Presentación

En el anterior cuaderno, repasamos un período histórico en el que las fuerzas del liberalismo y del capitalismo avanzaron sobre el país, generando profundas y rápidas transformaciones en la sociedad. Llevaban el sello del mercado global, de la violencia y la especulación. Potente por momentos, tímido por otros, este avance encontró resistencias, tanto al interior de las clases dominantes como de las clases populares. Los conflictos asumieron distintas formas y velocidades según las regiones del territorio nacional. El nuevo orden se expresó, con toda su ingeniería jurídica, apoyándose en la Constitución Nacional de 1853, en los códigos nacionales, en las cartas magnas provinciales y en una batería de leyes que promovieron la captura, mensura, registro y venta de la tierra pública.

La propiedad privada absoluta e individual avanzó sobre tierras de frontera, campañas y ejidos, eliminando toda concepción y práctica de la propiedad que no fuera la capitalista. La selectiva llegada de inmigrantes con capital y experiencia en el trabajo agrícola, la instalación de colonias oficiales y privadas en el Litoral pampeano, los primeros tendidos ferroviarios y las nuevas tecnologías agrarias, modificaron la fisonomía nacional. Las derrotas de Paraguay en la guerra que le hicieron Argentina, Brasil y Uruguay, y de las montoneras federales, a manos del movimiento liberal, dieron el aviso de que un tiempo histórico llegaba a su fin. Fue entonces que se afianzó el Estado nacional y su ejército, cristalizando una clase dominante nacional.

Partiendo de allí, el presente Cuaderno explora una nueva etapa, que se abrió con la presidencia de Nicolás Avellaneda en 1874 y se cerró con la sanción de la ley de tierras de 1903. La periodización, aunque arbitraria, está marcada por hitos significativos: dos grandes leyes de tierras en sus extremos y la consolidación del modelo económico agroexportador. En esos años, se profundizó la integración al capitalismo global, bajo una creciente dependencia de Gran Bretaña, principal financista del país y compradora de sus materias primas. Esa relación tuvo al endeudamiento externo como pilar. Los empréstitos financiaron obras de infraestructura, pero también lastimaron la soberanía económica. Además, fueron años de integración territorial y crecimiento de la estructura política y administrativa del Estado, con un régimen político que combinó principios republicanos y forma oligárquica: el poder se concentró en una élite política y económica. La venta de tierras públicas operó, por un lado, como vía de acumulación patrimonial y, por el otro, como medio de desposesión de amplios sectores sociales.

El recorrido del Cuaderno comienza con algunas postales de la lucha social y política, que tuvieron el acceso a la tierra como parte de sus fundamentos. También, con una iniciativa legislativa del gobierno nacional con la que intentó generalizar la experiencia colonizadora a todo el país, la renombrada ley de inmigración y colonización. Luego, repasa el avance militar del Estado sobre extensos dominios indígenas en el sur y en el Chaco y hace preguntas para explorar a contrapelo el proceso de ocupación territorial: ¿qué sucedió con las poblaciones indígenas sobrevivientes?, ¿qué lugares les asignaron en la nueva realidad?, ¿cuál fue su nueva relación con la tierra? Estas preguntas nos llevan a pensar los nuevos órdenes productivos y de seguridad creados, con la expansión de los latifundios, las agroindustrias y la formación de cuerpos militarizados, como las gendarmerías. También, a repasar las nuevas relaciones de trabajo, que sirvieron a la acumulación capitalista, pero tenían poco que ver con las libertades individuales pregonadas. En este recorrido, la pregunta por el destino de las poblaciones indígenas va de la mano de otra que busca conocer las políticas de acceso a la tierra para la población criolla, los llamados “hijos del país”, que también se vieron afectados por la creciente especulación y el rentismo de los grandes propietarios. Como verán, la competencia y las luchas por el acceso a la tierra presentaron lógicas similares en todo el territorio, pero también respetaron las peculiaridades regionales y provinciales. Intentamos dar cuenta de ello, así como de los puntos de inflexión históricos que cambiaron las dinámicas: en particular, la crisis financiera y económica de 1890, que tuvo un fuerte impacto político, con la primera renuncia de un presidente en la Argentina moderna. Entonces, la inmigración se hizo masiva y las leyes colonizadoras perdieron eficacia e impacto. Al llegar al nuevo siglo, veremos que la vida rural cristalizó en una tríada compuesta por terratenientes (ausentes), arrendatarios (capitalistas o campesinos) y trabajadores.

Es cierto, aunque el pulso fue marcado por esta nueva forma, la realidad agraria siguió siendo compleja y atravesada por costumbres y luchas que frenaban el avance del capitalismo. Mapear estos obstáculos, desvíos y proyectos, asociados a la democratización del acceso a la tierra y la producción agraria, es el gran desafío de este ensayo: ya se trate de luchas a gran escala, fallidos proyectos fundantes, tímidas políticas recortadas a un territorio, experiencias limitadas a una voluntad o sobras de una dinámica excluyente.

Batallas de un nuevo paradigma

Cuatro síntomas

El fin de la Guerra contra el Paraguay no supuso el fin de la violencia extrema: un ejército cada vez más unificado se concentró entonces en las fronteras interiores. Estaba en curso la reorganización de la nación, la expansión del estado y la lucha por la tierra. Nos detenemos en cuatro episodios de brutalidad organizada que marcan este pulso, todavía con Domingo Sarmiento como presidente y durante el recambio y los primeros pasos de su sucesor, Nicolás Avellaneda. Ambas figuras se han manifestado extensamente a favor de una política distributiva de la tierra pública. Pero, ¿distributiva entre quiénes? En los hechos que elegimos, la problemática de la tierra apareció de manera solapada o explícita y se hicieron presentes los actores que resultaron beneficiados o perjudicados.

Una masacre en Tandil

La noche del 31 de diciembre de 1871, Jacinto Pérez, un yuyero local, convocó a la peonada, instándolos a unirse para “salvarse”. Hablaba en nombre del curandero Jerónimo Solané, conocido como “Tata Dios”.

Recorrieron buena parte del pueblo de Tandil, comenzando por el juzgado de paz, y luego se dirigieron a las afueras, convencidos de dar muerte a los extranjeros, especialmente a los vascos. También apuntaban a masones y liberales. “¡Viva la Religión!”, gritaban. Decían defender a la Iglesia y a Dios, y acusaban a sus víctimas de ser los responsables de los males que los aquejaban. Pasadas cuatro horas del nuevo año, habían masacrado a 36 personas.

El pueblo de Tandil, como el de Azul, distante a unos 100 kilómetros, se había convertido en un poblado fronterizo en la década de 1830. Grandes terratenientes, pero también estancieros y hacendados de mediano y pequeño tamaño, ocuparon aquellas tierras. A mediados de siglo, comenzaron a llegar numerosos inmigrantes europeos, sobre todo vascos, que se dedicaron, primero, a la producción agraria de subsistencia y, luego, a vender los excedentes alcanzados.

Para 1870, Tandil seguía siendo un territorio fronterizo, hilvanado entre fortines y fuertes, poblados con milicias criollas e indígenas “amigos”, los llamados “catrieleros”. De cerca de 5 mil habitantes, trescientos eran vascos. Estos extranjeros, de quienes se decía que eran “buenos vecinos”, supieron construir redes de poder político y participaban de la vida asociativa, ocupando incluso cargos municipales. Los más prósperos habían instalado almacenes de ramos generales, con postas de recambio de caballos y fonda para alimentar y albergar a pasajeros. El crédito a gauchos y a estancieros y el acopio de cueros y lana, generaban sus mayores ingresos.

Aún así, Tandil no dejaba de ser un territorio de terratenientes tradicionales, entre los cuales se encontraba Rufo Gómez. En noviembre de 1871, motivado por las constantes jaquecas que sufría su esposa, Gómez hizo traer a un renombrado curandero y adivino desde Azul. Se llamaba Jerónimo Solané y le decían “Tata Dios”. El hombre se instaló en el valle serrano, donde atendió a toda la paisanada, pidiéndoles a cambio sólo ofrendas para mantener su actividad. Fue su nombre el que invocó el yuyero Jacinto Pérez para organizar la violencia contra los extranjeros.

La masacre tuvo un impacto inmediato en la prensa porteña y, por medio de las embajadas, en el extranjero. El gobierno nacional temía que el evento afectara el proceso de inmigración y colonización en curso, atemorizando a los virtuales nuevos pobladores. Por eso, ordenó la intervención de las milicias y se iniciaron expedientes judiciales. Solané fue detenido y misteriosamente asesinado en la cárcel aquella misma madrugada. Otros dos detenidos fueron ejecutados posteriormente.

Durante mucho tiempo, esta masacre fue presentada como una explosión de furia nativa y milenarista, instigada por el curandero Solané, que arrastró a criollos ignorantes hacia la barbarie. Sin embargo, hoy sabemos que no fue así. Solané no sólo no intentó huir, sino que participó de la persecución de los responsables. También sabemos que muchos de los criollos convocados por el yuyero Pérez se alejaron del grupo mientras los hechos se desarrollaban.

Además, ha resultado llamativo que la masacre coincidiera con la apertura de una sucursal del Banco Provincia aquel primer día del año nuevo, y con las próximas elecciones municipales. El comerciante vasco Juan Chapar, asesinado él y su familia, había ganado influencia y tenía importantes acreencias con estancieros de la zona. La apertura de la sucursal bancaria lo habilitaba a consolidar sus créditos. Durante la masacre, su libro de cuentas desapareció.

De fondo, la furia de los criollos podría ser entendida por una corta historia basada en el asentamiento de la nueva población extranjera, que había ganado una rápida influencia en la región, que había desplazado a los criollos de los puestos de trabajo tradicionales, que no era convocada a las milicias y a los fortines y, en consecuencia, tenía más posibilidades de acceder a la tierra y contar con mayores recursos económicos. Algo de ello vendría a contar el Martín Fierro, publicado en ese mismo año, 1872.

La brutal violencia desatada, sin embargo, se limitó a un pequeño grupo de atacantes. Descartado hoy el liderazgo de Solané, queda abierta la pregunta por el rol de algunos terratenientes.

La batalla de San Carlos

Apenas unos meses después de la masacre en Tandil, se libró una batalla decisiva entre el ejército nacional, acompañado por indígenas aliados, y las fuerzas de la Confederación Mapuche, lideradas por Juan Calfucurá. El conflicto estalló por la ocupación de tierras y recursos indígenas, así como por la violación sistemática de tratados. Por entonces, el estado nacional y el de Buenos Aires, desarrollaban una estrategia defensiva basada en firmar pactos con distintas comunidades, ceder algunas tierras y recursos, y avanzar sostenidamente la línea de frontera, creando núcleos de colonización.

Mapa de la frontera al norte y este del territorio pampeano, 1869.

En 1870, la Confederación Mapuche lanzó ataques contra la frontera oeste bonaerense, en respuesta a las violaciones de acuerdos. Sarmiento buscó apaciguar el frente con pactos como el firmado con el cacique Catriel, quien se comprometía a colaborar con el ejército a cambio de tierras, alimentos y protección, o como los firmados con caciques menores, siguiendo la línea de lo firmado con el cacique Limonao en 1869, a quien se le permitió, junto a su tribu, establecerse en una colonia agrícola militar y recibir asistencia religiosa, convirtiéndose en “súbditos argentinos”. Uno de los más significativos fue el Tratado de Paz de Leubucó, acordado con los ranqueles de Mariano Rosas en marzo de 1872. Regulaba límites, relaciones con colonos e intercambio de prisioneros. Rosas y otros líderes se declaraban “miembros de la República Argentina” y prometían “fidelidad” al gobierno. Del lado argentino, había estampado su firma el general José Arredondo.

Sin embargo, el Estado avanzaba con relevamientos territoriales (como los encomendados al teniente coronel Juan Czetz) y los comandantes de frontera violaban repetidamente los acuerdos. Estas infracciones, denunciadas incluso por el coronel Álvaro Barros, provocaban nuevas incursiones indígenas y reacciones militares. Hacia 1872, la situación se tensó aún más. A las divisiones indígenas se sumó el secuestro de una comitiva de Calfucurá en Azul —enviada para reclamar por los incumplimientos— y un intento de ocupación militar de la isla de Choele Choel. Fue la chispa final.

Calfucurá respondió con una poderosa ofensiva. Organizó una gran muestra de fuerza en el Fuerte de San Carlos de Bolívar, antes de lanzar un malón en marzo sobre varios puntos del oeste bonaerense. Contaba con las lanzas de Catricurá, Reuquecurá y Namuncurá (mil hombres cada uno), además de quinientos ranqueles fieles a Epumer Rosas, distanciado de Mariano Rosas. No participaron los manzaneros de Sayhueque, ocupados en renovar sus tratados en Carmen de Patagones.

Tras la primera arremetida, Calfucurá escribió al jefe de frontera Juan Boer, explicando que el ataque se debía “a la gran picardía” y a los engaños sufridos. El malón dejó trescientos muertos, quinientos cautivos y la obtención de 200 mil cabezas de ganado.

El general Ignacio Rivas, comandante de las fronteras, respondió con una fuerza de mil criollos y más de quinientos “indios amigos” de Coliqueo y Catriel. Tras horas de combate, el malón fue desarticulado. El gobierno nacional, envalentonado, preparó nuevos avances. Firmó la paz con los ranqueles en mayo y aseguró el control de Choele Choel y otros puntos claves.

Un año después, en 1873, Calfucurá envió a uno de sus quince hijos, Manuel Namuncurá, a Buenos Aires para negociar. Buscaba garantizar un territorio seguro donde su pueblo pudiera asentarse sin temer nuevos ataques. En la carta entregada a Sarmiento, escribió:

Nosotros que somos dueños de esta América, no es justo que nos dejen sin campo (…) Todos los señores poderosos que entren a gobernar en esa gran capital quiero que me conozcan como un verdadero Patriota.

El lugar asignado fue Carhué, con acceso a las aguadas de Pigüé. Calfucurá murió poco después, sin haber recibido la prometida convocatoria a un parlamento general para discutir nuevos tratados. Tampoco supo que, muy pronto, incluso los catrieleros serían traicionados por el Estado argentino.

Rebelión en la Puna

Mientras el Estado nacional consolidaba su dominio en la frontera sur, estallaba una rebelión en el noroeste, una región que se suponía pacificada y en la cual las poblaciones indígenas habían sido reconocidas legalmente y tenían sólidos vínculos políticos.

Allí, en tierras de antigua ocupación indígena, en época colonial, se habían creado las encomiendas de Casabindo y Cochinoca, que garantizaban el uso forzoso de mano de obra. A inicios del siglo XVIII, se transformaron en haciendas, dando origen al vasto Marquesado de Tojo, con sede en Yavi y dominio en parte de las actuales Jujuy, Salta y Bolivia. La familia Campero heredó el control del latifundio y lo mantuvo incluso después de la abolición legal de la encomienda en 1813, perpetuando formas de servidumbre y el cobro de derechos de pastaje y arriendo.

A mediados del siglo XIX, el avance del liberalismo y las urgencias fiscales del Estado impulsaron la privatización de tierras y la imposición de un impuesto del 5% sobre la producción agropecuaria. Estas medidas desarmaron tierras comunales e incentivaron la titulación individual, lo que fragmentó al campesinado indígena y criollo. Muchos comenzaron a disputar judicialmente la legitimidad de Campero como propietario, alegando que no tenía títulos válidos y que, además, era ciudadano y militar boliviano y terrateniente ausentista.

El conflicto escaló en el marco de la fractura oligárquica, cuando, en 1872, el gobernador de Jujuy, José Pedro Portal, firmó un decreto para expropiar las tierras del Marquesado, declarándolas fiscales. Argumentaba que no podía acreditar el título. Campero se negó a acatar la medida, y el caso llegó a la Suprema Corte. El sucesor de Portal, Teófilo Sánchez de Bustamante, propuso parcelar y vender las tierras. Mientras tanto, indígenas y campesinos —liderados por figuras como Laureano Saravia, comerciante y militar local, y Anastasio Inca, arrendero indígena— dejaron de pagar arriendos, lo que afectó a otros terratenientes de la Puna y el Oeste salteño. La tensión derivó rápidamente en violencia abierta.

En este clima regional de movilización rural, la rebelión en Jujuy estalló el 9 de marzo de 1874, cuando más de 1.200 indígenas atacaron a los oficiales en Yavi, matando a varios. El gobernador Sánchez de Bustamante marchó a la zona, pero fue capturado por los terratenientes, que impusieron a José María Álvarez Prado, dueño de la finca Tumbaya, como nuevo gobernador. Este anuló la expropiación y organizó una campaña punitiva con trescientos hombres de la Guardia Nacional. El primer choque, el 3 de diciembre de 1874 en el Abra de la Cruz, fue victoria de los rebeldes. Pero el gobierno nacional, alarmado, envió refuerzos desde Salta y tropas regulares al mando de Napoleón Uriburu.

El combate decisivo ocurrió el 4 de enero de 1875 en el Abra de Quera. Los rebeldes, armados con lanzas, boleadoras y pocas armas de fuego, enfrentaron al ejército regular. La represión fue brutal: murieron más de 700 indígenas y campesinos. Como sucedería meses después con los seguidores de Santos Guayama en Cuyo, a la derrota siguió una represalia indiscriminada. Rastrillajes, fusilamientos sumarios y ejecuciones de familiares sembraron el terror. El legislador jujeño Mas Oller, testigo de los hechos, describió “escenas de sangre y horror” y denunció que “todos los que fueron capturados se los fusiló en el lugar”. “No hubo clemencia para nadie”, clamó.

El levantamiento porteño

Los hechos narrados hasta aquí se conectan con otros conflictos de carácter político, como rebeliones y revoluciones, que adoptaron formas bélicas. Uno de ellos ocurrió en 1874 y revela cómo las élites provinciales se enfrentaron al redefinir su lugar en el proceso de formación del Estado nacional, que centralizaba cada vez más múltiples atribuciones de la sociedad.

El conflicto estalló durante la sucesión presidencial de Sarmiento y en el contexto de las elecciones legislativas de febrero, en las que el Partido Nacionalista, liderado por Bartolomé Mitre, fue derrotado. El mitrismo formó un Comité Revolucionario para impedir la asunción de Nicolás Avellaneda a la presidencia el siguiente 12 de octubre. Alegaban fraude electoral, pero no pretendían cambiar las reglas del juego político.

La revuelta reunió a importantes sectores militares: milicianos de las guardias nacionales —no pocos reclutados por la fuerza— y fuerzas indígenas dirigidas por Catriel, que habían combatido contra Calfucurá, dirigidos por oficiales del Ejército de Línea como Rivas y Arredondo, que habían participado de la Guerra del Paraguay, de la batalla de San Carlos y las represiones de las montoneras.

Aunque Mitre aspiraba a un levantamiento nacional, el movimiento no superó los límites de Buenos Aires. Provincias como Santiago del Estero y Corrientes, pese a tener gobiernos afines a Mitre, no se alzaron. El 24 de septiembre de 1874, los revolucionarios secuestraron dos cañoneras, lo que forzó al gobierno nacional a acelerar los preparativos militares. Sarmiento decretó el estado de sitio en varias provincias y movilizó a las guardias nacionales.

La insurrección fue sofocada por las fuerzas nacionales, y Avellaneda asumió la presidencia en octubre, apoyando el juicio contra los jefes rebeldes, aunque estos fueron amnistiados en julio de 1875. El nuevo presidente promovió la conciliación política por vía de acuerdos entre cúpulas, inhibiendo la intervención armada de la ciudadanía. La victoria del Estado nacional marcó un quiebre: su capacidad para controlar la violencia y centralizar el poder se consolidó, ahora respaldado por un Ejército profesionalizado, leal al Estado más que a facciones.

Más tarde, en 1880, la etapa de consolidación estatal se reafirmó en un nuevo conflicto. Esta vez fue el gobierno de Buenos Aires, dirigido por el autonomista Carlos Tejedor y apoyado por Mitre, quien se alzó contra la candidatura presidencial de Julio A. Roca. Tejedor denunciaba la centralización del poder y llamó a los bonaerenses a armarse “en defensa de la patria y de esta Constitución”.

El Ejército nacional, bajo el mando de Roca, derrotó a las fuerzas porteñas en las afueras de Buenos Aires, en una batalla que reunió a más de 10 mil hombres. Así, las élites porteñas perdieron el control del aparato estatal que habían dominado desde la organización nacional. Sin embargo, Roca no representaba a las provincias contra Buenos Aires: contaba también con el respaldo de importantes sectores de la oligarquía terrateniente y comercial porteña.

Como consecuencia, se decidió la capitalización de Buenos Aires, es decir, la cesión del territorio del puerto y la aduana al Estado nacional, consolidando así su autoridad sobre el principal enclave económico del país.

Avellaneda, teoría o práctica

Por un país de muchos propietarios

Periodista y docente de Economía, Nicolás Avellaneda publicó en 1865 una tesis doctoral sobre las leyes de tierras en Argentina. Con Sarmiento en la presidencia, fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, cargo que ejerció hasta 1874, cuando asumió como presidente de la Nación.

En su estudio, Avellaneda abordó temas como los baldíos, la enfiteusis de Rivadavia, las leyes de premios del rosismo, y las prácticas especulativas en torno a la tierra pública, sobre todo en el proceso de liquidación de la enfiteusis. Decía querer una estructura social basada en pequeños y medianos propietarios rurales, con acceso a la tierra a precios accesibles, evitando su concentración. Creía que esto mejoraría las condiciones de vida y trabajo de la población rural. Denunció con claridad que entregar grandes extensiones sin límites alimentaba la especulación: “dar cuantas tierras se le pidan sin otros límites que la avidez de los especuladores, sería la última expresión de la imprudencia ó de la locura”, escribió, recordando las donaciones de los primeros años patrios.

Avellaneda propuso entonces precios bajos pero para la venta de tierras fiscales: para facilitar el acceso del “pobre, que se va a dedicar a su trabajo” y para el asentamiento de familias labradoras, pero no tan bajos, para evitar que se “aliente la especulación del que compra solamente para revender.”

Cuando accedió a la presidencia, la colonización estaba en auge. Según Wilcken, el Congreso tramitaba múltiples pedidos de empresarios que solicitaban miles y miles de hectáreas, permisos de exploración y subvenciones. Aquel año, por ejemplo, la comisión de Población y Recursos Humanos analizaba un contrato de colonización con Teodoro Belot, Gosnait y Compañía, mientras que el empresario Emilio Castro Boedo pedía autorización para navegar el Bermejo y colonizar el Chaco.

En su mensaje al Congreso del 6 de mayo de 1876, Avellaneda abordó el problema de fondo. Dijo que el inmigrante buscaba una seguridad que debía ser política y económica y que todavía no se había conseguido:

El inmigrante busca la adquisición fácil de la propiedad territorial que le dará su parte en el dominio del mundo; y nosotros, los dueños de los baldíos inconmensurables, no hemos sabido aún ofrecérsela.

La Argentina tenía tierra en abundancia, pero no la logística, la infraestructura, ni las finanzas necesarias para fijar al inmigrante en ella. “Economicemos sobre todos los ramos de los servicios públicos; pero gastemos para hacer más copiosa y fecundas nuestras corrientes de inmigración”, decía. Criticó la lentitud en sancionar una ley de territorios nacionales y el apetito de las provincias por apropiarse de regiones “desiertas”, donde la nación debía asentar a los inmigrantes. Proponía una solución unificada y nacional para la colonización, que hasta entonces había dependido de los impulsos provinciales. Celebraba, en ese sentido, la expansión de la frontera nacional, que ahora llegaba hasta el Fuerte Sarmiento, sobre el Río Quinto, en los límites con Córdoba.

Ley de Inmigración y Colonización: un proyecto integral

En mayo de 1876, el gobierno de Nicolás Avellaneda presentó un ambicioso proyecto para fomentar la inmigración y la colonización. Al ser sancionado como Ley Nº 817 el 6 de octubre, se convirtió en la legislación de tierras y poblamiento más extensa hasta entonces, al estar pensada para todo el territorio de la nación. La norma buscaba potenciar las múltiples iniciativas provinciales y establecer un acceso estable, institucionalizado y regulado a la tierra, adaptándose al flujo espontáneo y masivo de inmigrantes. En sintonía con Wilcken, se trataba de acompañar el movimiento ya creado.

La ley se apoyaba en un nuevo contexto de expansión territorial: la afirmación de las fronteras exteriores, mientras se intensificaban las presiones sobre las internas, dirigidas contra los pueblos indígenas. La fundación de colonias en el Chaco, como Reconquista (1871) y Resistencia (1875) anticipaba esta expansión militar, ganadera y estatal.

Dividida en dos grandes partes —una sobre inmigración y otra sobre colonización— la ley comprendía 17 capítulos y 127 artículos. Establecía un rol decisivo para el Estado nacional, que debía movilizar población europea, preferentemente con habilidades agrarias y cierto capital. Se recomendaba su “internación” en el interior del país, y los agentes en el extranjero debían controlar la “calidad” de la inmigración y difundir propaganda a favor del país:

…dando á conocer sus condiciones físicas, políticas y sociales; sus ramos principales de industria, su sistema de colonias, las ventajas ofrecidas al inmigrante laborioso, el precio de la tierra, las facilidades para adquirirla, el valor de los salarios, los precios de los artículos de consumo y los de los productos de las colonias.

Además de brindar garantías frente a episodios recientes como los de Tandil, el Estado debía facilitar el viaje y el asentamiento: adelantos en pasajes, concesión de tierras, asistencia con semillas y herramientas, manutención gratuita hasta llegar al destino final.

La segunda parte de la ley, dedicada a la colonización, regulaba el uso de tierras nacionales, las colonias nacionales en provincias, los territorios concesionados a empresas e individuos (colonización indirecta), las colonias provinciales y la fijación de pueblos indígenas en misiones. Se ordenaba la exploración, mensura y subdivisión del suelo.

Cada colonia se organizaba territorialmente en secciones cuadriculadas, lotes, manzanas y solares. Una sección, de 400 km² (unas 40 mil hectáreas), incluía 400 lotes de 100 hectáreas cada uno. El pueblo se ubicaba en el centro, ocupando cuatro lotes, divididos en 256 manzanas, de 100 metros de costado; cada manzana, en dos solares. El ejido, alrededor del pueblo, abarcaba 76 lotes repartidos por mitades o cuartos. Se definían también caminos, plazas y edificios públicos. Una Oficina de Tierras registraría a los colonos y asignaría lotes.

Las primeras cien familias de cada colonia recibirían un lote gratuito. Quienes llegaran después pagarían en 10 cuotas anuales a partir del segundo año. Existían límites en la cantidad de lotes por colono. Los solares del pueblo y los lotes del ejido se pondrían en venta.

Al llegar, los colonos serían alojados en un edificio común donde recibirían víveres, semillas, animales y herramientas, con un costo estimado de 1000 pesos fuertes por familia, a devolver en cinco años desde el tercer año de estadía. El título definitivo de propiedad solo se otorgaría tras cumplir las condiciones estipuladas; de lo contrario, los terrenos volverían al dominio nacional o del impulso de la colonia.

Como señalamos, la ley preveía también tierras reservadas entre las secciones para empresarios privados, la reducción de pueblos indígenas y el uso ganadero. En el caso de las empresas podían obtener una sección para introducir 140 familias en dos años; dos secciones si introducían 250 familias en cuatro. El 20% del territorio debía destinarse a los colonos (mínimo 50 hectáreas por persona), mientras que el 80% quedaba para el empresario, ubicándose muchas de estas tierras a la vera de los principales ríos. Los gastos de mensura debía hacerlo el empresario colonizador, que también debía proporcionar un edificio común, herramientas y víveres a precios reales, pagaderos desde el tercer año. Si no cumplía, debía pagar una multa de 10.000 pesos fuertes. El transporte desde el puerto al destino corría por cuenta del Estado. El colono recibía su propiedad al final del proceso, pagando su deuda en moneda nacional y cobrando sus exportaciones en moneda fuerte.

Por otro lado, el artículo 100 impulsaba el arraigo de comunidades indígenas mediante misiones religiosas, dividiéndolas en familias y otorgando lotes de 100 hectáreas. Esta concesión, sin embargo, no suponía propiedad plena, sino una tutela eclesiástica. El texto expresaba:

El Poder Ejecutivo procurará por todos los medios posibles el establecimiento en las secciones, de las tribus indígenas, creando misiones para traerlas gradualmente á la vida civilizada, auxiliándolas en la forma que crea mas conveniente, y estableciéndolas por familia en lotes de cien hectáreas.

La ley también incentivaba las colonias provinciales y aquellas fundadas por iniciativa individual, ampliando concesiones, promoviendo la agricultura extensiva y orientada a la exportación. Para ello, se premiaría la productividad: colonos laboriosos podían recibir gratuitamente hasta dos lotes. Se eximía de impuestos a las colonias nacionales por diez años y se ofrecían incentivos como una prima de 10 pesos fuertes por cada mil árboles plantados. Además, se creaba un fondo nacional con ingresos generados en las gobernaciones no provinciales para fomentar su desarrollo.

Una estructura de poder organizaba las colonias: autoridades municipales y comisarios designados por el gobierno. Al superar los 50 habitantes, los colonos podían elegir un juez de paz y consejeros. El comisario estaba facultado a organizar una guardia urbana armada con los mayores de 18 años.

Días después de sancionada la ley, el 19 de octubre, Avellaneda creó el Departamento General de Inmigración y la Oficina de Tierras y Colonias, encargados de la elección, mensura y subdivisión de tierras destinadas a la colonización. Como veremos, ejecutar esta ley implicaría un gran desafío para el gobierno nacional, frente al creciente interés especulativo de terratenientes, comerciantes y financistas.

Conclusiones

En estas primeras páginas, retomamos el movimiento del proceso colonizador que estudiamos en el Cuaderno 3. Lo hicimos partiendo de hitos de conflictividad social y de luchas abiertas, alguna incluso con connotación bélica. Ocurrieron en el noroeste del país, zona de antigua ocupación, y en la frontera sur bonaerense que era, con toda su complejidad, una amplia franja de intercambios comerciales, culturales y de conflictos. Los tres primeros episodios que destacamos, la masacre de extranjeros en Tandil, la batalla de San Carlos contra la población salinera, la batalla de Quera, tocaron de lleno el problema del acceso a la tierra, en convergencia con dinámicas políticas y culturales propias. El último, la batalla porteña, definió el acceso de Nicolás Avellaneda a la presidencia del país y, detrás suyo, la continuidad del proceso de organización del Estado nacional.

Justamente, la segunda parte de este capítulo se detiene en la gestión de Avellaneda para introducir el momento en que aumentó la escala del proceso de inmigración y colonización que había sido impulsado por las provincias del Litoral, fundamentalmente Santa Fe y Entre Ríos, en la década de 1850, luego de la caída de Rosas. El ex ministro de Sarmiento se había doctorado con una tesis donde investigaba el problema de la tierra en el país y proponía un modelo centrado en la creación de muchos propietarios productores. Sin embargo, la trascendente ley de 1876 sobre inmigración y colonización, estuvo lejos de representar esa aspiración. Como veremos en lo que sigue, sobre la trama jurídica, se montó una verdadera carrera hacia la concentración de tierras.

En este sentido, las batallas mencionadas anunciaban lo que vendría: un avance total del Estado nacional sobre el territorio delimitado como propio, herencia de las aspiraciones coloniales: con qué particularidades se desarrolló este proceso de expansión y qué resultados produjo, es lo que exploraremos en las siguientes páginas.

Violencia, acumulación,
propiedad

¿Exterminar o integrar?

La presión por ocupar los territorios indígenas se intensificó hacia mediados del siglo XIX. ¿Qué hacer con los pueblos originarios? ¿Con los considerados “salvajes”, los “aliados” en la frontera, o incluso con los “amigos” incorporados al dominio estatal? ¿Cómo enfrentar el “desierto”, desconocido y amenazante? ¿Respetar pactos o despojarlos completamente? ¿Exterminarlos o integrarlos? Estas preguntas atravesaron los debates políticos y militares mientras se delineaban tácticas para avanzar sobre lo que el Estado llamaba sus fronteras interiores.

Pactar y avanzar

La conquista española combinó violencia con pactos con pueblos indígenas. Ya en tiempos independentistas, proyectos como el del coronel Pedro García, orientados a la expansión territorial, desconfiaban del “sistema de amistades aparentes”, pero consideraban inaceptable la conquista por la bayoneta, a la que calificaban de “dañina para la humanidad”. La brutal campaña de Rosas en 1833, al igual que los avances en Santa Fe y Salta, también incluyó acuerdos con comunidades indígenas, denominadas “amigas” o “aliadas” según su grado de integración.

Tras Caseros, la Constitución Nacional de 1853 reclamó un “trato pacífico” hacia los indígenas, aunque imponía su “conversión al catolicismo”. El artículo 67, inciso 15, en la práctica desconocía su identidad y los derechos reconocidos en 1813: se los consideraba ciudadanos argentinos por haber nacido en el país, sin atender a su diferencia cultural. El parlamentarismo indígena comenzó a tratarse como un problema de seguridad interior.

Mitre, triunfante sobre el federalismo rosista, propuso el aniquilamiento total de los “salvajes”. Durante su presidencia insistió en una guerra sin cuartel, con colonias militares y proletarización de los rendidos. El territorio pasó a considerarse propiedad nacional, y “desierto” aquello que hasta entonces figuraba en los mapas como “dominio salvaje”.

Santiago Arcos, escritor y político liberal, expresó con crudeza ese paradigma. Su informe sobre las fronteras, publicado con la aprobación del coronel Wenceslao Paunero, planteaba que la provincia que ocupara esos territorios debía “botar fuera” a los “indios ladrones”, pues no reconocían leyes ni compromisos, aunque fueran “lugares habitados por Indios desde tiempo inmemorial”.

Arcos propuso cambiar la guerra defensiva por la ofensiva activa. Planteaba retomar las campañas de Aldao en Mendoza o las del coronel Rauch en Buenos Aires. Imaginaba la venta de tierras a altos precios y un control ejercido por una policía militarizada o gendarmería. Escribió:

Para que los Indios no invadan, es preciso que invadamos nosotros. Es preciso ir á buscar al Indio en su tolderías. Batirlo cuando el Indio no esté pronto para la guerra. Incomodarlo incesantemente, destruyendo sus caballadas, y haciéndole sufrir los mismos males que ellos hacen sufrir á nuestras poblaciones fronterizas.

En esos años, el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación, seguido por la organización del Estado nacional, aceleró la disputa territorial: ¿a qué jurisdicción pertenecían las tierras no ocupadas? En 1867, bajo la presidencia de Mitre, la Ley Nº 215 anticipó la ocupación de los territorios nacionales y el sometimiento —voluntario o forzado— de las “tribus nómades”. Se proyectó una nueva línea de fortines entre Choele Choel (Río Negro) y Planchón (Mendoza), consolidando la expansión estatal.

Aun en ese marco de conflicto, se firmaron tratados de paz y comercio, con alianzas frágiles entre gobiernos y comunidades. Caciques recibieron sueldos y uniformes; algunas tribus aceptaron establecerse en misiones, como las franciscanas de Río Quinto; se prometieron concesiones de tierras, muchas veces sin cumplir. En 1869, el Estado nacional formalizó acuerdos con el cacique Coliqueo en Los Toldos. La legislatura bonaerense otorgó tierras a “indios amigos” con cláusulas que prohibían su venta o división por un tiempo. Hubo cesiones en localidades como 25 de Mayo (Rondeau), Bragado (Railef y Melinao), Bolívar (Raninqueo), Bahía Blanca (Ancalao) y Azul (Maicá).

En ese contexto, el senador Juan Llerena propuso una ley para el “Trato con los indios”, que reconocía tácitamente su derecho al territorio al permitirles elegir una “residencia permanente” de hasta 1.600 hectáreas por familia.

Sin embargo, los pactos eran sistemáticamente violados, y la proyección nacional sobre los territorios continuaba.

Rompiendo pruritos

Sarmiento impulsó el avance de las fronteras sobre territorio pampeano, primero hasta el río Colorado y luego al río Negro, mediante una red de fuertes con telégrafos manuales y armamento moderno. Tras la Guerra contra el Paraguay, concentró recursos en el sur, estableciendo fuertes cada 50 kilómetros como núcleos de colonización, y apuntó a concretar la ocupación de Choele Choel, paso clave para el comercio con Chile.

Fue entonces cuando el coronel Lucio V. Mansilla realizó una expedición a tierras ranqueles, registrando sus vivencias. En sus crónicas, una brillante mezcla de descripciones, aspiraciones, ficción y propaganda, dialogaba con su amigo Arcos y planteaba la necesidad de una “conquista pacífica”. Afirmaba creer en “la unidad de la especie humana” y en evitar “la influencia de los malos gobiernos”. Al llegar a Leubucó, imaginaba un futuro donde los indígenas, cristianizados y reducidos, rendían homenaje a la civilización a través del trabajo.

Mansilla se mostró sorprendido por la organización política indígena y su conocimiento técnico y productivo. Señaló que “la civilización y la barbarie se dan la mano” y que “la humanidad se salvará porque los extremos se tocan”. En el parlamento con el cacique Mariano Rosas intentó convencerlo de que Sarmiento buscaba la paz. El cacique, escéptico, respondió que la tierra era suya y que los verdaderos planes del gobierno eran extender el ferrocarril y convertir el territorio en propiedad privada. Denunció además masacres pasadas como la del Sauce y la del Retiro, realizadas en nombre de la civilización.

Mansilla cuestionó la idea de que la desaparición del indígena fuera un destino inevitable, denunciando a quienes justificaban el despotismo bajo teorías de fatalidad histórica.

Ese mismo año, la Sociedad Rural Argentina —en línea con intereses ganaderos y el comercio británico— presentó un acta al gobierno bonaerense pidiendo una ofensiva militar total y ofreciendo recursos para ejecutarla. Afirmaban que las “invasiones y depredaciones” indígenas demostraban la ineficacia del sistema defensivo y proponían un “cambio radical”, comprometiéndose con el presupuesto provincial y ofreciendo apoyo logístico.

La presión sobre las tierras pampeanas aumentaba junto con su valorización por la demanda internacional de carnes, especialmente desde Inglaterra. La producción ganadera —bovina y ovina— se intensificó incluso en zonas semiáridas de frontera, y los estancieros reforzaron su expansión. El joven Francisco Moreno, entonces reciente fundador de la Sociedad Científica Argentina, comparó esta actitud con la de los squatters australianos, que ocupaban tierras arriesgando sus vidas y luego eran reconocidos como propietarios por el Estado.

La expansión ferroviaria, como temía el cacique Rosas, fue clave. Financiada por capitales británicos, recibió a cambio grandes extensiones de tierras fértiles. Álvaro Barros, militar y gobernador interino de Buenos Aires, reconocía que los “caminos de fierro” facilitaron las campañas militares, cambiando por completo la dinámica de la guerra.

La política de la zanja

El 25 de agosto de 1875, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto de ley para autorizar una inversión de hasta 200 mil pesos fuertes destinada a fundar nuevos pueblos y fortines más allá de la línea de frontera existente.

Ese mismo año, el coronel Álvaro Barros publicó La guerra contra los indios, donde defendía una ofensiva militar y reivindicaba la figura de Rauch, aun admitiendo su “personalismo extremo”. Barros proponía concentrar las fuerzas sobre el “centro capital del enemigo” para reducir de 14 mil a 2400 leguas el territorio indígena, abandonando la defensa estática. Señalaba que, pese a la proximidad de la frontera, los indígenas seguían ocupando sus posiciones tradicionales, lo que evidenciaba la pasividad del ejército.

Sin embargo, Barros no defendía una solución exclusivamente bélica. Planteaba integrar a los indígenas mediante el reparto legalizado de tierras y la formación de colonias agrícola-ganaderas. Escribió:

…repartir en propiedad esos campos a los indios, medidos, escriturados y amojonados; establecer entre ellos un sistema de orden que ellos mismos anhelan, porque muchos han aprendido a conservar lo que adquieren y saben valorar lo que importa la propiedad. Proporcionar pequeños recursos para que se dediquen a la labranza los que son capaces.

En este contexto, Avellaneda encomendó al ministro de Guerra, Adolfo Alsina, un plan de avance defensivo que combinara fortificación y expansión territorial. Así nació, entre 1876 y 1877, la monumental “zanja de Alsina”: una trinchera de 2,5 metros de profundidad y más de 500 kilómetros de largo, desde Italó hasta Nueva Roma, atravesando puntos estratégicos como Trenque Lauquen, Guaminí, Carhué y Puán. Detrás de la zanja avanzaron el ferrocarril y las telecomunicaciones, claves para consolidar el dominio estatal.

El ingeniero francés Alfred Ebelot, contratado durante la presidencia de Sarmiento, tuvo un rol central en la dirección técnica. En la zona de Tapalquén (hoy, Tapalqué), encontró toldos vacíos y restos de cultivos de trigo, cebada y lino, además de grupos indígenas “amigos” dispuestos a establecerse en colonias. Al igual que Barros, creía que había que asentar al indígena. El problema –decía- no era el “indio”, sino la tribu, sus costumbres y lenguas: podían ser integrados individualmente como trabajadores productivos, si aceptaban el orden estatal. Ese era, para muchos, el precio de la ciudadanía.

Alsina-Wysocki. Nueva línea de fronteras, 1877.

Plano de la Zanja, 1877.

El plan para construir una gran zanja permitió incorporar unas 50 millones de hectáreas al dominio estatal, especialmente en el sur de Buenos Aires y Córdoba. Se llegaron a excavar 367 kilómetros, pero la muerte de Alsina, a fines de 1877, interrumpió los trabajos, aún lejos del objetivo final, que suponía llegar a San Rafael, Mendoza.

Aun así, el plan fue criticado por la Sociedad Rural, que lo juzgaba insuficiente. Para sus intereses, la expansión ganadera exigía medidas más agresivas, justo cuando el arribo del buque Le Frigorifique desde Francia inauguraba la era de la exportación de carnes hacia Europa.

La ofensiva general

Tras la muerte de Alsina, Julio Argentino Roca asumió el Ministerio de Guerra y Marina. Su ascenso se consolidó al imponer una estrategia ofensiva, en un claro disenso con el plan defensivo de su antecesor. Roca gestionó la importación de 10 mil fusiles Remington, presentó al Congreso un plan de expansión militar, aprobado tras algunos debates, que implicaba el exterminio de poblaciones indígenas y la redistribución de tierras y, en 1877, Roca encargó a Miguel Malarin, agregado militar en la embajada argentina en Washington, que informara sobre las políticas estadounidenses hacia los pueblos indígenas. Malarin destacó la “distribución” de tierras como vía de integración tras el combate “raza a raza”. Criticó el rol de las misiones religiosas y proponía asentamientos agrícolas aislados con familias indígenas seleccionadas. Por su parte, el canciller Rufino de Elizalde presentó un plan similar, buscando integrar a los indígenas en colonias alejadas de los centros poblados, como “acto de redención cristiana”.

Antes de finalizar la presidencia la presidencia de Avellaneda y bajo la dirección militar de Roca, se llevó adelante la llamada “Conquista del Desierto”, una campaña de exterminio y sometimiento indígena que desconoció las normas internacionales de la guerra. Al sur, la campaña abarcó territorios pampeanos y patagónicos entre 1879 y 1885. Entre 1883 y 1884, se desarrolló una ofensiva sobre el Chaco, liderada por el general Benjamín Victorica.

Victorica en la campaña al Chaco.

Desde el Instituto Geográfico Argentino se celebró la victoria como un hito histórico:

Lo que intentaron nuestros mayores hace tres siglos, lo que hace un siglo repetía el esfuerzo de los patriotas de Salta y Tucumán se lleva a cabo hoy, pero de manera permanente y fijando la nueva línea abierta al porvenir de nuestra patria….

Financiar la campaña

La ocupación de estos territorios respondió a una lógica de apropiación privada desde sus orígenes. La Ley Nº 947, sancionada en 1878 y conocida como “Ley de Empréstito”, habilitó la financiación de la campaña militar mediante la venta anticipada de tierras que debían ser conquistadas. Se proyectaba avanzar la frontera hasta los ríos Negro y Neuquén. Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza cedieron tierras reclamadas como propias para costear la campaña.

Se vendieron 4 mil títulos de 400 pesos cada uno, representando 2500 hectáreas por título, con la obligación de adquirir un mínimo de cuatro (10 mil hectáreas). La inversión incluía intereses del 6% anual y podía amortizarse con adjudicación directa de tierras. Así, casi 400 personas —en su mayoría bonaerenses— se repartieron 8,5 millones de hectáreas.

En 1882, la Ley Nº 1.265, que reorganizó los territorios nacionales, profundizó esta política al rematar tierras fiscales para uso agrícola y ganadero en lotes entre 2500 y 40 mil hectáreas, con supuestas obligaciones de inversión y poblamiento. Sin embargo, lejos de fomentar colonización efectiva o preocuparse por la población “fiscalera”, la ley generó una masa de “pobladores ficticios”, lo que favoreció aún más la concentración de tierras: se repartieron más de 5 millones de hectáreas sin consolidarse colonias reales.

Finalizada la campaña al sur, se sancionó en 1885 la Ley Nº 1.628, conocida como “Ley de Premios Militares”. Esta ley otorgaba bonos de tierras a unos 6 mil oficiales que participaron en la campaña. Los lotes adjudicados variaban según el rango: un jefe de frontera recibía 8 mil hectáreas; un jefe de regimiento, 5 mil; capitanes, 2500; tenientes, 2 mil; oficiales menores, 1500.

La mayoría de estos bonos fueron vendidos, en muchos casos en el exterior, y terminaron en manos de 541 personas, que concentraron cerca de 4,75 millones de hectáreas desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Se crearon así grandes latifundios ganaderos. Por ello, muchos hablaron de un “botín de guerra” o “boletos de sangre” como formas de enriquecimiento de la elite militar, compuesta por no más de 2 mil personas.

Esta política generó protestas de oficiales excluidos, especialmente quienes habían combatido en el Chaco antes de las campañas generales. En respuesta, se otorgaron premios adicionales a quienes participaron en expediciones previas: Uriburu (1870), Fontana (1880), Bosch y Solá (1881), Bosch, Obligado e Ibazeta (1883), y Victorica (1884).

Administración, orden y seguridad

La ley de territorios nacionales

Tras la ocupación militar del sur y el Chaco, el Estado nacional debía establecer un orden político, administrativo y de seguridad en estos territorios. El principal obstáculo era la presencia indígena sobreviviente. En 1884, se sancionó la Ley Nº 1.532 de “Territorios Nacionales”, que reorganizó estas tierras bajo jurisdicción directa del Ministerio del Interior.

Se crearon así las gobernaciones en Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La ley buscaba impulsar el desarrollo económico mediante el reparto de lotes y el fomento agrícola e industrial. Además, otorgaba a los gobernadores la facultad de establecer indígenas en misiones religiosas, según el precepto constitucional y la Ley de Inmigración y Colonización, con el objetivo de integrarlos a la “vida civilizada”.

Mientras el Ejército comenzaba a replegarse hacia hipótesis de conflicto principalmente con Chile y Brasil, las nuevas autoridades territoriales debían hacerse cargo del control de extensas regiones, con escasos recursos. La seguridad fue delegada a policías locales y fronterizas —como la gendarmería o “gente de armas”—, asistidas por colonos mayores de 18 años que integraban las guardias urbanas.

Su aparición reclamaba, al mismo tiempo, pensar su relación con la tierra. En efecto, fue concebido como un defensor de la patria y como un agricultor.

El problema indígena pasó de ser una amenaza externa a un asunto de seguridad interna. Las categorías de “salvajes” y “bárbaros” dieron paso a las de “bandidos”, “merodeadores” o “fiscaleros trashumantes”, asociados a la delincuencia rural. Empresas y estancias colaboraron con recursos para sostener ese control territorial.

La gente de armas (o gendarmes)

Esta formación tiene raíces coloniales, con los “blandengues de frontera” encargados de proteger los caminos reales. En la década de 1810, el coronel García propuso este modelo para la campaña bonaerense. En los años 1830, Pedro de Ángelis lo retomó como “programa de colonización”: fundar pueblos productivos, distribuir tierras en zonas escalonadas —chacras, pasturas y terrenos para indígenas que desearan “venir a sociedad”—, y formar una fuerza policial. La idea era que el soldado fuera también vecino y propietario, con documento fehaciente, “para que pueda él y sus descendientes quedar a cubierto de la codicia de los pudientes”, protegido de desalojos, convertido en “verdadero ciudadano”. “Sus tierras, su hogar y su pueblo, serán los ídolos del labrador y ganadero”, decía.

Sarmiento retomó este modelo para las primeras poblaciones en territorios aún no conquistados, para quienes formaran las milicias y para los soldados de línea. Su política preveía mensuras de solares y quintas, entrega de tierra gratuita con condiciones de permanencia (mínimo tres años) y cultivo como requisitos para obtener la propiedad. Esta política limitaba la acumulación de tierra y ofrecía una alternativa de bajo costo fiscal al sostenimiento de tropas regulares.

Pero fue Avellaneda el que puso el primer pilar moderno del gendarme. En 1877, antes de lanzar la ofensiva militar, el presidente buscó crear fuerzas de seguridad militarizadas para asegurar el territorio colonizado. Alegando urgencia, pidió al Congreso crear dos formaciones de policías rurales, “jendarmes”, inicialmente en el Chaco, para garantizar la seguridad de inmigrantes en Resistencia y Reconquista.

En su proyecto, subrayaba la necesidad de una fuerza que, sin las exigencias de la tropa de línea, pudiera dispersarse en el ámbito rural. Aseguraba, además, que un batallón del ejército era costoso y poco eficiente. Complaciendo las quejas de la época, se optó por el alistamiento voluntario. La ley se sancionó con el Nº 850 el 6 de agosto de 1877.

Siete años más tarde, la Ley de Territorios recién mencionada otorgó a los gobernadores el comando de estas gendarmerías. En 1885 se creó también la policía local, para tareas urbanas, cuyos agentes fueron igualmente llamados gendarmes. En 1890, el capitán del Ejército Juan Amadeo Baldrich propuso un “servicio de policía militar” con “pequeñas columnas volantes” para enfrentar a merodeadores tras el avance militar.

En el sur, la iniciativa surgió luego del paso del Ejército. En 1882, el Ejecutivo pidió un crédito para crear una compañía de gendarmes en la Patagonia y para el “racionamiento de indios” en Colonia Conesa, donde indígenas reducidos se encontraban en estado crítico. Al igual que en el Chaco, ante la escasez de recursos, administradores de comercios o estancias fueron designados subcomisarios y financiaron la manutención de la fuerza.

En los años siguientes, se crearon gendarmerías volantes con funciones de policía militarizada, sin ser militares ni policías en sentido estricto. Con distinta suerte, estos cuerpos recién formaron una fuerza nacional en 1938.

Gendarmes en el Norte de Santa Fé.

La propuesta de otro francés

En 1876, antes de sancionarse la ley de inmigración y colonización, el francés Luis Deperle propuso fundar una colonia agrícola-militar al Oeste de Reconquista. Su plan solicitaba 3400 hectáreas para establecer sesenta familias del norte de Europa, cada una con al menos cuatro personas, bajo el compromiso de defender la frontera contra los indígenas.

Deperle, que se definía como “antiguo vecino”, ofrecía una hipoteca sobre la tierra como garantía, y proponía entregar a cada familia 34 hectáreas, que serían escrituradas tras tres años de trabajo continuo. El Gobierno argentino debía costear el viaje transoceánico y, mediante la Comisaría de Inmigración, se haría cargo de equipar a las familias con animales, herramientas y semillas, a crédito. También se otorgaría manutención y rancho de soldado por un año.

Los colonos debían prestar servicio en casos de invasión indígena o seguridad rural, dentro de un radio de quince kilómetros y por no más de tres días en época de trabajo agrícola. Serían racionados por el Gobierno y quedarían bajo el mando del jefe de frontera. Deperle sería el Comisario de la colonia.

El proyecto apuntaba a fortalecer la defensa de la frontera y el poblamiento en una zona clave para el comercio con el Chaco austral y el norte argentino. Aunque el modelo no prosperó como fue planteado, representa una síntesis de las políticas de militarización del poblamiento: seguridad territorial, control de las poblaciones indígenas y colonización productiva con base en la propiedad agraria y el servicio armado.

Genocidio: el nuevo lugar para los nativos

El proceso de expansión estatal en la Argentina negó sistemáticamente la identidad y los derechos básicos de los pueblos indígenas. Esta negación se expresó en la ruptura de acuerdos y tratados, en la violación de los códigos de guerra y, una vez sometidos, en su incorporación forzada a la “civilización”, con la intención de borrar sus culturas, costumbres y creencias, imponiéndoles las de la sociedad vencedora.

En el último tiempo, diversos investigadores han documentado historias de sometimiento, detención, deportación, explotación e incorporación forzada de personas indígenas en el marco de la construcción del Estado nación. Por eso sostenemos que la Argentina moderna se constituyó sobre la base de un genocidio. No solo por los asesinatos masivos —que no fueron totales—, sino por la utilización de los recursos estatales para suprimir identidades, hacerlos pasar por nativos o criollos y construir la idea de su desaparición como un hecho inevitable del progreso.

Narrativas como la “integración”, el “encuentro de culturas” o el “crisol de razas” sirvieron para encubrir la violencia genocida. La Constitución de 1853 ya exigía la conversión de los indígenas. Para fines del siglo XIX, las estadísticas oficiales dejaron de registrarlos como tales. Su lugar en la nueva sociedad fue el de fuerza de trabajo barata o como criados de familias pudientes, bajo condiciones serviles, incluso cuando mediaba un salario formal.

Si bien la mayoría consideraba necesaria la integración, incluso forzada, existían posturas críticas ante los métodos brutales utilizados. En la sociedad de hace 150 años circulaban principios éticos, conocimiento de normas y adhesión al Derecho de Gentes, antecedente del actual Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Ya entonces se denunciaban crímenes contra población civil, como la reclusión en campos de concentración, el desmembramiento de familias y el trabajo forzoso.

Muchas niñas y mujeres indígenas fueron destinadas al servicio doméstico en casas acomodadas de distintas provincias. Muchos fueron llevados a campos de concentración como el de la isla Martín García o incorporados en condiciones serviles a la Armada. Otros fueron incorporados como peones rurales en condiciones serviles en el norte y sur del país: en obrajes chaqueños y litoraleños, ingenios del Noroeste argentino y grandes estancias patagónicas. La expropiación de tierras y la negación del derecho a decidir sobre sus propias vidas también formaron parte del dispositivo estatal.

Colonos suizos y mano de obra indígena: Lorenzo Güller y su familia, en el norte santafesino, cuando vinieron a poblar Esperanza.

Reparto de indios. lista de los apellidos de empresarios interesados y la cantidad de indios o familias que solicitaron fue publicada en el diario La Razón del día 12 de noviembre de 1878, bajo el título «Importante reunión» (Fuente: En el País del Nomeacuerdo).

Una voz crítica relevante fue la del diputado Aristóbulo del Valle, quien, en 1884, durante el debate sobre la ocupación militar del Chaco, denunció: “Hemos desconocido y violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre”. Tres años más tarde, cuando se produjo un levantamiento indígena en la reducción de San Antonio de Obligado, la prensa reportó actos inhumanos cometidos por tropas nacionales, lo que motivó la designación de un fiscal militar, el teniente coronel Rafael Bosch, para investigar los hechos.

En ese mismo 1887, mientras se remataban tierras fiscales y se fundaban colonias de inmigrantes europeos en el Chaco, el empresario obrajero Carlos Boggio presentó un hábeas corpus contra el coronel Manuel Sosa, jefe interino de la 4ta División, a favor de Juan, José, Gambacito, Miguel y sus familiares, Pedro Carapé y su familia, detenidos por el Ejército. El juez del territorio habilitó un procedimiento para determinar si se trataba de personas “pacíficas y conocidas como tales”, es decir, si ya estaban “sometidas a la civilización” y obedecían a las autoridades nacionales. Cuando la iniciativa de Boggio enseñaba un uso -especulativo o no- de argumentos humanitarios, la preocupación del sistema judicial no era tanto su libertad, sino su grado de “integración” a la sociedad criolla.

Los cronistas de la época también dieron cuenta del ensañamiento. Wilcken observó que las tropas exterminaban sin distinción “a hombres, mujeres y niños”. Por otra parte, la Universidad de Buenos Aires se hizo eco de la crítica: una tesis de doctorado en Jurisprudencia presentada en 1892 se llamó “Los indios ante la Constitución y las leyes”. Su autor fue Eduardo Zavalía, quien comparó el destino de los indios con “la pobre suerte de los judíos en el mundo”, en el momento en que los judíos -como veremos más adelante- eran perseguidos y expulsados de distintos países, especialmente en Europa. El reconocido jurista Amancio Alcorta fue su director y el ministro de Guerra de Roca, Benjamin Victorica, aparece como jurado de esta tesis.

Zavalía habló de una campaña de ocupación del sur que permitió una impresionante apropiación de tierras y la captura y reparto de personas “como si fueran animales de labranza”. “Si son ciudadanos argentinos, no se hizo lo que se hace cuando se los castiga por sedición y prisión, ni por extranjeros, donde existen leyes de la guerra para prisioneros específicos, pero no se los reparte como cosas o enviados a cuerpos de ejército.” Según Zavalía, “una de las más bellas conquistas de estos últimos tiempos en el derecho internacional es precisamente la reprobación que tal teoría ha merecido de parte de los más distinguidos escritores de derecho de gentes.”

En 1904, Bialet Massé denunció la persistencia de estas prácticas en el norte de Santa Fe y pidió respetar el espíritu de las viejas Leyes de Indias. Citó al mayor Camilo S. Gay, quien dirigía un regimiento compuesto por indígenas reducidos en Banderas, y que afirmaba buscaba su sometimiento respetando progresivamente su humanidad, sus costumbres y su dignidad. “He leído y leo que hay quien pide guerra y exterminio; pero ese ultraje a la humanidad no ha de cometerse por una nación civilizada”, concluyó Bialet Massé.

Su mirada recuperaba no sólo la tradición jurídica del derecho de gentes, sino también las ideas integracionistas de los primeros referentes independentistas, que, como vimos en el Cuaderno 2, imaginaron la convivencia con los pueblos originarios como parte de un proyecto común de emancipación.

Conclusiones

El concepto de genocidio genera debates. Algunos rechazan su uso por compartir la idea de que la desaparición indígena fue inevitable o necesaria. Se trataba de “bárbaros” frente a los cuales aquella sociedad debía defenderse. Otros alegan que los responsables no eran conscientes de cometer crímenes. Eso es liso negacionismo. Distinto es el caso de investigadores que evitan su uso por su carga legal, vinculada a los crímenes del nazismo, y prefieren nociones como etnocidio, transculturación o guerra social, que explican la eliminación de identidades sin exterminio físico y generalizado. El uso del término genocidio, sin embargo, puede incluir ese tipo de política de eliminación de identidades y cultura, sin mediar el exterminio total de un grupo.

En este capítulo, nos detuvimos a revisar el proceso de ocupación estatal del territorio que reclamaba como herencia del patrimonio real colonial, amparado en principios jurídicos que le otorgaban legitimidad desde el proceso independentista iniciado a comienzos de siglo. Donde la cartografía -especialmente la extranjera- señalaba “dominio indígena”, la república reconfigurada se lanzó a consolidar un control político y administrativo, expandiendo las prácticas que había seguido España (como en Carmen de Patagones o Puerto Deseado).

Cómo y en qué tiempo lograrlo, eran preguntas fundamentales para las clases dominantes. Las respuestas se fueron ensayando con el correr de los años, en base a las experiencias de la convivencia en las fronteras, de las propias iniciativas autónomas indígenas, de las demandas de productos agrarios del mercado mundial y de los intereses de los países vecinos y las potencias europeas. Por fuera del marco de la guerra, el genocidio constituyente se puso en funcionamiento cuando la decisión adoptada fue la del exterminio, sin considerar la integración con respeto por las culturas y autonomía indígena. Como el aniquilamiento total no se consiguió, los pueblos indígenas sobrevivientes vivieron el sometimiento y la negación de su identidad, la expropiación y la proletarización.

Es cierto, la política del Estado nacional no fue distinta a la que emplearon otros estados surgidos de experiencias coloniales, como el de Chile, el de Canadá o Australia, por poner algunos ejemplos. En la misma época, los imperios europeos se repartían con violencia los países africanos y asiáticos. Por otro lado, entre los actores de poder predominaba una fuerte opinión favorable a garantizar la seguridad en las extensas fronteras por medio de una definitiva eliminación del “salvage”.Y, sin embargo, hemos puesto el acento en aquellas voces que expresaron su desacuerdo con el modo en que se avanzó: con el exterminio, con el despojo, con el intento de hacer desaparecer al indígena y su identidad.

Como se sabe, la decisión final fue la de crear un sistema territorial y productivo basado en latifundios a manos, fundamentalmente, de la clase terrateniente porteña y extranjera. Junto a este proceso de expropiación, se consolidó también un sistema agroindustrial en enclaves y colonias agrícolas sostenido por la inmigración, todo ello basado en el uso de la mano de obra barata indígena.

Se moldeaban así el país y la cartografía nacional que conocemos hoy.

En el barro 
de la colonización

En 1880, sofocada la sublevación de Buenos Aires, asumió la presidencia de la Nación el general Julio Argentino Roca. Se trataba de un oficial que había combatido tanto a unitarios como a federales a lo largo del país, y que representaba a un Estado central fortalecido, que había subordinado provincias y territorios a un proyecto de unidad nacional.

Esa unidad incluía, por fin, a la rebelde Buenos Aires, cuya oligarquía apoyó sin grandes reparos la candidatura de Roca, atraída por su promesa de orden, paz, eficiencia y progreso. Roca gobernó con mano de hierro entre 1880 y 1886, y sentó las bases de un modelo político, económico y territorial que dejaría huellas profundas.

Concluida la ocupación militar del sur, comenzó la ocupación civil. Sobre el despojo de tierras indígenas, se construyó un vasto mosaico de latifundios, muchos de los cuales terminaron en manos extranjeras. Las clases dominantes habían apostado estratégicamente a la tierra: ese fue uno de los grandes legados de Roca.

Durante su gobierno y el de su sucesor y cuñado, Miguel Juárez Celman, se aceleró el poblamiento y el crecimiento agrario basado en el latifundio, con modestas innovaciones técnicas, frigoríficos extranjeros y colonias volcadas a cultivos de exportación. Y acaso esta combinación abrió la pregunta:

¿Nada quedaría, entonces, para criollos y nativos, para los hijos del país y para los hijos de la tierra?

Los hijos del país

Ante la expansión latifundista y el impulso modernizador, los criollos —los llamados “hijos del país”, en palabras de José Hernández— buscaron un lugar en la nueva configuración social y territorial. Y esta búsqueda no se resolvió sola ni de manera pacífica. La pregunta por el lugar del criollo emergía con fuerza, especialmente frente al avance de un modelo económico que parecía reservar el protagonismo a los extranjeros.

El aluvión inmigratorio no dejó de ser observado por algunos como una amenaza a la argentinidad en construcción. Incluso se alzaron voces que lamentaban la “desaparición” del indígena, reivindicado ahora como el eslabón más genuino de lo autóctono. Marco Avellaneda, diputado y hermano del ex presidente, llegó a exclamar en el Congreso: “El desierto tiende a desaparecer, pero queda de pie un nuevo peligro: el extranjero.” Lucio V. Mansilla, por su parte, observó que se cometía una injusticia hacia el “pobre de la República”, que también merecía un pedazo de tierra. El empresario colonizador Aarón Castellanos oyó “la grita del paisanaje”, que respondía al favoritismo hacia los extranjeros y al olvido de quienes habían servido a la patria. Alejandro Conesa, gobernador del Chubut, habló de la “reparación histórica” necesaria para quienes habían forjado la “argentinidad”, destacando que los indígenas mostraban, a veces, un sentimiento de nacionalidad “que no todos los inmigrantes tenían”.

Y así, aun cuando se los consideraba “derrochadores”, reacios a aumentar sus comodidades y a abastecer al mercado, surgieron iniciativas para crear colonias específicamente criollas en distintas partes del país.

Las instrucciones de José Hernández

En 1872, José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro. Siete años más tarde escribió La vuelta de Martín Fierro. Entre ambos textos, aunque siempre compleja, se produce un cambio en su mirada sobre el indígena, desde una caracterización de peligrosidad, hacia la perspectiva de una integración humanizante. En 1881, Hernández publicó su último libro: Instrucción del Estanciero, un trabajo encargado por el gobierno provincial de Dardo Rocha (1881-1884), orientado al manejo del campo y al desarrollo de la ganadería.

En este último, describió el carácter “moderno” de la industria pastoril, la naturaleza de los campos, sus pasturas y el ganado en el Litoral —hasta el Paraguay—, así como la infraestructura, los avances técnicos y las condiciones de trabajo. Pero en la última parte, cambió el foco y expresó su protesta por la exclusión de los criollos en la política de colonización. Propuso, especialmente para Buenos Aires, la “formación de colonias con los hijos del país”. Así comenzaba este apartado:

Hace veinte y cinco años que la República Argentina emprendió la tarea de fundar colonias agrícolas, fomentando al efecto la inmigración estrangera (…) [pero] Buenos Aires ha permanecido estacionaria (…) y cada dia se hace mas sensible para ella la situación que le cria esa falta de iniciativa y de cooperación a la fundación de colonias.

Denunciaba que los propietarios, con el alambrado de leguas de campo, “arrojan de allí á cuantos no son empleados en las faenas de su establecimiento.” Conservando un estilo poético y criterio criminológico, afirmaba: “que es una verdad práctica y reconocida, que donde hay hambre no hay honradez.” Aclaraba que se trataba de condiciones sociales que afectaban a “nuestros pobres”, y sostenía que el vicio y la holgazanería “no constituyen el carácter de los hijos de la tierra”.

Para Hernández, en un país donde ya no quedaban fronteras internas que defender, la represión —como las leyes de vagancia— debía ser reemplazada por la prevención: no debía ser la policía quien resolviera el problema social, sino el gobierno, con políticas públicas de colonización dirigidas a los criollos. Esta debía incluir, en línea con el nacionalismo de la época, una política de industrialización mínima, que ofreciera trabajo durante las épocas de inactividad rural. La colonización con criollos, sostenía, era el único, mejor y más eficaz remedio contra estos males:

Es necesario, como único, como mejor y mas eficaz remedio á todos los males, fundar colonias agrícolas con hijos del país. Al colono estrangero le ofrece la ley Nacional, tierra, semillas, implantes, herramientas, animales de labranza y mantención por un año para él y su familia. Miles y miles de colonos estrangeros hay en la República, que han venido y se han establecido gozando de estos beneficios.
No se crea por esto, que miramos con prevención al elemento estrangero; nó, muy lejos de eso (…) Bien venidos sean esos obreros del progreso. […] Pero, si el país necesita la introducción del elemento europeo, necesita también y con urgencia, la fundación de colonias agrícolas, con elementos nacionales. La Provincia posee tierras excelentes para este objeto, y si no las tiene en parajes adecuados, debe adquirirlas, para lo cual tiene la facultad y los medios de hacerlo.

El ejemplo que lo inspiraba era el de su hermano, Rafael Hernández, quien en 1877 donó tierras de la estancia San Carlos, en Bolívar, para la formación de pueblos con chacras. Allí vivían ya tres mil personas, en unas cien casas, con doscientas cementeras de maíz, trigo y otros cereales, 40 mil árboles y una ganadería diversa. Aunque pudiera parecer modesto, José Hernández insistía en que fundar cuatro o seis colonias semejantes, próximas al ferrocarril, traería alivio a la campaña. La inversión —no el gasto— se justificaba no solo por sus frutos materiales, sino también por su impacto moral y social:

La colonia, trae la vida en grupo, la sociabilidad, el amor al suelo, robustece los vínculos de familia; despierta el amor al trabajo, el anhelo por el adelanto; la colonia reclama la escuela, los hábitos de vida arreglada; y el resultado final es el bienestar, la felicidad, el adelanto y mejora de cuantos forman parte de ella.

Un hogar por ley

La sensibilidad política y el pragmatismo llevaron, hacia el final de la campaña de ocupación del sur, a la sanción de dos leyes significativas. En septiembre de 1884 se promulgó la Ley N° 1.501, conocida como “Ley Argentina del Hogar”, destinada a otorgar tierras fiscales a población criolla, los llamados “fiscaleros”, y fomentar su conversión en pequeños productores ganaderos. Un año más tarde, la Ley N° 1.552 de “Derechos Posesorios” buscó legalizar ocupaciones de larga data —de veinte o treinta años— transformando a los antiguos ocupantes en propietarios legales.

Inspirada en la Homestead Law de Estados Unidos, la Ley del Hogar preveía la subdivisión de tierras fiscales fértiles y su venta accesible a “argentinos sin tierra” o extranjeros próximos a naturalizarse. No promovía específicamente la radicación indígena ni la creación de colonias agrícolas, sino que apuntaba a consolidar al gaucho como productor individual y defensor del territorio. Las tierras ofrecidas eran las contempladas por la Ley N° 1.265 de 1882, que habilitó remates públicos y contribuyó a la formación de grandes latifundios, pero sobre ellas la Ley del Hogar proponía lotes de 625 hectáreas, y cada 200 lotes se reservaban ocho para pueblos o futuras colonias agrícolas.

Para obtener el título de propiedad se exigía residir cinco años en la parcela, construir una vivienda, introducir ganado por un valor mínimo de 250 pesos, cultivar al menos diez hectáreas y plantar doscientos árboles. Solo cumplido ese plazo, las tierras quedaban habilitadas para ser embargadas o transferidas. Sin embargo, la reglamentación de 1885 impuso trabas burocráticas, y la falta de infraestructura y crédito para irrigar tierras semiáridas dificultó su aplicación efectiva.

Aunque no fue el objetivo original, en ciertos casos aislados, la norma sirvió de base legal para fundar asentamientos indígenas. Lo hizo dentro de marcos específicos, como las misiones religiosas y las reducciones estatales y en un contexto donde el Estado buscaba absorber las identidades indígenas bajo un criollismo uniforme. Es decir, las leyes dirigidas a los “hijos del país” podían, por momentos, incluir a quienes estaban en los márgenes de ese concepto.

La Ley N° 1.552, por su parte, pretendía regularizar derechos de antiguos ocupantes, pero el ritmo vertiginoso de la expansión, los costos asociados y la burocracia estatal impidieron su cumplimiento efectivo. Quienes no lograron ratificar sus derechos quedaron relegados a ser arrendatarios, desposeídos o crianceros trashumantes, al margen del nuevo régimen de propiedad. En cifras, esta última ley benefició a 126 personas con más de 1,1 millones de hectáreas: tres concesiones en Chaco, once en Formosa, dos en La Pampa, dos en Neuquén, 97 en Río Negro, nueve en Chubut y dos en Misiones.

Los hijos de la tierra

Tras la conquista militar de los territorios del sur y del Chaco, surgieron debates en las élites políticas sobre el destino de la población indígena despojada. Entre las ideas que circularon, estuvo la de crear colonias agrícolas o pastoriles con indígenas, lo que generó interrogantes sobre si debían adjudicarse tierras, y en qué carácter hacerlo.

Una experiencia que sirvió de referencia fueron las misiones religiosas de la época colonial. Durante el siglo XIX, en algunos casos, los sacerdotes respaldaron los reclamos indígenas sobre la tierra, logrando incluso la titularización a nombre de las comunidades o de las órdenes religiosas. En ciertos momentos, las misiones funcionaron como refugio frente a las matanzas, como ocurrió con los salesianos en la Patagonia austral. Las misiones buscaban evangelizar, asentar y hacer productivas a las poblaciones indígenas, aunque también sirvieron como reservas de mano de obra. Pero las experiencias en general fueron inestables, siendo reemplazadas por fortines militares con indígenas alistados, como los lanceros del Sauce, en Santa Fe.

Finalizadas las campañas de ocupación militar, algunos propusieron crear nuevas misiones. Pero las tensiones existentes entre el proyecto laicista estatal y la Iglesia cambiaron el curso de las propuestas. Se abrieron entonces proyectos estatales para asentar a indígenas como ciudadanos argentinos, trabajadores rurales y productores individuales. Se hablaba de una “colonización con indígenas”.

Los primeros en enfrentar esta nueva situación fueron los gobernadores de los Territorios Nacionales. En 1883, Lorenzo Vintter, gobernador de la Patagonia, propuso la creación de colonias pastoriles criollas. Ese mismo año se sancionó la Ley Nº 1.370, que establecía la formación de seis colonias en el sur y dos en el Chaco. La norma preveía la mensura de los terrenos, la instalación de familias y el nombramiento de comisarios encargados de su control y administración.

Otros gobernadores impulsaron iniciativas similares: Álvaro Barros (Río Negro) propuso colonias agrícolas mixtas con indígenas, apoyado por Francisco P. Moreno; Manuel Olascoaga (Neuquén) quiso poblar la cordillera con colonias indígenas; Ramón Lista (Santa Cruz) sugirió establecer reservas al estilo estadounidense. En el Chaco, Lucio V. Mansilla y Napoleón Uriburu señalaron la necesidad de contener a los pueblos indígenas en colonias organizadas por el Estado. Fontana, por su parte, denunció que los indígenas eran víctimas de la codicia y crueldad del “hombre blanco”, lo que generaba resentimiento y violencia. En Formosa, el general Fotheringham propuso en 1886 establecer una reducción indígena en Fuerte Freyre, y en 1890, desde el Chaco, Antonio Dónovan, se comprometió a presentar un proyecto de reducciones “a imitación de las ya establecidas”. También hubo propuestas privadas. Donato Dadin, por ejemplo, presentó un proyecto de colonización con indígenas bajo control particular, que fue rechazado por el Estado por su alto costo.

La mayor tensión en relación a este camino tuvo lugar en 1885, cuando se debatió en el Congreso una ley para crear colonias indígenas.

La frustrada ley de colonias indígenas

En 1885, el Congreso de la Nación debatió un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, encabezado por Roca, para establecer un plan de colonización pastoril indígena. Se trataba de una propuesta integral de reducción y radicación de indios bajo control estatal, que incluía inspecciones de trabajo y la adjudicación de tierras a nombre de las tribus. El proyecto dialogaba con las leyes de Inmigración y Colonización y la Ley de Tierras de 1878, cuyos artículos vinculados a las colonias indígenas habían sido limitados o suprimidos en instancias parlamentarias.

El proyecto establecía que los gobernadores de los territorios nacionales debían ubicar a las comunidades indígenas cerca de los ejidos de poblaciones o colonias “civilizadas”, adjudicando 30 hectáreas por familia, y 100 hectáreas a los caciques principales con buena conducta e influencia. La propuesta respondía a lo dispuesto por la Ley de Territorios Nacionales de 1884. Además, contemplaba la creación de cargos como el comisario de indios, el lenguaraz, un capellán católico y una comisión de vecinos para promover la “civilización” de los asentamientos. También se preveía el enrolamiento obligatorio de los indígenas adultos en las gendarmerías locales, y se otorgaba al Ministerio del Interior la facultad de movilizarlos hacia centros productivos cercanos.

El debate generó resistencia y surgieron proyectos alternativos más restrictivos. Uno de ellos, presentado por la Comisión de Colonización y Tierras Públicas, propuso sustituir el término “tribus” por “familias” e insistió en la necesidad de mezclar a la población indígena con la “blanca”, negando el reconocimiento jurídico de las tribus y del cacicazgo. Se impulsaba el mestizaje como política de integración, incluso promoviendo matrimonios entre indígenas y personas “de raza blanca” mediante incentivos como la entrega de tierras. A la vez, se eliminaba la idea de escuadrones indígenas, al considerarlos una amenaza, y se cuestionaron los costos de implementación del proyecto.

En defensa del texto original, el entonces canciller Francisco Ortiz argumentó que la eliminación de los indígenas no debía realizarse por la vía violenta, como proponían algunos sectores, sino mediante el mismo procedimiento seguido hasta entonces: la transformación forzada y progresiva. El debate alcanzó niveles de cinismo y negación tales que incluso se planteó que todos los nacidos en el país eran, en cierto sentido, indígenas, salvo los inmigrantes europeos.

También se discutió si el Estado aún reconocía la existencia de “tratados” con los pueblos indígenas, como había ocurrido en décadas anteriores. La pregunta tenía una intención: afirmar que los indígenas debían ser considerados como sujetos sometidos a la política interna del Estado argentino.

El diputado Lucio V. Mansilla apoyó el proyecto con limitaciones. Le preocupaba que se asimilara al modelo estadounidense de reservas, por su reconocimiento jurídico y posible segregación. En el recinto expresó su escepticismo sobre la eficacia de entregar tierras a título de propiedad a individuos indígenas, señalando que podían perderlas fácilmente, por ejemplo, vendiéndolas por una botella de aguardiente.

Finalmente, el proyecto fue devuelto a comisión y nunca se volvió a discutir. No había consenso sobre cómo abordar el problema social y político derivado de la conquista militar del sur y del norte. Sin embargo, esta experiencia, junto con las iniciativas de los gobernadores territoriales, dio lugar a experimentos locales.

En el Chaco Gualamba

Manuel Obligado, oficial del nuevo ejército nacional al estilo de Roca, combatió a indígenas, federales y liberales sublevados. En 1872 fundó la localidad de Reconquista sobre las ruinas de la misión San Jerónimo del Rey, y desde allí dirigió la expansión estatal hacia el Chaco, con el respaldo de grupos indígenas reducidos, como los Lanceros del Sauce, moqoit y qom. En 1884, fue nombrado gobernador del Territorio del Chaco, trasladándose a Resistencia.

Junto con otros jefes militares como Napoleón Uriburu y Jorge Luis Fontana, impulsó una postura que promovía pactos de protección mutua, evitando “expropiaciones innecesarias” y reprimiendo algunas prácticas indígenas, como las cuereadas, si se acercaban a las colonias. Pero estas ideas convivían con expediciones punitivas (“batidas”), que culminaban con muertos, prisioneros y distribución del “botín”, incluidos “chinas e indios”.

Desde Villa Formosa, el gobernador Fontana impulsó la “conversión” de indígenas a la vida “civilizada”, con algunas tribus reducidas que comenzaban a cultivar la tierra. Obligado participó de una expedición al interior del Chaco en 1878, tras la cual se instalaron colonos friulanos en San Fernando del Río Negro. En 1883, una ley autorizó la mensura de tierras para establecer dos colonias nacionales de un millón de hectáreas cada una, permitiendo su arrendamiento. Poco después se fundaron Florencia y otras colonias. El diario La Nación celebraba las “excelentes cosechas del año” y la compra de tierras por parte de los colonos. Paralelamente, continuaban las expediciones militares, como la dirigida por el sargento mayor Arias, en la que, según los partes oficiales, se batieron cinco tolderías, se dispersó a los indígenas y se tomaron trece prisioneros.

En este contexto se creó la reducción indígena de San Antonio de Obligado (1884), con el objetivo de demostrar que era viable la transformación de “tribus de aborígenes que deambulan por esa región, cometiendo algunas tropelías impulsadas por el hambre y la miseria”, en algo parecido a colonos agrícolas.

El experimento de Obligado

Obligado implementó en 1885 un proyecto de reducción indígena, para el cual convocó al experimentado fraile italiano Ermete Constanzi. Buscaba transformar a las comunidades qom y moqoit en agricultores y soldados, bajo el discurso de la “civilización y el progreso”.

El franciscano Constanzi, quien hablaba fluidamente lenguas locales y había trabajado en misiones en San Javier y San Pedro, jugó un papel clave como intermediario. Logró convencer a los caciques Mariano Salteño y José Domingo Crespo – cuyas comunidades habían sido derrotadas militarmente – de someterse al proyecto. En sus escritos, Constanzi expresaba con optimismo:

Los indios que hace poco vagaban por los montes, mañana serán sumisos y obedientes, cultivarán con sus arados aquella tierra virgen que por tantos años han pisado con altanería e indolencia.

El plan combinaba varios elementos: por un lado, la militarización, formando un regimiento indígena de la Guardia Nacional con 146 raciones militares; por otro, la evangelización, mediante la conversión al catolicismo y adopción de valores “civilizatorios”; asimismo, el trabajo productivo, desarrollando la agricultura con herramientas proporcionadas por Constanzi, además de la construcción de obras públicas y producción de artesanías; finalmente, la propiedad de la tierra, con la promesa de adjudicación de parcelas mediante la Ley de Colonización.

Unos seiscientos indígenas de las comunidades de Juan Chará, José Niño, Francisco Antonio y Bartolo se integraron inicialmente al proyecto. Sin embargo, pronto surgieron los problemas. Las herramientas prometidas tardaron dos años en llegar (bueyes, arados y carros llegaron recién en 1887) y solo se entregaron 72 boletos provisorios de tierras, en contraste con el rápido asentamiento de colonos europeos.

Obligado justificaba la reducción como alternativa humanitaria frente a las únicas opciones que veía para los indígenas:

Si no se reducen y resisten a nuestras fuerzas, matamos en los combates a los Indios de lanza, y sus familias prisioneras van a distribuirse como servidumbre entre las poblaciones cristianas, y sí se nos someten y no los establecemos convenientemente en reducciones, su suerte no es mejor, pués los Indios y sus familias sufren el mismo destino que los prisioneros.

Según Obligado, la experiencia debía convertirse en un modelo de reducción mixta, no segregada, semejante a las colonias agrícolas en debate en el Congreso. Reclamaba a sus superiores la mensura urgente, una política agraria efectiva, el cumplimiento de la Ley del Hogar y el fin del arrendamiento de grandes extensiones de tierra.

Pero en 1886, dos hechos críticos afectaron el proyecto: una epidemia de cólera que diezmó a la población y la sanción de la Ley nacional N° 1.894, que transfirió la región del sur chaqueño, incluida la reducción de San Antonio, a Santa Fe, quitándole jurisdicción a Obligado, que renunció a su cargo poco después, alegando problemas de salud.

Las denuncias por abusos se multiplicaron: explotación en obrajes y plantaciones, malos tratos a milicianos indígenas, y especialmente el secuestro de mujeres y niñas por parte de empresarios ligados al poder político. Constanzi intentó sin éxito conseguir 20 mil hectáreas adicionales para reubicar a los indígenas, pero su pedido fue archivado.

La compleja situación estalló el 11 de marzo de 1887, cuando el secuestro de una niña indígena por encargo de Rudecindo Roca (hermano del ex presidente) provocó la rebelión. La represión fue brutal: entre los hechos más graves, según los registros parroquiales de Constanzi, se encuentra la ejecución de catorce hombres, una mujer y un niño, que fueron enterrados cerca de la proveeduría.

Mientras tanto, el empresario Vicente Casares obtuvo más de 15 mil hectáreas en la zona. Una década después, vendió 105 lotes de lo que había sido tierra indígena. Las familias originarias se dispersaron, Obligado murió en 1896 y Constanzi fue asesinado en 1898. El debate en el diario La Nación entre el médico Víctor Pongratz y el colonizador Manuel Ocampo Samanés reveló las contradicciones del proyecto. Pongratz criticó:

una colonia indígena con autoridades que los protejan, con una buena y honrada administración, y dándoles lo mismo que el gobierno da á los inmigrantes se conseguirían en poco tiempo magníficos resultados (…) Conseguir ese resultado por otros medios me parece muy difícil. Con las armas solo se conseguirá exterminarlos; con los misioneros solo explotarlos.

San Antonio de Obligado demostró cómo el Estado argentino, incluso en sus experimentos “progresistas” de reducción, reprodujo la lógica de despojo territorial y violencia que caracterizó la conquista del Chaco. Las promesas de tierra e integración se convirtieron en servidumbre y exterminio, mientras las élites se beneficiaban con las tierras “liberadas”.

Especulación y competencia por brazos

Obligado criticaba la especulación y la formación de tres latifundios, donde había “excelentes campos, buenas aguadas y hermosos bosques y accesos”. Se refería a los campos de Manuel Ocampo, de casi 80 mil hectáreas, Francisco Tomassonie de casi 40 mil, y Eduardo Lanworthy, de casi 30 mil. Entonces, Portails Fréres, Carbonier y Cía. pidieron dos secciones de tierra en el Chaco boreal; M. Viñales, 40 mil hectáreas; y M. Vigneau, casi 20 mil. En Ocampo, estaban los ingenios Mercedes, Manolo y Tacuarendí. Las Toscas era un fortín y albergaba a los colonos Gaspar Kaufman y a Tomassone y a la comunidad indígena de Juan Chará. Todos competirían por los brazos indígenas.

La leyenda dice: “Parada de indios bravos capturados. En marcha a San Antonio de Obligado (Chaco).”

Nueva cartografía

El caso de la colonia indígena San Martín, luego llamada Colonia Dolores, reproduce los patrones de despojo y promesas incumplidas observados en otras experiencias del Chaco. En 1888, el Departamento Topográfico de la provincia de Santa Fe delineó la separación entre el Pueblo de Dolores, una colonia agrícola, y la nueva colonia indígena. Inicialmente, se adjudicaron chacras y solares a comunidades mocovíes lideradas por el cacique Mariano Salteño. Sin embargo, estas tierras pronto fueron disputadas por colonos inmigrantes y miembros de la comisión de fomento, lo que provocó el traslado forzado de los indígenas a un paraje ubicado diez kilómetros al Norte.

Pese a que el gobierno provincial y los misioneros habían prometido la titularización de las tierras, los compromisos no se concretaron. En 1894, Salteño envió una carta al gobierno santafesino denunciando la usurpación de tierras originalmente concedidas en 1872. Señaló que desde 1888, colonos extranjeros se habían asentado en ellas con la anuencia de las autoridades. El cacique solicitó que se reconocieran los derechos indígenas sobre esos terrenos y que se entregaran las escrituras, presuntamente archivadas en dependencias estatales.

Recién en 1903, tras revisar las concesiones, el gobierno provincial formalizó la donación de tierras a las familias mocovíes que permanecían en el lugar, en lo que se llamó la “Concesión N° 36”.

Se les donaron 1632 hectáreas, divididas en parcelas de 17 hectáreas cada una, bajo el reconocimiento de tierras “de merced”. Sin embargo, esta asignación excluyó las tierras más fértiles de la zona de los Ombusales. Además, la entrega de títulos estaba supeditada a una serie de condiciones burocráticas y materiales: contar con un certificado firmado por autoridades políticas, judiciales y eclesiásticas, construir una vivienda y cultivar al menos dos hectáreas en el plazo de un año.

Las dificultades persistieron. A fines de 1903, fray Iturralde denunció que colonos no indígenas ingresaban ilegalmente a los terrenos indígenas, cortaban los alambrados para utilizar las pasturas y contaban con el aval tácito de la policía de San Javier. La situación desembocó, al año siguiente, en el llamado “último malón mocoví” en esa localidad.

Este proceso de desplazamiento y control territorial formaba parte de un entramado mayor de colonización estatal y privada en el Chaco. En marzo de 1887, el diario La Prensa informó sobre un nuevo plano del Chaco Austral, donde se detallaban las colonias nacionales como Resistencia, San Antonio de Obligado, Las Garzas y Avellaneda (con el obraje Ausonia), así como establecimientos forestales y agrícolas vinculados a concesiones como la de Murrieta y Cía., antecedente del monopolio de La Forestal. También se mencionaban las adjudicaciones otorgadas por leyes de ventas y derechos posesorios, además de las concesiones para trazas ferroviarias.

Mientras se consolidaban estos enclaves extractivos e industriales, los indígenas eran vistos no como futuros campesinos o ciudadanos, sino como mano de obra barata. La nueva configuración del territorio exigía brazos para la explotación forestal, azucarera y agrícola. El capitán Federico Fernández, en sus expediciones de relevamiento del Chaco, trazó mapas de lagunas y canales, registró observaciones astronómicas y dejó un archivo fotográfico del proceso, al tiempo que se consolidaba el control militar del espacio.

Técnicos y funcionarios como Leopoldo Arnaud y el ministro de Guerra y Marina, Benjamín Victorica, veían con optimismo la posibilidad de convertir a los indígenas en trabajadores subordinados al capital. Arnaud imaginaba un Chaco convertido en centro de la industria azucarera, con ingenios sostenidos por “el brazo del indio”. Victorica argumentaba que esas “tribus” podrían integrarse a las colonias costeras y calculaba que la conquista “obligará a 15 o 20.000 brazos viriles que estaban inútiles, abandonados a la barbarie y al robo, a entregarse a los beneficios de la civilización”.

Desde una perspectiva determinista, el médico Eugenio Wasserzug propuso, en 1883 ante la Sociedad Geográfica Argentina, no tanto importar población extranjera, sino aprovechar la supuesta “adaptabilidad” de las “razas autóctonas” al medio local. El argumento económico de la explotación indígena como recurso natural se mezclaba con doctrinas racistas de inferioridad y domesticación forzada.

Hacia fines del siglo XIX, las propuestas de colonización indígena continuaron. En 1899, el secretario de la gobernación del Chaco, Antonio Díaz, impulsó la creación de un nuevo pueblo mixto en el paraje Fortín Alvarado, en el departamento Caa Guazú, bajo control del fray Nazareno Morosini, quien recibiría 2500 hectáreas por sus “servicios como reductor de indios”. Al año siguiente, el Estado nacional fundó la reducción franciscana de Nueva Pompeya, cerca de la frontera con Formosa, para “civilizar” a los wichís y emplearlos en emprendimientos agroindustriales de la región. Esta reducción sería pronto abandonada.

A comienzos del siglo XX, el administrador del Ingenio Ledesma, Arturo Bodewig, insistía en que los trabajadores indígenas eran aún “caros” debido a los gastos de traslado desde el Chaco. Consideraba más rentable establecerlos en colonias estables, donde se pudiera movilizar únicamente a los jóvenes y evitar el arrastre de “viejos e inútiles”. El ideal era una reserva de mano de obra permanente, localizada y accesible.

Finalmente, en 1911, se llevó a cabo una nueva campaña militar bajo el mando del coronel Enrique Rostagno. Su objetivo era reducir comunidades indígenas y liberar tierras y recursos para el capital, restringiendo aún más los medios tradicionales de subsistencia como la caza, la pesca y el uso del monte. Fue en ese contexto que surgió la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios y experiencias concentracionarias como la de Napalpí, expresión máxima del sometimiento, la vigilancia y el trabajo forzado indígena bajo el discurso de “progreso” y “civilización”.

Hacia el sur

En la Patagonia, la resistencia indígena fue más fuerte que en el Chaco, lo que produjo más muertes, aunque también hubo sobrevivientes, en campos de concentración temporales, reducciones, incorporación forzada en estancias y peregrinajes desesperados que terminaban en peticiones a gobernadores o al Congreso, buscando respuestas.

De Villa Fidelidad y otros casos en Buenos Aires

En Buenos Aires, el Estado promovió tempranamente acuerdos con los llamados “indios amigos”. Ya en 1863, por ley N° 392, la provincia concedió tierras al cacique Melinao, y en 1866 hizo lo mismo con Ancalao, Coliqueo y Rondeau.

En Los Toldos, Coliqueo fue asentado con su tribu en tierras conocidas como “Tapera de Díaz”. En 1869, se firmó un nuevo arreglo legal, pero nunca se resolvió la división de parcelas. Tras su muerte en 1904, criollos comenzaron a ocupar las tierras, y la provincia debió intervenir para evitar desalojos. En 1911, la Corte Suprema avaló el derecho indígena de los herederos, y en 1913 el gobierno reconoció la propiedad. Sin embargo, en la década de 1930, una comisión investigadora apoyó a los criollos, forzando a los herederos a renunciar a sus derechos de transmisión.

Un caso distinto fue el de Villa Fidelidad, en la zona de Azul y Tapalqué. Constituyó una entrega singular de predios a indígenas con una tradición de alianza con Buenos Aires, como los de Catriel. A diferencia de otras regiones, aquí la concentración de tierras no fue tan marcada, y el arrendamiento público funcionó como paso previo a la venta a particulares.

En 1856, el general Manuel Escalada, jefe de la Frontera Sur, pactó con el cacique Maycá, quien había permanecido fiel a Buenos Aires, incluso cuando Catriel y Cachul se alineaban con Calfucurá. En esos años, Catriel también volvió a pactar con el Estado. Los acuerdos incluían nombramientos militares, raciones, comercio interétnico y, en el caso de Catriel, la propiedad de unas 54 mil hectáreas al oeste del arroyo Tapalqué. El acuerdo atrajo a las tribus “pampas” de Lucio López, su hijo Chipitruz y otros caciques menores. Parte de esas tierras se destinó a la construcción de un nuevo pueblo con solares para los indígenas. Caciques como Yanquetruz, por otro lado, quisieron imitar los acuerdos.

El caso de Maycá fue peculiar. Mientras Catriel conservó las tolderías, los 41 hombres y seis mujeres de Maycá se instalaron en solares individuales de menos de 50 metros cuadrados. El municipio de Azul aceptó con reparos: vendió los terrenos a Escalada para crear un barrio segregado pero colindante con el pueblo, separados solo por el arroyo. Escalada pagó poco, y los solares se entregaron gratuitamente bajo “propiedad condicionada”: debían poblarse, mejorarse y no podían ser vendidos o cedidos.

Estos acuerdos se situaban entre los “premios a la fidelidad” y las tierras entregadas por combates del período rosista. Los indígenas formaron una división de lanceros, combatiendo junto a otros grupos (Collinao, Cayupulqui y Teuque). De allí el nombre “Villa Fidelidad”. Con el tiempo, se sumaron cientos de indígenas de diversos orígenes. Maycá, por su parte, gestionó la obtención de una “suerte de estancia” como retribución por sus servicios, mostrando conocimiento de la ley.

Otro caso fue la colonia indígena del “Campo La Cruz” en Junín. Tras la captura del cacique Pincén en 1878 por el coronel Villegas, parte de su familia fue llevada a Junín y luego separada. Fueron alojados en los cuarteles, mientras él era trasladado a Buenos Aires y luego a la isla Martín García. Un documento del Ejército ordenó la dispersión de los “indios comunes” en establecimientos rurales para alejarlos de sus costumbres tribales y “civilizarlos” mediante el trabajo.

En Junín quedaron detenidos Nahuel Payún y Pichipincén, tío y sobrino de Pincén, junto a otros capitanejos. Las malas condiciones de detención, la viruela y el hacinamiento motivaron la intervención del párroco Manuel Seijas, quien pidió ayuda al arzobispo y gestionó tierras y herramientas ante el Ministerio de Hacienda. En enero de 1881, el ministro de Guerra, General Victorica, fue autorizado a comprar chacras para donarlas al cacique Payún y otros líderes indígenas (Chenquelén, Farías, Neculpán y Juan Negrete), con prohibición de enajenación.

A cada grupo se le asignaron tierras, herramientas de labranza, semillas y bueyes, bajo la condición de fundar una colonia agrícola. Se suspendieron las raciones estatales, obligándolos a producir su sustento. Pronto, sobre 80 hectáreas, nació la colonia de Campo La Cruz, con 35 familias, 22 ranchos, nueve casas de material y una escuela. El acta de fundación justificó la entrega como una obligación moral del Estado hacia quienes habían servido y sufrido: se les debía “proporcionar medios independientes de subsistencia, sobre la base del trabajo como medio civilizador”.

Hux, M. (1972, 17 de julio). Las tribus de Junín y el Campo de la Cruz.

Colonias indígenas, “premios” y ocupaciones precarias

La colonia de Valcheta fue fundada por decreto en 1899 sobre 125 mil hectáreas del Territorio Nacional de Río Negro, conforme a los lineamientos de la Ley del Hogar de 1884. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, como espacio de confinamiento forzoso. En 1883, el teniente coronel Lino Oris de Roa fue enviado al sur para reprimir a las comunidades de Valentín Sayhueque y Modesto Inacayal, que tenían relaciones con colonos galeses. Para evitar su traslado a Buenos Aires, se decidió recluirlas en los nacientes del río Valcheta, donde permanecieron en condiciones de segregación extrema hasta fines de 1887.

Este patrón de reclusión se repitió en otros puntos del norte patagónico como Chichinales, Chimpay y Junín de los Andes, con frecuente triangulación con la cárcel de la isla Martín García. Entre las comunidades reducidas estaban los grupos de Charmata y Pichalao, cuya experiencia ganadera fue destacada por el propio Roa como superior a la de los colonos galeses.

Tras el retiro del ejército, el campo de Valcheta quedó bajo control de la policía territorial. En 1886, albergaba unas seiscientas personas. El gobernador Lorenzo Vintter propuso entonces crear una colonia indígena para asegurar la subsistencia de la población ante el inminente cese del racionamiento. Sostenía que debía entregarse tierra a los caciques Charmata y Pichalao, y remitía al gobierno listas de indígenas detenidos. También recibía pedidos de mano de obra indígena —especialmente niñas y jóvenes— para el servicio doméstico, incluso desde otras provincias, como Misiones, donde Rudecindo Roca reclamaba personas para sus establecimientos.

En octubre de 1887, un nuevo grupo fue incorporado al campo de Valcheta tras sobrevivir a una masacre en el río Genoa. Llegaron sin pertenencias, pues sus bienes, incluidos más de 2500 lanares, fueron entregados a colonos galeses del Chubut. La policía cometía múltiples abusos: vendía salvoconductos, permitía salidas a cambio de pagos y utilizaba a los indígenas como mano de obra forzada, sin registro legal ni intervención judicial.

La formalización de este espacio de reclusión como colonia demoró más de una década. Su fundación en 1899 se debió al pedido de Bibiana García, o Dughu Thayen, hija de un español que había sido llevada en un malón y eligió permanecer con los indígenas. La colonia fue mixta, pero los mejores lotes quedaron en manos de extranjeros. Del listado confeccionado en 1887 por Vintter, solo un indígena recibió título de propiedad. En 1904, un inspector de Tierras describió la sección El Salado, poblada por indígenas, como inhóspita e inservible. Alegaba que sus habitantes vivían en “estado de salvajismo”, conservando “costumbres de holganza y vicios”, en contraste con el ideal colonizador. Como en San Antonio de Obligado, la experiencia de Valcheta marcaba una política territorial que combinaba asimilación, segregación, vigilancia y violencia extrema.

Poblaciones indígenas reducidas en la norpatagonia, en el libro John Daniel Evans, el molinero.

En 1891, Alejandro Conesa, como secretario de la gobernación de Chubut, propuso una colonia pastoril en el valle del Genoa para población tehuelche bajo la Ley del Hogar. Defendía su derecho a la tierra frente a la entrega sistemática a extranjeros. Esa comunidad respondía al cacique Casimiro Fourmantin, involucrado en disputas fronterizas y vinculado a colonos galeses y pastores anglicanos, lo que generaba sospechas por su negativa a naturalizarse. La colonia fue fundada en 1895 con el nombre de General San Martín.

Ese mismo año, el presidente José Evaristo Uriburu propuso al Congreso otorgar en propiedad 25 mil hectáreas al cacique Sayhueque y su tribu. El proyecto, que finalmente se convirtió en la Ley N° 3.814 de 1899, fue criticado por la elección de tierras áridas, lejos del río Tecka, donde la comunidad quería asentarse. El diputado informante defendió el “derecho preferente de estos verdaderos dueños de la tierra”. La gente de Sayhueque, trasladada al valle del Genoa, integró luego la colonia galesa “16 de Octubre”, cerca de lo que luego se conocería como Esquel y Trevelin. Años después, se asentaron allí también el cacique Nahuelpan y su familia, por orden presidencial y trámite de la Dirección General de Tierras.

Entre 1895 y 1897, se multiplicaron las fundaciones de colonias pastoriles en Neuquén y Río Negro: Cabral, Barcalá, Nahuel Huapi, Maipú y Eustaquio Frías, además de Cushamen, Catriel, Los Puelches y Sarmiento. La colonia Emilio Mitre fue instalada en el noroeste pampeano.

Los resultados fueron dispares. Catriel fue creada simultáneamente a Valcheta pero anulada en 1911. Conesa fue despoblada de indígenas por “inadaptabilidad cultural” y falta de riego. Eustaquio Frías fue abandonada tras el despojo fraudulento de sus pobladores. General Roca nació como fuerte militar, con mano de obra forzada, y fue entregada a colonos alemanes y rusos.

La colonia Los Puelches, fundada en 1899 por pedido de Francisco Ñankufil Calderón, buscó asentar familias trashumantes. Participaron descendientes del cacique Manuel Grande, pero los lotes se asignaron de forma individual, rompiendo la lógica comunitaria.

La colonia Emilio Mitre, también bajo la Ley del Hogar, tuvo un proceso más conflictivo. Un comerciante de apellido Güiraldes reclamó su propiedad, forzando la intervención estatal. Los indígenas Santos Morales y Caleu y Curunao Cabral viajaron a Buenos Aires para gestionar la regularización. Las parcelas fueron inscritas a título individual. Las comunidades ranqueles que vivían en La Blanca fueron trasladadas a esta nueva colonia, que se convirtió en un enclave ranquelino.

Algunos ranqueles obtuvieron adjudicaciones dispersas en Emilio Mitre y General Acha, donde hacia 1920 aún vivían indígenas. Amonao Rosas, hijo de Mariano Rosas, poseía una chacra de 100 hectáreas y criaba cabras, caso excepcional frente a la mayoría, que vivía en condiciones precarias, trabajando de forma estacional. Informes oficiales recomendaban otorgarles tierras gratuitamente.

En General Acha, el ejido fue loteado en 1882 con cien chacras de 100 hectáreas aproximadamente. Algunas fueron asignadas a integrantes del grupo fundador, entre ellos indígenas, aunque éstos no fueron registrados.

Más allá de las colonias, algunos jefes “amigos” obtuvieron tierras por ley o decreto como “premios” por su colaboración militar. En 1896, Manuel Ferreyra Pichihuincá y Ramón Tripailaf recibieron 7 mil hectáreas cada uno en La Pampa. Los títulos se expedían gratuitamente y la mensura la financiaba el Tesoro de la Nación. En 1899, Antonio Traymán pidió 17500 hectáreas y Juan Andrés Antemil, por carta directa a Roca, aseguró que su familia garantizaría la “posesión y dominio del territorio”. En 1897, se les habían otorgado 6000 hectáreas, destinadas al cacique y unas cuarenta personas.

Para los caciques considerados enemigos o de quienes se desconfiaba, el acceso a tierras fue reglamentado por leyes y decretos especiales. Por ejemplo, el Congreso autorizó la localización de Luis Baigorrita y su gente. Otros, como Mariano Linares, Petrona Nahuel-Payne, Curruhuinca (1888) y Paynemil (1903) recibieron permisos precarios de ocupación en Neuquén, donde los “ocupantes fiscaleros” eran en gran parte indígenas crianceros trashumantes.

En Chubut, el cacique Kankel recibió permiso para asentarse con veintisiete familias en 1897. El excéntrico y ricachón Aaron Anchorena (nieto del colonizador Aaron Castellanos), lo conoció durante su viaje al sur, cuando observó la existencia de crianceros temerosos de ser desalojados. Anchorena habló de la especulación que se hacía con las tierras de Chubut, algo que sucedía también en Río Negro, donde en 1892 se formó una comisión investigadora en el territorio a causa de múltiples denuncias por especulaciones.

En Chubut, la fundación de Cushamen en 1899 resultó emblemática. Los grupos manzaneros y tehuelches habían sido reagrupados en tierras áridas, mientras las mejores quedaban en manos privadas. Los hermanos Ñancuche y Nahuelquir viajaron a Buenos Aires a caballo para negociar con Roca y Clemente Onelli, quien los presentó como “jefes patriarcas de 30 familias muy laboriosas y agricultoras”. Les concedieron la fundación de la colonia, cuya mensura se oficializó en 1902. Bajo la figura de “reserva”, se delimitó un espacio con miras a ampliaciones futuras. Ese mismo año, Juan Napal y diecinueve familias obtuvieron tierras en Cushamen mediante decreto.

Esta experiencia impulsó la regionalización de las colonias pastoriles, previendo amplias “reservas” fiscales para futuras colonias indígenas, como la reserva Camusu Aike de Santa Cruz, donde cerca de mil personas eran arrendatarias ganaderas en tierras fiscales.

Así, tras las ocupaciones militares y sobre todo desde 1890, se consiguió una relocalización controlada y la imposición del sedentarismo y la ruptura con la vida de tribu. En 1903, por la nueva ley de tierras (N° 4.167), se dio prioridad a la radicación de misiones. A ella recurrieron nuevamente los caciques del sur, quienes siguieron invocando reconocimiento por “servicios militares”, aunque ya no regía la ley de premios. Las solicitudes eran tantas que, en 1906, en ocasión de leer una presentación por el cacique Diego Ancatruz para obtener tierras en Neuquén, el diputado Aniceto Latorre comentó: “¡casi á diario recibe gestiones nuestro gobierno de representantes de grupos indígenas en el sentido de adquirir tierras para establecerse!”.

Reserva de tierra fiscal creada por un decreto de 1899, para radicaciones de indígenas en los territorios nacionales de Río Negro y Chubut. (Delrio, W. , 2010).

La estirpe de Calfucurá: el caso de Namuncurá

Manuel Namuncurá había negociado su localización en la zona del Fortín Chimpá, sobre el río Negro, con el coronel Pablo Belisle y el presidente Roca. Sin embargo, a comienzos de 1887 reclamó su relocalización porque el predio estaba ocupado por una estancia y se exigía su desalojo. Solicitó 10 mil hectáreas en Guayguenín, al sur de la isla de Choele Choel, para vivir con su familia “los pocos días de vida que le quedan amparado bajo las leyes nacionales”.

El Estado Mayor General consideró justo el pedido, pero la Oficina de Tierras señaló que no se ajustaba completamente a la ley de derechos posesorios de 1884, por lo que debía resolverse en el Congreso. El 2 de mayo de 1887, el ministro del Interior autorizó a Namuncurá a ocupar el lote N° 1 de la sección XIX de Río Negro, con dos condiciones: el permiso podía revocarse sin derecho a reclamo y no le permitiría adquirir la propiedad. Allí se estableció con trescientas familias en casi 15 mil hectáreas.

Pero esta adjudicación debía pasar por el Congreso. En 1888 se presentó un proyecto de “repartición de tierras y colocación de indios sometidos”, que adjudicaba seis leguas al sur del río Negro a Namuncurá y su comunidad. En el debate del 24 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Ortiz, argumentó que no podía negarse tierra a quienes venían voluntariamente a pedir un lugar para vivir, apelando a razones de humanidad y dignidad nacional. El proyecto se aprobó, pero su implementación fue parcial y con demoras. Se estableció una colonia indígena en terrenos fiscales, que incluía una legua para Namuncurá, dos para pastos comunes y trescientos lotes de 25 hectáreas. También se preveía ayuda con animales, semillas y herramientas.

En 1894, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto para otorgar cuatro leguas en propiedad a Namuncurá, en reemplazo de las anteriores. Los argumentos ya no giraban en torno a la civilización del indígena, sino a la justicia hacia los antiguos dueños de la tierra. También, se produjo un debate sobre si las tierras se adjudicaban por familia o individuo, lo que dificultó la tenencia. El resultado fue la ley N° 3.092.

El presidente Sáenz Peña celebró el sometimiento de Namuncurá al proceso legal. Antiguo enemigo, su localización lo convirtió en un caso ejemplar, regulado con condiciones especiales y sometido a vigilancia estatal constante. Bartolomé Mitre defendió el reconocimiento de la propiedad indígena, como práctica común en otros países conquistadores, argumentando que se trataba de una “ley de gracia” similar a las de colonización.

Pero el acto de posesión se demoró y muchas comunidades protestaron porque las tierras asignadas eran infértiles. También denunciaron maniobras legales para despojarlas. Fueron acusadas de “intrusos” y “gente de mal vivir”. En 1917, la Dirección de Tierras constató que los descendientes de Namuncurá seguían siendo víctimas de desposesión.

Las misiones patagónicas

Desde el siglo XVII, sacerdotes acompañaban las expediciones con el objetivo de incorporar a las tribus a la “vida civilizada”. Una de las primeras experiencias fallidas fue la de los jesuitas en Nahuel Huapi en 1669: la capilla sufrió tres incendios y fue abandonada. Otra fue la de misioneros anglicanos en el estrecho de Magallanes. Desde las Islas Malvinas intentaron instalarse en las costas fueguinas, pero en 1859 fueron asesinados por un grupo yagán en la bahía Wulaia. Solo sobrevivió el cocinero.

Un segundo intento anglicano estuvo encabezado por Thomas Bridges, quien, tras tres años en Malvinas, fundó una misión en Ushuaia. Bridges hablaba yagán y en 1865 publicó un diccionario yagán-inglés en Londres. En 1886, fundó la estancia Haberton, primera estancia oficialmente reconocida en Tierra del Fuego, gracias a una donación estatal de 20 mil hectáreas por su “servicio con los indios” (Ley N° 1.838). El lugar era un paradero tradicional yagán, conocido como Tuwuijlumbiuaia, “puerto de la garza negra”.

Más allá de esta experiencia anglicana, las principales misiones en la Patagonia fueron llevadas adelante por los salesianos. Seguidores de Don Bosco, su objetivo era evangelizar y enseñar oficios a los indígenas. Los primeros en llegar al sur fueron el padre Santiago Costamagna y el clérigo Luis Botta, quienes acompañaron la ocupación militar de 1879. Ese proceso abrió paso a la acción salesiana en la región. Le siguieron Giovanni Cagliero y otros cuatro sacerdotes, entre ellos José Fagnano. Este último impulsó proyectos de colonias mixtas en Carmen de Patagones, Sauce Chico y Península Valdés, que no prosperaron. Las primeras misiones salesianas estables se fundaron en zonas más remotas: San Rafael en la isla Dawson (1888) y Nuestra Señora de la Candelaria en Río Grande (1893), ambas impulsadas por Fagnano.

En estos territorios alejados del control estatal, se habían instalado grandes estancieros como los Braun, Menéndez y Bethy, con buscadores de oro, que muchas veces perseguían y asesinaban a los indígenas. Algunas comunidades buscaron refugio en las misiones, aunque ello implicó sometimiento a trabajo forzoso, hacinamiento y contagio de enfermedades traídas por los colonos, lo que provocó la drástica disminución de la población indígena.

La lucha por la propiedad

El despojo territorial fue resistido de distintas maneras. En muchos casos, se discutía la propiedad de la tierra y sus recursos. Estos reclamos se hacían con el propio lenguaje indígena, pero también en el idioma del poder, con el apoyo de algún letrado criollo, español o extranjero.

Ley de humanidad

Durante la segunda mitad del siglo XIX, frente al avance del Estado argentino y su nuevo marco legal, los reclamos indígenas se reconfiguraron. Un ejemplo se dio en 1858, en el Chaco salteño, cuando las comunidades protestaron por la entrega de tierras en concesión que consideraban heredadas de sus antepasados. El prefecto de Misiones, Fray Pelichi, actuó como mediador ante el gobierno de Salta y denunció la usurpación como contraria al derecho natural y al bien público. Según él, el primer ocupante tenía derecho a la tierra, salvo en caso de conquista en una “guerra justa” o por venta voluntaria. Además, decía, por ley provincial del 16 de diciembre de 1856, se reconocía la ciudadanía a los indígenas.

Sin embargo, para el gobierno provincial, el propietario legítimo era el colono blanco. Las comunidades solo podían recibir tierras si se convertían en colonos supervisados por misioneros y pagaban su valor. En este contexto, Joaquín Remedi, Prefecto de las misiones franciscanas del Bermejo, propuso asegurar la propiedad indígena ante el avance de los “cristianos”. Calculaba 10 mil hectáreas para 50 familias o 13 mil para 100, y pedía que se prohibiera su venta y se garantizara su herencia. Además, reclamaba que se evitaran las ejecuciones masivas, incluso durante “encuentros militares”, y que se respetaran los principios del derecho natural.

Los debates sobre la propiedad de la tierra apelaban a títulos coloniales y promesas estatales, y dependían de las relaciones de fuerza en cada contexto. En algunos casos, el absurdo era evidente: en 1896, los descendientes de un funcionario colonial pidieron la devolución de tierras ante el Congreso. El diputado por Córdoba Eleazar Garzón apoyó el pedido en nombre del “heroísmo español”, pero Emilio Gouchón se opuso, señalando que el reclamo estaba prescripto y que, investigando los títulos, se encontraría que el primer ocupante fue un usurpador.

Por otro lado, el diputado Eleodoro Lobos rechazó la venta de 30 mil hectáreas a un coronel sin exigencia de poblarla. Para él, los indígenas eran los verdaderos dueños de esas tierras y criticó la especulación. Argumentó que la “ley de humanidad” permitía “actos de conquista por ciertos medios” solo si contribuían a una mejor distribución. Sentenció:

Habría sido preferible dejarla en poder de los salvajes (…) en vez de encarecerla con la especulación y preparar la irrupción de otra clase de salvajes.

Crítico de la política de conquista roquista, Lobos terminaría reconociendo el fracaso de las leyes de tierras y colonización. Poco después, Juan McLean, hombre de las “fuerzas vivas” del Chaco, propuso formar colonias indígenas separadas, pero cercanas a las de blancos, con la idea de que los “indiecitos” fueran asimilándose al convivir con los hijos de colonos en la escuela. En un informe al Ministerio de Agricultura, incluso sugirió entregar tierras por herencia a las comunidades.

Los huarpes y los amaichas

A fines del siglo XIX, dos casos ilustraron con claridad la fuerza del reclamo indígena por la tierra: Cuyo y Tucumán.

En Cuyo, las comunidades huarpes reclamaron derechos sobre sus territorios con base en una merced real otorgada a su antepasado, el cacique Diego Sayanca. Esos documentos eran mencionados incluso en disputas entre las provincias de San Juan y Mendoza. La legitimidad se reforzaba también a través de capillas fundadas y mantenidas por los caciques, aunque buena parte de esas tierras ya había sido privatizada.

En la década de 1890, el abogado francés Jules Watteau se convirtió en apoderado de los descendientes de Sayanca y sacudió a la elite mendocina reclamando la propiedad de tierras en Guanacache y parte del territorio más fértil de Mendoza. Sus acciones dieron lugar a una larga cadena de litigios que se extendieron hasta la década de 1960, apoyadas en estudios de historiadores y grafólogos que revelaban irregularidades en muchos títulos privados.

En 1895, Watteau publicó en el diario Los Andes los fundamentos de su reclamo: pedía el reconocimiento de 2,1 millones de hectáreas en Mendoza, más partes de San Juan y San Luis. Muchas de esas tierras (unas 70 mil hectáreas) eran clave para el desarrollo agrícola e incluían zonas como Lavalle, Junín, San Martín, Maipú y Guaymallén. No buscaba desalojar, pero exigía derechos de explotación y control sobre el uso de recursos como la leña y el agua.

Este conflicto se inscribía en una larga disputa por los derechos derivados de la merced Sayanca, cuyos descendientes ya litigaban desde el siglo XVIII. En particular, Watteau representaba la sucesión de la ciudadana chilena María Isabel Montesinos de Sayanca, quien había registrado el título en 1818 en Mendoza y donado parte del terreno a José de San Martín. Esa zona se transformaría, décadas después, en la localidad de San Martín.

En 1890 se realizó la declaratoria de herederos, y en 1891 un juez ordenó la posesión. Watteau logró en 1895 que se renovaran los decretos judiciales. Sus opositores calificaron el hecho como una maniobra especulativa grotesca. El conflicto llegó a la Corte Suprema y atrajo atención internacional. El fiscal ad hoc y hasta el gobernador Moyano autorizaron a los ocupantes a defenderse por la fuerza. El presidente de la Cámara de Diputados, Isaac Godoy, aseguró que debía combatirse la sucesión con todos los medios disponibles.

Los enviados por Watteau a cuidar las tierras sufrieron amenazas, agresiones y hasta disparos. Sin embargo, en 1896 la justicia avaló la sucesión y en 1897 ordenó el deslinde y amojonamiento. Watteau denunció públicamente el carácter fraudulento de muchas propiedades en el norte de Mendoza y acusó a Emilio Civit, ex gobernador y ministro nacional, de liderar una red corrupta que se había apropiado de tierras, agua y trabajo indígena durante décadas.

En 1898, presentaron un recurso ante la Corte Suprema para que se cumpliera la posesión efectiva, pero las demandas nunca se resolvieron del todo. Muchas tierras pasaron a manos privadas ilegítimamente o quedaron como fiscales. En 1900, los huarpes laguneros presentaron un petitorio solicitando la propiedad común de una porción remanente, amparados en la posesión histórica de los campos del Rosario y reclamando la suspensión de los arrendamientos fiscales.

Como señalamos en el Cuaderno 3, los negociados con la tierra se multiplicaron tras el asesinato de Santos Guayama en 1879 y la campaña militar al sur, y fueron una vía central de enriquecimiento para las elites locales.

En Tucumán, también se usaron documentos de merced real para defender derechos. En este caso, fue la comunidad de Amaicha del Valle la que sostuvo una larga disputa con la poderosa familia salteña Uriburu. Aunque habían sido trasladados a la llanura en tiempos coloniales, los amaichas mantuvieron presencia en los valles y reclamaron judicialmente por ambos territorios.

El cacique Timoteo Ayala lideró la estrategia de defensa presentando una copia de la “Cédula Real” de 1716, registrada en 1892 en Tucumán. A sus treinta años, sabía leer y escribir, ocupaba cargos menores como juez de paz suplente, y tenía vínculos políticos con Ernesto Padilla, figura clave del conservadurismo tucumano (luego gobernador).

Según el Censo de 1895, Ayala tenía propiedad raíz a título individual. En 1921 logró escriturar una parcela por posesión treintañal. Lo que sucedía mostraba una forma híbrida de tenencia de la tierra: el reconocimiento legal de propiedad individual no evitaba en su reverso una concepción colectiva de la comunidad, que sobrevivía a las políticas liberales de desamortización del siglo XIX.

Aunque los amaichas no recuperaron las tierras de la llanura, sí lograron conservar una parte importante del valle, donde fundaron la villa a fines del siglo XIX. Esto no puso fin a los conflictos, pero les dio herramientas para sostener la posesión y presencia territorial.

Propiedad tutelada

En 1904, durante su segundo mandato, el presidente Roca encargó al ingeniero Juan Bialet Massé un informe sobre el estado de las clases trabajadoras. Bialet Massé prestó especial atención a la situación de los indígenas, afirmando que eran legítimos propietarios de sus tierras y que esos derechos debían respetarse. Consideraba ambiguas y contradictorias las disposiciones constitucionales y legales al respecto, cuestionando que si los indígenas eran verdaderamente ciudadanos, por qué la Nación debía “tratar” con ellos como si fueran una entidad externa. Sus palabras son elocuentes:

Las leyes coloniales habían establecido las reducciones, con asignación de tierras y el respeto a los usos y costumbres de los indios, y por el artículo 2 del Estatuto de 1813, esas leyes quedaron vigentes, al punto que la Suprema Corte Nacional ha creído que una cuestión de sucesión entre indios debía resolverse por esos usos, como lo trae el doctor A. Alcorta en el tomo I, pág. 38, de su Tratado de Derecho Internacional Privado, precisamente al tratar de la condición del salvaje en las naciones modernas.

Este pensamiento de dar a los indios tierras en que habiten, nace espontáneamente, hoy como ayer, en toda persona que estudia la cuestión con ánimo desapasionado y espíritu de Justicia. El descubrimiento de Colón y la conquista no pudieron borrar los principios fundamentales del jus gentium; ni la superioridad de la raza o de los medios puede autorizar el exterminio, ni el desalojo de la propiedad privada, y dentro de los altos principios de la Constitución Argentina mucho menos; en su territorio no puede haber un hombre que esté fuera del alcance de la justicia.

Bialet Massé proponía fijar a los indígenas en tierras fértiles, respetando su posesión y restringiendo, por cinco años, la presencia de extranjeros, salvo excepciones, como un cura o un maestro. Además, planteaba que el gobierno local quedara en manos de caciques, bajo tutela estatal o religiosa, siguiendo el modelo colonial.

Durante su recorrido por el norte santafesino, Bialet Massé visitó San Javier y Colonia Dolores. Allí observó que, pese a la distribución de tierras prometida, los títulos de propiedad se demoraban bajo excusas burocráticas. Esto, junto con rumores de reclutamiento forzoso para el ejército, generaba temor y huida entre los indígenas. Bialet Massé observaba que los terrenos eran productivos y bien cuidados, y que su codiciada expulsión respondía al interés político y económico de apropiárselos.

Al conversar con más de diez caciques, recogió una demanda unánime: que se les asignaran tierras propias, reconocidas legalmente, donde pudieran establecerse sin ser molestados. Reclamaban también escuelas y capacitación técnica para mejorar su trabajo agrícola.

Estas demandas se enfrentaban con el prejuicio persistente de la época: la duda sobre si los indígenas eran plenamente capaces de ejercer ciudadanía y, por ende, de ser propietarios. Bialet Massé reconocía que muchos eran considerados “incapaces” bajo la ley civil, especialmente si no hablaban castellano o desconocían las normas jurídicas, y por eso había necesidad de “completar” su ciudadanía externamente. Sin embargo, rechazaba la tutela del Ministerio de Menores e Incapaces, al que calificaba de “institución fracasada”. Propuso en cambio la creación de un Patronato Nacional de Indios, dependiente del Ministerio del Interior.

Este Patronato sería responsable de crear colonias indígenas, administradas por consejos integrados por un juez de paz, un comisario, un defensor de indios, un sacerdote, un maestro y un cacique. Este órgano se encargaría de la organización productiva, la educación y la justicia dentro de la colonia, prohibiendo expresamente los castigos corporales. Cada colonia incluiría lotes agrícolas y zonas urbanas con viviendas para las familias. A los pobladores se les otorgarían títulos individuales para los terrenos de vivienda y colectivos para los de trabajo. Además, habría dos lotes reservados para capataces encargados de enseñar labores agrícolas.

El defensor de indios, además de integrar el consejo, manejaría la bolsa de trabajo, informando sobre salarios y condiciones laborales. Las colonias tendrían 1600 hectáreas por cada diez personas mayores de doce años, no debían superar las ochocientas personas ni estar ubicadas a menos de 25 kilómetros entre sí. Para su financiamiento, Bialet Massé propuso un presupuesto estatal de un millón de pesos, proveniente de la venta de tierras públicas. Las comunidades deberían sustentarse con su producción, complementada con trabajos externos.

Estas ideas alimentaron el debate en torno a un Código de Trabajo que incluía disposiciones específicas sobre los indígenas. Sin embargo, ni ese código ni la creación del Patronato fueron aprobados. Pero en la década siguiente se crearon las primeras reducciones estatales y el Consejo Honorario de Reducciones de Indios, que funcionó hasta mediados del siglo XX.

Conclusiones

Tras definir el marco legal con la ley de 1876, el proyecto de las élites fue avanzar en una política activa de ocupación del territorio y redistribución de la tierra de acuerdo a una lógica del poder y el capital, orientada a fortalecer su inserción en el mercado mundial como proveedor de materias primas. Ello implicó una ofensiva generalizada sobre las poblaciones que históricamente habitaban esos espacios.

Este nuevo marco legal y la dinámica que lo acompañó abrieron las puertas a una creciente especulación sobre las tierras públicas. Ello vetó el acceso a la propiedad privada, típicamente capitalista, para una enorme proporción de la población. También, su acceso en una forma avalada por la costumbre. Así, las familias criollas, negras e indígenas, quedaron relegadas a ser mano de obra para los emprendimientos productivos ajenos.

En ese contexto, no faltaron quienes, desde la política y la prensa, intentaron impulsar medidas que, al menos, atenuaran la penosa situación. Este fue el caso de José Hernández, quien, pensando un reglamento para el manejo de haciendas a pedido del gobierno bonaerense, aprovechó para protestar por la suerte de los “hijos del país” y proponer un plan de colonización a su medida.

En este capítulo, además, repasamos la política seguida con las poblaciones indígenas que sobrevivieron, tanto en el sur como en el Chaco, una vez consumada la expansión militar. El destino deparado para ellos fue, colectivamente, más dramático: sojuzgamiento, trabajo forzoso, reparticiones, muerte. ¿Qué hacer con esta población que no pocos creían destinada a desaparecer por un designio de la fatalidad histórica?. Un proyecto de colonización con indígenas impulsado por el propio Roca intentó paliar la tragedia, pero ni siquiera ello permitieron las clases dominantes. No faltaron gobernadores en los territorios que intentaron demostrar, en los hechos, que ese camino era posible. Desde Chaco, Obligado, por ejemplo, protestó contra el latifundio y avanzó con un experimento que buscaba arraigar a la población indígena, pero sólo consiguió profundizar la tragedia. La moneda de cambio, el título de propiedad que reclamaban las poblaciones indígenas, no fue concedida.

Las políticas de fijación y localizaciones que se siguieron en el sur y de reducciones estatales que se dieron, sobre todo en Chaco, fueron alternativas que se impusieron por la fuerza de la necesidad. Pero, ¿de quién sería la propiedad? Las experiencias bonaerenses de años atrás, así como las de las misiones religiosas incluso desde tiempos coloniales, sirvieron como base del nuevo experimento. Aún así, la propiedad siguió siendo privilegio de “blancos” y cristianos. Entonces, frente a las todavía perdurables ansias del exterminio, se propuso el tutelaje como opción viable. Eso es lo que informó, en el cambio de siglo, Bialet Massé, quien recorrió el país para conocer la situación de las clases trabajadoras.

Por supuesto, existieron excepciones, rebusques, estrategias de supervivencia, que permitieron oír notas disonantes. Pero ¿si se entregaba la tierra a criollos o indígenas de forma masiva e incuestionable, quiénes iban a trabajar a bajo costo en los nuevos proyectos agrícolas e industriales?

El país del latifundio

La colonización desbordada

A una década de sancionada, la Ley de Inmigración y Colonización parecía dar buenos resultados. En 1886-1887 se presentaron 410 solicitudes de concesiones de tierras, de las cuales se aprobó la mitad, distribuyendo más de 11 millones de hectáreas.

El país que recibía a los inmigrantes en estos años difería notablemente del que habían conocido los valesanos en San Gerónimo en la década de 1850 o los estadounidenses de California en 1860 en Santa Fe o los galeses y franceses en la Patagonia. Argentina tenía un Estado en franca consolidación, con infraestructura expandida y una economía exportadora cada vez más vigorosa, sostenida por políticas públicas que apoyaban el desarrollo agrícola, especialmente en Santa Fe. El aumento de la riqueza bonaerense, medida en dólares entre 1857 y 1884, rivalizaba con las grandes potencias del momento como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Australia.

Política pública e iniciativa privada

El estadístico Gabriel Carrasco, en una conferencia en el Instituto Geográfico Argentino en 1887, destacaba el auge santafesino no como una moda especulativa, sino como resultado del aumento de la producción y del rol clave del trabajo agrícola. En un debate ya instalado, Carrasco celebraba la iniciativa privada. Decía:

No es debido á circunstancia pasajeras; no es solamente porque haya entrado al prurito de la especulación de tierras y se quieran improvisar fortunas con ellas; no: es porque hay algo positivo en el fondo; es porque allí el trabajo produce y es del aumento de producción que proviene la mayor valorización de sus propiedades.

El “gran secreto”, a su decir, radicaba en el vínculo entre empresarios colonizadores y colonos, en la espontaneidad del actor privado. Y describía el método:

En Santa Fé la colonización se opera de este modo: cualquier poseedor de unas leguas de tierra, pone un aviso en un diario, diciendo que tal pedazo de terreno, cuyo plano publica y fija en las esquinas, es colonia; se llama la colonia tal, y los que quieran poblarla, ahí la tienen. Se presenta un colono que no tiene más que sus dos brazos y el buen deseo de trabajar; llega á aquel pedazo de campo (…) y el colonizador le entrega 20 cuadras cuadradas de tierra, diciéndole: dentro de cuatro años me pagarás su valor por cuartas partes anuales.

En la colonia, el empresario ponía un comercio y los colonos buscaban agua en las napas y madera en los bosques, roturaban la tierra, hacían sus primeros cultivos y cuidaban a sus gallinas y bueyes. Por mala que fuera su cosecha, decía Carrasco, “siempre alcanza á pagar la cuarta parte del insignificante valor de la concesión”.

La prensa reflejaba con entusiasmo el éxito del modelo. En 1887, El Nacional citaba a un agricultor inglés que afirmaba que podía producir en Santa Fe a menor costo que en Dakota o Manitoba en América del Norte. Según sus cálculos, una legua cuadrada allí valdría 20 mil libras esterlinas, y advertía que pronto sería difícil adquirir tierras a ese precio, arrastrado incluso por la exportación de carne congelada a Europa. La tierra argentina era más atractiva que la canadiense o la neozelandesa, debido al clima, su fertilidad y su ubicación, con salidas rápidas al mar.

A su vez, La Nación reafirmaba que la “solución radical” a los problemas sociales y económicos residía en más inmigración: portadora de capital y civilización.

Por entonces, llegaban al país barcos como el “Apolo” con trescientos inmigrantes destinados a colonias santafesinas, y se promovían nuevas experiencias como la del comendador De Vecchi, quien buscaba fondos en Europa para poblar la región del río Bermejo. Un cronista bien informado destacaba en la prensa la experiencia de la colonia Ocampo, en el norte santafesino, donde un ingenio azucarero con 1.500 hectáreas cultivadas, una destilería y un aserradero a vapor empleaban a trescientos trabajadores. El éxito de Ocampo reflejaba la asociación entre agroindustria, inversión privada y trabajo inmigrante.

Este auge convalidaba las proyecciones de Wilcken hechas en 1872. Aunque observaba problemas —como la ociosidad de algunos colonos o la selección étnica restrictiva en colonias como Hansa, que solo admitía suecos, alemanes o daneses—, reconocía que muchas familias europeas lograban un progreso sostenido. Según el ex gobernador santafesino Oroño, la clave del sistema de acceso a la tierra estaba en la combinación: donaciones, por un lado, y ventas a bajo costo y largo plazo, por el otro.

Castillo de Naipes

Sin embargo, el esplendor tenía un lado oculto. La novela La Bolsa, de Julián Martel (1898), lo ilustra mediante una sátira del mundo bursátil:

Pues ha surtido efecto la noticia de los terrenos de Flores –piensa-. Y mira con sarcasmo aquella turba en la que figura lo principal de la Bolsa; aquella turba ansiosa por comprar las acciones que él y sus socios han valorizado merced á una simple noticia falsa esparcida en minutos. Y piensa que ahora habrá mucho dinero disponible en las cajas para especular él y sus cómplices por su cuenta particular.

El “castillo de naipes” comenzó a desmoronarse hacia 1890. El presidente Miguel Juárez Celman, sucesor y cuñado de Roca, asumió en 1886 en un contexto de expansión, pero su gobierno fue golpeado por una crisis económica internacional, el agotamiento del modelo de crecimiento basado en la deuda y una revuelta cívico-militar, la Revolución del Parque, liderada por Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen. A ello se sumó el creciente malestar popular por la inflación, la precariedad laboral y la concentración del poder en una oligarquía cerrada. Por primera vez, en ese año, se realizaron actos obreros por el 1° de Mayo.

Durante quince años, el Estado argentino había aumentado en más de 160 % su burocracia y concentrado funciones en el poder central. A su vez, una lluvia de empréstitos e inversiones extranjeras —mayormente inglesas— había formado una economía dependiente, donde el 50 % del capital fijo era extranjero y una porción similar del valor de las exportaciones se destinaba al pago de intereses y amortizaciones. El Estado actuaba como una correa de transmisión del capital financiero internacional, subordinando la soberanía nacional al endeudamiento y la especulación.

El precio del oro se disparó (de 80 a 273 pesos en un año), encareciendo la vida cotidiana. Carlos D’Amico, ex gobernador bonaerense, denunciaba en sus escritos una política de endeudamiento irresponsable, donde los gobiernos, para sostener su nivel de gastos, ofrecían tierras y recursos a cambio de créditos, hipotecando el futuro del país. Mientras las élites disfrutaban de una vida lujosa y dispendiosa, los intereses europeos se enriquecían a costa del empobrecimiento argentino. D’Amico resumía con crudeza la situación:

cada crisis es dominada aumentando las causas que la produjeron: el empréstito, la concesión de grandes negocios a capitales extranjeros, la hipóteca de todas las tierras públicas y de las particulares; la venta en Europa de las tierras nacionales y el aumento de los gastos de la nación.

La reacción ante el colapso económico fue también política. Surgió la Unión Cívica, compuesta por sectores opositores de la élite, estudiantes, jóvenes universitarios y profesionales, críticos del “unicato” de Juárez Celman. Alem e Yrigoyen se convirtieron en referentes de una nueva intransigencia política, que exigía sufragio universal, control del gasto público, fin de la corrupción y freno a los abusos oligárquicos. El mitrismo se sumó a las protestas.

La Revolución del Parque, el 26 de julio de 1890, si bien limitada al ámbito porteño, logró que Juárez Celman renunciara. El sistema político sobrevivió, con turbulencias. El vicepresidente Carlos Pellegrini completó el mandato. Pero el régimen enfrentaba cada vez mayores desafíos políticos. En 1891, de la experiencia civista, surgió la Unión Cívica Radical (UCR) y la Unión Cívica Nacional de Mitre.

En 1892, hubo nuevas elecciones, siempre restringidas, siempre denunciadas por fraudulentas. Los levantados en armas en 1890, accedieron al nuevo convite. La UCR, por un lado, y los cívicos nacionales, por el otro, se presentaron, pero no alcanzaron juntos ni siquiera el 5% de los votos. El nuevo presidente, del hegemónico PAN, fue Luis Sáenz Peña. A los tres años de asumir, debió renunciar por falta de apoyo del verdadero líder, Julio A. Roca. Completó el mandato su vicepresidente, José Evaristo Uriburu (1895-1898). En las nuevas elecciones de 1898, Roca accedió a su segundo mandato.

Mientras tanto, en 1896, nació el Partido Socialista Argentino, dirigido por Juan B. Justo. Dentro de la oligarquía comenzaron a aparecer figuras reformistas como José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña (hijo del presidente renunciado) y Carlos Pellegrini, que promovieron una apertura democrática paulatina. En este contexto, el líder radical, Alem, se suicidó. Conocido por su frase “que se rompa, pero no se doble”, el viejo líder autonomista también llegó a decir:

Los radicales conservadores se irán con Don Bernardo de Irigoyen; otros radicales se harán socialistas o anarquistas; la canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sáenz Peña y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda.​

Una ley para la liquidación

El proceso colonizador en Argentina culminó con una liquidación marcada por irregularidades, especulaciones y desfalcos. La burocracia creada para supervisar el cumplimiento de las concesiones detectó múltiples fallas. En febrero de 1887, por ejemplo, La Nación informó que el gobierno había declarado caduca la concesión otorgada a Ratino y Wescobo para la fundación de la colonia Aquino, en Chaco, por incumplimiento de contrato. Diversos inspectores, como Alejo Peyret, recorrieron las colonias, reclamando atrasos y constatando incumplimientos.

En ese contexto, el propio Estado reconocía no tener un registro confiable de las tierras vendidas por la Nación bajo la ley de financiamiento de la expedición al Sur de 1878. La Oficina de Tierras y Colonias informó que no tenía registradas ni una legua de tierras fiscales, ya que el manejo había quedado exclusivamente en manos del Departamento de Ingenieros del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y la Oficina de Crédito Público. Como solución, se sugirió recurrir a los registros de propiedad para verificar si los poseedores de tierras al menos pagaban el impuesto de contribución directa.

En este marco, el 21 de noviembre de 1891, tras la crisis financiera de 1890, se sancionó la Ley Nº 2.875 de “De Colonización y Adjudicación de Tierras”. La norma convalidó apropiaciones que no habían cumplido con ninguna condición de colonización según la ley de 1876. Su artículo 1 fue explícito:

Los actuales concesionarios de tierras para colonizar, cuyos contratos estén subsistentes, serán exonerados en todo ó en parte, si lo solicitáren, de la obligación de introducir familias agricultoras, siempre que acepten las condiciones que se establecen en la presente ley.

Estas condiciones implicaban devolver una cuarta parte de las tierras si estaban en el Sur, o la mitad si estaban en el Norte. El resto podía conservarse como donación o adquirirse mediante un pago simbólico. Además, en un plazo de tres años, debían invertir en alguna industria local y construir una casa cada 10 mil hectáreas, consolidando así grandes estancias.

La ley, que por estas razones fue conocida como “ley de liquidación”, también habilitó al Estado a vender o hipotecar hasta 2,5 millones de hectáreas en Chaco y Misiones, a 1000 pesos oro por cada 2.500 hectáreas. En vez de promover un poblamiento agrario, el Estado favoreció la formación de vastas propiedades en manos de unos pocos, consolidando el latifundio en provincias y territorios.

Colonias de Buenos Aires

Leyes de venta y nuevas colonias

Habíamos dejado de lado Buenos Aires porque, a diferencia de provincias como Santa Fe o Entre Ríos, allí la política colonizadora había sido menos intensa. Desde el avance de Alsina con su sistema de zanja, el indígena había dejado de representar un peligro directo para las poblaciones rurales, lo que redujo el incentivo inmediato para promover colonias agrícolas con objetivos militares. Sin embargo, una de las últimas iniciativas del siglo XIX para fomentar la colonización y desconcentrar la propiedad territorial a gran escala tuvo lugar precisamente en Buenos Aires.

Durante las décadas previas, la provincia había sancionado una serie de leyes destinadas a transformar la tierra fiscal en propiedad privada, tanto dentro como fuera de la frontera. La Ley de Ejidos de 1870 marcó un primer paso en este sentido. Luego, en noviembre de 1876, la Ley Nº 1.083 dispuso la mensura de tierras provinciales para su venta en remate, reservando parcelas para pueblos y ejidos, donde se limitaban los derechos exclusivos de uso del suelo. Para los lotes exteriores, la normativa admitía superficies de hasta 5.400 hectáreas.

En 1878, la Ley Nº 1.266 dio un nuevo impulso al proceso, habilitando la venta de tierras a ocupantes, quienes podían regularizar su situación de forma gratuita si desistían de sus litigios. Esta ley derogaba la anterior de 1876 y permitía la acumulación de hasta 30 mil hectáreas por persona o sociedad a los cinco años. Otras normativas definían límites o resolvían disputas territoriales con la Nación o con otras provincias. La Ley Nº 1.174 de 1878 y la Nº 1.783 de 1885, por ejemplo, regularizaban tierras concedidas a oficiales del Ejército, hasta un máximo de 8 mil hectáreas. Otras leyes, como la Nº 1.837 de 1886, autorizaban el arriendo de tierras fiscales por hasta 4500 hectáreas. Hacia 1890, nuevas disposiciones buscaban consolidar las concesiones hechas a industrias e inmigrantes (Leyes Nº 2.002, 2.097 y 2.360), y se habilitaban ventas en ejidos y ensanches, como en Ranchos y Laprida.

A pesar del aparente intento de fragmentar el latifundio, estas políticas tendieron a reproducir una estructura de grandes propiedades, aunque algo más moderada en tamaño.

En este contexto, al sur del río Salado, se creó la colonia Las Mellizas, luego renombrada Pehuajó, mediante decretos de 1881 y 1883. Con una superficie de 40 mil hectáreas destinadas a chacras de unas 80 hectáreas, la colonia fue relanzada en 1883 tras el fracaso inicial. El nuevo decreto buscaba fundar centros agrícolas que promovieran la producción, la educación y la transformación cultural de la población rural. Se prohibió toda ocupación y se dividió el territorio en dos sectores: uno para criollos y otro para colonos alemanes, quienes recibirían unas 15 mil hectáreas.

A los nuevos colonos criollos se les daba máximo 160 hectáreas por concesión, con ciertas condiciones: tener familia, cultivar al menos quince hectáreas en un año, construir una vivienda y un pozo de balde, limitación en la cantidad de animales (quinientas ovejas cercadas), prohibición de venta de derechos durante el primer año, y pago en diez anualidades. La colonia sería administrada por dos comisiones, una criolla –que incluía a Carlos Casares– y otra alemana, ambas sujetas a la Ley Nº 2.460 de 1892.

La colonia de Pigüé se fundó en 1884, a orillas del arroyo Pigüé, en una región que había sido el territorio de la tribu de Calfucurá, en las cercanías de Carhué. Luego del avance de la frontera en el Oeste bonaerense, esas tierras quedaron registradas a nombre de Eduardo Casey titular de la Curamalán Land Company en la pampa y vinculado a capitales ingleses.

Casey vendió las tierras a su amigo Clément Cabanettes, quien compró alrededor de 27 mil hectáreas sobre el arroyo Pigüé. Junto a su socio François Issaly, Cabanettes organizó la llegada de familias francesas provenientes de Aveyron. El 4 de diciembre de 1884, los primeros 162 inmigrantes arribaron a la estación Pigüé para iniciar la colonia.

Pese a las dificultades de los primeros años, los colonos accedieron a parcelas de 100, 200 o 300 hectáreas, que pagaron en seis anualidades, descontadas de las entregas de trigo. En 1886, las tierras volvieron a quedar en manos de Casey y, en 1890, en un contexto de crisis financiera, pasaron finalmente a manos de la Baring Brothers, de Londres.

Distribución de grandes y medianas estancias al sur de Santa Fe y el trazado del ferrocarril a Córdoba (Gaignard, La pampa argentina, 1989). En este marco debían crecer las colonias.

La ley de Centros Agrícolas

A fines de 1887, con el objetivo de reforzar las políticas de poblamiento y distribución de tierras delineadas por la Ley Nacional de Inmigración y Colonización, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1.969, conocida como la ley de “Centros Agrícolas”. Esta iniciativa se proponía impulsar la ocupación con pequeños y medianos propietarios de chacras, con parcelas de entre 20 y 100 hectáreas, y un máximo de hasta 300 por persona.

A diferencia de otros modelos colonizadores más dependientes de empresarios intermediarios, aquí el protagonismo recaía en los propios colonos. El plan preveía una ocupación radial en torno a estaciones ferroviarias poco pobladas. Retomando una vieja preocupación que venía del período colonial, los centros debían ser de “pan llevar”, es decir, abastecer de alimentos básicos a la población.

La aplicación de la ley enfrentó múltiples obstáculos, el primero de ellos, el latifundio. Para sortearlo, se incentivó a los grandes propietarios a sumarse al proyecto, pero también se contempló la expropiación de sus tierras si no accedían a dividirlas y venderlas. Incluso se evaluaba modificar las paradas ferroviarias para ejercer presión. El artículo 5 establecía:

Si los mencionados propietarios se negasen a efectuarlos por su cuenta, o no contestaran en el término indicado, que podrá ser prorrogado en los casos que lo crea indispensable, queda habilitado el Poder Ejecutivo para proceder a su expropiación previo informe de la oficina de agricultura, quien informará sobre la bondad de los terrenos en el más breve término.

La ley organizó un complejo entramado institucional y financiero para acompañar su implementación. Se creó la Oficina de Agricultura, encargada del registro, control e inspección; se fijó un valor básico de la tierra y se contemplaron medidas para resolver problemas de hipotecas, dado que muchas tierras ya estaban comprometidas con el Banco Hipotecario. Se otorgaron beneficios como tarifas reducidas y pasajes gratuitos en los ferrocarriles, cuyos gerentes se integraron al directorio de la nueva oficina. El Banco Provincia ofrecía créditos blandos, y se establecieron exenciones impositivas, todo ello según la distancia entre las chacras y las estaciones ferroviarias.

Para evitar la especulación, se obligaba a los compradores a cultivar al menos la mitad del terreno durante los primeros tres años, bajo pena de que las tierras volvieran al fisco. A su vez, los grandes propietarios o empresarios que ofrecieran tierras también debían comprometerse con una fianza, que el Estado podía ejecutar en caso de incumplimiento. Durante los dos primeros años, podían explotar las tierras no colocadas en manos de colonos, pero luego estaban obligados a venderlas. En caso de proponer nuevos centros lejos de estaciones existentes, el Estado evaluaría la instalación de nuevas paradas ferroviarias. Los artículos finales de la ley establecían la obligación de facilitar a los colonos instrumentos de labranza y anticipos de dinero, acordando entre las partes la forma de devolución.

La ley fue ampliamente debatida entre legisladores, funcionarios y terratenientes. Algunos sostenían que Buenos Aires debía concentrarse en la especialización pastoril y que el fomento agrícola era una distracción. Otros argumentaban que ambas actividades podían complementarse, promoviendo la rotación trienal de cultivos con pasturas como la alfalfa, mejorando así los costos productivos y la calidad del ganado exportado a Europa.

Más allá del debate, en la práctica, muchos aprovecharon su doble condición de legisladores o funcionarios y propietarios para beneficiarse personalmente. Un ejemplo notable fueron las más de 46 mil hectáreas adquiridas por legisladores poco antes de la sanción de la ley, que luego se valorizaron o fueron expropiadas con compensaciones. Casos paradigmáticos fueron los de Víctor del Carril y Ernesto Weigel Muñóz, impulsores de la ley e integrantes de la Oficina de Agricultura. Aristóbulo del Valle, quien, a través de su empresa Cooperativa Agrícola, concentró más de 80 mil hectáreas en Pehuajó y Trenque Lauquen, promoviendo centros agrícolas por cuenta de su empresa.

Algunos centros, como Coronel Suárez, General Lamadrid y Tornquist, crecieron en infraestructura y se conectaron al sistema ferroviario. En el partido de Junín, se formaron varios centros agrícolas, como Marcos Paz, Coronel Segundo Roca y La Italia. En la propia localidad de Junín, los concesionarios avanzaron con la subdivisión y venta de parcelas. Ejemplos de ello fueron Jacinto Videla y los hermanos Ataliva y Agustín Roca. El primero adquirió más de 8 mil hectáreas, de las cuales vendió más de 6300, repartidas en parcelas de entre 100 y 300 hectáreas. Los hermanos Roca, por su parte, impulsaron dos colonias, en las que transfirieron más de 7 mil hectáreas a través de unas setenta operaciones. En conjunto, entre 1890 y 1907, este partido movilizó más de 18 mil hectáreas en al menos 138 ventas.

Pero éstas eran pocas excepciones. En general, la ley no logró cumplir los objetivos de crear una economía basada en pequeños propietarios. En 1893 existían 205 centros agrícolas en Buenos Aires, que abarcaban 1,6 millones de hectáreas, pero solo el 30% de esa superficie estaba cultivada. La mayoría de los agricultores no eran propietarios, sino arrendatarios. El censo de 1888 registraba 15 mil propietarios en 28 mil explotaciones rurales; en 1895, los propietarios habían aumentado a 18 mil, frente a casi 38 mil explotaciones. ¿Fue un fracaso? Abordada desde sus fallas, se ha señalado que la ley no contempló una política adecuada de mano de obra, capitalización o estímulo a industrias de transformación como molinos, cremerías o talleres agrícolas. Además, se aceleró la especulación con la tierra, en parte por la política del Banco Hipotecario, que facilitó cédulas hipotecarias sobrevaluadas, generando una burbuja que estalló con la crisis de 1890. Muchos colonos, aún sin comenzar a amortizar sus deudas, quedaron atrapados con tierras desvalorizadas e hipotecas impagables.

Este fue el caso de la colonia agrícola “Nueva Plata”, creada en 1888 por Rafael Hernández sobre tierras cercanas a Las Mellizas y a su estancia “San Carlos”, mencionada por su hermano José Hernández como ejemplo de colonización con “hijos del país”. Para entonces, el autor del Martín Fierro ya había muerto, y el sueño de una Argentina de pequeños agricultores se desmoronaba.

Empresas e inmigrantes en los territorios

Las Misiones

Volvemos a los Territorios Nacionales, esta vez para enfocarnos en uno que exploramos poco: Misiones. Históricamente habitada por pueblos guaraníes, disputada por jesuitas, franciscanos, Paraguay, el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas —especialmente Corrientes—, Misiones fue escenario, hacia fines del siglo XIX, de la expansión estatal, el establecimiento de colonias de inmigrantes europeos y el desarrollo agroindustrial, como lo ilustra el ingenio Santa Ana, propiedad de Rudecindo Roca, cuyo tráfico de “chinitas” detonó la sublevación en San Antonio de Obligado.

Tras la expulsión de los jesuitas, muchas misiones fueron abandonadas y sus poblaciones se dispersaron. Recién décadas más tarde, criollos e indígenas comenzaron a reasentarse, dando origen a núcleos que serían clave para la política de colonización nacional, especialmente en el centro y sur del territorio, a lo largo de la ribera. En ese contexto, se reactivaron formas de cultivo —no sólo de extracción— de la yerba mate.

Los mapas del período ofrecen una clave para comprender la evolución territorial. Una carta francesa de 1865 muestra, sobre la costa frente a la ciudad paraguaya Encarnación, rumbo al norte, unas pocas estancias, la localidad de Candelaria y otras poblaciones abandonadas como Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus; sobre el Este, San Carlos, Apóstoles y Concepción; hacia el sur, llegando al río Uruguay, San Javier y el fortín Nu-Guazú. En el centro de la selva, la inscripción “Indios Tupíes” señala tierras aún no integradas al control estatal.

Mapa de Misiones y Corrientes, 1865.

Poco después, un croquis enseña la existencia del trazado de algunos pueblos/colonias, de sur a norte, Itapuá (luego Posadas) Marco Avellaneda (Corpus), Carnaguapé, Paranay, Piray e Y-Guazú. Están señaladas antiguas locaciones jesuitas y decenas de villorrios, establecimientos de campo e ingenios. Una extensa zona, al norte y al este, indica la existencia de bosques y yerbales inexplorados y tierras vírgenes.

Mapa de las Misiones 1871-79.

Veinte años después, un nuevo mapa muestra cinco departamentos, con fortines, pueblos, iglesias y colonias. Posadas ha sido fundada como capital. Una veintena de colonias aparece en la ribera del Paraná y hacia el sur, entre ellas: San Isidro, Apóstoles, Mártires, Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Corpus, Compañía de Cuaraguapé (Guadalupe), Compañía de Paranay, Compañía del Piray, colonia del Guazú.

Mapa de Misiones de 1888.

Un atlas de 1890 incorpora rutas, líneas telegráficas y la esperada traza ferroviaria hacia Posadas, con telégrafos, carreteras y sendas, además de mostrar la frontera aún incierta con el disuelto Imperio de Brasil.

Mapa de Misiones de 1890.

Para el cambio de siglo, un mapa de la Dirección de Tierras ya distingue, mediante colores, tierras escrituradas, concesiones, permisos de ocupación, zonas forestales, reservas y colonias nacionales. A lo largo del Paraná y el Uruguay se extienden centenares de lotes con formas irregulares, muchos con nombres propios. Figuran como colonias nacionales —algunas con ejido— Posadas, Candelaria (1883), Cerro Corá (1894), Apóstoles (1898), Concepción, Caa-Guazú, Guaraní, Santa Ana (1883), Bonpland (1894), San Ignacio, Corpus, Yerbal Viejo, Aristóbulo del Valle, Manuel Belgrano, entre otras. Varias tienen una gran extensión.

A su lado, proliferan tierras bajo dominio privado: compañías colonizadoras, grandes propietarios o familias, algunas bajo inscripciones del estilo: “sucesión de” o “administrada por”. Están los Roca, Compañía Taranco, Núñez, J. Argerich, N. Avellaneda, Compañía Eldorado, Territorial Franco Argentina, Errecaborde, Quetrel, Arturo Candelaria, Compañía Martin, Laharraghe, Enterprises en Orient (Glaris), Hermanos Istueta, Durañona, Martín Errecaborde, San Javier Land Forest, entre muchas otras.

La Nueva Misiones

Estos mapas permiten ver distintas vías del proceso colonizador: la colonización oficial, luego la privada (según lo previsto por la ley de 1876), la ocupación espontánea en las zonas fronterizas y el poblamiento vinculado a la explotación yerbatera y forestal.

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de una política de colonización fue la apropiación temprana de tierras por parte de latifundistas correntinos. Misiones fue convertida en gobernación en 1881, pero antes de su federalización, el gobernador de Corrientes, Antonio Gallino, dispuso la venta de tierras fiscales misioneras en lotes de unas 40 mil hectáreas: 38 compradores adquirieron cerca de 2,5 millones de hectáreas, más del 80% del territorio. Sin embargo, como los mapas se basaban en declaraciones de yerbateros locales, grandes áreas del interior —casi un millón de hectáreas— quedaron sin registrar, lo que permitió su incorporación al proceso colonizador oficial. Además, en 1894 muchas de las concesiones correntinas no fueron renovadas.

En ese marco, el gobernador Juan Balestra (1893) impulsó políticas para el arraigo de la población. Convirtió en municipios a las colonias nacionales de Candelaria y Santa Ana, delineó pueblos como San Carlos, San Javier, Apóstoles, San Ignacio y Corpus, y distribuyó solares y chacras entre los pobladores criollos ya asentados, en su mayoría paraguayos, argentinos y brasileños. También creó una sección de colonización en Cerro Corá, entonces ya poblada. En 1894 había otorgado 47 títulos de propiedad; un año después, había destinado más de 87 mil hectáreas a la agricultura.

Su sucesor, Juan Lanusse, profundizó la política: en 1897 refundó Apóstoles con inmigrantes polacos y ucranianos. Le siguieron otras colonias como Azara, San José y Cerro Corá, fundadas a lo largo de caminos abiertos a machete en la selva.

A pesar de estos avances, la política oficial no priorizó al poblador criollo o indígena. Tras una primera etapa estatal, la colonización privada tomó fuerza en el siglo XX. Para 1920, más del 80% de las parcelas estaban en manos de europeos. Aunque se crearon colonias por casi medio millón de hectáreas, hacia 1905 sólo 22 mil hectáreas habían sido efectivamente entregadas en propiedad.

La dimensión del proceso se percibe en testimonios como el del periodista francés Jules Huret, quien recorrió el país a comienzos del siglo XX. En Misiones —que entonces tenía unos 38 mil habitantes, 6 mil en Posadas— entrevistó a grandes propietarios como Dominique Barthe. Llegado al país en 1877 a los doce años, Barthe había acumulado en dos décadas más de 250 mil hectáreas, además de ser industrial, ganadero, naviero y banquero. Otro caso citado por Huret es el de los hermanos Errecaborde, con 607 mil hectáreas. El periodista describió el proceso:

Una gran parte de esa población se compone de familias de colonos europeos. Los rusos y los eslavos de Austria están en mayoría, entrando en aquella cifra con una proporción de 45%; los italianos de 10 y los franceses de cinco. Esos colonos se dividen en unas 3000 familias repartidas en 13 colonias. Cada familia posee por término medio 50 hectáreas de tierra, de la que no cultiva más que de cinco a 7. Ahora no nos hallamos en una región de grandes explotaciones agrícolas. Se cultiva sobretodo yuca, batatas, tabaco, caña de azúcar, maíz, arroz, naranjas, bananos y bananas.

Los entrevistados de Huret dejaban conocer sus prejuicios raciales: los sirios y armenios eran “la plaga más temible”, los brasileños hijos de alemanes, los mejores para la explotación forestal, los correntinos mestizos, ideales para el desmonte y la yerba, y los polacos, los mejores cultivadores. En total, se cultivaban apenas 350 mil hectáreas de las tres millones que tenía el territorio, que el periodista comparaba en tamaño con Bélgica.

La vida del trabajador yerbatero y forestal empezaba a ser descripta como una forma de esclavitud, retratada luego por la literatura realista. La selva, vasta e impenetrable, era percibida como un espacio de riqueza infinita. Consultados sobre el futuro del territorio, los propietarios respondían: “Cuando se hayan extraído de los bosques los tesoros de maderas que contienen, se crearán prados para el ganado.”

Chaco y Formosa

En el Chaco, detrás de las campañas militares marchaba el agrimensor, y tras sus mediciones surgían los loteos, adjudicaciones de tierras y su puesta en producción, que dependía de la mano de obra indígena “liberada”.

Junto con la fundación de colonias en el norte santafesino y el sur chaqueño, la colonización avanzó a lo largo de los ríos Paraná y Salado. El interés por estas tierras era constante. De las 410 concesiones otorgadas en 1887 en todo el país, 82 correspondían al Chaco, abarcando casi 4 millones de hectáreas.

Caso ejemplar fue el de los hermanos Portails, empresarios franceses y representantes de compañías ferroviarias, que solicitaron al Ministerio del Interior dos secciones de tierras en el Chaco boreal. Años después, serían fundadores de la industria del tanino en el país, predecesores de La Forestal británica. Su solicitud abarcaba una franja de 20 kilómetros desde el río Paraguay hacia el Oeste, lindante con la concesión de otra empresa francesa: Bouvier y Cía., frente al pueblo paraguayo de Villeta.

En las inmediaciones de Resistencia, capital del Chaco, avanzaba la colonización. El 11 de junio de 1889, el gobernador Dónovan designó al coronel Hilario Alzugaray para realizar la traza rural de la colonia y verificar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación, ya que se observaba un fuerte ausentismo entre los beneficiarios, quienes utilizaban las tierras para pastoreo en lugar de dedicarlas a la agricultura.

Según el censo de 1892, tras la cesión del territorio que pasaría a integrar el norte de Santa Fe, el Chaco se dividía en cinco departamentos y 24 distritos, con cerca de 40 mil habitantes. La producción agrícola incluía maíz, caña de azúcar, sorgo, alfalfa, maní, tabaco, legumbres, hortalizas, lino, papa, batata, mandioca y otros cultivos. Había siete industrias mayores y 15 establecimientos ganaderos, con un stock de 150 mil vacunos, 20.000 caballos, 10 mil mulas y 2500 ovejas. La principal dificultad, según Dónovan, era la falta de caminos transitables. En 1891, escribía: “…a más de ser difícil el paso de los ríos que lo circundan, en época de lluvias se hacen intransitables los caminos…”.

En Formosa, en cambio, el proceso colonizador era mucho más incipiente, ya que la presencia indígena seguía siendo dominante. Esta situación no sería modificada sustancialmente por el Estado sino hasta la campaña militar de 1911.

En 1887, el secretario de la gobernación, Estanislao Fragal, manifestaba un claro interés en fomentar la colonización extranjera. En su memoria anual, destacaba los esfuerzos realizados durante “años de incesantes y rudos trabajos” para ofrecer al inmigrante una “zona conocida, donde pueda establecerse con garantía de su vida”, aprovechando la bondad del suelo y las comunicaciones fluviales.

Sobre los pueblos indígenas, Fragal escribía con crudeza:

El indio montaras que compartía con las fieras el dominio de estos parages ó se ha sometido prestando su concurso á la obra del progreso ó lleva una vida miserable en los más lejanos montes, á donde ha sido arrojado hasta tanto que su propia seguridad lo obligue á trasponer las fronteras del País ó reducirse á la vida civilizada.

Fragal anunciaba la inminente fundación de cinco o seis colonias en terrenos ya concesionados, con la llegada de centenares de familias agricultoras. Para consolidar este proceso, proponía la venta de tierras fiscales, ya que “el que desea establecerse se encuentra con que le es imposible adquirir la propiedad del terreno ni la promesa de obtenerlo más tarde con preferencia a otros interesados”.

En cuanto a las condiciones agropecuarias, eran descritas como excepcionales. “Donde se arroja el grano, brota la planta”, afirmaba Fragal, destacando las posibilidades para el café, tabaco, maíz, maní, algodón y caña de azúcar. Esta última ya se explotaba con buenos rendimientos, como demostraba el destilador de la Colonia Formosa, con beneficios del 30% sobre el capital invertido. También resaltaba el potencial ganadero del territorio.

La zona pampeana y el ocaso del ideal agrícola

Entre fines de la década de 1870 y mediados de la de 1880, la apropiación de tierras públicas en la región pampeana avanzó a una velocidad sin precedentes. Con la consolidación militar en el sur bonaerense, el Oeste de Córdoba y el Territorio Nacional de La Pampa, el Estado nacional habilitó diversos mecanismos legales para transferir millones de hectáreas al sector privado.

Por un lado, estuvieron los remates, bonos y adjudicaciones que favorecieron a grandes compradores: miembros de las élites urbanas, empresarios ligados al capital extranjero y militares recompensados. Según documentaron Edward y Michael Mulhall en Handbook of the River Plate (1885), entre 1879 y 1885 se entregaron más de 9,4 millones de hectáreas a 358 compradores, en lotes estandarizados de 10 mil hectáreas, inaccesibles para quienes aspiraban a convertirse en agricultores independientes.

Entre los adquirentes figuran apellidos como Luro, Anchorena, Alvear, Roca, Cambaceres y Bemberg, junto con empresarios británicos como Drabble, Drysdale, McClymont y Duggan. Estas compras respondían más a una lógica de valorización y especulación que a un proyecto real de poblamiento: se adquirían tierras esperando su reventa o futura explotación, especialmente vinculada a la ganadería extensiva o a la expansión ferroviaria.

En paralelo, la Ley Avellaneda buscó fomentar la colonización agrícola mediante la venta de tierras fiscales a empresas privadas, nacionales y extranjeras. No obstante, el objetivo inicial fue rápidamente desplazado por estrategias de acumulación especulativa. Compañías como la Santa Fe Land Company, la Córdoba Land Company o la South American Land Company montaron complejas estructuras financieras con capitales británicos y cotización en la Bolsa de Londres, destinadas a adquirir, subdividir y revender tierras sin poblarlas.

El caso de Eduardo Casey y su Curumalán Land Company es ilustrativo: entre 1882 y 1885 adquirió más de 300 mil hectáreas en el sur bonaerense. En La Pampa, firmas como la Guatraché Land Company, la Pampa Estancia Company, Trenel S.A. o La Buena Esperanza superaron las 290 mil hectáreas. Empresarios como Capdeville, con 80 mil hectáreas en Telén, o la firma Stroeder, que hacia 1906 controlaba 166 mil hectáreas en diez colonias, también protagonizaron esta expansión.

Con apoyo legal, crédito abundante e influencia sobre la infraestructura, estos capitales –principalmente extranjeros– moldearon el poblamiento, la producción y el vínculo con el comercio exterior. En contraste, las colonias de inmigrantes muchas veces se asentaban en tierras marginales, sin acceso a los mejores recursos. El discurso del poblamiento agrícola fue desvirtuado por una práctica concreta de concentración territorial.

Más allá del Río Colorado

En el noroeste neuquino, las huellas de la Cuarta División del ejército fueron seguidas por contingentes desde Mendoza convocados por el gobernador Manuel Olascoaga. Criollos, migrantes italianos y españoles atraídos por la promesa de tierras, comerciantes trasandinos en busca de pastos, y empresarios extranjeros dispuestos a invertir, se instalaron en torno a Chos Malal y Ñorquín, replicando allí sus prácticas agrícolas de regadío con acequias, frutales y viñas. Chos Malal se convirtió en un nodo logístico clave y fue capital del Territorio hasta ser desplazada por Confluencia (actualmente capital, llamada Neuquén) tras la llegada del Ferrocarril del Sud en 1899.

En el valle del río Negro, la Escuadrilla Fluvial transportaba materiales y personas desde Viedma y Carmen de Patagones, facilitando el asentamiento de migrantes que bajaban desde Buenos Aires. En el Alto Valle, criollos, italianos y españoles comenzaron a poblar la región con ganado ovino y cultivos forrajeros. Este proceso agrícola consolidó a Río Negro como el territorio con mayor cantidad de ovejas en la Patagonia. En esta zona fértil se fundaron colonias como General Roca, donde el sanjuanino Hilarión Furque hizo construir un canal de 55 kilómetros, y Choele Choel, donde familias galesas fundaron la Colonia Fray Luis Beltrán cerca del fuerte militar.

Sin embargo, junto al poblamiento chacarero, se produjo una fuerte concentración de tierras. Elites porteñas accedieron a bonos de tierra y títulos mediante información privilegiada. Muchas parcelas fueron entregadas como premios militares o adjudicadas por decreto gracias a vínculos con funcionarios nacionales.

El capital británico también se instaló con fuerza. En 1889, durante el gobierno de Juárez Celman, se fundó la Argentina Southern Land Company (ASLCo.), impulsada por capitales ingleses, con base operativa en Buenos Aires y sede societaria en Londres. El Estado le entregó 70 mil hectáreas ligadas al ferrocarril entre Trelew y Puerto Madryn, y luego 750 mil hectáreas adicionales en el marco de la Ley Avellaneda. De ese conjunto de tierras, con la ley de liquidación de 1891, se escrituraron 585 mil hectáreas en la meseta rionegrina y la cordillera chubutense, donde se consolidaron grandes estancias —como Leleque y Maquinchao—, de unas 40 mil hectáreas cada una, todas ellas constituidas bajo el régimen de la Ley Avellaneda. Se trata de las tierras que, en la actualidad, forman parte del patrimonio del grupo Benetton.

Al sur del río Colorado y en el Norte neuquino, el capital trascordillerano también avanzó. En las zonas de cordillera y precordillera, se concedieron más de 1,6 millones hectáreas a solo 27 propietarios. Entre ellos destacó la Sociedad Comercial y Ganadera Chile-Argentina, fundada por migrantes alemanes radicados en Valdivia y Puerto Montt, que llegó a concentrar 420 mil hectáreas en el Sudoeste neuquino, articuladas con San Carlos de Bariloche, centro de administración y distribución.

Aunque estas propiedades se encontraban en territorio argentino, respondían a circuitos económicos orientados hacia el Pacífico: carne bovina para el sur chileno, insumos desde Punta Arenas, y decisiones tomadas a ambos lados de la cordillera. Los pueblos indígenas y los pequeños criollos fueron desplazados hacia tierras marginales, convertidos muchas veces en arrendatarios o peones sin acceso a propiedad.

En toda la Norpatagonia, el discurso del poblamiento agrario –tipo farmers- coexistió con una práctica dominante de concentración territorial. El territorio, militarmente ocupado, fue parcelado y vendido. La promesa de tierra para quien la trabajara fue pronto superada por la lógica del capital —con bandera británica o porteña— más interesada en acaparar que en poblar.

Chubut: colonización y expansión ganadera

De todas las corrientes migratorias que atravesaron la Patagonia, la protagonizada por los galeses en Chubut dejó una marca singular. A partir de 1865, con el arribo del primer contingente a lo que sería Rawson, se desarrolló una red de comunidades organizadas en torno a la agricultura irrigada, el trabajo cooperativo y la defensa de una identidad cultural propia. Gracias al apoyo del Estado nacional, que reconoció tempranamente su asentamiento, accedieron gratuitamente a tierras fiscales y pudieron ampliar sus dominios mediante la compra accesible de nuevas parcelas.

Un sistema artesanal de riego —basado en canales y acequias— permitió transformar el valle inferior del río Chubut en una franja productiva continua. Hacia fines de la década de 1870, con el auge del cultivo de cereales, se construyó el ferrocarril entre Trelew y Puerto Madryn. Así se consolidó una estructura funcional: Rawson como capital política, Trelew como nodo comercial, Gaiman y Dolavon como centros rurales, y Puerto Madryn como salida al Atlántico. A lo largo de 90 kilómetros de longitud por ocho de ancho, el poblamiento se estructuró en torno al agua, el tren y las redes vecinales.

A medida que se ocupaban las tierras más fértiles del valle del Chubut, los colonos comenzaron a proyectar su expansión hacia el Oeste. En 1885, partió desde Rawson rumbo a la cordillera una expedición liderada por el entonces gobernador Luis Jorge Fontana. Lo acompañaban 29 hombres, en su mayoría colonos galeses. La travesía, conocida como la expedición de los Rifleros del Chubut, culminó el 25 de noviembre con la llegada al fértil Valle de las Frutillas, al que bautizaron “Colonia 16 de Octubre”, en referencia a la fecha de la Ley de Territorios Nacionales de 1884. El gobierno nacional otorgó a cada expedicionario una legua cuadrada de tierra para poblar con sus familias. De esta colonia se desprenderán luego las localidades de Trevelín y Esquel.

En este valle, más apto para la ganadería, se afianzó la cría de ovejas, coexistiendo tres formas de ocupación: la colonia agrícola galesa, las tierras de la Compañía de Tierras del Sud y la colonia indígena de Cushamen —junto con otras comunidades indígenas relegadas a reservas fundadas oficialmente poco después, como ya vimos—. Los conflictos por límites, agua y propiedad fueron frecuentes, configurando un poblamiento en tensión permanente.

Desde Gaiman, en el valle de Trelew, se promovió también la fundación de la colonia Sarmiento, rumbo Sudoeste, junto a los lagos Musters y Colhué Huapí, con tierras adjudicadas en 1897. Hacia el Norte, en 1902, se creó la colonia Escalante, poblada por inmigrantes boers llegados desde Sudáfrica.

En paralelo, se establecieron grandes compañías ganaderas y especulativas. La Chubut Company Ltd., concesionaria del Ferrocarril Central del Chubut, recibió 75 mil hectáreas a ambos lados del trazado ferroviario, que luego transfirió a la ASLCo., que acumuló unas 800 mil hectáreas entre Chubut y Río Negro. Esta firma subdividió sus propiedades en nuevas compañías: la Port Madryn Company (1906), enfocada en explotación urbana y portuaria, y la Río Negro Land Company (1907), orientada a la ganadería extensiva. También operó la Lochiel Sheep Farming Company, con 25 mil hectáreas para cría ovina.

Otra empresa clave fue la Compañía de Tierras del Sud Argentino, fundada por Mauricio Braun y José Menéndez, con base en Punta Arenas. Articulada con frigoríficos y navieras, adquirió un millón de hectáreas entre Santa Cruz y Chubut, incluyendo tierras compradas a Adolfo Grünbein en 1893, de quien hablaremos en el próximo apartado.

La corriente austral: empresarios del fin del mundo

En la región más austral del país, la ocupación y transformación del territorio estuvo impulsada por empresas, capitalistas individuales y redes comerciales transnacionales, que vieron en la Patagonia meridional un escenario propicio para expandir la ganadería ovina a gran escala, desplazando a las poblaciones indígenas. A diferencia de otras regiones, no fueron pequeños colonos quienes lideraron la ocupación territorial, sino inversores británicos radicados en Malvinas, magallánicos y europeos instalados en el sur chileno. Estos actores fueron atraídos por la abundancia de pastizales naturales y la cercanía a puertos de aguas profundas, que facilitaban la exportación de lana al mercado europeo.

En Santa Cruz, en 1885, bajo el impulso del gobernador Carlos Moyano, se implementó un régimen especial de arrendamientos fiscales que facilitó la apropiación de grandes extensiones por parte del capital privado. Este sistema permitía acceder a concesiones de hasta 40 mil hectáreas, luego reducidas a 20 mil, con cánones muy bajos, plazos extensos, escasa regulación estatal y libertad para elegir tierras, incluso en zonas estratégicas. En pocos años, se otorgaron más de 50 arrendamientos, en su mayoría a empresarios instalados en el sur de Chile, comerciantes vinculados a redes trasandinas y operadores provenientes de las Islas Malvinas.

Un caso emblemático fue el de Waldron y Wood, firma británica con base en Chile, que obtuvo 200 mil hectáreas en el Sudeste santacruceño y fundó la estancia El Cóndor, posteriormente absorbida por la Patagonian Sheep Farming Company, constituida en Londres en 1897. Otros arrendatarios destacados fueron Halliday, Rudd, Feldon y los hermanos Menéndez, españoles originarios de Asturias radicados en Punta Arenas, quienes jugaron un papel central en la consolidación del enclave ganadero fueguino. También se integraron colonos alemanes provenientes de las corrientes migratorias fomentadas por el Estado chileno en el Sur.

En paralelo, el Estado nacional reforzó este modelo mediante ventas masivas, como el contrato firmado en 1893 con Adolfo Grünbein, prestamista alemán residente en Buenos Aires. Aprobado por la Ley N° 3.053, implicó la cesión de más de 2,5 millones de hectáreas en Santa Cruz y Chubut. Tras su muerte, estas tierras fueron transferidas al Banco de Amberes y a Luis L. Linck, y luego redistribuidas entre veintiún grandes propietarios, de los cuales catorce ya operaban en la región.

Este sistema permitió la rápida conformación de una red de grandes estancias ovinas en Santa Cruz, que se beneficiaron de la cercanía a los puertos de Río Gallegos y San Julián y de la capacidad empresarial para articular frigoríficos, transporte marítimo y financiamiento internacional. Así se consolidó un enclave exportador autosuficiente, vinculado al mercado británico, pero territorialmente anclado en el sur argentino.

Mientras tanto, fracasaban las experiencias de colonización. En 1879, Antonio Oneto, con experiencia patagónica, había propuesto a Bernardo de Irigoyen un plan para instalar familias en Santa Cruz. Con algo de demora, en 1884, el gobierno eligió Puerto Deseado para llevarlo a cabo. Con apoyo oficial y mediático, Roca firmó el decreto de creación, en el marco de la Ley N° 1.370 de 1883. El gobierno ofreció tierras, animales, herramientas, víveres y viviendas, pero la convocatoria no tuvo el éxito esperado. Aun así, un grupo de colonos, en su mayoría extranjeros, partió desde Buenos Aires el 15 de junio de 1884. La experiencia fracasó por el aislamiento, las condiciones adversas, la demora estatal en cumplir sus promesas y el desconocimiento del entorno por parte de los colonos. Finalmente, la colonia fue disuelta por decreto en 1887.

La colonización en el Noroeste

El Tucumán azucarero

Tucumán, en el Noroeste argentino, se organizó en torno a un modelo productivo centrado en la caña de azúcar, que alimentó el crecimiento de una incipiente agroindustria azucarera.

Sin embargo, aunque la economía tomó una forma prácticamente monoproductora, coexistían en su territorio otras formas de explotación agrícola y ganadera. En zonas no aptas para la caña, pero fértiles para otros cultivos o para la cría de ganado vacuno y mular, predominaban pequeñas explotaciones, muchas de ellas en manos de comunidades indígenas bajo regímenes de tenencia individual o colectiva. En otros casos, esas tierras fueron absorbidas en grandes latifundios ganaderos.

El auge azucarero se explicó por varios factores. Por un lado, la implementación de medidas proteccionistas que resguardaban el mercado interno; por otro, la disponibilidad de créditos accesibles para tecnificación y expansión, otorgados por el Banco Nacional, el Banco Hipotecario Nacional y la banca provincial. A ello se sumó una fuerza laboral variada: trabajadores permanentes, temporarios y colonos.

Este proceso implicó una reorganización profunda del espacio provincial. Se fundaron nuevos pueblos en torno a los ingenios, cuyas propiedades adquirieron rasgos de urbanización. Algunos ingenios albergaban entre mil y 3 mil personas. A la par, persistían pequeños productores campesinos, con producción familiar, dedicados a la producción de alimentos, granos y forrajes, esenciales para sostener una población provincial que, según el censo de 1869, ascendía a casi 110 mil habitantes.

El crecimiento de los cañaverales se vio impulsado también por la acción de cañeros independientes, que aportaban materia prima a los ingenios. Hacia 1895, estos cañeros cultivaban el 42% del total de caña en la provincia. Este grupo era heterogéneo: incluía desde grandes propietarios hasta pequeños labradores, arrendatarios o propietarios de parcelas familiares.

Otra modalidad de explotación laboral fue el sistema de colonato, central en la expansión del cultivo. En este modelo, el ingenio entregaba tierras al colono, quien debía sembrarlas con caña, aportando mano de obra y herramientas, mientras que el ingenio fijaba el precio de compra. Las condiciones de vida y trabajo eran precarias y de hacinamiento. Para 1895 funcionaban alrededor de 240 colonias cañeras que cultivaban cerca de 20 mil hectáreas, lo que representaba un 63% de las plantaciones de los ingenios.

No obstante, no toda la provincia se volcó a la producción azucarera. Las limitaciones ecológicas de ciertas zonas promovieron otros modelos de uso del suelo y acceso a la tierra, como vimos que sucedió en Amaicha del Valle, en Colalao y Tolombón.

Aunque emergieron latifundios ganaderos, no se produjo una concentración absoluta: hacia 1895, el 60% de las explotaciones agrícolas eran de menos de ocho hectáreas, lo que evidencia la persistencia de pequeños productores en el agro tucumano, y de una producción diversificada en estos espacios.

Santiago del Estero: el latifundio forestal

En el Cuaderno 3 mencionamos el intento de ocupación de la zona fronteriza del río Salado mediante la militarización que incluyó la instalación de líneas de fortines, donde se alojaban soldados, reos y “vagos”, dando lugar a formaciones de colonias agrícola-militares. Estos fortines, en ocasiones instalados sobre ocupaciones indígenas, como en la zona de Matará, apuntaban al desarrollo agrícola y ganadero.

En la segunda mitad del siglo XIX, Santiago del Estero buscó integrarse al modelo agroexportador con políticas que transformaron las formas de acceso a la tierra y la propia definición de las fronteras internas. Si con el avance sobre el río Salado se había buscado convertir esos espacios en áreas agrícolas, este impulso perdió fuerza al comprobarse la inviabilidad de la navegación de dicho río. Entonces, el foco se trasladó a la reconversión agrícola del valle del río Dulce, más próximo a la capital provincial, y a nuevas fronteras como Campo del Cielo y Otumpa, territorios ricos en meteoritos y con potencial de explotación ferrosa.

Pero el ritmo productivo y del acceso a la tierra no estuvo marcado ni por el río ni por la producción agrícola. Entonces, apareció el ferrocarril, que no transportó cereales ni ganado al mercado pampeano y atlántico, sino madera. Hacia fines del siglo XIX, se reconoció el potencial económico de los bosques santiagueños, lo que dio paso a un proceso de concentración de tierras en manos de particulares y empresas extranjeras para su explotación forestal.

La entrega de tierras fiscales forestales financió obras públicas como escuelas, iglesias y canales. Por ejemplo, en 1870 el gobierno provincial vendió cien leguas cuadradas en la frontera con Santa Fe a Agustín Cánepa y Compañía como pago por la construcción de la Iglesia matriz. Dos años después, Cánepa vendió esas tierras a otros compradores, entre ellos Ricardo Newton, también poseedor de hacienda en Chascomús. Mientras que en 1859 el valor de esas tierras oscilaba entre 10 y 100 pesos bolivianos, veinte años más tarde alcanzaban entre 400 y 1000 pesos fuertes.

En otros casos, el Estado hipotecó tierras fiscales de frontera que no estaban mensuradas ni registradas. Diversas leyes entre 1893 y 1898 habilitaron la enajenación de 5 millones de hectáreas de la antigua región de Matará. Estas tierras fueron adquiridas por extranjeros y familias de la oligarquía santiagueña o sus testaferros, mediante consorcios o figuras parecidas. Los nuevos latifundios se dedicaron a la explotación forestal, consolidando un modelo que articulaba obrajes, ferrocarril y propiedad concentrada.

Surgieron sociedades como Quebrachales Chaqueños (1905), en Quimilí y Quebrachales Tintina (1906), dirigida por Ernesto Tornquist, que explotaba los bosques para extraer maderas y tanino, en campos de una antigua reducción de los indígenas vilelas. En Campo del Cielo y Otumpa, aparecieron grandes latifundios como Estancias Unidas del Chaco. Territorios actuales como Moreno, Figueroa, Copo y Alberdi, antes parte de Matará, quedaron en manos de estas empresas o de sus testaferros. Muchas de estas extensiones no fueron mensuradas ni catastradas sino años después, y algunas ni siquiera pertenecían realmente a la provincia.

Las tierras del departamento de Moreno destacan por la magnitud de las enajenaciones y la presencia de compradores externos. Ramón Santamarina poseía 1,2 millones de hectáreas y, junto a socios, otras casi 3 millones. Otros grandes propietarios fueron Luis Zuberbüler, Luis Saldívar, Julio Hosman, J. E. de la Fuente, Julio Villate y Atanacio Rodríguez, con 300 mil a 50 mil hectáreas. De estas propiedades no se conocía con certeza su localización, ya que superaban incluso la superficie total del departamento.

Estas tierras no fueron compradas directamente al Estado provincial, sino a su banco, que otorgaba préstamos al tesoro santiagueño tomando tierras fiscales como garantía. La ubicación precisa de los lotes se definía al momento de su venta. El resto del territorio de Moreno, apenas un 6%, permanecía en manos de antiguos propietarios con parcelas, de 900 hectáreas. En pocos casos, alcanzaban extensiones de 4 mil. Muchos de ellos participaron activamente en los obrajes, funcionando como intermediarios clave gracias a su conocimiento del terreno.

Entre estas grandes propiedades, quedaron pequeñas parcelas dedicadas a la autosubsistencia. Sus habitantes se convirtieron en mano de obra de los obrajes y estancias, cumpliendo un rol clave como peones y conocedores del territorio.

Mientras tanto, en la zona del río Dulce se impulsaba el desarrollo agrícola, en combinación con planes de canalización. Se creó el Departamento de Irrigación y se fomentó la producción azucarera y vitivinícola. A medida que el gobierno provincial extendía la infraestructura de riego, aumentaba el valor de esas tierras por su capacidad de producción constante, a pesar de las sequías.

Durante este período también llegaron inmigrantes españoles e italianos a la ciudad de Santiago, aunque la provincia no fue un polo de colonización inmigrante como otras regiones. Las colonias aparecerán a inicios del siglo XX, como la Colonia Dora. Por el contrario, la migración estacional y permanente hacia otras provincias fue una constante, y se intensificó en el siglo XX.

Jujuy, después de la batalla de Quera

Como hemos señalado anteriormente, en Jujuy, desde la década de 1830, se impulsaron medidas de deslinde de tierras comunales, para incorporarlas al patrimonio del fisco provincial. Bajo el aura del contrato enfitéutico, se respetó el dominio útil de las comunidades, es decir, el uso de la tierra, pero el dominio directo era reivindicado por el Estado. Ello derivó también en contratos de arrendamiento. En este marco, el acceso de las comunidades indígenas se consideró “precario”, tal como sucedía en Córdoba, Tucumán y Salta. El objetivo final era vender la tierra, obtener ingresos fiscales y “perfeccionar” la propiedad.

A pesar de ello, la Quebrada fue de las pocas regiones del país donde las posesiones indígenas ancestrales lograron sostenerse por largo tiempo. Una ley de 1835 prohibía expresamente la venta de territorios en posesión de las comunidades, hasta que no hubiera una ley especial para organizar su situación de forma definitiva. Evitando una confrontación abierta, lo que de un lado podría parecer una medida protectora, de otro era un lento avance hacia su desposesión. En los debates legislativos de ese año, en defensa de las medidas del gobierno, un diputado aseguró que esta lógica respetaba “el derecho de propiedad” que se habían reservado los reyes de España con las Leyes de Indias.

Décadas más tarde, este impulso se profundizó de la mano de una nueva organización nacional y de la consolidación de un mercado interno. Sus pilares eran las garantías que la Constitución de 1853 daba al comercio, la llegada del ferrocarril a Tucumán años más tarde y la conexión de la región con el puerto de Rosario. Así, Jujuy se acoplaba a una economía nacional. Y al hacerlo, dado los escasos recursos que la Nación transfería a la provincia por el régimen de contribución directa, la tierra pública pasó a ser vista como un indispensable y extraordinario recurso fiscal.

En 1864 se sancionó una ley de venta de tierras públicas que incluyó terrenos de la Quebrada. Le siguió un paquete de leyes de ventas de tierras fiscales, de aquellas entregadas en enfiteusis como en arrendamiento. El nuevo marco regulatorio abrió numerosos conflictos, como el que tuvo lugar en Quera en la década de 1870, con el que abrimos este Cuaderno. Esta lucha incluía a los latifundistas ausentistas como Campero, quienes hacían uso de derechos de propiedad basándose en cesiones realizadas por la Corona: los mismos argumentos históricos que eran rechazados en boca de las comunidades indígenas. Como mencionamos, la rebelión de los arrenderos fue sofocada con la ayuda indispensable de las tropas regulares del ejército nacional.

El avance sobre las tierras comunales de la Quebrada se fue intensificando en la década de 1880, bajo la gestión del gobernador Eugenio Tello. A fines del siglo XIX, tuvo lugar una tercera oleada de enajenación de tierras fiscales. El proceso llegó hasta la Puna. El argumento era el de erradicar “títulos de propiedad deficientes”.

Por entonces, más de la mitad de las tierras fiscales de la Quebrada estaban bajo régimen enfitéutico. Un cuarto estaba ocupado de hecho. Más de un 10% había sido transferido gracias al sistema de denuncia de baldíos, dando lugar a conflictos por superposición de derechos. Un 5% de las tierras eran fraccionamientos de estancias subastadas y adquiridas por co-propietarios.

Así, en 1896, se habilitó la venta de tierras que estaban en condición de arrendamiento. En 1897, se sancionó una ley que ofrecía la cesión gratuita de tierras a quienes se comprometieran a plantar vid, con la obligación de establecer cien plantas por hectárea. El cumplimiento del contrato, a los cuatro años, habilitaba el acceso a la propiedad. Esta medida no tuvo el éxito esperado: solo el 2% se concedió por esta ley. Las condiciones climáticas de la región no eran muy propicias para este cultivo.

La ley de 1897 también contemplaba a quienes tuvieran tierras en enfiteusis. Ello abrió un debate jurídico: ¿debían reconocerse solo las enfiteusis otorgadas antes de 1871, año en que entró en vigencia el Código Civil que las prohibía? ¿O también aquellas posteriores? En 1898, una nueva ley amplió los plazos y declaró válidas todas las enfiteusis firmadas con la intervención de un comisionado provincial.

De esta forma, el acceso a la tierra en Jujuy —especialmente en la Quebrada de Humahuaca— mantuvo la tensión hasta fin de siglo. La fuerte presencia y resistencia de la población indígena logró conservar formas comunitarias de gestión territorial, en el medio del impulso de ventas de tierras y búsqueda de “perfeccionamiento de la propiedad”. Las particulares condiciones de la región limitaron la inmigración extranjera como fuerza colonizadora y obligaron a hacer más general el formato de la pequeña propiedad.

Córdoba: entre rieles y remates

El proceso colonizador en Córdoba comenzó más tarde y avanzó a ritmo más lento que en las regiones del Litoral. Empezó a caminar en la década de 1860, motorizado por dos factores clave: el inicio del tendido ferroviario y una batería de reformas legales. La Constitución provincial de 1855, seguida por la Ley Orgánica de Tierras de 1862, sentó las bases para una transformación capitalista de la propiedad: el Estado se reservó la potestad de mensurar, inscribir y vender tierras fiscales, y promovió la disolución de antiguas formas precarias de tenencia, como las mercedes coloniales, los pueblos de indios o las propiedades comunales. La idea era fraccionarlas y venderlas. Se trataba de recaudar, ordenar el territorio y consolidar un nuevo orden agrario basado en la propiedad privada.

La ofensiva se dirigió, en una primera etapa, hacia las mercedes coloniales del sur. Entre 1871 y 1881, se desarmaron grandes extensiones como las de Cabrera y Arrascaeta. Se vendieron parcial o totalmente en remates celebrados en Buenos Aires. Estos procesos, con numerosos litigios, apuntaron a legitimar antiguos títulos en un contexto de valorización acelerada de la tierra. En paralelo, se otorgaron premios a veteranos de la Guerra contra el Paraguay, cerca de diez leguas en el sur provincial, aunque muchas de esas tierras fueron vendidas cuando su precio se disparó.

La valorización se explicaba en buena parte por el avance del ferrocarril. En 1863, por ley, la provincia cedió una legua de tierra a cada lado de las vías a la empresa del Ferrocarril Central Argentino, de capitales británicos. A diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, donde el Estado reservaba franjas intermedias para colonización oficial, en Córdoba todo el excedente quedó en manos privadas o fue rematado por la Compañía de Tierras del Central Argentino desde Londres, con enormes ganancias.

En torno a este eje ferroviario, aparecieron algunas colonias agrícolas. Las primeras, como Tortugas (1871) y Marengo (1873), fueron iniciativas privadas. En general, eran impulsadas por compañías colonizadoras británicas o por grandes estancieros bonaerenses. Las colonias oficiales fueron escasas: Sampacho (1875) se articuló sobre el paso del tren y Caroya (1876), impulsada en tierras jesuíticas, se organizó bajo el marco de la ley de colonización e inmigración.

Entre 1885 y 1892, el fenómeno colonizador tomó impulso. El Estado nacional fundó otras cuatro colonias, con unas 10 mil hectáreas cada una. El gobierno provincial, por su parte, creó una decena en el departamento Unión. Estas colonias permitieron el acceso a la propiedad a unos 350 productores, con lotes promedio de 300 hectáreas. Sin embargo, muchos colonos debieron subalquilar sus lotes para financiarse y la aparcería se expandió como forma de trabajo dominante en la gran propiedad.

En la década de 1880, como resultado de la expansión militar del Estado, se incorporaron tierras al sur de Río Cuarto. Se abrieron así nuevas zonas para la expansión agropecuaria. En 1883, la provincia autorizó la venta de 60 leguas en el departamento Río Seco, con la condición de poblarlas. En numerosas haciendas, se aplicó el modelo mixto de agricultura-ganadería: se arrendaban lotes a colonos por un período limitado y se les exigía dejarlos sembrados con alfalfa al finalizar el contrato, lo que convertía las tierras en praderas permanentes sin inversión directa del propietario.

El FFCC Central entre Santa Fé y Córdoba.

En paralelo, el gobierno provincial avanzó sobre las formas comunitarias de tenencia de tierras. En los valles serranos del Oeste y Noroeste, donde predominaban títulos colectivos, se intensificó la presión legal y material.

El caso de La Toma, un pueblo de indios con títulos del siglo XVII, es paradigmático. Desde 1867, su territorio fue recortado por obras urbanas. El gobierno provincial involucró al curaca en un censo de comuneros y prometió solares individuales, lo que generó tensiones internas. La Ley General de Comunidades de 1881 ordenó la mensura y remate de tierras comunales, y su reforma de 1885 habilitó la expropiación por “utilidad pública”. Aunque se reconocían ciertos derechos, en la práctica, se eliminó la propiedad colectiva. En La Toma, de más de 8,3 mil hectáreas mensuradas, solo el 3% quedó en manos comuneras. El resto fue rematado.

Procesos similares ocurrieron en Cosquín, Quilino, Pichana, San Marcos y Soto, donde la mayoría de los comuneros perdió sus tierras y se desplazó a los bordes urbanos y al trabajo asalariado rural.

La política de tierras de este período consolidó el predominio de la gran propiedad: hacia 1877, de las 6.525 leguas cuadradas del territorio provincial (unas 17 millones de hectáreas), más de la mitad estaba en manos privadas y solo existían 4.500 propietarios para 200 mil habitantes rurales. El acceso a la tierra, en forma individual y legal quedaba cada vez más lejos para los pueblos indígenas, pequeños agricultores e inmigrantes sin recursos. La colonización oficial fue relevante en ciertos casos, pero fue marginal en relación con la enajenación masiva y especulativa del suelo cordobés.

El Cuyo vitivinícola

Políticas públicas para la colonización vitivinícola

Durante gran parte del siglo XIX, la economía mendocina estuvo dominada por el comercio de tránsito y una agricultura subordinada a esa lógica. El modelo productivo se basaba en el engorde de ganado bovino en potreros con alfalfa —que ocupaban entre el 80% y el 90% de las tierras irrigadas—. El ganado, traído desde Córdoba y Santa Fe, era alimentado en los oasis y luego trasladado a Chile tras el deshielo andino. Esta actividad, controlada por comerciantes integrados al circuito mercantil andino, constituía la principal fuente de riqueza provincial, pero presentaba escasa innovación y bajos niveles de inversión productiva.

En este contexto, se evitaba competir con regiones más consolidadas, como el Litoral o la Pampa Húmeda, optando por estrategias complementarias. La apertura del ferrocarril despertó expectativas de cambio, ya que abría la posibilidad de instalar industrias y conectar la provincia con mercados más amplios. A la vez, las tierras del sur —recientemente “liberadas” de la presencia indígena y del interés chileno— ofrecían oportunidades de expansión territorial.

Un cambio en la composición de la élite local hacia sectores más ligados al capital agrario e intereses productivos impulsó una reorientación económica. A partir de la década de 1870 se promovió activamente el desarrollo de la vitivinicultura como base de una economía regional moderna, articulada al mercado interno nacional. Este proceso se desplegó en dos etapas: una primera, hasta 1880, centrada en la ocupación territorial y el fomento de la agricultura; y una segunda, que promovió una producción vitícola masiva orientada al consumo urbano, con fuerte demanda de mano de obra, inversión en infraestructura e incorporación de técnicas modernas.

Con apenas un 3% del territorio apto para el cultivo —concentrado en dos oasis: el del Norte (ríos Mendoza y Tunuyán) y el del Sur (ríos Diamante y Atuel)—, Mendoza inició la transformación. En 1880 existían algo menos de 3 mil hectáreas de viñedos tradicionales. Entre 1881 y 1885 se incorporaron cultivos modernos en 174 hectáreas, con variedades de origen francés, alta densidad de plantación (4 mil plantas por hectárea) y sistemas de conducción en espaldera. Para 1895 se cultivaban más de 7 mil hectáreas, con una producción de 80 mil bordalesas (de dos hectolitros cada una), gran parte de las cuales se exportaban.

El Estado provincial fue clave en esta expansión. A través de leyes y decretos, durante el último cuarto del siglo, se impulsó la colonización agrícola, la venta de tierras fiscales a bajo precio y una amplia política de exenciones impositivas para quienes cultivaran viñedos, olivos o nogales. Estas políticas estimularon la inversión y permitieron la formación de capital, en especial entre pequeños y medianos productores.

Aunque el proceso comenzó con la especulación de grandes propietarios, que compraban tierras baratas para luego revenderlas, también facilitó la emergencia de sectores medios ligados a la producción vitícola. Entre 1881 y 1900 se crearon unas 2.900 explotaciones, de las cuales dos tercios eran menores a cinco hectáreas. En 1914, el 80% tenía menos de 25 hectáreas.

Una política fundamental fue la promoción de la inmigración europea, especialmente de vitivinicultores calificados, que aportaron saber técnico. La llegada de estos trabajadores permitió atenuar las formas coercitivas existentes, como la papeleta de conchabo, creciendo los contratos directos y arrendamientos para fomentar la producción. Los sistemas de control y disciplina del trabajo se transformaron, pero sin perder sus dinámicas opresivas y de precariedad: así, los llamados contratistas de viñas asumían grandes riesgos, practicaban un desgastante trabajo familiar y, generalmente para la cosecha, incluían en la explotación a los trabajadores golondrinas, en peores situaciones.

El Estado también actuó en el plano educativo y sanitario. Se fundaron instituciones como la Escuela Nacional de Agricultura y Vitivinicultura, y se organizaron campañas contra plagas, como la langosta, que entre 1891 y 1893 afectaron severamente la producción.

Otro eje central fue la infraestructura. La llegada del Ferrocarril Andino en 1884 y su conexión con Buenos Aires en 1885 transformaron las condiciones del transporte, permitiendo el acceso a mercados nacionales. Sin embargo, el endeudamiento provincial, agravado por la cesión del ferrocarril a capitales ingleses y el recurso al crédito externo, obligó a una intervención del Estado nacional en 1900 para reestructurar la deuda.

Los efectos económicos fueron inmediatos. En 1884, el vino representaba un rubro marginal en las exportaciones mendocinas (con 54 mil pesos moneda nacional, pero en 1895 ya superaba al ganado, alcanzando casi 9 millones de pesos. La expansión vitivinícola dio lugar a un incipiente brote industrial, con talleres de servicios, metalurgia y producción de maquinaria para bodegas y destilerías. Esta modernización industrial se consolidó especialmente en el oasis Norte, alrededor de la ciudad de Mendoza.

Entre 1880 y 1910, la provincia dejó atrás su rol como economía de tránsito para consolidarse como una economía regional diversificada, orientada al mercado nacional e integrada por una red de productores, técnicos e instituciones estatales que dieron forma a la Mendoza vitivinícola moderna.

Los trabajadores

En este período, la población mayoritaria eran clases trabajadoras que vivían en el empleo precario y temporario, como peones, jornaleros y servicio doméstico. Muchos de ellos, indígenas reducidos y repartidos. También, descendientes de esclavos, fundamentales para el nacimiento de esta actividad en la región. Los precios de bienes básicos aumentaban constantemente, incluso tras superarse la crisis de 1890.

Frente de Casa Konig, en Calle San Martín, Mendoza Capital (Abril 1981).

San Rafael y el oasis del Diamante

Antes del avance militar patagÓnico, ya se desplegaban en el Sur mendocino los primeros movimientos colonizadores. El oasis que formaban los ríos Diamante y Atuel, separados entre sí por unos quince kilómetros, era una rareza fértil en el desierto. Allí se había instalado el fuerte de San Rafael a comienzos del siglo XIX, y en 1854 el gobernador Pedro Segura impulsó el poblamiento con colonos blancos. Eligió sitios estratégicos para fortines y postas, otorgó tierras y eximió impuestos. Por entonces, operaban algunas estancias.

En 1868, comenzó el gran reparto de tierras fiscales. Se instaló el ingeniero Julio Balloffet, sobre tierras de su esposa Aurora Suárez y luego las tierras tomaron los apellidos de familias tradicionales: Calderón, Bombal, Day, Godoy, Balloffet, Villanueva. En apenas quince años, 38 operaciones transfirieron más de 400 leguas cuadradas a bajo precio. La lógica era simple: comprar barato, dividir, canalizar el agua y revender caro a inmigrantes.

El Estado nacional también dio impulso al poblamiento. En 1872, bajo la presidencia de Sarmiento, adquirió 20 mil hectáreas donadas por Victoriano Araujo para establecer cuarteles y dependencias del Ministerio de Guerra. La seguridad militar hizo lo suyo: con soldados en el territorio, llegaron los colonos, el cultivo y la inversión. Para 1875 se sancionó la ley de colonias agrícolas y pastoriles. En San Rafael ya se cultivaban más de 10 mil hectáreas; en Malargüe, mucho más al sur, apenas 100.

A la luz de las políticas nacionales, grandes propietarios mutaron en empresarios colonizadores. Uno de los primeros fue el presbítero italiano Manuel Marco, párroco de San Rafael entre 1869 y 1884. Intentó fundar una colonia agrícola, pero fracasó: sin capital ni infraestructura, los inmigrantes italianos que había traído quedaron desamparados. Otros fueron más exitosos. El chileno Isaac Espínola fundó el Pueblo Nuevo sobre tierras cultivadas. El comandante Salas, cerca del Cuadro Nacional, impulsó la villa de Diamante. Pero el modelo se consolidó con Rodolfo Iselin, un francés que en 1884 compró tierras a Villanueva y Suárez de Balloffet por $9,54 la hectárea, que un año antes se habían vendido a poco más de la mitad.

Ese mismo año, Iselin firmó un convenio con catorce familias lombardas, náufragos del experimento de Marco. Les vendió lotes de seis hectáreas a $20 cada una. Les dio agua del canal del Cerrito, les abrió crédito y les exigió trabajo: cuatro días por semana, durante cinco años, para él. El jornal: 40 centavos. Los colonos podían trabajar sus propias tierras, pero debían compensar luego los días “perdidos”. No podían ofrecer su fuerza de trabajo a nadie más. El convenio no era solo una compraventa: era un sistema de sujeción.

De ese régimen emergió una forma colectiva de organización del trabajo, contratada a destajo, que más tarde se expandió al crearse las Colonias Francesa e Italiana. En 1888, casi todos firmaron las escrituras. Para entonces, Iselin ya había valorizado las tierras, las había cercado con mano de obra barata y controlado el acceso al agua. En 1902, tenía grandes propiedades hacia el Oeste, hasta el canal de Las Paredes.

El proceso no se detuvo allí. Entre 1885 y 1917, San Rafael vio operar a quince sociedades colonizadoras, que crearon diecinueve colonias. En 1903 llegó el ferrocarril. Nuevas leyes de tierras y concesiones de agua acompañaron el negocio.

Colonización y política en tierra conquistada: entre Malargüe y Alvear

La región de Malargüe, en el sur mendocino, fue objeto de distintos intentos de colonización a partir de 1874 con la Ley de Usufructo, que proponía entregar tierras para poblarla. Iniciativas anteriores, como la entrega de tierras por premios desde 1840 o posteriores, como la Ley de Estancias de 1880, tuvieron escaso impacto. El territorio era vasto, difícil de controlar y de bajo valor productivo.

El general Rufino Ortega, nieto del ex gobernador Pedro Molina, consolidó un dominio relativo sobre la zona mediante concentración de tierras y poder militar. En 1877 se creó el departamento de Malargüe y una subdelegacía gubernamental, facilitando su proyección política. Tras la Campaña al Desierto de 1879, Ortega recibió 340 mil hectáreas, primero en usufructo y luego como propiedad. En 1884, en el marco del proyecto del PAN, asumió la gobernación de Mendoza, en un período conocido como el “unicato”. Impulsó la formalización de la villa de Malargüe como asiento administrativo y en 1894 escrituró las tierras que había recibido.

La formación de grandes estancias ganaderas respondió más a las limitaciones del medio geográfico que a políticas exitosas. La aridez, la baja fertilidad de los suelos y la lejanía de los mercados redujeron el potencial agrícola. Sólo unas pocas hectáreas se cultivaron con viñedos, hortalizas o frutales. Incluso la cría de animales era limitada. El poblamiento fue, como en otras regiones del sur, protagonizado por gauchos y puesteros con sus familias, dedicados a la ganadería caprina extensiva. Vivían con escasos recursos, producían para el autoconsumo y su ocupación de la tierra tenía una formalidad legal muy débil.

En el cambio de siglo, se promovió la venta de tierras fiscales. La Ley Provincial N° 248 de 1902 puso en circulación más de 3 millones de hectáreas, sin exigir población ni inversión fija: se pedía solo un pago parcial al contado. La propaganda oficial lo dejaba claro: “OJO. A los compradores no se les exigirá condiciones de población y cultivo”.

La principal compradora fue la Compañía de Tierras de Mendoza, que adquirió más de 220 mil hectáreas (antes registradas a nombre del francés Jules Watteau (el mismo apoderado de los descendientes de Sayanca). Solo 150 mil hectáreas quedaron como tierras fiscales.

Por entonces, aunque el poder de Ortega se diluyó y parte de su propiedad se fragmentó, la estructura latifundista se consolidó, prolongando los conflictos por la tierra con los puesteros, cuyas formas de vida y derechos siguieron siendo precarios.

Distinto fue el caso de la colonia Alvear, también al sur de San Rafael. Diego de Alvear, senador nacional y poderoso terrateniente, había obtenido tierras también en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sur de San Luis y norte del territorio de La Pampa, que serían valorizadas por el paso del ferrocarril. Alvear, a diferencia de Rufino, apostó a la política de colonización. La colonia Teodelina, fundada al sur de Santa Fe en 1869, fue una de sus iniciativas.

La superficie adquirida en esta zona del sur mendocino, en 1884, alcanzaba las 1,3 millones de hectáreas, entre los ríos Diamante, Atuel y Salado. En la zona mendocina, contaba con derechos de riego para 30 mil hectáreas. Fue justamente allí, donde se creó, a instancias de los herederos de Diego de Alvear, fallecido en 1887, la colonia Alvear. Dentro de su perímetro, gracias a las distintos trazos ferroviarios y carreteros que lo cruzaron, nacieron pueblos como Villa de San Carlos, La Marzolina y Villa Juncalito.

El agua, como la tierra

La Constitución Nacional de 1853 estableció que las provincias retendrían el control sobre las aguas no navegables como parte de su dominio público. Mendoza incorporó esta disposición en su propia Constitución, asignando la administración del agua a las municipalidades. Sin embargo, con la expansión de la vitivinicultura, se hizo evidente que la tierra no bastaba: era indispensable un sistema de riego eficiente y regulado de manera uniforme.

Hasta 1875, la irrigación se concentraba en dos oasis. El primero, al Norte, abastecido por los ríos Mendoza y Tunuyán. Durante la gobernación de Francisco Civit (1873–1876), surgió una primera política estatal centrada en el riego. En la década siguiente, se profundizó la regulación, con medidas como la prohibición de cultivar nuevas tierras sin garantizar previamente la disponibilidad de riego, y la reactivación del Departamento Topográfico, responsable del catastro de tierras irrigadas.

En 1882, bajo la gestión de José Segura (1881-1884), se reestableció el cargo de Inspector de Irrigación, con funciones similares a las del antiguo Juzgado de Aguas. El punto de inflexión fue la sanción de la Ley Provincial de Aguas en 1884, durante el mandato de Ortega. Esta ley reguló el dominio del agua, las concesiones, servidumbres, conflictos y administración del recurso. El diseño normativo favoreció a las élites locales y a inmigrantes con recursos, al vincular el acceso al agua con la tenencia legal de la tierra. Los “derechos definitivos” se otorgaban al suelo, pero solo quienes poseían títulos legalizados podían beneficiarse de ellos.

Esta legislación otorgó seguridad jurídica a los propietarios y facilitó prácticas especulativas, especialmente en el Sur, donde se concedieron derechos excesivos sin intención de cultivo. Estas maniobras, muchas veces motivadas por intereses políticos, favorecieron el latifundio. El periódico Los Andes denunció estas irregularidades bajo el título “Concesiones indebidas”. Esta desigualdad en el acceso llevaría a un militar de renombre como Manuel J. Olascoaga, tras su regreso de la campaña al Sur, a señalar:

Pero una vez eliminados los indios y establecida la seguridad de los campos, apareció la cabeza del enemigo más formidable, la efigie famélica de la especulación. Esto no se había visto desde el imperio de Mahamud, en Persia.

A nivel territorial, la prioridad del Estado fue reforzar las zonas céntricas irrigadas —los oasis donde residía la élite— en detrimento de otras regiones como las zonas laguneras del noreste, utilizadas por pequeños productores para ganadería y cultivos como trigo y alfalfa.

La ley de aguas también mostró falencias técnicas, como la falta de mediciones precisas sobre el uso del recurso y una descentralización municipal ineficaz. En 1887, se unieron los Departamentos de Irrigación y Topográfico en el nuevo Departamento de Irrigación y Obras Públicas. La intención era evitar el acaparamiento de concesiones por parte de propietarios que no cultivaban. La ley del 19 de enero de 1897 intentó ordenar las concesiones en los ríos Diamante y Atuel, pero fue derogada en 1899.

Ese mismo año, en el marco de un empréstito externo de 5 millones de pesos oro, el gobierno provincial destinó 4 millones al Banco de la Provincia y el resto a obras públicas, incluyendo proyectos de irrigación en el río Mendoza y saneamiento del Tunuyán. Entre las garantías figuraban 2 mil leguas de tierras fiscales, lo que facilitó la venta de tierras públicas para financiar estas obras.

En este contexto emergieron los llamados “domadores del agua”: figuras clave como César Cipolletti y Galileo Vitali, quienes lideraron la implementación de un sistema de distribución alineado con el modelo capitalista. Cipolletti, ingeniero formado en Europa, promovía el papel del Estado y denunció la especulación con tierras. Vitali cuestionó la exclusión de campesinos pobres e indígenas, como los huarpes de Guanacache, y propuso llevar aguas de desagüe hacia esa región para permitir su subsistencia. Ambos ingenieros encarnaron una visión técnica pero también crítica de las desigualdades en la gestión del agua en Mendoza.

La colonización judía

Hay un aspecto particular que no hemos abordado hasta aquí, que también se entiende en clave racial: la colonización judía. ¿Colonos, gauchos, empresarios, proletarios? El primer contingente llegó al país en agosto de 1889, poco antes de la crisis de 1890. Fueron ochocientos, y aún no existía la Asociación de Colonización Judía (ACJ), que se creó en 1891 en París, con un capital inicial de 50 millones de francos.

Desde que se creó, la ACJ se encargó de reclutar colonos, financiar el viaje, estadía, tierras y aperos. Al principio, pedía conocimientos agrícolas, hijos adolescentes y pequeño capital. Tiempo después, se implementaron períodos de prueba con asalariados. Los colonos recibían campos de entre 25 y 75 hectáreas; algunos llegaron a trabajar hasta 200.

Fue el empresario filántropo judío Barón Maurice de Hirsch quien financió la salida masiva del Viejo Continente y su instalación como colonos en distintas partes del mundo. No creía posible el regreso a Palestina, pero sí la creación de una nueva Sión en países donde pudieran vivir en paz. Argentina y Brasil fueron destinos predilectos. No se trataba de “hacer la América”, sino de establecerse.

Primeros pasos

Los primeros colonos se instalaron y comenzaron a trabajar la tierra sin contrato. Al poco tiempo, la ACJ hizo conocer sus condiciones. Prometía la titularidad al finalizar el contrato, a los veinte años.

Esta “Promesa de venta” establecía que el colono tenía que hacerse cargo del costo de la tierra, más los de mensura, escrituración, apertura de caminos, canales de riego, etcétera. El colono recibía dinero anticipado para traslado, la construcción y arreglo de la casa y materiales de trabajo. Se debían pagar las veinte anualidades, con un interés de 5% anual. Se prohibía arrendar los campos, contratar mano de obra externa para la cosecha y se imponían castigos por incumplimiento, que podían terminar en el desalojo. Los colonos no siempre aceptaron de buena gana estas condiciones.

Por reglamentación, además, cada unidad agraria debía contener un número adecuado de trabajadores y la tierra se repartía por sistema de lotería. Primero se instalaban en un campamento central y, a la espera de la ubicación, recibían raciones de comida. Cuando se les asignaba la tierra, eran agrupados de a ocho, seis o cuatro casas, aunque también fue de a una y dos. Podían estar emparentadas o no. Los que tocaban en la misma vecindad se llamaban “hermanos de destino”.

Al interior de cada grupo, se sorteaba qué parte del campo les tocaba. Los lotes no tenían más que las marcas extremas hechas con estacas. Cada casa recibía una pala, una azada, soga y balde, fósforos y querosén y la provisión. Allí, levantaban la casa con chapas que llevaban del campamento y debían comenzar a trabajar la tierra. Para el agua, debían hacer sus propios pozos.

En ocasiones, como sucedió en la colonia Mauricio, en la pampa bonaerense, hubo que esperar meses viviendo de raciones para que llegaran volantes, rastras metálicas y de madera, mulas y bueyes amansados y para que pudieran armar casas apenas más estables. También para que se asignara un maestro que les brindaba la instrucción básica necesaria para el trabajo agrícola.

Con el tiempo, llegaron más animales y herramientas, hasta trilladoras y carros de cuatro ruedas. En ocasiones, los colonos podían recibir un magro subsidio, que paliaba algunas carencias, pero ello se convertía en una herramienta para el despotismo de la administración. No pocos se empleaban como jornaleros en las cosechas de campos arrendados en la zona.

La ACJ tenía una administración central en Buenos Aires y administradores en cada colonia, además de funcionarios menores, inspectores y agentes que controlaban el proceso. Los administradores locales llegaron a ser denunciados por comportamientos despóticos. Concentraba el acopio y fijaba la retribución, es decir, el pago.

Aciertos

Muchas colonias judías se instalaron en los márgenes de la región pampeana, en Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. También más al sur, en Río Negro. Experimentaron la diversificación productiva e incluso la industrialización. Se incursionó en avicultura, ganadería e industrias derivadas, como la lechera, apicultura, horticultura, mientras se siguió probando cultivos como el lino o alfalfa.

Esta estrategia diversificadora surgió de la ACJ, para morigerar los impactos negativos de las caídas de precios exportadores. Se establecieron, por ejemplo, fábricas regionales para la producción de quesos o cremerías. Un colono judío de la colonia Mauricio, Marco Alpersohn, recordó en sus memorias escritas la fundación de Cremería Escandinavia, con maquinaria traída de Alemania. El conflicto sobrevino después por el precio de la leche.

Cuando los rendimientos eran óptimos, las deudas podían saldarse anticipadamente. Esto fue posible, en algunos casos, gracias al trabajo cooperativo. En tensión con la dirección de la ACJ, se impulsó una intensa política productiva, comercial, cultural y educativa, tanto en el plano teórico como práctico. Estas acciones se articularon, en ocasiones, con los planes provinciales y nacionales.

Cuando el empresario Hirsch murió, apenas a cuatro años de iniciado el proyecto de la ACJ, ya habían conseguido instalar a casi 7 mil personas en dieciséis colonias en Argentina, ocupando unas 617 mil hectáreas. Contaban con 910 granjas, pueblos chicos, caseríos y puestos de frontera. El movimiento fue creciente hasta la década de 1920. La ACJ funcionó hasta 1940, apenas iniciada la segunda gran guerra.

Y conflictos

Algunos éxitos no velan las dificultades y los fracasos. A poco de comenzar la experiencia, un tercio de los colonos se había ido o había sido desalojado de las colonias. Muchos migraron a las ciudades. Otros, para escapar a las imposiciones de la ACJ, se instalaron individualmente o se integraron a colonias judías independientes o no judías.

Grandes obstáculos y dificultades debieron atravesar. En ocasiones, no muy distintas a las que enfrentaban otros actores rurales. La falta de protección frente a las inclemencias naturales (helada, inundaciones y plagas, principalmente); la falta de instalaciones religiosas y de oportunidades educativas en general; el aislamiento social o las enormes distancias hasta las vías del tren.

Ello los hacía vulnerables frente al despotismo del comisario local y sus “salvajes gauchos de la pampa”, como los recuerda Alpherson. En ocasión de un ataque, “el pánico se adueñó de la colonia entera. Ninguna mujer se atrevió a salir de su casa”, comentó, para luego describir la “epidemia de la huida”.

Alpersohn describió los peregrinajes de las familias de colonos desde la colonia Mauricio en dirección a la principal localidad cercana, Casares, para depositar el cereal en el galpón de la administración, atravesando caminos difíciles, para que, finalmente, comenzara “la verdadera amargura.” Capataces, galponeros y escribas, consumaban, al amparo o no de la ACJ, el “robo sistemático”. Una cuarta parte del trigo limpio era retirada por la administración a cuenta del subsidio. Se tomaba lo que se había adelantado como simiente. Se descontaban los gastos de trilladora con su dotación de capataces y maquinistas, más otros gastos. Después de ello, el administrador ponía el precio de venta del producto.

Ello llevó a muchos colonos a abandonar la experiencia antes de tiempo, expulsados o desesperados por no poder soportar las condiciones leoninas y la incertidumbre. Grandes luchas tuvieron lugar, por ejemplo, en la colonia Mauricio, en 1911.

También, se hizo presente la diferenciación social, entre aquellos que tenían buenas cosechas y decidían vender a tiempo, logrando acumular cierto capital y aquellos que se hundían en el trayecto. Esta diferenciación se hizo visible en los jóvenes que, con el tiempo, fueron incentivados por la ACJ para cultivar la alfalfa y hacerse “comerciantes de ganado”. Para Alpherson, ello fue el inicio de “la gran ruina progresiva de Mauricio”.

Los hijos también estuvieron involucrados en el final de la experiencia al abandonar la vida rural. Se presentaban problemas lógicos, porque al crecer y casarse, no tenían posibilidad de expandirse. “Hemos cultivado trigo y cosechado médicos…”, se solía decir.

La valorización de la tierra y la especulación alcanzaron a los colonos. Unos arrendaban la tierra a agricultores no judíos. Otros vendieron, pasados los veinte años, estableciéndose en centros urbanos.

El país del latifundio y el arrendatario

El agotamiento de las tierras vírgenes y una masiva inmigración de fuerza de trabajo, provocó la elevación del precio del arriendo, los contratos leoninos de corto plazo y la exigencia, al finalizar el contrato, de abandonar la tierra con la siembra de alfalfa (alimento para el ganado de los grandes estancieros). Aun cuando algunos latifundios se dividieran por herencia, la concentración de la propiedad era un hecho evidente, ya se tratara de grandes establecimientos ganaderos o incluso cuando empezaran a experimentar la agricultura extensiva para exportación o dieran lugar a algunas chacras agrícolas.

Entre los productores agrarios, los colonos, una pequeña proporción se convirtió en propietarios, con distintas suertes, pudiendo algunos adquirir maquinaria y producir a mayor escala y otros, apenas subsistir. Muchos se transformaron en arrendatarios o aparceros, también con diversa suerte. La aparcería (que podía ser mediería, tercería o por cuarto) era una forma de contrato que representaba menos riesgo para el trabajador, pero generaba mayor dependencia y explotación del propietario: el chacarero recibe un ingreso final, como si fuera un asalariado. El arriendo, en cambio, daba mayor autonomía y márgenes de ganancia al chacarero, pero también mayor riesgo. La explotación del trabajo familiar, pero también de los asalariados era clave para la acumulación.

Hubo quienes pudieron aprovechar los precios de exportación para captar una mayor porción de la renta agraria. Entre ellos, los llamados arrendatarios capitalistas, una minoría que utilizó el dinero acumulado para comprar máquinas e insumos, en lugar de invertirlo en la propiedad de la tierra. Estos pudieron ampliar las escalas de producción para bajar costos, con técnicas de cultivo predatorias como la no rotación.

Sobre este proceso, la explosión de la crisis financiera de 1890 se tornó en un punto de inflexión para quienes todavía blandeaban el espíritu farmer de Sarmiento. La ley de colonización había sido liquidada. El intento de dirigir o, cuanto menos, de crear un marco estable para el acceso a la tierra había fracasado. El debate sobre el latifundio tomaría una mayor dimensión.

La innovación tecnológica

Entonces comenzó la era del frigorífico. La nueva tecnología modificó estrategias e intereses: se pasó de la exportación de carnes enfriadas a las congeladas. Por ejemplo, la de oveja. La raza merina pura se reemplazó por mestizos y otros ovinos de mejor carne, como el Lincoln. Mientras tanto, el ganado vacuno se exportaba a pie a Europa.

Resulta ejemplar el crecimiento de la localidad de Campana, al norte bonaerense. De origen colonial y con puerto y estación ferroviaria, había sido destino de criadores irlandeses de ovejas, que luego fueron reemplazadas por el vacuno y el cultivo de alfalfa. Allí se instaló el primer frigorífico del país, de capitales ingleses, River Plate Fresh Meat Company (conocido como Anglo).

En la producción agrícola, más de 200 mil cosechadoras y 11 mil trilladoras ingresaron desde 1891, creándose una mayor distancia productiva entre las familias campesinas que no podían afrontar un costo así y los grandes productores, algunos de ellos, arrendatarios capitalistas, incluso sólo propietarios de máquinas. Las diferencias pueden apreciarse por regiones: Santa Fe, a diferencia de Entre Ríos, incorporó una muy mayor proporción de maquinaria.

Trilladora, dibujo publicado en El Americano, 1872.

Defensa y crítica del latifundio

“Con el llamado latifundio hemos llegado al progreso actual y a nuestras estupendas capacidades económicas y de producción. El sistema de la gran propiedad nos hizo ricos, pues”, llegó a decir Lucas Ayarragaray, diputado del PAN, en aquel contexto. En palabras de la propia SRA, al criticar la Ley de Centros Agrícolas de Buenos Aires: “únicamente el productor y el engordador de ganados de esa clase puede pagar el arrendamiento de la tierra del valor medio de la que se trata de expropiar para darla al labrador”.

El país, a la medida del latifundio. Algunos ejemplos son característicos. En el norte de Santa Fe, las experiencias de colonización serían contrastadas por la creación de grandes propiedades. A las de Ocampo Samanés y Lanworthy, se sumaban las de Carlos Casares y los financistas ingleses de Murrieta y Ca.

Caso paradigmático este último, porque se había hecho de las tierras gracias a créditos hipotecarios cobrados a la provincia, a un precio ridículo, que el Congreso de la nación aprobó en agosto de 1883. Estas tierras pasaron a formar luego del latifundio de la Compañía de Tierras de Santa Fe y, algunos años más tarde, los de La Forestal, el llamado “pulpo” del Chaco santafesino, que llegaría a alcanzar bajo propiedad 2,14 millones de hectáreas, muchas de ellas conteniendo el milenario bosque de quebracho colorado.

Al otro extremo del país, para la misma época, se formaron los latifundios (mayoritariamente ingleses), con la ambición de unir, a través de la cordillera y la frontera con Chile, los océanos Pacífico y Atlántico. Tales los casos de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia y la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, con prontuarios de esclavización y aniquilación de población indígena y y que luego protagonizarían masacres de obreros.

La última fue una creación del empresario portugués José Nogueira. Radicado en Punta Arenas, que obtuvo en 1890 una concesión de 1,3 millones de hectáreas. En 1893, junto a su esposa Sara Braun, sus cuñados Mauricio Braun y los hermanos Menéndez, fundaron la compañía, que se convirtió en un gigante con más de 1,6 millones de hectáreas propias y 490 mil ocupadas de hecho.

Años más tarde, el periódico El Radical de Río Gallegos, afirmaría:

Para nadie es un misterio que en la Patagonia existen numerosos latifundistas o acaparadores de tierras que, a parte de las de propiedad o arrendamiento, sobre las que no puede ni debe hacerse cuestión alguna, ocupan inmensas extensiones de terrenos fiscales, por los que ni derechos de pasaje pagan, habiendo formado en ellos grandes estancias, en las que se detenta la propiedad del Estado y se usurpan los derechos de la Nación.

En este contexto, los socialistas identificaron el latifundio como un problema para el desarrollo social y económico. Criticaron la subordinación de la agricultura a la ganadería y protestaron contra los contratos de arriendo o aparcería de corto plazo. Políticamente, aspiraban a una alianza entre arrendatarios, proletarios rurales y urbanos, frente al poder de los grandes propietarios. Dos figuras clave en este campo fueron Germán Avé-Lallemant y Juan B. Justo.

Lallemant, ingeniero y agrimensor alemán radicado en San Luis, se unió a los primeros círculos de pensamiento socialista en la década de 1880 y, tras la crisis de 1890, fue redactor de El Obrero. Más tarde colaboró con La Agricultura, revista vinculada a las élites. No proponía eliminar el latifundio, sino socializarlo. La pequeña producción no era una opción en los tiempos modernos que se vivían. Por eso, no había que ceder a la ambición del chacarero, que era tan capitalista como el propietario urbano, sino crear granjas colectivas.

Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista y del diario La Vanguardia, desarrolló una propuesta opuesta, a partir de su experiencia directa en el agro: se instaló en Junín y luego adquirió, junto a otro socialista, poco más de mil hectáreas en Córdoba, parte de las cuales arrendó y otra parte explotó directamente. Esa vivencia fue la base del Programa Socialista del Campo de 1901.

Justo reconocía que el capitalismo argentino sería eminentemente agrario, no industrial, pero debía basarse en la pequeña propiedad y la forma cooperativa. Lamentaba, en este sentido, los fracasos históricos de Rivadavia, Sarmiento y Avellaneda. El rol del estado, en este desarrollo, era central. Debía regular contratos justos y apropiarse de la renta del suelo, patrimonio de todos los argentinos, mediante impuestos. Dado que se trataba de la intervención en la renta y no en la ganancia, suponía que la producción no debía verse afectada.

Sin embargo, los socialistas tuvieron dificultades para influir tanto en el colono como en el asalariado rural, que muchas veces aspiraba a regresar a su país de origen o debía lidiar con las políticas represivas.

¿Estado o Mercado?

Como en la década de 1820, las políticas diseñadas para crear islas de pequeños propietarios agricultores resultaron limitadas y fueron arrasadas por la fuerza del mercado, en oleadas de gran concentración territorial. Una vez que se produjo la crisis de 1890, la ley de Avellaneda apenas había habilitado la instalación efectiva de seis colonias nuevas en territorios nacionales y dos colonias nacionales en Córdoba, de apenas 160 mil hectáreas.

Una pregunta que alimentaba los debates se centraba en el agente del ordenamiento agropecuario, fuente del esperado progreso del país: ¿debía el Estado seguir promoviendo el acceso a la tierra o apenas crear el marco para la acción del mercado? En 1892, desde el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, un científico tan relevante como Francisco Latzina opinaba que el gobierno “es un mal empresario” y no podía impulsar la colonización sino por medio de los empresarios privados. A lo sumo, debía limitarse, como “mediador”, a promover la llegada de labradores inmigrantes con capital propio, que pudieran tomar las “mejores tierras”.

Ello significaba dejar que la dinámica del acceso a la tierra estuviera guiada por las fuerzas del capitalismo, provenientes de los centros imperialistas, como Gran Bretaña. Y así fue. Entrados en el nuevo siglo, se hizo pronto evidente que una clase terrateniente, en gran parte proveniente del mundo de las finanzas, había malogrado las políticas del Estado orientadas a promover una distribución de la tierra y aprovechaba toda política pública (como la militar) de expansión territorial.

Ello demandó, entonces, una nueva discusión sobre la política de tierras. El gobierno de Roca promovió el debate. En 1902, se sancionó la Ley General de Tierras, N° 4.167, que derogaba las anteriores y que fue sucesivamente reglamentada en 1903 y 1906. Tenía una similar pretensión regulatoria que la de 1876, reconociendo la falta de conocimiento sobre la calidad de las tierras concedidas. Por primera vez, preveía la adquisición estatal de tierras, irrigadas o irrigables, para destinarlas a la colonización agrícola. Suponía reconocer el escaso valor de muchas tierras públicas disponibles y creaba reservas para pueblos y colonias agrícolas y pastoriles, destinando otras tierras para arriendo o remate.

Conclusiones

Pasados casi quince años de la Ley de Inmigración y Colonización, en muchos sentidos, los resultados eran desalentadores. Luego de la crisis de 1890, la ley fue liquidada. El resultado global dio por ganador al especulador de tierras, al latifundismo explícito. El modelo agrario pensado al estilo farmer estadounidense apenas logró asentarse con cierto éxito en el sur de Santa Fe y algunos oasis provinciales.

En este capítulo, recorrimos nuevamente algunas de las regiones del país, observando la dinámica de un proceso en apogeo, con los actores económicos más poderosos y las clases dominantes surfeando la ola de la crisis económica y aprovechando las oportunidades. La intención fue pensar las políticas de acceso a la tierra y colonización agrícola en medio de este rumbo. Algunos desarrollos específicos nos ayudan a pensar tanto este juego de tendencias y contratendencias. Por ejemplo, el desarrollo de las colonias vitivinícolas de los oasis mendocinos, la Ley de Centros Agrícolas bonaerenses y ciertas concesiones de tierra a pueblos indígenas basados en la Ley del Hogar o en la fallida experimentación de algunos gobernadores territoriales.

Un apartado especial dedicamos a la colonización judía: llegaron como todo inmigrante europeo, financiados por un gran empresario, pero su migración tenía un condimento especial, su persecución en Europa. Estas familias que, por lo general, se instalaron en los márgenes pampeanos, contaron con la protección de un filántropo que, si bien siguió una estricta lógica capitalista con sus productores, les ofreció un modo de acceso a la tierra y una protección que no tuvieron otras poblaciones étnicas perseguidas, como los indígenas locales. Así, cuando recorremos las experiencias de arraigo y desarraigo, en general, veremos que los primeros desfavorecidos fueron los “hijos de la tierra” y los “hijos del país”.

A la larga, la mayoría de las iniciativas de acceso democrático fueron malogradas, desapareciendo o quedando subordinadas a la lógica de la presión exportadora. El éxito de experiencias productivas que fomentaban el arraigo de algunos actores específicos, en general, pequeños productores inmigrantes, tales como las de Mendoza o las del sur de Santa Fe, no cambian el color de la tendencia general. Por otra parte, no se trataba sólo de la tierra. El caso mendocino y las políticas en torno al acceso y regulación del uso del agua disponible es el más claro ejemplo.

Al concluir el capítulo 4, nos detuvimos en algunos debates centrales. Porque con el correr vertiginoso del tiempo, hubo quienes defendieron el modelo de desarrollo basado en el latifundio ganadero, con la política y la distribución de la propiedad agrícola arrastradas en el furgón de la historia, y hubo quienes insistieron en reclamar un desarrollo económico basado en la actividad agraria diversificada con el pequeño y mediano productor como actores centrales.

Este último debate conectaba con otro aún más profundo: ¿Estado o mercado? ¿Fue un mal empresario el Estado que, tras acumular grandes extensiones fiscales, las terminó entregando —a menudo, de forma especulativa— a grandes financistas, comerciantes y terratenientes? ¿O fue, más bien, un Estado funcional a los proyectos de la oligarquía terrateniente? Peor aún, ¿no fue un Estado que también se subordinó a los negocios del capital extranjero?.

Bibliografía y fuentes

Usamos como fuentes primarias discursos, documentos, auto-biografías o relatos de Marcos Alpherson sobre la colonización judía y la resistencia de los colonos, de Juan Bautista Ambrosetti sobre sus viajes y crónicas de Misiones, de Aaron Anchorena sobre la especulación con la tierra en la Patagonia, de Santiago Arcos sobre la política de fronteras y la guerra ofensiva, de Nicolás Avellaneda sobre la política de tierras y legislación agraria, de Juan Amadeo Baldrich sobre la seguridad y gendarmería en el Chaco, de Álvaro Barros sobre la integración y colonias indígenas, de Juan Bialet Massé sobre los derechos indígenas y las condiciones de trabajo, de Juan Manuel Blanes sobre la representación artística de la conquista, de Arturo Bodewig sobre el uso de mano de obra indígena en los ingenios de Jujuy, de Carlos Boggio sobre el hábeas corpus y los derechos indígenas en el Chaco, de Gabriel Carrasco sobre las estadísticas de colonización en Santa Fe y el Chaco, de Aaron Castellanos sobre el reclamo de los criollos ante privilegios extranjeros, de Pedro De Ángelis sobre las colonias militares-agrícolas rosistas, de Luis Deperle sobre la colonización militar en el norte de Santa Fe, de Federico Fernández sobre la exploración y cartografía del Chaco, de Francisco Fernández sobre la representación de la masacre de Tandil, de Jorge Luis Fontana sobre las expediciones militares y política indígena en el Chaco, de Ignacio Fotheringham sobre las colonias indígenas en Formosa, de Pedro García sobre los antecedentes de la colonización militar, de Eleazar Garzón sobre la propiedad de la tierra y los derechos históricos, de José Hernández sobre la colonización criolla y las condiciones rurales, de Jules Huret sobre sus viajes por Misiones y el Chaco, de Aniceto Latorre sobre las solicitudes indígenas de tierras en la Patagonia, de Francisco Latzina sobre el rol de la empresa privada en la colonización, de Ramón Lista sobre la creación de reservas indígenas en la Patagonia, de Lucio V. Mansilla sobre los ranqueles y la política de fronteras pampeanas, de Bartolomé Mitre sobre la guerra total y los derechos indígenas, de Francisco Moreno sobre la empresa extranjera y tierras en la Patagonia, de José Elías Niklison sobre el trabajo y las reservas indígenas, de Víctor Pongratz sobre las condiciones de vida en San Antonio de Obligado, de Enrique Rostagno sobre el trabajo forzado y reducción militar en el Chaco, de Arturo Seelstrang sobre la exploración y territorio del Chaco, de Napoleón Uriburu sobre las expediciones militares en el Chaco y Neuquén, de Guillermo Wilcken sobre la agricultura y política de tierras en el Litoral, de Eduardo Zavalía sobre el derecho constitucional y la denuncia de la conquista del desierto y de Estanislao Zeballos sobre la política agraria y el imaginario del desierto.

Usamos como fuentes secundarias los trabajos de Aníbal B. Arcondo sobre la crisis de la colonización en Córdoba, de Luis A. Tognetti sobre la expansión de la frontera sur cordobesa, de Roxana Boixados y Sonia Tell sobre los pueblos de indios en Córdoba, de Haim Avni y Sibila Seibert sobre los resultados de la colonización judía de la ACJ, de Susana Bandieri sobre la apropiación de tierras en la Patagonia, el caso neuquino y el Alto Valle, de María Cristina Ockier sobre el acaparamiento de tierras en la Norpatagonia y su vínculo con el proceso de colonización, de María Eugenia Cepparo de Grosso sobre los distintos poblamientos patagónicos según las regiones, y de Osvaldo Bayer sobre una interpretación en clave de genocidio de las campañas militares en el sur argentino; de María Fernanda Barcos sobre los derechos de propiedad ejidal en Buenos Aires, de María Bjerg sobre la inmigración danesa en el centro-sur bonaerense, de Alfredo Bolsi sobre la entrega de títulos de propiedad en Misiones, de Claudia Briones y Walter Delrio sobre el sistema de reservas y la situación indígena en la Patagonia, de Miguel Ángel Cárcano sobre la concentración del latifundio y las leyes agrarias, de Josefina Cargnel y Alicia Montenegro sobre la historia regional y la memoria del Nordeste, de Lucas Codesido sobre el Ejército nacional y la revolución de 1874, de Ezequiel Gallo sobre la colonización agrícola en Santa Fe y la pampa gringa, de P. Meinrado Hux sobre el reparto de tierras a indígenas en la zona de Junín y Los Toldos, de Romain Gaignard sobre los procesos de fraccionamiento de la propiedad en la región pampeana, y de Daniel Fernández y Mercedes Lovato sobre la vida del cacique Calfucurá y su tribu salinera, de Gabriela Dalla-Corte Caballero sobre los mocovíes, las misiones franciscanas y los colonos en el Chaco, de Ingrid De Jong sobre la historiografía de las fronteras pampeanas, de Jorge Pinto Rodríguez sobre la integración y desintegración del espacio fronterizo en la Araucanía y las Pampas, de Julio C. Djenderedjian, Sílcora Bearzotti y Juan Luis Martirén sobre la expansión agrícola, la maquinaria y la historia del capitalismo agrario, de Diego Escolar sobre el proceso judicial huarpe en Mendoza, de Patricia Flier sobre las condiciones de vida y memoria en las colonias judías de Entre Ríos, de Horacio Giberti sobre la historia de la ganadería y el latifundio, de Mariana Giordano sobre las percepciones de la propiedad indígena en Salta y el Chaco, de Noemí Girbal-Blacha sobre los centros agrícolas bonaerenses, de Tulio Halperin Donghi sobre la clase terrateniente y el poder político, de Eduardo Hourcade y Cristina Godoy sobre la economía agrícola santafesina, de Nicolás Iñigo Carrera sobre el proceso de colonización chaqueño, de Marcelino Irianni, Mariana Yangilevich y Lucas Bilbao, Hugo Nario, M. Álvarez Pujato, N. Oddone, L. Granato y Guido Rapallini, sobre la matanza de inmigrantes en Tandil, de Rodolfo A. Richard-Jorba sobre la vitivinicultura y el trabajo rural en Mendoza, de Marcelo Lagos sobre el discurso de integración y la problemática indígena en el Chaco, de Diana Lenton sobre la política indigenista, los campos de concentración y el marco legal de los territorios nacionales y también sobre la batalla de Quera, junto a Luis Ángel Piaggi, Verónica Seldes, Isabel Del Valle Salas, Florencia Roulet, María Teresa Garrido, Liliana Tamagno y Julio Vezub, de Gustavo Paz sobre la batalla de Quera, de Ernesto Maggiori sobre la historia de los pueblos mapuche y tehuelche, de Susana Novick sobre política y población, de Hernán F. Gómez sobre la historia de la gobernación del Chaco, de Javier Leandro Maffucci Moore sobre la violencia en la sociedad de frontera santafesina, de Enrique Mases sobre la situación indígena y la propiedad en la Patagonia y el Chaco, de Luciano Sánchez sobre la matanza en la reducción de San Antonio de Obligado, de Silvia Citro y Marcelo Musante sobre las reducciones estatales y estrategias de resistencia mocoví, de Ana Teruel y Cecilia Alejandra Fandos sobre la privatización de tierras indígenas en el Norte argentino, de Pilar Pérez la recocalización indígena y los campos de concentración de Valcheta, de Clemente Dumrauf, Dora Martínez de Gorla y Elsa Mabel Barbería sobre la ocupación de la Patagonia, de Alberto B. Bianchi sobre el amparo y el hábeas corpus, de Silvia Escobar Bonoli, Tamara Fischman, Sol Lanteri y Victoria Pedrotta sobre las reservas en Neuquén, Villa Fidelidad y las solicitudes de tierras de los Maicá, de Amilcar Razori, Mario Rapoport y Marta Silva sobre la historia de la ciudad y las dimensiones urbanas, de Dovy Piflacs y Pablo A. O’Dwyer sobre los chacareros judíos y la Colonia Rusa, de Guillermo Banzato, María Cecilia Rossi y Blanca Zeberio sobre los estudios de catastro e inmobiliario, de Carla Lois sobre la cartografía y el territorio en el Gran Chaco, de José Luis Massini Calderón sobre la colonización en Cuyo, de Rafael Mata Olmo sobre las colonias en la frontera sur de Mendoza, de Celeste Medrano y Florencia Tola sobre la memoria de los pueblos del Chaco, de Eduardo José Míguez sobre la autonomía del mercado en la estructura de propiedad, de Guido Miranda sobre los ciclos históricos chaqueños, de Jacinto Oddone sobre la burguesía terrateniente y la apropiación de tierras, de Milcíades Peña sobre el proceso económico-social argentino y la formación de la estructura productiva, de Ricardo M. Ortiz sobre el proceso económico, y de Ezequiel Adamovsky sobre la acción de las clases populares en el período, de Lucas Poy sobre el socialismo y las organizaciones obreras rurales, de Mónica Quijada sobre la ciudadanía de frontera y los indios amigos de Buenos Aires, de Lorena Rodríguez sobre el cacique Timoteo Ayala y Amaicha del Valle, de Martha Ruffini sobre el Estado y la propiedad en Río Negro, de Hilda Sábato sobre la relación entre ciudadanía, revolución y República, de Daniel Santilli sobre la desigualdad en la propiedad de la tierra en Buenos Aires, de Carmen Sesto sobre la historia agraria y la clase terrateniente, de Daniel Silber sobre el centenario de la colonización judía, de Graciela Silvestri sobre el imaginario paisajístico del litoral, de Marcela Tamagnini y Graciana Pérez Zavala sobre los tratados de paz con los ranqueles, de Héctor Hugo Trinchero sobre civilización y barbarie en las fronteras del Chaco central, de Marta Edith Valencia sobre el arrendamiento y venta de tierra pública en Buenos Aires, de Pablo Volkind y Nicolás Bottinelli sobre la gran industria agrícola y de Laura Zang sobre el poblamiento y la estructura agraria en Misiones.

Alejandro Jasinski, Julieta Caggiano, Irana Sommer, Matías Oberlin

Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA)

Presentación

Este Cuaderno 3 presenta un período clave de nuestra historia en materia de tierras y producción agropecuaria. Especialmente, porque el Estado nacional acelera su propia organización y define sus pretensiones territoriales, mientras el país se incorpora a la nueva división internacional del trabajo, vinculado al mercado europeo, especialmente a Inglaterra.

Hay dos procesos centrales que aparecen aquí. Por un lado: uno de fiebre legislativa a nivel nacional y provinciales, que privatiza la tierra pública. Por el otro, la transformación del espacio agrario general, que se ajusta finalmente al ideario liberal. ¿Qué significa ello? Que la propiedad privada y su tríada de propietarios, arrendatarios y trabajadores, se impone sobre cualquier otra forma y derecho de concebir la posesión y producción de la tierra. Las transformaciones son muy profundas: se trata de una reforma agraria de corte liberal. Es el capitalismo, doblando las campanas.

Son muchos los cambios que se suceden, los ritmos no son parejos y las realidades de cada territorio y provincia asumen distintas formas. Por eso, este Cuaderno es un desafío. Teniendo en cuenta viejas tesis, pero a partir de una abundante bibliografía actualizada y de la consulta de distintas fuentes documentales y bibliográficas de la época, continuamos este ensayo sobre la historia del acceso a la tierra en nuestro país. Seguramente haya variables que minimizamos o dejamos afuera y otras a las que le prestamos mayor atención. El resultado esperado es un recorrido por las distintas realidades del país, reponiendo problemáticas contemporáneas, a la luz de algunas preguntas que nos hace el presente.

En el primer capítulo, “Nueva era”, presentamos una síntesis de los cambios políticos producidos con la caída del gobierno de Buenos Aires en manos de Juan Manuel de Rosas, expresión del federalismo porteño. Es cierto, hay un mayor peso de la narrativa volcado en esta provincia, pero el inicio de la organización del Estado nacional, en la última etapa de la Confederación (1852-1861) y con la nueva República Argentina (1862), supone una mirada general. A medida que presentamos los cambios políticos, durante más de dos décadas, damos cuenta de distintos diseños proyectados para crear nuevas realidades. También abordamos el intenso proceso de creación de un tejido legal que expresó y moldeó la nueva realidad social. Allí hablamos del fin del malogrado régimen de enfiteusis y de todo otro derecho de posesión que no fuera la propiedad privada y el arrendamiento. Es también el tiempo en que se liquida la antigua esclavitud.

Esta nueva realidad tuvo un condimento fundamental: la llegada de familias labradoras de Europa. La llamada “colonización agraria” fue una política de acceso a la tierra para inmigrantes que fue simultáneamente aprovechada por grandes terratenientes y empresarios, que especularon con un recurso que se valorizaba rápidamente: la tierra. Los ensayos fueron distintos en cada lugar y a lo largo del tiempo. Presentamos un panorama variado, con experiencias concretas. En paralelo, recuperamos las resistencias, como las de las montoneras federales, cuyo faro miraba hacia la experiencia del Paraguay, aniquilada en una infame guerra.

Cerramos este Cuaderno con las formas que asumieron las políticas de colonización luego de dos décadas de ensayo: la “colonización dirigida” por los gobiernos fue sucedida por un proceso de espontaneidad, masividad y menor dirección estatal. Ello sucede de la mano de una transformación política e ideológica profunda: el final trágico que asumen los viejos enfrentamientos entre unitarios y federales y la aparición de nuevas organizaciones e identidades: el autonomismo, el liberalismo y el nacionalismo. Junto a ello, aparece por primera vez el ideario proteccionista y el nacionalismo económico.

Este cuaderno termina allí, al comenzar la década de 1870, al filo de la ampliación de las políticas de inmigración y colonización y de la simultánea necesidad de ampliar los territorios de la nación en beneficio de la clase terrateniente.

Nueva era

Sobre el polvo de Caseros

La batalla que tuvo lugar en El Palomar de Caseros, el 3 de febrero de 1852, terminó con la experiencia histórica del federalismo rosista, luego de algo más de dos décadas. Sus frágiles bases institucionales las daba el Pacto Federal firmado en 1831, que había limitado a las fuerzas unitarias. La caída de Rosas no significó el fin de este Pacto. Tampoco, del nombre dado a aquel intento de organización nacional: la Confederación Argentina. Pero quedaba un territorio abatido por los enfrentamientos y lleno de incertidumbres, luego de que llegaran a su fin los equilibrios logrados por el rosismo.

Mapa de 1852-1862. Extraído de Rómulo Félix Menendez (1982).“Las Conquistas Territoriales Argentinas”. Editorial: Circulo Militar..

En la madrugada siguiente a la batalla de Caseros, una ola de saqueos despertó a la ciudad de Buenos Aires. El episodio terminó con una masacre de al menos 200 personas. Al poco tiempo, las tribus de “indios amigos”, durante años apaciguadas por los acuerdos y el comercio, dieron nueva vida a la política del malón. Las fronteras bonaerenses volvieron a parecerse a las existentes en los tiempos de Martín Rodríguez, tres décadas atrás.

Las fuerzas triunfantes en Caseros estaban compuestas por entrerrianos, correntinos, santafesinos, orientales, brasileños y unitarios exiliados. Su jefe era el también líder federal, el entrerriano Justo José de Urquiza, que encontraba apoyo en los distintos federalismos provinciales. En San Nicolás, Buenos Aires, una suerte de liga de gobernadores eligió a Urquiza como director provisorio, acordando convocar a representantes de las 14 provincias del país para dictar una Constitución definitiva, luego de los fallidos textos unitarios de 1819 y 1826.

En los encuentros de San Nicolás, y luego en Santa Fe, reflotaron las viejas disidencias.  Los viejos unitarios, ahora también llamados liberales, habían festejado la caída de Rosas, pero desconfiaban de Urquiza, del nuevo gobernador bonaerense, el veterano Vicente López y Planes, y de su hijo, el diputado Vicente Fidel López. Los liberales derrocaron al viejo López y volvieron a rebelarse cuando Urquiza lo repuso en su cargo de gobernador de Buenos Aires y disolvió la Legislatura. Una ruptura mayor era inminente. Retiraron a Buenos Aires del Acuerdo de San Nicolás y declararon a la provincia como un Estado soberano.

Los representantes de las provincias de la Confederación, por su parte, discutían la nueva constitución. Dos propuestas, elaboradas por destacados opositores a Rosas, miembros de la llamada Generación del 37, adquirieron entonces una publicidad sobresaliente. Por un lado, Juan Bautista Alberdi proponía una vía de orden y crecimiento económico, basada en la atracción de capitales y población extranjera y disciplinamiento de las clases populares. Alberdi dijo que se trataba de construir una “República Posible”, como transición hacia la utópica “República Verdadera”. Por el otro, Domingo Faustino Sarmiento se mostraba más cauto con la inmigración, temeroso de importar con ello el fantasma del socialismo. Su ejemplo no era Francia, sino los Estados Unidos. Le atraían su mercado nacional en formación, la extensión de la educación, el consumo y el bienestar. Pero sobre todo, su política de distribución de la propiedad, una especie de democracia agraria de población blanca.

La nueva Constitución fue votada en 1853. El Congreso eligió a Paraná como capital y, al año siguiente, designó a su primer presidente, Urquiza. Durante casi una década, la Confederación y el Estado de Buenos Aires se mantuvieron separados. Sin embargo, los porteños fueron expandiendo las banderas del liberalismo y del Partido de la Libertad (o Liberal) hacia las provincias, mediante pactos con personalidades locales, referentes del unitarismo o fieles al poder central. Bartolomé Mitre fue su máximo exponente en Buenos Aires, junto con Valentín Alsina.

La tensión fue en aumento, hasta que, en 1859, Buenos Aires fue derrotada en la batalla de Cepeda por las fuerzas de la Confederación y debió aceptar su integración al resto del país. Pero en un acuerdo realizado en San José de Flores, condicionó este ingreso a una revisión de la Constitución, que se hizo en 1860: el país adoptó el nombre de Nación Argentina y la ciudad porteña evitó ser declarada Capital Federal. Se concentraba allí una tensión al interior de la propia política porteña. Mitre impulsó el Partido Liberal Nacional con la idea de unificar el país bajo el dominio de Buenos Aires. Alsina, su antiguo aliado, formó el Partido Autonomista: no quería compartir con las provincias los ingresos y el poder que le daba el puerto y la aduana, y prefería mantener la escisión.

Pero el retroceso porteño era aparente. Velozmente, la fuerza liberal se impuso en las provincias y, en septiembre de 1861, Mitre, gobernador de Buenos Aires, llevó a su provincia a una victoria tan misteriosa como definitiva sobre la Confederación. Ello sucedió en la llamada Batalla de Pavón. Luego de subordinar a Urquiza, Mitre asumió las funciones ejecutivas del país y convocó a un Congreso Nacional. El 12 de octubre de 1862, fue elegido como el primer presidente de la nueva República Argentina, desapareciendo, ahora sí, la Confederación.

La presidencia de Mitre duró seis largos años, hasta 1868. Estos nacionalistas expresaban el interés de los grandes comerciantes. Estaban interesados en mantener una estrecha subordinación con Europa. Eran caracterizados por ser aristocratizantes, conservadores y pudientes. Por eso, en Buenos Aires, los llamaban “pelucones”. A medida que fue aumentando su fuerza a nivel nacional, fue perdiendo terreno local, a manos de los autonomistas de Alsina, a quienes llamaban “crudos” o “pollos de primera garúa”. Esta fuerza expresaba el interés de sectores ganaderos, artesanos e incipientes industriales. También contaba con reformistas, universitarios y plebeyos, así como con viejos rosistas y federales porteños.

La política

Desde 1863, para votar, había que estar inscripto en un padrón electoral. El día del comicio, se reunían los “ciudadanos” alrededor de la mesa electoral y “cantaban” su voto. Se votaban personalidades carismáticas, no partidos con programas e ideas fijos. La política se organizaba por “clubes”, especie de corrientes que extendían su influencia al mundo rural a través de filiales. El Partido Autonomista de Alsina, por ejemplo, contó con el Club 25 de Mayo, que agrupaba a jóvenes reformistas como Leandro Alem y Aristóbulo Del Valle. Por otra parte, las campañas políticas contaban con los aportes de hacendados y terratenientes y la prensa era claramente partidaria: los diarios La Nación Argentina, El Pueblo y La Nación, sucesivamente, expresaban al mitrismo. La Tribuna de los hermanos Varela y luego El Nacional, defendieron al autonomismo.

Como gobernador, primero, y como presidente, luego, Mitre tuvo como aliado a Sarmiento, también viejo liberal y anti-rosista. Su figura creció a medida que la de Mitre se derrumbaba. Sobre todo, luego de que el presidente perdiera gran parte de su prestigio en la infame guerra contra el Paraguay (1864-1870). En 1868, Sarmiento fue elegido sucesor de Mitre. Durante su presidencia, se concentró en políticas de desarrollo, educación, transporte, mensajerías, correos y telégrafo, caminos, ferrocarriles y navegación por ríos interiores, como el Salado, el Dulce y el Bermejo.

Pero los principales desafíos fueron de otra índole. Sarmiento tuvo que afrontar la guerra y sus consecuencias, entre ellas, los alzamientos federales. En 1863, Mitre había reprimido una primera rebelión en el noroeste, la del riojano Ángel “Chacho” Peñaloza. A Sarmiento le tocó enfrentar y liquidar los alzamientos posteriores, de los hermanos Saá, Juan de Dios Videla, Felipe Varela, Santos Guayama, Simón Luengo y Ricardo López Jordan, entre otros.

Finalmente, agotadas militarmente, las frágiles fuerzas federales reorientaron su estrategia dentro del marco institucional. El ideario liberal se había encarnado en el Estado. Expresión de todo ello fue el surgimiento de una nueva fuerza política nacional, que agrupaba a los autonomistas seguidores de Alsina y a federales provinciales. Así nació el Partido Autonomista Nacional (PAN), que gobernó el país durante más de cuatro décadas. En 1874, llevó a Nicolás Avellaneda a la presidencia del país. Mitre, su opositor, sólo triunfó en Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan.

La colonización agrícola y la tierra

En la década de 1850, las familias labradoras europeas fueron convocadas masivamente para poblar el país. Perseguían el deseo de ser propietarias, trabajar la tierra, acumular capital o fundar nuevos pueblos. Con ellas, fundamentalmente, se impulsaron las experiencias de colonización agrícola, un intento de diseñar un escenario rural distinto a la omnipresencia del latifundio.

El país tenía entonces una larga experiencia como exportador de bienes primarios: los cueros, el tasajo, el cebo y otras grasas y, más recientemente, las lanas. ¿Era el tiempo de los cultivos? ¿Se podría transformar el país en la mayor fábrica de alimentos y bienes primarios para Europa? En aquel entonces, Estados Unidos, inmerso en una larga y costosa guerra civil, se veía en problemas para abastecer de algodón a la industria textil inglesa. El embajador británico en Buenos Aires manifestó su preocupación y el gobernador de Córdoba se mostró interesado en promover esta producción comercial, que también ensayaba Catamarca. Adelantándose, el gobernador correntino ofreció entregar tierra gratis y eximir a los recién llegados del pago de impuestos.

En este sentido, los primeros pasos fueron los de una colonización “dirigida” y “estratégica”, es decir, soportada por el Estado, con la donación de tierras, el financiamiento del transporte, alimentos e insumos. Contó con la participación de importantes compañías mediadoras. Pero cuando la especulación fue evidente, los gobiernos quitaron el respaldo o lo volvieron más indirecto, garantizando únicamente excepciones impositivas. Hubo entonces intensos debates sobre el rol del Estado. Había quienes creían que la colonización se encontraba en “pleno movimiento” y que no hacía falta seguir comprometiendo tantos recursos públicos. Sin embargo, también se visibilizaron numerosas carencias y dificultades, que sólo los gobiernos podían atender.

Pero faltaba el hábito de las grandes producciones agrícolas. La población era escasa, los territorios inseguros y aislados, no había mercado estable ni infraestructura adecuada. No era sólo un problema de estrategia económica. La tradición hispana dictaba que la agricultura era un oficio bajo, tarea de siervos. Por eso, la Buenos Aires de mediados de siglo XVIII apenas había contado con 33 labradores entre 10 mil habitantes. Como vimos en el Cuaderno 2, los patriotas intentaron fomentar la colonización agrícola apenas se produjo la ruptura con España. Por ejemplo, la Sociedad Literaria solicitó la presentación de trabajos sobre las causas que detienen los progresos de la agricultura y los medios para removerlas. Ahora, a mediados del siglo XIX, todavía existían grandes dificultades para promover una agricultura de amplia escala.

En este camino, fueron los gobiernos del Litoral los que tomaron la delantera. Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, sacaron una mayor ventaja inicial sobre Buenos Aires. Ello fue así, en la medida que, tras la caída de Rosas, esta provincia sufría mayor inestabilidad política. Sobre todo porque, en 1854, cuando los porteños se separaron de la Confederación, la legislatura provincial impulsó la revisión de entrega de tierras hecha bajo la “dictadura rosista”.

Se debatía cómo reparar a las familias de los viejos enfiteutas unitarios castigados por Rosas, sin dañar los derechos que otros poseedores adquirieron con posterioridad. Mitre, entonces legislador, explicaba que el rosismo había promovido el desorden y la usurpación y había malogrado la enfiteusis para promover la gran propiedad y agrandar la ganadería de forma desmesurada. En esta línea argumental, instaba a investigar los cambios de manos de los títulos, para identificar los “boletos de sangre”, es decir, el delito original, y evitar castigar injustamente a quienes podían haber adquirido las tierras de buena fe. Se buscaba, al decir de Mitre, “fijar la propiedad pública y privada sobre bases inconmovibles”. Para ello, uno de los caminos elegidos, como veremos luego, fue el de un inédito juicio penal en ausencia contra Rosas.

Esta revisión, sin embargo, no alcanzaba a todos los crímenes cometidos. Mitre buscaba revertir “los premios obtenidos por las matanzas de los pueblos argentinos” (en referencia a las víctimas unitarias) y señalaba que quien “adhirió á esas matanzas solicitando el precio ofrecido” se había hecho “moralmente cómplice de ellos”. Lejos estaba de incluir los premios en tierras dados a los militares que habían avanzado sobre la frontera, exterminando al indígena.

De una u otra forma, se revelaba una confesión: el acceso a la tierra se había vuelto lo suficientemente importante como para hacer de la violencia política y el crimen, algunos de sus pilares.

Más allá de Buenos Aires y el Litoral, se encontraban las provincias mal llamadas del “interior”, desde Cuyo al Noroeste.Aunque con realidades muy diferentes entre sí, en términos de ecosistemas, población, producción y distribución de la tierra, el problema que compartían era el de la tierra. Las tensiones alrededor de este tema se hicieron irrefrenables cuando el espíritu del proyecto mitrista avanzó con fuerza en todo el país, sobre todo tras el fin de la Confederación. Entonces, un nuevo ejército nacional tomó forma, y se sancionaron constituciones locales alineadas con la carta magna nacional, reformada en 1860, y leyes contra la vagancia o nuevos reglamentos de policía, que apuntaban a liquidar las ocupaciones de hecho y a reforzar aquella vieja costumbre de obligar a la peonada a conchabarse en estancias o a transformarse en soldados de frontera.

No resulta sorprendente entonces que en estas provincias se hayan presentado las objeciones más serias y agresivas al proyecto liberal. Ello sucedió especialmente al conformarse las montoneras federales de las décadas de 1860 y 1870. Pedro Echagüe, periodista, poeta y ferviente militante de la causa unitaria y liberal, escribió en su novela de 1884 sobre la heroína huarpe Martina Chapanay:

Los vecinos vivían allí como en familia […] pues los laguneros constituían entonces una especie de república independiente que elegía sus propias autoridades. La justicia de la provincia solo intervenía en los casos de crímenes o de grandes robos por medio de un oficial de partida […] El ruido de las armas no turbó la tranquilidad de aquellos lugares; y ni siquiera cuando el caudillaje trastornó todo el país, dejaron de ser los laguneros un pacífico pueblo de pescadores y pastores, aislado al resto del mundo a orillas de sus lagunas.

Lo que evitaba Echagüe era reconocer lo que Sarmiento gritaba a viva voz: que la población de las Lagunas de Guanacache había nutrido los ejércitos federales y se mantuvo muchos años en un estado casi permanente de insurrección.

Las clases dominantes creyeron que ya era tiempo de ocupar las tierras más allá de las fronteras, hacia el sur y sobre el gran Chaco Gualamba. Esta necesidad habilitaba una proyección antigua: la del soldado-agricultor y el fuerte-colonia. En esta violenta avanzada, participaron activamente tropas y colonos, extranjeros, gauchos e indígenas: la iniciativa privada, la ingrata leva y el trabajo forzoso. Como veremos, en las nuevas tierras, que pasarían a conformar los territorios nacionales, se esbozaron las figuras del gendarme moderno y de las reducciones estatales de indios, que dieron que hablar durante toda la primera mitad del siglo XX.

El avance del derecho liberal

Como hemos visto en el Cuaderno 2, al independizarse de España, se moldeó un “derecho patrio” encima de buena parte del edificio legal hispano. El mismo tomó algunas nociones del ideario liberal en leyes, códigos o constituciones que muchas veces no pudieron aplicarse, como fueron los casos de las cartas magnas de 1819 y 1826. Otras veces, los gobiernos provinciales dictaron numerosos decretos, circulares, cédulas, ordenanzas, leyes y bandos de buen gobierno, de estilo más colonial que liberal y moderno. La caída de Rosas supuso un punto de inflexión en este sentido.

Desde entonces, con ritmo febril, comenzaron a asentarse nuevas formas del derecho y del Estado, tanto a nivel provincial como nacional. Nuevas constituciones, leyes de tierra, territorios y fronteras, de colonización y ordenamiento territorial (como los ejidos) y códigos especiales, a nivel nacional, el Comercial (1862), el Civil (1869) y el Penal (1887). Fue relevante, en este sentido, en 1865, la sanción en Buenos Aires del primer Código Rural y la sanción de un nuevo sistema de justicia que buscaba separar y dar autonomía al derecho moderno respecto de los tradicionales poderes eclesiásticos, militares y mercantil.

La nueva artillería legal fue profundamente liberal, como lo demandaba el capitalismo cada vez más insistente en su expansión mundial. Pero un sistema legal moderno como los de Gran Bretaña o Estados Unidos, iba a entrar en colisión con las formas y contenidos propios de la legalidad y justicia colonial de tradición hispana. Especialmente, en cuanto a posesión y ocupación de la tierra, la población criolla y nativa había aprendido a convivir con este viejo sistema, sabiendo en ocasiones usarlo para defender sus intereses. Ello era así en Argentina y en el resto de las repúblicas latinoamericanas, donde las leyes indianas sobrevivieron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX.

Como ya sugerimos, es tan importante dar cuenta de las nuevas formas de las leyes y de los Estados, como de las culturas de derecho preexistentes sobre las que se impuso este nuevo orden. Para ello, es importante entender que el derecho no es solo la ley, sino fundamentalmente “derechos”. Es decir, lo que se plasma en las leyes y en la institucionalidad estatal, no es más que el resultado de luchas donde unos derechos triunfan sobre otros y/o donde conviven de manera incómoda e inestable.

Las nuevas bases legales

Las bases del nuevo país se asentaron en la Constitución Nacional de 1853. Del proceso constituyente participaron representantes de las 14 provincias existentes entonces. En ocho de ellas, sus gobiernos habían sido derrocados luego de la batalla de Caseros. El proyecto que se discutió presentaba como antecedentes inmediatos el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de 1852. Además, se inspiraba en la constitución de Estados Unidos e integraba prescripciones elaboradas por Juan Bautista Alberdi. Con espíritu contractualista, reconocía el sistema republicano, representativo y federal y establecía una forma de gobierno presidencialista.

La nueva Constitución le hablaba al mundo, al garantizar la libertad de conciencia y cultos -como algo inseparable de la dignidad humana-. Además, establecía el principio de caridad cristiana, la igualdad civil de todas las personas, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia y el derecho a defensa y de la propiedad individual. Condenaba la esclavitud y desconocía los privilegios de castas, clases o sangre; suprimía la pena de muerte por motivos político; y se establecía la libertad de navegación de los ríos interiores. También se votaron leyes que -como dijimos- generaron la mayor discordia: la transformación de la urbe de Buenos Aires en capital de la Confederación, la creación de una municipalidad porteña y la centralización de la Aduana. Previendo escenarios de gravedad política, la Constitución disponía que el Congreso podía dictar el Estado de Sitio y suspender las garantías y derechos.

En materia de tierras, las nuevas pautas brindadas por Las Bases de Alberdi y los artículos 20 y 25 de la Constitución resultaron fundamentales. El artículo 20 establecía que los extranjeros gozan de todos los derechos civiles del ciudadano, como ejercer la industria, comercio o profesión y comprar y vender tierras, entre otros derechos, como el de disponer libremente su culto. El artículo 25, por su parte, instaba al gobierno federal a fomentar “la inmigración europea” y prohibía restringir la entrada de “extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra”, entre otras actividades.

Los constituyentes, complementariamente, ordenaron al próximo Congreso de la Nación dictar una legislación civil, comercial y penal uniforme para todo el país.

El proyecto se aprobó el 1 de mayo de 1853, se publicó el 25 de mayo y se juró el 9 de julio, dando nacimiento a la Confederación Argentina. Con estas bases en funcionamiento, se buscó crear un sistema legal lo más homogéneo posible, basado en la propiedad privada y en distintas formas de arriendo, en buena medida para hacer prosperar el proyecto de colonización agrícola con extranjeros. Primero, la Confederación y Buenos Aires, por separado. Luego, reunificados bajo la hegemonía porteña.

Junto a este ordenamiento jurídico general, se sancionaron leyes nacionales fundantes para el acceso a la tierra. A instancias del senador bonaerense Rufino de Elizalde, en 1862, se aprobó la Ley N° 28. Reservaba para el Estado nacional el control de las tierras que se hallaban más allá de los límites de cada provincia al momento de la promulgación de la nueva Constitución. Es decir, transformaba en tierras fiscales de la Nación a los todavía territorios indómitos.Esta disposición incluía las tierras que las provincias y la Confederación habían concesionado desde 1853, aclarando que los derechos concedidos a las empresas de navegación e inmigración no se caerían. Se resolvía de esta forma un tema que había agitado al Congreso de 1826, cuando las provincias protestaron ante el poder central porque perdían soberanía sobre lo que consideraban sus tierras.

En 1867, el Congreso sancionó la Ley N° 215, que establecía una expansión territorial y ocupación militar hacia el sur. Por un lado, hasta los ríos Neuquén y Negro. Por el otro, desde los Andes hasta el océano Atlántico. Ello implicaba someter o exterminar a los pueblos indígenas que se encontraban allí y entregar tierras en propiedad como premio a expedicionarios y financistas.

En aquel momento, se proyectó y aprobó el Código Civil  de la Nación. Su redacción fue encargada al unitario y liberal Dalmacio Vélez Sarsfield, promotor de la Constitución y Código de Comercio bonaerenses. Le llevó cinco años prepararlo. El Congreso Nacional lo aprobó en 1869 y entró en vigor a partir de 1871.

En un apartado especial, este Código trató el carácter exclusivo e inviolable de la propiedad, dispuso el fin de la enfiteusis y trató el problema de la ocupación. Partía para ello de una importante y conflictiva herencia y de una legislación abigarrada y superpuesta que contraponía, por un lado, a la propiedad fundada en el derecho positivo (es decir, en leyes y documentos emitidos por autoridades vigentes, como títulos “suficientes y valederos por sí mismos”) y, por el otro, a quienes se consideraban “propietarios” sin títulos (con derecho por antigüedad de ocupación, es decir, el dominio útil sobre la cosa).
En esta controversia, Vélez Sarsfield consideraba que ambas dimensiones hacían a una “propiedad perfecta” (dominio+posesión), pero que, en situación de conflicto, se imponía el derecho del titular. En definitiva, el Código Civil resolvió a favor del individuo y del derecho positivo, en contra del derecho consuetudinario. Pese a todo, se mantuvo abierta la ventana para provecho del usufructo y la ocupación efectiva, si se podía demostrar continuidad y buena fe de la posesión.

El Código se divide en 4 libros. El Libro 3, “Derechos Reales”, con 16 títulos internos, habla de los bienes públicos y privados, muebles e inmuebles.

El Título 2, por ejemplo, reconoce la posesión y la tradición para adquirirla en propiedad. El Título 3 habla sobre la desposesión y el despojo. El Título 5 habla sobre el dominio, que puede ser imperfecto, pero siempre es exclusivo. También se refiere a las llamadas servidumbres, que superpone dos derechos sobre un mismo recurso.

Artículo N° 2352: “El que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad, es simple tenedor de la cosa, y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho.”

Artículo N° 2355: “La posesión será legítima, cuando sea el ejercicio de un derecho real, constituido en conformidad a las disposiciones de este código. Ilegítima, cuando se tenga sin título, o por un título nulo, o fuere adquirida por un modo insuficiente para adquirir derechos reales, o cuando se adquiera del que no tenía derecho a poseer la cosa, o no lo tenía para transmitirla. Se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe, mediando boleto de compraventa.”

Artículo N° 2365: “La posesión es violenta, cuando es adquirida o tenida por vías de hecho, acompañadas de violencias materiales o morales o por amenazas de fuerza, sea por el mismo que causa la violencia sea por sus agentes.”

Artículo N° 2508: “dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de una cosa”.

El artículo N° 2614 establecía un desconocimiento explícito de la enfiteusis y de la imposición de censos o rentas por un tiempo mayor que cinco años.

El Código Civil también operó sobre las grandes propiedades. Por un lado, confirmó la decisión tomada por los patriotas en 1812 de anular el mayorazgo. Es decir, en lugar de garantizar el derecho del mayor de los hijos a mantener la herencia completa, se estableció la división de la riqueza familiar en partes iguales para cada sucesor. Ello marcaba una tendencia de desconcentración de la propiedad en clave liberal.

Por otro lado, el Código operó sobre los latifundios. Pero recordemos que la figura del latifundio no tenía entonces el sentido que le damos hoy, de terratenientes con un desmesurado poder político y económico. También eran tierras comunes, llamadas indivisas. El Código Civil los transformó en “condominios”, con la expectativa de que se extinguieran pronto bajo el signo de la propiedad individual.

En definitiva, toda forma de poseer y disfrutar la tierra distinta a la liberal quedaba legalmente subordinada y condicionada al nuevo espíritu. Sobre todo, el goce de bienes comunes y los derechos de uso colectivos.

Como veremos más adelante, las campañas militares al Chaco y al sur de fines de la década de 1870 y comienzos de la de 1880, fueron un verdadero punto de inflexión en la historia del acceso a la tierra, al avanzar en la conformación de un mercado general. Sin embargo, el “perfeccionamiento” de la propiedad no sobrevino sino hasta bien entrado el siglo XX.

La vanguardia colonizadora del Litoral

“El fundador de la colonización”

La colonización agrícola con labradores extranjeros fue pensada fundamentalmente para la región del Litoral, todavía libre en grandes extensiones, producto de las largas guerras y el escaso presupuesto fiscal. A poco de andar, provincias como Santa Fe y Entre Ríos tomaron la delantera, aunque sus desarrollos fueron desparejos. Con este objetivo, el médico francés Augusto Brougnes fue uno de los primeros en publicar folletos en Europa sobre las bondades de la tierra argentina. Había llegado al país en 1850, preocupado por encontrar un lugar para las familias rurales francesas que sufrían las transformaciones del capitalismo agrario. Sus trabajos Colonización Agrícola en las provincias del Plata y Medio para enriquecerse por el cultivo del suelo en la República del Uruguay, explicaban cómo suprimir el pauperismo a través del cultivo del suelo en colonias.

Como mencionamos antes, entre los primeros en ser seducidos por los proyectos colonizadores se encontró el líder de la Confederación, Urquiza. En 1852, apenas se instaló en Buenos Aires, el vencedor de Caseros recibió estas propuestas, pero de inmediato se produjo la separación porteña. Imposibilitado de alcanzar este propósito en Buenos Aires, Brougnes fue convocado por el gobernador de Corrientes, Juan Pujol, quien había sido autorizado por la legislatura de aquella provincia a avanzar por este camino. El proyecto se presentó el 29 de agosto de ese año y el contrato se firmó a comienzos de 1853, constituyendo una de las primeras experiencias promovidas y dirigidas por los gobiernos litoraleños. Por ser de fecha tan temprana, Brougnes reclamó el título de fundador de la colonización en el país. Urquiza, ya presidente de la Confederación, decretó la traducción y publicación de sus escritos.

El contrato firmado con Corrientes obligaba a Brougnes a establecer mil familias en una colonia llamada San Juan, en tierras de las Misiones, que entonces era un territorio que los correntinos reclamaban como propio y que, como las costas chaqueñas, eran utilizadas por algunos estancieros y obrajeros que se aventuraban a ocupar los territorios más allá de las fronteras. El gobierno, por su parte, se comprometió a proporcionar herramientas agrícolas, semillas, casas y algunas cabezas de ganado a los labradores, que quedaban en deuda con plazos de dos o tres años.

El contrato comenzó a regir el 25 de enero de 1855. Pero las familias que llegaron apenas rozaban las 200. El lugar de emplazamiento, por otra parte, no fue el prometido: el gobierno trasladó la experiencia cerca de la capital, al puerto de Santa Ana, donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay. En los primeros tiempos, 74 familias, unas 500 personas en total, con un cura y un maestro de escuela, lograron obtener tres cosechas de maíz. Pero el proyecto fracasó: por las enfermedades, los errores en la elección del territorio, las dificultades para vender los productos, la poca extensión de tierra para cada familia y la falta de experiencia.

La publicación de los trabajos de Brougnes alentó la formación de varias empresas colonizadoras. Entre ellas, la de la compañía anglo-francesa Dunkerque E. Pontier, del cónsul francés John Lelong y Adolphe Vaillant, asociada con la compañía de emigración de Carl Beck. Estas habían alcanzado simultáneamente un preacuerdo con el presidente paraguayo, Carlos Antonio López, para llevar a familias de Bourdeos al norte de Asunción (que luego se llamó Villa Occidental y más tarde Villa Hayes). Aquella iniciativa no prosperó. La oportunidad se abrió entonces por un acuerdo firmado con el gobierno de Corrientes.

Pero en este nuevo caso, el embarque en Europa se demoró, y cuando los empresarios anunciaron la salida de numerosas familias desde distintos puertos el acuerdo ya había sido dado por caído. Los desacuerdos alcanzaron a empresarios a ambos lados del océano, a consulados y embajadas, como la de Suiza y Francia, y a los gobiernos de Corrientes y de la Confederación. Los colonos llegados se quejaron por los incumplimientos y por distintos inconvenientes, como la pérdida de equipaje, y fueron en ocasiones redirigidos a otras colonias que se fundaban en otros puntos del Litoral, como la colonia San José de Entre Ríos.

Sumida en la actividad ganadera y forestal, la actividad colonizadora no prosperó en Corrientes, que quedó muy a la saga del desarrollo que tuvo en Santa Fe y Entre Ríos. Pese a todo, en sintonía con el nuevo marco legal que se expandía en todo el país, el gobierno de Corrientes buscó regularizar el uso de sus tierras. En particular, la situación de ocupantes sin títulos.

Por ley del 7 de noviembre de 1869, se ordenó que las tierras de propiedad pública se concedieran por medio de su venta, a bajos precios, según condiciones específicas. El artículo octavo daba preferencia de compra a los “ocupantes” sin título. Se establecía una extensión máxima de terrenos a enajenar de casi 7 mil hectáreas y el Poder Ejecutivo se reservaba el derecho a destinar tierras para la fundación de pueblos y colonias agrícolas.

Los yerbales, solares de casa y chacras se regían por otras disposiciones.

La Esperanza de Santa Fe

Cuando comenzó este proceso, Santa Fe se mantenía en un relativo estancamiento en relación a las provincias vecinas. Contrastaban sus 25 mil pobladores rurales contra los 180 mil que tenía Buenos Aires. Zona de frontera con los indígenas chaqueños, la atracción de agricultores inmigrantes demandaba, al igual que en el sur bonaerense, fronteras seguras. Como veremos, el éxito de la colonización en Santa Fe supuso una intensa combinación de esfuerzos estatales y privados, tanto a la hora de combatir a los indígenas como al momento de poner en producción las tierras de las nuevas colonias.

Bajo este esquema, desde la década de 1850, la política provincial se orientó en tres direcciones básicas: la creación de colonias-fortines, el otorgamiento directo de tierras y la colonización “oficial”.

Este último camino fue el primero y, si bien no fue el más importante en cantidad, marcó la pauta de este tipo de desarrollo. Comenzó por el actual centro provincial, que entonces constituía la frontera norte con los indígenas.El Estado ofrecía concesiones de tierras a empresarios o compañías, que las adquirían a muy bajo precio, con el compromiso de poblarlos con familias labradoras, a quienes debían ofrecer acceso a la vivienda, semillas y herramientas. Si se cumplía con lo acordado, el empresario obtenía sin costo tierras en la colonia.

La colonia Esperanza fue una de las primeras con este formato. Fue impulsada por el gobierno provincial y el empresario Aaron Castellanos, quien, como Brougnes, se había presentado anteriormente ante las autoridades de Buenos Aires, proponiendo colonizar el sur, en los márgenes de los ríos Negro y Chubut y todo lo que fuera productivo hasta el estrecho de Magallanes. Su propuesta contemplaba tomar en propiedad la península Valdés, como “cuartel general para proveer todo lo necesario a las futuras colonias”.

Luego de ser rechazada su propuesta, Castellanos volvió a la carga ante la Confederación, para poblar el Chaco. Finalmente, su sede fue Santa Fe. El 15 de junio de 1853, el gobernador santafesino Domingo Crespo firmó con Castellanos un contrato de inmigración, colonización y donación de tierras, que fue ratificado y garantizado por el gobierno de la Confederación un año más tarde.

El proyecto buscaba fomentar la “industria agrícola, fuente principal de riqueza y de fuerza”, creando cinco colonias en forma sucesiva. Cada colonia se dividiría en 200 terrenos, de unas 35 hectáreas cada una. Sumaba un potencial total de 35 mil hectáreas colonizadas.

El empresario se comprometía a introducir “honestas y laboriosas” familias de labradores europeos, con cinco miembros cada una, en su mayor parte varones. En los primeros dos años, debían llegar a 200. En una década, debían llegar a las mil. El empresario debía reclutarlas, transportarlas y conducirlas por su cuenta, pagando los pasajes, agentes e intérpretes de los contratos que firmaría cada una en Europa.

Por su parte, el gobierno actuaba en dos frentes. En el primero, respecto de los colonos, financiaba las obras de infraestructura y entregaba herramientas, semillas y sustento, que aquellos deberían pagar dos años después de instalarse: ranchos de dos cuartos de cinco metros de frente cada uno, comunicados entre sí; seis barriles de harina de ocho arrobas cada una (poco menos de 90 kilos); semillas de algodón, tabaco, trigo, maíz, papas y maní; y 12 cabezas de ganado (dos caballos, dos bueyes de labor, siete vacas y un toro para cría).

En el segundo, le aseguraba al empresario la propiedad de tierra pública en las costas de los ríos Paraná y Salado. Eran unas 75 mil hectáreas, para ganadería. Debía promover el paso del ferrocarril a Córdoba, lo que valorizaría enormemente las tierras. El empresario tenía otra fuente de ganancias. Los colonos debían reponer los gastos, con un interés del 10 por ciento, y pagar un tercio de las cosechas durante los primeros cinco años.

Como señalamos, cada familia obtenía un terreno en la costa del río Salado, de casi 35 hectáreas, que quedaría bajo su propiedad si lo producía y habitaba durante cinco años. Se le ofrecía también un terreno para su vivienda futura en el centro de la colonia y el acceso a tierras comunales para el pastoreo de animales en la periferia. Como condición, debían desmontar y cultivar, según criterios que establecía el contrato. Aunque disponían de un sector para cultivar según su propio criterio.

El contrato establecía reglas de orden público y civil, como la formación de un consejo de justicia, exención de impuestos sobre bienes inmuebles y muebles y del servicio militar y la posibilidad de formar una guardia cívica para defensa y seguridad (aunque se les prohibía funcionar fuera de la colonia como grupos armados). La colonia sería regida por una administración integrada por un juez de paz, un representante de los colonos y dos administradores designados por el gobierno nacional.

La firma del contrato disparó intensos debates en la legislatura santafesina por la entrega de tierras. Pero Castellanos, sin perder tiempo, comenzó a hacer su propaganda en Europa, a través de un escrito de 80 páginas que se llamó Breves consideraciones sobre la República Argentina. Como sucedió con Brougnes, compañías instaladas en los centros estratégicos de comunicaciones de la Europa continental, como Basilea, hicieron propias estas ideas. Entre ellas, se destacó la sociedad de Carl Beck, a quien mencionamos antes, asociado a Aquiles Herzog. Ambos convencieron a numerosos inmigrantes suizos de aventurarse hacia la Argentina.

El destino era la colonia Esperanza, unos 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Santa Fe. Como su nombre lo sugiere, el proyecto invitaba a la utopía. De hecho, Alejo Peyret, republicano francés, emigrado de Europa luego de las luchas sociales de 1848 y activo promotor de la colonización, recordó que, en su ingreso, un cartel escrito en griego rezaba: subdivisión de la propiedad.

Pero los primeros años no fueron sencillos. En agosto de 1856, su administrador informaba que faltaban víveres, semillas, elementos para arar, abrigo, alimento y que no se habían recibido las yuntas de bueyes prometidas. Los inmigrantes, en su mayoría, no tenían experiencia en el trabajo agrícola y desconocían el territorio y su clima. Las deserciones habrían alcanzado el millar de colonos.

El gobierno confederal salió al rescate de las familias. También, de Castellanos, quien alegó falta de compromiso de la provincia y denunció el contrato. La Confederación le pagó una indemnización y se decidió el traspaso al gobierno provincial de las obligaciones y derechos con las 200 familias instaladas. Los colonos quedaron liberados de deudas y algunas condiciones, permitiéndoles acceder a la propiedad de las tierras en un plazo de cinco años.

Más tarde, se suscitaron otros conflictos. Esta vez, relacionados con los usos de las tierras comunes. Por ejemplo, había quejas por las mayores dificultades que encontraban algunos para acceder a los terrenos de pastoreo. Otros colonos que pudieron poner en producción las hectáreas adquiridas, se vieron limitados a la hora de extender sus cultivos, problema que se acentuó pronto al momento de subdividir por herencia los terrenos. Frente a las dificultades, los colonos alternaban la producción propia con su conchabo en estancias. A la larga, la colonia prosperó.

Por el nuevo camino

Esperanza abrió el camino. Nuevos contratos de colonización se firmaron. Algunos mantenían las generosas donaciones de tierras a empresarios y no siempre resultaban prósperas, como las frustrantes concesiones hechas por leyes de 1857 y 1859 al prestamista catalán Esteban Rams y Rubert, para navegar el Río Salado rumbo al norte e instalarse tierra adentro. Otros contratos, sin embargo, cambiaron algunas condiciones y evitaban los onerosos compromisos para el Estado, debiendo asumir los empresarios de la colonización mayor protagonismo y riesgo.

Este fue el caso de la colonia San Carlos, también a unos 40 kilómetros de distancia de Santa Fe, pero en dirección sudoeste. La colonia fue impulsada en 1858 por los ya nombrados Beck y Herzog, quienes habían formado en Basilea la Sociedad Suiza de Colonización, capitalizada en su mayor parte por la alta burguesía basiliense. Beck había conseguido en 1857 una concesión gratuita de 54 mil hectáreas, de las cuales cerca de 10 mil se dividieron en 264 lotes de 34 hectáreas cada uno. Cada familia comenzaría a trabajar siete hectáreas, disponiéndose las restantes para futuros colonos.

Plano de la Colonia San Carlos. 1859. Archivo del Museo Histórico de la Colonia San Carlos

Otra novedad fue la instalación de una Granja Modelo. Administrada por un ingeniero agrónomo suizo, se buscaba ofrecer una guía para la práctica agrícola, que no fue siempre bien recibida por los colonos. Ello, en parte, porque establecía rigurosos criterios, que también rigieron para la vida en general de la colonia. Se creía que un modelo de estricto control social iba a generar una alta productividad y rentabilidad.

A diferencia de Esperanza, aquí el gobierno evitó ciertos gastos, como los de construir ranchos y proveer animales, que delegó en los empresarios. Pero como en Esperanza, la ganancia de la compañía estaba dada en tierras y en el interés financiero que cobraban a los colonos por los adelantos, herramientas y la construcción. Además, luego de establecidas 50 familias, los empresarios tenían derecho a nuevas tierras, aunque no para formar estancias, sino para crear nuevas colonias.

Los colonos, por su parte, tenían la obligación de trabajar en la Granja Modelo como pago por la construcción de los ranchos. En tierras propias, debían poner en producción un cuarto de la superficie el primer año y más de la mitad durante el primer quinquenio. Luego de pagar lo acordado, comenzaban a disfrutar el total de su cosecha y de su propiedad en pleno.

La vida en esta colonia también era regida por un reglamento y gestionada por una administración. La matriz luterana de las normas pautaba rígidamente las formas del trabajo, el control de las cosechas, los 20 días anuales de trabajo comunitario, las prácticas morales y religiosas y la educación de los hijos. Esta severidad generó rispidez, ya que algunas disposiciones atentaban contra los preceptos constitucionales. Entre 1865 y 1866 se produjeron graves conflictos y, al tiempo, fundamentalmente por cuestiones religiosas, la colonia se dividió en tres secciones: sur, centro y norte.

La colonia prosperó también. En buena medida, ello puede ser explicado por factores externos: la Guerra del Paraguay creó una importante demanda de bienes y valorizó los productos agrícolas, circunstancia que fue aprovechada especialmente por estos colonos.

Un tercer caso a destacar es el de San Gerónimo, que se fundó en 1858. Se trató de una colonia instalada directamente en tierras privadas del ganadero Ricardo Foster. En efecto, comenzó a formarse con chacras ganaderas, para luego avanzar con el trabajo agrícola.

Los colonos que aceptaron la propuesta de Foster provenían en buena parte de Esperanza, donde no encontraron lugar. Eran cinco familias procedentes del alto Valais, territorio suizo de habla alemana. Llegaron en carretas, acompañados por un baqueano y se establecieron juntas, por temor a posibles ataques de indígenas, ya que, tiempo atrás, a 10 kilómetros de allí, comunidades abipones habían sido reducidas en misiones jesuíticas y allí se mantenían, mediante acuerdos de paz con el gobierno. Pese a los temores, los abipones abastecieron de agua y dieron protección a los recién llegados.

Como en San Carlos, luego de algunos años de miseria, la Guerra del Paraguay demandó productos de la colonia que, además, contaba con una producción beneficiosa: más allá del trigo y el maíz, los ex cantoneros valesanos se dedicaron a la industria lechera, produciendo quesos y manteca, productos escasos entonces.

Con el tiempo, estas experiencias se replicaron, primero en el centro y luego en el norte y en el sur de la provincia. El rol del gobierno fue cada vez más indirecto, aunque no dejaban de ser centrales las concesiones de tierras que otorgaba. Ello disparaba intensos debates en la Legislatura, donde se discutían sus extensiones y condiciones, el problema de la frontera y los todavía existentes alcances de las normas enfitéuticas dictadas décadas atrás. De hecho, a mediados de la década de 1850, se habilitó la venta de tierras públicas, algunas de ellas dadas en enfiteusis, dando el golpe de gracia a esta legislación en Santa Fe.

En la década de 1860, las colonias agrícolas superaban la veintena. Entre los llegados, la proporción de familias italianas fue cada vez mayor. En 1871, la Legislatura sancionó una ley de “Contribución”, que buscaba promover esta política, eximiendo a las nuevas colonias agrícolas establecidas en terrenos fiscales o particulares del pago de impuestos directos, por tres y cinco años, de acuerdo a su ubicación.

El artículo séptimo de esta ley declaraba a las tierras de las colonias con al menos 50 familias como “terrenos de pan llevar”.

Con el sello de Urquiza

En Entre Ríos, la colonización adquirió también carácter estratégico. A diferencia de Santa Fe, desde la década de 1840, distintos cronistas y viajeros aseguraban que esta provincia vivía una época de prosperidad y rápido crecimiento. Las poblaciones indígenas habían sido tempranamente dominadas y la expansión ganadera estaba consolidada en el occidente, sobre el Paraná, y en el sur, de la mano de un minúsculo grupo de terratenientes que amenazaban el dominio de la ganadería bonaerense.

Los cultivos, en cambio, eran mínimos. La superficie plantada con trigo no llegaba a las 2 mil hectáreas. Los pequeños labradores habían sido empujados hacia el oriente, sobre el río Uruguay, y el norte, hacia tierras libres y fiscales. Dada esta ausencia y debido a la inestabilidad de la situación fronteriza en el oriente, desde donde se alzaba siempre la amenaza brasileña, la colonización fue pensada a los fines de aumentar la población, consolidar el control territorial y garantizar la producción de alimentos.

La primera experiencia tuvo lugar en 1853. Con permiso del gobierno y mediación de John Lelong, a quien ya mencionamos, una veintena de soldados vascos y alemanes, que habían participado en la reciente batalla de Caseros, se instaló en campos fiscales en el afluente ubicado unos 15 kilómetros al norte de Paraná. La colonia, de carácter agrícola y militar, llevó por nombre Las Conchas.

La forma de acceder a una parcela fue similar a la experiencia de Esperanza. Se debía hacer una solicitud formal y comprometerse a cercar y cultivar el mayor terreno posible durante el primer año. El gobierno proveyó bueyes, herramientas para la labranza, semillas, tabaco y algo de dinero en efectivo.

Desde el comienzo, las pequeñas chacras mantuvieron un rumbo errático. El gobierno promovió la llegada de inmigrantes más experimentados, algunos de los cuales provenían de la frustrada experiencia de Brougnes en Corrientes. Al refundarse la colonia en 1860, fue rebautizada Villa Urquiza. Contaba con 700 habitantes en una extensión de 2500 hectáreas. Combinaban el trabajo de la tierra con el de otras profesiones. Tenían 2500 vacas, bueyes y tamberas, y cerca de 300 caballos, una cantidad que podía tener un mediano productor de Buenos Aires.

A poco de andar, los colonos habían ocupado y cultivado la mitad de la tierra, donde produjeron más de 2 mil fanegas de trigo, más papas, maíz, queso y manteca. Se producía para el autoconsumo y para comercializar en mercados locales.

En paralelo, en 1857, la compañía de Beck y Herzog fundó la colonia agrícola y pastoril San José. Allí también llegaron colonos de la fracasada experiencia correntina, en este caso suizos. Se habían dirigido a Ibicuy en Gualeguay, pero el campamento fue instalado en tierras inundables. Se trasladaron luego a Paysandú, para, finalmente,  formar la colonia San José, a unos kilómetros del río Uruguay. Su asentamiento también tuvo el visto bueno de Urquiza, a los fines de “favorecer á hombres industriosos ó que habían prestado algún servicio al país.”

A diferencia de lo sucedido en Santa Fe, las tierras fueron cedidas bajo la antigua figura de la “merced”, no como concesión. Cada familia de 5 personas obtenía aproximadamente unas 25 hectáreas. Se le adelantaban cuatro bueyes, dos vacas lecheras, dos caballos y 100 pesos bolivianos para comprar instrumentos, semillas de trigo, maíz, maní, papa y tabaco. También, madera para construir el rancho y manutención para un año. Además, se les ofrecía instrucción, como en San Carlos.

A dos años de su fundación, a las 100 familias que se instalaron inicialmente, se sumaron sólo 20. Más tarde, Urquiza mandó a traer 200 más, algunas de las cuales llegaron desde los valles piamonteses. En 1862, se fundó muy cerca de la colonia, sobre el río, la Villa Colón, que fue el destino de un grupo de estas familias.

Los primeros años se vivieron bajo condiciones de suma escasez. Cazaban y pescaban para vivir. Estas “muchas vicisitudes” involucraron las “pasiones del fanatismo y ciertos mezquinos intereses de sacristía”, como comentaron los informantes. La administración fue severa. Estaba dirigida “de una manera un poco demasiado militar”. Además de los problemas de convivencia, existía el problema de la falta de protección de la agricultura, frente al ganado. Ello involucraba a la hacienda de la propia familia Urquiza.

Pese a todo, se logró organizar la cría de animales, construir tambos y desarrollar la producción de aves y miel. Se plantaron árboles frutales y se desarrolló la vid con sarmientos traídos desde Estados Unidos de la variedad “Filadelfia”. En 1872, Wilcken destacó la importancia del puerto de la Villa Colón para comunicar esta producción con los “mercados seguros” de Paysandú, Concepción del Uruguay, Concordia, Salto y Gualeguaychú.

Estas experiencias se multiplicaron en los años subsiguientes, con una intervención estatal protagónica, fomentando el asentamiento y creando un marco jurídico-administrativo para la entrega de tierras e instrumentos a los colonos. Entre 1868 y 1888, 27 mil personas se instalaron en 44 nuevas colonias, como Colonia Nueva, 1 de Mayo, Caseros (cerca de San José), Hughes, San Juan, Santa Rosa, San Anselmo, Pereira, Hooker, San Francisco, Carmen y Elisa.

En ellas, hubo una mayor diversificación, uso intensivo de la fuerza de trabajo familiar, incipiente maquinización y una mayor integración a los mercados nacionales e internacionales. En más de medio centenar de centros, se cultivaban 138 mil hectáreas.

Fue problemático, sin embargo, como sucedería en todos los ámbitos del proceso inmigratorio, la creación de estas especies de islas étnicas, donde se diferenciaban de forma excluyente extranjeros, criollos e indígenas. Sobre todo, en relación a las poblaciones más austeras y disciplinadas, como la ruso-alemana, portadora de un persistente y organizado espíritu capitalista.

Ocupaciones, ejidos y “pan llevar”

En Entre Ríos, la legislación acompañó al movimiento agrícola y colonizador, promoviendo la consolidación de la propiedad privada. En septiembre de 1860, la provincia dictó una ley “sobre mejoramiento de las ciudades y villas”, autorizando la venta de solares, baldíos y chacras. Para casos de villas y pueblos menores, como Las Conchas o San José, luego de su inicial acceso a la tierra por “merced”, se dispuso continuar garantizando el acceso “en propiedad y gratuitamente”, siempre que las tierras se poblaran y trabajaran.

Una década más tarde, se disponía la venta por remate de nuevos terrenos y la transformación gratuita de algunas concesiones en propiedad. Para evitar una premeditada especulación, su venta o transferencia se permitía sólo después del año de poblarse de forma continua.

Fotos extraídas del Museo de la Colonización, Municipalidad de Esperanza, Santa Fe.

Dos años después, en mayo de 1872, se sancionó la ley de ejidos en ciudades, villas y pueblos, por la cual se destinaban de forma exclusiva más de 9 mil hectáreas alrededor de cada pueblo “al desarrollo de la población y á la agricultura, quedando excluido el pastoreo de haciendas.” Los ejidos se dividían en trazas circulares: un primer cinturón de solares para las poblaciones, un segundo cinturón para quintas y un tercero para chacras, estas últimas hasta ocho veces mayores.

Esta ley disponía también que los terrenos fiscales de ejidos serían vendidos a un precio fijo y con la expresa condición de ser poblados en seis meses. Los títulos se entregarían, si se cumplía una ocupación sin interrupción durante tres años. Los beneficiarios tendrían obligación de cercar y sembrar el terreno, edificar habitaciones y construir un pozo de balde.

En caso de no cumplir, la tierra volvía al Estado, como se indicaba en el artículo 22. Pero la ley estimulaba la producción: de cumplirse todas las condiciones, se podía acceder a un segundo lote.

Con esta ley, el gobierno se proponía promover la llegada de nuevos inmigrantes. Se ponían como ejemplos algunas recientes fundaciones, como las colonias Hernandarias y Libertad. En ambas debía cumplirse con la ley de ejidos y se establecía que, durante los primeros dos años, se cedería gratuitamente la propiedad de los solares, quintas y chacras, a condición de poblarlas en un año.

Esta legislación autorizaba además la participación de empresas colonizadoras. Para el caso de estas villas mencionadas y otras como Concordia, disponía la venta de todos los terrenos fiscales que se llamaban “Estancias del Estado”. Las empresas estaban obligadas a establecer, en cuatro años, una familia en cada chacra o quinta dentro del ejido y al menos 50 familias agricultoras de cinco personas cada 2 mil hectáreas.

Por otro lado, se buscaba regularizar la situación de los llamados “intrusos”, es decir, quienes ocupaban estos terrenos. A éstos se les daba un área en propiedad y se los exoneraba del pago de impuestos por cuatro años. Al gobierno nacional se solicitaba no cobrar derechos al introducir instrumentos de agricultura.

Espontaneidad, odio al indio y amor al peligro

En 1866, el gobernador santafesino Nicasio Oroño, liberal y mitrista, ofreció ante la Cámara de Representantes de Santa Fe su mirada sobre los primeros resultados de la colonización:

Las personas que se introducen al país obligadas por contratos anteriores, pierden la condición de hombres libres, para constituir con su trabajo a favor de los que especulan en estos negocios, un censo obligatorio que les arrebata el producto de sus afanes, privándoles al mismo tiempo de los medios de subsistencia indispensables y haciéndoles, hasta cierto punto, odiosa su residencia en la nueva patria que han adoptado.

Oroño buscó mejorar las condiciones para los inmigrantes, mediante la formación de chacras agrícolas, entrega gratuita de tierras, ayuda oficial para adquirir herramientas y formación de un fondo de inmigración para costear el transporte de familias extranjeras desde Buenos Aires, que debía luego ser devuelto por los beneficiarios. También promovió la escolarización y ordenó obras públicas en las colonias. Su predecesor, el también liberal Patricio Cullen (1862-1865) había hecho crear el Registro General de Propiedad Territorial, que pronto se llamó Oficina de Topografía y Estadística

Si bien se buscaba poblar y poner a producir la campaña cercana a las urbes, como Rosario, se promovió con especial interés ocupar las tierras fronterizas con Chaco, habitadas por indígenas, algunas ya reducidas y otras siempre imprevisibles y hostiles al “blanco” y “cristiano”.

Las nuevas iniciativas estuvieron vinculadas a las expediciones militares ordenadas por el gobierno nacional sobre el territorio que reclamaba Santa Fe, pero que el Estado nacional se reservaba para otros fines. En este proceso, fue fundamental la iniciativa privada que, como planteó Wilcken, fue espontánea: se trató de grupos familiares cerrados que no estaban atados a ningún destino en particular. Así se formaron las colonias Guadalupe en 1864, Helvecia en 1865, California en 1866, Francesa, Cayastá y Corondina en 1867, entre otras. En esta oleada se anotaron las expediciones de Mardoqueo Navarro y Guillermo Perkins, quienes intentaron alcanzar el arroyo El Rey, más allá de la línea de frontera.

Navarro presentó su proyecto a Oroño en 1865. Su proyecto implicaba remontar el río Salado al norte. Junto a dos socios, solicitaban terrenos gratis en la desembocadura del Arroyo del Rey. Proponían organizar una colonia con 2 mil personas “morales y laboriosas”, conocedoras del trabajo de agricultura. Era una propuesta ambiciosa, ya que ninguna colonia tenía todavía esa cantidad de gente.

Por su parte, Perkins, entonces secretario de la Comisión de Inmigración en Rosario, tenía la obligación de mensurar los terrenos de la costa paranaense entre San Javier y El Rey. Se dirigió al norte por tierra. Iba acompañado de agricultores norteamericanos y otros jóvenes extranjeros y militares.

Recorrieron varias poblaciones y colonias. Se toparon con San José del Rincón y Cayastá, donde sólo había una treintena de ranchos indígenas, una pulpería y algunas plantaciones de maíz. También, con Helvecia, donde se cultivaba el maíz, trigo, batatas, papas, siendo lo más lucrativo la crianza de cerdos para jamones.

En todo ese trayecto de unos 150 kilómetros hasta San Javier, ya no había tierras fiscales. San Javier, antigua misión religiosa, era entonces un pueblo con alrededor de 600 indígenas reducidos, que producían mandioca, maíz, algodón y papas.

En estas tierras, tenía competencia el comandante Matías Olmedo, quien en una de sus excursiones se topó con exiguas partidas indígenas de diez o doce hombres que, según informó, no eran más peligrosas que los gauchos errantes. Olmedo proponía desacantonar tropas y marchar en sucesivas expediciones hasta “despejar el Chaco y hacer posible el establecimiento de colonias agrícolas”. Efecto de este avance, en 1872, se fundó Reconquista, como población estable, bajo la dirección del comandante de la Frontera Norte, general Manuel Obligado.

Este proceso fue particularmente belicoso para las comunidades indígenas. Perkins llegó a proponer para San Javier desconocer el derecho de la propiedad indígena para habilitar el establecimiento de colonos extranjeros.

En San Carlos, un incidente de carácter policial, como fue el secuestro y homicidio de una niña, motivó la salida de una milicia defensiva de colonos armados a la reducción indigena de San Gerónimo del Sauce, donde se encontraba una vieja legión de indios lanceros. Estaban convencidos de que allí se escondían los culpables del crimen. La avanzada terminó con el asesinato del teniente coronel Nicolás Denis, comandante de la reducción, y de una mujer que intentó asistirlo. Pero la comunidad no había tenido vínculo con el crimen.

Este hecho estaba relacionado con la reciente rebelión de 1868 contra Oroño, “el pequeño Rivadavia”. La misma había sido motivada por el intento de expropiación del convento de San Lorenzo, donde se proyectaría una escuela agrícola. Los franciscanos, que controlaban el convento, tenían gran influencia sobre aquellas comunidades indígenas.

Más violenta fue la irrupción de los californianos. El periódico El Tiempo manifestaba entonces que la colonia California, fundada por estadounidenses, se basaba en el “odio al indio, amor al peligro, sed insaciable de bienestar, industria universal en febril actividad, grandeza y previsión en los propósitos”. Los colonos se establecieron en la entonces llamada localidad de Pájaro Blanco, en tierras fiscales cedidas gratuitamente.

El general Juan F. Czetz, de origen húngaro, primer director del instituto de formación militar y la academia del Ejército, redactó un informe sobre las colonias a pedido del entonces presidente Sarmiento. Publicado por partes en el diario El Nacional, comentaba sobre California: “es un pedazo de Kentucky o de Minnesota, por el genio yanqui que la anima, por el rifle contra el indio que va al lado del arado”.  En 1872, participaron de la expedición militar al arroyo El Rey.

Al poco tiempo, la colonia sumaba 13 familias con unas 72 personas. Su idea era producir, acumular y salir. Por eso, vivían en casas precarias, pero poseían la más moderna trilladora, magníficos frutales, 60 bueyes de labor, 1500 cabezas de vacunos, 70 caballos y 30 cerdos. En 1889, Alejo Peyret visitó la población, pero los “yanquis” ya se habían ido. El entonces administrador de San José destacaba el “encarnizamiento frente al indígena al que combaten con sus modernas armas y su experiencia adquirida”.

La colonia Alejandra y Romang, tuvieron características similares, así como Humboldt, Grutly, Rivadavia, Santa María, Hipatía, entre otras. Se prometía a los posibles colonos instrumentos de labranza y semillas para el primer año y acceso a tierra pública con crédito del estado.

Como señalamos, la participación del Estado en el proceso colonizador fue cambiante y debatido. En algunas ocasiones, fue tomando un rol más indirecto. En otras, siguió siendo determinante, por los beneficios concedidos a empresarios, por el tipo de concesiones hechas a colonos particulares o por brindar la fuerza militar necesaria para acompañar el proceso.

Por entonces, se imponía una forma espontánea de la colonización, que exponía a los colonos a la mayor voluntad del empresario, además de alentar posibles reacciones y resistencias que malograban las proyecciones estatales. Casos como el de Sunchales ilustran bien este creciente poder.

Luego de un primer intento fracasado, de la mano de Samuel y Mardoqueo Navarro, el empresario Carlos de Mot solicitó una gran extensión de tierra y se comprometió a establecer a 200 familias. Por cada colono instalado, cobraría del gobierno 20 pesos fuertes.

El proyecto se inició en 1869. El gobierno pagó y entregó títulos de propiedad. El inicio fue próspero, pero tras el rumor de la proximidad de un malón indígena, los colonos se marcharon, no sin antes llevarse todos los equipos de la colonia. Al visitar la colonia en 1872, Wilckens comentó:

Estando de manifiesto la imprevisión y poca escrupulosidad del Empresario en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus colonos, fácil es esplicarse que estos se vengaran, aprovechando el momento de la crítica situación de la Empresa, para arrebatar á la fuerza y llevarse los animales de labor que constituían el elemento vital de la Colonia. Pero aun tomando en cuenta con la mayor severidad las faltas de la Empresa, no es posible desconocer y por consiguiente dejar de condenar, la criminal conducta de los colonos, en este hecho…

***

Todo este movimiento colonizador mostró un carácter estratégico, con un rol estatal central, ya fuera más o menos protagonista en cada iniciativa. El Estado podía limitar su rol a la exención impositiva o a la construcción de caminos, pero la política no dejaba de ser atravesada por la entrega de tierras fiscales. De a poco, fue más determinante el rol de las empresas colonizadoras, de importantes ganaderos como Foster o de actores de las finanzas y del comercio, beneficiados de su cercanía al poder público. La llegada de inmigrantes se hizo cada vez más espontánea y las negociaciones directas entre estos empresarios y los colonos fue cada vez más directa, haciendo valer las más crudas reglas del mercado. Al cabo de unos años, el acceso a la propiedad se hizo cada vez más complicado y los contratos de arriendo se hicieron cada vez más masivos y leoninos.

Buenos Aires, la colonización y la estancia

Agricultura, tecnología y mano de obra

Buenos Aires fue el corazón de la formación de la clase terrateniente. Su origen puede ubicarse en las primeras décadas del siglo XIX. Entonces se produjo una especie de “vuelta hacia el campo”, impulsada por comerciantes ingleses y seguida por grandes comerciantes porteños de arraigo colonial. Como señalamos antes, la ganadería fue la actividad predominante, casi exclusiva, sino fuera por limitadas producciones agrícolas que abastecían el mercado interno.

Distribuidos en quintas, inmigrantes italianos y vascos produjeron verdura y leche para abastecer a la ciudad. También lo hicieron los jornaleros y los pequeños y medianos labradores y hacendados, como los de Cañuelas y Chivilcoy. Por otro lado, grandes hacendados impulsaron con inmigrantes o criollos la producción chacarera dentro de sus estancias.

A diferencia de lo sucedido en las otras provincias litoraleñas, un proceso de colonización “oficial” existió con menos envergadura, especialmente en lo que hace a las garantías de acceso a la tierra. Y ello tuvo efectos particulares. De hecho, durante las gobernaciones de Mariano Saavedra, hijo de Cornelio (1862-1866) y de Adolfo Alsina, hijo de Valentín (1866-1868), nacieron pueblos como Saladillo, Tapalqué, General Rodríguez, Las Heras, Moreno, Ramallo, Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez o Necochea, que fueron atravesados por vías ferroviarias y alcanzados por una legislación que promovía la producción de “pan llevar”. Pero no lograron desarrollarse como centros agrícolas. La valorización de la tierra lo impidió: para 1888, el precio de una hectárea en Buenos Aires llegaba a valer 4 veces más que en Santa Fe.

En cuanto a los desarrollos técnicos, las grandes extensiones de tierra eran delimitadas generalmente con zanjas, mientras que se usaban plantas, cactus o leguminosas, varillas de hierro, palo a pique, tablones unidos con guascas (cuero) o alambre, para armar corrales y chacras.

En los años treinta, Domingo Olivera usaba alambre para proteger sus trigales. En la década siguiente, luego de visitar Inglaterra, Ricardo Newton cercó con alambre, varillas y postes metálicos, una quinta de verdura. En 1854, la estancia de Francisco Halbach, “Los Remedios”, en Cañuelas, fue la primera en introducir el alambre a gran escala para cercar la estancia entera.

Por otra parte, la producción harinera se realizaba con las antiguas tahonas movidas por caballos y molinos de viento, que fueron reemplazadas luego por los molinos a vapor. Por otra parte, el balde volcador hizo su aparición para ahorrar fuerza de trabajo a la hora de garantizar el agua para el ganado, superando la tecnología del balde sin fondo aparecido décadas atrás.

Pese a que la innovación técnica agraria fue escasa, los impactos fueron importantes. En el caso de los alambrados, transformaron las costumbres. El trabajador zanjeador, que era muy costoso, comenzó a ser reemplazado, lo mismo que sucedió en las grandes estancias con numerosos peones que se encargaban de custodiar la hacienda, sobre todo en horarios nocturnos.

Al mismo tiempo, la campaña bonaerense empezó poblarse con una capa de modestos ganaderos extranjeros, mayormente vascos, irlandeses y escoceses, dedicados a la cría del lanar, en terrenos de 200 a 300 hectáreas, propios o arrendados.

Estos cambios se producían en un mundo rural con fronteras inestables y el recurrente llamado a las levas militares. La arbitrariedad del poder estatal local, en manos de jueces de paz y comandantes de frontera, solía ser denunciada por los jornaleros y por los grandes hacendados. Sin embargo, la convocatoria para el servicio militar de frontera podía reforzar la disciplina paternalista y permitir a los propietarios sacarse de encima a peones poco sumisos.

En el Cuaderno 2, describimos este sistema de control y poder de la clase terrateniente que se reforzó durante el rosismo y que, más adelante, fue inmortalizada en el Martín Fierro. José Hernández, su creador, habló de estos “males que todos conocen”, el castigo y el enganche al ejército, y propuso organizar un sistema de voluntarios a sueldo y quitar poder a los jueces de paz, a favor de los municipios. Algo de ello se había puesto en marcha desde 1850, cuando se ordenó crear los poderes municipales y separar las funciones de juez de paz, comisario y comandante militar (por ejemplo, con la Ley N° 35 de octubre de 1854).

Sueños de campos

En ese contexto, “la voz del paisano”, de “los hijos de la tierra”, llegó a la legislatura bonaerense. En agosto de 1854, fue presentada una carta que decía expresar la opinión de pastores, labradores y jornaleros del sudoeste y oeste bonaerense, una amplia región que abarcaba La Matanza, Cañuelas, Lobos y Guardia del Monte.

La protesta se adaptaba a la coyuntura. Decían que el rosismo había afectado su libertad y propiedad y que, a pesar de haber caído este régimen, seguían siendo “los siervos del Río de la Plata”, peores que los esclavos en Brasil y los colonos en Rusia. Reclamaban a los dirigentes porteños transformar a Buenos Aires en “guía y defensora de la Confederación”, con políticas “a favor del pobre” y “de la clase trabajadora”.

En este petitorio, se pueden ver tres claros ejes. El primero, las arbitrariedades estatales, encarnadas en sus agentes. El segundo, los extranjeros que empezaban a poblar estas tierras “en medio de nosotros”. En tercer lugar, los “bárbaros indígenas”. Estos tres puntos eran atravesados por una política concreta: las levas.

En relación a los extranjeros, se criticaba que no eran reclutados como soldados, ni se les exigían tareas como recoger leña o bienes como sus carros y caballos. Decían:

Cuando caímos en las bolas de algún teniente alcalde, es para que haga de nosotros lo que se quiere, guardia, blandengue, doméstico, veterano, como se le antoje al primer mandón que nos pille.

A ello se agregaba que, como los criollos eran maltratados por las autoridades militares y políticas, los grandes estancieros preferían a los inmigrantes europeos para cuidar sus majadas. Denunciaban entonces un “vergonzoso contraste”, entre “tantos hijos de la tierra ayer ricos, hoy día proletarios” y “tantos irlandeses ayer andrajosos, hoy día propietarios”.

En defensa de la “garantía de libertad” y del “sosiego doméstico” y de una soberanía “que no entendemos, ni podemos practicar”, no sólo se diferenciaban del extranjero, sino también del “vagamundo que se ocultó en los pajonales”. Como hemos visto en el Cuaderno 2, al repasar las peleas judiciales de fines del siglo XVIII y los informes oficiales del coronel Pedro García de comienzos del siglo XIX, numerosa población criolla o mestiza utilizaba tierras baldías o fiscales para el pastoreo de sus animales y no se asentaba formalmente.

Es que quienes ahora protestaban, se amparaban en la promesa de formar parte del mundo de los propietarios. De hecho, la carta estaba escrita por puño y letra de los “notables de la campaña”, en quienes los peticionarios decían sentirse representados. Se trataba de grupos de la clase terrateniente y hacendada, incluso extranjeros, criadores de ovinos, como Pablo Halbach, Guillermo White, Enrique Harrat, Samuel Bishop, Daniel Gowland, Jorge Bell, Juan Eastman, Carlos E. Pellegrini. No reclamaban menos derechos para los extranjeros, sino elevar el de los nativos y garantizar “la libertad individual y el goce tranquilo de la propiedad”.

También eran objeto de denuncia los “infieles americanos”, es decir, los indígenas, de quienes decían que habían sido masa de maniobra de Rosas. En su opinión, había que ponerles “una azada o un lazo en la mano”. Descritos como “hermanos en Dios creador” y hasta como “socialistas nómadas”, creían, en clave sarmientina, que su bárbara presencia estaba atada a la economía del ganado. Por eso, reclamaban que fueran “reducidos” en una colonia puramente agrícola en los márgenes del Río Negro:

Con la labranza, sobre todo con la prohibición severa de no criar en dicha colonia más haciendas que la lanar, la veréis poblarse con una rapidez infinitamente superior a la que nos condenan la vaca y la yegua en el centro de nuestra provincia.

El método no podía ser cualquiera, sino “usando de la palabra, del ejemplo, de los medios persuasivos”. Hasta proponían la enseñanza de la lengua pampa en la universidad.

En una campaña dominada por la economía ganadera, este reclamo no dejaba de enseñar un signo democratizante. En definitiva, esperaban obtener mayor autonomía, gestión propia, instituciones parroquiales, municipales y cabildantes, educación, caminos y servicios. El sueño aquí esbozado era uno en que el poder del gran latifundio no se cuestionaba, aunque se le reclamaba permitir el desarrollo de productores de menor tamaño.

Por este camino, hay que entender el caso de Eduardo Olivera, importante hacendado, que se imaginaba un desarrollo al estilo del modelo campestre inglés, dominado por la nobleza o la alta burguesía capitalista.

Olivera había sido enviado por su padre a Francia e Inglaterra a estudiar ingeniería y química. Luego vivió en Alemania, donde estudió la legislación sobre la propiedad y la tierra. A su regreso, formó una Sociedad de Agricultura y organizó las primeras exposiciones agrícolas (1858 y 1859) donde se enseñó el cultivo del cálamo y el lino y se mostraron animales -especialmente ovejas- para iniciar experiencias de mestizaje. En 1866, fue cofundador de la Sociedad Rural Argentina, de la cual fue su presidente.

Más al norte, en el núcleo de vieja población de la zona del Luján, se abrió un camino que contrastó nítidamente con el modelo latifundista. Nos referimos a Chivilcoy, cuyo ejemplo tomó especialmente Sarmiento para delinear su proyecto de país. Al enfrentar a las montoneras de Peñaloza en 1863, siendo gobernador de San Juan, Sarmiento alentó la masacre de gauchos. Pero poco después, al asumir como presidente del país, presentó a Chivilcoy como el camino para transformarlos. Ahora preconizaba su conversión en agricultores, para transitar un camino de progreso y desarrollo. En un emblemático discurso que brindó allí mismo, siendo presidente electo, Sarmiento dijo:

Pero Chivilcoy está aquí, delante de mis ojos: sentía su presencia desde la ventanilla del vagón del tren; veíalo desde leguas tender su verde cortina de vegetación en el horizonte, hasta donde la vista podía alcanzar. Véolo ahora de cerca y puedo contar uno a uno sus agigantados pasos, y contemplar lo que han crecido los árboles, admirar lo que la industria ha aumentado, discernir las fisonomías nuevas de millares de sus nuevos habitantes; y aprovechar los medios de comunicación rápida que lo ligan a la capital y centenares de vehículos que discurren por sus anchurosas calles.

Sarmiento había intervenido anteriormente, de forma activa, en una solución política y legal para el reclamo de los labradores de esta ciudad, que ahora identificaba con “la Pampa, habitada y cultivada”, parte de una “esfera agrícola” que se extendía a los alrededores de Buenos Aires y que le hacía recordar a París o Nueva York. Más aún, era el modelo de desarrollo farmer tomado de Estados Unidos, aplicado a la pampa argentina. También veía allí el modelo de gobierno municipalista, que aspiraba que conformase las bases de la ciudadanía nacional.

En este discurso, Sarmiento conectaba con el reclamo de labradores y jornaleros bonaerenses de una década atrás. Así decía:

Heme aquí, pues, en Chivilcoy, la Pampa como puede ser toda ella en diez años; he aquí el gaucho argentino de ayer, con casa en que vivir, con un pedazo de tierra para hacerle producir alimentos para su familia; he aquí el extranjero ya domiciliado, más dueño del territorio que el mismo habitante del país, porque si éste es pobre es porque anda vago de profesión, si es rico vive en la ciudad de Buenos Aires. Chivilcoy está aquí, como un libro con lindas láminas ilustrativas que habla a los ojos, a la razón, al corazón también…

En aquellos años, buena parte de la diferencia la había hecho la aparición del ferrocarril, que transformaba a Chivilcoy en vanguardia de la combinación de poblamiento, agricultura y ganadería, sin sufrir el dominio de esta última: “Chivilcoy ha probado que se cría más ganado dada una igual extensión de tierra, donde mayor agricultura y mayor número de habitantes hay reunidos.” Sarmiento aseguraba que hasta California había podido cambiar su cultura pastoril predominante y creía que era posible que en toda la Pampa, las estancias y su modo de desarrollo dieran lugar a los pueblos agrícolas. Así concluía:

Digo, pues, a los pueblos todos de la República, que Chivilcoy es el programa del presidente don Domingo Faustino Sarmiento (…) A los gauchos, a los montoneros, (…) y a todos los que hacen el triste papel de bandidos, porque confunden la violencia con el patriotismo, decidles que me den el tiempo necesario (…) y les prometo hacer cien Chivilcoy en los seis años de mi gobierno y con tierra para cada padre de familia, con escuelas para sus hijos.

Con este norte, Sarmiento, que creía que los espacios ejidales eran insuficientes para sustentar a una familia campesina, promovió la educación normal con orientación agrícola, con éxitos parciales y efímeros en Santa Fe, Salta, Tucumán y Mendoza.

Chivilcoy y Baradero: naves insignias

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la fundación de pueblos respondió al formato de la conquista, a través de fortines, que se convirtieron en poblaciones y caseríos. Como comentamos antes, la producción agraria en estas zonas creció según la demanda de los pobladores de las campañas.

Algunos de estos poblados, más o menos cercanos a la ciudad, como San Vicente (1830), Morón (1834) o Santos Lugares (1837), fueron regularizados en la década de 1830, bajo las pautas del Departamento Topográfico, que no respetó las formas de ocupación preexistentes. Por entonces, al norte de la ciudad, existían establecimientos agrícolas en San Isidro y San Fernando, con sus chacras con trabajo esclavo.

Más allá de estos núcleos limitados, la producción agrícola creció en zonas más allá de los 100 kilómetros al norte y al oeste, en poblaciones más antiguas, como Chivilcoy y Baradero, que se transformaron en las experiencias emblemáticas de la agricultura bonaerense del siglo XIX.

Desde antiguo, Chivilcoy había sido una población dependiente de Villa de Luján, zona que se fue poblando a lo largo del siglo XIX con la llegada espontánea de soldados, comerciantes y campesinos. Sin títulos de propiedad, ocuparon las extensas tierras entregadas en enfiteusis.

Durante el rosismo, a pedido de los vecinos, Chivilcoy fue separada de Luján, sin adquirir todavía el estatus de ciudad. Contaba con una población estable de casi 5500 personas, muy considerable para la época. Las tierras del partido eran detentadas por 39 propietarios y enfiteutas que las arrendaban y/o subarrendaban a 566 labradores, muchos de origen alemán, francés, vasco e italiano. Más de la mitad de la población eran peones de campo.

A mediados de siglo XIX, la provincia consumía 360 mil fanegas anuales de trigo, pero el país producía apenas 240 mil, 80 mil de las cuales entregaba Chivilcoy. El resto se importaba desde el extranjero. Los agricultores se quejaban porque los medios de transporte para facilitar el comercio eran precarios, ya que no había ferrocarril, y por la carga impositiva, que le daba ventajas a la harina importada. Además, por los desórdenes de la enfiteusis y la falta de estatus municipal de su villa.

Como adelantamos, este último reclamo fue satisfecho luego de la secesión porteña. En 1854, durante la gobernación de Pastor Obligado (1853-1858), Chivilcoy se transformó en ciudad. Pero ello disparó tensiones latentes. Una comisión de solares fue conformada para diseñar el trazado de lotes, quintas y chacras. Entonces, los viejos donatarios (propietarios) y enfiteutas formados durante el rosismo intentaron hacer valer sus derechos, que fueron denunciados desde la legislatura por Domingo Sarmiento. Al igual que Mitre, el político sanjuanino los caracterizó como “boletos de sangre”, resultado de los favores políticos del rosismo.

Ese mismo año 1854, la legislatura sancionó una ley que suspendía el pago que debían hacer los subarrendatarios, hasta que aclarasen los derechos sobre las tierras. La ejecución de la resolución se demoró, generando el descontento de los labradores. Tres años más tarde, llegó la revuelta.

Los enfiteutas, depravación del ideal proyectado por Belgrano medio siglo antes, eran criticados por el acaparamiento de todos los recursos (lo que incluía aguadas y leña) y por no pagar el canon correspondiente al Estado. Los labradores exigían un nuevo régimen de acceso a la tierra, distinto al vigente, que consideraban “estéril e injusto”. Reclamaban una ley para regularizar la ocupación de 100 mil hectáreas en los márgenes del río Salado, mediante el acceso a la propiedad.

En respuesta a ello, el 16 de octubre de 1857, se sancionó la ley N° 174. Conocida como “Ley de Chivilcoy”, autorizaba la enajenación de las tierras públicas entregadas en enfiteusis fuera del ejido de este pueblo, buscando transformar todas estas tenencias en propiedad o arriendo.

Los primeros artículos de la ley disponían el trazado del partido en lotes de 340 hectáreas, medios lotes de 170 hectáreas y cuartos de lote de 85 hectáreas. Quienes sembraban estas tierras enfitéuticas tendrían derecho a conservarlas, como propietarios, con ciertas facilidades de pago para su compra, o como arrendatarios, en caso de que un tercero optara por comprarlas o quedaran en manos del estado. Los lotes no reclamados por ocupantes, se podrían vender por subasta pública al contado. En ningún caso estaba permitido comprar más de un lote. Por otro lado, quien quisiera comprar las tierras debía contar con el acuerdo de dos vecinos autorizados por el juez de paz.

Croquis elaborado por el agrimensor Pedro Pico, que acompaña al folleto “Fundación y Progreso. Chivilcoy” (1866), editado con motivo del arribo del Ferrocarril de Oeste (Caggiano, 2004).

Como veremos pronto, se sancionaron luego otras leyes de regulación de arrendamientos y venta de tierras y la “Ley de Chivilcoy” se reglamentó recién en 1863, por Ley N° 387. Para entonces, un censo demostró que la ciudad había duplicado su  población: el centro urbano tenía más de 11 mil habitantes y el área rural contaba con 11 mil hectáreas de trigo, 5600 de maíz y 240 de alfalfa.

Ello llevó a Sarmiento, como vimos, a elegir a Chivilcoy como nave insignia de su proyecto de país. En el cuarto año de su presidencia, el inspector Wilcken aseguró que, gracias a la subdivisión de la tierra, una “sencilla medida”, Chivilcoy había alcanzado un “increíble desarrollo, hasta convertirse en el partido más productor de trigo de toda la Provincia”.

La de Baradero fue una experiencia distinta. Se trataba de uno de los poblados más antiguos del norte de la provincia, zona de combate y reducción de indígenas a mano de los frailes franciscanos. Desde comienzos del siglo XIX, el pueblo largaba embarcaciones repletas de trigo para Buenos Aires. Algunas décadas más tarde, se cargaban cereales para otras provincias.

La colonización allí no fue promovida por viejos labradores, como en Chivilcoy. Tampoco por empresarios colonizadores, ni por los estados. Fueron los latifundistas de la zona, con control del municipio local, los promotores de la llegada de familias suizas. Impulsaron su asiento en tierras del ejido municipal, que eran utilizadas para pastoreo y no estaban afectadas al régimen enfitéutico. Su objetivo era obtener una producción de exportación. El camino fue el de la donación y el arriendo.

Allí -como en el caso de San Carlos- fueron a parar familias que habían acordado poblar Esperanza, pero que, antes de partir, ya habían visto frustrados sus objetivos. Viajaron igualmente, con la idea de transformarse en propietarios. Una vez en Buenos Aires, en 1856, aceptaron la propuesta que le acercaron los dueños de las tierras de Baradero.

El municipio cedió a cada varón mayor de familia unas 4 hectáreas. Lo hizo como donación, sin cobrarles ningún canon. También cedió algunas vacas y caballos. Los colonos debieron construir sus ranchos y mantenerse por su cuenta. Pero las condiciones comerciales eran óptimas, por la calidad del suelo, la existencia de un puerto local y la cercanía con el mercado porteño. Pasados los primeros meses de trabajo, se hizo la primera recolección. Siendo pocos y emparentados familiarmente, el trabajo cooperativo produjo buenos resultados. Sembraron papa, maíz, trigo, batatas y otros productos de huerta.

Al poco tiempo, cuando la legislatura bonaerense habilitó la venta de tierras, el municipio ofreció también las que estaban bajo régimen de enfiteusis. Pero al llegar nuevos colonos, si bien se mantuvieron algunas condiciones, se entregó la tierra sólo en arriendo. Pocos colonos pudieron comprar nuevas parcelas. De manera que el proyecto de los grandes hacendados se limitó a subdividir el ejido municipal, sin tocar el cinturón latifundista. Pese a todo, en un sector, la zona sudeste, se abrieron conflictos entre labradores y grandes propietarios que alegaban tener derechos sobre las tierras cedidas.

Si bien a fines de 1856, se definió la traza del pueblo y el ejido, la delineación definitiva de todo el partido fue realizada entre 1868 y 1872. El plano fue rectificado en 1874. Recién allí se habilitó el otorgamiento de escrituras y se entregaron los títulos de propiedad. Por entonces, existían 374 chacras y 222 quintas, divididas con cercos de ñandubay, alambre o zanjas. Casi todo el cereal de Baradero lo producían estos colonos. Abastecían el mercado local y llegaban a exportar.

Pese a ser las más emblemáticas, Chivilcoy y Baradero no fueron las únicas experiencias de subdivisión de la tierra para la producción agrícola.

El nuevo sur: de las colonias militares a las estancias

Junto a Rosas en Caseros, cayó el equilibrio que se habían alcanzado con los pueblos indígenas, especialmente con Juan Calfucurá. Ello significó un inmediato retroceso de la frontera sur y oeste de Buenos Aires. Para volver sobre esas tierras, la provincia impulsó el arriendo público y también políticas de colonización adaptadas a la frontera. En este último sentido, aparecieron las colonias agrícolas y militares, como había ocurrido décadas antes, sin éxito, durante los gobiernos de Honorio Pueyrredón y de Bernardino Rivadavia.

El caso más renombrado es el que encabezó en 1856, el coronel Silvino Olivieri. Se trató del proyecto “Nueva Roma”. Juntó a 350 soldados garibaldinos que formaban la “legione agrícola”, para establecerse a unos 30 kilómetros al norte de Bahía Blanca, sobre la Sierra de la Ventana. Las privaciones, las confrontaciones con los indígenas y problemas internos, incluida la férrea disciplina impuesta, hicieron fracasar la experiencia. Los colonos se sublevaron, asesinaron a su jefe, al asistente y al capellán, y se disgregaron.

Por entonces, en 1859, llegó a Tandil el danés Juan Fugl. Con él, se abrió la colonización danesa en la frontera. En paralelo, la población desprendida del experimento de Olivieri accedió a tierras en Bahía Blanca y Carmen de Patagones, dando lugar a pequeños núcleos agrícolas. Para estos casos de colonización, la ley habilitaba la donación de tierras “en propiedad perpetua”, para individuos o familias nacionales o extranjeras.

Más hacia el sur, en el bajo valle del río Chubut (actualmente Trelew) se instaló una colonia galesa, iniciativa empujada por la Asociación de Inmigración de Gales, encabezada por Luis Jones. Rechazado en un inicio por el Senado, el acuerdo se concretó en septiembre de 1865, permitiendo la llegada de 180 personas, que se asentaron sobre los restos de una fortificación de adobe abandonada años atrás. El teniente coronel Julián Murga, comandante militar de Patagones, hizo la entrega de las tierras. El gobierno prestó entonces “toda clase de auxilio”, provisiones, gastos en animales y semillas, armas y municiones, gastando más de 10 mil pesos fuertes, incluyendo la mitad del costo de una goleta que se perdió.

En estas experiencias de inmigrantes galeses, se reunieron los móviles religiosos, sociales y políticos: la creación de una nueva Gales, una nueva Jerusalén, fuera del dominio inglés. En el primer período se edificaron viviendas de una sola habitación de tipo galesa, adaptadas a los materiales del lugar: sauce criollo, junco de río y arcilla. Luego, para vivienda permanente, adoptaron el cottage de fines del siglo XVIII, con dos habitaciones, techo a dos aguas y frente simétrico.

A poco de iniciar las tareas, por distintas razones, estuvieron prontos a abandonar la experiencia. En efecto, algunos lo hicieron y se asentaron en la colonia inglesa del norte de San Javier, en Santa Fe. En el sur, quedaron unas 130 personas, con 200 vacas lecheras y 100 caballos y yeguas, con producción de papa, trigo, maíz, manteca y queso, que comerciaban con las Islas Malvinas y con “los indios de la tribu de los Pehuelches”, con quienes intercambiaban plumas de avestruz (ñandú), pieles y quillangos. De acuerdo a Wilckens, “viven con los indios, en la mejor armonía, á tal punto que han socorrido muy á menudo á los colonos con regalos de animales, víveres, etc.” Para 1881, el valle había sido mensurado y contaba con numerosas chacras ocupadas.

En paralelo, avanzaban las estancias con sus ganados. Se conformó un entramado de unidades que iban desde las 500 hectáreas hasta las más de 40 mil, como la de Ramón Santamarina, en Tandil. Como comentamos, la incorporación del alambrado resultó muy importante para el fomento de un tipo de estancia que incorporaba vacunos mestizos y puros y sumaba cultivos en las zonas de ejidos y chacras y experimentos de cultivo a gran escala.

Este impulso estuvo relacionado con el nacimiento de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Especialmente, con el rol de su fundador, Eduardo Olivera, a quien ya introdujimos como el creador en 1866 de un proyecto de Chacra Modelo que combinaba agricultura y ganadería y un Centro de Enseñanza Agrícola. Su propuesta contemplaba la apertura de los “desiertos improductivos” al pastoreo, la disminución del precio de la tierra y de la mano de obra, el respeto de las garantías constitucionales, y una quita de impuestos y apertura de créditos para la agricultura. Por entonces, el gobernador Adolfo Alsina creó el Instituto Agrícola, germen de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Lo que buscaba la Sociedad Rural era, por un lado, el ordenamiento y desarrollo de un mercado de tierras, mientras se empujaban las fronteras. Esta modalidad contrastaba con el proyecto de Sarmiento, anunciado a los cuatro vientos al asumir la presidencia en 1868. Para Olivera, fomentar la agricultura de pequeños y medianos productores en un escenario tan lucrativo para la ganadería era un error. Pero no se oponía, como lo habían hecho los grandes estancieros años atrás, a la llegada de labradores extranjeros que pudieran complementar la producción ganadera. Tampoco, a que los peones tuvieran cultivos. Casi la totalidad de la tierra les pertenecía y no peligraban sus intereses. Por el contrario, ello aumentaría aún más el valor de las tierras y, como arrendatarios, estos medianos y pequeños agricultores subordinados podrían cultivar pasturas como la alfalfa, que serían alimento del ganado.

Bajo esta directriz, el censo provincial bonaerense de 1881, indicaba que cada 1000 kilómetros cuadrados, 684 estaban dedicados al pastoreo y sólo 18 a la agricultura: “El pastoreo lo domina todo y la labranza es muy reducida relativamente. Esto persistirá en tanto no aumente la densidad de la población, y no se haga la división de las propiedades”, se leía en este informe de gobierno.

Las lecciones de Mitre: enfiteusis es comunismo

Cualquiera fuera la modalidad del desarrollo impulsada, la orientación general era la de la expansión de la propiedad privada y el ordenamiento de la tierra en clave capitalista: propietarios y arrendatarios. Para ello fue clave la Ley N° 176 de arrendamientos, sancionada por la legislatura en 1857. La misma complementó la “Ley de Chivilcoy”.

Aunque de carácter transitorio, a diferencia de la vieja y malograda enfiteusis, esta ley limitaba la cantidad de tierras a arrendar. Su distribución no podía exceder las 7 mil hectáreas al interior de la frontera. Al exterior, el límite se extendía al doble, pero se dispensaba el pago del canon, bajo la condición de poblarlas. A los antiguos enfiteutas, se les reconocía el derecho de ocupación, pero se los obligaba a pagar los cánones atrasados. El gobierno se reservaba tierras que creía necesarias para la administración o para formar colonias.

Reglamentada en marzo de 1858, muchísimas fueron las solicitudes recibidas por el gobierno para arrendar tierras públicas más allá de la frontera. Los beneficiados tenían 12 meses, a contar desde la fecha de la concesión, para construir dos ranchos y un pozo de balde e introducir 300 cabezas de ganado vacuno o 1000 ovejas. El impacto inmediato fue una ampliación de la tierra disponible productiva que se había reducido en los años previos. Hasta 1876, se firmaron contratos de acceso a unas 5 millones de hectáreas, en su mayoría situadas fuera de la frontera.

En el debate legislativo de estas leyes, cuando todavía Buenos Aires no se había integrado al resto del país, Mitre, entonces legislador, sintetizó una idea que tenía amplio consenso, defendiendo la venta y el arriendo, en oposición a la vieja enfiteusis. Así dijo:

la tendencia del país es la enajenación de la tierras, como medio de poblarse, de extenderse, de enriquecerse y radicar la población, porque una larga experiencia (y no se necesita acumular pruebas para esto), ha demostrado que no es por el enfiteusis que se engrandece un país porque él mantiene la despoblación y está calculado para aumentar más el número de las bestias que el de los hombres.

Mitre explicaba que el arriendo era mejor como medio de acceso a la tierra porque reconocía un sólo dueño, a diferencia de la enfiteusis, que reconocía dos dominios, el útil y el directo. Quien luego fue gobernador de la provincia y más tarde presidente de la nación, explicaba que la ley buscaba hacer crecer el número de propietarios y atacó a su opositor Carlos Tejedor y a quienes defendían la enfiteusis. A ellos los asoció al comunismo que crecía en Europa, aunque no hubieran leído sus obras. Decía así:

Una de las grandes cuestiones que ha suscitado el comunismo, es la de la propiedad de las tierras, y los comunistas han dicho: la propiedad es un robo, el mal grande de las sociedades modernas está en entregar la propiedad pública al dominio privado; la propiedad de la tierra no debieran darla los gobiernos, dicen ellos, sino conservarla para la comodidad y uso común de los ciudadanos. Pues bien, esto es lo que representa el enfiteusis, y esto es lo que sostienen los que atacan el proyecto de la comisión.

En el debate, Tejedor, quien se encontraba lejos de ser comunista, afirmaba que, por la vía del arriendo, no se generaban propietarios. Pero Mitre cambiaba entonces el eje de discusión: la enfiteusis -concluía- permitía avanzar a la barbarie; en cambio, la propiedad, en la línea de frontera, era el estandarte de la civilización.

Una década más tarde, el 25 de octubre de 1868, al cerrar su mandato como presidente de la Nación, Mitre reforzó estas ideas. Lo hizo durante un banquete popular en Chivilcoy, poco antes de que Sarmiento le hablara a la misma audiencia, como su sucesor. Mitre se congració por saber que la propiedad -tal como la entendía su liberalismo- se había afirmado “por la virilidad de los pobres paisanos y de los capitalistas que salieron á poblar con sus ganados el exterior de la frontera”. Según su mirada, se trataba de un largo proceso, cuyo origen se encontraba en las leyes de donación que el Congreso había sancionado en 1819, antes que en la enfiteusis rivadaviana.

A diferencia de Sarmiento y más en sintonía con Olivera, Mitre consideraba que la ganadería era una vanguardia en dos sentidos: porque había sabido combatir y predominar frente a los “ignorantes” que la criticaban, y porque había permitido a la agricultura desenvolverse “á su sombra”. La ácida crítica habría generado aplausos y risas entre los asistentes.

Luego, agregó que estos “ignorantes”, en base a una “suposición arbitraria”, desarrollaron “todo un sistema de división de la tierra y de explotación del suelo”, que trajo resultados opuestos a los deseados:

los enfiteutas, los usufructuarios de la tierra, empezaron á subarrendar cobrando por cada cuadra lo que ellos debían pagar por cada legua, prohibiendo á los chacareros levantar ranchos, para que no echasen raíces en ella.

Esta tensión, dijo, se resolvió cuando “el pobre” que “aró, sudó, cosechó y pagó”, finalmente “afirmó su planta en el suelo, hizo valer su título de poseedor y disputó sus derechos al caduco enfiteuta.”

En referencia a la rebelión de los labradores que comentamos antes, dijo que fueron 500 los agricultores de Chivilcoy que, en 1857, protestaron y reclamaron al gobierno una solución a favor de su posesión y que “el gobierno rompió los vínculos entre ellos y el enfiteuta y les ofreció la propiedad que hoy es un hecho”.

Entonces, Mitre se había manifestado a favor de la protección aduanera para estos labradores, contra la importación del trigo, y a favor de facilitar el transporte de su producción a las ciudades. Rompiendo “la esclavitud de leyes atrasadas” -dijo Mitre-, estos labradores daban el ejemplo frente a quienes “querían que la tierra se subdividiese y se vendiese.”

Como vimos, para Mitre, Chivilcoy representaba una vanguardia de una forma distinta a la que imaginaba Sarmiento. No criticaba la subdivisión de la propiedad, sino que el interés agrícola se impusiera sobre el ganadero. Ello incluía la crítica al concepto de enfiteusis (que vimos plantear a Belgrano), que identificaba con el comunismo. También, una crítica a la forma en que se implementó, de la mano de su mentor, héroe del liberalismo, Bernardino Rivadavia, quien, en este caso, había demostrado ser falible y humano. Quedaba latente, sin embargo, la advertencia de Tejedor, que no era comunista: el arriendo no hace propietarios.

Revisar la herencia rosista: confiscaciones y reparaciones

Hasta entrada la segunda mitad del siglo XIX, las normativas sobre pueblos, poblaciones y ejidos se adaptaron a las leyes indianas. Como hemos dicho, desde entonces, se aceleró el proceso de enajenación de la tierra fiscal por medio de la venta, para consagrar un único derecho, el de la propiedad privada absoluta. El reordenamiento abarcó tierras urbanas y rurales, dentro y fuera de la frontera. Pero esta iniciativa enfrentaba un obstáculo de enorme complejidad política: la herencia rosista.

Tras la caída de Rosas y sobre todo luego de la revolución septembrina y el regreso de los exiliados, se inició en Buenos Aires un debate sobre la violencia política y, en particular, sobre sus efectos en el reparto de tierras. Participaban quienes, hasta hacía muy poco tiempo, habían acompañado al gobierno depuesto. En efecto, en 1854 se formó una comisión para diseñar una política sobre tierras públicas y enfitéuticas, que fue integrada por técnicos, hacendados y políticos, entre ellos, ex rosistas beneficiados con la entrega de tierras hechas en los años anteriores.

Este proceso generó intensos debates en la legislatura y en los periódicos, sobre todo durante el inusual juicio penal que se siguió contra el ex gobernador en septiembre de 1857. A Rosas se lo declaró “reo de lesa patria” y se lo acusó de haber violado las leyes naturales, entre otros cargos.

Durante el juicio, se discutió si había que volver a confiscar las tierras quitadas a los enemigos del rosismo y si había que reparar a las llamadas víctimas. Se quería evitar posibles reclamos judiciales de los herederos. Al mismo tiempo, se buscaba dar señales al extranjero de que había seguridad sobre la propiedad privada.

Mientras tanto, se dieron respuestas parciales con la sanción de leyes y decretos, en las que se estipuló qué premios del rosismo quedarían vigentes y cuáles serían anulados. Por ejemplo, en julio de 1857, por la misma ley que autorizó a los tribunales a juzgar a Rosas, se declararon sus tierras como pertenecientes al Estado. Al mes siguiente, el 8 de agosto de 1857, se sancionó la importante Ley N° 142 de ventas de tierras, que dispuso la enajenación de más de 200 mil hectáreas al interior del río Salado, sin importar si se encontraban entregadas por premios por el rosismo, de acuerdo a la ley de castigos y premios de 1839. Se respetaban solamente a los compradores que mostraran una escritura pública y a los enfiteutas que adquirieron las tierras por la ley de 1838, quienes serían considerados propietarios (sobre ello nos referimos en el Cuaderno 2). Finalmente, en octubre de 1857, se firmó un decreto que reglamentaba la venta de los terrenos de Rosas y se autorizó por ley al gobierno a venderlos sin ajustarse a las reglas del remate público.

Un año más tarde, el 27 de septiembre de 1858, se dictó el decreto N° 33, que ponía en venta tierras, dando preferencia a enfiteutas y ocupantes que pudieran demostrar legitimidad de su título o posesión. Es decir, la condición era que su supuesto derecho no se hubiera beneficiado de la violencia de la “dictadura”.

Pocos días después, el 7 de octubre, se sancionó la Ley N° 235, de ventas de tierras sospechadas de ilegitimidad. Esta ley revisaba las donaciones hechas entre 1829 y 1852: las donadas en la frontera por ley de 1830, las entregadas por combates o expediciones contra los indígenas, la de los enfiteutas premiados en 1838 y 1840 y los que fueron embargados en 1840. En esta regularización, se daba preferencia de compra o arriendo a los ocupantes y, al mismo tiempo, se autorizaba a los fiscales del Estado a reclamar los bienes públicos mal habidos.

Ésta y otras normas, como la Ley N° 420, contaban siempre con excepciones. Una década más tarde, se derogaron algunas de estas disposiciones, que no llegaron a cumplirse.

Que no quede ni un enfiteuta ni ocupante

Durante las dos décadas siguientes a la caída del rosismo, se sancionaron en la provincia decenas de leyes y decretos sobre tierras públicas, ferrocarriles e infraestructura, en vistas a acelerar el proceso de privatización. Desde la perspectiva de las clases dirigentes, el reemplazo de la enfiteusis por la propiedad y el arriendo permitiría regularizar la situación de tenencia precaria y consolidar las fronteras. El problema era cómo moverse ante la falta de un marco legal general.

El 28 de mayo de 1852, bajo el poder de la Confederación urquicista, la Sala de Representantes bonaerense prohibió por ley la enajenación de tierras y bienes públicos bajo cualquier formato, hasta la sanción de una ley general de tierras.

Dos años más tarde, el 4 de noviembre de 1854, ya consolidado el gobierno liberal, se emitió un decreto que denunciaba el negocio de muchos enfiteutas, que subarrendaban las tierras y no pagaban los cánones al Estado. El mismo establecía que, hasta que no se sancionara una ley general de tierras, se eximía a los subarrendatarios de pagar los alquileres.

Como hemos visto, luego se sancionaron decretos y leyes que revisaban las entregas de tierras del rosismo. Este era el quid del conflicto, que respiraba en el enojo de los pequeños productores de Chivilcoy.

Una de estas nuevas leyes, fue la N° 142. La mencionamos en el apartado anterior. Dispuso la venta de tierras fiscales al interior del río Salado, daba preferencia de compra a los ocupantes, con seis meses de plazo, siempre que cancelaran las deudas del canon enfitéutico. Si no hacían uso de la preferencia, el gobierno vendía la tierra por subasta. Una décima parte del dinero recaudado se destinaría a las escuelas en los municipios, pero más de la mitad sería usada para cancelar la deuda externa contraída en Londres. Por esta ley, se vendieron casi 275 mil hectáreas a 275 personas. De las propiedades conformadas, la gran mayoría apenas superaba las 500 hectáreas.

Dos meses después, se sancionaron tres leyes importantes. El 16 de octubre de 1857, la ley N° 174, que también mencionamos, que disponía la venta de tierra pública en Chivilcoy.

A la semana siguiente, el 21 de octubre, se votó la ley N° 176, sobre canon enfitéutico. Autorizaba al gobierno a arrendar tierras fiscales dentro y fuera de las fronteras. No importaba si estaban bajo el régimen de enfiteusis o simplemente ocupadas. Establecía un plazo de 8 años y la obligación de pagar los cánones atrasados. Si aparecía un comprador en el transcurso, el Estado podía venderlo.

La tercera fue la ley N° 179. Se dictó para resolver obligaciones pendientes en dominios fiscales: se buscaba regularizar los títulos de propiedad de pobladores de estancias de las fronteras a quienes tres décadas antes, en 1829, se les había prometido dicha escrituración.

Al año siguiente, en 1858, se sancionaron otras cuatro leyes provinciales sobre tierras públicas. Una de ellas, obligaba al gobierno a compartir con los municipios los ingresos derivados de las regularizaciones de arriendos. Otra, la Ley N° 235, recién la mencionamos: revisaba las donaciones hechas durante el rosismo.

La tercera de estas leyes fue la N° 233, que establecía por primera vez la venta de tierras ejidales de los pueblos de la campaña. La idea era vender en remate y por el precio de tasación, los terrenos públicos dentro de los ejidos, con excepción de los que se encontraban sobre la ribera del río de La Plata y los de los colegios religiosos. Nuevamente, se daba preferencia de compra a los actuales poseedores, con un plazo de seis meses para efectivizarla. De no poder comprarlos, los ocupantes se transformaban en arrendatarios públicos, pagando un canon de 6% sobre el valor de la tasación. Pero mientras durase el contrato, si aparecía un comprador, el terreno podía ser vendido.

Esta ley dividió a los municipios en tres grupos. Por un lado, estaban San José de Flores, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Conchas, Belgrano, Moreno, San Justo y Barracas al Sur. Estos podían vender en remate los terrenos públicos dentro del ejido, salvo los que se encontraban sobre la ribera del Río de la Plata y los de Chacarita de los Colegiales en Flores y Morón.

Por otro lado, estaban Villa de Luján, Villa de Mercedes, Pilar, Exaltación de la Cruz, Zárate, Areco, Fortín de Areco, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Arrecifes, Salto, Ensenada, Magdalena, Chascomús, Dolores, San Vicente y Cañuelas. Estos pueblos sólo podían enajenar aquellos terrenos que tuvieran una tasación de la cuadra cuadrada (1,6 hectáreas) mayor a $300 moneda corriente, sin poder vender tampoco los de la ribera del Río de la Plata y Paraná.

Finalmente, estaban el resto de las municipalidades, que sólo podían vender los terrenos tasados a más de $150 la cuadra cuadrada.

La cuarta ley sancionada en 1858 fue la N° 239. Disponía la venta de terrenos fiscales fuera de los ejidos urbanos en varios partidos de la campaña, como Belgrano, San Isidro, San Fernando, Conchas, San José de Flores, Morón, Matanza, Barracas y Quilmes, según lo establecido en la Ley N° 142 del año anterior.

Al año siguiente, en 1859, se creó la Oficina de Tierras Públicas y Bienes del Estado, encargada de estudiar la situación de la tierra pública, hacer los reclamos pertinentes, gestionar los pedidos de tierras y exigir los pagos correspondientes.

Carta topográfica, estadística, histórica y descriptiva del territorio administrado del Estado Argentino de Buenos Aires construida por el ingeniero Nicolás Grondona, 1858. Archivo General de la Nación (AR-AGN-MAP01-I203)

Las disposiciones no terminaban de ser claras: ¿qué eran los terrenos públicos?, ¿quiénes podían comprar las tierras en remate?, ¿cómo se demostraba la antigua ocupación para tener preferencia en la compra?, ¿cómo y quiénes conseguían títulos de propiedad? En la década siguiente, algo de ello comenzó a clarificarse, con la sanción de nuevas leyes que tuvieron en cuenta casos de antigua ocupación de quintas y chacras.

En 1862, se sancionó la importante Ley N° 365, sobre tierras fiscales ocupadas por particulares. imultánea a la ley nacional de tierras públicas, la N° 28, a la que nos referimos más arriba, esta ley se dirigía, en primer lugar, a quienes poseían suertes de chacras y quintas en los pueblos de la campaña, tuvieran o no título de propiedad. Pero hacía diferenciaciones.

Por un lado, estaban aquellos ocupantes o sus descendientes que podían demostrar que vivieron o cultivaron las tierras desde antes del decreto del 17 de abril de 1822. Dictado durante la gobernación de Rodríguez y Rivadavia, el mismo prohibía los desalojos, pero disponía que, hasta que no se sancionara una ley de tierras, no se podían denunciar y rematar tierras ni se darían títulos de propiedad. Estos ocupantes o sus descendientes, ahora eran reconocidos inmediatamente como propietarios.

Por otro lado, quienes podían demostrar que ocupaban o cultivaban las tierras desde esa fecha de 1822 y hasta la caída del rosismo, pagarían la mitad del valor actual.

En tercer lugar, quienes ocupaban o cultivaban desde el 3 de febrero de 1852, tendrían que pagar todo el valor para convertirse en propietarios. De lo contrario, debían irse o transformarse en arrendatarios, según los términos de la ley del 9 de octubre de 1858.

Más allá de los pueblos de campaña, esta ley autorizaba también al gobierno provincial a entregar tierras en propiedad en los ejidos de los pueblos fronterizos. En concreto, a enajenar un cuarto de estas tierras fiscales, como quintas o chacras. Se ponía como condición, la vivienda en el lugar.

En ese año 1862, en un decreto firmado el 25 de junio, se reconocía que, en los últimos cinco años, desde la Ley de Arrendamientos, habían sido pedidas y concedidas todas las tierras al interior de la línea de fortines y “una gran extensión” por fuera de ella.

Dos años más tarde, en 1864, se sancionó otra importante ley de ventas de tierras al interior de la línea marcada por el río Salado. Llevó el número 429. La misma, además, establecía la venta y precios de tierras al exterior de esta frontera, y otorgaba preferencia para la compra a los subarrendatarios. Se daba un plazo para la compra, luego de la cual los terrenos se pondrían a venta pública y privada. En parte, la venta estaba orientada a financiar la extensión del Ferrocarril del Oeste, fundamental en buena medida para la salida de los productos agrarios.

El mismo año, por decreto del 1 de julio, se endureció el acceso en propiedad a las quintas y chacras en los ejidos de los pueblos de campaña. Se obligaba ahora a los poseedores a “justificar” su posesión “para ser reconocidos como propietarios”. Esto es, debían demostrar “título de dominio” y “producir una información”, lo que implicaba acudir a las municipalidades y entrar en gastos de mensura y escritura. La situación económica en aquella coyuntura era crítica y los altos precios fijados se hacían prohibitivos. En efecto, sólo 46 personas pudieron acceder en propiedad a poco más de 100 mil hectáreas. Una mayoría conformó pequeñas fracciones.

Al año siguiente, el 2 de agosto de 1865, se sancionó la Ley N° 454, de prórroga para la venta de la tierra pública, que establecía condiciones de acceso a la propiedad para los poseedores de tierras ejidales en los pueblos de campaña, bastando demostrar ocupación o cultivo, de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley de 1862, que ya detallamos.

Un año y medio más tarde, el 9 de enero de 1867, se sancionó la ley N° 482, de gran relevancia. Ordenaba la venta de tierras públicas a arrendatarios y subarrendatarios al interior de las fronteras, que en esa época corrían entre Junín, Tapalqué y Tandil. Como sucede en varias de estas leyes, retoman las condiciones reguladas por normas anteriores, por ejemplo, prohibiendo la renovación de los contratos de arriendo.

Ahora se daba un detalle de precios y modos de pago y se establecían las formas de comprobar las ocupaciones y arreglar las cuestiones que pudieran surgir entre arrendatarios y subarrendatarios. De no ser reclamadas en los plazos establecidos, serían vendidas en remate público. Como la ley de 1864, establecía preferencia al subarrendatario por sobre el arrendatario y a éste por sobre otro interesado.

Al año siguiente, por ley N° 540, se prorrogaron los plazos de opción de compra, antes de la salida a remate.

En 1871, el año en que comenzó a regir el Código Civil, se sancionó una nueva ley de venta de tierras públicas fuera de la frontera, que llevó el número 709. Involucraba a partidos como Necochea, Tres Arroyos, Junín, Bragado, Lincoln y 9 de Julio, entre otros.

Esta disposición incorporó una nueva figura: la del concesionario, como titular condicionado de un terreno que debía hacer prosperar con arrendatarios, a quienes se daba preferencia para la compra. Dialogaba directamente con la figura del empresario colonizador, tan presente sobre todo en Santa Fe.

En cualquier caso, la ley establecía un límite máximo para la concesión, de 14 mil hectáreas. En situación de conflicto, se daba autoridad al gobierno para fallar, de acuerdo a las reglas de audiencias presenciales. También le reservaba el derecho de disponer de tierras para la fundación de pueblos y ejidos. Al año siguiente, se prorrogó el plazo de esta ley.

Por estas últimas leyes, 5,5 millones de hectáreas fueron adquiridas por casi mil compradores. Un 33 por ciento, alcanzaron las 6 mil hectáreas. Un 15 por ciento, más de 12 mil hectáreas. Un 5 por ciento, 46 personas, se quedaron con propiedades promedio de más de 16 mil hectáreas. El resto formó unidades de mil hectáreas.

Este complejo desarrollo normativo de acceso a las tierras públicas estuvo atravesado por numerosos conflictos. Evidenció las distintas formas e ideas de propiedad, muchas veces superpuestas, que tenían los enfiteutas, arrendatarios, subarrendatarios y otros ocupantes. Pero tenía un norte: imponer la forma capitalista de la propiedad, barrer con los derechos consagrados por la costumbre que habían sabido disfrutar los pequeños labradores y hacendados.

Los beneficiados eran, sobre todo, sectores mercantiles, los notables y los que tenían contactos, información y el patrimonio necesario para comprar las tierras que se ponían a la venta y que se valorizaban cada vez más. Mientras ello sucedía, se sancionaba en la provincia el Código Rural (Ley N° 469) y crecía con fuerza la economía lanar.

La legislación sobre tierras de pan llevar

Como venimos viendo, este reordenamiento en sentido capitalista no dejó de promover el uso de las tierras ejidales para la agricultura.

En 1859, por ejemplo, se dictó un decreto para el partido de Matanzas, que contemplaba el pedido del juez de paz y el apoyo de los hacendados de la zona, “en justa protección de la labranza”. La medida era reclamada específicamente para los cuarteles 1 y 2 (el partido se organizaba por cuarteles), que contaban con apenas seis estancias pequeñas, en comparación con las estancias de los cuarteles 3 y 4. El juez de paz podía sacar de estas tierras los ganados de los hacendados y ordenar reparaciones económicas si producían daño sobre las chacras. En las “tierras de pan llevar” solo podría haber animales para labranza y lechería y bueyada para el transporte de los productos a la Capital.

La situación se replicó para Zárate y Barracas al Sud, buscando satisfacer el espíritu de la ley de ejidos de 1823. En Zárate, existían 15 establecimientos con hacienda, no muy grandes, principalmente con ganado ovino. Los hacendados estaban de acuerdo con fomentar la agricultura, “deseando el Gobierno acordar á la labranza la justa protección y fomento que se merece”. En Barracas, existían grandes estancias, la mayor de ellas con 58 mil cabezas de ganado, y unos 400 vecinos con “diminutas fracciones de tierra”, a las cuales buscaba proteger, sobre todo considerando su cercanía a la ciudad.

Sucesivas prórrogas y nuevas reglamentaciones sobre este asunto dejaban en claro que el conflicto permanecía. Y ello siguió siendo así hasta la sanción de la más importante de estas leyes ordenadoras: la Ley de Ejidos N° 695. Se discutió durante tres años, se sancionó en 1870 y tuvo vigencia por casi un siglo.

Complementaria del Código Rural (de hecho, debió adecuarse a ella), en su primera parte, esta ley definió qué era el ejido y las condiciones de enajenación para solares, quintas y chacras. El primer artículo aclaraba que su extensión debía ser de 10,8 mil hectáreas, pero también que debía respetarse la extensión de los ya trazados, “a menos que las necesidades de la agricultura lo requirieran”.

El segundo artículo mantenía la prohibición de usar estas tierras para pastoreo. Sin embargo, obligaba a sujetarse a lo establecido en el Código Rural que, en su artículo 158, indicaba que los establecimientos de pastoreo existentes en los ejidos debían ser tolerados por 10 años desde la publicación del Código. Si el propietario cercaba sus tierras, no se vería obligado a quitar el pastoreo.

No fue el único artículo que abrió el diálogo entre esta ley y el Código Rural. El último punto de esta ley, autorizaba al Poder Ejecutivo a adquirir o expropiar tierras en los partidos en los que fuera necesario formar su pueblo. También le daba 10 años de plazo para comprar hasta una legua de tierra en los ejidos en los que existía sólo tierra privada y ganadería, a los fines de promover la agricultura. Es decir, en caso de ser necesaria más superficie para quintas y/o chacras, el Estado debía hacerse cargo de comprar los terrenos particulares.

Por otra parte, esta ley reproducía las condiciones de regularización de la propiedad: para convertirse en propietarios, los pobladores con más de 40 años de cultivo o vivienda, no estaban obligados a enseñar títulos de dominio útil o de derecho de uso. Sin embargo, debían presentar testigos y asistir al municipio a reclamar su propiedad por escrito en el plazo de un año.

Esta importante ley dialogaba directamente con las leyes de la década de 1820, en el sentido de fomentar la población y cultivo en espacios reducidos, linderos a las poblaciones; y apareció en un momento tan trascendental como fue el de la extensión del ferrocarril por los campos bonaerenses y la llegada del oleaje espontáneo y masivo de inmigrantes.

Indios, montoneras y colonos en otras provincias

Entre los campos comuneros y las nuevas colonias

La extensa gobernación de Tucumán en la época colonial, y específicamente el territorio que luego conformó la provincia tucumana, fue escenario de los más graves y tempranos ataques contra las comunidades indígenas, que sufrieron desnaturalizaciones y desplazamientos forzosos (a lugares tan lejanos como Córdoba, Santiago del Estero e incluso Buenos Aires) y el trabajo obligado en las encomiendas. Pero las poblaciones indígenas, aún bajo este largo proceso genocida, encontraron estrategias para conservar el arraigo a la tierra.

En buena medida, ello se consiguió a través de largas luchas legales y bajo formas de ocupación que poco tenían que ver con la propiedad privada. De allí, en parte, surgieron formas de latifundio distintas a las que conocemos para el Litoral. Eran formas indivisas de propiedad, que no tenían permisos legales claros, pero sí derechos de posesión prolongada, que llegaron a ser reconocidos por las autoridades coloniales, en general, por medio de mercedes reales.

Estas formas indivisas, en algunos casos llamadas “campos comuneros”, daban derechos colectivos e individuales. Lejos de abarcar solo a comunidades indígenas, también eran usadas por españoles y criollos, incluso siendo importantes estancieros y ganaderos. Las familias evitaban la división de las tierras por herencia, para favorecer el uso compartido de recursos escasos como el agua.

Como sucedió en el Litoral, contra estas formas de propiedad se abalanzaron las reformas liberales. Es cierto que las mismas comenzaron a ser aplicadas con las desamortizaciones (enajenaciones) de fines del período colonial y que continuaron, con un éxito relativo, durante las primeras décadas del período independiente. Como hemos visto, la enfiteusis aquí se presentó como una forma ambigua, que permitió a las clases dominantes romper las formas coloniales, pero habilitó a las comunidades indígenas a mantener la ocupación de su territorio.

Pero ahora, las presiones aumentaron. En parte por impulso de grandes propietarios urbanos y rurales. También por las nuevas experiencias de colonización “oficiales”, como las  que impulsó el gobierno salteño sobre el río Pilcomayo o el gobierno santiagueño sobre la frontera chaqueña. Pero en cada provincia, las realidades fueron distintas.

En Tucumán, por ejemplo, se desarrolló con el tiempo una importante estructura minifundista, en base a familias labradoras y criadoras de ganado pobres. Podían ser propietarios con títulos, arrendatarios, agregados a estancias, latifundios o meros ocupantes. Las chacras usaban el trabajo familiar. En ocasiones, trabajaban peones a cambio de un jornal o de permitirles la ocupación de tierra.

Comercializaban algún excedente de producción, sin llegar a situaciones de escasez. Se cultivaba tabaco, maíz y trigo. Las modestas actividades agrícolas y ganaderas podían combinarse con alguna producción artesanal propia. También con el conchabo de miembros de la familia en las manufacturas: textiles (en especial, las mujeres), suelas en las curtiembres, carretas para el transporte comercial o en la elaboración de quesos, entre otras producciones.

Con el tiempo, una nueva realidad se fue imponiendo en la provincia. Los precarios trapiches, para la producción de azúcar y aguardiente, se transformaron en ingenios. Estos centros de producción eran abastecidos por los minifundios de caña. También demandaban a las provincias vecinas como Santiago del Estero. De a poco, se fue imponiendo la monoproducción de la agroindustria azucarera, y, como contraparte, la importación de harinas. El negocio del azúcar moldeó a largo plazo la economía provincial.

En Santiago del Estero, el desarrollo de las políticas agrarias y poblamiento dependió fuertemente de las posibilidades de obtener agua. Específicamente, de los dos ríos que cruzan el territorio de noroeste a sureste: el Dulce y el Salado. La ciudad capital estaba asentada sobre el Dulce, siendo la zona con mayor población e inversiones para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. En cambio, el Salado marcó en esta etapa la zona de frontera, sobre la que se avanzó mediante la venta de las tierras públicas desde 1856.

En el período de la organización nacional, la provincia fue gobernada por la familia Taboada, terratenientes de ascendencia noble, que formaron un importante y estable bastión del liberalismo mitrista en el noroeste. Militar y estanciero, Manuel Taboada gobernó entre 1851 y 1857, entre 1862 y 1864 y entre 1867 y 1870.

Una de las iniciativas más importantes de esta época fue el intento de conectar a la provincia con el mercado internacional a través del río Paraná. Para ello, Taboada mandó a explorar la navegabilidad del río Salado y apoyó las iniciativas de empresarios extranjeros como Amadeo Jacques, Thomas Page, la compañía Smith Hermanos y Esteban Rams y Rubert.

Jacques fue nombrado primer agrimensor general de la provincia en 1856 y había firmado convenios con la Confederación. Rams y Rubert recorrió por completo el río Salado en 18 días, con un pequeño vapor y escoltado por milicias provinciales. Con su presencia, a fines de 1863, se iniciaron obras de canalización y desmonte del antiguo cauce del río, en la zona de Matará.

Expediciones oficiales como las de Jacques o de Augusto Bravard llegaron a remontar los ríos hasta Chaco, Tucumán y Salta, evaluando la potencialidad de las tierras, ocupadas o no. Eventualmente, frente a la complejidad de las iniciativas, se promovió la llegada del ferrocarril que, a la larga, impulsó tanto la actividad forestal como la azucarera.

La frustración de la navegabilidad estaba relacionada con el impulso dado a otra actividad: la ganadera y agrícola. Las obras de irrigación le restaron profundidad. Con la creación del Consejo de Irrigación, en la zona occidental, se favoreció la creación de zonas fértiles. La producción se hacía fundamentalmente en estancias cuyos dueños, a diferencia de lo que ocurría en Buenos Aires, estaban presentes. Algunas de estas grandes estancias, de cría de ganado y cultivo de trigo, se encontraban al este, en la zona de Matará, ayudadas, en este caso, por las crecientes del Salado.

La caña de azúcar, el maíz, trigo y frutas, se producían en las tierras fértiles, con destino a la capital santiagueña. Otras producciones agrarias y artesanales se exportaban: suelas, arrobas de lana, fardos de cuero de cabra y lanares, ponchos, jergas (telas gruesas para el uso nocturno), frazadas confeccionadas por tejedoras. Se producía además añil y cochinilla (pigmentos naturales) e inicialmente azúcar y aguardiente. La producción se transportaba en carretas, producidas con la abundante madera local.

En estas estancias, como es de suponer, habitaba una gran cantidad de población no propietaria: peones fijos, jornaleros y criadores, cuyas tareas eran generalmente compensadas con el permiso de ocupación de tierras.

Pero, como adelantamos, el mapa agrario mostraba además la existencia de campos comuneros. Las reformas liberales pretendieron eliminar esta figura, por ejemplo, a través del Código Civil, que los llamó condominios y, con el tiempo, se dividieron en parcelas privadas. Aunque los propios miembros de la familia alcanzaban en ocasiones a mantener la nueva propiedad individual, el avance de la producción forestal, hacia el cambio de siglo, les dio un fuerte golpe. Ello ocurrió, por ejemplo, con las estancias “Ojo de Agua” y “Los Días” a comienzos del siglo XX.

Carta de la Provincia de Santiago del Estero y del Territorio Indio del Norte o Gran Chaco, de Víctor Martin de Moussy, 1866.

Las tierras de la provincia fronterizas con el Chaco, con extendidas prácticas de ocupación, fueron especialmente problemáticas. Allí todavía mantenían su impronta indómita las poblaciones indígenas chaqueñas. Entre 1855 y 1856, Taboada impulsó distintas expediciones militares de exploración y “entradas” como en los viejos tiempos de la colonia, para “pacificar” a las poblaciones indígenas y dar seguridad a las estancias ganaderas. Urquiza nombró a Taboada como comandante de fronteras y jefe de las tropas sobre el río Salado. Se creó la policía local, las Guardias Nacionales y, en la zona de Matará, se construyeron los fortines Taboada, Taco Punto y Pozo de Beltrán. El cuartel general se instaló en Doña Lorenza.

En esta frontera surgieron experiencias de colonización particulares, de carácter agrícola y militar, como fue el caso de El Bracho. Como sucedía en la frontera norte de Santa Fe, a estos fortines llegaban milicianos con sus familias y eran enviados, como castigo, desertores, “vagos”, “viciosos” y enemigos políticos, lo que incluía a los indígenas derrotados.

El bastión federal

Al oeste, La Rioja y Catamarca eran las provincias más pobres del país, con Estados sumidos en profundos déficits. Para tener una idea, La Rioja, con una población de 34 mil habitantes en 1855, contaba con seis maestros, seis policías y 22 milicianos en toda la provincia. Sumida en esta pobreza, los conflictos entre federales y liberales se mostraron como luchas entre las masas y caudillos rurales contra “la gente decente” de las urbes, los “dotores” y los grandes hacendados y agricultores de los valles.

La posibilidad de contar con la lealtad de gauchos en las luchas políticas de este tiempo dependió, en buena parte, de las características del acceso y distribución de la tierra en los distintos ecosistemas: los Llanos del este riojano, bastión del federalismo, todavía contaba con tierra disponible para gauchos peones, arrieros y artesanos, muchos de ellos descendientes de africanos. Hacían en sus “pantanos” una agricultura o cría de subsistencia y complementaban sus ingresos como peones o jornaleros en estancias de cría de ganado, pertenecientes a algunos pocos grandes terratenientes, como los Quiroga o a comuneros criadores como los Peñaloza.

Al oeste, en los valles al pie de los Andes, las tierras y el agua ya habían sido acaparados por los grandes hacendados, y existía una diferenciación étnica más clara. Es ejemplificador lo sucedido en el valle de Famatina, donde se producía vino, maíz y trigo, frutos secos y alfalfa, se engordaba ganado y se practicaba la minería. Una clara línea separaba a gauchos, comuneros e indígenas, habitantes de pueblos como Malligasta, Famatina o Vichigasta, de los terratenientes “blancos” de Chilecito o Nonogasta, quienes se habían apropiado en la época colonial de las mejores tierras del valle y la escasa agua.

En esta región, en 1855, entre casi 1400 familias, alrededor del 40% no tenía tierras propias. El pobrerío superaba el 60%, sumando a los considerados propietarios que apenas tenían agua para regar los pequeños huertos que les pertenecían. En 1865, una ley provincial los eximió de pagar impuestos. Por encima, se encontraba un grupo de pequeños labradores con mayores recursos, que llegaban a comercializar algo de su producción.

En general, esta población migraba para trabajar en las medianas y grandes producciones o en la minería, para complementar sus ingresos. En su mayoría indígenas y afrodescendientes, eran muy mal remunerados y solían mantener relaciones de dependencia por deudas con los patrones, producidas por la práctica de venta de cosechas futuras a los terratenientes.

Más arriba en la escala, había medianos labradores, con mayores recursos, sobre todo hídricos. Trabajaban para sí y contrataban peones. Eran indígenas o españoles pobres con costumbres de usos compartidos de la tierra y sus recursos. Un latifundio comunero, por ejemplo, podía tener entre 4 o 75 “propietarios”, herederos de una merced originaria.

Finalmente, se encontraban los verdaderos terratenientes de origen “noble”, que tenían más del 50 por ciento de las tierras del valle y controlaban grandes cantidades de agua. Tenían cultivos extensivos y producían harina, que llegaban a sacar de la provincia. Y, por supuesto, formaban un baluarte del Partido Liberal en el valle.

En medio de los conflictos con las montoneras, estos grandes propietarios se quejaban por la pérdida de obediencia y trabajo de estas masas federales de “malos hábitos”.  Los conflictos agrarios, por la tierra y por el agua, estaban entretejidos en las luchas políticas. Y ello era algo evidente, como lo explicaba Sarmiento en su biografía ficcional del “Chacho”. Escribió entonces que la reducción de indígenas en tierras yermas y secas, en las cuales no pueden satisfacer sus necesidades, eran “causas de tan lejano origen, [a las que se debe] el eterno alzamiento…”.

La colonización por el Bermejo

En Salta existió también una combinación dispar entre agricultura tradicional y ganadería. Como en la época colonial, la ganadería era más importante y se orientaba a abastecer las producciones extractivas y comerciales bolivianas y chilenas. Con el tiempo, siguiendo a Tucumán, la agricultura fue avasallada por el monocultivo azucarero.
Al oriente, al norte y al sur de la provincia, las tierras fronterizas fueron enajenadas por el Estado a los fines de garantizar la población y producción, y también como medio de obtener recursos fiscales. Se donaron tierras como premio militar y gratuitamente, como forma de retribuir servicios para poblar. Los grandes comerciantes y ganaderos salteños con actividades diversificadas entre el comercio, la cría y el engorde de ganado y la producción de azúcar y aguardiente, obtuvieron la propiedad de las mejores tierras.

El sur salteño compartía con el noroeste tucumano los valles calchaquíes. Durante la época colonial, avanzaron sobre esta región los fortines y las misiones españolas. Las comunidades indígenas trabajaban para los propietarios “decentes” de estancias ganaderas y haciendas azucareras. Unas pocas familias poseían las mejores tierras, dominando a los pequeños criadores de ganado con o sin propiedad. Una situación similar se encontraba en las Yungas, al oeste de la ciudad salteña.

En esta provincia, el intento colonizador fue importante. La primera ley de tierras públicas del período republicano se sancionó en 1836. En la época de la Confederación, se formó una empresa de colonización, la Sociedad Salteña, para explorar el oriente, a lo largo del río Bermejo. Aunque esta compañía no tuvo éxito, con el tiempo se adjudicaron tierras para crear colonias de inmigrantes en ambas márgenes del río.

En 1856, una nueva ley de tierras limitaba la entrega en merced gratuita. Al año siguiente, se crearon algunas colonias, como San Felipe y Santiago, con una merced que permitió a 150 personas organizarse en alrededor de 10 mil hectáreas. Pero como el terreno estaba en disputa con los frailes franciscanos, el gobierno movilizó la colonia a otro predio.

Tres años más tarde, en 1859, se reconoció la propiedad de la tierra en la zona de Orán a comunidades indígenas chaqueñas. Pero debían someterse a las leyes y autoridades de la provincia, bajo la dirección de sacerdotes misioneros. El gobierno envió una milicia armada para reducirlos y “pacificar” la zona. Se les debía entregar solares y herramientas. Si los empleaban, los vecinos estaban obligados a pagarles salarios. Pero el proyecto no tuvo éxito.

Este desarrollo se dio bajo el dominio unitario y liberal, consolidado por la victoria de Mitre a nivel nacional. En 1863, bajo la gobernación de Juan Nepomuceno Uriburu, una ley prohibió la enajenación de tierras públicas a título gratuito o de merced, excepto para la fundación de colonias agrícolas.

En este sentido, uno de los más importantes hitos fue la creación de la colonia Rivadavia, en el cauce del río Bermejito, concedida al empresario comercial y naval Natalio Roldán. Más de media centena de colonos recibieron como mercedes un solar para casa y una chacra en el pueblo, además de un terreno para estancia. Esta región presentaba condiciones ecológicas que sólo permitían la ganadería extensiva y la explotación forestal. Situada al borde del Chaco, debió convivir con las misiones religiosas que buscaban reducir y cristianizar a las poblaciones wichí (“matacos”).

A fines de la década de 1860, asumió como gobernador el empresario Sixto Ovejero, importante hacendado y heredero del Ingenio Ledesma, fundado en Jujuy hacia 1830. Seguidor de Mitre pero opositor a Sarmiento, fue un tenaz combatiente contra las fuerzas federales. Durante su gobernación, se avanzó en la colonización de las tierras del norte salteño, próximas a Jujuy y a Bolivia.

En 1867, en cercanías del río Pilcomayo, soldados que habían servido en los fortines de frontera recibieron tierras de forma gratuita. Por momentos selvática, la región presentaba condiciones para la ganadería y la agricultura. Una mayoría de fundos pequeños destinados a actividades de subsistencia, se mezclaron con propiedades medianas que producían excedentes para el mercado y haciendas que concentraron grandes extensiones de tierra y recursos. A fines del siglo XIX, se desplegó en esta región la industria tabacalera y azucarera, bajo el dominio de grandes empresas, cuyo mayor exponente fue el ingenio azucarero de Robustiano Patrón Costas, San Martín del Tabacal.

Ello fue expresión de una acelerada ocupación de tierras que demandaba nuevas reglas. En 1873, se establecieron normas para regular la enajenación de tierras públicas, como la denuncia, mensura, tasación y venta en subasta.

Una década después, en 1884, se ordenó que esas ventas se harían por lotes de hasta 225 kilómetros cuadrados (22,5 mil hectáreas). Al mismo tiempo, se declaraban propiedad de la provincia las tierras entregadas en merced a cesionarios que no hubieran cumplido con la condición de ocuparlas. En 1889, otra ley debió reiterar estos principios.

En esta época, en que las redes ferroviarias iban a extenderse, incentivando el comercio y la producción azucarera, se clasificaba la tierra de acuerdo a los siguientes criterios: se consideró latifundio con riego a toda posesión de 20 mil hectáreas o más; gran propiedad para ganadería de monte a toda posesión de entre 6 mil y 20 mil hectáreas; la propiedad mediana, a toda tierra de entre mil y 6 mil hectáreas; y pequeña propiedad aquella que tuviera menos de mil hectáreas.

En Jujuy, el oriente dedicado a la ganadería y a la actividad azucarera siguió el patrón recién descrito para el noreste salteño. Del otro lado, en la región de la Puna, la batalla por la tierra librada por las clases dominantes se orientó a desarmar el régimen de enfiteusis, que era aprovechado por las comunidades indígenas para preservar la posesión de tierras comunitarias. Profundizaremos en ello en el Cuaderno 4.

Ferrocarril y colonización mediterránea

En Córdoba, el dominio federal se mantuvo hasta mediados de la década de 1850. Desde entonces y durante dos décadas, salvo una brevísima interrupción en 1861, Córdoba fue gobernada por unitarios, liberales y nacionalistas. Por entonces, su carácter mediterráneo y fronterizo, hizo prevalecer el dominio fiscal sobre la tierra. Durante este tiempo, apenas se intentó algún ordenamiento territorial. Se priorizó la liquidación de tenencias comunes y pueblos de indios y la venta de tierra pública por motivos fiscales.

Roque Ferreyra, gran comerciante provincial, gobernó en dos períodos, entre 1855-1858 y 1863-1866. Liberal mitrista, impulsó un reordenamiento territorial, buscando poblar las zonas más allá del viejo asentamiento colonial. Pero no promovió la experiencia de colonización como en el Litoral.

Durante su gobierno, como en el resto de las provincias, los nuevos tiempos se abrieron poniendo fin al régimen de enfiteusis, que pesaba sobre las tierras ejidales. Así, en junio de 1856, se suspendió dicho régimen y en septiembre fue absorbido por el régimen municipal. Con esta orientación, el 9 de julio de 1857, la ciudad comenzó a administrar sus propios recursos, entre ellos, aquellas rentas enfitéuticas.

Mariano Fragueiro fue otro de estos gobernadores (1858-1860). Comerciante, empresario minero y unitario, participante de la experiencia rivadaviana, era promotor del rol estatal en la economía y no renegaba las ideas del socialismo utópico. En relación a las comunidades indígenas, propuso mantener un trato pacífico e integrarlos a las nuevas relaciones de trabajo, sin reconocerles soberanía sobre el territorio, de acuerdo al precepto constitucional. Por entonces, ya se había iniciado el proceso de venta de tierras en la provincia, con muy malos resultados.

En 1862, en medio de un fuerte período de inestabilidad política, se dictó la primera ley orgánica de tierras de la provincia, para delimitar la tierra fiscal, terminar con las antiguas formas de ocupación y unificar los criterios de propiedad. El objetivo central era obtener recursos fiscales. Esta ley obligó a deslindar, amojonar e inscribir las propiedades en un registro especial; suprimió la denuncia de tierras, considerada una forma antigua de acceso; y dispuso para la venta de tierra fiscal un límite máximo: alrededor de 10 mil hectáreas. Tan importante fue el ingreso fiscal que generó que, a partir de 1863, fue considerado recurso extraordinario en el presupuesto.

En paralelo se avanzó con el registro topográfico e identificación de propietarios, también con fines recaudatorios. En 1864 y 1865, a través de distintos decretos, el gobierno presentó las tierras disponibles en la vidriera porteña. Necesitado de fondos para financiar la guerra contra el Paraguay, la misma ley entregó además tierras a soldados y oficiales. Todavía en el siglo XX, quienes probaban haber luchado podían acceder a un premio.

Entre 1868 y 1869, luego de una severa crisis económica, se anunció la venta de tierras públicas “hasta cubrir el déficit fiscal”. Una ley de entonces permitió incluirlas en operaciones de crédito.

Fue entonces cuando comenzó la colonización mediterránea, con ventajosas condiciones de acceso a la tierra para extranjeros y grandes empresas. Se pretendía recortar la ventaja que habían tomado las provincias del Litoral. Por ley del 5 de octubre de 1871, se establecieron medidas y condiciones para la colonización, explicitando que “tantos los solares de los pueblos como las suertes de chacra, serán distribuidas grátis á los colonos que las soliciten sin más condición que la de poblarlos y cultivarlos”. Se ponía como condición importante que solo después de tres años de ocupación continua, podrían desprenderse de los terrenos. El gobierno facilitaba, como anticipo, dos bueyes, una vaca, dos caballos, madera para la construcción de habitaciones y semillas necesarias, que se pagarían por descuentos de un cuarto de la producción después de los dos primeros años. Ningún colono podría ausentarse de la colonia sin saldar la deuda con el gobierno.

Entonces, solo existía una colonia. Se encontraba en la zona de Tortugas, en la frontera santafesina (hoy Santa Fe). La había fundado en sus propias tierras la compañía del Ferrocarril Central Argentino. En el trayecto ferroviario entre Rosario y Tortugas, en Santa Fe, la misma empresa había fundado otras colonias: Bernstadt (que significa ciudad de Berna y hoy es Roldán), Carcarañá y Cañada de Gómez.

En Bernstadt la tierra se entregaba en concesión, con condiciones para la compra, o en arriendo. Tortugas, por su parte, tenía algo de monte, buenas aguadas y pastos, una casa de azotea y cuatro o cinco ranchos. Aquí, la propiedad fue entregada como donación. Pero a cambio, por el título, se pagaba un derecho de cinco pesos fuertes, para formar un fondo común de educación. Por cada familia inmigrante, el gobierno destinó 100 pesos fuertes en semillas y medios de trabajo para la labranza.

La anulación del régimen enfitéutico en la provincia sobrevino luego de sancionado el Código Civil en 1869 que, como comentamos, lo prohibió. Una ordenanza de septiembre de 1874, reiterada en 1882, obligaba a los tenedores de ejidos enfitéuticos a comprarlos o a perderlos. Así, se expandió la población de la ciudad de Córdoba más allá de la traza urbana originaria.

Paralelamente, el gobierno provincial volvió a exponer sus tierras en el mercado de Buenos Aires. Eran extensiones mayores a las 200 mil hectáreas. Las ventas se hicieron de forma privada y luego se legalizaron como ventas por remate. Uno de los compradores fue Nicolás Avellaneda, quien, como veremos en el Cuaderno 4, cuando asumió la presidencia de la Nación promovió la colonización con inmigrantes a escala nacional. Por entonces, de 200 mil habitantes rurales, sólo 4500 eran propietarios.

Como decíamos, el proceso tendió a desarmar las tierras comunes. Ello incluyó a capellanías, pueblos de indios y latifundios indivisos. Un caso ejemplar fue el latifundio indiviso de la familia Arrascaeta. En 1766, en compensación por sus servicios militares, Miguel de Arrascaeta obtuvo una merced real por medio millón de hectáreas en la rica zona pampeana de Córdoba. Buena parte de sus derechos pasaron a sus descendientes. Otros fueron comprados por el “vecino” Ambrosio Funes. Un siglo más tarde, el campo común se desarmó, mediante la venta en remate. Pero los mismos familiares transformaron esta tenencia en propiedad privada.

Por otro lado, las capellanías se liquidaron entre 1860 y comienzos del siglo XX, mientras que el desarme de los pueblos de indios se produjo en la década de 1880. Similar a lo sucedido en el noroeste, se atacaron los derechos indígenas obtenidos en tiempos coloniales, al declarar y ejecutar la expropiación “por razón de utilidad pública” de sus tierras y desconocer su “personería en comunidad”. Ello sucedió por una ley provincial de expropiación de 1881 y su modificatoria de 1885, que dieron lugar a posteriores operaciones de mensura y delineación, subdivisión, reparto y venta de lotes.

Tierra huarpe y predominio de la vid

En el Cuaderno 2 hicimos referencia a políticas de desarrollo agrícola y a las disputas por las tierras en la región de Cuyo. Nos detuvimos especialmente en la extensa región que conforma el desierto de Encon y las lagunas de Guanacache, histórico territorio huarpe, que abarca el norte mendocino, el oriente sanjuanino, los llanos del sur riojano y el oeste puntano. En los tiempos de la organización nacional que vemos aquí, el avance liberal volvió a presionar sobre las posesiones inmemoriales indígenas, que habían sido reconocidas mediante mercedes reales, negociaciones políticas y tribunales en la época colonial e independiente.

En la localidad de Villa Fértil, al noreste de San Juan, límite con La Rioja, los indígenas se habían rebelado junto a los de Mogna y Río Bermejo en tiempos del gran alzamiento calchaquí, entre 1630 y 1633. Derrotados, sus tierras fueron cedidas a los españoles. En algunos casos, estas poblaciones sobrevivieron como “pueblos de indios” (como en las lagunas o en Mogna). En otras ocasiones, lo hicieron dentro de “villas de españoles” (como Corocorto, Valle Fértil y Jáchal). Obtuvieron solares, herramientas de labranza y el reconocimiento de sus autoridades. Pero el conflicto regresaba, toda vez que los españoles ampliaban sus denuncias sobre grandes extensiones de tierras comunes, mediante el mecanismo de moderada composición. Los laguneros apelaron a la “justa prescripción”, demostrando una ocupación “inmemorial”. Así, conservaron parte de sus derechos e identidad hasta bien entrado el siglo XIX.

Como La Rioja, durante el rosismo y la década de la Confederación, la región fue bastión del federalismo. En San Juan, la principal figura fue Nazario Benavídez, originalmente arriero y luego caudillo, que batalló junto a Facundo Quiroga y participó en la campaña contra los indígenas del sur en 1833.

Benavídez fue gobernador de manera intermitente durante dos décadas, en las cuales combatió al “Chacho” Peñaloza y a Felipe Ibarra en los años 30 y 40, cuando éstos acordaron con los unitarios combatir a Rosas. Benavídez los derrotó y les concedió indultos. Luego, también se opuso a Urquiza y rechazó las tentaciones unitarias. Cuando lo derrocaron, fue repuesto en el gobierno por el presidente de la Confederación y por Peñaloza, su antiguo adversario.

Como Quiroga en 1835, Benavídez fue asesinado en 1858. El instigador de su muerte fue Sarmiento. El hecho detonó las luchas entre la Confederación y Buenos Aires y las primeras montoneras de este tiempo. En los siguientes cuatro años, hasta 1862, se sucedieron diez gobernadores. Entre ellos, el propio Sarmiento.

Luego de la batalla de Pavón (1861), el levantamiento del “Chacho” Peñaloza aglutinó demandas de los jefes indígenas, como los Chapanay y los Chumbita, entre otros. Su zona de influencia eran aquellos viejos campos comuneros huarpes, refugio para la guerra de policía que se recrudeció en la zona, ordenada por Mitre desde la presidencia y que Samiento ejecutó sin tregua, persiguiendo al “Chacho”.

Sarmiento gobernó la provincia entre 1862 y 1864. Con él, se impuso una impronta agrícola, para terminar con la “barbarie” del “desierto”. Anteriormente, había logrado que se avanzara con algunas ideas traídas de Chile, como la formación de una Quinta Modelo y Escuela de Agricultura, como artefacto educativo, social y productivo para desarrollar la industria agrícola. Estas experiencias tenían objetivos agrarios, educativos y disciplinarios: contaba con una escuela normal, un hospicio de huérfanos y un reformatorio de niños “delincuentes” o “vagos”. Estas iniciativas contaban con el protagonismo del “maestro agricultor”.

 Sarmiento, la Iglesia y los indígenas

La iniciativa agrícola sarmientina fue protestada por la Iglesia. Es que su financiamiento se generaba mediante la confiscación de una capellanía. Estas luchas tenían historia: unitarios y federales, herejes y cristianos, Buenos Aires y las provincias.

Entre el gauchaje, se pensaba como enemigos a masones, protestantes, herejes y agricultores extranjeros. Una expresión de este conflicto se vio en la rebelión contra Oroño en Santa Fe de 1868, que incluyó el levantamiento indígena de San Jerónimo del Sauce, que comentamos previamente.

Algo similar ocurrió en la conocida masacre de Tandil de 1872, a la que nos referimos en el Cuaderno 4.

A Sarmiento lo sucedieron en la gobernación otros viejos unitarios, algunos mitristas, otros nacionalistas y luego roquistas, que se hicieron oposición unos a otros. Entre 1864 y 1867, el comerciante Camilo Rojo buscó juntar estadísticas oficiales sobre población y agricultura para desarrollar obras de riego. Una década más tarde, el gobierno estuvo a cargo de Rosauro Doncel, empresario vitivinícola, que mantuvo amistosas relaciones con Sarmiento y formó parte de la experiencia roquista.

En este tiempo, Mendoza se dedicaba al comercio ganadero con Chile y desarrollaba de forma subordinada una agricultura de alfalfares para el engorde del ganado de transporte, más algunos cereales y viñedos, en una importante superficie de valles de 80 mil hectáreas. En ese tiempo, se expandió el trigo y la molinería para producir harina, hasta que fue reemplazada por la agroindustria vitivinícola.

Como en San Juan, los federales dominaron la política provincial hasta la década de 1860. Entre ellos, se encontraron el varias veces gobernador Pedro Segura y Juan Moyano (1856-1859), ambos ganaderos y agricultores vitivinícolas y de alfalfares. La familia Segura, como mencionamos, presionaba sobre las tierras de las comunidades laguneras huarpes. En esta región del norte y centro-este de Mendoza se fue formando la propiedad privada por ventas de tierras hechas por los reales y supuestos herederos y descendientes del ya mencionado cacique Sayanca.

En la década de 1860, impulsado por Sarmiento, Luis Molinas (hijo del líder federal Pedro Molina) inauguró la era de gobiernos liberales y nacionalistas (1862-1863). Molinas impulsó tres invasiones a la zona de las Lagunas, con tropas de infantería y caballería. Produjeron asesinatos y secuestros de “chinitas para regalar” y de muchachos para el servicio doméstico. También, robaron el ganado. Se aducía el combate contras las montoneras, pero no dejaba de ser una violenta ocupación sobre un territorio con amplias aguadas. El propio Molina las quería para él desde tiempo atrás. Las había denunciado legalmente como suyas, al igual que otros hacendados de la zona.

Como comentamos en el Cuaderno 2, las divisiones entre unitarios y federales no se tradujeron de forma directa en políticas de tierra favorables o desfavorables para los huarpes. Ni todos los terratenientes que presionaban sobre estas tierras estaban en uno u otro partido político. Algunos simplemente oscilaban, esperando el momento adecuado para avanzar legalmente y/o por la fuerza.

El hacendado, empresario vitivinícola y dueño de un molino harinero, Carlos González, gobernó entre 1863 y 1866. Con él se inició una agresiva política fiscal, que incluso creó impuestos sobre la tierra inculta, de acuerdo a la información producida por comisiones ad hoc. La presión fiscal, en este contexto, fue una forma de perseguir enemigos y condicionar aliados, incluidos en nóminas de “Ocultación Territorial”. También buscó generar información y estadísticas, de las cuales se desprendió que en la disputada zona de las Lagunas, se traficaba y engordaba ganado de todo tipo, en buena medida con destino a Chile.

Luego de las últimas rebeliones federales, en 1867, se inauguró la era de la familia Villanueva, que tenían peso nacional. Nicolás gobernó entre 1867 y 1869 y Arístides lo hizo entre 1870 y 1873. Le sucedió el liberal y miembro del Partido Autonomista Nacional (PAN), Francisco Civit, quien, como empresario viñatero, se preocupó por extender los canales de riego.

Fue entonces cuando la economía mendocina se orientó definitivamente hacia la agroindustria vitivinícola, casi de forma similar al modo en que Tucumán se orientó al azúcar. Un pequeño grupo de grandes hacendados y comerciantes eran grandes propietarios y dominaban esta economía.

Esta reconversión se hizo bajo el amparo del estado provincial, que eximió de impuestos a los nuevos viñedos y promovió la incorporación de inmigrantes para desarrollar cultivos. La próxima llegada del ferrocarril y la formación de recursos humanos a través de la Escuela Nacional de Agricultura, fueron también iniciativas estatales.

El Estado además promovió la incorporación de pequeños productores viñateros a esta nueva economía, a través del libre flujo de mano de obra. Nicolás Villanueva eliminó la obligatoriedad de la papeleta de conchabo, generó políticas de ahorro y capitalización y de crédito institucional, con los bancos de Mendoza, Nacional e Hipotecario. En la década de 1880, el vino mendocino se distribuía a varias provincias e incluso pasó a ser un producto de exportación.

Subordinada, quedaba la economía de pequeños propietarios o arrendatarios, productores de alfalfa y/o criadores de ganado.

Las rebeliones antiliberales

La victoria de Buenos Aires sobre la Confederación en Pavón (1861) significó el avance del liberalismo en todo el país. Las disputas por las tierras fueron clave, en tiempos de reconversión productiva. Ello y los impactos de la Guerra del Paraguay (1864-1870) detonaron el descontento popular. Las rebeliones no se hicieron esperar. La represión del gobierno nacional tampoco. Y fue feroz, con incursiones, ejecuciones, detenciones masivas de mujeres y niños, confiscación de ganados y cosechas, quemas de corrales, casas y campos sembrados.

Las montoneras federales estallaron en diferentes provincias del país en varias oportunidades, pero puntualmente en dos momentos claves del avance liberal. En 1862 y 1863, encabezadas por el “Chacho” Peñaloza, se produjeron dos levantamientos masivos que alcanzaron a San Luis, San Juan, La Rioja y parte de Córdoba. Se llegó a acuerdos con el gobierno nacional, que fueron violados, generando sucesivas reacciones. En soledad y sin el apoyo de Urquiza, “Chacho” fue derrotado, asesinado y desmembrado en 1863. En 1866 y 1867, reemergió la insurgencia. Primero, como “Rebelión de los Colorados” en Cuyo. Luego, articulada bajo la última rebelión federal comandada por Felipe Varela.

En ambos casos, se trató de insurrecciones plebeyas y de carácter rural, compuestas por gauchos, que desde tiempo atrás eran estigmatizados por las elites como bandidos, pobres, ignorantes, vagos y malentretenidos. El gaucho era el habitante pobre del campo, que podía tener un origen criollo, indígena o esclavo. En el contexto de los conflictos políticos entre federales y unitarios, al gaucho se lo criminalizó como montonero, rebelde frente a las autoridades. Para el período que trata este Cuaderno 3,  esta rebeldía era descrita con precisión: el gaucho montonero -o el indio montonero- estaba alzado contra la autoridad nacional, es decir, contra los liberales, viejos unitarios.

Las montoneras incorporaban a los perdedores de las reformas agrarias liberales: ocupantes de tierras baldías, usufructuarios de montes y aguadas comunes, cazadores de animales silvestres y ganado cimarrón, labradores, arrieros, criadores y artesanos. Muchos eran jóvenes veinteañeros, casados y solteros, reclutados mediante levas para combatir en Paraguay o en las fronteras con los indígenas. La gran mayoría tenía ocupación y era considerado “honrado”.

Las montoneras se organizaron justamente en rechazo a las levas forzosas y en defensa de las tierras y recursos. El gobierno nacional impuso en las provincias a gobernadores aliados, que llevaron adelante “campañas de pacificación” y “guerras de policía”, convirtiendo en criminales a los adversarios políticos. Como señalamos, fue el momento en que Luis Molinas invadió las Lagunas de Guanachache. Siguiendo esa línea, al frente de San Juan, Sarmiento pidió a Mitre:

¿Por qué no me da el mando de uno de los regimientos de línea, que ha quedado vacante después de tanta vergüenza? No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país.

Su promesa se cumplió, ferozmente, en 1863. Las tropas enviadas para “pacificar” Cuyo y los Llanos riojanos, capturaron a Peñaloza en el pueblo de Olta, lo mataron a lanzazos y luego expusieron su cabeza degollada para escarmentar y disciplinar al pueblo. Cuando Sarmiento informó a Mitre sobre los hechos, comentó:

No sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados aquí he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses. Los ejércitos harán paz, pero la tranquilidad no se restablecería, porque a nadie se le puede inspirar confianza de que no principie la guerra cuando le plazca al Chacho invadir las provincias vecinas. (…) El derecho no rige sino con los que lo respetan, los demás están fuera de la ley.

Pero el propio Mitre, quien había impulsado las guerras de policía, aseguró que, como prisionero, Peñaloza debió haber sido llevado ante la justicia bajo las garantías aseguradas por la Constitución.

Desde otro lado, José Hernández, quien todavía no era el autor del Martín Fierro, comentó:

Pocos habrá, quizás, que conozcan una existencia extraordinaria, ese caudillo valiente, generoso y caballeresco, que ha sido actor en las escenas más notables del drama de nuestras luchas civiles y a quien sus perversos, enemigos han pintado como el tipo de la ferocidad y encarnación del crimen. Peñaloza, puede decirse muy bien, que ha sido durante su azarosa vida: una propiedad de la Patria y de sus amigos.

En 1864, cumpliendo sus compromisos con Brasil e Inglaterra, Mitre metió al país en una costosa e injusta guerra contra Paraguay. Este país representaba todo lo que el liberalismo aborrecía. Era ejemplo de estatalismo, proteccionismo, subdivisión y control estatal de la tierra y desarrollo de la industria nacional. Esta guerra, cuyos gastos perdidos en deudas externas le hubieran permitido al país construir la mitad de sus ferrocarriles estratégicos, fue la última etapa de la guerra del liberalismo porteño contra el interior.

El costoso ingreso del país a este conflicto, con sus levas y enganches, despertó la protesta en las provincias. En 1866, el gauchaje se levantó en armas. Este nuevo levantamiento anti-liberal fue conocido como la “Revolución de los Colorados”. En San Juan y Mendoza, fue encabezado por Juan de Dios Videla y Carlos Rodríguez. Ambos gobernaron las provincias por unos meses, hasta que la rebelión fue sofocada por las tropas nacionales. De inmediato, el caudillo catamarqueño Felipe Varela, de vieja tradición federal, rearticuló la rebelión, proclamando desde Jachal la unidad americana y portando una bandera que rezaba: “Federación o Muerte”.  Denunciaba las “cincuenta mil víctimas inmoladas sin causa justificable”.

Las rebeliones federales continuaron hasta 1870, extendidas en varias provincias. Pero fueron derrotadas y el credo liberal se impuso en todo el campo político argentino. El resultado fue la transferencia de las tierras de los pastores libres a los grandes potentados y su transformación en peones o aparceros miserables. Si los laguneros huarpes pudieron sostener cierto poder territorial, fue a costa de subordinarse al gobierno mendocino, en el marco de las luchas fronterizas entre las provincias y la rapacidad de los terratenientes y milicias de San Juan.

José Hernández, el narrador de los sufrimientos del “gaucho matrero”, reclamó entonces el reemplazo de los métodos de lucha armada por las institucionales. Al Estado nacional y a las élites políticas, les pidió asumir las ideas liberales, democráticas e innovadoras, para abrir el camino de un “progreso indefinido”. Poco después, una de las últimas montoneras, en nombre del caudillo entrerriano López Jordan, asesinó a Urquiza. Lo acusaban de traicionar los ideales federales.

Por entonces, Mitre, desplazado del liderazgo político liberal, encabezó una insurrección contra el nuevo gobierno nacional de Nicolás Avellaneda. El Estado nacional aplastó también esta rebelión y se preparó para avanzar violentamente sobre los territorios indómitos de la Patagonia y el Chaco.

La colonización desbordada y el negocio de la tierra

Entre la colonización dirigida y la espontánea

Luego de las primeras experiencias colonizadoras, la inmigración comenzó a crecer sostenidamente. Hombres solos o familias enteras llegaban para asentarse en distintos puntos del país, para transformarse, en poco tiempo, en labradores propietarios o para arrendar la tierra, invertir en la producción, hacer buenas ganancias y regresar a Europa.

En 1872, al realizar un balance de este proceso, el inspector nacional de la Comisión Central de Inmigración, Guillermo Wilcken, contabilizó 31 colonias creadas, la gran mayoría de ellas en Santa Fe, con una población de poco más de 3 mil familias. Cerca del 85 por ciento eran europeos: suizos, italianos, alemanes y franceses. Apenas una décima eran pobladores locales.

El inspector observó problemas vinculados al acceso y subdivisión de la tierra, la falta de crédito e infraestructura de transporte, de acceso a los mercados de consumo y de una política de premios para estimular la productividad y la diversificación, más allá del trigo y el maíz. Esta política, decía, podía desarrollarse desde el Departamento de Agricultura, “haciendo práctica la prescripción constitucional de poblar el país.”

Sin embargo, se mostraba optimista. Aseguraba que los colonos se habían convertido en “ciudadanos arjentinos, propietarios adheridos al suelo del país”. Destacaba que las colonias habían desarrollado algunas industrias y que los medios de trabajo producidos localmente eran preferidos frente a los extranjeros, por su solidez y precio. En particular, mencionaba el arado de Tabering fabricado en Esperanza, así llamado en alusión al apellido del maestro herrero creador.

Augurando prosperidad, en su llamado a los gobiernos nacional y provinciales, aseguraba:

Los grandes fundamentos para la colonización están hechados –el terreno preparado, los ensayos hechos, los resultados conocidos. Si á la publicación del presente trabajo, puede la Comisión agregar la de las leyes nuevas y medidas que tiendan á llenar el objeto de la colonización, muy pronto una inmigración espontánea compuesta de familias agricultoras, será el resultado obligado, facilitado por las diversas líneas de vapores que, se multiplican para el Río de la Plata.

Pese a las diferentes experiencias y momentos que existieron, hacia la década de 1870, la prensa refería que la colonización se desarrollaba bajo dos formas básicas: una, “artificial”; la otra, “espontánea”. Por la primera, se referían a las iniciativas que ya narramos en general y de las cuales dimos algunos ejemplos. Allí, algunos gobiernos y determinadas empresas habían asumido un protagonismo central. Por la segunda, se referían a la gente que “viene suelta y por su propia cuenta” y que, una vez llegada, tomaba el rumbo que consideraba mejor.

Wilcken explicaba que ambos tipos eran importantes, pero también radicalmente diferentes. La “artificial” era considerada “estratégica”, porque buscaba poblar los “desiertos” y se componía de familias agricultoras que sabían soportar la “vida campesina”. Por distintas razones, incluso diplomáticas, era importante garantizar su prosperidad. La otra, opinaba, era necesaria porque aportaría los brazos para la construcción de las grandes obras del país. No era atraída por grandes compañías de colonización, sino por los armadores de buques, que enganchaban pasajeros hacia el Río de la Plata en los grandes centros marítimos europeos, personas generalmente listas para “cualquier ocupación de peonaje”.

Pese a estas diferencias, Wilcken explicaba que, en ocasiones, se superponían como el movimiento de las olas, y por eso no era fácil distinguirlas. La colonia San Carlos, como vimos, había recibido inmigrantes en distintos momentos y sus experiencias fueron muy distintas entre sí. En general, quienes llegaron más tarde, tuvieron más dificultades para acceder a la tierra, para producir y convertirse en propietarios. Las condiciones que exigían los empresarios o grandes hacendados eran cada vez más rapaces y los gobiernos estaban menos dispuestos a rescatarlos.

Como señalamos, según la terminología de la época, Wilcken habló de colonización “dirigida” y “espontánea”. Ello suponía, en principio, que una era “oficial” (gubernamental) y la otra privada. Sin embargo, como observamos, la especulación y el negocio no habían estado ausentes en los movimientos “dirigidos”. Por otra parte, la colonización producida por el inmigrante espontáneo no estuvo exenta de la injerencia estatal, aunque haya sido más indirecta.

Lejos de ser sutilezas, es importante subrayar estas distintas fusiones. En aquel entonces, fue ganando terreno la idea de que el Estado no debía intervenir más en el proceso inmigratorio y colonizador, porque, se argumentaba, era un mal empresario.

La revolución de las ovejas

La época aquí abordada fue la de la transición de una economía centralmente vacuna a una impulsada por la “revolución del ovino”. Si bien fue una conversión específicamente pampeana, fue determinante para todo el país por su peso exportador.

A mediados del siglo XIX, el comerciante inglés Mac Cann recorrió las provincias argentinas y notó, sobre todo al sur de Buenos Aires, el creciente rol de los criadores de ovejas, muchos de ellos irlandeses y escoceses, aunque también vascos, franceses y criollos. Criaban especialmente la oveja merina, que había sido ingresada a fines del siglo XVIII y que reemplazó al ovino criollo.

Con ella, en la década de 1840, se hizo significativa la exportación de lana y se destacó en las estadísticas del comercio exterior, junto al cuero, al cebo y al tasajo que se vendía a Brasil y a Cuba para alimentar a los esclavos de las haciendas. Pero en este nuevo contexto, sucia y a granel, esta lana se transformó en el principal producto de exportación y, por ende, en un irresistible atractivo para los productores agrarios.

De alguna manera, esta producción impulsó la modernización del mundo agrario y enseñó una alternativa al dominio de la clase terrateniente ganadera y de los propietarios de saladeros. La nueva realidad permitió que viejos pequeños y medianos hacendados, y también advenedizos, con una inversión no muy significativa en animales, pudieran obtener buenas ganancias.

Se fue formando así una nueva clase de pequeños propietarios de ganado que administraba directamente su producción. Aunque estos cambios permiten hablar de un aumento de explotaciones de tierra de menor tamaño, estos hacendados no necesitaron hacerse propietarios de la misma. En general, y pese a la formación de un mercado y de la división por herencia, los grandes latifundistas mantuvieron la gran propiedad, que entregaron en aparcería o arriendo.

Esta posición de subordinación de los nuevos pequeños hacendados fue compartida por los nuevos agricultores, que asumían el compromiso de producir alfalfa. La extensión de la alfalfa vino de la mano de un nuevo método agrícola, la rotación trienal, que implicaba su cultivo intercalado con el del trigo y maíz. Así se formó también una clase de pequeños y medianos productores agrarios, chacareros, sin mucho capital, pero con trabajo familiar.

En ambos casos, primó la estrategia de los poderosos terratenientes para obtener un incremento de la renta, valorizar sus tierras y articular ganadería y agricultura, sin amenazar su dominio. Esta dinámica fue pilar para el boom agrario que se vivió desde las últimas décadas del siglo XIX.

En su informe de 1872, Wilcken no eludió este problema. Advirtió una clara tendencia hacia el acaparamiento y la especulación con tierras, que se valorizaban velozmente de la mano de la creciente demanda internacional de bienes primarios. Repetir la experiencia de Chivilcoy, como pregonaba Sarmiento, en un territorio plagado de latifundios, demandaba la intervención estatal. Wilcken creía que la expropiación de tierras podría resultar demasiado onerosa. Por eso, propuso proyectar la subdivisión de tierras a los costados de las nuevas vías férreas, en manos de las compañías ferrocarrileras.

El inspector comparaba las experiencias de los ferrocarriles Central Argentino y Oeste. La primera, a la que nos referimos por la colonia Tortugas, era vista como una “experiencia feliz”. Sobre la segunda, advertía: “la tierra ha permanecido en sus nueve décimas partes, tan inculta como la pampa, destinada hasta hoy mismo al pastoreo primitivo –es decir, el de estancias”. “Salvaje”, sentenciaba, era el terreno que mediaba entre Flores y Chivilcoy. En consecuencia, recomendaba sancionar una ley que obligase a esta compañía a ceder entre 60 a 70 hectáreas a lo largo del trazado ferroviario, a favor de los inmigrantes que habían trabajado en su construcción.

Dentro de estas tendencias observadas, los viejos estancieros o los nuevos empresarios rurales que hicieron su negocio con la colonización, obtuvieron un protagonismo cada vez más grande y libre de regulaciones. Las tierras se adjudicaban en concesión, a bajo costo, con el objetivo de subdividir, colonizar y vender. Como vimos, en demasiadas ocasiones, fracasados los proyectos, los empresarios denunciaron los contratos y reclamaron indemnizaciones.

Proteccionismo económico, nacionalismo y ¿reforma agraria?

El iluminismo abstracto y las ideas de la economía clásica inglesa de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX contaban con algunos hitos: tratados de libre comercio, la invasión y contrabando de las mercaderías que ingresaban por Buenos Aires y la libertad de comercio decretada por el virrey Cisneros en 1809. Luego del triunfo patriota, predominó una política tendiente a conciliar los principios liberales con las necesidades del fisco. Esta combinación sobrevivió a las guerras civiles y el federalismo. La Constitución de 1853 y las políticas de tierras que hemos comentado expresaron muy bien esta perseverancia. El ambiente intelectual y político de la Argentina de mediados de siglo XIX era definitivamente liberal.

Sin embargo, la crítica estuvo siempre presente. Belgrano, promotor del libre comercio, sabía profesar también un pensamiento neo-mercantilista, que prescribía cierta intervención estatal. Desde sus primeros años, coyunturalmente, las Provincias Unidas (o Buenos Aires por separado) supieron aumentar los derechos de importación: con el Primer Triunvirato en 1811, bajo la brevísima gobernación bonaerense de Viamonte en 1829 y cuando, en 1835, se sancionó la Ley de Aduanas, que implica el desarrollo de una parcial política proteccionista.

En este último caso, se atendió el descontento de los agricultores bonaerenses, que reclamaban duplicar los derechos de importación de trigos y harinas del Cabo, Estados Unidos y hasta del Mar Negro. Aquella ley también favoreció a los artesanos del Litoral. Pensadores de la Generación del 37 como Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi, profesaron entonces el romanticismo y el socialismo utópico, siendo críticos del liberalismo económico. De forma aislada, se esbozó una política de desarrollo económico e industrialización, basada en la protección aduanera, como la que promovió Pedro Ferré durante su mandato como gobernador de Corrientes.

Estas iniciativas no eran empujadas ni respaldaban a una clase industrialista y promotora de la independencia económica. Apenas si paliaban la ruina de las manufacturas y artesanías del país, especialmente de las provincias del interior. Por ello, la limitada política proteccionista aplicada por la Confederación Argentina fue eliminada luego del triunfo de Buenos Aires en Pavón (1861), con nuevo gobierno nacional de Bartolomé Mitre. El liberalismo se impuso sin miramientos, con la aceptación plena de las reglas de la división internacional del trabajo. Nacionalizada en 1862, la Aduana se convirtió en la clave de las finanzas estatales, siempre con fines recaudatorios, aplicando derechos transitorios y nunca superiores al 20 por ciento. No se pensaba como un medio de protección con fines de desarrollo.

Sin embargo, una serie de crisis económicas internacionales, en 1866 y en 1873, produjo novedades. Resurgieron las iniciativas proteccionistas en boca de algunos intelectuales y políticos, miembros de la incipiente burguesía industrial y de algunos actores rurales, sobre todo los laneros.

En 1866, un sector de los ganaderos alteró sus estrategias de inversión, buscando desarrollar la industrialización de la lana y la leche. Reclamaban la intervención estatal para crear fábricas de paños y papeles. Creían que el pastoreo había llegado a su límite. Ezequiel Paz, miembro de la Sociedad Rural Argentina, llegó a plantear que había que salir del “estado de barbarie” y dejar de ser la granja de Inglaterra.

En 1870, se impuso una ligera protección para las industrias azucarera (con fuerza en el noroeste, especialmente Tucumán) y vitivinícola (de Cuyo). Hacia 1875 y 1876, cuando se discutía una nueva ley de aduanas, estas iniciativas tomaron la forma de un movimiento que rompió el consenso liberal. Se puso en discusión la doctrina oficial y comenzó a discutirse abiertamente el rol del Estado en el desarrollo nacional, la transformación económica del país y la dependencia del dominio extranjero.

El promotor de estos nuevos vientos fue el experimentado Vicente Fidel López. El discurso “inaugural” de esta tendencia se escuchó de su boca, el 27 de junio de 1873, en la Cámara de Diputados. Fue una declaración de principios, donde se propuso un plan integral de protección industrial. Ahondando en este naciente nacionalismo económico, Rufino Varela, ministro de hacienda de la provincia de Buenos Aires, subrayó la necesidad de no dejar escapar el ahorro del país. En una línea más intransigente, Rafael Hernández, hermano del autor del Martín Fierro, rechazaba lo extranjero, expresando la animadversión criolla.

Bajo la inspiración de López, se organizó un partido como nunca antes había existido en el país, basado antes en ideas que en personalismos: el Partido Republicano. Nació como escisión del Partido Autonomista que, como vimos, había fundado Adolfo Alsina una década atrás. Un sector de este partido se oponía a cualquier entendimiento con el mitrismo y, luego, a los acuerdos que derivaron en la creación del Partido Autonomista Nacional. De vida muy efímera, entre sus principales organizadores se encontraban Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Lucio Vicente López (hijo de Vicente Fidel), Pedro Goyena y Roque Sáenz Peña.

Esta tendencia incorporaba a jóvenes reformistas, periodistas y docentes universitarios, algunos de origen aristocrático y otros plebeyos. Durante la etapa alsinista, se agrupaban en el Club Igualdad y el Club 25 de Mayo. De orientación democrática, reclamaban -como lo harían luego los fundadores de la Unión Cívica Radical-, la pureza y libertad de sufragio popular y el fin de la violencia, el fraude y la intervención oficial en las elecciones. Abrazaban las ideas de la libertad civil, la Constitución, la libertad de conciencia, moral y religión. A nivel local, reclamaban la elección popular de jueces de paz, la limitación de sus facultades, y -con inspiración sarmientina- la autonomía de los municipios, con elección y gestión propia. También pedían el fin de las levas para combatir en la frontera, donde habitaban los “salvajes del desierto”.

En materia de tierras, estos reformistas, que organizaron el Partido Republicano, reclamaban la rebaja de su precio, que “está solo al alcance de los poderosos con gran perjuicio del progreso de la provincia”, propugnando la división de la propiedad. En 1875, en apoyo de estas ideas y a través de abundantes artículos, el diario El Nacional alentó una campaña de reforma agraria.

Por entonces, el arriendo se había transformado en la principal forma de acceso a la tierra. En las colonias, más del 60 por ciento no alcanzaban a transformarse en propietarios. En 1875, de casi 70 mil inmigrantes ingresados al país, menos de 9 mil se internaron en el campo, y no todos permanecieron. Su expulsión se explicaba por todas “las dificultades opuestas a su prosperidad”. Así lo señalaba el comisario general de Inmigración, Samuel Navarro, al Ministerio del Interior, en su Memoria de Inmigración de 1874. Navarro mismo había estado, junto a su hermano Mardoqueo, involucrado en el primer fracaso del proyecto de colonización de Sunchales.

En 1876, desde colonia Esperanza, el presidente Avellaneda pretendió desmentir este pesimismo. Ese mismo año, promovía la ley nacional de inmigración y colonización y proclamaba la entrada del país en una nueva era, “el comienzo del fin de la barbarie pastora” y el inicio de un nuevo estilo de vida rural. Sin embargo, muy pronto, los grandes ganaderos rechazaron “renunciar a los beneficios tan conocidos de la ganadería”, como sostuvo el senador bonaerense Álvaro Barros en 1875. No mucho después, Sarmiento, promotor de las cien Chivilcoy, admitió que no había triunfado el ideal de un gobernante, sino “el avance ciego y avasallador de un orden capitalista que se apresta a dominar todo el planeta”.

Para profundizar…

Alejandro Jasinski, Julieta Caggiano, Irana Sommer, Matías Oberlin

Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA)

Prólogo

El título de este ensayo histórico, anclado acertadamente en el “acceso a la tierra”, es una actualización conceptual y política necesaria para mirar con otros ojos un problema que cuenta con una inabarcable bibliografía. Esta actualización implica dos cuestiones fundamentales. Una es poner el eje en el acceso y no estrictamente sobre la propiedad. La otra es interrogarse si efectivamente siempre fue la tierra el recurso natural y agrario que estuvo en disputa, o más bien los problemas que las sociedades históricas contemplaban eran distintos, como el acceso al agua o al ganado.

Lo que resulta indudable es que en el final de las transiciones al capitalismo agrario en la Argentina, la tierra fue uno de los nodos en torno a los cuales se reconfiguraron las relaciones sociales y la estructura socioeconómica. Entonces, el problema de los derechos de propiedad y posesión se vincula a la configuración de nuevas relaciones de dominación que definen los regímenes de apropiación, explotación y distribución de los recursos naturales.

El contenido de este Cuaderno está inserto en el marco cronológico acorde al momento de inicio de este proceso, que es desde mediados del siglo XVIII, lo que se denomina como la “herencia tardocolonial”, con los diferentes instrumentos normativos que hacen a la apropiación de los recursos. Esta transición, al menos en lo que hace al armazón político y normativo liberal y capitalista, finaliza con el proceso de codificación que contempla la sanción del Código Civil en 1869 y de los correspondientes Códigos Rurales que cada una de las provincias fue sancionando, siendo el primero de ellos el de la provincia de Buenos Aires, en 1865. Si bien estas dimensiones exceden los límites temporales de esta publicación, lo menciono porque ello será abordado en los siguientes cuadernos.

El año 1869 es la cristalización de una operación política fenomenal en lo que hace a los derechos sobre los recursos agrarios que termina por sanitizar al principio de la “propiedad”. El radical proceso tuvo cuatro aristas. Primero, quitar a las propiedades cualquier imperativo moral o reminiscencias de un orden colonial fundado en nociones del catolicismo o que podríamos denominar como campesinas. Segundo, arraigar como única verdad que el crecimiento económico sólo se consigue con una determinada forma de explotar y distribuir los recursos que está basada en un derecho de propiedad pretendidamente absoluto y sagrado. Tercero, homogeneizar el entramado jurídico y aplanar la complejidad social de los antiguos territorios virreinales en tres grandes categorías: propietarios, arrendatarios y jornaleros. Por último, subordinar un conjunto de derechos que hacía a la apropiación de los recursos a un específico derecho, el de la propiedad privada.

Esta coraza protectora de los nuevos derechos de propiedad considerados absolutos y sagrados comenzó a desplegarse en los inicios de la Revolución de Mayo, cuando ya en 1811 se sancionó el Decreto de Seguridad Individual, colocando a la libertad y a la propiedad como las columnas vertebrales del “nuevo sistema” anclado en un “espíritu liberal y de luces”, como lo denominaron algunos actores de la élite porteña. Desde entonces, los usos y la costumbre, que tenían fuerza normativa igual o tanto más fuerte que una ley escrita, comenzaron a ser subordinados a la norma positiva (no sin vaivenes y diferencias, según estuvieran en el gobierno -dicho simplificadamente- los federales o los unitarios y liberales).

Este proceso fue acompañado por la aparición de una nueva ciencia con su instrumental técnico: la agrimensura y sus catastros. Se suponía imparcial, pero venía en primer lugar a fortalecer la construcción de las superficies y dimensiones de las posesiones agrarias a favor de un determinado grupo socioeconómico, los estancieros y hacendados, antes que ayudar los denominados pastores y labradores, agregados o arrimados, campesinos, o “la polilla de los campos” en la mirada despectiva de las élites. En este sentido, volvió a ser pionera la provincia de Buenos Aires, que en 1824 creó una Comisión Topográfica, luego Departamento General de Topografía y Estadística. Más tarde, las provincias siguieron este camino.

Desde los orígenes de la historiografía, quienes se abocaron al problema de la tierra en la Argentina, fuera cual fuera su orientación política e ideológica, validaron la idea de que el crecimiento económico sólo puede darse en el marco de la propiedad privada liberal: dar certezas y garantías a quienes producen, bajo la declamada “propiedad privada”, era una condición necesaria para el despliegue virtuoso de la inversión y aumento de la producción. Sólo en los últimos años comenzó a ponerse en entredicho esta vinculación automática: incluso se comenzó a hablar en términos de “posesión perpetua” o “de por vida” para productores campesinos.

En este aspecto, este Cuaderno, en tanto que herramienta para el conocimiento histórico vinculado necesariamente a una acción política, resulta útil para cuestionar y problematizar el arraigo que tenemos de esta noción de propiedad que prioriza una supuesta forma de “crecer” o “desarrollarse”. Aún más útil, porque el Cuaderno ahonda en una trama compleja de territorialidades que continúa hoy formándose y constituyéndose en cada uno de los conflictos por la tierra que atraviesan a la Argentina. Son realidades desacopladas temporalmente, pero armoniosamente enmarcadas en la configuración de un entramado de poder que busca reproducir la manera desigual en que se explotan los recursos, de qué manera se lo hace, en beneficio de quién o quiénes, y con qué objetivos.

En esa amplitud territorial, este Cuaderno apuesta a una historia social y política de las tierras a una escala amplia con una actualización historiográfica notable. Entre otras cuestiones, haciendo foco en las fronteras de cada una de las regiones del país, el dinamismo y la lucha de las comunidades y los pueblos de indios, los modos normativos en que se construyó la propiedad pública y la nueva propiedad privada, las políticas de distribución de tierras, la manera en que se fue configurando un mercado inmobiliario rural. Un ejercicio llevado con tino y claridad que demuestra la existencia de un mosaiquismo regional en escala de grises, en este proceso de transición al capitalismo agrario en la Argentina entre fines del período colonial y mediados del siglo XIX

Presentación

Abierto el proceso revolucionario de 1810, cuando el imaginario de una guerra de independencia apenas empezaba a incomodar a los habitantes de las pequeñas ciudades y poblados del virreinato del Río de la Plata, Manuel Belgrano reflexionó en El Correo de Comercio sobre la “deplorable desdicha” de “nuestros labradores”. El eco de su inquietud llega hasta nuestros días.

Situado en aquella pequeña Buenos Aires, Belgrano valoraba la calidad de las tierras de las provincias y reconocía distintos desafíos que había que afrontar: creía que podían mejorarse los instrumentos y métodos de trabajo y que debían removerse importantes obstáculos, como el monopolio comercial de la Corona, el contrabando promovido por funcionarios y comerciantes, las especulaciones en la formación de precios y los malos caminos, entre otros. Sin embargo, de acuerdo a su opinión, el mayor infortunio era otro:

…todos esos males son concausas de la principal, cual es la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores; este es el gran mal de donde provienen todas sus infelicidades y miserias, y de que sea la clase más desdichada de estas Provincias, debiendo ser la primera y más principal que formase la riqueza real del Estado.

La falta de propiedad de los labradores era un problema en el contexto de una economía bonaerense que se orientaba cada vez más hacia la actividad pastoril. La tierra y el ganado que se criaba de forma extensiva y natural, se transformaban, juntos, en la medida de la riqueza del país. Unos pocos grandes propietarios, “hacendados principales” y “vecinos de renombre”, muchos de ellos también importantes comerciantes, se encargaban de aceitar este nuevo rumbo. Y en aquella coyuntura, este periodista y abogado, que acababa de dejar el cargo que había ostentado durante quince años al frente del importante Consulado de Comercio porteño, creía que la infelicidad en el trabajo agrícola tenía una causa fundamental: luego de una vida de esfuerzos, la familia agrícola no podía llamar suyo a lo que poseía, no podía dejar un “establecimiento fijo” para sus hijos, vivía con el temor de que todo el trabajo quedara en manos de algún otro que se proclamara dueño y propietario de las tierras que trabajaba.

Manuel Belgrano era parte de la élite criolla que hacía gala de un pensamiento fisiócrata y liberal, críticos de la economía colonial. Creía que la agricultura debía ser la fuente de las riquezas del país, aunque sabía reclamar políticas proteccionistas y una articulación con la “oficiosa industria”. Como buen liberal, por otro lado, creía en la propiedad privada. Por ello, lamentaba que ésta faltara entre los labradores. La propiedad, así como la libertad y el individuo, eran principios promovidos por la generación patriota, como bases de la nueva sociedad.

Pero en el nuevo camino proyectado, el problema de la propiedad no se limitaba al hecho de que los labradores no la disfrutaran. La élite revolucionaria afrontaba una preocupación más profunda: el antiguo régimen no ofrecía un marco legal que la consagrara como privada y absoluta. Creían entonces que era necesario encarrilar al país por las sendas de la “modernización” y del “progreso”, a tono con las importantes transformaciones que tenían lugar en otras partes del mundo, especialmente en países como Inglaterra, con su revolución industrial, en Francia, con su revolución antimonárquica y antifeudal y en Estados Unidos, con la declaración de su independencia.

¿Cómo se distribuyó la tierra en tiempos de revolución? ¿Qué mecanismos pusieron en práctica las elites revolucionarias? ¿Cómo se relacionaron con la larga herencia colonial? ¿Qué proyectos se desplegaron desde los nuevos gobiernos centrales y provinciales y cuáles quedaron truncos? ¿Quiénes resultaron favorecidos y quiénes perjudicados, en un mundo donde las clases populares sabían ejercer derechos basados en las costumbres de tiempos inmemoriales, que habían sabido luchar contra el sistema legal del virreinato y también adaptarse a él? En este segundo cuaderno del Ensayo histórico sobre el acceso a la tierra en Argentina, intentaremos responder a estas preguntas. Para ello, nos moveremos entre el antes y el después del quiebre colonial, hasta los tiempos de la Confederación Argentina y el dominio de Juan Manuel de Rosas.

La herencia colonial

La ocupación española

En 1854, cuatro décadas después de que Belgrano reflexionara sobre la falta de propiedad entre los labradores, Bartolomé Mitre defendió el avance de la propiedad absoluta de la tierra. Lo hizo en un acalorado debate que tuvo lugar en la legislatura bonaerense, de la cual era miembro. Ensayó:

La tierra conquistada por el trabajo del hombre, poblada por él en medio del peligro, es una propiedad que debe ser respetada por todo el mundo. Esa es la ley que presidió á la población de toda la América y á la fundación de Buenos Aires en la época de la conquista. Es la ley por la cual durante la época colonial los reyes por medio de mercedes repartieron á los pobladores las tierras que ocuparon en el vasto territorio que se extiende hacia la Pampa.

El reconocido padre del liberalismo argentino, quien poco más tarde sería nombrado primer presidente de la República Argentina (1862-1868), evocaba los principios muy poco liberales utilizados para distribuir la tierra en la época colonial. Claramente, lo hacía en función de legitimar la expansión de la propiedad privada que impulsaba. Pero, ¿cómo fue realmente la distribución a la que se refería?

La ocupación española del “nuevo mundo” tuvo distintas características según los momentos y regiones. Desde un primer momento, con la llegada a las islas antillanas en 1492, los reyes españoles contaron con la aureola divina provista por el papa católico para declararse dueños de todas las tierras, a las que llamaron “realengas”. Los conquistadores llegaban con unos contratos llamados “capitulaciones”, por los cuales se atribuían el derecho de esclavizar a la población nativa y extraer recursos minerales.

Fue una conquista tan brutal que pronto se impartieron algunas disposiciones reales para implantar la colonización, garantizar la evangelización de la población nativa -considerada súbdita y vasalla- y atenuar la criminal explotación. De allí surge la creación de la Encomienda en 1503, la redacción de las “Ordenanzas Reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios”, llamadas Leyes de Burgos de 1512 y la obligatoriedad de leer el texto de Requerimiento escrito por un jurista español en 1513, entre otros. Las fuertes denuncias de algunos sacerdotes como Antonio de Montesinos por los abusos y crímenes cometidos empujaban la necesidad de regulaciones.

Resumidamente, la encomienda reemplazaba el trabajo esclavo por el servicio de indios. Pero lo hacía de forma muy ambigua, porque siempre era trabajo forzado. Los encomenderos -también llamados donatarios- tenían derechos sobre las personas, pero no sobre las tierras o las minas, y debían evangelizar a sus dependientes. Las Leyes de Burgos hablaban de dar “amor y blandura lo más que se pueda” a los nativos, de respetar su voluntad, establecía el régimen de “visitadores” (algo así como inspectores) para controlar y castigar a los encomenderos que cometían “excesos” y “mal trato” y decía promover la “conservación” e “integración” de los indios. El Requerimiento, sin embargo, fue la forma de justificar la barbarie, de acompañar y evitar, al mismo tiempo, estas regulaciones. Los españoles debían leer este texto, que conminaba a los nativos a aceptar al dominador y a su dios o a sucumbir por las armas y ser esclavizados. El parche estaba dado por la posibilidad de abrir una “guerra justa” contra los “infieles” que no aceptaban ser vasallos.

Luego del primer período, la ocupación continuó en tierra continental, sobre pueblos y sociedades organizados de forma más compleja, como los aztecas e incas. Más adelante, hacia mediados del siglo XVI, se avanzó hacia las extremidades de estos territorios (como el Río de la Plata, por ejemplo), creándose poblaciones con sistemas de fortines. En este avance, la guerra, las “entradas” (razzias), las “malocas” (cazas) y las encomiendas fueron siempre de la mano. Para organizar y apropiarse del trabajo de las poblaciones locales, los conquistadores se apoyaron también en sistemas utilizados en las sociedades originarias, como la mita (repartimiento de indios para el trabajo por turno en obra pública, para la corona, las ciudades o los señores) o el yanaconazgo (“indios de servicio”), apareciendo luego la remuneración en moneda (por ejemplo, en “moneda de la tierra”, como herraduras o cabras) y más adelante el sistema de peonaje, que ataba al trabajador por deudas.

En todo este proceso, se fue creando y perfeccionando un sistema institucional y legal para garantizar el dominio y la explotación, que con el tiempo dio forma administrativa a la etapa que se abrió luego de la conquista: la de la sociedad colonial. La creación del Consejo de Indias en 1524, las Ordenanzas de Granada de 1526,  las Leyes Nuevas de 1542, las Ordenanzas de Irala de 1556, de Toledo de 1572, de Poblaciones de 1573 y de Alfaro de 1612, y la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, fueron hitos de esta construcción. La brutal disminución de la población nativa amenazaba la extracción de riquezas, cuando el comercio de esclavos de origen africano todavía no garantizaba su reemplazo.

Mediante estas disposiciones, la “guerra justa” se transformó en “guerra defensiva” y los “infieles”, en “paganos”; se habló de contratos y remuneración del trabajo; se convocó a los religiosos y sus misiones a “proteger” a los naturales (caso ejemplar, el de Fray Bartolomé de Las Casas); se establecieron las Audiencias para abrir litigios; se regularon gravámenes y tasaciones para los tributos en moneda o especie, para reemplazar el servicio en trabajo; se limitaron los repartimientos de indios y el derecho hereditario de la encomienda; se establecía, por ejemplo, para los indios de encomienda, trabajar de lunes a jueves para el señor, viernes y sábado hacerlo en sus chacras propias y el domingo aprender la religión católica.  De particular importancia fueron las ordenanzas de 1573, que reemplazaron el término de conquista por el de “pacificación y población”, para limitar las desestructuraciones de comunidades y familias. Ello implicaba crear espacios sociales separados, pero controlados, con políticas de seguridad y policía, como las reducciones y luego los Pueblos de Indios.

La continua y cada vez más minuciosa regulación demostraba que la sociedad colonial se asentaba y se hacía más compleja, que precisaba organizar con detalle la extracción de trabajo y riquezas. Pero sobre todo evidenciaba que continuaban los tratos crueles, el desplazamiento, movilización y desestructuración de pueblos enteros (las llamadas “desnaturalizaciones”), como sucedía por ejemplo en el extremo sur del Virreinato del Perú, como la gobernación de Tucumán.

Pero en esta realidad siempre compleja y variada, las comunidades indígenas lucharon, resistieron y se adaptaron. Existió el “bandidismo”, la huída más allá de las fronteras, donde habitaban los indígenas “libres”, el regreso individual o colectivo a sus tierras luego de los traslados forzosos, la lucha abierta y las rebeliones, las negociaciones y la pelea legal. Con ello, en el marco de la brutal ocupación, soportando las represalias y persecuciones, y a pesar del proceso de disgregación y mestizaje, pueblos enteros conservaron su vida comunitaria, recreando sus territorios, costumbres e identidades, adaptándose y logrando una posesión legítima de tierras comunales y liderazgos propios. En sus pueblos, por ejemplo, los caciques pudieron repartir parcelas, para producir el sustento propio y garantizar el pago de tributos, y disponer el uso de campos comunes, sobre los que los encomenderos no tenían derechos.

Legalidad indiana y distribución de la tierra

La conquista y la guerra, las razzias y cazas, la muerte por enfermedades y por la brutal explotación, las “desnaturalizaciones”, fueron construyendo los “desiertos” que iban siendo ocupados por los españoles. Todo ello fue negado en el discurso de Mitre de 1854.

La legalidad indiana que se fue construyendo no sólo se refirió al trato con los indígenas, sino que además rigió la formación de posesiones y propiedad de la tierra. Es fundamental detenerse en este “legado colonial”, aunque sea brevemente, porque forma el conjunto de ideas y prácticas que estuvieron luego disponibles en el proceso independentista y en la formación de la sociedad nacional.

Las mercedes reales, por ejemplo, fueron el principal medio de distribución de tierras (y de derechos varios) que se dieron los españoles. Era una figura extendida en la península ibérica. Consistía en una gracia o favor del rey. Se trataba de donaciones que, por lo general, premiaban servicios militares. Este fue el origen de muchas haciendas o estancias. Las leyes de Indias incluyeron algunas disposiciones que imponían condiciones de población para los beneficiarios de estas mercedes. Por ello, la merced no creaba necesariamente a un propietario. Implicaba un derecho de uso, un usufructo condicional que podía ser revocado.

Por este medio, distintas comunidades indígenas alcanzaron también una posesión legítima, en forma colectiva o a nombre de sus caciques. Ello sucedió, por ejemplo, cuando aceptaron ser reducidas o formar Pueblos de Indios, frenar a los indígenas “libres” en sus avances contra las fronteras y no atacar las haciendas y estancias. Esta especie de pactos militares permitieron a los españoles identificar a los “indios amigos”, etiquetamiento que tuvo una larga duración. En numerosos pleitos judiciales, los pueblos indígenas presentaron ante las reales audiencias coloniales los documentos de estas mercedes para defender el derecho a sus tierras.

Los pueblos indígenas apelaron, además, a otra figura legal para garantizar sus derechos. En los pleitos judiciales, solicitaron la justa prescripción para que fueran reconocidos sus dominios sobre tierras que se decían vacantes. Para ello, debían demostrar ser “poseedores inmemoriales” y acreditar una ocupación vigente.

Esta lucha por la legitimidad de la posesión de la tierra implicaba luchar por un libre y autónomo acceso y disfrute de un territorio y sus recursos y por la libre movilidad, contra la imposición del trabajo obligatorio o la apropiación de su producción y posibles réditos. Avanzada la conquista, algunas leyes indianas promovieron la protección de estas posesiones, por ejemplo, al prohibir el arriendo o venta de tierras indígenas a los españoles, al ordenar que las tierras y granjerías de los indígenas reducidos “se les conserven” para que las cultiven y aprovechen o que no quedaran en manos de los encomenderos las tierras de estancias en las que habitaban los indígenas obligados a trabajar allí, una vez que éstos morían.

Las leyes indianas permitían otras formas de adjudicación y circulación legal de tierras, como las ventas, remates, permutas y herencias, en el marco de una extendida práctica y costumbre de ocupación, posesión y uso de las mismas. En este sentido, fueron claves los mecanismos de la composición y el pedimento. En el primer caso, se debía demostrar una ocupación suficiente, de diez o veinte años, para que fueran reconocidos los derechos de ocupación. En el segundo caso, cuando un español o criollo pretendían un terreno, lo denunciaban como “vacante” o “baldío” frente a las autoridades y esperaban su remate en subasta pública.

La composición y el pedimento fueron herramientas muy utilizadas por los españoles y criollos y muy perjudiciales para las aspiraciones indígenas. Estos trámites no solían ser sencillos ni baratos. No cualquiera podía costear, por ejemplo, las tareas de un agrimensor, o contar con el visto bueno de vecinos propietarios, para proceder con el pedido de tierras. Por otra parte, no siempre estaban realmente desocupados los terrenos que se denunciaban. Por esto mismo, existieron pleitos por desalojos. O se requirieron servicios o pagos de los viejos ocupantes, cuando no se producía el liso y llano asesinato de los mismos. De esta forma, grandes comerciantes, estancieros y hacendados, ocuparon codiciadas tierras de bosques, aguadas y pasturas.

Del gran Tucumán a Buenos Aires

Al sur de los nuevos dominios coloniales, el proyecto de ocupación, colonización y organización de los territorios, avanzó desde el Litoral, con las fundaciones de ciudades como Asunción, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires; desde el Oeste, bajando por el Océano Pacífico hacia Chile y luego avanzando a través de la cordillera montañosa hacia Cuyo; y desde el Norte, creando la gobernación de Tucumán. Por mucho tiempo, el gran Chaco Gualamba (vocablos indígenas que referían a una zona de caza y al gran río Bermejo)  y la Pampa y Patagonia, quedaron como territorios inaccesibles e indómitos para el español. En este vasto territorio, que hoy conocemos como la Argentina, existían entre 300 mil y 500 mil indígenas, que integraban distintas culturas y numerosos pueblos diferentes. Aquí, el sistema de encomienda tuvo un extendido uso. A fines de este siglo, existían más de 250 encomiendas que reunían a casi 13 mil indígenas. Pero su uso no se reguló sino hasta comienzos del siglo XVII. Por ello, el daño realizado sobre estas comunidades fue más profundo que en regiones centrales del dominio colonial.

Fuente: Martínez Sarasola, Carlos (1992). “Nuestros paisanos los indios”. Emecé Editores, Buenos Aires

En la amplia zona del Tucumán, que abarcaba las actuales provincias de Jujuy y Córdoba, la reproducción de la vida comunitaria llegó a hacerse muy difícil, aunque las experiencias de los pueblos fueron muy distintas. Los que habían tenido experiencias de integración y sometimiento anteriores, como los de Jujuy, que habían sido alcanzados por el dominio incaico, supieron adaptarse mejor al nuevo orden. Otros, que sostuvieron su rebeldía hasta las últimas consecuencias, fueron avasallados. En cualquier caso, con distintas experiencias, todos sufrieron la imposición del dominio colonial.

En los siglos XVI y XVII, se produjeron las rebeliones calchaquíes, así llamadas en relación al nombre del principal líder, Juan Calchaquí, cacique de uno de los numerosos pueblos de cultura diaguita que habitaban la extensa zona de los valles y montañas del noroeste, desde Salta hasta las sierras del Aconquija entre Catamarca y Tucumán. Tras más de un siglo de lucha, terminaron con la derrota indígena. Quienes no fueron muertos en las campañas militares, fueron cazados y distribuidos en encomiendas particulares, establecimientos religiosos y campamentos militares, en las distintas ciudades y zonas rurales de la gobernación del Tucumán e incluso en lugares tan remotos como Buenos Aires.

En algunos casos, estas poblaciones lograron regresar, mantener un doble asentamiento e incluso comprar parte de sus tierras comunales, poniendo en discusión el diseño territorial del poder colonial. En lo que es hoy la actual Tucumán, los indígenas de Colalao y Tolombón fueron reasentados en Choromoros, donde recibieron tierras en la ladera oriental del Aconquija, y luego compraron una estancia llamada El Pusana, contigua a las tierras ya disponibles, con un dinero adelantado que saldaron con trabajo mitayo realizado en la ciudad de Santiago del Estero.

Luego de la rebelión calchaquí, los amaichas, que habían sido trasladados a Leales, al sur de la ciudad de Tucumán, también recibieron tierras en su lugar de origen, otorgamiento que en 1716 quedaría legitimado por una Cédula Real. De esta forma, a diferencia de los pueblos entregados en encomiendas y sin tierras, aquellos quedaban como pueblos de encomienda con tierras propias, lo que no evitó que posteriormente -y ya en tiempos independientes- perdieran parte de ellas por la ocupación de encomenderos y hacendados hispano-criollos. Por sus huidas y regresos al valle Calchaquí, los españoles calificaban a esta región como un “asilo de malévolos”.

Con los pueblos quilmes sucedió algo distinto. Eran descritos por los españoles como “la nación más belicosa de todo el valle”. Su derrota y pacificación implicó una posterior división y traslado forzoso a Buenos Aires. Unas 760 familias, quilmes en su mayoría, pero también acalianes, fueron movilizadas casi 1500 kilómetros hasta el sur de la campaña bonaerense. En parte para evitar futuras rebeliones, pero también para ser usados como mano de obra, según la solicitud hecha por la Real Audiencia de Buenos Aires, como retorno por su contribución para la campaña militar en los valles. Los quilmes y acalianes fueron reducidos como pueblo tributario de la Corona, debiendo sobrevivir a una drástica disminución de la población por mala alimentación y pestes, y readaptarse social y culturalmente. Sometidos política y culturalmente, cultivaron en chacras y sementeras comunes, se dedicaron al comercio y a las vaquerías y estaban obligados a realizar mitas para obras públicas en Buenos Aires, conventos y vecinos particulares, por las que supuestamente cobraban jornal. En ese lugar se emplaza hoy la ciudad de Quilmes. Las autoridades bonaerenses supieron quejarse porque muchos indígenas escapaban y regresaban a los valles.

El alzamiento calchaquí alcanzó a las tierras cuyanas, donde los españoles habían fundado Mendoza y San Juan de la Frontera. Allí se temió que los huarpes de la región y los pehuenches y otros indígenas del sur, conectaran la resistencia mapuche y la rebelión diaguita. Aunque ello no sucedió, en esta tierra, sin embargo, las comunidades originarias tuvieron prácticas de resistencia y supieron apelar al poder legal. En la Audiencia Real de Santiago de Chile, desde cuya gobernación los españoles emprendieron la conquista de la vasta región de Cuyo, existieron prolongados pleitos judiciales en los cuales los indígenas, representados y apoyados por curas y otras autoridades locales, protestaron contra los hacendados españoles y los Cabildos que ocupaban sus tierras. En no pocas ocasiones, los oidores, una especie de jueces coloniales, e incluso intendentes y corregidores, representantes locales de la corona, fallaron a favor de los indígenas, reconociendo sus derechos.

Casos ejemplares, en este sentido, tuvieron lugar en las zonas del Valle Fértil y Mogna, al norte, y en las lagunas de Guanacache y Corocorto, al sur. En 1743, en Valle Fértil (hoy noroeste de San Juan), el hacendado Domingo Molina inició un juicio contra los indios para desplazarlos de las tierras y aguadas que ocupaban. También la Compañía de Jesús las pretendió, alegando que las mismas le habían sido donadas por un particular. En los años siguientes, el conflicto lo protagonizó otro propietario español, Joseph Villacorta. Los caciques Vicente Puscama y Gaspar Managua impugnaron judicialmente el acto, logrando retener sus tierras. Lograron primero que el gobierno español en Chile ordenara fundar Pueblos de Indios en Jáchal y en Valle Fértil. A cambio, fueron incluidos en las milicias locales y debieron costear la construcción y funcionamiento de parroquias. El cura local y el Protector de Naturales argumentaron que los indígenas tenían derechos porque anteriormente habían formado parte de reducciones allí instaladas. El pleito se extendió en el tiempo, porque las tierras reconocidas a los indígenas estaban rodeadas de cerros y tenían escaso acceso al agua. Luego de crearse el Virreinato del Río de la Plata en 1776, cuando San Juan y Mendoza dejaron de depender del gobierno en Chile y pasaron a depender de la intendencia de Córdoba, la autoridad colonial defendió el derecho de los indios contra las pretensiones de los hombres del Cabildo de San Juan, que los acusaban por ser pocos y “malévolos”. Este derecho, sin embargo, fue garantizado a través de la creación de una Villa de Españoles, que habitaban mayoritariamente los indígenas. A pesar de este daño identitario, a comienzos del siglo XIX, el primer censo de las Provincias Unidas reconocía su presencia.

De haciendas y tierras de pan llevar

En los años finales del siglo XVIII, tiempo que conocemos como la época tardocolonial, se desarrolló un complejo y cambiante mundo, con fronteras inestables y territorios indómitos.

Existían entonces importantes producciones regionales en Cuyo, Córdoba, el Noroeste, la Banda Oriental y las Misiones, desde la ganadera, los cultivos de uva, maíz, trigo, avena, cebada, algodón y la recolección comunitaria, como la de miel y cera silvestres en las llamadas “meleadas” de la zona de Matará, Santiago del Estero, hasta la caza y la manufactura textil, todo ello acompasado por un comercio de larga distancia sostenido por legiones de mulas y carretas, lo que implicaba una importante actividad ganadera y de producción de medios de transporte. La minería del Potosí impulsaba en buena medida esta producción.

En el Litoral, se hicieron centrales las vaquerías (derechos para matar vacas), el comercio del cuero, el sebo (la grasa) y la carne salada y seca (charque). Con la ocupación española habían llegado las vacas y los caballos, ganado que, en campo libre, cuando no existía el alambrado, se extendió y reprodujo salvajemente. Se lo llamó cimarrón (salvaje), montaraz (de campo) y mostrenco (sin dueño). Ello fue clave con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, cuando esta región pasó a ser un territorio central para España, en clave comercial y geopolítica.

En este gran espacio, desde Corrientes hasta Buenos Aires, existieron las estancias, haciendas, chacras, quintas, ejidos, tierras indivisas, latifundios, como espacios de trabajo y de vida. Las mismas no fueron indemnes al tiempo. Sufrieron importantes transformaciones, sobre todo en la medida en que la sociedad fue creciendo y haciéndose cada vez más compleja, con el tráfico de esclavos, la llegada de españoles pobres y el extendido (y forzoso) mestizaje. Como toda sociedad colonial, era un mundo legal y jerárquicamente ordenado, donde la posición social se definía más por el color de la piel, el origen de la persona y su capacidad de controlar gente, que por su ocupación o función económica.

Es necesario desenredar un poco esta madeja de conceptos para avanzar en este ensayo. Quienes han estudiado en profundidad este período de nuestra historia en las últimas décadas, están de acuerdo en que ser propietario era clave, pero también en que los propietarios de tierra o ganado, como grupo social, tardaron en convertirse en dominantes y que, justamente por ello, no se puede hablar de la existencia de una clase terrateniente hasta mediados del siglo XIX.

Se ha señalado, asimismo, que no es fácil distinguir a criadores, hacendados y estancieros. En general, el criador, encargado de criar el ganado, se distinguía por su marca, antes que por ser propietario de las tierras donde pastaban sus animales. Podía ser llamado hacendado, en el sentido de tener hacienda, ganado, pero los “verdaderos hacendados”, los más poderosos, intentaron diferenciarse de los más modestos y ratificar su superioridad social y política.

Hacendado, por su parte, no sólo era una persona que podía tener ganado, sino que podía distinguirse por tener en sus haciendas producción agrícola que se destinaba a mercados distantes y porque contaba con trabajo asalariado, servil, esclavo o bajo algún tipo de acuerdo de trabajo. En este sentido y fundamentalmente por el hecho de ser una persona con control sobre cierta cantidad de gente, se le reconocía prestigio social y poder. Un hacendado podía no tener tierras en propiedad, pero, si las tenía y, sobre todo, en gran cantidad, podía ocupar el lugar de los “verdaderos hacendados” o “hacendados principales”.

La hacienda, por otra parte, se puede confundir con la estancia, pero existieron distintos tipos de estancias en aquella época todavía colonial. Las había pequeñas, medianas y grandes, con distintos tipos de producción y formas de ocupación. En general, se dedicaban a la producción del ganado, pero podían también hacer producir cultivos. Un estanciero era una persona que ocupaba un territorio y lo tenía poblado, pero no era necesariamente propietario de las tierras. Por supuesto, si se era estanciero y además gran propietario, se consideraba legítimo y de gran poder.

En cualquier caso, una gran hacienda o una gran estancia eran espacios de enorme dimensión, que hoy llamamos latifundios y relacionamos con una gran superficie, baja inversión de capital y escasa población. Pero en esta época, hablamos de tierras que eran ocupadas y trabajadas por numerosas personas, para su subsistencia y en beneficio de los patrones. Es más, ni la gran hacienda ni la gran estancia eran las únicas formas de latifundio o gran propiedad conocidas. Estaban también las llamadas “tierras indivisas”, espacios con una cultura de uso compartido de suelos y recursos (agua, aguadas, montes, bosques y pasturas). Entre ellos, los Pueblos de Indios a los que ya nos referimos, o los campos comuneros, que eran tierras entregadas en merced a algún fundador o soldado y que no se subdividía al momento de la herencia, para resguardar el apellido y la subsistencia familiar. Como latifundios o estancias, también se identificaron las misiones religiosas de jesuitas, franciscanos y salesianos.

Entre los consensos mencionados, existe otro, que nos interesa especialmente: se reconoce que existió desde tiempos coloniales una producción agrícola y ganadera relevante, con pequeños y medianos productores, llamados paisanos, labradores o pastores. Eran familias campesinas de origen criollo o español, esclavos, indígenas organizados o sueltos, escapados de las encomiendas o llegados de las “tierras libres”, y mestizos. Habitaban las grandes extensiones de tierra mencionadas, los alrededores de pueblos o ciudades (ejidos) o las llamadas tierras realengas (luego públicas o fiscales), donde hicieron funcionar quintas y chacras, con su propio trabajo y quizás con la ayuda de algún “agregado”, y donde pudieron desarrollar manufacturas, como las tejedurías, para su propio consumo y/o para comercializar en los mercados locales o distantes.

Generalmente, estas familias no eran propietarias de las tierras, aún cuando pasaran generaciones y generaciones. La costumbre era la ley. Si se encontraban dentro de una hacienda o estancia, pagaban un derecho de ocupación con tiempo de trabajo o con producción, lo que en tiempos antiguos se ha llamado “colonato”. También podían ser arrendatarios y acordar un pago fijo o porcentaje de cosecha. O podían ser aparceros y compartir las herramientas y el riesgo con el propietario. Si no había acuerdos, el conflicto por el uso de recursos, más allá de la posibilidad de apelar a los ámbitos judiciales, quedaba más que nunca atado al derecho del más fuerte.

Como recién comentamos, estas clases populares también habitaron los llamados ejidos comunales, cuando no podían acceder a las tierras urbanas o tenían interés en trabajar la tierra. Es importante retener esta figura porque podemos relacionarlo con lo que hoy llamamos territorios periurbanos. Proveniente de España, los ejidos fueron tierras realengas y luego municipales que se encontraban a la salida de los poblados, que no se ponían en venta ni usaban para la producción. En el continente americano, existieron en las principales ciudades, en los Pueblos de Indios y en las Villas de Españoles. Pero a diferencia de España, aquí fueron considerados terrenos de uso común para la pastura (dehesas) y para instalar quintas y chacras. Y se las llamó tierras “de pan llevar”. En tiempos posteriores, estos ejidos fueron privatizados y, eventualmente, dejaron de ser espacios de producción rural.

Como señalamos, en esta época tardocolonial, esta realidad estaba sujeta a los cambios que ponían a Buenos Aires como nuevo centro geopolítico, en detrimento del Perú, y también a transformaciones de gran impacto como las que tenían lugar en Europa, especialmente en Francia, donde la revolución antifeudal de 1789 ponía fin a aquella distinción, tan propia del régimen señorial, entre tener el dominio directo de la tierra, lo que hoy llamamos ser dueño, y tener su dominio útil, ser usufructuario.

En orden con estos cambios y con el capitalismo en plena expansión, la monarquía española, preocupada por la falta de recursos fiscales, intentó adaptarse. Antes de que Francia invadiera España en 1808 y de que estallara la revolución en los territorios americanos, la Corona emprendió un proceso de privatización de tierras, llamado “desamortización”, que implicaba recuperar y vender los campos considerados de “manos muertas”. Ello significaba imponer en las colonias un concepto de propiedad para garantizar el dominio absoluto e incondicional de las tierras.

Prósperos, malévolos y muy vagamundos

Bajo esta estructura de ocupación territorial y producción, sintiendo los efectos de los acelerados cambios de fines del siglo XVIII, se hizo evidente un problema de fondo, que se arrastraba desde hacía tiempo: la escasez de fuerza de trabajo. Ello se sintió especialmente en la región Litoral, sobre todo en la medida en que crecía la demanda europea de cueros y charque. Ni la llegada de personas esclavizadas desde África ni las migraciones regionales, sobre todo cuando se avecinaron los turbulentos tiempos de revolución y guerra, fueron suficientes para paliar esta carencia.

En Buenos Aires, en este período, la ocupación española apenas proyectaba su dominio no más de doscientos kilómetros al Oeste y unos cien kilómetros hacia el Sur. Lo hacía a través de líneas de frontera con fortines defendidos por las compañías de Blandengues y milicianos, alrededor de los cuales se creaban pequeñas poblaciones. Así nacieron, hacia el Noroeste, Arrecifes en 1736, Pergamino en 1745, Salto en 1752, Pilar y Rojas en 1771, y, hacia el Sur, San Miguel del Monte en 1770, Navarro, Chascomús y Lobos en 1799. Más allá de Buenos Aires, su campaña y su frontera, los límites con el mundo de las naciones libres indígenas se extendían a todas las provincias existentes.

En tiempos tardocoloniales, estas fronteras eran escenarios tanto de luchas como de acuerdos de paz con las comunidades tehuelches y ranqueles de la zona pampeana y con los pehuenches de las araucarias cuyanas (centro de la actual provincia de Mendoza). En ese entonces, se realizaron los primeros intentos de avanzar hacia el sur. Por un lado, se fundaron la Comandancia de Patagones (origen de Carmen de Patagones y Viedma) y la población de San Julián (1779), adonde llegaron un centenar de colonos gallegos y maragatos. Se recorrió también, de este a oeste, los ríos Colorado, Negro, Limay y Collón Curá.

Fronteras adentro, vivían “prósperos y honrosos vecinos” y familias labradoras y criadoras de ganado. Los primeros, así se hacían llamar, eran comerciantes e importantes hacendados y estancieros, que, poco a poco, iban volcándose al negocio de la tierra, concentrando la propiedad. Los segundos eran quienes, cada vez con menos recursos políticos y económicos, sufrían la subdivisión por herencia o directamente eran ocupantes sin títulos.

En el Litoral, los conflictos por el trabajo y la tierra entre estos grupos estaban a la orden del día. A fines del siglo XVIII, los llamados “honrosos vecinos” se quejaban por el robo de sus vacas, novillos, caballos, mulas y ovejas. Por su parte, dado que no existían alambrados, como ya hemos señalado, los labradores protestaban porque sus magros cultivos (sementeras) eran comidos o pisoteados por los animales ajenos, lo que requería de una vigilancia constante. Los animales sueltos podían entenderse como una avanzada de los grandes propietarios contra la autonomía de las clases populares.

De acuerdo a la denuncia de los grandes propietarios, los responsables de los robos eran los “marginales” y “malévolos”, que contaban con la complicidad de algún pulpero o comerciante que les compraban la hacienda robada. “Viciosos y mal entretenidos”, “criminales prófugos de las cárceles y perseguidos de la justicia”, “esclavos que se sustraen del poder y servicio de sus amos”, eran las formas que usaban los denunciantes para referirse a esta población que habitaba “ranchos o tugurios de paja”. En 1788, el Cabildo se refirió a “la multitud de haraganes, ociosos y vagos que hay en la campaña empleados en jugar, robar, y hacer muchos excesos”. “Muy vagamundos”, “bandidos”, “ociosos”, eran las etiquetas usadas. La de “vagos y mal entretenidos” fue la que se extendió en el tiempo y se incorporó en las leyes de levas para formar los ejércitos de los tiempos poscoloniales. El gaucho fue la principal expresión del habitante rural perseguido, sobre todo en el Litoral. Desde mediados del siglo XVII, así calificaba el Cabildo de Buenos Aires a los que consideraba los cuatreros y vagabundos que habitaban las campañas.²

Este fue el trasfondo en el que se crearon instrumentos legales de represión y movilización forzosa de población para formar una suerte de “mercado laboral” que sirviera a las estancias ganaderas. Estas nuevas formas fueron la contracara de las luchas por las tierras. El ejemplo más representativo de ello fue la “papeleta de conchabo”, un certificado de pertenencia a un trabajo que debía firmar un patrón, ser actualizado cada tres meses y visado por el juez de paz de una zona. Eran estos jueces, ellos mismos “honrosos vecinos”, parte de las elites propietarias que ocupaban los Cabildos y el poder militar en las campañas.

La falta de títulos de propiedad, no poseer bienes ni residencia fija, era el cargo que se hacía para obligarlos a trabajar para otros. Como hemos visto, esta era la condición de gran parte de la población labradora. Si un poblador no podía mostrar que tenía una “propiedad legítima” y no tenía la papeleta, era destinado al servicio de las armas por cinco años. La estancia o la leva militar. O la fuga y el mundo errante. O la rebeldía “por el común”.  Esta era la herencia colonial, la realidad del infortunio que en 1810 describió Belgrano.

Esta disputa por el trabajo ajeno, por romper la autonomía de las poblaciones, asumió distintas formas. En las Lagunas de Guanacache, desde el siglo XVI, luego de repartirse a los huarpes en encomiendas, se fundaron un par de Pueblos de Indios. Los llamados laguneros trajeron muchos problemas a las autoridades coloniales, ya que en su región se trazó una ruta comercial clave que unía Santiago de Chile, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, y no era sencillo controlarlos. Aquellos huarpes se dedicaban a la pesca, recolección de sal, manufacturas textiles, caza y recolección de huevos y vegetales, además de la cría y engorde de ganado, que usaban para su provecho e incluso llegaban a intercambiar. La gran disponibilidad de recursos en la zona, especialmente el agua, les daba una autonomía que era mal vista por las élites cuyanas, que protestaban por la falta de trabajadores en la época de verano. En la misma localidad, tan temprano como a comienzos del siglo XVII, se quejaban los indígenas porque el corregidor los obligaba a pescar para vender su producción en Córdoba y La Rioja, y les prohibía cultivar para sustentarse. Todavía en 1813, instalados en una villa en Corocorto, protestaban porque no se les daba títulos de propiedad “para que podamos trabajar”.

Revolución y propiedad

Bajo el fervor revolucionario

El inicio del proceso revolucionario en 1810, no alteró la orientación que iba tomando la economía virreinal hacia el Río de la Plata. Pero sí provocó, con la guerra independentista que sobrevino, un gran consumo de recursos humanos y materiales. Las clases populares y los pueblos indígenas se vieron envueltos en las guerras y ello les dio poder para participar en las disputas políticas y demandar derechos.

En esta realidad, Manuel Belgrano y Juan Pablo Vieytes, entre los más destacados pensadores revolucionarios, promovieron una modernización de las técnicas y políticas agrarias, con especial atención hacia la pequeña propiedad rural. Pero existían importantes dificultades, más allá de la falta de propiedad, para un desarrollo agrario basado en la pequeña producción: las grandes distancias y la falta de caminos e infraestructura adecuada para trasladar las producciones a los mercados.

Cuando Belgrano planteó el problema de las familias labradoras, de aquellos conciudadanos que bordeaban la subsistencia y de quienes, aún peor, vivían “en la desnudez y miseria”, consideró la necesidad de darles la propiedad de la tierra, como clave del éxito de una democracia agraria y la vía hacia la “felicidad”. Ello implicaba pensar políticas de desconcentración:

Esto es muy sabido, como lo es que no ha habido quien piense en la felicidad del género humano, que no haya traído a consideración la importancia de que todo hombre sea un propietario, para que se valga a sí mismo y a la sociedad, por eso se ha declamado tan altamente a fin de que las propiedades no recaigan en pocas manos, y para evitar que sea infinito el número de no propietarios…

Para Belgrano, había que obligar a los propietarios más importantes a vender al menos una mitad de los terrenos que no cultivaban. Como alternativa, proponía garantizar el acceso a la tierra a través de la enfiteusis. A diferencia del contrato de arriendo, aquella debía garantizar la cesión perpetua o a largo plazo del uso de la tierra. En palabras suyas, debía constituir “un casi dominio directo”, a cambio de una módica contraprestación. Así, los labradores podrían salir del “estado infeliz” en que se encontraban, “con ventajas indecibles para la causa pública.”

Es necesario detenernos un instante y subrayar la principal característica de la enfiteusis: se trataba de un tipo de contrato muy extendido y de larga existencia en la Europa feudal, que separaba el dominio absoluto sobre una tierra y el derecho a su usufructo por un determinado tiempo. En otras palabras, un mismo bien (la tierra) generaba derechos para dos personas diferentes: uno cobraba un canon por ser el titular del dominio directo; otro podía trabajar sobre ella a largo plazo y vivir allí por ser el titular del dominio útil. La falta continua de pago del canon permitía al titular del dominio directo recuperar la propiedad plena.

Al mismo tiempo en que Belgrano publicaba estas ideas, en junio de 1810, la primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio Saavedra y secundada por Mariano Moreno, despachó una comisión militar a las Salinas Grandes, unos 600 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, fuente de un recurso muy apreciado como la sal, descubierto no hacía mucho por las autoridades coloniales. En aquel período bisagra, las fronteras con los pueblos indígenas estaban muy próximas, conformando un mundo poroso, tensionado entre las negociaciones, el comercio de sal, ponchos, yeguas, riendas y otras manufacturas, las agresiones militares y los malones.

Las tareas de la comisión apuntadas por la Junta consistían en observar la frontera y la relación con los indígenas, el estado de los fortines, la población y la legitimidad de ocupación de los terrenos todavía realengos. En base a dichas observaciones, se debía proyectar la reunión de población, la expansión de las fronteras y la venta de tierras para fortalecer al fisco. El coronel Pedro Andrés García asumió la tarea y produjo un informe que entregó en noviembre de 1811, con un detalle diario de sus experiencias y una memoria con conclusiones, y que se publicó como Diario de un viaje a Salinas Grandes, en los campos del sud de Buenos Aires.

Durante su viaje, García observó un estado de conflictividad importante entre estancieros y labradores, entre vacas y cultivos, y sostenía que “un desorden ha confundido las propiedades”. El coronel dividía en dos a las familias labradoras: por un lado, a quienes llamaba “vagos” o “polillas” porque no pagaban nada y apenas cultivaban dos fanegas de trigo al año; por el otro, los que llamaba “honrosos campesinos”, que pagaban arriendo. En su paso por el curato de Morón calculó que de seiscientas familias, un tercio correspondía al primer grupo.

En función de ello, y para fomentar el arraigo de las familias a las que comparaba con las nómadas árabes y pampas, García proponía tres líneas de trabajo fundamentales: mensurar, dividir y repartir las tierras, formar pequeñas poblaciones y garantizar su seguridad mediante líneas de fortines. García sostenía que era necesario conocer las extensiones de tierra realenga existente, de las propiedades privadas, así como las formas de ocupación y el uso que se hacía de ellas, para proyectar qué tierras dedicar a la labranza y cuáles a la cría de ganados: “Éste será el documento solemne que asegure el patrimonio de nuestra común familia”, aseguraba.

Para los pueblos ya existentes y los nuevos, se diseñaba un modelo de ocupación que partía de un centro de población dividido en solares para que los labradores, artesanos y otras “familias industriosas” vivan en sus casas, con huerto, corral y habitación “desahogada” y un ejido para uso exclusivo de la agricultura, que sólo debía contar con el ganado necesario para el trabajo agrícola y el acarreo, que debería pastar en los campos individuales o comunes o ser alimentado mediante métodos artificiales.

Proponía, además, forzar por ley a los sectores populares a vivir en el pueblo. El gaucho, errante, identificado como problema por el Cabildo de Buenos Aires desde mediados del siglo XVII, debía ser incentivado a llevar otro modo de vida, mediante la propiedad, que sólo se entregaría a condición de formar casa, cercar y trabajar la chacra. Era la única manera -opinaba García- para que los labradores alcancen la independencia, hagan fortuna y sean “verdaderos ciudadanos”. “Su tierra, su hogar, su pueblo: he aquí los ídolos del labrador; en ellos verá la herencia de sus padres, la tumba de sus mayores y la cuna de sus hijos”, sentenciaba.

En complemento, García creía, quizás con demasiado optimismo, que “los propietarios no se opondrán al establecimiento de colonos”. Fundaba dicha creencia en que aquellos se verían beneficiados con la valorización de sus tierras. Este punto era clave, puesto que las poblaciones habrían de fundarse en tierras realengas, que serían donadas, o en las de algún propietario, debiendo el gobierno, en este último caso, “comprar a justa tasación los sitios que se destinen para la traza del pueblo”.

Como Belgrano, proponía una distribución de la tierra en propiedad. De no ser aquello posible, como aquel, también ofrecía alternativas, pero no bajo la forma de la enfiteusis, sino del arrendamiento. A los arrenderos, explicaba, había que asegurarles “el goce de cuanto mejoren y trabajen en su hacienda”. En caso de que su trabajo fuera muy bueno, deberían ser premiados y ayudados para que pudieran comprar la tierra a su dueño, quien, por su parte, no podría negarse ni “sacrificar al labrador.” Concluía: “Pues la ley, que hace sagrado su derecho de propiedad, sostiene a aquel contra las agresiones de la codicia”.

Pensando en la “famosa Dublin”, García extendía sus propuestas. Hablaba de la introducción de métodos y medios de producción modernos, de la atracción de colonos de todo el mundo, de facilitar la comercialización local, regional e incluso exterior, “con comodidad, y con una ganancia módica, pero pronta y segura”. Al igual que Belgrano, pensaba que era importante abaratar los precios del transporte e industrializar la producción, para “dejar la utilidad de la manufactura entre las familias industriosas”.

Finalmente, García se refería a “las tribus de los Pampas”. Admitía que los recurrentes acuerdos fronterizos tendían a ser violados por españoles y criollos y, en consecuencia, también por los indígenas. Entendía, por otro lado, que existían poblaciones hostiles y desconfiadas, a quienes llamaba “indios infieles”, y otras para las que preveía una futura integración en “una sola sociedad”. Sin disimular el interés del Estado por ocupar y enajenar las tierras existentes hasta el Río Negro y hasta la cordillera y sin dejar de reconocer la utilidad del escarmiento, opinaba que había que hacer esfuerzos para garantizar la integración, indicando que “errado fue, y muy dañoso a la humanidad, el deseo de conquistar los indios salvajes a la bayoneta”. García aclaraba que los principales caciques estaban dispuestos a formar poblaciones y convertirse.

Pese a importantes oposiciones, la élite revolucionaria exploró este camino que, aún con sus contradicciones, buscaba integrar y arraigar a las naciones indígenas, fomentar la llegada de labradores europeos y promover la “felicidad” del campesinado criollo y nativo. Lo que conectaba estas proyecciones era la desconcentración de la propiedad.

Bajo el fervor revolucionario, Mariano Moreno, integrante de la Primera Junta, había visualizado esta necesidad en el Plan de Operaciones y había llegado a proponer que el nuevo gobierno tomara las tierras de los propietarios que abandonaban la causa patriota. En 1811, Juan José Castelli, también integrante de la Junta, había ordenado a las intendencias designar y enviar a representantes indígenas, disposición comentada por la prensa como un “principio de humanidad”. La misma Junta, en septiembre de dicho año, había adelantado la supresión del tributo, como medida revolucionaria, a favor de “nuestros hermanos, que son ciertamente hijos primogénitos de la América…”. Pocos años antes, los temidos “pampas” habían sabido ofrecer su ayuda -que no fue aceptada- para expulsar la invasión de los “colorados”, como les llamaron a los ingleses que coparon Buenos Aires en 1806 y 1807.

Seguido de ello, el Primer y Segundo Triunvirato y la Asamblea General que reunió a representantes de las distintas provincias también se orientaron a estos fines. En septiembre de 1812, en medio de la desintegración de la experiencia del Primer Triunvirato, se mandó a hacer el primer plano topográfico de la provincia, por decisión del ministro de Gobierno y Hacienda, Bernardino Rivadavia. Se ordenaba “repartir gratuitamente a los hijos del país suertes de estancia proporcionadas [algo más de dos mil hectáreas] y chacras para la siembra de granos”, formar poblaciones y alcanzar “la felicidad de tantas familias patricias”, que resultaban “víctimas de la codicia de los poderosos”. Paralelamente, se firmó un novedoso decreto que ofrecía “terreno suficiente”, protección y mismos derechos que a los naturales, para todos los individuos y familias extranjeras que quisieran venir y cultivar los campos. Esta política, que quedó plasmada en la Constitución sancionada por la Asamblea de 1813, garantizaba el auxilio en los primeros gastos y quita de impuestos y derechos de importación para semillas, plantas y herramientas, mientras se anunciaba la creación de un Instituto de Enseñanza donde se aprenderían principios de agricultura.

Aquella Asamblea fue la que anunció un futuro fin de la esclavitud, al decretar la libertad de vientres (todo nuevo hijo o hija de esclavos nacería libre) y el final de su tráfico. Además eliminó el tributo y los servicios personales de indígenas, incluida la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Una disposición del 12 de marzo promovía tener “a los mencionados indios de todas las Provincias Unidas por hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos…”. Fue también la que dictó dos importantes leyes en materia de tierras. La primera, del 15 de marzo de 1813, que autorizaba al Poder Ejecutivo disponer de las fincas del Estado (entiéndase, convertir las antiguas posesiones realengas en tierras públicas). De esta manera, pudo entregarlas de distintas maneras y hacerse de recursos fiscales para financiar políticas y, sobre todo, la guerra independentista. La segunda, del 13 de agosto de 1813, que eliminaba los mayorazgos, permitiendo su subdivisión por herencia y venta.³

Los proyectos radicalizados

El fervor revolucionario se extendió a las distintas regiones del virreinato de maneras muy diferentes.

Las economías del Noroeste y Cuyo, por ejemplo, fueron las que más sufrieron, dado que se habían orientado durante siglos hacia el Pacífico, satisfaciendo con sus producciones la demanda de Chile y Perú, principalmente de ganado mular, artesanías de cuero, aguardientes, harinas, frutas secas, entre otras. No hacía mucho, se habían sentido en algunas de estas regiones los ecos de la rebelión de Túpac Amaru (1780-1783). En las provincias del Litoral, como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental (Uruguay), se conocieron los proyectos más radicalizados, que tenían como base social a distintos grupos subalternos y que pusieron a su autonomía y a la distribución de la tierra como eje de sus políticas.

En la Banda Oriental, por ejemplo, el proceso revolucionario siguió el camino de una reforma agraria radical. El principal referente fue José Artigas, quien dictó el 10 de septiembre de 1815 el “Reglamento Provisorio de Tierras”, que imponía importantes medidas distributivas. El Reglamento se preocupaba, como en Buenos Aires, por poblar la campaña con trabajadores de la tierra, pero se establecía que los “más privilegiados” iban a ser “los más infelices”, negros libres, zambos, indios y criollos pobres. “Todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia”, se proyectaba. Habría algunas preferencias: viudas pobres con hijos y hombres casados, por sobre los solteros, y americanos por sobre los extranjeros. Como planteaba Moreno, los perjudicados serían los llamados “malos españoles y peores americanos”, que habían emigrado y apoyaban la causa realista.

Artigas, de familia acaudalada, se puso al servicio de la revolución. Se enfrentó por ello con los principales comerciantes y propietarios de Montevideo, mientras debía hacer frente a la ofensiva portuguesa. Por la radicalidad de sus propuestas, además, se ganó la antipatía del gobierno en Buenos Aires. Pero encontró circunstanciales aliados en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y, por menos tiempo, en Córdoba, cuyos gobiernos adhirieron al reglamento y conformaron la Liga de los Pueblos Libres, con el objetivo de alcanzar la independencia y una organización confederal. También encontró apoyos en comunidades originarias como los charrúas, abipones y mocovíes (moqoit) en tensión con los gobiernos locales.

Entre estos aliados, se destacó el líder de las Misiones, el guaraní Andresito Guacurarí, que ejercía la autoridad en este territorio como comandante general de Misiones. En 1818, luego de batallar contra los portugueses, decretó desde Corrientes la libertad de todos los indígenas y creó una gran comercializadora estatal que denominó “Tienda del Ejército Guaraní”. Bajo su autoridad, los cabildos incorporaron los liderazgos indígenas, prácticas democráticas y el reparto de tierras de carácter artiguista. En junio de 1819, Andresito fue apresado por los portugueses. Un año más tarde, Artigas debió exiliarse en Paraguay. El proyecto confederal fue derrotado.

También en máxima tensión con el gobierno porteño, el general José de San Martín buscaba expandir la revolución hacia el Perú. En 1814, fue designado como gobernador de Cuyo y desde allí formó el ejército con el que cruzaría la Cordillera de los Andes. Para financiarlo, buscó promover la producción y dispuso una “contribución extraordinaria de guerra”, que recayó sobre los bienes declarados de las familias propietarias. En materia de ingresos y gastos, decidió no enviar el diezmo cuyano al obispado de Córdoba (Mendoza dependía de esta ciudad) y aumentó otros impuestos, como el del vino y aguardiente.

Entre otras políticas, San Martín ordenó recuperar propiedades de los españoles prófugos y muertos sin testar, ordenó obras públicas, como acequias y caminos, e impulsó planes de fomento agrícola en tierras públicas, como sucedió en las zonas de Barriales (unos 50 kilómetros al sudeste del centro de Mendoza) y en Pocito (San Juan), con distribución de solares, quintas y chacras. Las tierras incorporadas a la producción se destinaron principalmente a cultivos de alfalfa (vinculados a la actividad ganadera) y al trigo. Por otro lado, buscó reglamentar las condiciones de contratación de los peones rurales, disponiendo que los patrones certificaran por escrito el pago en tiempo y forma de sus jornales.

El caso de Barriales mencionado demuestra cómo la voluntad política podía alentar dinámicas de territorialización y relaciones comunitarias preexistentes. En la década de 1800, este espacio fue incorporado a las estrategias patrimoniales de sectores pudientes de Mendoza, en buena medida porque era cruzado por el camino de carretas hacia Buenos Aires. Compraron tierras a escaso valor, se realizaron mejoras hídricas y comenzaron trabajos agrícolas. Ello atrajo población, un aumento de las transacciones de tierra y su valorización. Durante la gestión de San Martín, se aceleró este desarrollo, debido a la necesidad de obtener soldados, metálico y cultivos para el Ejército de los Andes. Se iniciaron nuevas obras hídricas, como la construcción de la acequia matriz para subir agua del río Tunuyán, y se abrió un camino hacia la ciudad, despertando el interés por poblar la zona y producir sus tierras. Uno de los logros, en este sentido, fue el de cambiar tierras por esclavos, para engrosar las filas del ejército. Por entonces, las fincas y estancias mendocinas contaban con gran cantidad de mano de obra esclava. Por otra parte, se estabilizaron los precios y se entregaron tierras del Estado a ocupantes, articulando los mecanismos de la moderada composición y las mercedes. También se repartieron en calidad de premios por las participaciones en expediciones militares. A ello se sumaban las estrategias de los propietarios, de canjear el usufructo de sus dominios por trabajo, habilitando a trabajadores con sus familias, llamados “inquilinos”, a habitar y producir estas tierras de dueños ausentes a cambio, por ejemplo, de mantener las acequias. En algunas ocasiones, cedieron incluso el dominio directo. El mismo José de San Martín concedió en propiedad parte de sus tierras obtenidas por sus servicios a un colono, con quien compartió las utilidades del ganado y la pulpería. Este aumento de las transacciones, poblamiento y puesta en producción, tenían a la política pública como sostén.

En esta coyuntura apremiante, San Martín entró en entendimiento con los huarpes de Guanacache, que formaron parte de su ejército, y con pehuenches del sur, que facilitaron su misión. El arreglo consistió en legitimar el reclamo de sus tierras y dar continuidad al pacto militar/fronterizo de época colonial, al que ya nos referimos. Este reconocimiento, que fue revisado y renegociado en años posteriores, se daba en un contexto de retroceso de esos derechos, en tanto avanzaban las leyes de privatización de tierras.

Hacia el norte, escenario de las primeras batallas contra los realistas, se desarrolló tempranamente la “guerra gaucha” liderada por Martín Miguel de Güemes, quien convocó para combatir a campesinos, indígenas y gauchos, a quienes prometió satisfacer el anhelo de largo aliento existente en los pueblos de los valles calchaquíes: el derecho al uso de la tierra sin pagar tributos ni arriendos y el freno de los despojos.

Distinto fue lo acontecido en Santiago del Estero. En 1816, el Cabildo de esta provincia dispuso trasladar once Pueblos de Indios y dar la tierra que ocupaban en arriendo a cualquiera dispuesto a pagar el canon estipulado. En caso de no desalojar a quienes allí habitaban, se dispuso que “se saque lo que corresponda a los individuos asentados que viven en ellos y las disfrutan”. Dos años más tarde, se subastaron tierras para costear los gastos para la construcción del fuerte de Abipones. Una reubicación similar se propuso para las poblaciones de Sabagasta, Salavina, Pitambalá, Manogasta y Anchanga.

Resulta interesante comentar también lo sucedido en Paraguay, donde el proceso independentista se inició un año después que en Buenos Aires y se desarrolló de forma paralela. El gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia (1813-1840) dispuso que pasen al patrimonio estatal las tierras realengas, las de los jesuitas expulsados en 1767 y las de españoles y criollos opositores, decisión que se profundizó en años posteriores y sólo fue revertida luego de la derrota en la “Guerra de la Triple Alianza” (1864-1870), en la que murieron 300 mil paraguayos. El Estado se convirtió en el principal propietario del suelo y se crearon las “estancias de la Patria”, pequeñas parcelas que se entregaron de forma condicionada a familias de baja condición social, indígenas y criollos, para que fueran trabajadas. A cambio, pagaban un módico arrendamiento. No se les daba títulos de propiedad, pero el acceso a la tierra estaba garantizado. Estos establecimientos estuvieron libres de impuestos, proveían de carne al ejército paraguayo y a la población de Asunción, abastecían a las escuelas rurales y producían semillas y herramientas de labranza.

Tiempos de crisis

En la segunda mitad de esta década revolucionaria, el poder central pretendió movilizar población hacia zonas de frontera y crear poblaciones mediante leyes de donación, por las cuales, como con la mercedes, se concedían terrenos bajo la obligación de poblarlos y trabajarlos. Esta fue la primera gran cesión de tierras del nuevo Estado.

Las entregas se hicieron por decisión del Congreso de Tucumán, que había reemplazado a la Asamblea General. La primera ley, en este sentido, fue sancionada en mayo de 1817. La segunda, que se hizo extensiva a tierras provinciales, dos años más tarde, en mayo de 1819. En ambos casos, las reglas o condiciones de poblamiento no fueron más que una intención y una carta abierta para la especulación. Por este medio, importantes proveedores e ingenieros que trabajaron para el Ejército y el Estado aprovecharon la coyuntura crítica para cobrar sus trabajos con tierras, un gran negocio que fue el origen de importantes terratenientes de los tiempos posteriores.

Distinto fue el caso de la vieja moderada composición, que se mantuvo vigente como en tiempos coloniales, aunque brindando más posibilidades de acceso a pequeños y medianos productores y a milicianos, como observamos que sucedió en Mendoza. Y sin embargo, los intentos de dotar a las familias labradoras de propiedades debieron transitar caminos llenos de obstáculos. Entre otros, por las crisis propias de los tiempos de guerra, con sus saqueos, pillajes, captura de botines y, por sobre todas las cosas, por las levas que buscaban nutrir los ejércitos. Pero también, por el crecimiento de las estancias y la economía ganadera, que demandaban un importante caudal de fuerza de trabajo.

Las levas eran una herramienta de gobierno conocida y tuvieron un gran impacto en la década revolucionaria. Apenas instalada la Primera Junta, volvieron a aplicarse. Sólo de Buenos Aires, cuya población rondaba las 40 mil personas, habrían sido convocados unos tres mil hombres. Ello demandó un esfuerzo del Cabildo porteño para reclutar peones en las provincias, a quienes se prometió que podrían volver libremente a sus casas luego de realizados los trabajos. Las autoridades arremetieron contra los que identificaban como “vagos” y “malentretenidos”, sobre todo en el mundo rural. Ello fue ordenado, por ejemplo, por el intendente de Buenos Aires, Manuel Luis de Oliden, en 1815. En caso de deserciones, el reclutamiento se extendería, como reprimenda, a los familiares directos y a los vecinos cercanos de quienes escapaban.

En ocasiones, esta política de levas fue coherente con la intención de crear un mercado de trabajo rural, obligando a las familias labradoras a entregar fuerza de trabajo a las grandes estancias, para evitar ser llevados a los frentes de guerra. Más adelante, veremos actuar a las policías provinciales como si fueran agencias de colocaciones o conchabos, contrariando los principios revolucionarios de la igualdad civil y la libertad. Sin embargo, en otras oportunidades, las levas disgustaron a los propietarios, que veían caer la oferta de brazos y aumentar, en consecuencia, el costo de la mano de obra.

Libreta de conchabo expedida por el Departamento de Policía. Buenos Aires, década de 1850. Sala VII. Archivo General de la Nación, Fondo Lamas. Legajo 2671.

El optimismo de la enfiteusis

Las tierras y las fronteras interiores

La década revolucionaria dejó un esbozo de país con muchos desafíos y proyectos y distintos conflictos internos. El único acuerdo, la ruptura del vínculo colonial, resonaba por su carácter destructivo antes que constructivo.

Luego de la experiencia de la Asamblea Constituyente, el gobierno directorial (1814-1820) empujó una primera constitución para el país, que fue sancionada en 1819. Fue unitaria y centralista. Tras la caída del Directorio en 1820, un nuevo esqueleto de país volvió a armarse en 1826, con el gobierno de Buenos Aires a la cabeza. Se lanzó la República de las Provincias Unidas, cuyo primer presidente fue Bernardino Rivadavia, y se sancionó una segunda Constitución, que recogía los preceptos de la primera. En esos primeros años de la década de 1820, el proyecto artiguista era definitivamente derrotado y San Martín llevaba las banderas de la independencia hacia el Perú. Se agudizaron las guerras civiles entre federales y unitarios y se abrió el frente bélico con Brasil (1825-1828). Hacia el final de la década, forzados tratados y pactos abrieron el camino de creación de la Confederación Argentina, bajo el dominio del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.

El mapa de aquel país era acotado, muy distinto al que hoy conocemos. Las fronteras externas y las internas estaban en movimiento. Buenos Aires, puerto y terminal política del proyecto unitario y del nuevo vínculo neocolonial con Gran Bretaña, marcó el pulso del nuevo tiempo, con su economía pastoril y de exportación. Y en tanto no se alcanzaba un orden que unificara las voluntades e intereses de las elites provinciales, los gobiernos locales, cada uno por su cuenta, buscaron ganar autonomía y reconstruir sus economías.

Mapa de 1810. Extraído de Rómulo Menendez (1982). “Las Conquistas Territoriales Argentinas”. Editorial: Circulo Militar.

En materia de tierras, el espíritu liberal ganó terreno entre las élites, en pos de imponer los principios de la economía capitalista. Pero no faltaron resistencias, como las de las naciones indígenas libres en las zonas de frontera. Al iniciarse la década, Pedro García insistió con su tesis integracionista. Este coronel, que no pretendía ahorrar energías agresivas contra los indígenas que no se sometieran a la paz, advertía sobre lo perjudicial de sostener una “guerra permanente con dichos naturales” contra quienes “no puede haber un derecho que nos permita despojarles con una fuerza armada sino en el caso de invadirnos”. Sin embargo, en este período,  el ímpetu indigenista de los primeros patriotas fue devorado en la pelea por la tierra y en Buenos Aires se impuso una línea militarista, sostenida por el gobernador Martín Rodríguez (1820-1824).

En los primeros años de la década de 1820, en el Sur y Oeste de Buenos Aires, en poblaciones de frontera como Lobos, Chascomús, Dolores, Luján, Pergamino, Tandil, Sierra de la Ventana y Melincué, tuvieron lugar una serie de enfrentamientos que involucraron a distintas parcialidades indígenas (tehuelches, ranqueles y araucanos) y al gobierno bonaerense, reproduciendo una lógica de agresiones y pactos existente en los últimos tiempos coloniales. Allí se ponía en juego la frontera sur, marcada por el río Salado, que era sobrepasada por la avanzada de estancieros que ocupaban las tierras. En las masacres, robos de animales, bienes y personas, que se produjeron, terciaron las intrigas de viejos líderes realistas. Con Rodríguez a la cabeza, el gobierno bonaerense impulsó tres fuertes campañas militares, que se repitieron en 1826 y 1827, culminando el proceso con el corrimiento de la frontera y las fundaciones del Fuerte Federación y de la Fortaleza Protectora Argentina (que hoy conocemos como Junín y Bahía Blanca, respectivamente).

En las políticas hacia los indígenas, actuaban tanto Juan Manuel de Rosas, importante estanciero y comandante de milicias, que presidió en 1825 la “Comisión Pacificadora de Indios”, como el coronel Federico Rauch, militar prusiano que había sido contratado en 1819 por el Directorio Supremo, que combatió en las filas unitarias y que era conocido por sus métodos brutales contra los indígenas. En 1829, Rosas alcanzó la gobernación bonaerense, mientras que Rauch, quien expresaba la opción del exterminio, fue degollado en medio de un combate con tropas federales, a manos del cacique ranquel Arbolito. En estas campañas al sur, numerosa población afrodescendiente, que compraba su libertad participando de las fuerzas porteñas, falleció producto del hambre y del frío.

La otra gran frontera interna con el mundo indígena se encontraba alrededor del gran espacio chaqueño. La compartían Santa Fe al Sur, Corrientes al Este, y Salta, Tucumán, Santiago del Estero, al Oeste. Desde mucho tiempo antes, las elites hispano-criollas anhelaban atravesar y explotar sus llanuras, campos y montes, sus bosques y maderas, ríos y peces, y aún más los brazos de las todavía culturas indígenas libres. Desde Salta, en su avance hacia el oriente, a lo largo de los ríos Bermejo y Pilcomayo, iban logrando atraer y subordinar a poblaciones wichí y nivaclé.  Desde Santiago del Estero, Juan Felipe Ibarra, que encabezó la rebelión autonomista local, lanzó expediciones militares para fortalecer y poblar la frontera contra los pueblos guaykurúes.

En esta última provincia, en la frontera saladina, para asegurar la producción en las estancias y protegerla de incursiones indígenas, Ibarra mandó a instalar a “reos”, “vagos” y a enemigos políticos, con sus familias. Eran lugares de destierro, como El Bracho, por ejemplo, una especie de cárcel abierta en el medio del monte, o los fuertes de Abipones y Matará. Como sucedía en mayor o en menor medida en otras provincias del Noroeste y de Cuyo, las comunidades indígenas iban perdiendo terreno, por mestizaje, migraciones y desarticulaciones. En San Juan, se desconocían los Pueblos de Indios, que anteriormente habían pasado a disolverse en Villas de Españoles y ahora se perdían en estancias bajo relaciones serviles.

Nuevo esbozo de la colonización europea

Desde la perspectiva de estos nuevos gobiernos, a la presencia indígena, se sumaba otro problema: la gran extensión del territorio y la escasa población trabajadora. Frente a ello, se presentaba el desafío de promover la inmigración europea. Pero así como sucedía con la guerra de fronteras internas, la atracción de población blanca labradora demandaba importantes gastos, que sólo podrían ser compensados a largo plazo, si el proyecto prosperaba, a partir de un mayor dinamismo de la economía y la consecuente generación de nuevos recursos fiscales.

La llegada de europeos al “nuevo mundo” a fines del siglo XV había significado una verdadera conquista de tierra y un sometimiento y eliminación de población. El primer conquistador fue Cristóbal Colón. Por su apellido, el  sentido común puede indicar que llamamos “colonización” a la iniciativa posterior de todo poblador europeo de cruzar el océano Atlántico e instalarse en estas latitudes para producir la tierra. Sin embargo, el término colono se remonta al mundo antiguo y se relaciona con el término del latín que se refiere a la práctica del cultivo.

En el período independiente, el primer esbozo del proyecto colonizador se delineó con la Asamblea de 1813, como ya comentamos. El segundo sobrevino una década más tarde. El 22 de agosto de 1821, Buenos Aires sancionó una ley para habilitar el transporte de familias europeas a la provincia. Tres años más tarde, se creó la Comisión de Inmigración, compuesta por doce argentinos, cinco ingleses y dos alemanes que, un año más tarde, con espíritu rivadaviano, dictó el Reglamento de Emigración.

En esta iniciativa, Buenos Aires competía con los Estados Unidos, sobre todo a la hora de atraer familias del norte europeo, como explicaba tempranamente el ministro Rivadavia a los miembros de la Casa Hüllet & Cía. de Londres. Quien durante la década anterior había sido encomendado por el gobierno revolucionario para entablar gestiones diplomáticas en la capital británica, ahora, como ministro de gobierno bonaerense, buscaba obtener réditos políticos de aquellos tiempos.

El Reglamento facultaba el nombramiento de agentes en Europa para ejecutar contratos con extranjeros. Se procuraba atraer artesanos y agricultores, garantizándoles acceso a la tierra, alojamiento y trabajo. El tamaño de las parcelas que se iban a entregar dependía de la capacidad de producción de cada labrador, pero como mínimo se estipulaban unas veinte hectáreas. Se acordaba darles préstamos de trescientos pesos, a devolver en plazos cómodos y con un interés anual del seis por ciento, y se garantizaba un régimen de preferencia para que la familia labradora pudiera comprar el terreno si el Estado decidía venderlo.

Bajo determinadas circunstancias, los empresarios también estaban habilitados para traer inmigrantes por su cuenta y acceder a los beneficios que brindaba la Comisión. Aunque los contratos debían ser libres y espontáneos, la Comisión tenía el deber de regularlos, estableciéndose su anulación por falta de salud, maltrato o trabajo excesivo.

En el marco de estas gestiones, John Thomas Barber Beaumont formó la Asociación Agrícola del Río de la Plata que, entre 1825 y 1826, embarcó a casi quinientos escoceses, ingleses y alemanes, rumbo a Buenos Aires. El primer grupo de inmigrantes debía instalarse en San Pedro, al norte de la  provincia. Pero solo algunos llegaron y pocos se mantuvieron. Un importante contingente se quedó en Buenos Aires, buscando otras oportunidades.

En tanto, unas doscientas familias fueron dirigidas a la Calera de Barquín, Entre Ríos, impulsados por el mismo Beaumont. El acuerdo firmado entre el gobierno central y el de Gran Bretaña era saludado por el gobierno provincial, que les ofreció a los aventureros exención de impuestos y del servicio militar por una década. Pero su asentamiento estuvo atravesado por los avatares de aquella coyuntura: conflictos políticos, la guerra con el Brasil, hurtos y pillajes. Algunos pocos cultivos de legumbres y cereales quedaron como huella de esta iniciativa.

Simultáneamente, aquella misma compañía trajo a unos doscientos alemanes a las zonas rurales de Buenos Aires. Se promovió la instalación de chacras (chácaras, se decía) en la Chacarita de los Colegiales, antiguo territorio jesuita, donde existían algunos arrendatarios que pagaban como canon cinco fanegas⁴ de trigo al año. En septiembre de 1826, se dispuso por decreto la creación del pueblo llamado Chorroarín, que se dividiría en solares y quintas para cultivos. Las tierras no se vendían, sino que se entregaban bajo contrato de enfiteusis, pero sin cobrar el canon durante los primeros dos años. El proyecto no prosperó como se esperaba, al parecer por falta de herramientas y ambientación cultural.

Poco después, llegaron inmigrantes vascos e irlandeses. Estos últimos se radicaron en las chacras del sur, en Ensenada. En tanto, unos 220 escoceses se instalaron en la estancia Monte Grande. Esta iniciativa, que creció enseguida con nuevos contingentes, fue promovida por los hermanos Guillermo y John Parish Robertson, involucrados en el contrato del empréstito Baring, que enseguida mencionaremos. La colonia adoptó el nombre Santa Catalina, pero finalmente se disgregó, producto, en parte, de los malos manejos financieros de los Robertson. A partir de 1829 quedaron anulados los contratos inmigratorios.

No muchos años más tarde, Domingo Sarmiento recordó estos proyectos como parte de la “feliz experiencia” rivadaviana. Según el comerciante británico William Mac Cann, la experiencia de Monte Grande ofreció las mayores promesas, pero fracasó porque no fue favorable la coyuntura política, en referencia a las guerras entre unitarios y federales. Los inmigrantes se dispersaron en la ciudad y unos pocos volvieron para trabajar en grandes chacras, ya sin contratos colonizadores. Por la misma época y en respuesta a Mac Cann, desde Montevideo, el unitario Florencio Varela se refirió a las empresas de Beaumont y de Robertson. Opinó que la primera dio sólo pérdidas y descrédito, porque los emigrados fueron enviados sin responsables y abandonados durante meses, mientras que la segunda fue más calculada, ya que trajo a agricultores escoceses experimentados, que viajaron con sus familias, criados, peones e instrumentos y los terrenos habían sido comprados de antemano, lo que dio sus frutos hasta que “la guerra civil la dio por tierra”.

En paralelo, en el sur bonaerense, en una vieja estancia sureña que pertenecía, desde los tiempos coloniales, a Juan de Zamora, se asentaron unas treinta familias criollas para realizar trabajos agrícolas. La iniciativa fue impulsada por Tomás Grigera, quien luego publicó el Manual de Agricultura. En marzo de 1821, solicitaron al gobernador bonaerense el amojonamiento, deslinde y cesión de propiedades, para que “pueda cada uno con perfecto conocimiento de lo que es suyo, limpiarlo, labrarlo, sembrarlo, plantarlo de montes y utilizarlo finalmente en provecho propio, de la Sociedad y del Estado”. La petición fue aceptada. Se formaron treinta chacras, de unas 26 hectáreas cada una. Los terrenos eran “montuosos y rebeldes”, pero la localización era buena para abastecer a la ciudad. Estaba situada en el camino hacia San Vicente y, más lejos, hacia San Miguel del Monte.

Tierra, deuda, ¿y felicidad?

Estas políticas demandaban no sólo recursos fiscales, sino un nuevo orden legal y territorial. Como comentamos, ante las disoluciones de los experimentos centralizadores, cada provincia promovió sus propias constituciones y leyes, algunas de las cuales se referían específicamente al acceso a la tierra. Si a fines de la década revolucionaria se habían impulsado las donaciones de tierras, ahora se promovía el régimen de la enfiteusis. Como vimos, a esta figura se había referido Belgrano, en busca de la “felicidad” de los labradores. Sin embargo, su uso desde los años veinte, que significó una segunda gran oleada de privatización de la tierra pública, tuvo otra explicación.

En Buenos Aires, en sus primeros meses de gobierno, Rodríguez apeló a las leyes de donaciones para enajenar tierras. Sin embargo, en parte porque se detectaron abusos y desalojos, muy pronto se ordenó la prohibición de vender la tierra pública. Ello se hizo mediante dos decretos, del 22 de agosto de 1821 y 17 de abril de 1822, y sucesivas disposiciones, como la del 21 de julio de 1822, que buscaban corregir “siniestras interpretaciones” a que habían dado lugar. Más adelante, en septiembre de 1824, dos decretos provinciales avanzaron con un régimen que iba asumiendo la forma de la enfiteusis, declarando obligatoria su extensión para todos los ocupantes de campos públicos. Aquel año, se creó el Departamento Topográfico, que promovió el cambio en las formas de medir los terrenos, considerando la superficie en lugar del frente a lo largo del río.

Esta iniciativa en materia de tierras, tenía una sólida explicación. Aquel 1824, el gobernador había encargado al ministro Rivadavia negociar un empréstito en Londres, en parte para financiar la instalación de nuevos pueblos de frontera. El acuerdo se concretó ese mismo año, con el crédito internacional tomado con el banco Baring Brothers, que hoy conocemos como el origen del sistema de endeudamiento con el extranjero. Este crédito tuvo a la tierra pública como garantía de pago de los intereses y devolución de los créditos. La tierra fue hipotecada. Por eso no se podía vender y su distribución debió hacerse mediante el sistema de la enfiteusis.

Dos años más tarde, en 1826, cuando se intentó relanzar un proyecto unificado de país, Rivadavia, ahora presidente, logró dar carácter nacional a esta política. El nuevo Congreso de las Provincias Unidas sancionó en febrero una ley que confirmó la prohibición de enajenar las tierras públicas. Esta disposición y otras posteriores generaron no pocos debates, dado que declaraban a numerosas tierras de las provincias como pertenecientes a la nación. El 18 de mayo de 1826, el proyecto rivadaviano se completó, al sancionar el Congreso la ley nacional de enfiteusis.

Con ella, el Estado demostraba su voluntad de no vender las tierras hipotecadas. Pero también su pretensión de poblarlas y generar arraigo. Ello era así ya que promovía un derecho de uso de veinte años de las tierras que ingresaban a este régimen y una preferencia del beneficiario para la renovación o compra. El contrato de la enfiteusis buscaba así aproximarse lo más posible a la propiedad y alejarse de la transitoriedad y precariedad del arrendamiento. Desde el punto de vista de la renta a percibir, el Estado la asimiló a la contribución directa sobre los inmuebles, agregando que la revaluación de las tierras se haría una vez cada diez años, por decisión de un jurado compuesto por cinco vecinos propietarios. En aquella oportunidad, el diputado Juan José Paso planteaba que “será infinitamente útil que se estreche la campaña de pastoreo, que se siembre, que haya bellas ciudades, todo género de población”, pregonando el asentamiento de quienes buscaban tierras para la labranza y para exportar frutos. El legislador proyectaba un aumento poblacional, el desarrollo la industria y “la riqueza de la campaña”.

Entre 1826 y 1829, prácticamente no se entregó tierra si no bajo la enfiteusis, con enorme entusiasmo, tanto que Nicolás Avellaneda, cuarenta años después, aseguró que llegaba a decirse que en Buenos Aires todos se hacían estancieros y enfiteutas.

Buenos Aires, los ejidos y las derivas de la enfiteusis

Buenos Aires profundizaba su conexión con el mercado externo. La tierra atraía cada vez más a las viejas clases dominantes, grandes importadores, exportadores, financistas y rentistas y a personas advenedizas que aprovechaban sus conocimientos sobre las fronteras y otras ventajas. Todos buscaban un lugar entre los “hacendados principales” y, de conjunto, estaban formando la clase terrateniente bonaerense. Este impulso demandaba, por cierto, más y más tierras, seguridad en las fronteras y mano de obra, tanto para el trabajo en las haciendas y estancias como para las milicias y el ejército. Y, por supuesto, un mayor caudal de recursos fiscales.

En las cercanías de la ciudad, vivían numerosas familias agricultoras, criadores de ganado, quinteros y estancieros de distinta importancia. En estas tierras, como había observado Pedro García, era tan común la ocupación sin títulos como la tenencia legal. Hacia el Sur, hasta el río Salado, y hacia el Oeste, predominaban las estancias ganaderas de gran tamaño y los fortines, como espacios de población y centros de poder político. De ahí en más, se encontraba la porosa zona de frontera, teatro de intenso intercambio comercial y cultural entre la sociedad blanca y la indígena. Más allá de ella, las “naciones libres”.

Junto a la enfiteusis, esta década de 1820 vio crecer la preocupación por la formación de las tierras ejidales para la producción de alimentos para las ciudades. En 1823, se dio la orden de crear las trazas de ejidos alrededor de los pueblos de campaña, con 2,3 mil hectáreas de circunferencia primero y 10 mil hectáreas más tarde. Estas tierras se declararon como de “pan llevar”, prohibiendo el pastoreo en ellas. El primer paso se dio en San Nicolás.

Para los ejidos, así como para las tierras de campaña y las de frontera, se aplicó la enfiteusis. Y ello ocasionó numerosos conflictos. En buena medida porque, a diferencia de lo que presuponía la creación del nuevo régimen de acceso a la tierra, los beneficiarios no fueron, en general, las desdichadas familias labradoras. A éstas podía resultarles muy difícil acceder a este tipo de contratos, en cuyo otorgamiento intervenían las comisiones de solares de cada pueblo, los jueces de paz y los comandantes de frontera, verdaderos núcleos de poder.

Fuera de las tierras ejidales, en la campaña y sobre todo en las fronteras, el nuevo régimen habilitó un enorme acaparamiento en manos de importantes ganaderos, convertidos de pronto a enfiteutas. Este peligro había sido ya denunciado por algunos diputados del Congreso que sancionó la ley en 1826, que advirtieron que, con un modelo similar, la Roma antigua había sucumbido bajo el peso de las grandes propiedades. Es que la ley no había establecido límites máximos, creyendo sus promotores que la especulación se evitaba al imponer un canon proporcional al tamaño de la tierra. Pero no solo se evitaron los controles y se evadieron los pagos, sino que acceder a la enfiteusis era una forma de hacerse de tierra conservando flujo de capital, a la vez que se incorporaban las prácticas del subarriendo, trasladando los costos a modestos ocupantes.

Esto último resultó justamente problemático al comenzar la segunda mitad de la década, cuando el país entró en guerra con el Brasil y sufrió el bloqueo del puerto de Buenos Aires (1825-1828). El ingreso al conflicto bélico demandó un enorme gasto fiscal, que se cubrió en buena medida con emisión de dinero, con la consecuente alza de precios que duró varios años. En paralelo, el gobierno bonaerense actualizó las leyes de levas y las reprimendas contra “vagos y malentretenidos”, aquellos a quienes no se reconocía propiedad o contrato legal, lo que disparó el descontento en amplio sectores populares, incluso de estancieros que podían quedarse sin trabajadores. En 1825, una “Circular a los jueces de paz” prescribía que debía negarse la condición de labradores a quienes no tenían propiedad o no habían firmado un contrato legal para establecerse. En similar sentido, pueden leerse las Instrucciones a los Mayordomos de Estancias que rigieron desde 1825 en las propiedades de Rosas, que establecía rigurosas condiciones de prestación de servicios a cambio de poder vivir en sus tierras.

La crisis terminó con la experiencia presidencial de Rivadavia. Disuelto el poder central, la gobernación de Buenos Aires recobró protagonismo, al mando de uno de los máximos opositores al caído gobierno unitario: Manuel Dorrego. Durante su gestión, el líder del partido federal porteño intentó reparar los abusos de la enfiteusis. Primero, por decreto de noviembre de 1827, buscó imponer límites máximos a estos contratos en tierras de frontera y exigir la condición de poblamiento. Al mes siguiente, también por decreto, ordenó regular la venta de tierras ejidales de “pan llevar”, a pedido de personas que los ocupaban y habían introducido mejoras de importancia. Medio año más tarde, llevó el régimen de enfiteusis a estas tierras bajo nuevas condiciones, bajando el plazo del contrato de 20 a 10 años y estableciendo un canon de 2 por ciento anual. Otra ley llevó estos cambios a los contratos enfitéuticos existentes sobre otras tierras. Finalmente, nuevas medidas eliminaron los revalúos de las fincas, establecieron una renovación indefinida de los contratos enfitéuticos y regularon sus transacciones privadas.

Como promotor de medidas de protección hacia el sector agrario y de los sectores populares, siendo diputado, Dorrego había impulsado en 1824 la prohibición de importar harina y, durante su gobernación, buscó imponer precios máximos a la carne y al pan en contextos de escasez. Además, entre las primeras medidas de su gobierno, eliminó las levas forzosas. En 1828 se firmó la paz con Brasil y, en medio de las cada vez más cruentas guerras civiles, Dorrego fue derrotado y fusilado por el general Juan Lavalle y sus fuerzas unitarias. Lavalle implantó una dictadura en Buenos Aires, pero debió renunciar a los pocos meses tras perder apoyo interno, asumiendo como gobernador Juan José Viamonte.

En aquella Buenos Aires de la década de 1820, más allá de la enfiteusis, se dio acceso a las tierras por medio de premios, donaciones condicionadas y mercedes, la moderada composición y contratos de arriendo y aparcería.

Las donaciones condicionadas permitían acceder al usufructo de la tierra, sin el cobro de un canon. Los beneficiarios tenían la obligación de poblar y producir la tierra. Con el tiempo, fueron muy pocos los que pudieron transformar esta figura legal en propiedad. Es probable que muchos se mantuvieran como ocupantes de hecho. Complementariamente, se usaron las viejas mercedes. Esta combinación se observó en las zonas de frontera, como en el pueblo de Patagones y en la región de Azul. El decreto de septiembre de 1829 firmado por Viamonte para entregar tierras en esta última excluía a extranjeros, pero no benefició a los pueblos indígenas.

Por otro lado, pequeños productores, incluidas mujeres, accedieron a la tierra por medio de la moderada composición. Para estos ocupantes, los trámites, incluida la contratación de agrimensores, no eran baratos, pero eran más accesibles que los remates y, al fin y al cabo, eran quizás la única manera de consolidar el trabajo que habían volcado a la tierra durante años.

Este escenario, de conjunto, componía un cuadro de importante fragilidad y conflictividad en torno a la tierra, que se presentó en la justicia. En los tribunales civiles se discutían títulos o escrituras, contratos de aparcería, alquileres y arrendamientos, límites de las propiedades, ocupaciones de arrimados y desalojos.

El pueblo de Tandil se creó en 1823 por medio de donaciones, el de Bahía Blanca, en 1828, se pobló por medio de la enfiteusis. Azul, en 1832, por medio de las donaciones condicionadas.

Mapa de la frontera Sur y Oeste de Buenos Aires, con sus fuertes y fortines. 
La línea verde marca la primera línea de frontera, de 1751. La línea roja marca la segunda línea de defensa, frontera, entre 1779 y 1829. La línea negra, el límite alcanzado en 1852.
Unidad documental II102 -Archivo General de la Nación.

Las provincias en tiempos de enfiteusis

Al igual que en Buenos Aires, en Córdoba se utilizó la enfiteusis y se ordenaron como ejidos y pastos comunes las tierras circundantes a las ciudades y pueblos. En un comienzo, labradores y ocupantes modestos pudieron acceder a estos contratos, beneficiándose con el bajo canon. Pero tras la disolución del Congreso General (1824-1827), se pusieron en venta estas tierras. La ley del 20 de marzo de 1827 que dio cauce a esta decisión, daba prioridad a los pequeños enfiteutas, pero tenían dos meses para cumplir con el pago, de modo que el supuesto favor se diluyó en manos de sectores más pudientes que contaban con el capital necesario para adquirirlas. Aquella ley fue un gran empuje para la expansión de la propiedad privada plena, sólo frenada coyunturalmente por los cambios políticos y nuevas leyes al final de aquella década.

Entre los sectores perjudicados por estas medidas, estuvieron las comunidades indígenas. En Córdoba existieron varios Pueblos de Indios, como Quilino, Soto, Pichana, La Toma, San Marcos y Cosquín. A lo largo del siglo XIX, sus derechos a la tierra fueron desconocidos. El caso del pueblo de La Toma es paradigmático. Fue creado por los jesuitas en 1670, en los alrededores de la ciudad, con población de los pueblos malfines, quilmes y otros de origen diaguita, castigados y “desnaturalizados” luego de las rebeliones calchaquíes. Un siglo más tarde contaba con unas quinientas personas, que cultivaban hortalizas y legumbres y fabricaban tejas, ladrillos y baldosas. No pagaban tributo en dinero, pero garantizaban el abastecimiento de agua, leña y servicio de limpieza en la ciudad. Cuando se decidió formar el ejido de la ciudad, el Cabildo (existente hasta su disolución en 1824), colocó aquellas tierras en manos de particulares, a través de contratos de enfiteusis, debiendo poblar, edificar y pagar un canon. Luego, esas tierras se vendieron, dejando atrás a sus antiguos poseedores.

En Santiago del Estero se legisló poco en materia de tierras y cuando se lo hizo, resultaron afectados los pueblos indígenas. Una forma usual de acceso fue el arrendamiento. En el curato de Guañagasta, vivía una “pobre feligresía”, en su mayoría indígena. Eran labradores, productores de maíz, recolectores de cera y miel y especialistas en tejidos, que solían llevar al circuito mercantil. Además, sabían migrar al Litoral para conchabarse por jornal. En su pueblo, había “agregados” que pagaban arriendos, hasta que el gobierno dispuso la venta de las tierras comunitarias. Por otro lado, en una de las pocas encomiendas que todavía existían, como la de Pitambalá, el gobierno santiagueño dio la gracia a su heredera para comprarla o arrendarla, sin tener en cuenta a los indígenas que allí vivían y trabajaban. Asimismo, en 1818, se decidió subastar tierras de pueblos como Sabagasta, Salavina, Manogasta, para costear gastos de guerra y la contención de la frontera con el Chaco, como ya comentamos, dejando “sobras” de tierras para los indígenas, a los que se propuso relocalizar. No ha sido comprobado ello, pero sí que su destino fue el de las milicias indígenas. En 1826, en la frontera santiagueña, el gobierno propuso reducir a un grupo indígena en Loreto o Silípica, entregando a cada familia ocho vacas lecheras con cría, dos bueyes, 25 cabras u ovejas y dos caballos, pero la Sala de Representantes rechazó la propuesta. Su reparto en estancias cercanas era la solución alternativa. En el mismo sentido, en la década de 1830, el gobierno ordenó deslindar y mensurar para su futura venta las propiedades habidas con títulos antiguos, con el fin de engrosar los magros ingresos fiscales.

En la región de Cuyo, en la década de 1820, los laguneros, sobre quienes ya hablamos, iniciaron un ciclo de negociaciones políticas y presentaciones judiciales para hacer valer sus derechos históricos de posesión por “justa prescripción” y su antigua condición de reducción. Lo hicieron sin rechazar al Estado. Por el contrario, se integraron a él y a su nueva institucionalidad y normas. En 1823, el líder federal Pedro Molina ordenó vender tierras públicas. En 1825, se adoptó el régimen de la enfiteusis. Como en Córdoba, sin embargo, una vez caído el poder central, volvieron a habilitarse las ventas. En 1828, los laguneros denunciaron ante la justicia la usurpación que sufrían a manos de las familias más poderosas de Mendoza, que querían comprarlas mediante subasta porque decían que estaban vacías. El pleito judicial duró un par de años, hasta que el gobierno frenó los desalojos. En 1838, otra decisión gubernamental reconoció la posesión inmemorial y propiedad colectiva de los indígenas. Sin embargo, la entrega de títulos de propiedad fue demorada, en un contexto de “desindianización”.

Las luchas entre federales y unitarios atravesaron estos conflictos por las tierras. El reconocimiento de los derechos indígenas se produjo cuando Facundo Quiroga y el ejército federal de cuyanos y riojanos dominaba la región. Sin embargo, como en todas las provincias, nada fue tan lineal. Quien representó a los indígenas en los pleitos judiciales era liberal y unitario, mientras que el gobierno federal local fue el que inicialmente desplegó un control policial sobre la campaña y habilitó la presión de los “pudientes” sobre las tierras. Algunos de los terratenientes denunciados por los indígenas eran viejos caudillos federales, como Félix Aldao, hombre de confianza en la región de Juan Manuel de Rosas y líder local de la avanzada sobre las fronteras en los años treinta, sobre la que ahora comentaremos.

En Tucumán, la enfiteusis tuvo poca aplicación. Las comunidades indígenas defendieron sus tierras apelando también a los derechos ganados en tiempos de la Colonia, que provenían de antiguas mercedes, herencias familiares, compras, ocupación inmemorial y trabajo. Como en otras provincias, los gobiernos buscaron vender tierra pública o entregar la que no tuviera un propietario legítimo o reconocido bajo donación o merced. El viejo derecho indiano y la costumbre, sin embargo, limitaron en aquel tiempo el desarrollo de un mercado inmobiliario rural.

Por entonces, en Santa Fe, la Junta de Representantes provincial recibió un reglamento firmado por labradores de su jurisdicción, para el buen orden de las chacras y defensa de las sementeras. El general Estanislao López, gobernador de la provincia (1818-1838), promovió la petición. En 1826, auxilió a la Sociedad Tanalay -en particular a la compañía Maguin, Meyer & Cía.- en su labor encaminada a fundar establecimientos rurales al sur del río Coronda. La iniciativa contemplaba a población indígena y gaucha, pero no prosperó. Anteriormente, durante el siglo XVIII, los jesuitas habían promovido la reducción de indígenas, que sirvieron como mano de obra agrícola y militar en la frontera con el Chaco. Mocovíes y abipones, sobre todo, poblaron San Jerónimo del Rey, San Pedro y San Javier, entre otras, al norte de la ciudad de Santa Fe. La experiencia, muy inestable, fue continuada en tiempos de revolución. Con López en la gobernación, la colonia indígena del Rey se reinstaló en San Jerónimo del Sauce, con 500 criollos e indígenas, muchos de los cuales formaron como lanceros de López. En la década de 1830, sin embargo, en la provincia que por entonces cultivaba algodón y tabaco, López inició una campaña de agresión militar que terminó con numerosos indígenas muertos en Monte de los Monigotes, en Cayastá y en San Javier, sin lograr pacificar la zona. Durante un largo tiempo, se sucedieron las persecuciones y matanzas de indígenas y los acuerdos de reducción.

El país estanciero

La Confederación en tiempos de Rosas

Superada la etapa de las Provincias Unidas y la unitaria Constitución de 1826, el país ingresó a la etapa de la Confederación, sin las provincias del Alto Perú y la Banda Oriental y sin que cesaran las guerras civiles. En 1831, las cuatro provincias del Litoral, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y, con algunas idas y vueltas, también Corrientes, firmaron un Pacto Federal, al que, con el tiempo y mediando victorias militares, se adhirieron las demás provincias. Buenos Aires asumió el control de las relaciones exteriores. Durante tres décadas tuvo vida esta forma de organización del país (1831-1861). Las primeras dos se vivieron bajo el dominio del federalismo rosista.

Juan Manuel de Rosas, político y estanciero, jefe de las milicias de campaña, fue gobernador de Buenos Aires entre 1829 y 1832 y volvió a serlo, con mayores potestades, entre 1835 y 1852, hasta que fue derrotado por una fuerza liderada por el caudillo federal entrerriano Justo José de Urquiza.

Durante estos años, tuvieron lugar hechos muy importantes, como las movilizaciones populares que llevaron a Rosas al poder en 1829, el nuevo avance militar de la frontera de 1833, las luchas internas federales, la guerra civil con los unitarios, el uso de la violencia del Estado en la lucha política, la ley de Aduanas (que ofrecía un equilibrio entre los intereses ganaderos y el proteccionismo para los artesanos), el ataque colonialista anglo-francés y la rebelión de los estancieros enfiteutas, autodenominados Libres del Sur.

La figura de Rosas ha concentrado intensos debates políticos e historiográficos, que llegan hasta la actualidad. Mayormente, fue presentado como una expresión acabada del poder terrateniente ganadero y responsable de la gran enajenación de tierra pública. Mucho menos se destacó la impronta popular de su gobierno, basada en el apoyo de los cuerpos milicianos, de la plebe urbana, en gran medida afrodescendiente, y de los “indios amigos”, mundo que conocía muy bien desde su infancia, dominando, por ejemplo, la lengua “pampa”.

El levantamiento popular que tuvo lugar en la campaña bonaerense en 1829, que lo llevó al poder, estuvo vinculado al asesinato de Dorrego, cuya imagen era levantada por milicianos, desertores, gauchos armados (llamados “anarquistas” o “montoneros”), indígenas y paisanos en general. El alzamiento rural tuvo una directa conexión con las ciudades y un marcado sentido político. Rosas, quien se encontraba lejos de Buenos Aires en esa coyuntura, capitalizó el descontento de los hombres de “chiripá y chuza”, según la peyorativa descripción hecha en aquel tiempo por importantes hacendados. Las levas masivas convocadas por los unitarios y el mal uso de la enfiteusis formaron el trasfondo de estos conflictos que llevaron a Rosas y al federalismo al poder en Buenos Aires.

También la presión por las tierras, que no cesaba, atravesó su gobierno. Una de las salidas políticas encontradas fue la realización de una avanzada militar para empujar las fronteras, aún mayor que la impulsada durante la gobernación de Martín Rodríguez. Como señalamos, Rosas tenía un pasado marcado por su estrecho contacto y conocimiento del mundo indígena. En 1833, dejó la gobernación a manos de Juan Ramón Balcarce, un viejo patriota liberal alineado con el federalismo, y encabezó la marcha hacia el sur.

El objetivo central era terminar con los ataques indígenas y dar seguridad a los pueblos y estancieros en las zonas de frontera. No hacía mucho, en 1829, distintos pueblos habían sufrido arrasadores malones, en los que intrigaban viejos realistas y caciques que eran identificados como chilenos. Rosas no creía posible hacer crecer un país sin orden y tranquilidad en la campaña. Para conseguirlo, combinó tácticas de agresión militar con negociaciones y tratados de paz, que incluían servicios militares y trabajo en las estancias a cambio de animales y otros bienes, y un condicionado reconocimiento de ocupación de tierras. Los pactos con los caciques Juan Cañiuquir (mapuche boroano), Juan Catriel (tehuelche) y Juan Calfucurá (mapuche) y el apresamiento y masacre de indígenas boroanos en el cuartel de Retiro de 1836, son ejemplos extremos de esta compleja política.

La campaña militar barrió la zona pampeana, desde la costa marítima hasta la cordillera, comprometiendo a casi 4 mil soldados y a centenares de “indios amigos”, tehuelches y boroanos. Miles de muertes sufrieron los pueblos indígenas. Por ello, se la considera un antecedente directo de la llamada “Conquista del Desierto” que medio siglo más tarde encabezó el general Julio Argentino Roca. También porque habilitó una gran ocupación territorial. Al gobierno bonaerense le permitió alcanzar las 18 millones de hectáreas, muy superior a las 3 millones que controlaba la sociedad hispano criolla en 1779. Hasta el Río Colorado, primero. Hasta el Río Negro, en Carmen de Patagones, luego. Desde allí, hacia las montañas, pasando por Choele Choel.

Las bases territoriales de los indígenas de las pampas, como Salinas Grandes, Leubucó y Limai Mahuida, quedaron entonces encerradas en territorio bonaerense. En este diseño territorial, la pacificación alcanzada durante el gobierno de Rosas tuvo un elemento central: la llegada a la región de Calfucurá (Callvucurá), quien supo desarrollar el más extenso y estable dominio indígena en aquellas tierras.

Durante el rosismo, la clase terrateniente terminó de desarrollarse y alcanzó la hegemonía, pese a la peculiar combinación de fuerzas sociales que dio carácter a aquel gobierno. Al interior de ella, sin embargo, no dejaron de suscitarse conflictos, por ejemplo, entre los exportadores de carnes saladas y los estancieros, principalmente ingleses, que impulsaron el negocio del ganado ovino y la exportación de lana que se industrializaba en Inglaterra.

En la década de 1810, los mataderos comenzaron a ser reemplazados por los saladeros, donde se salaba y secaba la carne para exportación, se preparaba el cuero y extraía el sebo de la res, tratando los huesos con sistemas de vapor.

Al mismo tiempo, se inició una pequeña agricultura extensiva, como la del trigo en Entre Ríos, donde, sin embargo, las estancias de vacunos y caballadas podían llegar a tener más de 500 mil hectáreas y puerto propio. En aquella época, comenzó a usarse el alambrado para reemplazar el zanjeo y se inició la domesticación del ganado, para lo cual se promovió la llegada de trabajadores, tanto de las provincias del Noroeste como del extranjero.

En este tiempo, Rosas, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, no desarrolló la política colonizadora esbozada en las primeras dos décadas de vida independiente, decisión en la que intervinieron distintos factores, como las agresiones anglo-francesas y el disgusto de los criollos por las ventajas que se les daba a los extranjeros en épocas de guerra. Entre éstas, la de no ser convocados a levas y no estar sujetos a contribuciones extraordinarias, entre otras garantías heredadas de las disposiciones de la Comisión de Inmigración de 1824, que Rosas anuló en 1830.

Ello no impidió el ingreso de inmigrantes. De hecho, numerosa población irlandesa, escocesa y vasca, por ejemplo, encontró una nueva vida en Buenos Aires, como pulperos, criadores de ovejas, trabajadores de la construcción en las ciudades y en obras de zanjeo en la campaña.

Auge y liquidación de la enfiteusis en Buenos Aires

La política de tierras de Rosas estuvo orientada a desarrollar la propiedad privada y a generar nuevos recursos fiscales. La enfiteusis, que mantenía la tierra en dominio del Estado, comenzó a ser desarmada. Para ello, se dispuso la entrega de las tierras bajo estos contratos a través de premios militares y políticos. En otras ocasiones, las tierras se entregaron bajo la forma de donaciones condicionadas. Grandes estancieros concentraron tierras en este período. Pero también pequeños y medianos productores pudieron acceder a ella.

En julio de 1830, se dictó una ley reparadora que restituyó donaciones y mercedes entregadas por las leyes de 1817 y 1819, que habían sido cuestionadas en 1826. Se ponía como condición demostrar ocupación y poblamiento. Algunos meses después, el 28 de febrero de 1831, se formó por decreto una comisión de regulación de las tierras fiscales de los ejidos, declaradas “de pan llevar”. Se buscaba averiguar su extensión y situación, con el fin de “proveer sobre su mejor administración.”

Al año siguiente, en noviembre de 1832, se ordenaron pautas tributarias que apuntaban a presionar a los enfiteutas que adeudaban cánones. Se tenían que poner al día o enfrentar severos castigos económicos, como el de perder los contratos. Los terrenos recuperados por el Estado serían subdivididos en dos o más “suerte de estancias”.

Como señalamos, esta reorganización de las entregas de tierra, sobre todo las que se encontraban bajo contratos enfitéuticos, tanto en ejidos o en las campañas, en zonas cercanas a Buenos Aires o en las fronteras, se superpuso con el avance sobre las poblaciones indígenas. Este esfuerzo demandaba gastos importantes, pero permitía distribuir las grandes extensiones ganadas. Por ello, cuando Rosas regresó a la gobernación en 1835, se intensificó la campaña para “uniformar el modo de realizar la venta de tierras públicas”, las baldías y las entregadas bajo enfiteusis. Los decretos explicitaban que se precisaba aumentar los recursos fiscales para hacer frente a los pagos de la deuda pública.

 Con estos avances, se crearon nuevos fortines y poblados, en los que buena cantidad de pequeños y medianos productores accedieron a tierras para solares, chacras y quintas. Como adelantamos, estas entregas se hicieron bajo la figura de las donaciones condicionadas. Los pueblos de San Andrés de Giles y de Azul son ejemplos de ello. En este último, fundado en 1832, se entregaron unas 600 mil hectáreas, en las que se formaron 305 “suertes de estancias”. Los beneficiarios fueron 296 medianos y pequeños productores. Debían cumplir con las condiciones de poblamiento regular y puesta en producción agropecuaria y se los eximía del pago de canon y del servicio armado provincial, salvo que la convocatoria fuera para la defensa de su pueblo.

En las mismas zonas de frontera, también se distribuyó la tierra mediante premios militares, entre oficiales y soldados que participaron de las campañas al sur. El periodista fiel a Rosas, Pedro de Ángelis, se dirigió en aquel momento a los legisladores bonaerenses: “Conviene que ellos se muestren generosos con los que han prestado tales servicios á la Patria, y que no dejen encanecer en la indigencia á los que le han consagrado sus mejores días. Recompensen á los beneméritos, fomenten á los industriosos y disminuyan las filas del ejército para engrosar las de los labradores”. En septiembre de 1834 y abril de 1835, se sancionaron dos leyes que entregaron casi 200 mil hectáreas a oficiales y soldados. En 1837 y 1839, se volvieron a sancionar tres leyes similares.

De conjunto, el efecto de estas políticas de apropiación y redistribución fue la ampliación de la base social y política del rosismo. Pero el mayor impacto sobrevino cuando se liquidó la enfiteusis, proceso que siguió una lógica de lucha política y donde los principales beneficiarios habrían sido los grandes estancieros.

Una de las leyes más importantes en este sentido se sancionó en marzo de 1836. A ella se sumó un decreto de julio de 1837 y otro de 1838. Mediante estas disposiciones, se facultaba al gobierno a vender 4 millones de hectáreas en el sur, muchas de ellas surgidas por la caída de numerosos contratos de enfiteusis a causa de las imposiciones establecidas en 1832. Se daba a los enfiteutas prioridad para transformar sus derechos de uso en propiedad, pero tenían que adquirir todo el terreno comprometido. Si no compraban las tierras, su canon enfitéutico se duplicaría. Muy pocos fueron renovados. Esta medida benefició principalmente a los actores más poderosos, que formaron nuevas y grandes estancias. Sólo 271 personas o sociedades se quedaron con esas millones de hectáreas en propiedad.

En 1847, el comerciante inglés William Mac Cann visitó una estancia escocesa de 42 mil hectáreas existente en 9 de Julio, zona de reciente ocupación, e hizo anotaciones sobre los costos de adquisición, directos e indirectos, que podía afrontar una persona adinerada, pero no una familia campesina. La época de la tierra barata de las primeras décadas del siglo, daba sus últimos respiros. La propiedad de la tierra adquiría centralidad en los patrimonios rurales.

A fines de 1839, una nueva ley dio por acabado el ciclo de la enfiteusis. Los legisladores consideraron que sus objetivos se habían cumplido parcialmente: “estimular y organizar la población, facilitando por estos medios el principal elemento de la riqueza y prosperidad pastoril.” Promulgada el 9 de noviembre, la nueva disposición estableció que esta vez los derechos enfitéuticos no serían renovados bajo ninguna condición, ni siquiera en las nuevas líneas de frontera. Se vendían las tierras y todas las mejoras introducidas por los enfiteutas serían tasadas por peritos, con acuerdo de los jueces de paz, a los fines de compensar los pagos.

Esta liquidación se produjo en medio de la intensificación de la ofensiva anglo-francesa y los conflictos internos, entre ellos, el que tuvo lugar en 1839, cuando se rebelaron estancieros enfiteutas desde Chascomús hasta Monsalvo (cerca de General Madariaga). Los llamados Libres del Sur se sumaron al arco opositor que buscaba desplazar a Rosas, con el unitario Juan Lavalle a la cabeza. Por ello, la nueva regla se llamó “ley de premios” y castigaba a los opositores al mismo tiempo que beneficiaba a los “fieles”. En sus considerandos, se denunciaba que la rebelión había sido producto de los “salvajes unitarios, unidos a los asquerosos franceses.”

Meses más tarde, en julio de 1840, se avanzó en la ejecución de estas últimas medidas, que transformaban las enfiteusis que caducaban en “premios”, disponiéndose además que no se vendería nuevamente tierra pública. Así, entrada la nueva década, la enfiteusis iniciada con Rivadavia había sido prácticamente desarmada.

El 3 de febrero de 1852, Rosas fue derrotado en Caseros por una amplia fuerza política y militar encabezada por el caudillo federal entrerriano Justo José de Urquiza. Tras su caída, la concentración de la tierra en manos de algunos poderosos estancieros, habilitó una inmediata condena de los triunfadores de Caseros al régimen de enfiteusis, que se consideró malo de por sí, olvidando propuestas como las de Belgrano. Se criticaba la supuesta distorsión de los principios rivadavianos que habían guiado la política de tierras de entonces, la distribución de los premios y castigos, pero no se cuestionaba el avance privatizador que, en definitiva, transformaba las nociones de propiedad, limitando el acceso seguro a la tierra de la población rural más modesta.

Bartolomé Mitre se refirió a ello en 1854. En su discurso en la legislatura bonaerense, se centró en el caso emblemático de los primos de Rosas, los Anchorena, quienes, según afirmó, concentraban por distintos contratos de enfiteusis alrededor de 300 mil hectáreas en una sola localidad y subarrendaban a buen precio. Por su parte, Domingo Sarmiento calculó que un territorio de casi 13,5 millones de hectáreas (parecido a la actual superficie de la provincia de Santa Fe) había quedado en manos de sólo 825 personas. Se basó en la Carta Topográfica de la provincia de Buenos Aires encargada por el diplomático Woodbine Parish y confeccionada por el inglés John Arroswmith. Parish dedicó esta Carta a Rosas. En su tesis doctoral de 1865, Nicolás Avellaneda estudió el problema de la tierra. Retomando a Sarmiento, llegó a calcular que 293 personas poseían 3436 leguas (más de 8 millones de hectáreas). En esta tesis, Avellaneda concluyó: “…esta sola palabra que concreta nuestro pensamiento: Propiedad, y propiedad irrevocable. Las donaciones condicionales, el enfiteusis, el arrendamiento, sólo ofrecen al trabajo y al capital una base incierta é insegura.” Sobre la enfiteusis, opinaba que había resultado prometedora en 1826, pero que en 1840 había terminado “con el desconocimiento absoluto de todos los derechos de los enfiteutas”. Por ello, proponía que las tierras ocupadas y las próximas a ocupar, no queden jamás bajo el dominio del Estado.

Mitre, Sarmiento y Avellaneda eran fervientes opositores a Rosas y fueron los primeros tres presidentes de la República Argentina formada luego de la etapa de la Confederación.

Estudios recientes sugieren, sin embargo, que la enajenación de grandes extensiones entre pocas personas fue menor que lo denunciado entonces, ya que fueron pocos los que lograron consolidar estas tenencias como propiedad privada, con la escrituración de títulos. Ello involucra también a los pequeños y medianos propietarios. Por ejemplo, de 1,5 millones de hectáreas más que se distribuyeron en 1840 entre 293 personas, solamente 6 habían escriturado 80 mil de estas hectáreas en 1852. Por otro lado, de las 600 mil hectáreas distribuidas en Azul que referimos, sólo pasaron a propiedad plena unas seis mil. A ello, hay que agregar que, tras la caída de Rosas, numerosas donaciones hechas por “fidelidad política” fueron anuladas. No sucedió lo mismo con los premios entregados a los militares que participaron en el avance de las fronteras.

Carta Topográfica de la provincia de Buenos Aires confeccionada por el inglés John Arroswmith, encargada por el diplomático Woodbine Parish, quien la dedicó a Rosas. Se observan las parcelaciones de tierras, con sus distintos tamaños, más pequeñas hacia el Oeste y más extensas hacia el Sur.

Un campesinado al amparo de la enfiteusis

Más allá de Buenos Aires, las élites provinciales avanzaron, cada una a su manera, sobre el problema de las tierras y -desde su punto de vista- de la presencia indígena. La adhesión al Pacto Federal de 1831 agregaba una disputa por los derechos fiscales y de tierras, frente a un eventual gobierno central. Las tierras se siguieron enajenando por medio de donaciones y ventas y también, en menor medida que en Buenos Aires, a través de la enfiteusis. En algunas ocasiones, este último camino habilitó una defensa indígena de sus tierras.

Por ejemplo, en Salta, como ya hemos mencionado, el gobierno anhelaba poblar la zona del occidente salteño, sobre las costas del río Bermejo, en la frontera con el Gran Chaco, donde habitaba una numerosa población principalmente wichí. A comienzos de los años 30, José Arenales, economista porteño, había apuntado algunas ideas específicas sobre esta región. Proponía un modelo de ocupación que respetara los derechos de los indígenas y reconociera estrictamente sus territorios. Los pueblos de la región debían abstenerse de cometer correrías, pero tendrían posibilidad de formar sus propios asentamientos y contar con la instrucción del gobierno o podrían agregarse a las colonias criollas como trabajadores asalariados, con justa retribución y bajo prohibición de hacerles esclavos. Se trataba de una propuesta radical.

En 1836, se sancionó una primera ley de tierras públicas en la provincia. Su texto consideraba que “facilitar el aumento de la población” en esta zona era “uno de los deberes más urgentes y privilegiados que se ha impuesto”. La ley impulsaba el asentamiento de blancos y cristianos, “naturales de la República”, “los avecindados a ella y demás extranjeros”, labradores y pastores, a quienes se alentaba a no temer a los indígenas. Se daban dos razones: “pues se conservan tranquilos desde muchos años atrás” y porque servían como “brazos útiles para el trabajo y para el beneficio de la caña dulce”. Se auguraba además que este río “algún día podrá servir de conductor de todos los frutos de esta provincia a los litorales, y por consiguiente al océano Atlántico.” Quienes se acogieran a los beneficios de esta ley, recibirían la propiedad de tierras baldías fiscales, para solares, chacras o suerte de estancias, por medio de donaciones.

En Jujuy, en cambio, vemos aparecer la enfiteusis con intereses contrapuestos, propuesta por el gobierno provincial con un sentido de enajenación, pero aprovechada por comunidades indígenas para defender sus derechos de posesión. En la década de 1830, se retomó el impulso colonial de recuperar para el Estado tierras eclesiásticas e indígenas y ponerlas a la venta. En 1835, el juez general del Pueblo de Indios de Humahuaca informó al gobernador que los indígenas querían vender algunos terrenos del pueblo a foráneos. Acuciado por problemas fiscales, el gobierno se opuso. Consideraba que, de acuerdo a las leyes de Indias, el dominio directo era del Estado y sólo éste tenía derecho a disponer de ellas.

Se sancionó entonces una ley que prohibía “toda venta y enajenación de sitios y terrenos pertenecientes a las comunidades de los indígenas” y, al poco tiempo, se aplicó el régimen enfitéutico, que le permitió, sino venderlas, al menos cobrar un canon a los indígenas, devenidos en enfiteutas. Como contrapartida, éstos veían la posibilidad de tener preferencia en futuras opciones de compra, mientras se les garantizaba una tenencia “a perpetuidad, o para largo tiempo”, con un canon anual de 3 por ciento y sin limitación de parcelas adjudicadas. Asimismo, dicha ley declaró aquellas tierras como de rastrojos o “de pan llevar”. Así, se conformaron fracciones pequeñas de entre una y cuatro hectáreas en las cercanías de los pueblos y ríos, perfilando la proyección en el tiempo de un campesinado-indígena minifundista.

Ello duró un tiempo para las tierras ejidales con chacras. En cambio, las tierras altas, que eran utilizadas para el pastoreo de animales, fueron arrendadas y luego vendidas por remate. Lo que no se habilitó, en aquella coyuntura, fue el reparto de las tierras, bajo propiedad privada individual o comunitaria, entre las comunidades indígenas.

Cuando el británico Mac Cann recorrió el sur bonaerense, a mediados del siglo XIX, lo observó cubierto de estancias ganaderas que eran propiedad de sus compatriotas. Advirtió entonces que también existía una numerosa población criolla que vivía en ranchos. Sobre ellos, aseguró que no acostumbraba a realizar cultivos o trabajar en granjas, “porque su alimento consiste exclusivamente en carne de vaca y de cordero”. Agregaba que “no consumen tampoco pan, ni leche, ni verduras y raramente usan la sal”. Ante él, un estanciero de Tandil sugería que el cuidado de ovejas dejaba tan buenos jornales que nadie pensaba en hacer otro trabajo.

Sin embargo, pese al predominio de las grandes estancias ganaderas, sobre todo en la zona sur de Buenos Aires, había llegado a formarse en las distintas provincias un pequeño mundo campesino. Aún con sus peculiaridades, se trataba de familias labradoras que, por lo general, no tenían títulos de propiedad. Su ocupación de la tierra se  basaba en la costumbre o en frágiles formas legales, ya fueran arrendatarias, aparceras, inquilinas, enfiteutas o beneficiarias de alguna donación condicionada.

Producían para subsistir y para abastecer los mercados locales. Vivían en los márgenes de las estancias de las campañas y en los ejidos de viejos pueblos o nuevos poblados de frontera, cuyas tierras habían sido declaradas “de pan llevar”. Pese al predominio de la cultura pastoril, Mac Cann dejó ver que existía en Buenos Aires una población que se dedicaba a la producción hortícola y frutícola, al cultivo de papas, zapallos, peras, higos, duraznos, entre otras frutas. Su presencia, sin embargo, no evitaba que la harina, como otros alimentos, se importara desde los Estados Unidos.

¿Podía esta economía campesina disputar el acceso a la tierra frente al creciente poder de los terratenientes? ¿Podía hacerlo en el contexto de las guerras civiles y las avanzadas de frontera, que demandaban permanentes brazos para los ejércitos? ¿Lograría plasmar derechos en el proceso de clarificación de un régimen legal de propiedad? ¿Qué sujetos la podían formar: blancos europeos, criollos, nativos, indígenas?

Lo que hemos intentado reconstruir aquí es cómo el desarrollo del capitalismo y su ideología impactó en la distribución y uso de las tierras en el actual territorio argentino. Ello se observó en la última etapa colonial y, especialmente, en las primeras décadas de vida independiente. Hemos puesto de relieve las prácticas de ocupación basadas en la costumbre y las formas legales que se desarrollaron en cada contexto.

Lo más destacable es el incuestionable y efectivo avance de la propiedad privada como forma legal de distribución de las tierras, más allá de otras nociones existentes sobre lo que significaba la propiedad y de formas alternativas que se propusieron para la “felicidad” de las familias labradoras, como señalaba Belgrano. En este avance, las clases populares buscaron defender sus derechos y, en ocasiones, lo lograron, utilizando figuras siempre precarias, como la de la enfiteusis y las donaciones condicionadas. Ello significó, en un contexto de permanente conflicto bélico -con los realistas, con las potencias extranjeras, contra los enemigos internos o contra los indígenas-, que estas defensas atravesaran las luchas políticas y que se plasmaran en determinadas alianzas sociales, como la del rosismo.

  No obstante, de conjunto, el escenario legislativo enseña un avance de las élites propietarias, la conformación de la clase terrateniente, que despojó al derecho de propiedad de las costumbres y los imperativos sociales y morales de antigua tradición. Al visitar Entre Ríos, Man Cann dejó ver un conflicto que explica muy bien este estado de situación, al anotar las quejas que hacían los estancieros por lo que llamaban la usurpación de “sus” propiedades en manos de quienes definían como “ocupantes intrusos”. Según aquellos, los títulos de propiedad no ofrecían entonces ninguna garantía.

Así, para distintos actores, la enfiteusis constituyó, en este sentido, una posibilidad y un riesgo. Su efecto final, cuando terminó de desarmarse, fue el de la concentración de la propiedad. Pero no había sido este el único camino posible. Como veremos más adelante, el Código Civil dictado por el Congreso de la Nación en 1871, terminó por eliminarlo. Para llegar hasta allí, sin embargo, debemos observar qué ocurrió en las décadas de 1850 y 1860, una etapa de transición todavía abrumada por guerras civiles, en la que se alcanzaron a dar los primeros pasos de formación de la nación y el estado argentinos. En este período, el proyecto de colonización con labradores europeos, esbozado en los primeros años de guerra independentista, ocupó un lugar central en la política pública. Esto es lo que veremos en el próximo Cuaderno.

Para profundizar…

Para este trabajo, acudimos a las investigaciones de historiadores/as especializados, que se dedican a esta temática y período histórico, así como a fuentes directas, que nos permiten ilustrar esta reconstrucción. Por cuestiones de espacio y para hacer más amena la lectura, evitamos las notas al pie en el texto con citas bibliográficas, pero acá les contamos a quiénes son los y las autoras a quienes deben recurrir si quieren profundizar sobre estos temas, que no son todos y todas las que escribieron, sino algunas sugerencias para comenzar.

Herencia colonial: leímos trabajos de Miguel Ángel Palermo y Roxana Boixadós, Ana Teruel, Alejandra Fandos, Lorena Rodríguez, Sonia Tell, Judith Farberman, Silvia Palomeque, Isabel Castro Olañeta, Gabriel Di Meglio, Diego Escolar, Carlos Martínez Sarasola, Fabián Campagne, Guillermo Banzato, Cristian López, María Fernanda Barcos, Blanca Zeberio, Gastón Gori, Silvia Ratto, Cristian Miguel Poczynok, Carlos Ariel Mueses y Mariá Cecilia Rossi, y los discursos y escritos de Bartolomé Mitre compilados en 1902 en el libro Arengas y documentos como el de Cristóbal De Aguirre, “Dictamen del síndico del Consulado de Buenos Aires en el Expediente por el conflicto entre hacendados criadores de ganado y el Cuerpo de Comercio”, de enero de 1796 y la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias de 1681.

Revolución y propiedad: acudimos a los trabajos de Gastón Gori, Gabriel Di Meglio, Felipe Pigna, Miguel Ángel Cárcano, Eduardo Azcuy Ameghino, Eduardo Míguez, Graciela Silvestri, Jacinto Odonne, Daniel Campi y Rodolfo Richard Jorba, Sara Mata, Juan Carlos Garavaglia, Roberto Elisalde, Milda Rivarola, Rafael Mata Olmos, Silvia Ratto, Jorge Gelman y Osvaldo Barsky, Raúl Fradkin, Eugenia Molina, Sergio Serulnikov, Esteban Chiaradía y Heber Reinoso, Ramón Fogel, Mario Pastore, Flavio Fernando de Dios, y a los escritos de Manuel Belgrano en el Correo de Comercio (del 10 y 17 de marzo y del 13 y 23 de junio de 1810), de Pedro Andrés García, como Diario de un viaje a Salinas Grandes, en los campos del sud de Buenos Aires, la recopilación de decretos que hizo Joaquín Muzlera, el Reglamento Provisorio de Tierras del artiguismo y el Bando de Manuel de Oliden de 1815 y el tratado de Nicolás Avellaneda, Estudios sobre las leyes de tierras públicas. Buenos Aires: Imprenta del Siglo, 1865

La década perdida: leímos a Ana Ferreyra, Juan Schobinger, Oscar F. Urquiza Almandoz, Graciela Silvestri, Cristian Poczynok, Pilar González Bernaldo, Juan Carlos Garavaglia, María Fernanda Barcos, Fernando Aliata, Sonia Tell, Isabel Castro Olañeta, Sara María Boccolini y Beatriz Giobellina, Judith Farberman, Ana Teruel, Alejandra Fandos, Sara Mata, Guillermo Banzato y Mariá Cecilia Rossi, Diego Escolar, Cristina López, y a documentos como leyes y decretos compiladas por Joaquín Muzlera, el  Manual para los Jueces de Paz de Campaña de Buenos Aires de 1829 y escritos contemporáneos de John Barber Beaumont, como Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Oriental, o William Mac Cann, Florencio Varela, publicadas en El Comercio del Plata de Montevideo, el 21 y 22 de junio de 1847 y el tratado de Nicolás Avellaneda, Estudios sobre las leyes de tierras públicas. Buenos Aires: Imprenta del Siglo, 1865

El poder de los estancieros: leímos a María Fernanda Barcos, Jorge Gelman y Osvaldo Barsky, Sol Lanteri, Juan Carlos Garavaglia, Raúl Fradkin, Gastón Gori, Ana Teruel y Alejandra Fandos, Aldo Green Blanca Zebeiro, Sebastián Mantegna, Ayelén Bidegain y Giselle Sanabria, María Valeria Ciliberto, María Infesta y Marta Valencia, Susana Cricelli, Virginia Galcerán y Rosana Obregón y documentos, discursos o crónicas contemporáneas como las de William Mac Cann y Bartolomé Mitre, leyes y decretos compilados por Muzlera, y el tratado de Nicolás Avellaneda, Estudios sobre las leyes de tierras públicas. Buenos Aires: Imprenta del Siglo, 1865.

Notas

Alejandro Jasinski, Julieta Caggiano, Irana Sommer, Matías Oberlin

Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA)

Introducción

En los últimos dos años, se presentaron una serie de proyectos de ley en el Congreso de la Nación que se preocupan por democratizar el acceso a la tierra y a la producción de alimentos para la población: iniciativas que nacen de diferentes sectores del agro, pequeños y medianos productores, arrendatarios y propietarios, comunidades campesinas e indígenas y población urbana empobrecida sin tierra. Los proyectos son redactados por organizaciones sociales que representan a unos u otros de estos actores, pero lo curioso, quizás, es que las fuerzas políticas que los impulsan cubren buena parte del arco político e ideológico conocido, entre la derecha y la izquierda, entre el progresismo y el conservadurismo, entre el oficialismo y la oposición.

Es que, pese a estas diferencias, comparten una preocupación: la creciente concentración de la propiedad y gestión de la tierra y la irrefrenable expulsión de familias del mundo rural. El diagnóstico es desalentador. Según los datos recopilados por el Censo Agropecuario Nacional, si en 2002 había poco más de 333 mil explotaciones, en 2018 se registró un veinticinco por ciento menos, casi 251 mil. La gran mayoría de estas unidades perdidas eran de menos de doscientas hectáreas. Como correlato, en el caso de la zona pampeana, el número de las explotaciones de más de mil hectáreas aumentó.^[1]

En términos de población, la pérdida fue de un cuarenta por ciento entre 2002 y 2018. Además, numerosos pequeños y medianos productores que mantienen su propiedad, entregan la gestión de la producción a empresas que operan a grandes escalas en tierras propias y ajenas: grandes terratenientes capitalistas o pools y fondos de inversión (el llamado gran capital arrendatario), que les ofrecen a aquellos propietarios una tentadora renta, igual o superior a la que podrían generar con una explotación directa, en esta transacción, el propietario resigna el control productivo y la capacidad de cuidado de la tierra y el ambiente.^[2]

Es esta la preocupante trama en la cual emergen los proyectos que buscan crear contratendencias, protegiendo a los sectores rurales vulnerables, especialmente a quienes se dedican a producir alimentos para la población. Y como se trata de un fenómeno global, propio de la expansión, profundización y transformación del capitalismo, estas iniciativas recuperan experiencias internacionales, en las cuales se reflejan. Pero tan importante es esa mirada contemporánea como la que involucra al pasado. En algunos casos, se hace un esfuerzo por bucear en la historia, rescatando antiguas políticas estatales que alguna vez promovieron un acceso a la tierra a contramano de las tendencias a la concentración.

Para colaborar en esta tarea, en el desafío que implica mirar hacia atrás y encontrar fuentes de identidad y legitimidad, presentamos aquí una investigación que, en sucesivas publicaciones, intentará profundizar este trabajo con nuestro pasado, en la misma clave de observar proyectos e iniciativas que atraviesan todo el arco político de cada momento histórico. Desde las prescripciones de Manuel Belgrano, José Castelli o José Artigas, en los albores de las luchas independentistas, pasando por las leyes de ejidos y la enfiteusis rivadaviana, las experiencias de “colonización” desde comienzos hasta finales del siglo XIX, los intentos de formar colonias indígenas, luego de la ocupación militar de las tierras que históricamente ocuparon estos pueblos. En el siglo XX, comenzamos con las luchas sociales, el crecimiento del discurso agrarista y el consenso antilatifundista y la creación de institutos de colonización en la década de 1930, llegando al momento del Consejo Agrario Nacional, las políticas agrarias del primer peronismo, la aparición de la consigna por la reforma agraria, las luchas liguistas de los años sesenta y setenta y las políticas de desaliento del latifundio en el tercer peronismo, hasta las pequeñas rebeliones contra el modelo de los agronegocios en la Argentina posdictatorial, hasta llegar al siglo XXI.

El proyecto es ambicioso, pero estimulante, porque exige identificar los problemas de cada tiempo y, simultáneamente, hacer las preguntas adecuadas para habilitar un diálogo con las necesidades del presente. ¿Qué experiencias seleccionamos? ¿Qué las unen y qué las diferencian? ¿De qué manera, un sintético recorrido por numerosos y variados proyectos, que pudieron ser iniciativas estatales o prácticas nacidas desde la propia sociedad, puede transformarse en un relato articulado que aporte conocimientos sobre nuestra historia y que sea útil para las luchas actuales de hoy y mañana?

Decidimos partir de lo mínimo: describir políticas gubernamentales, iniciativas privadas y distintas experiencias sociales, para captar los objetivos que se plantearon, los intereses en juego, los conflictos generados y los resultados alcanzados. En función de ello, tejimos una narración histórica, en clave social y política, que comprende diferentes coyunturas, cambiantes protagonismos y particularidades regionales, y que dibuja, a través del problema del acceso a la tierra, los contornos del movimiento de nuestra sociedad, como un todo, hasta la actualidad.

En este recorrido, tomamos una definición importante: nos propusimos prestar especial atención a la lucha política en el terreno del Estado, sus instituciones y su legalidad. Es decir, creímos importante destacar las leyes, decretos, resoluciones ministeriales, la institucionalidad creada a propósito de las políticas de distribución de la tierra y las propuestas que tomaban la forma de proyectos de ley, es decir, que entraban en el escenario de la lucha política legislativa.

Hay que aclarar algo. Esta investigación no puede ni pretende dar cuenta de todas las políticas en materia de distribución de tierras y políticas agrarias de carácter democratizante. No busca ni puede agotar un tema tan extenso, tan trabajado y debatido por numerosos investigadores e investigadoras en distintos tiempos. A esta bibliografía especializada apelamos, aunque también hacemos una lectura propia de las fuentes documentales.

En definitiva, habrá preguntas que no nos planteamos y otras que dejamos sin responder. Pero buscamos, aún así, acercar a los interesados en estos temas y a los movimientos sociales que luchan hoy por un acceso democrático a la tierra, historias -más grandes o más pequeñas- con las que se puedan sentir identificados y un relato global que funcione como un ovillo del que puedan jalar.

Un problema actual

El acceso a la tierra en el Congreso de la Nación

En los últimos años, se ha hecho visible el descontento y la protesta de los llamados pequeños productores periurbanos.^[3] Pero además de organizar medidas de acción, los movimientos sociales que los representan,tienen propuestas para el sector. El Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural (MTE-Rural) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), por mencionar sólo dos entre muchos, plantean, por ejemplo, una asistencia financiera para garantizar el acceso a la tierra y el arraigo en calidad de propietarios en zonas rurales o “territorios periurbanos”^[4], lo que en otros tiempos ha sido más común escuchar como tierras de ejidos.^[5] Mientras tanto, desde ciertas fuerzas políticas urbanas proponen un “regreso al campo”, como solución para los trabajadores pobres de la ciudad, con una perspectiva de “movilización de población” desde el estado, sin ofrecer la propiedad de la tierra.^[6]

Por otro lado, pequeños y medianos productores que integran la Federación Agraria Argentina (FAA), algunos de los cuales se expresan en  fuerzas políticas de derecha, proponen planes de colonización y creación de propietarios como en los viejos tiempos, como ya veremos.^[7] Es el caso de un proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación por el senador del PRO y productor agropecuario Alfredo de Angelis, quien plantea “distribuir la tierra pública”, para que “nuevos productores puedan consolidar su vocación y aumentar el número de familias dedicadas a la actividad agropecuaria”. En este proyecto se explica que “las medidas de la reforma agraria pueden ser un instrumento apropiado para reducir la concentración de la tierra en los latifundios impedir la expulsión de los agricultores de las tierras y su consiguiente migración hacia centros urbanos.”^[8]

En paralelo, otros sectores de la derecha política proponen planes de asistencia y créditos a la agricultura familiar y a las economías regionales, buscando, de acuerdo a sus palabras, eliminar la perspectiva “asistencialista” o “paternalista” del Estado, haciendo lugar al financiamiento privado, como el proyecto que obtuvo media sanción en 2019, presentado por el senador Humberto Schiavoni, también del PRO.^[9]

Estas presentaciones acompañan en el tiempo a una conflictividad que atraviesa los mundos urbano y rural. Uno de los hechos que más concitó la atención, en este sentido, se produjo en Entre Ríos en 2020.^[10] Organizaciones políticas que expresan el interés de sectores pobres urbanos y rurales, apoyaron el reclamo de tierras de una heredera de un importante establecimiento ganadero, perteneciente a la familia de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura del gobierno nacional de Cambiemos (2015-2019). Al hacerlo, promovieron el “Proyecto Artigas”, que proponía crear un polo productivo social y agroecológico en la propiedad en disputa.

Por otro lado, comunidades indígenas y campesinas siguen sufriendo desalojos de sus tierras y reclaman el cumplimiento y prórrogas de las leyes que deben defenderlos. Muchas de estas demandas encontraron eco en el Foro Agrario Nacional, realizado en mayo de 2019, un espacio creado por distintas organizaciones sociales y políticas para debatir y elaborar un Programa Agrario Soberano y Popular.^[11] Mientras tanto, en la legislatura santafesina, la diputada del PRO Amalia Granata presentó un proyecto de resolución para denunciar “usurpaciones” de tierra y “violación de la propiedad”, para lo cual reclamó una solución policial.^[12]

En el centro de estas contradicciones, se encuentra la Ley N° 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, aprobada a fines de 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015, pero cuya reglamentación todavía no se efectúa.^[13] Con ella, tal como se define en la ley, se persigue la “construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”, que tenga como protagonistas a pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productores familiares, campesinos y productores sin tierra, productores periurbanos y comunidades indígenas. Esta ley dispone en favor de estos sujetos políticas de acceso a la tierra que se considera un “bien social”. La ley tiene como promotora a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (SAFCI), encabezada en la gestión actual (2019-2023) por un referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Frente Agrario Evita (MNCI).

El horizonte global: soberanía y seguridad alimentaria

Un horizonte global se dibuja en cada uno de los proyectos presentados. Con diferentes perspectivas, tanto la iniciativa del MTE-Rural como la de De Angelis llaman a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, promoviendo “la producción sostenible” y la “seguridad alimentaria”. La UTT plantea seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, para aumentar el consumo de alimentos frescos, en procura de la “seguridad alimentaria y nutrición”. También hace referencia al Piso de Protección Social, sobre condiciones sociales de producción, definido por la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos horizontes están presentes en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Entre sus fundamentos, se subraya justamente que la FAO ha declarado al año 2014 como “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, destacando su papel en la lucha contra el hambre y la pobreza, por la seguridad alimentaria y la nutrición, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

Los conceptos Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria son los más importantes que se articulan en estos proyectos, pero sus usos no siempre son coincidentes. Y ello tiene que ver con los orígenes de los movimientos sociales rurales, que se forjaron al calor de las luchas contra la globalización neoliberal.

En 1992, se creó la organización internacional Vía Campesina, y luego, en 1994, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). En 1996, la FAO definió el concepto de Seguridad alimentaria, como el “acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo”.^[14] Las organizaciones nucleadas en Vía Campesina respondieron con la propuesta de la Soberanía Alimentaria, es decir, “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.^[15]

En espejo a este proceso, en la segunda mitad de la década del noventa y en los primeros años del nuevo siglo, fueron madurando las experiencias de lucha de actores rurales en Argentina, creándose en 2003 el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). La Ley de Reparación Histórica de 2014 es, en parte, un logro de este proceso. De allí que se retome el concepto de Soberanía Alimentaria, definido como la participación ciudadana en el desarrollo socio-productivo y la gestión territorial y producción de alimentos, teniendo en cuenta el efecto de “calidad e inocuidad” de los paquetes tecnológicos sobre el ambiente. Ello, simultáneamente, sin dejar de observar las implicancias de la Seguridad Alimentaria.

En algunos proyectos, como el del MTE-Rural, ambos conceptos se combinan, para demandar el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, para que sean ecológico, social, económico y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. En el caso de la UTT, el sujeto beneficiario de la ley tiene la condición de “procurar reducir el uso de agroquímicos y su toxicidad” y tomando la referencia de la FAO y la Seguridad Alimentaria, plantea la “tierra propia” como condición para acercarse a una situación de Soberanía Alimentaria.

Ahora bien, en el proyecto presentado por De Angelis se plantea perseguir la “producción sustentable”, con criterios de “seguridad alimentaria”, “bioeconomía” y “economía circular”, contemplando una “gestión eficiente” de productos agroquímicos y sus desechos. La Soberanía Alimentaria no marca el horizonte de este proyecto. El proyecto de Schiavoni, por su parte, se planteaba dar una herramienta práctica a la Ley de Agricultura Familiar, teniendo como horizonte mejorar “los niveles de eficiencia y competitividad necesarios para su supervivencia y prosperidad”, enmarcado en el objetivo general de erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición y la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, tampoco se plantea el problema de la Soberanía Alimentaria.

Proyectos del PRO

El abordaje a la problemática que propone la diputada santafesina Amalia Granata es de corte policial y contiene una lucha política. En este proyecto, el sujeto “usurpador” que ocupa tierras de forma ilegal pertenece al mundo de las organizaciones sociales y políticas y hace uso de la situación de pobreza y del marco social creado por la pandemia del Covid-19. La demanda consiste entonces en animar al estado punitivista: desde el Poder Ejecutivo, con políticas de “prevención y gestión de tomas”; desde la fuerza represiva, en carácter preventivo y represión directa; y desde el poder judicial, castigando las “usurpaciones”.

Pero, como ya señalamos, desde las derechas se proponen también otros abordajes, más interesantes, como es el caso del compañero de filas de Granata, Alfredo De Angelis. Parte de un diagnóstico diferente, del problema del acceso a la tierra, y propone una salida más integral, con un estado que, en primer lugar, tiene que identificar y poner a disposición tierras fiscales para su distribución. Del estado también se pretende que sea seleccionador y financista de las familias que van a acceder a las tierras. Finalmente, como organizador y gestor de la nueva ocupación territorial, por lo cual se ordena crear una nueva estructura burocrática: el Instituto Nacional de Colonización, en cuya conducción están representados el estado nacional, las provincias y las entidades empresarias del campo, y para el cual se prevé un definido perfil técnico y profesional.

¿Qué tipo de personas se benefician con este proyecto? En primer lugar, la “familia agrícola”, definida así, genéricamente. Sin demasiados detalles sobre los procedimientos de selección, en el proyecto se asegura que se utilizarán criterios de nacionalidad, residencia, cantidad de integrantes y niveles de instrucción y capitalización con implementos agrícolas. Y luego se ofrecen sí, algunos criterios para definir prioridades: se da preferencia a los “agricultores o ganaderos propietarios u ocupantes de extensiones inferiores a la unidad económica”, cuya superficie no se determina. Luego, seguirían “otros productores rurales que acrediten medios para explotar eficientemente la fracción rural a adjudicar” y, finalmente, “beneficiarios a determinar en cada plan, conforme a los objetivos del mismo.”

Pese a las vaguedades en algunas definiciones, la reciente puesta en marcha en Entre Ríos de una iniciativa que se toma como referencia en los fundamentos del propio proyecto, da una pauta de sus pretensiones. Se trata de la Colonia Productiva Guardamonte, creada por el gobierno entrerriano en 2018.^[16] De acuerdo a los anuncios oficiales hechos durante su presentación, alberga a veinte familias de empleados rurales, productores sin tierra, hijos de productores con tierras y pobladores urbanos con vocación de vivir en el campo, en unas dos mil hectáreas, que fueron obtenidas mediante un decomisado contra un ex senador nacional, condenado por corrupción. Los beneficiarios obtienen las tierras mediante un contrato de comodato y, en caso de evaluarse positivamente el desempeño de la familia, se les entregaría la propiedad.

En dichos fundamentos, se critica una iniciativa gubernamental anterior: la de una aldea creada en 2012 para albergar a cincuenta familias dedicadas a la producción porcina. Se sostiene que el estado habría financiado la construcción de las viviendas, la provisión de infraestructura y servicios, y mantenía con planes sociales el funcionamiento de la cooperativa que debían formar las familias para trabajar.^[17]

Propuestas de las organizaciones sociales

Distinto es el caso del Programa Nacional Marcha al Campo, donde se le otorga al Estado el rol rector de una distribución de tierras fiscales y “movilización” de población, para la producción y arraigo rural. Esa población está definida por “personas y familias argentinas o extranjeras residentes”. Pero no se propone entregar las tierras en propiedad, sino en carácter de comodato a largo plazo, manteniendo el estado “la nuda propiedad del dominio fiscal, descartando su transmisión al dominio privado”.

El destinatario, seleccionado mediante la convocatoria y ejecución de un Censo nacional especial para tal fin, se buscaría principalmente entre la población rural: entre productores agropecuarios sin propiedad y con actividad en cien hectáreas o menos; productores con formas combinadas propietarias y no propietarias en no más de ciento cincuenta hectáreas; y trabajadores permanentes o transitorios sin ninguna tenencia. También, se considera al sujeto urbano pobre: trabajadores en condiciones de informalidad o precariedad laboral con o sin experiencia y capacitación adecuada.

El proyecto del MTE-Rural promueve la declaración de interés estratégico de los Territorios Periurbanos Productivos (TPP), para el ordenamiento y protección de los espacios rurales que rodean a las ciudades, donde se producen alimentos saludables y se garantiza la reproducción de los ecosistemas y la vida de las familias agrícolas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Reparación Histórica.

En esta ley, se prevé la creación de un fondo fiduciario para el financiamiento de esta política, de un consejo técnico de asesores y un Programa Integral de Apoyo y Protección, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como iniciativa central, se encuentra la creación de un banco de tierras para la agricultura familiar dentro de estas zonas. El plan contempla formas de propiedad individual y comunitarias y facilidades y garantías estatales para la comercialización en ferias y mercados de cercanía.

Desde una perspectiva del cuidado de las familias productoras y del ambiente, se plantea además la erradicación de la precariedad habitacional y garantías en materia de salud, educación y recreación, así como políticas de acceso y cuidado de los recursos hídricos en zonas críticas. Como complemento, se proponen medidas de regulación de los arrendamientos y suspensión de desalojos.

En el caso del proyecto de la UTT, conocido como “Procear rural”, busca transformar en propietarias a familias del medio rural que no tengan tierra propia y que hacen una gestión familiar, directa y principal, de su explotación. Como en el caso de los “cinturones verdes”, se apunta generalmente, aunque no únicamente, a asegurar una pequeña producción en ámbitos periurbanos. Al estado se le demanda, en primer lugar, una política de selección y distribución de tierras fiscales y un sistema de créditos blandos, a través del Banco Nación.

Facilidades financieras, técnicas y comerciales, entre otras, son demandadas al Estado para desarrollar una producción que, a pesar de proponer como modalidad general la asociación cooperativa de los productores, se proponen destinos diferentes. Si el proyecto presentado por De Angelis pretende una producción para el mercado local, pero también la producción “tradicional” exportadora, con destino a mercados de mayor alcance, el Programa la Marcha al Campo contempla solo el abastecimiento de pueblos y localidades próximas a las explotaciones, “evitando la actual situación de encarecimiento y disminución de la calidad de los alimentos.” El MTE-Rural también busca crear un “comercio sin intermediarios”, de proximidad. En todo momento, el estado aparece como facilitador de la comercialización, por ejemplo, a través de la organización de ferias locales y nacionales, pero en ocasiones también como comprador.^[18]

Como el proyecto de De Angelis, en otros proyectos de los movimientos sociales se recuperan los ejemplos de la Reserva de la Biósfera de San Pablo de Brasil, el Jardín Circunvalar de Medellín en Colombia, el Places to Growth-Greenbelt de Canadá y el Green Belt de Londres de Inglaterra. También, algunas experiencias provinciales. La UTT presenta las experiencias de colonias agroecológicas que producen seiscientas hectáreas en Jáuregui, San Vicente y Cañuelas (todas en la provincia de Buenos Aires), Gualeguaychú (Entre Ríos) y Puerto Piray (Misiones), indicando próximos desarrollos en Mercedes, Tapalqué y Castelli (provincia de Buenos Aires).

Si bien estas presentaciones pueden parecer aisladas, como parte de una dinámica alternativa frente a la demora de la promulgación de la Ley de Reparación Histórica -que deja sin respuestas los reclamos de miles de familias trabajadoras rurales-, también se observa una tendencia a la reorganización y agregación de fuerzas. Así, en 2021, en un escenario político complejo, especialmente en relación a las políticas agrarias, se lanzó públicamente la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), compuesta por la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena–Somos Tierra (MNCI-ST) y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe).

En una acción frente al Congreso, en septiembre del 2022, la MAA publicitó cinco proyectos que retoman algunas ideas de las ya expuestas, vinculados a la producción de alimentos “sanos y accesibles” para el mercado interno: uno de acceso a la tierra, llamado “Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar”^[19]; uno de arrendamientos rurales, que retoma un proyecto de Contratos Agrarios formulado en 2007, que establece una baja de carga fiscal para pequeños y medianos productores y el aumento para las sociedades de capital, como los pool de siembra o figuras similares^[20]; el proyecto de ley de “Protección y Fortalecimiento de los Territorios Campesinos y la Agricultura Familiar”^[21]; otro para la “Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias”^[22]; y, finalmente, uno sobre “Financiamiento y Fomento del Cooperativismo y la Transición Agroecológica”^[23].

Bases: la agricultura familiar y la reparación histórica

La ley de Reparación Histórica, N° 27.118, no es puesta como referencia central de estos proyectos. Sin embargo, es un mojón ineludible, teniendo en cuenta que fomenta “el acceso a la tierra para la agricultura familiar, campesina e indígena, considerando la tierra como un bien social.”

En este aspecto, esta importante ley dispone la creación de un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, con la misión de distribuir por venta, arrendamiento o donación, tierras “aptas y disponibles”, que pertenecen a la Nación, a las provincias o a los municipios, o que les sean donados o legados con este propósito, además de toda tierra rural que ingrese al patrimonio estatal nacional por distintos mecanismos administrativos, judiciales, impositivos o de otro modo.

Mediante políticas financieras, crediticias, sociales, comerciales, tecnológicas, culturales y educativas, la ley busca promover el incremento de la productividad y competitividad de esta economía y de las empresas rurales, esperando garantizar el acceso a los mercados y elevar sus ingresos y nivel de vida. La regularización dominial para familias ocupantes y la asistencia comercial, creando por ejemplo una “cadena nacional de comercialización”, son señalados como medios para este fin.^[24]

Votada a fines de 2014 y promulgada de inmediato, su falta de reglamentación^[25], a lo largo ya de casi una década, dejó un vacío en materia legislativa que, en los últimos tres años, buscó ser llenado por la SAFCI a través de distintos programas específicos que la ley promueve.^[26]

Entre sus fundamentos, la ley “de reparación histórica” apunta a reposicionar a la agricultura familiar en el centro de las políticas públicas agrarias, tanto por el peso que tiene entre quienes viven y trabajan en el campo, como por su rol estratégico en la producción de alimentos. El texto legislativo busca promover un desarrollo rural equitativo y pluricultural, que garantice la sustentabilidad ecológica, económica y social, así como también el acceso al agua y la tierra.

Esta ley se referencia con iniciativas de la FAO (como la declaración del 2014 del Año Internacional de la Agricultura Familiar), con el Foro Global sobre Agricultura Familiar realizado ese mismo año en Hungría, y recupera iniciativas locales, como los encuentros entre organizaciones de la agricultura familiar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ciertos ministerios con vinculación directa en la temática, además de un Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar.

Más allá de la actividad de la SAFCI, la ley se ha apoyado en distintas políticas provinciales, en la existencia de institutos de Colonización o Agricultura Familiar, como los del Chaco, Chubut y La Pampa y en regímenes de protección de dominio a nivel nacional o provincial.^[27] Por otro lado, ha concitado numerosas adhesiones, mediante leyes sancionadas por la provincia de Buenos Aires (Ley N° 14845), Santa Fe (Resolución N° 16/17 del Ministerio de Producción), Corrientes (Ley N° 6371), Jujuy (Ley N° 5864), Entre Ríos (Ley N° 10410), Córdoba (Ley N° 10657) y Catamarca (Ley N° 5474).

Pueblos indígenas, tierra y propiedad comunitaria

La ley de Reparación Histórica dispuso, en su artículo 19, suspender por tres años toda ejecución de sentencia y acto procesal o hecho de desalojo de agricultores familiares. Esta se comunicaba con la situación de las comunidades indígenas, aunque no se refirió a ellas de forma particular.

Las comunidades indígenas tienen una norma para protección de los desalojos de territorios comunitarios desde 2006, cuando se sancionó la ley N° 26.160, que declaró la emergencia de la posesión y propiedad de las tierras de las comunidades que tradicionalmente ocupan, ordenándose entonces un relevamiento técnico, jurídico, catastral, de las comunidades registradas con personería jurídica, a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con involucramiento de los Consejos de Participación Indígena.^[28] La ley fue prorrogada en cuatro oportunidades (2009, 2013, 2017 y 2021) y mantiene hoy una vigencia frágil, pero necesaria. De las 1800 comunidades registradas hoy, más de mil han sido relevadas, con unos 800 expedientes finalizados y otros 300 en trámite.

Tanto la Ley de Reparación Histórica de 2014 como la de Emergencia de 2006 son leyes que responden a las necesidades de uno de los sectores más vulnerados del mundo rural, afectados, entre otras razones, por el incesante avance de la frontera agropecuaria, es decir, por la expansión sobre estos territorios del gran capital y producción a gran escala para la exportación.

Sobre la problemática indígena, es importante hacer un pequeño recorrido de su historia reciente, para entender los reclamos y leyes contra los desalojos. En 1985, mediante la ley N° 23.302, se creó el INAI, con la obligación de adjudicar tierras fiscales a las comunidades o individualmente, si éstas no existían. Se estableció entonces que debía entregar tierras en propiedad y de forma gratuita, debiendo ser aptas y suficientes para la explotación económica.^[29] Con intervención del Poder Ejecutivo y del Congreso, también se consideraba la expropiación de tierras privadas. Los adjudicatarios serían además beneficiarios de líneas de crédito preferenciales para la compra de medios de trabajo y producción, además de ser provistos de capacitación técnica y científica. Las tierras tendrían carácter inembargable e inejecutable por veinte años, con excepciones. No podrían ser transferidas o arrendadas. Se disponía la obligación de mantener el arraigo y trabajar la tierra de forma directa.

Siete años más tarde, en 1992, se sancionó la Ley N° 24.071, que aprobaba el Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. En 1994, la reforma constitucional estableció en el inciso 17 del artículo 75 la obligación del Congreso de reconocer la “posesión y propiedad comunitaria” de las tierras indígenas y a regular la entrega de otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano. En la década siguiente, la Ley N° 26.160 de 2006 y su reglamentación en 2007, tuvieron en cuenta estas prescripciones, haciendo nuevas aclaraciones sobre el carácter de la propiedad indígena: la posesión debía ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.^[30] En la reglamentación, se instaba a la “participación plena” de las comunidades en la “gestión democrática del territorio”, como un “acto de justicia y de reparación histórica”.

Tres años más tarde, en 2010, por decreto N° 700, se dispuso la creación de una Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, en el ámbito del INAI, para cumplimentar lo dispuesto en la Constitución Nacional y en las cartas magnas de varias provincias que reconocen la posesión y propiedad comunitaria.^[31] Allí se explicaba que, si bien la disposición constitucional habilitaba directamente su aplicación, era recomendable fijar “reglas inequívocas” al respecto, para ayudar a la efectividad de la garantía consagrada, advirtiendo “el peligro de interpretaciones judiciales errantes y que hacen lecturas disvaliosas de la voluntad del poder constituyente.” A este propósito vino a contribuir, en 2014, la incorporación de estos preceptos en el Código Civil de la Nación, en el proceso de su modificación. En su artículo 18, de carácter transitorio, se prescribía el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ancestrales y otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano”.^[32]

La disposición del decreto N° 700, fue rápidamente instrumentada por el INAI y aprovechada por las comunidades y organizaciones especializadas en la materia, que comenzaron a redactar distintos ante-proyectos de ley. Uno de estos se terminó de elaborar en septiembre de 2015, entre las autoridades del INAI y con el involucramiento de representantes de 127 Consejos de Participación Indígena del país. Aquel año, fue presentado en el Congreso un proyecto que sintetizaba estas posiciones, pero no alcanzó a ser tratado ni siquiera en comisiones y perdió estado parlamentario. En 2017, 2018, 2019 y 2021 volvió a ser presentado, sin ser el único además que promovía esta política. ^[33]

Para la elaboración de estos proyectos, se contó con la iniciativa de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI), el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Observatorio de Pueblos Indígenas (OPI), la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación. En 2018 y 2019, se realizaron talleres de socialización, discusión y debate, organizados desde el Senado, con participación de los pueblos indígenas.

En todos estos proyectos, el punto más debatido fue el que define el concepto de propiedad comunitaria indígena. Este se entendió finalmente como un derecho real autónomo, colectivo, constitucional y de orden público. Como fundamento de la subsistencia de los pueblos indígenas, se asociaba este derecho a las necesidades del Buen Vivir, a la subsistencia material, a la identidad, al desarrollo cultural y a su espiritualidad. También se adscribieron estas nociones al campo de los derechos humanos. Se propuso crear un Consejo Federal de Política Pública Indígena y una Comisión Bicameral especial para el tratamiento de esta cuestión.

El uso sustentable de la tierra y el cuidado del ambiente, se consideran derivados de esta forma de propiedad que, además, no se puede embargar, dividir, enajenar, arrendar, transmitir ni prescribir, no estando sujeta a gravámenes ni al sistema sucesorio del Código Civil y Comercial de la Nación. Las tierras a considerar bajo este criterio son fiscales o privadas (sujetas a expropiación).

Esta trayectoria legislativa reconoce el año 1994 como punto de inflexión en la relación entre el estado nacional y los pueblos indígenas, expresado en los arreglos constitucionales ya señalados. Pero también, una carencia de avances sustanciales concretos, en la medida en que ni las leyes son suficientes para garantizar el territorio indígena, tal como lo conciben los pueblos, y evitar desalojos.

En la actualidad, vinculada al reconocimiento de la tierra como un derecho humano, esta conflictividad se despliega en escenarios judiciales y extrajudiciales, como en el caso de Lhaka Honhat en Salta, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado argentino por la vulneración a los derechos territoriales y la falta de seguridad jurídica respecto del derecho de posesión y propiedad comunitaria indígena, y en el de Colonia Aborigen (antes Napalpí), en Chaco, donde la problemática de las tierras se coló en un Juicio por la Verdad por una masacre cometida en 1924.^[34]

Usos del pasado

El proyecto presentado por el senador De Angelis es el que más apela al pasado, al citar los artículos 18 y 125 de la Constitución Nacional, para luego referirse a la creación en 1940 del Consejo Agrario Nacional (CAN, Ley N° 12.636) y su modificación en 1954 (Ley N° 14.392), sobre el final del segundo gobierno peronista. Sobre estas últimas leyes, se dice que deben entenderse como un “verdadero código de colonización”, que presentaba “principios claros de protección a la agricultura familiar”, para alcanzar una “agricultura con agricultores”. Valoraba, entre sus prescripciones, la de garantizar la “función social de la propiedad” a través del Estado, como medio para poblar el país, así como la de garantizar el bienestar de la familia rural. En materia de colonización, el proyecto recupera la experiencia de la primera etapa posterior a Rosas, entre 1852 y 1865, recordado como un momento de protección y promoción de la agricultura familiar. La rebelión de los chacareros arrendatarios de Alcorta, Santa Fe, ocurrida en 1912, también forma parte de este rescate histórico.

En el proyecto de la “Marcha al Campo” se retoman otros ejemplos históricos que, se afirma allí, han pretendido “avanzar hacia formas más democráticas del acceso al suelo”, como el que tuvo lugar en 1973 en la provincia de Buenos Aires, con réplicas en Salta, Santa Cruz y Mendoza, pero que fueron bloqueados con la llegada de la dictadura de 1976, que además dio por terminada la experiencia del CAN.
Ni la UTT ni el MTE-Rural exploran en nuestra historia, en la búsqueda de referencias, guías o fuentes de legitimidad e identidad.

¿Cómo se pueden comunicar estas experiencias históricas que se rescatan con los proyectos actuales, cuyos promotores, como vimos, responden a distintos sectores políticos e integran distintas organizaciones rurales? Esta pregunta abre un espacio de inquietudes políticas e historiográficas interesantes. ¿Existieron otras experiencias que merezcan ser recuperadas como antecedentes fundamentales y legitimantes? ¿En qué coyunturas particulares pudieron aparecer este tipo de proyectos? ¿Podemos llegar hasta los tiempos de nuestra revolución e independencia política, rastreando estas huellas?

Un problema con historia

La tierra en tiempos de revolución

Comenzamos por el período hispánico, inmediatamente anterior al momento revolucionario, es decir, a fines del siglo XVIII, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Porque de alguna forma, todo comienza allí, en las características de aquella sociedad, cuyas autoridades coloniales tenían un escasísimo control territorial, más allá de las tierras linderas a cada poblado, como Salta, Tucumán, Santa Fe o Buenos Aires.

En el segundo cuaderno, describimos aquella estructura agraria, las características de la propiedad ordenadas por leyes coloniales y algunos conflictos de la escena pre-revolucionaria, que delatan el crecimiento de una caótica producción ganadera, vinculada al comercio transoceánico, la falta de fuerza de trabajo y los intentos de familias campesinas o labradoras de ocupar territorio y generar su propia subsistencia, con autonomía.

Esta herencia colonial condiciona al proceso revolucionario, problema que observan sus principales pensadores. Los sucesivos gobiernos que, en la década de 1810, empiezan a tomar decisiones de forma autónoma, hasta la declaración de la independencia, buscan crear la propiedad pública. Decretan la conversión de las tierras de la corona en tierras pertenecientes a los estados provinciales y a la república que se asoma.

Los revolucionarios necesitan recursos para unas provincias cuyas economías son destruidas por la guerra. La búsqueda de financiamiento va acompañada de un limitado reparto de la tierra y la extensión de la propiedad privada, que se hace, por lo general, mediante las figuras conocidas de la legislación que se hereda: donaciones, mercedes, remates, permutas, herencia. Las relaciones de poder traman los privilegios en este acceso a la tierra.

Este hecho tiene su reverso para los pueblos indígenas que habían alcanzado, como “pueblos de indios”, ciertos derechos en la legalidad colonial en materia de tierras. También, para quienes trabajaban la tierra sin propiedad, por derecho de costumbre. La revolución supone la disolución o el cuestionamiento de estos reconocimientos.

A este momento histórico corresponden los conflictos entre los llamados “vecinos honrosos” y los etiquetados como “marginales” y “vagos”. Los primeros eran los españoles o criollos propietarios. Los segundos, labradores, negros esclavos, mestizos e indígenas. Allí aparecen las propuestas políticas de Manuel Belgrano, en defensa de los labradores, ocupantes y enfiteutas, que se encontraban en una situación crítica, en contra del latifundio hispánico. ¿Quiénes eran los sujetos que podían transformarse en protagonistas de una “democracia agraria”? Allí se abren paso las luchas artiguistas y las de los guaraníes. Contra ellos, aparecen las libretas de conchabo para reclutar soldados, para garantizar el trabajo en las estancias.

Terminada esa década de revolución y guerra, había que encaminar un nuevo y caótico país. Allí encontramos el endeudamiento del inestable gobierno central, las primeras leyes de inmigración y la formación de las primeras colonias en los alrededores de las pequeñas Buenos Aires y Entre Ríos (como San Pedro, La Calera, Chacarita y Lomas de Zamora) y el intento de ensanchar las fronteras. El acceso a la tierra entonces fue garantizado principalmente mediante la figura legal de la enfiteusis. Tanto para poblar las tierras de frontera, fundando nuevos pueblos, desarrollar la ganadería en tierras de campaña o promover las chacras, granjas y la producción de “pan llevar” en las tierras ejidales.^[35] De todo ello, sin embargo, no surgió sino un país desmembrado que iba a conocer cada vez más el predominio de los estancieros.

La colonización en los tiempos de unificación nacional

Las luchas cada vez más agudas entre los distintos proyectos federales y los unitarios ocuparon buena parte del siglo XIX, hasta la unificación del país y formación de un gobierno nacional, en la década de 1860. La derrota del proyecto federal rosista en 1852 y la sanción de una nueva Constitución, sienta las bases de la república liberal y oligárquica. De inmediato, algunos gobiernos provinciales reinician los proyectos de colonización con labradores europeos. La figura de la enfiteusis, que tenía alcance nacional, fue siendo reemplazada por las ventas de estos dominios o por el arriendo, más costoso y de menor duración. La ley de arrendamientos de Buenos Aires de 1857, a raíz de las protestas de productores en Chivilcoy, es una de las marcas principales del proceso de reordenamiento del acceso a la tierra de este período.

La dirección de los gobiernos en el proceso colonizador fue clave, aportando importantes recursos públicos para garantizar el acceso a la tierra y su puesta en producción. La iniciativa de las familias labradoras, que cambiaban completamente sus vidas al migrar desde Europa, también. Especial protagonismo tuvieron además las grandes empresas colonizadoras, que se comprometían a reclutar a las familias y trasladarlas al nuevo destino. Su rol fue cada vez mayor, y su aprovechamiento también. Entre Ríos y Santa Fe fueron las provincias pioneras de este proceso. Muchas colonias prosperaron, e incluso generaron las primeras exportaciones importantes de cereales, en los inicios de lo que conocemos como el modelo agroexportador al iniciarse el último cuarto del siglo XIX.

Nada de ello sucedió sin violencia, fuertes conflictos y numerosos fracasos. Las frustraciones de una mano de obra cada vez más masiva y espontánea que llegaba desde Europa, la marginación de los “hijos del país”, la derrota de las montoneras y del proyecto federal popular y el acoso y guerra en las fronteras contra los pueblos indígenas, fueron hitos determinantes de este proceso.

En 1876, el presidente Nicolás Avellaneda le dio carácter nacional al proyecto colonizador, al impulsar la sanción de la Ley Nº 817 sobre inmigración y colonización. Como economista, años antes, Avellaneda había propuesto crear un país de muchos pequeños y medianos propietarios. Sin embargo, la ley que impulsó se vio rápidamente malograda. Esta política colonizadora entraría en un torbellino de especulación con la tierra, en el momento en que el país se insertaba plenamente al mundo como proveedor de productos del campo. Las tierras conocidas se habían ocupado y sólo quedaba expandir las fronteras, hacia los territorios indómitos, al sur y al norte. Allí nació la mal llamada “Campaña del Desierto”, la guerra y la expropiación de las tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas.

Las últimas dos décadas del siglo XIX, las de la unificación de las clases dominantes en una república oligárquica, eliminación de fronteras interiores, autonomismos y consolidación del Estado nacional, vieron nacer la estructura ferroviaria del país, con sus grandes empresas y sociedades de transporte y tierras. En ese marco, se promovieron algunas leyes y proyectos que insistían en crear un marco para el arraigo de la pequeña y mediana producción, como las distintas leyes de ejidos y “pan llevar” provinciales o de Centros Agrícolas bonaerense. Pero de a poco, la lógica capitalista de concentración se expandía, con sus crisis, como la de 1890, frustrando los intentos democratizantes.

El modelo agroexportador y una mirada a contrapelo

El país de los grandes latifundios ganaderos y las estancias agrícolas, concentradas en el extenso territorio pampeano, pero extendidas en otras provincias y en los territorios nacionales, se mostrará pujante por varias décadas. Es el período del modelo agroexportador, con la constante expansión de la frontera agrícola y el vertiginoso crecimiento de la producción en el campo, dinamizado por las colonias de población europea.

Ese país lleno de bondades, tan liberal de acuerdo a los preceptos de su Constitución, a su política educativa laica y a su economía abierta, escondía otro país, el de la población que veía vedada la posibilidad de acceder de forma estable y segura a la tierra. Conformaban este otro campo arrendatarios, aparceros o, como advertía Bartolomé Mitre, siervos de la gleba pampeana; campesinos minifundistas que proveían a grandes compañías agroindustriales; comunidades indígenas expropiadas, diezmadas y/o reducidas a nuevas relaciones de servidumbre; y criollos pobres proletarizados, sin propiedad.

Una mirada a contrapelo de las bondades del modelo agroexportador, presenta una política estatal de movilización forzosa de la fuerza de trabajo en el mundo rural y de ocupación militar de tierras, con su subsiguiente distribución como latifundios, bajo la forma de propiedad privada. Fue la acumulación indecible, la de los premios militares, los argumentos de estrategia geopolítica y económica y el genocidio.

Existieron los “indios amigos” que recibieron títulos de propiedad, en relaciones saturadas de un poder desigual. También existieron experiencias de colonización indígena, en los territorios nacionales, como Chaco y Formosa, que seguían la prácticas de las viejas misiones religiosas. Algunas de ellas, como la de San Antonio de Obligado, en 1887, terminaron en masacre, mientras se desplegaba una política oficial de reparto de indígenas derrotados durante las ocupaciones militares en las fronteras sur y norte, entre familias acomodadas del país, campos de concentración como Valcheta y la Isla Martín García y latifundios e ingenios del norte. Entrado el siglo XX, se creó el sistema concentracionario de las Reducciones Estatales de Indios, que existiría por medio siglo, como corolario de los debates abiertos años antes sobre la “cuestión indígena”: ¿qué hacer con estas poblaciones a las que se definía desde el Estado como menores incapaces e inhábiles? Todo, menos entregarles la tierra en propiedad plena, menos respetar sus costumbres y territorios.

Presentados como bárbaros, que rechazaban al país y su organización nacional, los pueblos indígenas dieron, sin embargo, batallas legales e institucionales para conservar sus  tierras y llegaron a rebelarse en distintos momentos y lugares, como los quechuas de Quera, en 1875, los moqoit de San Javier, en 1904, y los qom y moqoit de Napalpí, en 1924, entre muchas otras formas de resistencia.

Los nativos, hijos del país, tuvieron también sus proyectos de colonias. El recordado José Hernández fue su principal voz. Las promovió al dar sus instrucciones a los estancieros, abriendo una senda que fue seguida años más tarde por algunos legisladores provinciales y nacionales, como las presentaciones que hizo el diputado Juan Cruz Paiz en 1909.

El acceso a la tierra tuvo, y es siempre importante recordarlo, una matriz racial central. Caso notable es el de la llegada de una importante población judía, que escapaba de otras geografías, donde se les perseguía y limitaba el acceso y uso de la tierra. Esta nueva experiencia local, como cuenta Marcos Alpherson, uno de sus principales protagonistas, no estuvo exenta de luchas entre ricos y pobres. La masacre de labradores extranjeros en Tandil, en 1872, a mano de gauchos, como la avanzada armada de los “yanquis” californianos contra indígenas en el norte santafesino, son muestras de que la lucha por la tierra admite complejas variables.

La creación de un consenso antilatifundista

La Argentina que entra al 1900 es un país en el que la “modernización” iniciada en el último cuarto de siglo precedente viene acompañada de una conflictividad social y laboral creciente. Las clases dominantes siguen sin encontrar respuestas eficaces, que no sean represivas, para las llamadas “cuestión social” y “cuestión indígena”, cuando irrumpe el proceso de democratización política que desemboca en la primera elección popular de un presidente de la nación. La sanción de la Ley Nº 8.871, en 1912, habilita el acceso a los gobiernos provinciales y nacional de la Unión Cívica Radical, bajo la conducción de Hipólito Yrigoyen. Serán los años de una profunda decepción e incomodidad para las élites del país, quienes sienten en todos los terrenos el avance de fuerzas desconocidas, como las de las izquierdas, el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo revolucionario y, poco después, con la llegada de la Revolución Rusa en 1917, del comunismo.

Al comenzar aquel siglo, el presidente Julio Roca, en su segundo mandato, hizo sancionar la primera ley de tierras de alcance nacional. Diez años más tarde, estalla la revuelta de los arrendatarios pampeanos y nace la Federación Agraria Argentina. En 1921, hacia el final de la primera presidencia de Yrigoyen, se vota la primera ley de arrendamientos de alcance nacional, que llevó el número 11.170. Las luchas de los chacareros, la de los peones rurales, las rebeliones indígenas y el surgimiento del pensamiento agrarista radicalizado, que incluía a socialistas, anarquistas, georgistas y comunistas, subrayaban la preocupación central del momento: el de la concentración de la propiedad. En la década de 1920, un amplio consenso antilatifundista alcanzará incluso a la Sociedad Rural.

De esta extendida preocupación, surgieron potentes proyectos para democratizar la propiedad de la tierra y la producción agrícola, como el del ingeniero agrónomo Roberto Campioletti, quien presentó un estudio científico sobre el “arte de la colonización argentina”, con eje en la chacra. En paralelo, Juan Gervasoni presentaba una demanda judicial contra el latifundio de La Forestal y el radicalismo en el poder, ahora encabezado por Marcelo Torcuato de Alvear, hacía entrega de tierras para conformar reservas indígenas en Formosa, decisión que podía aminorar el impacto que causaba la política de las Reducciones de Indios, en especial la de Napalpí, al sur del Chaco, donde en julio de 1924 se produjo una de las mayores masacres de nuestra historia, contra poblaciones moqoit y qom que, entre otros reclamos, demandaban títulos de propiedad de sus tierras.

Numerosos proyectos de colonización agrícola y ganadera fueron presentados en el Congreso de la nación en aquellos años, como los de Hipólito Pueyrredón y Rodolfo Freyre. Algunos de ellos tenían carácter democrático. Otros, de espíritu más dudoso, como el presentado en 1924, por el diputado radical por Corrientes, José Antonio González, de creación de cárceles regionales y fundación de colonias agrícolas para “menores delincuentes”, que encontraba antecedentes ya a comienzos de siglo en Marcos Paz.

Al comenzar la década siguiente, la situación económica fue lo suficientemente grave como para que esta preocupación por el acceso a la tierra y la producción se profundizara. La fortaleza del modelo agroexportador, puesta en duda frente a los límites que iba encontrando la expansión de la frontera agrícola, se derrumbó con las importantes transformaciones que se avecinaban en el mundo, sobre todo cuando en 1930 se hizo sentir una profunda crisis económica de alcance global. Comenzaría entonces a tener aplicación efectiva la democratización agraria tantas veces pregonada, al penetrar finalmente la coraza de las instituciones estatales.

El acceso a la tierra en un nuevo tiempo: crisis y desocupación

La década de 1930 trajo muchas rupturas importantes. Una de ellas, el inicio de una era de golpes de estados con protagonismo militar. Otra, el crecimiento de las ideologías reaccionarias. Aquella década se inició con la crisis económica, el derrocamiento de Yrigoyen, que transitaba su segunda presidencia, la persecución contra el activismo de izquierda, contra el radicalismo popular y contra los trabajadores que se organizaban y luchaban por sus derechos.

En este contexto, apareció la desocupación como un fenómeno que no tenía antecedentes. La crisis se extendió durante casi todo el primer lustro, en el marco de una nueva oleada inmigratoria. Si bien en tiempos de la gran guerra de 1914-1917, el fenómeno había llamado la atención de la prensa y sectores intelectuales, ahora adquiría una envergadura desconocida, hasta el punto en que se creó por primera vez una estadística para ello y una Junta especial para combatirla. En buena medida, el ejército de desocupados se nutría de criollos desplazados de las zonas rurales. Fue el tiempo en que emergieron las villas miserias en Buenos Aires, en las zonas del Retiro y Palermo.

Entonces, el problema del acceso a la tierra comenzó a entenderse vinculado a este otro problema, del desarraigo y la desocupación. Proyectos como el de Carlos Pueyrredón, luego jefe municipal porteño, y de Rodolfo Videla, diputado radical, se presentan en el Congreso de la Nación. Proponía el primero movilizar a tierras fiscales a pobres y desocupados, porque su presencia atentaba contra la modernización de la ciudad. El segundo, proyectaba crear colonias agrícolas en cuarenta mil hectáreas adquiridas en licitación pública en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, para población que tuviera al menos cinco años en el trabajo de la tierra.

La Conferencia Económico Agraria de la provincia de Buenos Aires, la creación del Consejo Agrario de Entre Ríos, en 1934, y del Instituto de Colonización de la provincia de Buenos Aires, fueron la mayor expresión institucional de lo que era ya un drama nacional, porque volvía a presentar aristas trágicas, como las nuevas masacres de indígenas en El Zapallar, Chaco, en 1933, y de colonos inmigrantes en Oberá, Misiones, en 1936. El frustrado aumento del impuesto al latifundio en Santa Fe, las propuesta del presidente de la Junta de Combate contra la Desocupación, Eduardo Crespo, y la creación del Consejo Agrario Nacional en 1940, a instancias de ingenieros georgistas como Antonio Molinari y Bernardo Horne, fueron iniciativas que adelantaban un tiempo de importantes cambios sociales y políticos: la función social de la propiedad se instalaba en el debate político.

De la “colonización” a la “reforma agraria” en tiempos de peronismo y antiperonismo

El peronismo representa un punto de inflexión histórico en todos los sentidos, por profundizar cambios que se venían produciendo con posterioridad a la crisis económica de 1930 y, al mismo tiempo, por establecer rupturas o saltos cualitativos en determinadas políticas. La cuestión de la tierra, en particular el acceso y la distribución de la misma, pasó a ser un tema central de las luchas sociales y políticas, alcanzando importantes expresiones en la política estatal.

Hablar de peronismo y mundo rural no es sólo referirse al Estatuto del Peón, que pretendió dar protección social a los trabajadores del campo y los montes de todo el país. En aquellos primeros años peronistas, el Consejo Agrario Nacional, creado en 1940, fue llevado a la órbita de la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí, Juan Domingo Perón incorporó a su repertorio el discurso agrarista crítico.

Frente a las crecientes presiones del mundo arrendatario y también de los pueblos indígenas, se llevaron adelante políticas de creación de colonias agrícolas. En Buenos Aires, las políticas de colonización tuvieron especial despliegue, primero con Domingo Mercante como gobernador, y luego con su sucesor, Carlos Aloé, quien presentó el primer proyecto de “Vuelta al Campo”. Asimismo, se llevaron adelante importantes expropiaciones de tierra, como la ordenada el 1 de agosto de 1949, que involucró a un millón y medio de hectáreas de las zonas altas jujeñas, que se otorgaron a comunidades indígenas allí establecidas.

Pero no siempre las tensiones se resolvieron asumiendo las demandas de los sectores que protestaba y pretendían alcanzar mejoras bajo el nuevo gobierno, o lo hicieron de una manera peculiar, como se puede comprender las expropiaciones mencionadas en relación a la represión ordenada en Buenos Aires contra el llamado “Malón de la Paz” que tuvo lugar en los primeros meses de gobierno de Perón, protesta que llegó a unificar el reclamo de los chacareros criollos arrendatarios y los indígenas del noroeste. En clave similar, puede comprenderse en parte la brutal masacre de indígenas pilagá de Formosa, ocurrida en 1947. Desde 1952, año en que se abrió una profunda crisis económica, la “reforma agraria” peronista asumió un perfil más moderado.

La caída de Perón en 1955 y la llegada de una dictadura revanchista, aceleraron una lucha política que, de inmediato, se encontró atravesada por las luchas anti-coloniales y anti-imperialistas del llamado Tercer Mundo, siendo central la Revolución Cubana, que expandió la idea de la reforma agraria por todo el continente americano. En Argentina, esta manera de nombrar y formular el problema del acceso a la tierra desplazó al tradicional término de “colonización”.

Del otro lado, el poder occidental, con Estados Unidos a la cabeza, promovió, con su Alianza para el Progreso, la idea de una reforma agraria moderada, que pretendía esterilizar las luchas campesinas e implantar profundas transformaciones tecnológicas para la producción en los latifundios, semilla de una fuerza que creció décadas más tarde con el nombre de “revolución verde”. En Argentina, esa política se conoció con el nombre de “desarrollismo”, y fue también el escenario de surgimiento del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), en 1956.

En esos años, mientras el Consejo Agrario Nacional desarrollaba, con dificultades, sus políticas de distribución de tierra y se prorrogaba, por distintas leyes, el congelamiento de arrendamientos y aparcerías, distintos proyectos de ley llegaron al Congreso de la Nación, promovidos por organizaciones de pequeños y medianos productores rurales, indígenas, campesinos y otras clases trabajadoras. La Confederación General del Trabajo, por ejemplo, formó la Comisión Coordinadora de Promoción de la Reforma Agraria (Cocopra), lanzó un Congreso en 1965 y presentó oficialmente su plan en 1966. Por otro lado, en el noreste del país, pequeños y medianos productores, propietarios o no, conformaron las ligas agrarias, para luchar contra los latifundios y empresas acaparadoras de su producción. En 1959, hasta la embajada de la República Árabe Unida, que unificó las políticas de Egipto y Siria bajo el liderazgo de Gamal Naaser, presentó un informe al Congreso sobre el desarrollo de las reformas agrarias en la región del Oriente Próximo.

A partir de 1969, la sociedad argentina ingresó en una situación de crisis de dominación, que derivó en la caída del proyecto dictatorial que se había instalado en 1966. Con la primavera democrática de 1973 y el regreso de Perón al gobierno, nuevos proyectos de reforma agraria fueron impulsados por el Ejecutivo, por ejemplo, a través del CAN y de la gestión de Horacio Giberti en el INTA, o presentados ante el Congreso. En 1973, Horacio Sueldo, diputado demócrata cristiano y candidato a presidente de la nación, presentó un extenso proyecto de reforma agraria. Simultáneamente, el gobierno bonaerense lanzó un nuevo programa de “Marcha al Campo”.

El gobierno nacional, por su parte, impulsó políticas de concertación con los grandes productores rurales, pero al mismo tiempo hizo sancionar leyes y dictó medidas a favor de pequeños y medianos productores, para frenar desalojos y avanzar en la regularización de la posesión y la propiedad, asistirlos comercial y crediticiamente, afianzar la regulación en el sector de la carne y los granos e implementar medidas impositivas para desalentar el latifundio, como los impuestos a la renta agropecuaria y tierras libres de mejoras, algunas de las cuales, como la ley de impuesto a la renta normal potencial de la tierra, llegó a ser sancionada, pero no aplicada. La máxima tentativa en términos de democratización del acceso a la tierra y a la producción fue la presentación de un ante-proyecto de reforma agraria, que fue intensamente debatido y no prosperó.

En marzo de 1976, sobrevino la dictadura más sangrienta de la historia nacional, que declaró la defunción del estado social y benefactor que se había venido creando desde los años 30, liquidando las importantes políticas de distribución y acceso a la tierra que existían.

En tiempos del capitalismo neoliberal

El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” impuso nuevas reglas económicas y políticas en beneficio de los grandes grupos económicos nacionales y el capital financiero internacional, que nada tenían que ver con las premisas de función social y productiva de la tierra que habían ganado terreno en las décadas anteriores. Su guía fue la desregulación y mercantilización de la vida social en todas sus aristas y la represión brutal de todas las resistencias.

Por ejemplo, recuperó las leyes de la dictadura anterior, como la Ley Nº 17.335 de 1967, que permitía actualizar valores de los bienes y descongelaba los arrendamientos y, simultáneamente, atacó a las Ligas Agrarias y a organizaciones sindicales rurales y desmanteló las políticas sociales del INTA. Muchos campesinos, pequeños productores, dirigentes y trabajadores, fueron perseguidos, asesinados y/o desaparecidos.  Las condiciones de vida de los trabajadores rurales empeoraron, perdiendo derechos y capacidad de organización y lucha. Las políticas crediticias desaparecieron, invadiendo al campo con una lógica productivista, de especulación, extranjerización y concentración de la propiedad y la gestión de la producción. Emblemática fue la decisión tomada en 1980 de liquidar la experiencia del Consejo Agrario Nacional, creado cuarenta años antes.

En los años de transición democrática y ya entrados los años 90, con la expansión plena de las políticas neoliberales, la racionalización capitalista productiva y el achicamiento estatal, la sociedad sufrirá una modernización excluyente y autoritaria. Uno de sus principales efectos fue el de la proletarización de sectores medios y empobrecimiento general de las clases trabajadoras, junto a la pauperización y marginalización de otro importante sector que pasó a una situación de desocupación estructural y a vivir, no de la venta de su fuerza de trabajo, sino de la asistencia estatal, por cuenta propia y precarizados. Es lo que hoy conocemos como la economía popular.

Mientras tanto, se disolvieron las entidades reguladoras como las Juntas de Granos y Carnes, y en el campo se profundizó la incorporación de tecnologías que permitieron desarrollar una producción con mucho capital y cada vez menos mano de obra, como la siembra directa y el uso de fertilizantes, plaguicidas y semillas transgénicas, creciendo la figura de empresas contratistas sin propiedad, como los “pools” y fondos de inversión. Se impone entonces la forma de producción agraria que predomina a nivel global, de la mano de la extensión del cultivo de la soja: el de la agricultura sin agricultores, de eliminación de las explotaciones más pequeñas y la producción para exportación.

Pero este avance autoritario y deshumanizador del mercado sobre la sociedad en general y sobre el campo en particular encontró obstáculos y resistencias populares, algunas de las cuales ya hemos mencionado, como el reconocimiento constitucional de derechos de los pueblos indígenas o la emergencia del Movimiento Nacional Campesino Indígena, con planteos renovados sobre los derechos de acceso a la tierra y a un ambiente saludable. En tanto, los sujetos subalternos del campo desarrollaron distintas estrategias de producción, arraigo y supervivencia, y de lucha contra los desalojos y por el agua, muchos de ellos hoy protagonistas de la exploración y construcción de alternativas al modelo excluyente actual, con experiencias prácticas y propuestas legislativas e institucionales, como las que hemos mencionado al comenzar esta presentación.

****

Con el fin de aportar al debate actual y a la proyección de estas luchas, profundizaremos en sucesivos cuadernos —desde el Instituto Tricontinental y MILPA—  este ensayo histórico sobre el acceso a la tierra en Argentina.

Referencias