacia la participación masiva del pueblo ecuatoriano. De esa manera, el paro permitió que por primera vez las nuevas generaciones que habían crecido en la Revolución Ciudadana y sin aprendizajes militantes o de lucha callejera, pudieran ser parte de una pedagogía popular e indígena que disputaba el sentido político histórico en las calles y carreteras del país: “no era solo contra Lenín, era contra todo lo que habíamos vivido en esa década. Lenín fue solo la cereza del pastel” (B. Valencia, Ruda Colectivo Feminista, comunicación personal).

En ese sentido, también para los feminismos, octubre de 2019

interrumpió algunos sentidos que se venían dando sobre la política, la justicia, la inoperancia del Estado. Fue un desordenamiento de lo que venía pasando en el gobierno de Moreno, pero más allá de eso fue un momento de confluencia. Y se vio dónde está la fuerza de lo político, que es en lo popular (C. Burneo, Corredores Migratorios, comunicación personal, 2021)

Este desborde que desordenó el poder por unos días, y detuvo temporalmente el tiempo estatal del consenso, implicó una activa participación de las mujeres indígenas, populares y de sectores medios mestizos. La presencia de las mujeres en todos los frentes de lucha, y en la creación y mantenimiento de entramados de cuidado que permitieran el desarrollo de los doce días de paro (Vega y Aguirre, 2022), constituyeron una fuerza de trabajo determinante en la reproducción social de la lucha. Por un lado, se democratizó y amplió el desenvolvimiento de la protesta con la participación de las mujeres en espacios “tradicionalmente masculinos” como las primeras líneas y al mismo tiempo, se mantuvo la división sexual del trabajo dentro de la protesta.

En efecto, para “las mujeres que estuvimos disputándonos esas lógicas de feminidad, de sumisión, de control, de disciplina, el paro significó arrebatarle a la organización y a la solidaridad ese lugar obligatorio” (B. Valencia, Ruda Colectivo Feminista comunicación personal). Las mujeres que provenían de organizaciones y tenían experiencia en la bronca pudieron ocupar estos espacios y en cierta medida modificar los tradicionales roles de género, pero la mayoría de

las jóvenes que salieron a las calles por primera vez, cumplieron el rol que podían cumplir y regresaron al lugar que conocían. Creo que si bien la revolución revoluciona el binario, es tan fuerte el heteropatriarcado que nos devuelve a esos lugares, a esos roles por comodidad. Porque es muy difícil para una cuerpa tan permeada por el cuidado, salir de los lugares de cuidado (B. Valencia, Ruda Colectivo Feminista, comunicación personal, 2021).

A pesar de esto, el paro de 2019 permitió la confluencia de formas de politización previas, tejidas por los feminismos que entregaron a las mujeres la conciencia de su lugar histórico en la protesta y la potencia de su propia capacidad para construir otras maneras de hacer política-

Toda la historia nos han dicho que la mujer no puede, por ser simplemente mujer, y en este caso vimos eso, que las que estuvimos en todos los frentes (…) fuimos mujeres, compañeras organizadas o no, pero que en ese momento logramos organizarnos. Nadie estuvo suelto. Porque llegabas a los espacios y estaban encabezados por compañeras (Killa, izquierda revolucionaria, comunicación personal, 2021).

En el caso de las mujeres autoconvocadas, estaban en

lo que fuera necesario: lavar platos, escribir, ayudar a las mujeres a cuidar a sus wawas, comprar o conseguir pañales, denunciar, tomar fotos, estar presentes, colaborar con el análisis, con la práctica común de darle sentido al paro y formar parte de este cuerpo colectivo que sostenía, que estaba hecho fundamentalmente de mujeres. Como nunca, hubo un relato tan colectivo, y tan plural, de tantas voces que había que recoger (C. Burneo, Corredores Migratorios, comunicación personal, 2021).

Por su parte las jóvenes militantes de organizaciones de izquierda ocuparon varios espacios en los días de protesta: “entregando a lxs compas de la primera línea yogures y sánguches, que estuvieron durante muchos más días, y lo hicimos porque muchxs de ellxs no comían nada, venían y se iban caminando, consiguieron alguna casa de alguien cercano y ahí dormían. Hicimos esto para que se pudieran sostener en la lucha” (C. Aguirre, Juventud Revolucionaria del Ecuador, comunicación personal).

Se conjugan entonces tanto la dimensión política de cuidado como su carácter de reproducción social, que fue politizado por las propias compañeras:

Para mí ser mujer en el paro significó eso, ocupar el lugar reivindicativo, político, de fuerza, de sostenimiento, de solidaridad y cuidado. No era un lugar derivado del paro, ni un lugar secundario, había que demostrar, narrar que era ese el lugar de sostenimiento de la vida. Allí se hacía concreta la práctica común, material, intelectual, social, porque había una conciencia de cosas que siempre estamos discutiendo y que en ese rato se encarnaban, materializaban, se volvían un cuerpo colectivo. Ser mujer en ese momento fue poder ocupar un lugar en lo político que tantas reflexiones nos habían permitido, sostener, colaborar, practicar la solidaridad de modo feminista (C. Burneo, Corredores Migratorios, comunicación personal, 2021).

Se produce entonces una conjunción entre ese cuidado en relación a la reproducción social y a la materialidad de la vida, y el cuidado en una dimensión política: “nos cuidamos para seguir levantadas”, para rebelarnos ante las injusticias, porque en el cuidado somos cuerpo y práctica colectiva.

Para muchas, aún en organizaciones mixtas y de izquierda

fue saber que solo la lucha nos permite transformar las cosas, significó también comprender que sin mujeres no hay revolución, porque en octubre las mujeres no estuvimos solo en las tareas de cuidado, ni solo en los centros de acopio y acogida recibiendo la ayuda que venía de los barrios populares y medios para lxs hermanxs indígenas que se habían movilizado hasta Quito. Estuvimos en las calles, haciendo labor propagandística, en la primera línea, en todos los escenarios. Significó saber que somos un actor clave para las transformaciones que queramos hacer en este país y en el mundo (C. Aguirre, Juventud Revolucionaria del Ecuador, comunicación personal, 2021).

Este lugar protagónico, adquiere una visibilización mayor cuando en la mañana del 12 de octubre, las mujeres de la Conaie convocan a una asamblea que deviene en una marcha de mujeres que buscaba cambiar el sentido de lo que venían siendo ya once días de paro. En vez de ir hacia el centro de Quito donde habían transcurrido los enfrentamientos diarios con la policía y donde se encontraban los centros de acopio y de cuidado de lxs protestantes, las mujeres dirigen la marcha hacia el centro norte de la ciudad, zona financiera y de clases medias altas, con el propósito de llevar el debate político sobre lo que significaba el levantamiento hacia sectores que no estaban movilizados o presentes en el conflicto, cambiar la lógica de la movilización para frenar la brutal violencia policial que ya en ese momento había implicado asesinatos por parte de las fuerzas del Estado, y tomar la iniciativa política

las mujeres escucharon lo que los hombres nunca iban a escuchar, porque estaban pensando en la guerra. Blanca Chancosa^[10], Nancy Bedón^[11], todas ellas estaban pensando en cómo ganar el paro, no con más muerte, sino con el cuidado de la vida. Eso me parece histórico, porque la ganancia no era ganar en masculino, “tú y yo peleamos y vemos quién es más fuerte y el que es, gana”, si no en ganar la vida (B. Valencia, Ruda Colectiva Feminista, comunicación personal, 2021).

A las élites y la derecha, se suma la práctica estatal de racismo estructural que vivieron las compañeras indígenas:

ser mujer y ser indígena significó revivir de alguna manera, una memoria de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, frente a un contexto de racismo superfuerte, en el que ver pieles morenas juntas, caminando por la calle significaba riesgo, alertas a la policía, que es algo que nos pasó a mi y a mis hermanos, al llegar a nuestra casa que se nos vea como sospechosos, mis hermanos llegando de los espacios de acogida, yo llegando a ver cómo estaban mis hijxs luego de mi ejercicio de reportería (S. Gómez, Trenzando Feminismos, comunicación personal, 2021)

Por último, en ese espacio de confluencia entre mujeres que habilita el paro, se visibilizaron también las desigualdades y diferencias entre nosotras:

Blanca Chancosa, Cristina Cachaguay, eran las lideresas de las grandes organizaciones que estaban dándole sentido a esto, y poniendo límites. Yo nunca me voy a olvidar a la Blanca decirnos “yo entiendo que las feministas no quieran marchar con hombres, pero esta no es una marcha feminista, es una marcha de mujeres, los hombres pueden venir pero atrás”. Fue apelar a esas lógicas occidentales como el separatismo, que creo que igual son importantes, pero que ese día ellas significó “nosotras estamos poniendo los muertos, no ustedes blanquitas de la ciudad que hacen lobby feminista” (B. Valencia, Ruda Colectivo Feminista, comunicación personal, 2021).

Esas formas de politización y táctica diferenciada de las mujeres, mostrará las tensiones entre los feminismos y la construcción política de muchas mujeres indígenas que cuestionan las lógicas de un tipo de feminismo y que sin embargo, establecen una vía de confluencia y masividad que acoge a todxs. Al mismo tiempo, como veremos en la creación y quiebre del Parlamento de Mujeres, la subordinación y entrega de la posibilidad de hacer una política más autónoma y femenina/feminista/antipatriarcal será también parte de la dinámica aún presente en muchas compañeras de organizaciones mixtas, comunitarias y de izquierda.

La experiencia del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador

A inicio de diciembre de 2019, las dirigentes indígenas más visibles del levantamiento, Blanca Chancosa, Luisa Lozano, Nancy Bedón convocan a una reunión abierta entre mujeres, a las que acudimos organizaciones, colectivas, espacios que habíamos estado en el paro, con el propósito de hacer un análisis de coyuntura y posicionar una voz colectiva y plural que exija justicia y reparación para todas las violaciones de derechos humanos, crímenes y despliegue represivo del Estado ecuatoriano. El reconocimiento de que el paro había permitido decantar los espacios feministas en clave anticolonial, antiracista y anticapitalista y de que se necesitaba construir un espacio diverso que recogiera esas nuevas convergencias entre mujeres, alumbró la creación del Parlamento Plurinacional de Mujeres y Organizaciones Feministas. Como muchas no se reconocían en el feminismo, el acuerdo fue saldado proclamando el principio antipatriarcal. Se sumó el rechazo al correísmo, debido no solo a todo lo que significó para el campo popular la criminalización de la protesta y la persecución a las organizaciones históricas que habían protagonizado el paro, sino también a los intentos del correísmo y sus representantes para capitalizar el descontento popular del levantamiento, deslegitimando a las organizaciones históricas que exigieron la derogatoria del Decreto 883 sin caer en aquellos discursos que planteaban la salida de Moreno^[12].

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, el Parlamento acogió a una diversidad enorme de mujeres, disidencias, mestizas, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, mujeres de barrios populares, colectivos anticapitalistas, mamás, antifascistas, ecologistas, feministas que por un tiempo decidieron caminar juntas de cara a la coyuntura pero también imaginando un espacio de convergencia capaz de construir otra manera de hacer política.

Cuando llegué fue muy importante mirar que las mujeres habían construido autonomía a partir de un estallido social, con una mirada propia, plural, diversificada, donde los feminismos así como las posiciones de mujeres indígenas (conductoras, intelectuales y dirigentas) jóvenes confluían para formar un tejido poderoso y muy fuerte que iba a tener un camino de lucha social, fortalecida por ser diversificada, por venir de una confluencia de mujeres surgida a partir de octubre del 2019 (C. Burneo, Corredores Migratorios, comunicación personal, 2021).

En efecto, a partir de octubre y con la conformación del Parlamento de Mujeres, aparece de manera más amplia, la posibilidad de pensar la política en clave feminista, y ya no solo en clave masculina o patriarcal. Este sentido se hizo presente en el juicio político a la ministra de gobierno de Moreno, Maria Paula Romo, responsable de la represión en el paro y autoidentificada feminista liberal; en la preparación y movilización del 8 de marzo de 2020 que fue sin duda la marcha feminista más grande, diversa y popular que ha existido en la historia del Ecuador; y en la participación del Parlamento de Mujeres en la construcción de la Minga por la Vida, documento presentado por el Parlamento de los Pueblos como un mandato de los movimientos sociales que recogía un conjunto de propuestas para un contexto de transición posparo.

El Parlamento es un hito histórico para nosotras, la posibilidad de juntarnos en medio de la diversidad, en medio de esas diferencias del movimiento, hallar un punto de encuentro, de construcción política, me pareció fundamental. Significó en ese momento una respuesta feminista, de las mujeres a octubre, de sostener octubre, en tiempo y en memoria (S. Gómez, Trenzando Feminismos, comunicación personal, 2021).

Sin embargo, pese a esos enormes esfuerzos que abrían la posibilidad de construir una política no subordinada a la lógica estatal, a las elecciones o a las órdenes de los caudillos y patriarcas también presentes en las izquierdas y el campo popular, el Parlamento de Mujeres entra en crisis y muchas de las organizaciones y mujeres que levantaron trabajo político pedagógico desde su creación, salen del espacio. A los desencuentros internos sobre cómo enfrentar la violencia machista de hombres cercanos, se sumó el malestar generado por la persistencia de la división sexual del trabajo, la representación y el lugar del poder de las mujeres en el Parlamento de los Pueblos, que acogía el trabajo político, de edición, redacción, creación y propuesta del Parlamento de Mujeres para la Minga por la Vida, pero que en la disputa y visibilización política, volvía a borrar a las mujeres como protagonistas de octubre y actoras centrales en la disputa política y el sentido histórico. Esto implicó para las mujeres que eran parte de las organizaciones históricas y mixtas un lugar poco cómodo y abiertamente tenso, porque debían mediar entre los debates y reclamos feministas del espacio y los acuerdos propios y el carácter de sus espacios. Con la coyuntura electoral esto terminó por romper el Parlamento.

La decisión del conjunto de organizaciones pertenecientes al Colectivo Unitario, y de los movimientos y partidos políticos de izquierda en las elecciones presidenciales del 2021, fue determinante. Sin embargo, el apoyo al expresidente de la Ecuarunari, y referente en la lucha por la defensa del agua, Yaku Pérez Guartambel, candidato a presidente por Pachakutik, generó otro escenario de desencuentro y salida en el Parlamento de Mujeres. Muchas compañeras plantearon que el Parlamento debía sostener un respaldo claro y público a esa candidatura o al menos de rechazo a las fuerzas electorales de derecha, otras consideraron que eso no daba cuenta de las diferentes posturas frente a las elecciones, y varias consideraban que la posibilidad de construir otra manera de hacer política era mantener la autonomía del Parlamento sin comprometerse con el apoyo a tal o cual candidato, respetando lo que cada fuerza y organización definiera de manera particular. Esto no fue posible.

creo que nuevamente la política partidista nos jugó a la casita. Porque sigue siendo heteropatriarcal, sexista, sorda frente a lo que dicen las mujeres, lxs jóvenes, lxs niñxs, los maricas, es impresionante el nivel de sordera y ceguera de las organizaciones de izquierda. (…) en el Parlamento, se saltaron el acuerdo que teníamos que no todas somos iguales, y que nosotras no vamos al partido. Siento que pasó lo que ocurrió con Correa y el aborto, cuando las correistas nos traicionaron porque tenían al caudillo. Aquí quizás no había la cara del caudillo, pero sí la cara del partido y lo electoral. Y en el Parlamento fue así, sí claro tenemos varios acuerdos compañeras, pero el Colectivo Unitario necesita esto (B. Valencia, Ruda Colectiva Feminista, comunicación personal, 2021).

luego de octubre fuimos las primeras en decir organicémonos, nuestras diferencias no eran tan profundas para no trabajar en común, fue ese proceso de escucharnos todas juntas, debatir por horas, planificar, a darnos el tiempo, a sacarnos el sucio, pero fue ese proceso que nadie vio pero que nosotras vivimos, juntas ahí sentadas decíamos sí es posible construir otra forma de hacer política. El Parlamento de Mujeres fue la experiencia, la constatación de que es posible. El 8 de marzo fue brutal, frente al discurso vanguardista de izquierda, de siempre, una diversidad de mujeres decidió salir y protestar… pero otra vez nos separaron los hombres y sus elecciones (Amelia, izquierda revolucionaria, comunicación personal, 2021).

Las fuertes discusiones que se dieron en ese tiempo y las prácticas para cancelar el debate interno y restarle potencia al Parlamento, terminaron por diluirlo.

Lo que pasó después fue una domesticación demasiado rápida, más bien dicho creo que como dicen algunos filósofos de las luchas, algunas de las fuerzas de domesticación de las luchas pudieron más sobre el Parlamento, que su propia política que se construía ahí. ¿Por qué? Porque venía una coyuntura electoral, y esa idea domesticada y burocrática de la política, destruyó en gran medida la política propia que iba construyendo el Parlamento (C. Burneo, Corredores Migratorios, comunicación personal, 2021).

Quienes se quedaron en el espacio dejaron de pensar la articulación como un ejercicio político permanente, plural y vivo, y mantuvieron el Parlamento como espacio en momentos coyunturales. En la campaña electoral, emitieron comunicados de respaldo a Yaku Pérez, y convocaron a una movilización el 8 de marzo de 2021, que entre otras demandas exigía que no haya fraude en segunda vuelta y llamaba a defender la democracia. Con eso, se sentenciaba al Parlamento a convertirse en una articulación carente de vida propia, deslegitimada por su subordinación a la lógica estatal, electoral y sobre todo subordinada a la política en masculino.

resulta difícil pensar, por doloroso, que esa fuerza plural y política que se construía en el Parlamento de Mujeres fue entregada sin miramientos a un hombre, a un candidato presidencial, no importa cuál haya sido, pero el tejido se subordinó. La fuerza política que había en el Parlamento se subordinó a una coyuntura en donde nosotras no estuvimos presentes sino haciendo aportes que luego fueron invisibilizados, muchas compañeras hicieron aportes intelectuales, redactaron contenidos y materiales para la Minga por la Vida y otras líneas, que derivaron del estallido de octubre. Y todo ese trabajo que hicieron las mujeres para situar una idea propia de lo político basada en el sostenimiento de la vida, el cuidado y la defensa de la tierra, y la afirmación permanente de que somos un cuerpo colectivo se vio instrumentalizado por la política más burocrática y menos creativa que es la política electoral. Creo que ese fue el gran fracaso del Parlamento y ese sentido de derrota se quedó instalado luego, en muchos sectores sociales que habían pertenecido a él. Desde donde yo lo veo, no prosperó porque no se defendió la fuerza del Parlamento si no que se entregó lo que habíamos tejido entre muchísimas, a partir del levantamiento, se devolvió al patriarcado a partir de mecanismos y engranajes, y esa incapacidad de vernos en nuestra propia fuerza para mi resultó en una desarticulación, en una dispersión de una fuerza que el Parlamento había logrado construir durante los primeros seis meses (C. Burneo, Corredores Migratorios, comunicación personal, 2021).

Como hemos visto en la experiencia del Parlamento de Mujeres, las propias dinámicas en tensión de los feminismos y la disputa por la forma de hacer política, se conjugaron con un tiempo de crisis económica y de salud producto de la pandemia, Estado de excepción y un encierro obligatorio que minó aún más las posibilidades de articulación feminista, en donde la virtualidad se convirtió en el principal espacio de socialización y toma de decisiones. A pesar de que algunas compañeras que están en el Parlamento^[13] siguen mirándolo como un espacio donde se pueden hacer cosas, la posibilidad de la autocrítica fue borrada del propio debate feminista. Nuevamente la poca voluntad de cambiar el legado de una cultura política que invisibiliza las posturas diferentes, la crítica constructiva y el conflicto como motor de la dinámica organizativa, se hizo presente. Y en esa cancelación, la política en masculino volvió a determinar nuestra temporalidad y autonomía, volvió a colocar a las elecciones en el centro de nuestros debates, como única referencia del quehacer político, como principal discusión en coyuntura y como si es que no hacerlo fuera hacerle juego a la derecha o ser políticamente inmaduras. Todavía persiste en una parte de las organizaciones feministas y de mujeres una forma de hacer política que no imagina la autonomía colectiva, y que a la larga prefiere subordinar toda la potencia de un espacio diverso a la imagen de un candidato, a las lógicas de un movimiento político y a la aceptación de que serán siempre otros los que tomen las decisiones por nosotras.

Crisis, pandemia y neoliberalismo: ensayos colectivos para recuperar las calles

A la política en masculino como signo de la crisis de los feminismos, se suma otro fenómeno relativamente reciente, la política de la identidad atravesada por la subjetivación neoliberal^[14] y la impronta de clase. El capitalismo cognitivo, la hegemonía de las redes sociales, y la ideología neoliberal son el contexto de esta política, en donde

las más jóvenes son muy libres con su cuerpo, muy libres desde el género y la sexualidad, y amplían el espectro, pero hay tal nivel de despolitización sobre las desigualdades capitalistas y coloniales… Lo que el capitalismo global hace con las disidencias, con los feminismos es tomar esos cuerpos y capitalizarlos, tienes a las influencers, instagramers, que se dicen feministas pero que terminan sosteniendo la hegemonía de la belleza, de la clase, del capital que obtienes. Hay unos parámetros tan marcados de la identidad que no te permiten pensar la política más allá de lo que se valida. (B. Valencia, Ruda Colectiva Feminista, comunicación personal, 2021).

La política de la identidad es la forma en que el neoliberalismo captura la identidad y la antepone como diferencia irreductible, enclaustrada en lo multi que impide lo común. Como nos recuerda Jacques Rancière entrevistado por Amador Fernández-Savater, “una subjetivación política es el encuentro del lazo que se opone a la separación de los individuos y el devenir otro que rompe con la asignación identitaria” (Fernández-Savater, 2020:145).

En ese sentido, la política de la identidad es también el vínculo con el capitalismo cognitivo y el neoliberalismo como productores de sujetos, en donde el yo de las redes (imagen, posturas evanescentes, etc.) se equipara a nombrar, a dejar sentado algo en el signo que se proyecta y desde ahí se valida, sin conflictividad, sin negatividad, sin significado. Como sabemos,

no basta nombrar, es preciso compartir, entender, crear contexto, contagio, enfrentar servidumbres. Las personas están compuestas de márgenes muy diversos, que en su mayoría se desconocen en sí mismos. (…) Miramos a los otros y en la semiótica de los nuevos tiempos nombrar y visibilizar se funde en las pantallas y sus imaginarios, donde “que te vean” se iguala a que te nombren. Cosa distinta es el significado y valor dado a cada contexto, a cada ver (Zafra, 2021:8).

La política de la identidad es también reducir el sujeto a su dimensión individual. Desaparece lo colectivo, porque lo que queda es la disputa en el plano del individuo. A la larga, el predominio de la política de la identidad como lógica que organiza las varias experiencias de articulación feminista, y la propia relación entre colectivas se traduce en el no diálogo, la no escucha, prácticas mediadas por una persistencia en aquello que parece pero que no se explora, en el acto primero de mostrar que se es para validar lo que se nombra; y no en la exploración de cada contexto, en las complejas relaciones de clase, género, raza que nos componen, en ese acto político de dejar de ser para ser con otrxs, un algo común que no elimine la diversidad, pero cree un lenguaje y una praxis que permita superar la fijación identitaria.

Por otra parte, aún queda el feminismo que antecedió a las compañeras nacidas en los 90: institucional, anclado en el Estado y la igualdad de género, poco crítico a la heterosexualidad como régimen político; un feminismo que se concentró en la política pública y que dejó un importante legado de derechos para las mujeres en Ecuador, pero que no fue determinante en la construcción de feminismos más autónomos e interseccionales. Esa relación con el Estado existe aún en los feminismos dados al lobby y la burocracia feminista así como inmersos en la lógica de las ONG. Estas prácticas han sido cuestionadas por hacer de las luchas feministas, luchas segmentadas, que obstaculizaron la construcción de feminismos amplios, masivos y descentralizados, que no estén organizados en torno al Estado como única comunidad política fija; o determinados por el financiamiento oenegeísta que define agenda, aisla demandas, e impide una configuración más autónoma popular.

Quizás un ejemplo en donde confluyen estas distintas políticas y feminismos han sido los intentos por construir una marea verde en el país que logre la despenalización legal y social del aborto. Recordemos que como eco de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, se crea en Ecuador en 2018 un espacio que abrió las puertas a cientos de mujeres, y que se presentaba en un inicio como un lugar diverso, de confluencia y coordinación. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente la poca capacidad de articulación con otras mujeres de sectores populares; que se sumó a la centralización en la toma de decisiones, las prácticas poco democráticas de algunos feminismos; la monopolización de la palabra y la representación; las vocerías autorizadas; la obstaculización a los feminismos políticos. Meses después, luego de varios intentos de recomponer y cambiar la dinámica, el espacio perdería potencia y vitalidad con la salida de varias organizaciones y colectivas. Tres años después, con el fallo de la Corte Constitucional en abril de 2021 que declaraba inconstitucional lo estipulado en el COIP, despenalizando el aborto en casos de violación, la Defensoría del Pueblo elabora una ley justa y reparadora que pasa al poder legislativo para su debate y aprobación. En este escenario, surge la necesidad de una articulación para garantizar una ley que no contemple plazos, o que al menos extienda lo más posible, los plazos para las mujeres y personas en capacidad de gestar que hayan decidido abortar luego de una violación.

Pero nuevamente se hicieron presentes las tensiones sobre la representación del movimiento y la lucha por el aborto, que reeditan lo ocurrido años atrás, pero en donde también se evidencia la enorme diversidad territorial, cultural, política, etaria que componen los feminismos hoy en día. En estos meses y luego del paro de 2019, hemos visto cómo se han creado nuevas colectivas feministas antirracistas y anticapitalistas^[15], que tienen otros caminos, estrategias y relatos tanto en relación al aborto, al goce, al separatismo, a las alianzas y diálogos. Y es que “lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, con la ley de aborto por violación, es que hay una posibilidad de juntar esas diferencias, quizás sea este el momento de ese nacimiento de la marea verde, en medio de esas diferencias” (S. Gómez, Trenzando Feminismos, comunicación personal, 2021).

En efecto, todas las movilizaciones y plantones por la despenalización del aborto que ha habido en estos últimos meses en Quito, se han caracterizado por la creatividad y multiplicidad de feminismos sostenidos sobre todo por las compañeras más jóvenes que ponen el cuerpo, bailan reaggeton, a la par que despliegan estrategias de reinterpretación y acercamiento. Expresión de estos feminismos, es “Cimarronxs por el derecho a decidir”, que levantó en estos meses un espacio para el debate y la memoria situando el aborto como una práctica colectiva y ancestral de resistencia frente al dominio colonial y la violación como ejercicio de poder. Como relata Génesis Anangonó, periodista, docente, feminista y militante antirracista,

en esta coyuntura decidimos juntarnos las negras y hablar con la asambleísta Paola Cabezas, para plantearle nuestros argumentos y demandas en relación a la ley de aborto. Más allá de que no estemos de acuerdo con el partido al que representa (UNES), creíamos que era importante dialogar con ella desde la hermandad cimarrona” (Entrevista Génesis Anangonó).

Sin duda estas estrategias, que no piden permiso, abren grietas a la lógica colonial del poder y la impronta de clase, que como sostiene la investigadora feminista, Ana María Triana, “se traduce en que unas pocas acaparen cuerpos, ideas, experiencias, oportunidades laborales, que acumulan capital sociopolítico y económico en desmedro de otras, impidiendo que se produzcan recambios intergeneracionales, interpelaciones y aperturas” (Entrevista). A pesar de la coyuntura, estos feminismos no tienen miedo a alzar la voz, cuestionar y ser irrereverentes con las jerarquías enquistadas, y cuestionar también la manera colonial como han operado: “ahora todas estamos hablando de todo, el hecho de que yo me haya visto en el pleno de Asamblea, en el primer debate de la ley de aborto por violación, es una cosa que yo jamás me hubiera imaginado” (S. Gómez, Trazando Feminismos, comunicación personal, 2021).

Frente a esta profunda crisis en la que nos encontramos, y en la que está también el campo popular ecuatoriano, esperemos que pronto podamos nombrar, problematizar, pensar juntas qué significan las relaciones de poder y las condiciones de desigualdad entre nosotras, y de esta manera, traer en memoria y práctica, el legado que nos dejó el paro de octubre de 2019, ese que nos enseñó a construir por un tiempo, potencia en la diversidad, autonomía en feminista y política en femenino. Habrá que ver si es que las confluencias actuales de los feminismos en torno a la despenalización del aborto^[16] y al 8M, son un intento sostenido de convergencia que va más allá del tiempo jurídico puesto por el Estado. O si es que la profundización de la crisis económica, la forma neoliberal y la precarización de la vida se conjugan con un hartazgo destituyente/constituyente de la forma de hacer política, y emergen a mediano plazo, semillas de feminismos populares, autónomos y comunitarios.

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política, nudos y esperanzas
por Lucía Alvites Sosa

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Sobre la autora

Alejandra Santillana Ortiz, feminista de izquierda, antirracista, socióloga, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural. Integra los GT de Estudios Críticos al Desarrollo Rural y de la Red de Género, Feminismos y Memoria en América Latina y el Caribe de Clacso. Forma parte de Ruda Colectiva Feminista, Feministas del Abya Yala, la Confluencia Feminista del FSMET, el Gender Economical and Ecological Justice de DAWN, el Grupo de Justicia Digital de DAWN y IT for Change y la Cátedra Libre Virginia Bolten. Es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente realiza su doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Investiga las izquierdas ecuatorianas y el campo popular organizado, la dinámica del movimiento indígena y de mujeres, y los debates entre el feminismo y el marxismo. 

Referencias Bibliográficas

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Zafra, R. (2021). Presentación. Existir a pesar de las palabras, en Vasallo, B. Lenguaje inclusivo y exclusión de clase. Barcelona: Larousse.

Notas

^[1] Cuando hablamos de campo popular, nos referimos al conjunto de las organizaciones sociales, populares, indígenas y a los movimientos sociales ecuatorianos; y que es precisamente este campo el que adopta formas de lucha en el paro. Se propone la huelga como la expresión de la conciencia de la clase trabajadora que apunta a la pérdida de sectores empresariales en tanto suspensión del elemento que permite el valor en las mercancías, es decir el trabajo; el paro, como posibilidad de incluir y ampliar a sectores de la población urbana que paralizan sus actividades y toman el espacio público; y el levantamiento, que constituye la forma que adopta históricamente el movimiento indígena, y que expresa la convergencia de pueblos y nacionalidades para el cierre de carreteras, salida de sus comunidades y toma simbólica de la ciudad de Quito.

^[2] Este texto no explora experiencias de los feminismos más autónomos como los levantados por Mujeres de Frente, que son casos excepcionales en la dinámica política de Quito.

^[3] El Estado es “una forma política de la relación del capital y como tal, (…) una mediación para la constitución de la subjetividad colectiva autónoma” (Dinerstein, 2013: 31-32).

^[4] Por ejemplo contra el Estado sería el reclamo de autodeterminación de los pueblos; con el Estado, la exigencia de presupuesto y reconocimiento de derechos, la creación de movimientos políticos; y más allá del Estado, las mingas, formas recíprocas y rotativas, temporalidades no estatales.

^[5] Lo que se encuentra es siempre un proceso de pacto entre las distintas facciones de la burguesía y oligarquía, algunas veces en clave neoliberal otras en clave modernización conservadora. Sobre modernización conservadora en el campo y el Estado revisar el texto de Daza, Santillana y Herrera (2017).

^[6] Sostiene el investigador Mario Unda (2019) que “el populismo requiere hacerse de recursos económicos y políticos que le permitan negociar con los grupos económicos dominantes. Los dos principales recursos utilizados por los populistas son, por un lado, un Estado fuerte controlado desde la función Ejecutiva y desde el poder personalizado de un caudillo y, por otro, el control político de la mayoría de la nación, devenida en masas incapaces de representarse a sí mismas”.

^[7] Para más información revisar el reportaje “Las niñas invisibles en Ecuador”, recuperado de https://wambra.ec/las-ninas-invisibles-ecuador/ .También el material del Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Mujeres con Vozs y la Fundación Desafio, a la Asamblea Nacional y al país, recuperado de https://www.informesombraecuador.com/wp-content/uploads/2020/08/MATERIALES-POR-QUÉ-DESPENALIZAR-EL-ABORTO.pdf

^[8] En efecto, con la subida generalizada de precios, se afectaba el consumo y la supervivencia de las mayorías, así como el costo de producción en el país. Si ya resultaba caro producir en Ecuador y competir con la economía regional, esta medida elevaba los costos al eliminar el principal elemento de competitividad en una economía dolarizada.

^[9] El ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, miembro de Madera de Guerrero-Partido Social Cristiano, y uno de los referentes de la derecha ecuatoriana dijo en una entrevista en un canal de televisión, en medio del levantamiento, que había que recomendar a lxs indígenas que se queden en el páramo, un ecosistema andino de altura.

^[10] Blanca Chancosa, kichwa de Otavalo, es una de las más importantes e históricas dirigentas de la Ecuarunari-Conaie, protagonista innegable del paro de 2019 y una de las mujeres que más ha contribuido en el levantamiento de la estructura organizativa del movimiento indígena ecuatoriano y en el desarrollo de un proyecto histórico emancipador plurinacional.

^[11] Presidenta de una de las organizaciones centrales de la Ecuarunari, la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas y protagonista en el paro de 2019.

^[12] Recordemos que en Ecuador, los levantamientos indígenas y populares destituyeron a tres presidentes entre 1997 y 2005 (Bucaram, Mahuad y Gutiérrez). Sin embargo, a pesar de la masividad de los paros, la salida ante la crisis se había dado por la vía de la restauración del orden: en unos casos asumía el cargo el vicepresidente, en otros, la asamblea y los poderes fácticos del Ecuador, daban paso a alguna figura. Y es que a pesar de que el campo popular organizado tenía la fuerza suficiente para destituir presidentes y poner en jaque a las élites, frenando gran parte de sus proyectos, no tenía la capacidad estratégica de instaurar un gobierno popular, indígena y democrático. En esa medida, el paro del 2019 mostró que parte del movimiento popular ecuatoriano había comprendido que no bastaba destituir un presidente, cuando quienes ponían los muertxs eran las organizaciones y quienes finalmente tomarían las decisiones serían otras fuerzas políticas.

^[13] De acuerdo a Camila Aguirre de la JRE, el actual Parlamento de Mujeres está compuesto por compañeras de la Ecuarunari, del Movimiento Luna Creciente, Mujeres por el Cambio, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y la Caja de Ahorros Julián Quito.

^[14] La aplicación del neoliberalismo en Ecuador tiene características particulares, que lo diferencian de otros países inclusive de países vecinos como Colombia o Perú. Las políticas del Consenso de Washington no fueron ejecutadas completamente, en gran parte por la fuerza del campo popular organizado que frenó varias veces la privatización se sectores estratégicos, tratados de libre comercio, etc. Las políticas de los distintos gobiernos se enfocaron en garantizar ganancias del sector bancario, agroexportador y extractivista: feriado bancario, dolarización, empobrecimiento generalizado, migración interna y externa, endeudamiento. A pesar de la inversión social y de cierto nivel de consumo en el periodo correísta, la lógica del mercado y el debilitamiento de los movimientos sociales permitieron que el neoliberalismo por abajo, como sentido e ideología, avance.

^[15] Por ejemplo, la Cantata Feminista, Zorra Subversiva, La Movida Feminista, entre otros. Y articulaciones como Trenzando Feminismos.

^[16] Al término de este artículo, con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones, la Asamblea del Ecuador aprobó el proyecto de Ley de Aborto por Violación, que garantiza la interrupción del embarazo con plazos de 12 semanas para mujeres mayores de edad, y de manera excepcional hasta las 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. La Asamblea debe enviar el proyecto aprobado al presidente Guillermo Lasso para su aprobación, veto total o parcial en 30 días.

América Latina un polo de creación feminista

América Latina viene siendo un territorio fértil para los feminismos. Lo vemos con marchas masivas, agendas en primera plana cotidianamente, vocerías que se imponen en los niveles más altos de la decisión política. Reivindicaciones feministas históricas hechas política pública, que constituyen un parteaguas hacia los derechos de las mujeres. Es el caso del hecho más reciente en la materia como es la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina en el año 2020, la victoria ese mismo año de una Convención Constituyente paritaria en Chile, son algunos de los sucesos fruto de la movilización.

Sin duda presenciamos y somos parte de la cuarta ola del movimiento feminista, que como bien plantea Rosa Cobo tiene como característica más importante “que por primera vez en la historia no encontramos un solo país sin presencia de organizaciones feministas o asociaciones que defiendan los derechos de las mujeres” (Cobo Bedia, R., 2019: 12). Esta característica se aplica muy bien a nuestra región, que como vemos se ha convertido en un polo de movilización, reflexión y creación inédita desde los feminismos. No es menor el hecho, y dice mucho de lo que estamos afirmando, que dos de las expresiones más importantes del movimiento a nivel mundial hayan nacido aquí en el sur del continente. Me refiero a la performance Un violador en tu camino del colectivo chileno interdisciplinario y feminista Las Tesis, que recorrió el mundo y sus idiomas juntando a millones de mujeres diversas que denunciaban que la violencia patriarcal de ninguna forma es individual, sino que está en las estructuras de nuestra sociedad. Y, por supuesto, nos referimos también al pañuelo verde en Argentina, inspirado en los pañuelos blancos que Madres y Abuelas portaban exigiendo saber dónde estaban sus hijos y nietos desaparecidos por la dictadura militar de este país, que ha sido símbolo protagonista de la marea feminista por la legalización del aborto. El pañuelo verde nació aquí pero hoy lo podemos ver en distintas partes del mundo, colgado del cuello o del brazo de alguna mujer que afirma la libertad para decidir sobre su cuerpo.

En este contexto, es importante apuntar dos elementos de análisis. El primero es que la potencialidad de los feminismos latinoamericanos no se desarrolla igual en todos los países de la región. Si bien es innegable que en todos —o casi todos— nuestros países encontramos en la agenda pública temas empujados desde una perspectiva feminista (enfoque de género, despenalización del aborto, paridad, acoso sexual, etcétera.), la masividad en las calles, la proliferación y diversidad de organizaciones o la influencia en la toma de decisión en la política pública desde los feminismos es bastante desigual.

El segundo elemento tiene que ver con las luchas del movimiento feminista en medio de la emergencia y popularidad de sectores políticos ultraconservadores que construyen su identidad y programa, en gran medida, contra las principales reivindicaciones de los feminismos en la actualidad. El ascenso de posiciones autoritarias y antiderechos no solo es un hecho en América Latina, lo es en el mundo, y expresa la crisis estructural, agravada y puesta aún más en evidencia por la pandemia del COVID-19. De esta situación crítica, emerge la necesidad profunda de las mayorías de buscar alternativas y discursos que les brinden certezas y confianza en un escenario cruzado por la absoluta incertidumbre en lo económico, en lo laboral, en la seguridad, en la salud. Es así que los sectores políticos antiderechos usan esta realidad, enarbolando discursos xenófobos, misóginos, homofóbicos, incentivando el miedo al otro, y levantando como uno de los últimos reductos de certezas la “defensa de la familia”, que no es otra cosa que la afirmación de un único modelo de convivencia basado en la heteronormatividad.

Estos sectores profundamente reaccionarios, que disputan la administración del Estado, se encuentran en los países latinoamericanos con distintas intensidades. En el caso peruano, la intensidad es alta: logran marchas masivas, representantes en el parlamento y en las últimas elecciones presidenciales sus discursos y referentes estuvieron presentes en varias candidaturas.

Las múltiples crisis y las respuestas feministas en Perú

El Perú fue un país extremadamente afectado por la pandemia. De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud, son más de 200 000 peruanas y peruanos fallecidos por el COVID-19. Somos tristemente uno de los países con mayor mortalidad por el virus a nivel global. Nuestra salud pública colapsó y dejó ver las consecuencias más dolorosas de treinta años de neoliberalismo y militancia de lo privado. La precariedad económica también se evidenció: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 3 330 000 personas pasaron a la pobreza en el año 2020; en el trimestre de abril a junio de ese mismo año la población ocupada de Lima Metropolitana, la capital del país, disminuyó en 55,1 % (2 699  100 personas).

En esta realidad, sin duda, las mujeres fuimos de los grupos más golpeados. Por un lado porque a comparación con otros delitos, la violencia sexual, física, psicológica no descendió, todo lo contrario. De acuerdo a reportes oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables las llamadas a la Línea 100, canal que brinda orientación y consejería emocional a personas víctimas de violencia familiar o sexual, se incrementaron en un 97 % en 2020 en relación al año 2019 (Redacción EC, 2021). Quedando demostrado, una vez más, que los espacios privados suelen ser el centro del círculo de agresiones.

Por otro lado, fueron las mujeres quienes más vieron afectados sus trabajos, estando la mayoría en la economía informal. En el mismo ámbito, la pandemia dejó claro que trabajos fundamentales y esenciales para la sociedad son mayoritariamente asumidos por mujeres, como las docentes de la escuela básica, las enfermeras y las obreras de limpieza públicas. Cabe decir que, además, son de los más precarizados.

A la situación de violencia y precariedad, se sumó una situación nunca antes tan visible: el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres. De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recogidos en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2010 y tomados del Informe de brechas de género 2018 (INEI 2019), las mujeres dedican 39 horas con 28 minutos a la semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres lo hacen 15 horas con 54 minutos. Es decir, nosotras dedicamos un promedio de 23 horas y media más a la semana a las labores de la casa que ellos, sin recibir nada a cambio.

La pandemia quebró la cadena de cuidados en las familias, sean éstas remuneradas o parte de la red familiar o social de las mujeres, la consecuencia fue la cuadruplicación de la jornada diaria laboral. Las mujeres en pandemia tuvimos que teletrabajar, realizar las tareas de la casa, cuidar a los hijos y ser, a la vez, las nuevas tutoras que acompañan la escuela virtual.

Esta realidad de cuádruple jornada laboral que afrontamos, y aún afrontan, miles de mujeres, es de hecho, una inédita híperexplotación que no solo puede traer como consecuencias afectaciones de salud física o mental, sino que, también, significa un impedimento al desarrollo personal, profesional o político. El “techo de cristal”, ese límite invisible al que nos enfrentamos las mujeres para ascender laboralmente por los roles tradicionales de cuidado o el mandato obligatorio a la maternidad —que tiene exigencias sociales que no posee la paternidad— descendió abruptamente con la cuádruple jornada.

Paradójicamente, de esta realidad tremendamente injusta, nacieron organizaciones de mujeres para solucionar el problema básico de la alimentación: nos referimos al surgimiento masivo de las ollas comunes. Si bien no se puede medir la magnitud de las ollas, según el registro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el año pasado (2021) se han registrado 1300 ollas comunes en treinta y tres distritos. De acuerdo a esta cifra estas organizaciones estarían alimentando a 129 000 personas (El Gran Angular, 2021).La organización de las ollas no solo suplieron la alimentación en los barrios más populares, también a través de este tejido social que se fue hilvanando se sostuvieron redes de salud solidarias que contenían a familias afectadas por el COVID-19.

En este contexto, se posicionó un relato que contaba que la crisis la enfrentábamos sobre todo las mujeres, lo cual era cierto, sin embargo se hacía desde un mensaje reproductor de desigualdades. Nos referimos a que los medios y sectores hegemónicos de siempre usaron lo descrito para exaltar a la mujer valiente y luchadora, ensalzando el sacrificio infinito, como si esto fuera algo exitoso e imitable; en la práctica se romantizaron carencias estructurales bajo una especie de empoderamiento femenino. La expresión, una vez más, de un discurso complaciente y funcional a la violencia, el patriarcado, la precariedad y la sobreexplotación.

Sin embargo desde la trinchera de las organizaciones y la academia feministas en el Perú, toda esta situación fue visibilizada y denunciada. Durante la pandemia se realizaron asambleas feministas virtuales, se sacaron manifiestos y proliferaron reflexiones que ponían en altavoz como la pandemia había sacado al fresco las brechas estructurales de género. El movimiento feminista en el Perú, no era masivo. La única marcha que superó los cientos de miles en las calles, desde una agenda feminista, fue en agosto del año 2016 con la movilización Ni una menos. No obstante, el movimiento estaba vivo, con organizaciones y capacidad de poner su voz en la agenda nacional.

Esto definitivamente se evidenció en el pico más álgido de crisis política que tuvo el Perú.  En plena pandemia en noviembre de 2020, el Perú sufrió un golpe de Estado, un suceso que expresó el agotamiento de un modelo que erigió un sistema político funcional a grandes intereses y, por tanto, con poca o nula capacidad de representar a la ciudadanía. Estábamos en medio de un modelo económico que por años fue mentado como exitoso pero que hizo agua por todas partes y un sistema político derruido ante la población.

El golpe quebró la cuarentena. La gente, sobre todo los más jóvenes, se volcó a las calles en marchas que hacían recordar los últimos días de la dictadura fujimorista de los noventa. La represión fue fuertísima: dos jóvenes asesinados, Inti Sotelo y Bryan Pintado, y decenas de heridos. De la fuerza de ellos y los miles de jóvenes manifestantes, nació la llamada “generación bicentenario”. En este estallido, el movimiento feminista desde diversos frentes de organización estuvo presente, de forma organizada pero también espontáneamente. Me parece importante destacar a las mujeres que con pañuelo verde en mano fueron parte de la primera línea, desactivando las bombas lacrimógenas que lanzaba la policía para disolver las manifestaciones. Tomando un protagonismo desde las calles que históricamente había sido reservado a los varones.

Asimismo, la visibilidad en torno a la alerta hacia la represión, que tenía una expresión desigual hacia las mujeres, donde la violencia sexual era parte de las detenciones o amedrentamientos a quienes se manifestaban, fue importantísima y de primer orden en las dinámicas movilizadoras.

Las elecciones y el debate feminista

Enmarcadas en estas múltiples crisis, sanitaria, económica y política llegaron las elecciones más importantes para el país, las presidenciales y parlamentarias. Con un descreimiento altísimo y con la mayoría mirando su sobrevivencia, inició una campaña que parecía no despegar nunca.

Las reivindicaciones feministas, desde hace varias elecciones, logran poner como puntos infaltables de los debates sus demandas más urgentes. Por ejemplo, en las elecciones complementarias parlamentarias del año 2020, la despenalización del aborto, la paridad y la alternancia, el matrimonio igualitario y la reafirmación del enfoque de género en la educación fueron temas a consultar a las y los candidatos en todos los espacios a los que eran invitados. En estas elecciones, por supuesto, los temas centrales eran las propuestas para salir de la crisis, para la vacunación, la reactivación económica. No podía ser de otra forma, éramos un país golpeado, donde las contradicciones económicas se habían profundizado, más aún con el accionar descarado de los privados que hicieron de las necesidades de salud de la pandemia una forma ruin de ganar más dinero.  A pesar de ello, la agenda feminista fue parte del debate, aunque configuró una minoría en el abanico electoral.

El conservadurismo en lo que respecta a la igualdad y los derechos de las mujeres se impuso en los resultados electorales. De los primeros seis candidatos a la presidencia con mejores resultados, solo una candidatura, la de Verónika Mendoza, enarbolaba un programa claramente feminista. Otros cuatro, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, y Yonhy Lescano, empujaban una postura conservadora, algunos con más intensidad que otros pero la apuesta y el fondo eran el mismo.

En el caso de Pedro Castillo, hoy presidente del Perú, el tema era complejo. Castillo, profesor rural, dirigente sindical, rondero, campesino, representaba a los olvidados de la historia, a las mayorías discriminadas y excluidas sobre las que se había levantado el Perú oficial. El solo hecho de verlo en los debates presidenciales era ya un testimonio que irrumpía en un país excepcionalmente racista y clasista. Con su slogan “nunca más pobres en un país rico” levantó una candidatura programáticamente a la izquierda, pero con silencios en las reivindicaciones de la igualdad y los derechos de las mujeres. En algunos casos, sus discursos coqueteaban con una izquierda más conservadora.

Castillo llegó en primer lugar a la segunda vuelta de la presidencia del Perú, disputándole a Keiko Fujimori, la heredera legítima de la dictadura noventera. El movimiento feminista, con debates álgidos y emplazamientos irónicos de una derecha que había bloqueado permanentemente avances para las mujeres y las diversidades desde sus espacios, pero que ahora usando nuestras reivindicaciones buscaba que ganara el fujimorismo, decidió en parte darle el voto al profesor rural. Otro sector del movimiento, su expresión más acomodada y menos politizada, que se caracteriza porque su límite para la defensa de la igualdad es cuando se empiezan a tocar privilegios económicos de algún grupo, optó por el blanco o viciado.

Pero más allá de los resultados y el voto del movimiento, lo que quedó clarísimo es que nuestro programa construido desde los feminismos y sus diversidades, era aún numéricamente muy acotado. Nuestros pliegos, arengas encendidas y largos debates se habían posicionado en los medios, en la agenda pública, pero no en el sentido común de sectores amplios. La pandemia, a su vez, había hecho que la atención estuviera en lo más básico de la supervivencia, como hablar de paridad y alternancia, de violencia contra nosotras, cuando las mujeres necesitaban resolver qué iban a comer sus hijos. No era contradictorio, pero sí establecía prioridades.

Colofón: Nudos y desafíos del feminismo peruano

El último proceso electoral abrió un debate entre los feminismos, haciendo más clara la frontera entre un feminismo liberal, llamado el feminismo “blanco”, que no duda en señalar la violencia o los posibles retrocesos en nuestros derechos a la igualdad ganados, pero calla ante políticas empobrecedoras que afectan sobre todo a las mujeres; y un feminismo interseccional y popular que cuestiona tanto la matriz de dominación patriarcal como la capitalista y cultural. Una frontera que se hace más clara aún, cuando sectores antidemocráticos usan la plataforma feminista para socavar procesos de transformación que podrían estar en marcha.

Los feminismos se expanden y crecen en el Perú, sin embargo sus preocupaciones y reivindicaciones suelen condensarse en un mismo sector medio y urbano y, por tanto, tener eco sobre todo ahí, que es una parte de la población que no necesariamente abraza otras reivindicaciones económicas estructurales y que es proporcionalmente muy pequeño.

Para los feminismos populares este justamente es el desafío, y es enorme: poder entrar en una  disputa de sentidos en el corazón de las mayorías. No podemos seguir avanzando solas, o es con muchas o no es, como ya lo vimos. Es un camino más difícil, más complejo. Pero también con más posibilidades que hace diez o cinco años. Sí es posible construir una alternativa popular desde los feminismos, ese es el sueño y hacia allá vamos.

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Sobre la autora

Lucía Alvites Sosa es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Es Magíster en estudios de género y cultura en América Latina por la Universidad de Chile. Ejerce como docente en sociología de género y sociología política en la UNMSM. Ha trabajado como consultora en temas de género y migración, así como en procesos formativos para funcionarios/as públicos en políticas de igualdad de género. Es autora del libro Madres e hijos/as de locutorio, la búsqueda de una familia sin fronteras. Militante feminista de La Junta, organización peruana miembro de Alba Movimientos. Es mamá de un niño de 4 años.

Referencias Bibliográficas

Cobo Bedia, R. (2019). La cuarta ola: la globalización del feminismo. Servicios Sociales y Política Social (Abril-2019). XXXVI (119) 11-20. Recuperado de La cuarta ola: la globalización del feminismo (serviciossocialesypoliticasocial.com)

El Gran Angular (6 de marzo de 2021). Ollas comunes para combatir el hambre en el Perú. Gran Angular. Recuperado de https://elgranangular.com/blog/reportaje/ollas-comunes-para-combatir-el-hambre-en-el-peru/

Redacción EC (21 de enero de 2021). MIMP: llamadas a la Línea 100 se incrementaron en un 97% en 2020. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/lima/sucesos/mimp-llamadas-a-la-linea-100-se-incrementaron-en-97-en-el-2020-ministerio-de-la-mujer-y-poblaciones-vulnerables-nndc-noticia/

En ese mar de luchas continentales, nos propusimos devolver el cassette y ubicarnos en aquellos momentos de la historia de Nuestra América donde las protagonistas han estado en la primera línea de batalla construyendo otro mundo posible. De esa manera, empezamos un camino de recuperación de historia de las luchas, resistencias, insurrecciones y sueños de revolución protagonizados por mujeres, lesbianas, travestis y trans, en distintas épocas, a lo largo y ancho de nuestra región para, con ello, encontrar las semillas de lo que hoy son nuestros feminismos populares latinoamericanos. 

Nos referimos a esos feminismos silvestres que emergen de las luchas populares por lo colectivo, que nacen como autodefensa vital en los márgenes de las periferias. En América Latina y el Caribe, hablar de feminismos populares implica pensar en aquello que hacen cada día todas esas mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, que luchan por lo común allí donde la precariedad habita las vidas. En esa intersección, donde lo comunal se convierte en un espacio fundamental para garantizar la vida, siempre en tensión con la pedagogía de la crueldad que gobierna nuestras sociedades. Para nosotras, feminismo popular es levantar la bandera de lo colectivo por sobre lo individual, es transformar todo lo que debe ser transformado por la vida digna que merecen las y los “nadies”.

Nos proponemos rescatar esas historias que hasta el día de hoy nos inspiran, interpelan y transforman de manera permanente. Las recogemos sigilosamente, y también con desesperación. Algunas son huellas y de otras tenemos apenas un hilo del carretel. En todas ellas buscamos rescatar procesos colectivos de desobediencia, de revolución. Algunos más emblemáticos, transformados en referencias para otras generaciones de militancias. Y otros más solapados, cotidianos, pero sin duda fundamentales para sostener revoluciones en el tiempo. Algunas de estas historias las hemos salido a buscar, otras nos las hemos encontrado en nuestros propios procesos de organización y lucha.

Nos sentimos afortunadas de poder compartir, además, que todas estas memorias han sido seleccionadas y producidas por otras militantes feministas populares de nuestra América Latina y el Caribe, que además de ser organizadoras y lideresas de procesos nacionales de diversos sectores sociales, se han puesto al hombro, junto a cientos de compañeros y compañeras, la creación y sostenimiento de una articulación continental de movimientos sociales con mirada hacia el ALBA, concepto tan polisémico y querido en nuestra región, y acuñado como Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América en una madrugada magariteña por Hugo Chávez y Fidel Castro. 

Esta articulación de organizaciones populares del continente, ALBA Movimientos, se encuentra en el camino hacia su tercera Asamblea Continental en un momento histórico especial, que busca actualizarse y leer la coyuntura continental con ojos de lucha y movilización. Para eso, por supuesto, es imprescindible un material que reivindique la historia de la lucha de las mujeres y disidencias de Nuestra América, que antecedieron la lucha de lo que hoy es una potencia transformadora de la historia en cada rincón de nuestra región. 

Desde Tricontinental nos sentimos afortunadas de poder compartir este material, y elegimos para su publicación, un formato de fanzine. Este formato impreso y pequeño, donde cada grampa y doblez traen consigo esa mística editorial emergente del mano en mano. Un convite de color que se multiplica en cada bolsillo y mochila, para repartir y compartir estas memorias de desobediencia de manera sencilla y contundente, como bien sabemos hacer en nuestro continente. 

Crisálidas