La guerra en Ucrania y su proyección global impactó, entre otras dimensiones, incrementando significativamente el precio de los alimentos en el mercado mundial, que alcanzó valores récords a partir de marzo hasta mediados de 2022. Aún con la relativa disminución que experimentaron luego, el índice de octubre de ese año (construido por la FAO —Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura— para dichos precios) fue todavía un 2 % mayor que el del mismo mes de 2021 y casi un 50 % mayor al registrado en 2020 cuando, en el contexto de la pandemia de covid-19, estos precios comenzaron una escalada ascendente. En esta dirección,  el último Informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de Naciones Unidas anunciaba que el número de personas que padecían hambre en el mundo había aumentado hasta alcanzar cifras records de 828 millones de personas en 2021, un aumento de 150 millones desde el brote de coronavirus. Así también la FAO alertó en 2022 de la emergencia de una crisis alimentaria bajo los efectos de la guerra en Europa y denunció un futuro de sombríos pronósticos tras la previsión de que continúe el incremento de las personas que sufren inseguridad alimentaria aguda en el mundo —particularmente concentrado en 19 “puntos críticos del hambre”— como consecuencia del aumento de los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y la inestabilidad económica, agravados por la pandemia y la crisis en Ucrania.

La gravedad de la situación ha sido comparada con el periodo 2010-2012, cuando un incremento sustantivo de estos precios expandió las hambrunas y desató significativas protestas, entre las más destacadas aquellas que motorizaron en gran parte la Primavera Árabe. Como resultó más que claro en aquel momento —bajo el desplazamiento de los fondos especulativos al mercado de los llamados commodities en el contexto de la crisis económica del 2007-2008— la velocidad y magnitud del crecimiento del valor de los alimentos está dictada en gran medida por la especulación financiera, que resulta hoy el principal actor en las bolsas de valores de mercados a futuros que determinan el precio mundial de estos bienes. Señala palmariamente cuanto el modelo neoliberal de producción de alimentos, lejos de resolver el hambre, la incrementa dramáticamente.

A partir de esta problemática, en este cuadernillo abordamos el análisis, desde diferentes perspectivas, del modelo predominante de producción agraria; sus impactos económicos, sociales y ambientales; y la alternativa agroecológica. En esta dirección, la contribución de Patricio Vértiz, Ernesto Mattos y Rolando García Bernado señala cómo la propia expansión y consolidación de este modelo de producción agraria fue desarrollando determinados inconvenientes. Pese a contar con un consenso prácticamente absoluto en sus inicios la suma de problemas y sus correspondientes señalamientos —puntuales y parciales— devino en el surgimiento de serios interrogantes sobre la forma predominante de practicar la agricultura en Argentina. El trabajo plantea la existencia actual de un consenso suficiente entre diferentes sectores del agro sobre la gravedad y magnitud de determinados problemas intrínsecos al modelo de producción, que son reconocidos incluso por algunas asociaciones e instituciones vinculadas al gran capital agrario. Según los autores esta nueva situación abre un interrogante sobre el devenir de la producción agraria en nuestro país y cuál será la alternativa que comandará la salida de la crisis.

La magnitud de los efectos dañinos de este modelo agrícola interroga a su vez sobre las razones que explican su perdurabilidad, consolidación y expansión a lo largo de las décadas pasadas. Justamente sobre ello, Dolores Liaudat reflexiona en las páginas siguientes sobre los dispositivos ideológicos que explican la construcción de consentimiento y legitimidad alrededor del mismo.

Ante el estado de situación de la producción agraria en nuestro país, una de las alternativas que surge con mayor fuerza se engloba en las propuestas agroecológicas. En ese sentido, el resto de las contribuciones compiladas en este cuaderno examinan las realidades, características, potencialidades y dificultades de un modelo agrícola alternativo, encarnado centralmente por la llamada producción agroecológica. Sobre ello el Sector de Producción, Cooperación y Medio Ambiente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil nos cuenta su experiencia en el desarrollo de la agroecología en un recorrido de los últimos 25 años, que lo llevó a convertirse en un “movimiento agroecológico” y que, entre sus logros, lo sitúa como el mayor productor de arroz agroecológico de las Américas desde hace más de diez años. Pero, como lo señalan en el texto, ello no resulta solo un cambio técnico productivo; frente a la destrucción socioambiental desplegada por el gobierno de Bolsonaro y la ruptura del metabolismo social promovida por el capitalismo, se trata de la nervadura imprescindible de un proyecto alternativo y popular para Brasil y Nuestra América.

En esta misma dirección, nos habla el ingeniero agrónomo Santiago Sarandón señalando que la agroecología, lejos de su reducción tecnologicista, remite a un cambio de paradigma societal. Así, en la entrevista, Sarandón examina el doble cuestionamiento que afronta el modelo del agronegocio —externo, desde la sociedad; interno, por sus propios límites— para examinar, a la luz de su fracaso y colapso futuro, las potencialidades y retos que afronta la agroecología en la Argentina. A continuación, Facundo Monguzzi, integrante del Área de Agroecología de la recientemente constituida Federación Rural, también reflexiona sobre esta última cuestión, sobre los logros y las dificultades de la producción agroecológica y de la agricultura familiar en nuestro país; resaltando, entre otros aspectos, los problemas que afrontan los productores al tener que alquilar la tierra bajo contratos temporarios, muchas veces atados a la discrecionalidad de los propietarios. En esta perspectiva, avanzar con la agroecología exige para el entrevistado, entre otras cuestiones, resolver la cuestión de la propiedad y redistribución de la tierra, bases indispensables de una reforma agraria integral y popular.

Asimismo, como es mencionado por todas las contribuciones, el desarrollo de este modelo agroecológico alternativo no solo interpela a los campesinos, la agricultura familiar o los productores agrícolas; se trata de una alternativa necesaria e impulsada también por los consumidores, y parte de un proyecto alternativo de sociedad cristalizado en la demanda de soberanía alimentaria.  La profundidad de la crisis civilizatoria actual —agudizada por la guerra, la estanflación y el cambio climático global— acentúa la urgencia y necesidad de este cambio. Al debate y construcción de esos caminos quiere aportar este octavo Cuaderno del Colectivo “Crisis socioambiental y despojo” de la Oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Agradecemos a quienes colaboraron y contribuyeron a hacerlo posible.

¿Hay un agotamiento del modelo predominante de producción agraria?

El último lustro arroja algunas novedades sobre el principal sector de la economía nacional. Al pasar revista por los principales medios de comunicación vinculados a la producción agraria podemos identificar la proliferación de experiencias alternativas a la forma predominante de practicar la agricultura. Producción orgánica, agricultura regenerativa, agroecología, permacultura, son términos que empiezan a filtrarse en ámbitos donde hasta hace algunos años solo aparecían en tanto caricaturas. ¿A qué se debe dicho viraje? ¿Solo se trata de modas de ocasión o es una cuestión de fondo? ¿Expresan alternativas a una crisis significativa del modelo de producción que predomina en las explotaciones agrarias de la pampa húmeda? En las páginas siguientes intentaremos dar respuesta a los interrogantes planteados.

¿Crisis o agotamiento del modelo de producción agraria?

Los años noventa significaron un verdadero parteaguas en la producción agraria en Argentina. La incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas en la agricultura pampeana, centralmente la siembra sin roturación del suelo —sistema de siembra directa (SD)—, la adopción de semillas transgénicas y la intensificación de la utilización de agroquímicos, generó una reconversión productiva del sector. La velocidad de la difusión del nuevo paquete tecnológico se explica por la combinación de tres elementos. El primero de ellos se refiere a la simpleza desde el punto de vista técnico, ya que la siembra sin roturación del suelo y el control químico de malezas eliminaron la gran mayoría de labores en el manejo de los cultivos agrícolas. El segundo elemento tiene que ver con los menores requerimientos edáficos del cultivo de soja en comparación con el resto de los cultivos extensivos, que, junto al sistema de SD, permitió incorporar lotes de menor aptitud agrícola. Por último, la combinación de bajos costos y un ciclo alcista en los precios internacionales de la soja y sus derivados implicaría una ventaja notable sobre los destinos productivos alternativos.

Las transformaciones señaladas produjeron un salto notable en los volúmenes de producción, asociado principalmente a la ampliación de la superficie destinada al cultivo de soja en particular —de ahí la caracterización de esta etapa como sojización— pero que con el correr del tiempo también involucraría a otros cultivos agrícolas. Tras el período de gracia inicial de la instalación de los nuevos esquemas productivos, caracterizados por un consenso prácticamente absoluto, se encendieron las primeras luces de alarma debido a los daños colaterales sobre la estructura agraria. La información relevada por el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, indicaba que buena parte de los chacareros pampeanos fueron invitados a retirarse de la actividad, tal como lo había pronosticado el propio Jorge Ingaramo, subsecretario de Política Agropecuaria del gobierno de Carlos Menem, y fuera denunciado con énfasis por diferentes organizaciones del sector, como la Federación Agraria Argentina y el Movimiento de Mujeres en Lucha, entre otras.

Los niveles récord en cuanto a la producción de granos, su peso en el ingreso de divisas y la posibilidad de apropiación de una parte de la renta agraria vía derechos de exportación —más conocidos bajo el término retenciones— significaron un potente escudo ante los planteos críticos. No obstante, la consolidación y el propio desenvolvimiento del nuevo modelo productivo fue desatando una serie de tendencias económicas, sociales, culturales y ambientales, y como reacción, el surgimiento de críticas a determinados aspectos de los esquemas productivos.

Uno de los principales planteos críticos se refiere a la proliferación de malezas tolerantes y resistentes a los herbicidas más utilizados. Corresponde señalar que la simplificación extrema en el manejo técnico de los principales cultivos extensivos asociada al nuevo paquete tecnológico inaugura su crisis hacia el año 2005, con el desarrollo de resistencia al glifosato por parte del sorgo de Alepo. Desde entonces, otras especies fueron desarrollando resistencia y/o tolerancia a dicho herbicida.

Al iniciar la segunda década del siglo XXI, se inaugura una nueva etapa que implica un proceso de complejización en los esquemas de manejo de los principales cultivos. La aplicación de recetas ya no resuelve los problemas técnicos. El surgimiento de resistencias y/o tolerancias a los principales herbicidas utilizados por parte de un espectro cada vez más amplio de malezas, sumado al notable incremento en el costo de los tratamientos, ubicaron el tema en el centro de las preocupaciones de la agenda sectorial, tal como lo evidencian los congresos y jornadas de las principales instituciones vinculadas al sector, como por ejemplo la Asociación de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). Ello desató la necesidad de llevar adelante una serie de ajustes sobre el manejo técnico de la problemática, entre los que podemos mencionar los siguientes: la calibración de los momentos óptimos para realizar las aplicaciones en función del desarrollo fenológico de las malezas presentes y las condiciones climáticas imperantes, la utilización de tratamientos mixtos en barbechos químicos, el establecimiento de esquemas de rotación no solo de cultivos, sino también de principios activos y tratamientos, la incorporación de cultivos de servicios, etcétera. (García Bernado y Vértiz, 2022).

Corresponde aclarar que la combinación de estas estrategias no siempre logra los resultados esperados, lo que abre un gran interrogante sobre su eficacia en la resolución de la problemática señalada. En la actualidad, existen al menos 42 biotipos de malezas resistentes en 27 especies distintas, fenómeno que crece a un ritmo vertiginoso de cuatro nuevas resistencias en promedio por año. También resulta preocupante el incremento de resistencias múltiples que implica que una misma maleza desarrolle resistencia a dos o más principios activos (AAPRESID, 2022).

El segundo planteo crítico se refiere al incremento constante en los costos de producción y la reducción de los márgenes de rentabilidad. En respuesta al problema señalado en los párrafos anteriores desde mediados de los años 2000 se ha producido una intensificación en el uso de herbicidas —y de otros agroquímicos como insecticidas y fungicidas— que implica la utilización de dosis más elevadas, la combinación de distintos productos en una misma aplicación —mezclas— y una mayor cantidad de aplicaciones totales en cada campaña. El peso de los agroquímicos en los costos totales presenta un incremento tendencial para todo el período 2002-2018 e impacta sobre los gastos por los servicios asociados a estas mayores aplicaciones (García Bernado, 2021). Ello supone un incremento en el volumen mínimo de capital necesario para enfrentar cada campaña productiva, lo que genera una presión creciente sobre los capitales dedicados a la agricultura para permanecer en la actividad.

A su vez podemos mencionar la relevancia decreciente de los costos pesificados. La incorporación del paquete tecnológico redujo el peso relativo de la mano de obra, lo que tornó a la producción agraria más dependiente de los agroinsumos industriales, que en su mayoría poseen un fuerte componente dolarizado. Ello resulta en la disminución de los costos licuables por la vía devaluatoria, mecanismo de transferencias económicas intrasectoriales, que en el pasado volvía a la producción agraria relativamente más rentable y competitiva.

Un tercer núcleo de críticas señala los graves impactos sobre la naturaleza como resultado de los esquemas productivos predominantes. Con la aprobación del evento de soja transgénica RR^[5] en el año 1996 se encendieron las alarmas en algunas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, sobre sus posibles riesgos ambientales en un futuro. La mayoría de los cuestionamientos giraban en torno al elevado grado de incertidumbre sobre el comportamiento de los eventos transgénicos una vez liberados en las regiones productivas. Pese a los señalamientos mencionados, Argentina asistió al ensayo “a campo” de mayor magnitud que haya conocido la historia de la agricultura. La velocidad de incorporación del cultivo de soja RR batió todos los récords y a los pocos años alcanzaba más del 90 % del área cultivada con dicha especie. Tomando prestado el lenguaje jurídico del derecho ambiental, no hubo lugar para el principio precautorio, el cultivo de dicho evento transgénico tenía vía libre hasta que se demostrara que podía generar algún tipo de daño verificable.

Poco más de una década después, en el 2009, el diario Página/12 decide difundir los resultados de una investigación del Dr. Andrés Carrasco que alertaba sobre los impactos negativos del glifosato en términos sanitarios y ambientales. El estudio demostraba específicamente una serie de malformaciones en embriones de anfibios expuestos a dicho producto, no obstante, sentaría un precedente para la discusión general de los efectos del herbicida sobre el medio ambiente y la salud de la población, pero también acerca de las consecuencias económicas y sociales del modelo de producción.

Parte de estos señalamientos, en particular sobre los impactos sanitarios y ambientales de la aplicación de glifosato, ya habían sido denunciados con anterioridad por diferentes sectores de la sociedad civil: organizaciones ambientalistas, movimientos campesinos y colectivos específicos, como Madres de Ituzaingó y la red de Médicos de Pueblos Fumigados; que justamente motivaron las investigaciones de Carrasco y otros investigadores. La intensa campaña de desacreditación impulsada por las principales firmas productoras y proveedoras de agroquímicos, algunas entidades técnicas, cámaras empresariales del sector agroindustrial y medios de comunicación, no logró deslegitimar las investigaciones de Carrasco que de hecho sentaron un precedente fundamental para las discusiones sobre las consecuencias sanitarias y ambientales del núcleo de prácticas productivas del modelo predominante.

A partir de ello, una serie de investigaciones en la misma línea fueron robusteciendo las bases científicas de los argumentos de las posiciones críticas y trasladaron la discusión a diferentes ámbitos institucionales. En el año 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer —que integra la Organización Mundial de la Salud— afirmó que el glifosato puede provocar cáncer en seres humanos. De ese modo, resultan cada vez menos convincentes las argumentaciones de los sectores negacionistas acerca de la falta de fuentes confiables sobre los efectos nocivos de este modo de uso de los agroquímicos en el ambiente y la salud de las poblaciones.

El cuarto planteo crítico refiere a la presión social creciente sobre las formas actuales de producción. Por un lado, en estrecha vinculación con las investigaciones señaladas en los párrafos anteriores, los señalamientos sobre algunas prácticas productivas, centralmente la aplicación de agroquímicos, son cada vez más recurrentes sobre aquellos predios lindantes a los centros urbanos. En muchas ciudades y pueblos del interior surgen conflictos entre productores y vecinos que exigen la interrupción de esas prácticas. Situaciones que han decantado en el establecimiento de “franjas de no fumigación” en muchos distritos que representan áreas productivas lindantes a los ejidos urbanos en las cuales se prohíbe aplicar agroquímicos. Por otro lado, un proceso de desconfianza entre sectores cada vez más amplios de la población respecto a la calidad nutricional y sanitaria de los alimentos, como resultado los incrementos en las escalas de producción, propias de un modelo de agricultura industrial.

De esta manera, las sospechas se extienden desde los productos frescos adquiridos en las verdulerías de la ciudad hasta aquellos alimentos procesados derivados de actividades extensivas. El rechazo a esa forma de producir, asociado a problemas de salud que se generan tanto en el consumo de los alimentos como en la coincidencia geográfica con las producciones, más una ampliación de las preocupaciones ambientales en términos sociales, han dado fuerza a los planteos críticos de movimientos, organizaciones y colectivos de la sociedad civil que cuestionan la forma general de funcionamiento del modelo de producción agraria.

El creciente reconocimiento en buena parte del globo de los problemas asociados al cambio climático sienta a la producción agraria en base a agroquímicos en el banquillo de acusados junto con otras actividades de perfil extractivo como la minería a cielo abierto, la fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos —más conocida con el término fracking—, la pesca industrial, entre otros. Por razones de extensión, en esta oportunidad no es posible abordar la justeza o no de la acusación ni la equiparación de actividades tan disímiles. Por último, corresponde señalar que esta nueva conciencia social se imbrica con mecanismos extraeconómicos de regulación del comercio internacional —plasmados generalmente mediante barreras paraarancelarias— que ordenan la división internacional del trabajo.

Como pudimos observar, tras un período de gracia de alrededor de una década, en la cual el modelo predominante de producción agraria logró una adhesión cuasi absoluta, la suma de señalamientos puntuales y parciales fue ganando adeptos en diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil, incluso entre las diversas instituciones vinculadas a la producción agraria, y decantaría en el planteo de serios interrogantes sobre el devenir de esta manera de practicar la agricultura.

Interrogantes finales: ¿Qué alternativa logrará comandar la dinámica de cambios en el agro argentino?

De acuerdo con el raconto realizado, los señalamientos críticos sobre el actual modelo productivo se ordenan en cuatro planteos: a) los inconvenientes estrictamente técnicos a raíz de la proliferación de malezas resistentes y tolerantes a los principales herbicidas y principios activos utilizados; b) los efectos económicos ligados al incremento constante en los costos de producción y la reducción de los márgenes de ganancia para los capitales agrarios; c) el impacto ambiental en los entornos productivos como también sobre áreas no productivas y la presión social vinculada a ello; y d) la creciente preocupación por las pautas alimenticias en algunos sectores de la población, que arroja diversas críticas sobre la calidad nutricional de los alimentos producidos y sobre el nivel de residuos de los agroquímicos en los alimentos.

En nuestra opinión, los dos primeros planteos, que justamente surgen del mismo seno del modelo de producción, constituyen los principales problemas para la producción agraria de nuestro país, al menos al interior del sector agrario, y están poniendo en jaque al modelo predominante. La combinación de ambos elementos provoca serias dudas en una cantidad creciente de productores agrarios (sean de tipo familiar o empresarial), asesores independientes, profesionales vinculados a organismos públicos y privados, entre otros, sobre la conveniencia de continuar produciendo del modo dominante. En ese marco, afloran diferentes experiencias alternativas de producción que, si bien en algunos casos cuentan con extensos recorridos, asumen por primera vez una notoria visibilidad en la agenda pública durante el último lustro.

Entre ellas, hay algunas alternativas que logran presentarse con mayor capacidad para solucionar los problemas mencionados en párrafos anteriores: la producción orgánica, de vasta trayectoria en nuestro país; la intensificación sostenible, que cuenta con el respaldo de buena parte de las instituciones y entidades técnicas del sector agrario y representa la alternativa impulsada por las clases y sectores dominantes del agro; y por último, la transición hacia la agroecología, apuesta a la que adscribe la mayoría de los sectores críticos del modelo de producción que predomina en las explotaciones agrarias.

Hasta el momento, resulta difícil comprender qué alternativa logrará comandar la dinámica de cambios en el agro. En buena medida dependerá de su respuesta para la resolución de los problemas mencionados en las páginas anteriores y de la capacidad de los diferentes grupos y actores sociales de instalar como superadora la alternativa que encarnan. En definitiva, pareciera que el modelo productivo transita un momento de cambios profundos con final abierto.

Bibliografía

García Bernado, Rolando (2021) “Transformaciones productivas, concentración y centralización del capital de la cadena de cultivos extensivos (1996-2018)”, Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3031.

García Bernado, Rolando y Vértiz, Patricio (2022). “Tendencias económicas y sociales recientes en la agricultura pampeana. Una crítica al enfoque de producción en red” en Mundo Agrario (Universidad Nacional de La Plata) Vol. 22 Nº 51.

Vértiz, Patricio; Mattos, Ernesto y García Bernado, Rolando (2022). Agroquímicos en el agro pampeano: agotamiento de un modelo y alternativas productivas emergentes. Avances de investigación. En Desarrollo y ambiente: problemas y debates desde la periferia. Ediciones del CCC.

Otras fuentes y documentos

AAPRESID. Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa 2022.

¿El fin de la cuestión agraria en Argentina?
Los agronegocios y sus dispositivos ideológicos

Hacia fines de los años noventa, en el marco de la hegemonía neoliberal, se consolidó en Argentina el modelo de los agronegocios basado en la aplicación del denominado “paquete tecnológico” (integrado por la siembra directa, los cultivos transgénicos y los agroquímicos), la concentración de la producción agrícola en pocos commodities, el desarrollo de nuevas formas de gestión y organización del trabajo, y el avance de grandes capitales extraagrarios y/o extranjeros en el agro. En este último sentido se destaca el predominio de unas pocas multinacionales al inicio del ciclo del capital (como proveedoras de los insumos industriales) y al final del mismo (en la comercialización de los productos agropecuarios), y la emergencia de nuevos actores en la producción, las megaempresas translatinas, que se caracterizan por la fuerte presencia de capitales financieros.

La velocidad con que este modelo se propagó en el país es muy significativa. Durante la primera década de expansión (1996-2006), la siembra de soja transgénica (cultivo emblemático del modelo), reemplazó la casi totalidad de la soja sembrada previamente. La expansión calculada en millones de hectáreas es aún más impactante: las plantaciones de soja pasaron de 6,7 millones de hectáreas en 1997 a más de 20 millones de hectáreas en 2016, cubriendo gran parte de la superficie de la región pampeana y avanzando hacia regiones del país que no se dedicaban a la producción agrícola extensiva. Esta expansión implicó el despojo de unidades campesinas y la deforestación de millones de hectáreas de bosques. A su vez, la presión por el aumento de escala, vinculado a los altos costos del “paquete tecnológico” y al aumento de valor de la tierra, profundizaron la concentración de la producción. A tal punto que entre el censo 1988 y 2018 se calcula la desaparición de más del 40 % de las explotaciones agropecuarias. Por otra parte, el volumen de productos químicos utilizados creció exponencialmente (en los últimos años se llegó a superar los 500 millones de kg) generando graves consecuencias ambientales y sanitarias.

La expansión de un modelo con tales consecuencias negativas, no puede comprenderse sin atender a las estrategias de construcción de hegemonía de los grandes grupos de poder que operan en el sistema agroalimentario local. El aspecto coercitivo ha sido y es clave en la producción de hegemonía de los agronegocios. Para reparar en ello solo es necesario visibilizar la sistemática violencia privada y estatal en el desalojo y arrinconamiento de las familias campesinas. Sin embargo, una transformación tan profunda de las formas de producción no hubiese sido posible sin la construcción de nuevas racionalidades y de consenso a nivel social. Fue necesario que quienes poseen los principales recursos productivos y las/os responsables de tomar las decisiones políticas se vieran compelidos a actuar a favor de esos cambios, y al mismo tiempo, que se neutralicen los conflictos sociales emergentes. Con este objetivo, en las últimas décadas, una serie de figuras ligadas a las multinacionales y las megaempresas llevaron a cabo un trabajo sistemático en pos de difundir los beneficios de los agronegocios en el país y lograr que esta concepción del mundo se transforme en la base de acciones vitales.

Los intelectuales orgánicos y las estrategias de construcción de consenso

Según Gramsci, las/os “intelectuales orgánicos” son quienes realizan la articulación entre las nuevas condiciones materiales de existencia y las formas organizativas e ideológicas que las sustentan, jugando un rol clave en la construcción de hegemonía. En nuestro país desde mediados de los años noventa un grupo de comunicadoras/es, CEOs de las grandes empresas, asesoras/es y académicas/os locales asumieron este papel en un vínculo estrecho con los centros transnacionales de producción de sentidos en torno a los agronegocios (entre los que se destaca la Universidad de Harvard, y a nivel latinoamericano, el PENSA la Universidad de São Paulo).  Estas/os intelectuales llevaron a cabo dos tareas centrales en la construcción de la hegemonía del modelo: la promoción y traducción a nivel local del paradigma de los agronegocios, y la organización de todo un entramado institucional clave para la generación de consenso, y para la elaboración de mediaciones entre las clases dominantes y el resto de la sociedad.

Así, por ejemplo, promovieron la creación de asociaciones de nuevo tipo en el agro argentino (como MAIZAR, AAPRESID o ACSOJA), basadas en la difusión de nuevas tecnologías o en la organización por cadena de un producto. Estas asociaciones orientan su accionar a la coordinación de los intereses económicos de los actores que intervienen en diferentes fases de la cadena agroalimentaria. De este modo, entre las/os socias/os de las mismas incorporan no solo productores sino también representantes del capital comercial, industrial y financiero. Si bien en su vocación hegemónica construyen vínculos con las entidades tradicionales del agro (SRA, FAA, CONINAGRO, CRA), se distancian de las mismas en su perfil corporativo y de confrontación con el Estado. A través de las nuevas entidades, las/os intelectuales del modelo construyen una voz de autoridad como “expertas/os”. Desde ese lugar, penetran en diferentes instituciones de la sociedad civil y del Estado con un discurso que se presenta como “apolítico”, proponiéndose como “colaboradores” para que quienes ocupan puestos en el Estado identifiquen las lógicas del sistema capitalista global y promuevan políticas que se adapten a las mismas.

Además de la defensa de los intereses de los sectores dominantes, las/os intelectuales del modelo, en su vocación hegemónica, desarrollan una impactante cantidad y variedad de estrategias para la difusión de los agronegocios y la obtención de consenso social. Entre ellas se encuentran una diversidad de dispositivos comunicacionales (como revistas, suplementos, publicidades, videos informativos, páginas web, programas de radio y tv., exposiciones) realizados en los medios masivos o desde las mismas empresas y entidades; solidarios (aportes a organizaciones sociales e instituciones públicas, financiamiento de proyectos de emprendedurismo y de desarrollo comunitario, entre otros), que generan la base moral para la expansión en los territorios; y educativos, implementados en escuelas primarias y secundarias (como padrinazgos, concursos, capacitaciones docentes) y en universidades (creación de carreras en agronegocios, firma de convenios de “cooperación académica”, intervención en las reformas de planes de estudio, entre otras), que además de abonar a la legitimidad del modelo, juegan un rol clave en la formación de la fuerza de trabajo “calificada” que el mismo requiere.

En todas estas instancias, desde un lenguaje cientificista (mediante el cual justifican su imparcialidad) se presenta a los agronegocios como la expresión de una nueva etapa del capitalismo a nivel global signado por la denominada “sociedad del conocimiento”, un paradigma que nace en los países centrales como un modo de explicar las transformaciones que el sistema capitalista atraviesa desde la década de 1970. La “sociedad del conocimiento” constituye un entramado conceptual de carácter ideológico que se esboza como hegemónico a nivel mundial a partir de los años noventa. Basado en rasgos apologéticos y normativos, caracteriza a la actual etapa histórica como la llegada a una sociedad realmente justa y democrática por la posibilidad de crecimiento igualitario que brindaría el acceso al conocimiento.

Los promotores de los agronegocios en Argentina han construido toda una red de sentidos asociadas a los beneficios de la agrobiotecnología y las nuevas oportunidades del mercado global, que se anclan en este paradigma. Según este discurso, las nuevas tecnologías aplicadas a la producción permiten un mayor control de la naturaleza, aumentos exponenciales en la producción y en la rentabilidad empresarial. Desde esta especie de “fetichismo del conocimiento” se ubica la responsabilidad del éxito o fracaso económico en los productores individuales, ya que solo falta “darse cuenta” del rol central del conocimiento.

A su vez, en su intención de construir consenso, se presenta a las nuevas tecnologías como la forma de solucionar problemas sociales. La operación discursiva más conocida al respecto es la presentación de los agronegocios como la forma de dar respuesta al problema del “hambre en el mundo” a partir del incremento de los rendimientos agrícolas. Se invisibilizan, de este modo, las causas estructurales de dicho problema vinculadas al modo desigual de distribución de la riqueza y el ingreso. Desde esta construcción ideológica, se caracteriza a quienes cuestionan las nuevas tecnologías como “ignorantes” o “fundamentalistas”.

Sin embargo, las estrategias en relación a las críticas al modelo no consisten solo en el rechazo a las mismas o la denigración de quienes las realizan. La capacidad hegemónica de los agronegocios se visualiza especialmente en su capacidad para dar respuesta y/o absorber las demandas de los sectores subordinados y de quienes resisten al modelo.

Aunque Argentina no se caracteriza por fuertes procesos de lucha contra los agronegocios como sí sucedieron en otros países latinoamericanos, se han desarrollado dos vertientes relevantes de resistencia a los agronegocios. Por un lado, las organizaciones campesino-indígenas de las regiones extrapampeanas y de productores hortícolas periurbanos, que llevan a cabo acciones en defensa de los territorios ante el avance de la frontera agropecuaria y de la agricultura familiar como base de la soberanía alimentaria. Por otro lado, los colectivos socioambientales, integrados por académicas/os, profesionales, jóvenes, vecinas/os, que ponen en la agenda pública el cuestionamiento a los impactos del uso de agroquímicos y transgénicos, y han obtenido conquistas importantes en términos jurídicos y legales.

Las/os gurúes del modelo han intentado dar respuesta a estos cuestionamientos a través de la incorporación de las demandas de estas organizaciones luego de quitarles el sentido más crítico en que las mismas se sustentan, es decir a través de una especie de “revolución pasiva”. A continuación, profundizamos en dos operaciones hegemónicas que estas/os realizan por su relevancia en torno a la desactivación de los principales cuestionamientos públicos: la difusión de los agronegocios como un modelo que genera armonía a nivel social, por un lado, y con la naturaleza, por el otro.

¿Un modelo que promueve la armonía social?

El principal argumento para justificar el aporte de los agronegocios a la armonía social consiste en que a partir del acceso al conocimiento cualquiera podría convertirse en un empresario exitoso, incluso sin ser propietario de tierras o de grandes capitales, por lo que no existirían contradicciones entre las clases sociales. Al respecto, ya es célebre la definición de sí mismo de Gustavo Grobocopatel, expresidente de la megaempresa Los Grobo, que trabaja cientos de miles de hectáreas, como un “sin tierra”. Esta construcción discursiva hace alusión al peso minoritario que tendría la propiedad de la tierra en las estrategias del negocio agropecuario actual (dimensión desmentida por el fuerte proceso de acaparamiento de tierras que se produce en el país desde comienzos de siglo), lo que enterraría el conflicto histórico que determinó la cuestión agraria basado en la disputa por dicho recurso.

Gracias al desarrollo tecnológico sería posible la organización de la producción bajo una lógica flexible y descentralizada asentada en la articulación de actores que aportan distintos recursos. Esta forma de producción es presentada como un “modelo en red” que permitiría vínculos más democráticos y el desarrollo de estrategias donde “todos ganan”. Es un planteo que desdibuja las asimetrías y las condiciones diferentes en que los sujetos se suman a la red, y que corresponde a lo que el investigador italiano Francesco Di Castri —quien ha tenido un rol destacado en los congresos de las nuevas entidades— denomina “estrategias ganar-ganar”. Desde este dispositivo ideológico, se sostiene la armonía entre productoras/es de diferentes tamaños, trabajadoras/es, poseedoras/es de tierra, financistas, multinacionales proveedoras de insumos y exportadoras, tras la idea de una “comunidad agroalimentaria” donde todas/os comparten el mismo interés: la promoción de las mejores condiciones para el desarrollo del sector agroindustrial. Las tensiones y antagonismos estructurales entre las clases y fracciones de clase que este modelo genera y profundiza se diluyen en este discurso que sostiene la integración horizontal de los actores apoyada en el rol del conocimiento.

Así, por ejemplo, las tensiones entre las/os productoras/es y las multinacionales que controlan los precios y las condiciones de venta, son diluidas en un discurso que acentúa la complementariedad de intereses, y los beneficios tecnológicos que brindan las empresas trasnacionales. Por otra parte, la oposición de intereses entre las/os pequeñas/os y medianas/os productoras/es y las megaempresas por el acceso a la tierra, son invisibilizadas en un discurso que plantea la subsidiariedad de este recurso. Así también, el antagonismo entre las patronales y las/os trabajadoras/es rurales, se diluye en una retórica managerial moderna aplicada a la gestión del trabajo según la cual los empleados tienen flexibilidad y autonomía en las modalidades y tiempos laborales, y pueden transformarse en emprendedores en diferentes negocios en el marco de la “red”. Todas las supuestas ventajas de esta forma de organización de la producción se difunden a través de diferentes mecanismos llevados a cabo por las megaempresas (por ejemplo, a través de códigos internos, planes estratégicos, talleres, coaching motivacional), y a nivel social en las múltiples estrategias desplegadas en el ámbito educativo y comunicacional.

Esta construcción ideológica se aplica también a un discurso que plantea la posibilidad de convivencia del agronegocio con la agricultura familiar. Un sector que no forma parte de las “redes” de las megaempresas y que ha persistido —a pesar de los fuertes condicionamientos asociados al avance del capitalismo en el agro— en base a estrategias económicas que se alejan en diferente medida de las lógicas dominantes de producción. Incluso en algunos casos en base a modelos alternativos, como la agroecología. Desde las/os voceras/os de los agronegocios las experiencias de los productores familiares y agroecológicos (esencialmente vinculadas a la producción hortícola) podrían integrarse a través de la modernización y el fortalecimiento de las vías de comercialización corta. Es decir, de lo que se trata es de reconvertir al sector “atrasado” para integrarlo de un modo subordinado a los agronegocios. La expresión más clara de esta mirada y de su capacidad de interpelación a ciertos sectores de los movimientos sociales se encuentra en el documento Argentina Armónica elaborado en el 2020 por Grobocopatel y el “chino” Navarro, referente nacional del Movimiento Evita. En el mismo se plantea que la agricultura familiar debe “integrarse con la utilización de nuevas tecnologías, los mercados de cercanía, el procesamiento de sus productos y su renovado vínculo con consumidores”. Este discurso abona a la legitimación social de un modelo como los agronegocios que por su propia lógica excluye y concentra la producción en pocas manos.

La posibilidad de convivencia del agronegocio con la agricultura familiar busca ser plasmada a través de diferentes proyectos impulsados por las megaempresas. Por ejemplo, empresas como Cresud y Los Grobo llevan a cabo junto a distintas organizaciones sociales programas para el desarrollo de huertas comunitarias orientadas a abastecer mercados locales, para la producción y comercialización directa de productos apícolas orgánicos, y para el acceso de los productores familiares a tierras fiscales, entre muchos otros. Este tipo de proyectos se construyen como dispositivos de intervención territorial en alianza no solo con organizaciones sociales sino también con el Estado (provincial, municipal, INTA). Mediante el financiamiento o la disponibilidad de recursos estatales, estas acciones enmarcadas en las políticas de “responsabilidad social” de las megaempresas, se guían por los planes de “desarrollo” seleccionados y aprobados por las/os referentas/es de los agronegocios. Es una de las tantas modalidades en que las/os intelectuales del modelo logran infiltrar su discursividad entre operadores estatales y de los movimientos sociales.

¿Un modelo que promueve la armonía con la naturaleza?

En respuesta a los cuestionamientos socioambientales, las/os voceras/os del modelo plantean que los agronegocios representan la mejor manera de afrontar el “dilema de la humanidad”: producir más para alimentar a una población creciente versus cuidar la naturaleza. A través de estrategias educativas y comunicacionales, realizan un trabajo sistemático en pos de plantear los beneficios productivos y ambientales de las nuevas tecnologías agropecuarias, y de destruir los “mitos” que consideran se han instalado al respecto, principalmente sobre el herbicida glifosato, principal foco de cuestionamiento social. En este marco, dedican un lugar importante a desacreditar las voces ambientalistas, adjudicándoles intereses políticos y desconocimiento. Un ejemplo al respecto es la campaña despiadada y por todos los medios contra el científico Andrés Carrasco, quien dio cuenta de los impactos negativos del glifosato en embriones de anfibios.

Sin embargo, el rechazo del discurso socioambiental no es la única estrategia. En su vocación hegemónica, recuperan algunos tópicos de la ecología política en el que aquel discurso se sustenta, pero los presentan articulados junto a otros núcleos conceptuales como la eficiencia, la competitividad, la rentabilidad o la responsabilidad empresarial. La principal construcción discursiva pasa por sostener que la respuesta al “dilema de la humanidad” se encuentra en el “desarrollo sustentable”. Este concepto se entreteje en diversas instancias internacionales desde la década de 1970. Entre las más representativas se encuentran la reunión del Club de Roma (1972), la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano de la ONU en Estocolmo (1972) y la publicación del Informe Brunthland por la ONU (1982). En estos espacios se fue elaborando un discurso basado en el “credo de la ecoeficiencia” (Martínez Allier, 2009) que sostiene la posibilidad del manejo técnico de los problemas ambientales, y que se convirtió en una especie de “evangelio” a ser seguido por organismos financieros internacionales.

Según las/os representantes locales de los agronegocios, el desarrollo sustentable en el agro se genera a través del uso “responsable” de las nuevas tecnologías en base a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Una noción que fue creada por las grandes corporaciones industriales y que hace referencia al seguimiento de ciertas normas orientadas al uso eficiente del suelo y el agua, y al manejo correcto de agroquímicos. En los últimos años, incluso se busca reducir a la agroecología a un tipo de BPA (quitándole su carácter antisistémico), especialmente desde el impulso que se le empezó a dar en organismos internacionales como la FAO. Este discurso se ha instalado con fuerza en organismos universitarios y estatales, a tal punto que en el 2015 se creó la Red de BPA que reúne a todas las organizaciones empresariales vinculadas al agro, las principales universidades del país y organismos públicos y se erige en una plataforma desde la cual se busca influir en políticas públicas. A través de la construcción ideológica de las BPA se realizan tres operaciones ideológicas. Por un lado, se reconoce lo que ya no se puede ocultar: los impactos negativos de la forma predominante de producción. Por el otro, se responde que de lo que se trata es de disminuir los efectos en el marco del mismo modelo y no de evitarlos cambiando la forma de producción. Por último, se deposita la responsabilidad en los individuos, en sus modos más o menos responsables de producir, y no en el modelo.

No obstante, cuando los problemas son evidentes y claramente no se los puede solucionar con “buenas prácticas” individuales, se los busca remediar, dentro de la misma lógica, con más tecnologías. Esta cuestión se visualiza, por ejemplo en la actualidad, con la pérdida de efectividad del glifosato. Inicialmente la fortaleza del “paquete tecnológico” se basó en la simplificación del manejo de plagas al permitir el control de malezas con este solo producto. Pero con los años muchas malezas se volvieron resistentes o tolerantes al mismo. Para solucionar este problema, en lugar de trabajar sobre prácticas de manejo que disminuyan la emergencia de las plagas y que promuevan el control biológico, las multinacionales han introducido nuevas variedades de transgénicos. De este modo, se produce, tal como lo señala Cáceres (2015), una especie de “escape hacia adelante” ya que, en vez de buscar otro abordaje al problema, se recurre a nuevas tecnologías que en pocos años generarán la emergencia de malezas doblemente resistentes, que probablemente producirán más o nuevos problemas socioambientales y una mayor dependencia tecnológica y política.

En este sentido, las/os promotoras/es del modelo expresan una especie de “ambientalismo débil”, basado en la idea de que existen alternativas tecnológicas para enfrentar los problemas ambientales. Una visión que también se visualiza en otro planteo que introducen con fuerza en los últimos años: el aumento de la rentabilidad empresarial a partir del “enverdecimiento” de la producción. Con esta orientación, han desarrollado diferentes iniciativas para lucrar con prácticas ambientales. Entre ellas se encuentran el Programa de Agricultura Certificada de AAPRESID que consiste en la certificación de los procesos productivos basados en las BPA en pos de lograr un plus de valor económico, y el Programa Pro Carbono de Bayer que promueve el secuestro de carbono por parte de los productores con prácticas “sustentables” en base al uso de herramientas de la agricultura de precisión y digital. A partir de este tipo de programas, las grandes empresas buscan posicionarse como el nexo entre las/os productoras/es argentinas/os y las empresas trasnacionales que generan emisiones y que pueden estar interesadas en las certificaciones que logran estos productores para tener el balance neutro que en muchos países se comienzan a exigir.

De esta manera, la preocupación por la cuestión ambiental en las/os referentes de los agronegocios responde no solo al intento de neutralización del conflicto ambiental y de legitimación social, de greenwashing de las empresas que generan inocultables efectos negativos en los territorios, sino también al aprovechamiento de las nuevas oportunidades de mercado que en los últimos años han desplegado las elites globales. Se busca articular el proceso de mercantilización continua de bienes naturales, la “acumulación por desposesión” en términos de Harvey (2005), con mecanismos de “acumulación por conservación” (Doane, 2014) mediante las políticas neoliberales de desarrollo sustentable.

El apoyo al modelo en la región pampeana

Antes señalamos que las dos principales vertientes de resistencia al modelo provienen de la región extrapampeana, del periurbano y de las ciudades, pero ¿qué pasa en el agro pampeano, la principal región productiva del país? A pesar de la relevancia de las multinacionales y las megaempresas como promotoras del modelo, no debemos perder de vista que el grueso de la superficie sembrada en Argentina se sigue explicando por capitales que tienen menos de 10 mil hectáreas bajo su control. Una parte importante de estos capitales corresponden a pequeñas/os y medianas/os productores pampeanos que, si bien han adoptado el modelo tecnológico y productivo predominante, se incorporan de modo subordinado a la alianza de clases que impulsa los agronegocios.

Estas/os productoras/es, que son los destinatarios privilegiados de las estrategias de construcción de hegemonía de los agronegocios, se diferencian de las/os campesinas/os y de las/os productoras/es hortícolas en aspectos como la orientación productiva, la forma de organización del trabajo y los recursos económicos con los que cuentan. Sin embargo, no se las/os puede asimillar a las grandes empresas, como suele hacerse desde algunos discursos políticos que simplifican a la estructura agraria pampeana, tras conceptos como “campo” u “oligarquía”. Las/os pequeñas/os y medianas/os productoras/es pampeanos a diferencia de las grandes empresas no logran imponer sus intereses en relación con el acceso a los principales recursos productivos e incluso, con la tendencia concentradora del modelo, para muchas/os la persistencia en la producción pende de un hilo.

A pesar de esta realidad, la mayoría de las/os productoras/es pampeanas adoptan acríticamente el discurso celebratorio de las nuevas tecnologías y del modo de producción. Al dialogar con ellas/os encontramos que defienden los impactos positivos del “paquete tecnológico” y de las nuevas formas de producción por la mayor facilidad y rapidez para el desarrollo de las tareas y al aumento de la productividad, cuestiones que han podido corroborar en sus prácticas productivas. En relación al vínculo con el ambiente, en consonancia con el discurso de los agronegocios, desvinculan los problemas de contaminación del modelo de producción, asociándolos a la mala praxis de algunos individuos, y cuestionan a las/os ambientalistas por desconocimiento o por tener otros intereses. Sin embargo, no se apropian de toda la retórica de la “economía verde” ni participan de los nuevos negocios que se vinculan a la misma, los cuales son implementados en la actualidad por las grandes firmas.

Este fuerte consenso en el aspecto tecnológico y productivo no impide que surjan ciertos cuestionamientos a las grandes empresas, que entran en tensión con el discurso ideológico de la armonía social. Estos sectores critican fuertemente a las megaempresas y en general a los pools de siembra por cuestiones como aumentar el valor de la tierra y desplazar productores, endeudar a los contratistas al obligarlos a comprar maquinarias de punta, y por afectar a las economías del interior. Por otro lado, las multinacionales, también son objeto de críticas. Particularmente las comercializadoras son cuestionadas por capacidad de imponer los precios y hacer recaer los impuestos en los productores. Las proveedoras de insumos, en cambio, a pesar de su carácter oligopólico, no son tan criticadas ya que los productores valoran muy positivamente sus aportes en semillas y agroquímicos, vinculado al fuerte consenso tecnológico que antes señalamos. No obstante, el intento de estas firmas de avanzar sobre el patentamiento de las semillas a través de una nueva ley genera resquemores en muchas/os de ellas/os.

Estos cuestionamientos expresan una especie de “buen sentido” que surge desde la práctica, donde las/os productores vivencian relaciones de subordinación y dependencia con las grandes empresas. No obstante, más allá de la enunciación de estas tensiones, predomina en general un alto grado de resignación. La mayoría no ve la posibilidad de transformar esta realidad o de desarrollar modelos alternativos. Las valoraciones críticas son expresadas como lecturas individuales, no llegan a articularse en un discurso colectivo que confronte con el proyecto de los agronegocios. De esta manera, las/os pequeñas/os y medianas/os productoras/os son hegemonizadas/os por los agronegocios por el consenso generalizado de su modelo tecnológico y de producción, pero principalmente porque internalizan la percepción de que ellas/os no pueden hacer nada frente a la dinámica del mercado.

Dos aspectos claves que inciden en esta percepción son, por un lado, las transformaciones en los modos de vida de estas/os productoras/es que han abandonado la vida en la ruralidad y el trabajo familiar, y en este marco, ha calado profundamente el individualismo propio de la hegemonía cultural neoliberal. Y, por otro lado, la pérdida de consistencia ideológica de la Federación Agraria, organización que históricamente representó a estos sectores, y que hoy es aliada de su enemiga histórica, la Sociedad Rural. Desde esta alianza, las problemáticas de las/os pequeñas/os y medianas/os productoras/es vinculadas a la expansión de los agronegocios se pierden en el predominio de un discurso liberal que ubica el foco de los problemas en el Estado y abandona el planteo de la cuestión agraria.

El desafío: reinstalar la cuestión agraria

En este contexto resulta necesario reinstalar el debate sobre la cuestión agraria en la Argentina actual. Visibilizar que más allá de todos los dispositivos ideológicos, son inocultables las consecuencias de los agronegocios en términos de concentración de la tierra y la producción, de dependencia, contaminación y despojo. Para esto es necesario superar la fragmentación de las clases y grupos sociales que sufren directamente las consecuencias del mismo, y los reclamos aislados de las diferentes problemáticas ligadas a la cuestión agraria. Pero también ciertos discursos desde el campo político nacional-popular y de izquierdas basados en caracterizaciones antiguas de la estructura agraria que no tienen capacidad interpelativa sobre los actores agrarios existentes.

Así como las megaempresas demuestran una gran capacidad hegemónica incorporando demandas de otros sectores, sería importante encontrar la manera en que las luchas de las/os campesinas/os, las productoras/es hortícolas y agroecológicas/os, las organizaciones ambientalistas puedan articularse con los problemas de las/os asalariadas/os rurales y las/os pequeñas/os y medianas/os productores extensivos del agro pampeano. Una tarea que no es sencilla debido a que entre ellas/os existen intereses en tensión y a la predominancia en la región pampeana de una hegemonía de los agronegocios en términos productivos y tecnológicos, y del liberalismo en términos políticos.

Pero para pensar en la posibilidad real de desarrollar un modelo agrario alternativo que responda a las necesidades de las mayorías sociales, no se puede dejar afuera a los sectores subordinados del agro pampeano, cuya orientación productiva hacia el mercado internacional resulta imprescindible para mantener los saldos exportables que necesita el país. Del mismo modo, en que las/os intelectuales orgánicos de los agronegocios, buscan hacer consciente al sujeto que actúa en la vida social del interés objetivo que tiene la clase de la que es parte con relación al resto de las clases, sería fundamental que políticas/os, dirigentes/es de organizaciones sociales agrarias y académicas/os críticas/os abonen a la construcción de una visión de conjunto que articule las diferentes demandas y problemáticas de las víctimas del modelo. En este marco, los elementos del “buen sentido” que surgen de la práctica de las/os productoras/es, son un punto importante donde apoyarse para construir una propuesta contrahegemónica.

Bibliografía

Cáceres, D. (2015). Tecnología agropecuaria y agronegocios. La lógica subyacente del

modelo tecnológico dominante. En: Mundo Agrario, 16(31).

Doane, M. (2014). From community conservation to the lone (forest) ranger: accumulation by conservation in a Mexican forest. Conservation and Society, 12(3), 233-244.

Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires: CLACSO.

Martínez Alier, J. (2009). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria Antrazo-FLACSO ECOLOGÍA

Agroecología y la construcción de un proyecto popular para Brasil

La coevolución entre los colectivos humanos y la naturaleza produjo los cimientos de toda la naturaleza tal como la conocemos. Los miles de millones de años que pasaron desde el surgimiento de formas inorgánicas y orgánicas en el mundo, encontraron un momento geológicamente único cuando aparecieron nuestros ancestros. A partir de entonces, la praxis produjo una nueva naturaleza. Las formas sociohistóricas de organización de los seres humanos modificaron la naturaleza externa y, con ello, también cambiaron ellos mismos, construyendo lo que Karl Marx vino a llamar el metabolismo ser humano-naturaleza.

Fue en un determinado período histórico, cuando la estructura de clases aún no se había establecido, que las necesidades que garantizaban nuestra reproducción social y nuestra existencia —alimentación, vivienda, vestido, etcétera— fueron superadas por esta relación metabólica socioecológica. El elemento central que mediaba esta relación era el trabajo. No el alienado, mandado por un patrón, por una élite; sino la síntesis de fuerza física, capacidad intelectual y acumulación histórica.

Fue esta danza milenaria entre pueblos de diferentes regiones del mundo y los entornos que los rodeaban lo que produjo la base de alimentos increíblemente diversa que tenemos y que hizo posible que los seres humanos seamos lo que somos hoy. En esta relación de cooperación y coevolución se fraguaron agricultura y ganadería, agrobiodiversidad, sistemas biogeográficos y biomas.

Sin embargo, la transformación estructural promovida por el modo de producción capitalista fue, siglo tras siglo, alterando este metabolismo. Lo que antes se limitaba a los feudos europeos o a las omaguas amazónicas, fue arrastrado a la dinámica capitalista con el surgimiento de la estructura de la propiedad privada. Con ello, fue posible extraer un plusvalor sobre la gente trabajadora e ingresos sobre los bienes comunes de la naturaleza.

Es a partir de este proceso que nace la forma contemporánea de explotación capitalista de la naturaleza. La ruptura del metabolismo socioecológico entre los colectivos humanos y la naturaleza hizo posible un nivel inimaginable de explotación de los cuerpos humanos y de los seres orgánicos o inorgánicos presentes en la naturaleza. La acumulación originaria destruyó a milenarios pueblos en África, América y Asia, expropiando riquezas materiales e inmateriales y expulsando del campo a decenas de millones de familias campesinas. La industria capitalista, que trajo avances sin precedentes en la civilización, también simplificó los complejos sistemas de gestión de la naturaleza construidos durante siglos, transformando todo en una mercancía.

La relación capitalista contemporánea con la naturaleza

Ahora vivimos en una nueva etapa de esta explotación capitalista. En su etapa actual, el capitalismo se encuentra bajo la hegemonía del capital financiero, que busca acelerar intensamente las posibilidades de lucro, haciendo su dinámica cada vez más bárbara y violenta.

Lo que fue la “revolución verde” en los años sesenta y setenta del siglo XX, hoy lo son las cientos de millones de hectáreas transgénicas, con miles de millones de litros de venenos, para producir básicamente cinco especies (soja, maíz, algodón, caña de azúcar y carne). La concentración histórica de la tierra, expresada en la figura del latifundio, se alió con las grandes empresas transnacionales y desarrolló una forma absurda de destrucción ambiental y expulsión de las familias trabajadoras del campo: el agronegocio.

El resultado de la hegemonía de esta forma de explotación capitalista de la agricultura es devastador. En los últimos años los temas agrarios, alimentarios y ambientales han alcanzado gran centralidad en la realidad nacional. Los años del golpe y el ascenso de las fuerzas fascistas en nuestra historia reciente han impuesto una realidad extremadamente brutal en la gente y la naturaleza de nuestro país. Hoy somos 125 millones de brasileños con algún grado de inseguridad alimentaria, de los cuales 33 millones están en situación de inseguridad alimentaria severa, o sea, pasan hambre todos los días.

El Informe Anual de Deforestación, elaborado por Mapbiomas, demuestra que la agroindustria es la principal responsable de la deforestación ilegal en Brasil. En la comparación entre 2020 y 2021, la pérdida de cobertura vegetal en el país se incrementó un 20 % y registró aumentos en todos los biomas brasileños. El estudio destaca que la agroindustria provocó el 97 % de la pérdida de la vegetación nativa, principalmente en la Amazonía, bioma que concentró el 59 % del área deforestada en el período, seguida por el Cerrado (30 %) y Caatinga (7 %). En todos los biomas brasileños, la pérdida de foresta en 2021 totalizó 16.500 kilómetros cuadrados, el doble del área cubierta por la Región Metropolitana de São Paulo. Asimismo, en los últimos tres años, la tala fue equivalente al tamaño del Estado de Río de Janeiro. El ritmo de devastación también se aceleró, la velocidad promedio pasó de 0,16 a 0,18 hectáreas por día. Así, en el último año, la Amazonía perdió el equivalente a 18 árboles por segundo.

Estos datos son normalmente “etiquetados” como ambientales, pero son una expresión cristalina de la disputa por el territorio. Gran parte de esta destrucción ambiental promovida por la agroindustria tiene lugar en tierras donde viven pueblos indígenas y comunidades tradicionales; por eso se asocia con la violencia, la expulsión de familias, el asesinato de líderes, la prohibición de circulación y del uso de territorios; y además con medidas para prevenir y frenar la Reforma Agraria y la demarcación de territorios indígenas y quilombolas.

La agroindustria anuncia sucesivas cosechas récord; que son, como ya se mencionó, casi exclusivamente de commodities. Pero si miramos de cerca estos registros, el carácter destructivo es claro. La tasa de aumento de la productividad en los principales productos básicos es pequeña (por ejemplo, la soja 2,5 % en los últimos 10 años y en el maíz es de alrededor de 6 toneladas por hectárea (t/ha), en comparación con las 11 t/ha en EE. UU.). El incremento de las cosechas, por lo tanto, es el resultado de esta expansión territorial —que produce los datos señalados anteriormente— y del uso de una cantidad cada vez mayor —en volumen y en diversidad— de agroquímicos liberados sobre los cultivos cada año. Y todo esto proveniente de un conjunto cada vez más restringido de transnacionales que controlan el agronegocio.

Agroecología, soberanía alimentaria y un nuevo proyecto de país

Caminando por los caminos de la contrahegemonía, el campesinado mundial, en su diversidad, resistió activamente este avance de las élites sobre el campo. Y, a partir de esta lucha, desarrolló la mayor síntesis de clase actual: la soberanía alimentaria. Fue en la década de 1990 cuando La Vía Campesina formuló este entendimiento de que las sociedades no pueden desarrollarse si no tienen la autonomía para definir cómo será su suministro de alimentos, cómo y quiénes producirán los alimentos y a quiénes se le distribuirán.

La alimentación, por tanto, está directamente ligada a una construcción política. Nadie se alimenta exclusivamente de soja y maíz. Tampoco experimentan las alegrías y la felicidad que posibilita la comida —satisfacción cultural, afectiva y alimentaria— consumiendo estas mercancías y los ultraprocesados ​​a base de azúcares, grasas y sodio. La comida es para el estómago y para los caprichos.

La pandemia también nos habla de la alimentación. Como define el investigador Rob Wallace, estamos en la era de las agropandemias. Esto significa que hay un engranaje de muerte donde la deforestación, la quema y el acaparamiento de tierras son eslabones de un mismo mecanismo de sobreproducción del agronegocio. Los microorganismos extraídos del equilibrio dinámico que tienen en la naturaleza se liberan en estos entornos del agronegocio, espacios cerrados donde entran en relación con las hormonas y antibióticos que se utilizan masivamente, sufriendo una inmensa presión y transformación en el marco de la selección natural. De este entorno emergen los superpatógenos, que encuentran una población superconcentrada en grandes urbes, inmuno deprimida por la mala alimentación y las constantes intoxicaciones, produciendo así sucesivas pandemias. Estamos solo en la cuarta pandemia de este siglo XXI.

Por lo tanto, la soberanía alimentaria es crucial para nuestro país. No es una agenda de movimientos campesinos, sino de toda la sociedad brasileña. Cómo organizar el abastecimiento de alimento saludable al pueblo brasileño hoy es una cuestión fundamental para cualquier proyecto que se proponga como nacional.

Y es bajo este entendimiento que se estructura la agroecología. No es posible pensar en la soberanía alimentaria sin formas contrahegemónicas de producción de alimentos. Necesitamos un pueblo brasileño nutrido, sano y nuestra naturaleza cuidada, para reorganizarnos como país.

La agroecología es el resultado de milenios de aprendizajes de los pueblos, que, aun vulnerados en su territorio o exiliados de su patria, reconstruyen su metabolismo socioecológico. La agroecología se alimenta de prácticas y resistencias ancestrales que se desarrollaron dialécticamente durante el capitalismo. La agroecología es también la reconstrucción del conocimiento científico. Si entendemos que este saber ancestral fue despreciado por el saber científico manipulado por las transnacionales, también debemos entender que la agroecología es también la posibilidad de mediar entre ese saber ancestral y las posibilidades del saber científico actual.

Para el MST, la agroecología es esa praxis que tiene como sujeto al campesinado y que es imposible de pensar como una actividad aislada. Demanda de una articulación profunda entre las diferentes formas de cooperación, así como múltiples tácticas de lucha, ya sea a nivel territorial, a nivel nacional o internacional.

Es en este entendimiento que el MST, en los últimos 25 años, se transformó en un movimiento agroecológico. En este camino, experiencias pioneras, como Bionatur (nuestra cooperativa de semillas agroecológicas) se han multiplicado a lo largo de los años. Actualmente, la observación más difundida es que el MST es el mayor productor de arroz agroecológico de las Américas desde hace más de 10 años (en la zafra 2022 se cosecharon 15.500 toneladas de arroz), pero es importante entender que la agroecología ha avanzado en varias otras cadenas productivas de familias Sin Tierra.

Hay unas cuantas miles de iniciativas de gestión integrada entre árboles y plantas de ciclo corto o medio. En muchas regiones se les llama agroforestería, pero también se les conoce como traspatios productivos, policultivos, sistemas agrocerratenses y recaatingamento. La productividad de estos sistemas es siempre creciente, ya que la diversidad y el aumento progresivo de la fertilidad contribuyen a la salud de las plantas y, por tanto, a las buenas cosechas.

Con estos sistemas diversificados es posible producir una gran cantidad de alimentos (las familias asentadas en São Paulo pueden producir 80 toneladas de alimentos agroecológicos por año en una hectárea de sistema agroforestal) que son suministrados a la población a través de la alimentación escolar, ferias y otras estrategias o circuitos cortos de comercialización, como canastas y cooperativas de consumo. Pero también es posible trabajar en cadenas productivas que antes se organizaban a partir de los monocultivos.

Así tenemos, por ejemplo, el café agroecológico desarrollado en estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, São Paulo y Rondônia. Asimismo, el cultivo de cacao y cupuaçu ha sufrido una gran transformación agroecológica en estados como Bahía, Pará y Rondônia.

En la cadena productiva de granos, el MST también ha avanzado en la perspectiva agroecológica. En un país donde el 98 % de la soja y el 95 % del maíz sembrado son transgénicos, el proceso de transición agroecológica de los cultivos ha sido un gran desafío para los emprendimientos que ya existen en Mato Grosso do Sul, Paraná y São Paulo. Los principales cuellos de botella encontrados se sitúan en el acceso a la maquinaria adecuada para la agroecología y la agricultura campesina; y en el dominio tecnológico de la producción de bioinsumos. Buscando superar esos límites, en agosto del 2021, el MST São Paulo realizó su tercera cosecha de maíz orgánico, cosechando 100 toneladas en 32 hectáreas sembradas.

A medida que maduró este cúmulo de experiencias, el MST lanzó su Plan Nacional Siembra Árboles, Produce Alimentos Saludables en 2020. Fortalecer la integración de los árboles en el día a día productivo de las familias Sin Tierra es uno de los principales objetivos del plan. Pero también entendemos que esta debe ser una acción de la clase obrera para recuperar manantiales y riberas, sembrar plazas urbanas y cauces de avenidas. Con esta perspectiva, plantamos más de 2.500.000 de árboles a enero de 2022.

También forma parte de estos avances concretos el proceso de formación y educación popular en agroecología. Los cursos formales que se realizan en la Escuela Latinoamericana de Agroecología (ELAA) y en el Instituto Educar, o con universidades e institutos federales, han sufrido las consecuencias del fin del Programa Nacional de Educación para la Reforma Agraria (PRONERA); pero resistimos esta medida y seguimos defendiendo la importancia de la formación técnica en agroecología y de la constitución de un cuerpo técnico popular que domine la praxis agroecológica y la construya en sus territorios.

También hemos impulsado experiencias en educación básica en escuelas rurales, que con diferentes estrategias han construido otra forma de conocimiento, basada en la reconexión del ser humano con la naturaleza. Es para apoyar este proceso en las miles de escuelas rurales existentes en Brasil que el MST, en colaboración con la Fiocruz, creó el Diccionario de Agroecología y Educación, lanzado recientemente, que contiene más de cien entradas sobre el tema.

La agroecología trata, fundamentalmente, de reconstruir al ser humano. Para que nuestras capacidades agroecológicas se desarrollen, la reconstrucción de las relaciones sobre una base emancipatoria y humanista es crucial. La superación del racismo y el patriarcado está directamente ligada a estas nuevas prácticas productivas. Así como el ejercicio de la cooperación, en sus diversas formas, es un presupuesto de la agroecología.

Nuestra sociedad brasileña, a mediados de la década de 2020, se enfrentó de manera brutal a su herida agraria. El hambre, las pandemias, la desigualdad social y la organización política brasileña siguen teniendo como base la cuestión agraria, que tiene al agronegocio como su polo burgués. En contraposición, en el corazón de un proyecto de país que confronta al proyecto de las élites está la reforma agraria popular, la defensa de los territorios indígenas y quilombolas, y la soberanía alimentaria. Y todos estos logros deben tener como sustrato fértil la agroecología, construyendo un nuevo paradigma ecológico y soberano de país.

Facundo Monguzzi: “La principal política para el desarrollo de la agroecología implicaría discutir la tenencia de la tierra y su redistribución”

En esta ocasión entrevistamos a Facundo Monguzzi, activista que ha desarrollado una importante experiencia militante en distintas organizaciones sociales y territoriales vinculadas a la agricultura familiar y la agroecología, tal como él mismo nos lo va a relatar. En esta entrevista, Monguzzi examina, además, los logros alcanzados por los movimientos populares y las políticas públicas en relación con el avance de la agroecología así como las principales dificultades y desafíos que estos productores y organizaciones enfrentan hoy en nuestro país. Facundo integra actualmente el Área de Agroecología de la Federación Rural, organización que surge a partir de la articulación de la experiencia de la Rama Rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de otros grupos preexistentes como el Movimiento de Pequeños Productores (MPP), La Comunitaria, Norte Campesino de Córdoba, entre los más relevantes. Fue promotor y coordinador de la Escuela Nacional de Agroecología (ENA) surgida a iniciativa de pequeños productores y productoras agropecuarias de distintas localidades y regiones del país para multiplicar los procesos de transición agroecológica.

¿Nos podrías comentar cuáles fueron tus primeras experiencias de trabajo con planteos agroecológicos, en qué región y con qué tipo de productores?

Mis primeras experiencias de trabajo organizativo en agroecología fueron en la cooperativa Malvinas Agroecológica, a partir de la biofábrica y con productores organizados en el territorio de Córdoba. En su mayoría productores interesados en la horticultura o con alguna producción vegetal. En este marco, junto a la Agencia de Extensión Rural (AER) Cruz del Eje del INTA, pudimos trabajar con un grupo en la zona de Punilla sobre casas de semillas y un trabajo en las escuelas públicas para hacer huertas organopónicas en nueve localidades de la región. Utilizamos esta tecnología debido a que es zona de sierras y los suelos no son profundos, esta técnica nos permite ascender sobre el nivel del terreno. Es una técnica muy interesante implementada en Cuba. Otra de las experiencias en las que participé fue en la fundación de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Córdoba (CLAySA). Después con un grupo de la localidad de Unquillo —Córdoba— decidimos conformar la Cooperativa Proyecto Hormiga, donde se trabaja sobre el reciclado de materia verde y se hacen sustratos, compost a partir de lo que se denomina “desechos”. Más tarde empezamos a trabajar en transición con productores hortícolas en el cinturón verde de Córdoba y alrededores y finalmente se llevó a cabo el primer encuentro de Agroecología Nacional del Movimiento en la localidad de Mina Clavero, provincia de Córdoba. Debido al gran interés de los compañeros empezamos a hacer capacitaciones en todo el país.

Teniendo en cuenta la diversidad de sectores que integran el movimiento agroecológico en Argentina, nos interesaría en particular que nos comentes cuáles son los aportes del enfoque agroecológico para la producción familiar.

En Argentina la mayoría de los productores que hace horticultura o agricultura familiar tiene problemas con la tenencia de la tierra —alquilan en los cinturones/valles productivos o son campesinos con problemas de títulos de la tierra—.  Entonces el primer punto es que la agroecología no puede estar escindida de la reforma agraria y de la soberanía alimentaria. Entendemos la agroecología como un aprender colectivo, respetando las diversidades productivas, siendo económicamente rentable y no excluyente para el consumidor. Por eso trabajamos el concepto de agroecología popular, porque el objetivo no es producir de forma agroecológica para el abastecimiento de aquellos sectores de mayores ingresos. Entendemos la agroecología como práctica de salud tanto para las familias productoras y los/as consumidores/as. Siempre decimos que la tenencia de la tierra nos permite mejorar los suelos, mejorar las condiciones de vida y por ello es una apuesta a la salud pública.

¿Cuáles son los principales logros que identificas en estos años de trabajo sobre propuestas agroecológicas?

Bueno, en cuanto a los principales logros creo que primero sería la unificación que se ha dado en la lucha desde los movimientos sociales y el reconocimiento de la agroecología a nivel del Estado como la Dirección Nacional de Agroecología. Si bien no cuenta con los técnicos ni los recursos necesarios, es un reconocimiento. Queda una lucha grande para que eso sea realmente eficiente en cuanto a los recursos y que se puedan ejecutar programas específicos. La incorporación de municipios también es importante. Después otra discusión importante que se ha logrado en estos años es el avance de los bioinsumos y también está dentro del SENASA esa discusión. Si bien es una puja muy fuerte con el sector empresarial, con la cámara de bioinsumos —que es la cámara de las empresas que generan ese tipo de productos—; mientras por el otro lado están las organizaciones populares que están realizando sus propios bioinsumos. En esto es importante poder generar las capacitaciones territoriales y el empoderamiento de los compañeros y compañeras porque es una práctica que se viene llevando hace años. Entonces es necesario difundirla y poder generar desde el campo popular o de las organizaciones populares estas herramientas que queden en manos de cooperativas campesinas y de productores de la agricultura familiar.

Después también los avances que se están dando en el reconocimiento del sistema de certificación de garantía participativa, el SPG. También es importante siempre y cuando haya un respaldo popular y no quede solamente en las instituciones del Estado sino en los consumidores y los productores de las zonas y de las organizaciones. Que no sea algo totalmente del Estado porque no sabemos quién puede estar después en el gobierno y que carácter puede tomar esto de la certificación participativa. Hay que evitar que termine en una certificación como en el orgánico; rentada y mucho más costosa, generando un producto de élite con sellos en lugar de la promoción de mercados de cercanía en las diferentes regiones.

También hay un gran avance en término de los consumidores y un aumento de la demanda de productos agroecológicos. Por ello es importante crear las redes de comercialización para poder llegar y abastecer a los consumidores en las grandes urbes. También la demanda que hay por parte de los productores de técnicos que asesoren en la propuesta agroecológica, tanto privados como del Estado. Es fundamental la parte del Estado que no se está dando en todas sus competencias ya que faltan técnicos. La Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y la Dirección Nacional de Agroecología tienen muy poquitos técnicos, entonces es importante que se den avances en ese sentido.

Hay un crecimiento dentro de las organizaciones del campo popular en Argentina en cuanto a esta demanda y se están dando también debates internacionales al respecto. Yo creo que también las luchas de los sectores ambientalistas tienen mucho que ver aunque falta mucho para poder hermanarlas con la lucha de la agricultura familiar, campesina e indígena en estos puntos, pero esos serían los principales puntos de avance que se están dando en el país.

También la creación de gremios, en este caso la Federación Rural y también la UTEP Agraria (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) ayuda muchas veces a desarrollar estas herramientas. Así se presentó una Ley de Fomento a la Agroecología que también es una discusión, pero es muy importante que se apruebe, se reglamente, se presupueste y tenga financiamiento.

Pero el principal debate es la cuestión de la tierra, porque no podemos hablar de agroecología si no estamos hablando de la tenencia de la tierra, que el productor pueda cultivar en su tierra. Y al hablar de reforma agraria estamos hablando de política de salud, porque si el productor tiene su tierra puede producir agroecológicamente y puede mejorar las condiciones, tanto en cantidad como en calidad de su producción. Por eso es importante considerar como una política de salud a la cuestión de la tenencia de la tierra y la mejora de la productividad; discusión que no se está dando a fondo debido a los sectores más concentrados del agronegocio.

En función de tus experiencias de trabajo en el tema, ¿cuáles crees que fueron los motivos centrales en aquellos productores que incorporaron un planteo agroecológico en sus establecimientos?

Los principales problemas que aparecen para que los/as productores/as decidan incorporar la propuesta agroecológica, en su mayoría, son problemas de salud. Algún pariente que se enferma, que le da alguna alergia o ciertos malestares al aplicar productos químicos —como, por ejemplo, descomposturas, dolores de cabeza, vómitos, etcétera—. Ante esto muchos deciden, antes de ser albañiles o migrar, cambiar de modelo. También el trabajo de las organizaciones ayuda con sus aportes técnicos. Actualmente se analizan mucho los costos de los insumos, y la agroecología es una respuesta si trabajas colectivamente.

¿Cuáles son los aspectos de las propuestas agroecológicas que generan mayores dificultades para ser apropiadas por los productores en sus predios?

Lo que más cuesta es poder hacer prácticas agroecológicas o ir por el camino de la transición a la agroecología cuando los/as productores/as no son dueños de la tierra. Cuando no saben si cuentan con dos o tres años seguidos, o incluso menos aún, y sin la certeza de poder renovar el alquiler. Ni hablar en producciones de cebolla o papa que los alquileres son solo por un ciclo o campaña. La base de una buena producción es el suelo, eso hace a una buena planta. Poder abonar de forma adecuada un suelo requiere más de un ciclo productivo, se requiere de técnicas como la rotación de cultivos, la incorporación de compost, cultivos de cobertura, etc. También el plazo de los alquileres impacta de lleno en la inversión que puede realizarse en un predio, por ejemplo, no vas a plantar árboles frutales si te vas en 3 años con suerte.

Desde que iniciaste las primeras experiencias agroecológicas hasta la actualidad, ¿se han dado cambios en cuanto a la recepción o predisposición de los productores a este tipo de alternativas productivas? Si la respuesta es positiva, ¿a qué se debe ello?

Si, cambió mucho la percepción. Antes íbamos los técnicos a hablar de agroecología; mientras que hoy son los propios productores quienes piden asesoramiento y talleres. También el hecho de que otros productores/as hagan agroecología y que sean ellos/as mismos quienes cuenten sus experiencias o den los talleres incentiva un montón en los territorios. Estos cambios se dan por la difusión en los territorios, que los productores discuten en sus asambleas y que comienzan a percibir que los consumidores demandan productos agroecológicos, o las aperturas de ferias, mercados, etc. Desde mi punto de vista este cambio fuerte se ve después del juicio de las Madres de Ituzaingó, la lucha de en contra de Monsanto, las asambleas de pueblos fumigados, etcétera.

Imagino que el grueso de productores que integran la Federación Rural producen de manera convencional. ¿Qué estrategia de trabajo impulsan desde el área de agroecología para difundir e instalar la alternativa agroecológica en más productores/as de su organización?

Un trabajo que realizamos son las capacitaciones en agroecología en territorio con nuestros egresados de la escuela nacional de agroecología. También el hecho de poder hacer parcelas de prueba para ir haciendo un proceso de transición. Asimismo, la red de biofábricas que está en marcha también incentiva para que los productores puedan ir probando los bioinsumos sin tener que encargarse de elaborarlos ellos mismos en sus propios establecimientos.

Durante los últimos años un conjunto de instituciones, organizaciones y asociaciones de productores han desarrollado diferentes propuestas de comercialización de productos agroecológicos en el marco de circuitos cortos de producción (venta directa del productor al consumidor). ¿Podrías comentarnos tu opinión sobre las potencialidades y limitaciones de estas estrategias comerciales?

Dentro de la comercialización se han generado varias herramientas. Bueno, el SPG es algo importante en ese sentido, pero también los circuitos de ferias que se dan en los pueblos o en las ciudades que permiten acceder a los productores. Si bien hay ferias que no son directas de los productos en algunas ciudades, las que sí son directamente de la agricultura familiar permiten ese vínculo y el diálogo entre el consumidor y el productor que fortalece esta herramienta. Si bien es algo complicado desde el sector productivo que el mismo productor pueda salir muchas veces de su campo o de su chacra y pueda llevar la producción ese día a la feria, eso es algo importante y hay que darse las estrategias necesarias. Muchas veces el trabajo de la juventud facilita esa cuestión. Después hay muchas redes de consumo que también favorecen los circuitos de comercialización, pero sigue faltando como un gran abastecimiento general a las cadenas más importantes de comercialización o una masividad general para realmente generar una disputa en el sistema. Para ello es necesario la generación de leyes y reglamentaciones; en especial, en el proceso de transición agroecológica, sería fundamental que tanto las escuelas y los hospitales puedan ser abastecidos con productos en transición agroecológica, también con un nivel de concientización que son los sectores más vulnerables o en crecimiento los que tendrían que estar consumiendo saludablemente. Ello implicaría generar políticas masivas y ayudar realmente al proceso de transición agroecológica y al fomento de la agroecología. Dentro de las potencialidades actuales, el aumento y dolarización de los insumos lleva a que algunos productores produzcan de forma agroecológica para disminuir los costos y la dependencia de insumos en el sector hortícola, es decir, hay una demanda grande en ese sentido. Entonces, ello potencia que pueda haber más productores que opten por este tipo de planteos productivos. Otra cuestión sería la presencia creciente de consumidores más críticos. Sin embargo, pensando en una Argentina con el 93 % de la población urbana, hay que educar mucho más o repensar al consumidor, que muchas veces está muy alejado de los circuitos productivos y también, en ciertos casos a veces, se vuelven hacia una ortodoxia que es muy difícil de asesorar.

En función de tu experiencia en el tema ¿qué tipo de políticas públicas podrían colaborar con la difusión y ampliación de propuestas agroecológicas en los estratos de la producción familiar?

La principal política para el desarrollo de la agroecología implicaría discutir la tenencia de la tierra y su redistribución, lo que podríamos denominar un proceso de reforma agraria integral y popular. Ello con el objetivo principal de potenciar el arraigo en los pueblos y el repoblamiento de la Argentina, potenciar el desarrollo de localidades existentes o incluso fundar nuevas localidades y que nuestros jóvenes puedan permanecer allí. Para eso es necesario motorizar el desarrollo de industrias locales y las comodidades necesarias en cada uno de los pueblos y en el interior del país. Que los productores puedan contar con escuelas para llevar a sus niños, tengan acceso a internet, etcétera. Otro punto necesario es el fortalecimiento o fomento de la agroecología tanto en las líneas de investigación de las universidades como en los diseños curriculares de los planes de estudio, y por supuesto en las instituciones de investigación para el desarrollo de maquinarias y técnicas aplicadas para el sector de la agricultura familiar. En cuanto a leyes específicas, es necesario establecer canales y compras del Estado para la producción agroecológica, que se establezcan prioridades también en las góndolas de los supermercados en las grandes ciudades. Por otra parte, si bien existe un avance de las políticas educativas en los niveles primarios y secundarios sobre la huerta, el consumo y la nutrición, es importante fomentar estos aspectos y también el desarrollo de huertas de autoconsumo en barrios urbanos y en las áreas periurbanas.

Otro punto importante en cuanto a las políticas se refiere al cuidado de las semillas y la generación de semillas propias adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas de las diferentes regiones productivas de nuestro país y el rescate y desarrollo de variedades de cada cultivo. Asimismo, es necesario el fomento de las cooperativas dentro de los circuitos de productores en función de favorecer el desarrollo de canales de comercialización y distribución de los productos agroecológicos. Por ejemplo, en la producción hortícola o en actividades ganaderas (carne y leche) para desarrollar la perspectiva de los alimentos de cercanía. Muchas veces no se sabe cuántos kilómetros recorre un litro de leche o un pedazo de carne para llegar a los centros de consumo debido a los elevados niveles de concentración en algunas fases o eslabones de las cadenas productivas. En ese sentido deberían desarrollarse los frigoríficos municipales o plantas lácteas zonales en diferentes puntos del país, es una cuestión muy importante.

Santiago Sarandón: “Estamos ante el colapso, el fracaso de un modelo; y mientras más rápido nos demos cuenta, más rápido vamos a poder restaurar los sistemas productivos y minimizar los problemas”

Para este cuaderno entrevistamos a Santiago Sarandón, investigador con una extensa trayectoria vinculada al estudio de la agroecología y los modelos agrícolas en Argentina, que analiza y reflexiona en esta nota sobre los cuestionamientos sociales y la crisis que afecta al modelo centrado en los agronegocios, las razones de su posible futuro colapso y las realidades, potencialidades y retos que enfrenta hoy la agroecología en nuestro país. Sarandón es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y profesor titular de la Cátedra de Agroecología de dicha Facultad; y también profesor de Ecología de los Sistemas Agrícolas en la Maestría Protección Vegetal (UNLP).

Considerando que la agroecología se nutre de diferentes disciplinas y que al interior del movimiento agroecológico conviven perspectivas distintas, en tu opinión ¿cuáles son los rasgos fundamentales del enfoque agroecológico?

Bueno, yo creo que la agroecología es una revolución del pensamiento en las ciencias agrarias, un nuevo paradigma. No es una mirada ambientalista que se proponga minimizar los efectos nocivos o usar productos de banda verde o naturales en vez de sintéticos. Es mucho más que eso. Es un replanteo total de la ciencia agronómica que hemos vivido hasta ahora. Parte de un diagnóstico crítico, de entender que todos los problemas socioambientales, que cada vez son más evidentes, son signos inequívocos del colapso de un modelo, de un modo de ver la relación entre el ser humano y la naturaleza. La agroecología replantea todo ello desde otro lugar, desde la complejidad, con una visión holística, global en vez de reduccionista, que piensa en el largo plazo, y donde el componente ético es fundamental. Asimismo, es una perspectiva pluriepistemológica, es decir que admite distintos tipos de conocimiento y por eso dialoga con agricultores/as que tienen conocimientos diferentes —local, situado, empírico— y con los que tenemos un conocimiento teórico, científico. Ese es el rasgo fundamental. Es un enfoque diferente que permite reubicar tecnologías, ver problemas que no se perciben y encontrar soluciones que hoy no se encuentran dentro del mismo nivel que generó los problemas.

Durante los últimos años en Argentina han proliferado una enorme cantidad de experiencias productivas alternativas al modelo de producción predominante —incluso en explotaciones dedicadas a la agricultura extensiva—, algunas de ellas inscriptas en procesos de transición hacia la agroecología, ¿a qué se debe ello?

Se debe a dos cosas. Por un lado, la visión cada vez más clara del colapso de un sistema y del fracaso de buscar alternativas dentro del mismo modelo. Cada vez se ve con más claridad que las alternativas de cambiar de productos, de aplicar distintas dosis, de aplicaciones combinadas con otros productos, con equipos especializados, no están dando resultados. La velocidad con que se producen los fracasos, la resistencia a los plaguicidas (malezas resistentes), los costos crecientes, la sociedad que se vuelve cada vez más crítica, la búsqueda de una comida sana, claramente nos están diciendo que hay una ruptura, una percepción de un modelo que se cae. La sensación de muchos productores o productoras de verse señalados y presionados en muchos pueblos por una sociedad que ya no tolera lo que toleraba antes.

Por otro lado, simultáneamente, la percepción también cada vez más clara de que otro modelo es posible. La visualización de experiencias exitosas basadas en la agroecología, sistematizadas, la creación de sociedades científicas que permiten tener congresos donde se visibilizan dichas experiencias dándole un valor científico, con publicaciones que antes no existían; todo eso configura un escenario totalmente novedoso que se ha desarrollado a una gran velocidad y hace que la posibilidad de volcarse hacia una forma de producir diferente, que se puede llamar agroecológica, sea cada vez más rápida.

Y como el ejemplo cunde rápidamente muchos productores o productoras van viendo que puede funcionar, que reducen costos tremendamente y no tienen el problema de la presión de la sociedad y además producen alimentos de mejor calidad. También el cambio en la dieta, en la percepción de los consumidores acerca del valor de los alimentos, de su origen —cuestión sobre la que la pandemia incidió— también está generando una tracción hacia un modelo con uso de menos pesticidas y mucho más diverso que es lo que la agroecología promueve.

Muchos vinculan el surgimiento de estos planteos alternativos con una crisis profunda del modelo de producción agraria que se instaló en Argentina desde mediados de los años noventa, sintetizado en la tríada Siembra Directa-Soja RR-Glifosato. En tu opinión, ¿se trata de un agotamiento definitivo de esa forma de practicar la agricultura o el modelo aún puede encontrar soluciones a las problemáticas instaladas?

Sin duda mirando a mediano y largo plazo creo que es un agotamiento definitivo, un colapso de un modelo que no tiene alternativa, lo que no quiere decir que no pueda persistir todavía y durar algunos años más ni que haya gente que promueva soluciones dentro del modelo que le permitan perdurar un poco más, pero no resuelven los problemas. Más eventos transgénicos, nuevos productos, drones, robótica, nanotecnología, agricultura de precisión, agricultura por ambientes, agricultura inteligente, un montón de términos que tienden a tratar de resolver los problemas dentro del modelo pero que claramente no son la solución. Para muchos, para mí, estamos ante el colapso, el fracaso de un modelo y mientras más rápido nos demos cuenta, lo aceptemos y cambiemos, más rápidamente vamos a poder restaurar los sistemas productivos, minimizar los problemas y ampliar el acceso a estos sistemas por parte de cada vez más productores y productoras.

Desde tu perspectiva ¿cuál es la principal potencia de la agroecología en los escenarios actuales?

Bueno, yo creo que la potencia que tiene la agroecología está asociada a su origen que es de abajo hacia arriba; su potencia viene de la sumatoria de muchas comunidades, de personas que han visto en esta propuesta la respuesta a los problemas. La agroecología no fue promovida o no vino de instituciones, del Estado, de institutos de investigación, de empresas nacionales o internacionales —como la Revolución Verde o la ola de la biotecnología—; sino que nace desde las bases y eso le da un enorme potencial. Cuando existen épocas, gobiernos locales, municipales, provinciales, nacionales —como ha ocurrido— que propician o que son más favorables a este modelo, este avanza un poco más rápido. Pero incluso no se detiene cuando eso no sucede, como en Brasil, Uruguay, etcétera. Ni se debe a los gobiernos el avance ni retrocede cuando esto no ocurre; eso le da una capacidad buffer, una capacidad de permanecer, una resistencia, digamos una jerarquía de origen, que hace muy difícil que desaparezca. Otra característica de la potencia de la agroecología es que cuando las personas —sean académicos/as, investigadores/as, productores/as, consumidores/as— ven este nuevo paradigma, entienden, comprenden que no hay vuelta atrás. O sea, la actitud cambia y permanece para siempre. Quienes producen no vuelven atrás. Cuando aprenden a llamarle veneno a lo que antes le llamaban “curar” o “remedios” a los fitosanitarios, ya nunca más los perciben de otra manera, esa es otra de las potencias que tiene.

Otra cosa que también he observado es que en las personas que deciden ir hacia la agroecología se genera algo que no estaba presente: orgullo, satisfacción, alegría, felicidad; palabras que parecían ajenas a una forma de producir donde rendimiento, competitividad, dinero, precio eran lo común. Ahora esa gente recupera el conocimiento que tenían sus padres, sus abuelos o sus abuelas. Esto es una característica también que se ve muy fácilmente en la agroecología: entusiasma. Y a los académicos/as también nos permite recuperar la pasión por el conocimiento, el sentir que estamos construyendo un conocimiento útil, que somos útiles; cuestión que en la ciencia convencional no necesariamente ocurre, donde hay mucho individualismo, mucha carrera por el paper individual, una hoguera de vanidades decían algunos.

Como todo enfoque supongo que debe presentar algunos aspectos de mayor debilidad. ¿Cuáles serían esas principales debilidades o falencias?

Bueno, creo que no tiene, en sí mismo no le veo debilidades. Sí que su crecimiento a una enorme velocidad trae aparejado un ruido de fondo acerca de qué es exactamente la agroecología. ¿A qué cosas se le llama agroecología? gente que aparece queriendo  vender su producto como agroecológico frente a la demanda creciente y no existe una legislación que defina, que determine qué es y qué no es agroecología. Por eso aparecen los mercados de confianza mutua, sistemas participativos donde hay una garantía para los consumidores de que ese producto es diferente. No está claro exactamente porque no hay un protocolo que resguarde esta producción, esa es una debilidad. Lo otro que hay que fortalecer es que no tenemos tantos investigadores en el campo de la agroecología. Ello requiere un cambio profundo. No es agregar un tratamiento más orgánico sino replantearse la ciencia desde otro lugar; requiere bastante tiempo, reflexión y hoy no contamos en América Latina con un número crítico de docentes, investigadores, extensionistas formados desde ese otro lugar, en Argentina tampoco. Estamos muchísimo mejor que antes pero todavía eso es una debilidad.

Y lo otro es el prejuicio que mucha gente tiene acerca de la agroecología. Imaginan una agricultura de traspatio con uso de ciertos productos, medio esotérica, con personas a las que llaman hippies, que no es seria, que no es científica. No es una debilidad propia de la agroecología, pero es algo que no contribuye a que pueda ser introducida, por ejemplo, en las universidades, donde todavía hay mucho que desarrollar. Por estos prejuicios, mucha gente no la ve como algo científico, a pesar de que sí lo es y además mucho más compleja de lo que parece a primera vista.

Finalmente, es una ciencia más difícil; para entender la complejidad misma de la interacción la agronomía es solo una de las disciplinas requeridas, la necesidad de un trabajo interdisciplinario hace más complejo el camino. Por otra parte, la obligación académica de publicar en  revistas para permanecer en el sistema, a pesar de que a muchos de nosotros nos parece injusto y obsoleto, es y va a ser un problema por mucho tiempo.

Los principales voceros del modelo hegemónico de producción agraria sostienen que la disminución en el uso de agroquímicos desencadenaría menores rendimientos por hectárea y un menor volumen físico total de los principales cereales y oleaginosas producidos, impactando de manera desfavorable en la dinámica del complejo agroalimentario y en el ingreso de divisas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

No conozco ningún trabajo científico que avale eso. Me parece que es una afirmación que no tiene ningún respaldo, una presunción; particularmente teniendo en cuenta que los sistemas de base agroecológica se fundamentan en un fomento de la biodiversidad y que hay mucha evidencia científica acerca de que el cultivo de diversas especies en un mismo espacio es mucho más eficiente en la captura de recursos —agua, luz, nutrientes— que cualquier monocultivo. Y en un país como Argentina con un territorio enorme, sistemas basados en la agroecología claramente podrían brindar excedentes para exportar y traer dólares. Nada impide que esto ocurra. Así que no hay ningún asidero, ninguna demostración, me gustaría leer esos papers que dicen que la agroecología generaría esos problemas. Otro tema que se considera cierto —y tampoco he visto trabajos científicos que lo respalden— es que el rendimiento va a ser tan bajo que no van a alcanzar los alimentos para cubrir las necesidades de la población. No conozco evidencia científica que fundamente eso, creo que es falso. La posible ocurrencia de hambruna, de gente que tenga hambre, se usa como un argumento acerca de lo que podría ocurrir si la agroecología fuera el modelo predominante. No sabemos qué ocurriría si la agroecología fuera el modelo predominante dentro de 20 años; pero sí podemos aplicar este indicador al modelo actual y claramente la FAO nos dice que hoy tenemos 1.000 millones de personas con hambre. Por lo tanto, está claro que este modelo es malo y creemos que la agroecología puede reemplazarlo y superar ampliamente este problema. Por otra parte, en el modelo predominante hoy tres cultivos (trigo, arroz y maíz) representan más del 50 % de todo lo que se produce. Que la alimentación humana dependa de tres cultivos tiene dos problemas severos. En primer lugar, la vulnerabilidad ecológica que significa depender de tres especies. Hay muchos casos (el hambre de Irlanda y otros más) que demuestran que no es una buena idea tener muy poca variabilidad; que es lo que ocurre con este modelo. En segundo lugar, la consecuencia de este modelo es que la dieta es mala y muy pobre. La agroecología promovería una mayor biodiversidad de alimentos, una dieta mucho más sana y un sistema mucho más resiliente y menos vulnerable.

Teniendo en cuenta la magnitud del ingreso de divisas vinculado a los principales cultivos extensivos —en buena medida producidos bajo planteos convencionales— y su relevancia para las cuentas nacionales, al menos en nuestra actual inserción en el mercado mundial, cualquier discusión que involucre a dichos rubros del agro adquiere gran notoriedad y la necesidad de dar ciertas respuestas.

Hay que tener en cuenta que hoy esas divisas son una resultante de una resta y suma entre las que ingresan y las que salen para comprar los productos de los cuales dependemos. La agricultura argentina, como muchas en otros países, tiene una gran dependencia de insumos físicos, conocimientos, mecánicos, etcétera. Si existiera una traba para importar fertilizantes, plaguicidas, repuestos, etcétera., la agricultura argentina colapsaría o tendría muchos problemas. Es decir, el modelo está mal estructurado, es un diseño bastante cuestionable que no asegura la soberanía alimentaria. Un sistema agroecológico, entre otras cosas, haría disminuir la necesidad de comprar esos insumos, con sistemas muchísimo más soberanos, mucho más independientes de conocimientos e insumos importados. Al estar más basado en recursos locales, sería mucho menos vulnerable y sin duda podría exportarse con una mayor diferencia porque no tendría que comprar o gastar dólares en comprar tantos insumos como ocurre hoy. Por lo tanto, hasta podrían ingresar más dólares. Por otra parte, habría que ver si esos dólares que han ingresado por el agronegocio sirven para compensar o no los costos ecológicos del deterioro, por ejemplo, de los suelos argentinos, que es algo que no se tiene en cuenta, los costos ocultos.

¿Cómo imaginas un proceso de transición agroecológica en las principales actividades agrícolas a escala nacional?

Tiene que ser un proceso gradual. Es imposible hacerlo en el corto plazo porque es un cambio de paradigma, eso lleva por lo menos una generación o más. Tiene que haber, por un lado, gente capaz de llevarlo a cabo tanto productores/as, como científicos/as, asesores/as. No existe hoy la cantidad suficiente para promover la agroecología a gran escala en todo el país y en todo el mundo. Se están formando, la velocidad en que se forman es enorme, pero se requeriría un tiempo de transición. Claramente, en este tiempo debieran prohibirse cada vez más los productos peligrosos, los plaguicidas. Eso sí se podría hacer en 20 o 30 años. Establecer un horizonte para prohibir el uso de plaguicidas como ha ocurrido en las zonas alrededor de los pueblos, eso incentivaría el cambio. Por otra parte, las instituciones como el INTA, los ministerios, deberían promover investigaciones en agroecología. El campo experimental sería solamente un pequeño apoyo de una investigación que se haría en campos de agricultores y agricultoras; las publicaciones serían un subproducto y no el producto principal; el objetivo principal sería generar conocimiento y, por supuesto, también publicarlo: pero esta carrera por los papers no ayuda; o sea, habría que reestructurar todo. Las escuelas primarias, las escuelas agropecuarias secundarias, las universidades, etcétera. Deberían replantearse para formar gente a mediano plazo y también formar en el corto plazo agricultores/as, extensionistas y nuevos investigadores/as. Creo que es totalmente factible esa transformación, pero no puede tardar menos de 25 años. Tiene que ser un proceso gradual y no creo que esté en condiciones ningún gobierno todavía de llevarlo a cabo. No existe la convicción a nivel gubernamental para hacerlo, pero puede sí ir ocurriendo, como está ocurriendo, de abajo para arriba.

Durante los últimos años un conjunto de instituciones, organizaciones y asociaciones de productores han desarrollado diferentes propuestas de comercialización de productos agroecológicos en el marco de circuitos cortos de producción (venta directa del productor al consumidor). No obstante, el grueso de la producción extensiva se canaliza a través de circuitos largos de comercialización. ¿Qué tipo de avances en términos de comercialización de este tipo de productos deberían darse para incentivar los planteos agroecológicos?

Bueno, claramente la agroecología promueve la idea de los circuitos cortos en la medida de lo posible. Depende de qué se produzca y dónde se consuma; pero sí,  claramente, los mercados de cercanía, de confianza, de conocimiento, son la base. No creo que sean lo único; también el comercio transnacional se va a dar porque los países no producen todo lo que consumen, pero me parece que la idea sería minimizar los costos de fletes y los costos de energía. Producir alimentos para ganado aquí (soja) para exportarla en barcos llevando esas toneladas para que coman cerdos en otro país como en China y sus deyecciones contengan los nutrientes que salieron de estos suelos es totalmente irracional. Estos sistemas se pueden replantear para que de alguna manera minimicen estos costos ecológicos y sean mucho más racionales.

¿Cuál es tu respuesta frente a aquellas posturas —a veces surgidas desde el propio seno del movimiento agroecológico— que conciben la agroecología como un retorno al pasado? ¿Cuál es o son los rasgos de novedad de la propuesta agroecológica?

Bueno, hay muchas voces que por supuesto lo ven desde afuera. Creo que quienes señalan una vuelta al pasado no han leído, no se han preocupado, no entienden lo que es la agroecología, pero esto también es parte del escenario. Mucha gente sin entender lo que es la agroecología asume —a veces con buena fe, a veces no— que la agroecología es algo de baja escala, imposible, inviable, hippie, una vuelta al pasado, al atraso; dando a entender que hay un paradigma donde la modernidad es un valor en sí mismo. Si uno no es moderno, es atrasado; pero creo que cada vez tiene menos peso, la agroecología crece a pesar de todo eso y no se va a detener.

Referencias

^[1] Este artículo se basa en el capítulo de libro “Agroquímicos en el agro pampeano: agotamiento de un modelo y alternativas productivas emergentes. Avances de investigación” (Vértiz, Mattos y García, 2022).

^[2] Ingeniero agrónomo, Magister en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural y Doctor en Ciencias Sociales, ambos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es profesor en el Curso de extensión rural del Depto. de Desarrollo Rural (UNLP) e investigador de la UNLP.

^[3] Economista y Director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) Es investigador del Programa de Investigación sobre Comercio de Granos (Universidad de Buenos Aires, UBA) y del CCC, profesor de la UBA y UNPAZ y en la Cátedra de economía Arturo Jauretche.

^[4] Sociólogo y Doctor en Desarrollo Económico (Universidad Nacional de Quilmes) Profesor en la Universidad de Buenos Aires y en UNPAZ, becario doctoral del CONICET.

^[5] Se hace referencia al evento transgénico del cultivo de soja más conocido como soja RR, en alusión a su resistencia al herbicida Roundup Ready, denominación del glifosato comercializado por la compañía Monsanto durante esos años.

^[6] Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (UNQ) y profesora en la Universidad Nacional de La Plata. Integra el Instituto de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC) y el Programa Hegemonía ambos de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

A fines de diciembre de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno nacional autorizó el proyecto de exploración sísmica offshore frente a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires presentado por la empresa estatal noruega Equinor. La noticia desató la movilización de organizaciones ambientalistas, movimientos populares y vecinos de la ciudad de Mar del Plata y otras poblaciones costeras y reavivó los debates públicos sobre este tipo de actividades extractivas, la valoración de sus costos sociales y ambientales en contraposición a sus posibles beneficios económicos. 

Pero la historia de este proyecto comienza varios años antes cuando el gobierno de Mauricio Macri licitó y luego adjudicó a fines de 2019 la exploración offshore de 18 áreas petroleras ubicadas en la Cuenca Argentina Norte (CAN) frente a Mar del Plata, la Cuenca Sur frente a Tierra del Fuego (CAS) y la Cuenca Malvinas Oeste. La superficie involucrada en estos proyectos —225 000 kilómetros cuadrados de mar argentino— fue adjudicada a trece empresas oferentes: YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI. A mediados de noviembre de 2019 y en el contexto de la transición presidencial, el CEO de Equinor —corporación particularmente beneficiada con concesiones en la Cuenca Norte— mantuvo sendas reuniones con el presidente saliente y entrante.

En la entrevista que realizamos a Julieta Paladino —integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras— se narra lo que aconteció desde allí hasta la primera manifestación importante contra este proyecto, que tuvo lugar a inicios de enero de 2022 y que llamaron Atlanticazo, recuperando el nombre y la experiencia de las cercanas y masivas protestas en Chubut contra la megaminería (el llamado Chubutazo de diciembre de 2021) y, más atrás, las del Mendozazo de diciembre de 2019. La magnitud de estos conflictos socioambientales —donde multitudinarias manifestaciones provinciales rememoran otros “azos” de los años 1960 y 1970— también se expresó en una creciente conciencia sobre estas problemáticas en sectores cada vez más amplios de la población; incluso en el campo artístico, cultural y científico, con el surgimiento a mediados de enero de 2022 de la campaña “#Mirá”.

Asimismo, el proyecto de exploración y explotación offshore motivó una reactivación del debate político y social sobre estas actividades extractivas y los perjuicios y beneficios que pueden acarrear. Entre otras expresiones, un grupo de investigadores e intelectuales integrantes del Grupo Ciencia y Técnica Argentina difundieron una declaración que, bajo el título “La explotación petrolera y sus riesgos. Energía, desarrollo y pobreza”, argumentaba a favor del proyecto; frente a ello más de 500 investigadores e investigadoras respondieron públicamente reiterando los cuestionamientos que despierta. En la contraposición entre uno y otro pueden identificarse los principales núcleos problemáticos que estructuran gran parte del debate sobre estas actividades extractivas y en particular sobre la polaridad construida entre desarrollo y ambiente.

Al mismo tiempo que se libraba esta discusión, la disputa por el avance o no de la actividad de exploración sísmica tuvo lugar también en la justicia que dictó inicialmente una medida cautelar, cuestionada luego, hasta que, a principios de junio, la Cámara de Apelaciones solicitó un nuevo estudio más amplio de impacto ambiental. Este proceso y los desafíos planteados en la actualidad están recogidos en la entrevista a Julieta Paladino mencionada anteriormente. Pero el cuaderno se inicia con una contribución de investigadores del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) donde se examina críticamente el proyecto y sus efectos dañinos sobre el ambiente y las poblaciones. Asimismo, se señala la contradicción entre el desarrollo de las llamadas “energías extremas” —como por ejemplo, la del petróleo offshore— y la urgencia de promover una transición energética que responda a las causas de la crisis climática. En similar dirección Nicolás Gutman, investigador del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, refuta el argumento de la necesidad de divisas como justificador de estos proyectos extractivos señalando como el verdadero responsable de la llamada “restricción externa” resulta la vigencia de un mecanismo sistemático de fuga de capitales. En esta dirección, los autores indagan sobre la oposición desarrollo vs. ambiente, cuestionando la reducción del primero a la promoción de actividades basadas en la extracción y exportación de bienes naturales y sindicando que las mismas sólo proveen beneficios a un grupo social muy reducido, dejando para las poblaciones y territorios deterioro y precarización de las condiciones de vida.

A continuación Sol de la Torre, concejala del Concejo Deliberante de General Pueyrredón (Mar del Plata), examina la irrupción en la calle, en la agenda pública y en la mediática, del debate y cuestionamientos a la exploración offshore en las costas de ese distrito, para señalar luego la centralidad que le cabe a la construcción de una transición energética justa, los desafíos que esta y el cambio climático plantean, y la necesidad de un ambientalismo popular capaz de promover alternativas. La problemática de la transición energética es retomada y profundizada en la contribución siguiente por Pablo Bertinat —director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la sede rosarina de la Universidad Tecnológica Nacional— quien analiza críticamente los contornos y realidades de una transición energética corporativa y los efectos de la misma en la promoción del extractivismo en el Sur —apropiación de los bienes naturales vinculados a las energías renovables— en un contexto de desigualdad global y bajo la matriz de la actual división internacional del trabajo. Asimismo Bertinat reflexiona detenidamente sobre las líneas centrales que deben orientar la construcción de una transición de carácter popular, entendida desde una perspectiva social integral que va más allá de su resolución tecnológica, así como examina críticamente la vigencia del derecho al desarrollo que culmina justificando al extractivismo. 

Con sus diferencias y afinidades, con debates planteados y el despliegue, zurcido entre todos los textos, de una fundada argumentación que cuestiona y reformula la narrativa que defiende estos emprendimientos desde oponer el desarrollo al ambiente; el conjunto de las contribuciones que reunimos en este cuaderno buscan ayudar a pensar y construir alternativas desde una perspectiva popular. Desde el Colectivo de investigación en Crisis socioambiental y despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social (Argentina) agradecemos por ello a todes les autores y a quienes hicieron posible que este material pudiera circular y ser leído. 

Índice

Petroleras en el mar: la transición energética como bandera del extractivismo
por Víctor Quilaqueo y Hernán Scandizzo

“Nos enfrentamos con actividades altamente contaminantes y destructivas del ambiente y los ecosistemas, que amenazan incluso a las mayores industrias de Mar del Plata”
Entrevista a Julieta Paladino

“El desarrollo del extractivismo sirve para financiar la fuga de capitales. El ambientalismo se preocupa de la casa común, por el bien común”
Entrevista a Nicolás Gutman

El debate es la transición energética justa
Por Sol de la Torre

“La transición energética no es un problema tecnológico, sino un problema social, económico, político y ambiental que tiene que ver con la organización de la sociedad”
Por Pablo Bertinat

Víctor Quilaqueo

Licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Chile, investigador del Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

En los últimos días de diciembre de 2021 el Ministerio de Ambiente de la Nación autorizó la campaña de exploración sísmica en los bloques 100, 108 y 114 de la Cuenca Argentina Norte, ubicados a unos 300 kilómetros de la costa bonaerense. La decisión gubernamental provocó un repudio generalizado que se expresó en las calles de Mar del Plata y de otras ciudades del país. Las movilizaciones se extendieron a lo largo del verano y desde entonces se repiten el día 4 de cada mes.^[1] Este proceso en curso, que tomó el nombre de Atlanticazo, es expresión del crecimiento del movimiento socioambiental en Argentina y tiene la fuerza suficiente para poner en discusión unas políticas que no saben de grietas, como es la de la promoción de las energías extremas. Contrariamente a los intentos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio de diferenciarse, al menos en el sector energía, existen varias líneas de continuidad y cogobierno.^[2]

Desde ámbitos gubernamentales y empresariales se promociona a los hidrocarburos de yacimientos compactos y a los de aguas ultraprofundas como la vía para alcanzar el autoabastecimiento fósil, la soberanía y seguridad energética, el desarrollo productivo y la transición; en tanto, se desestiman riesgos e impactos. En este artículo nos interesa recuperar el derrotero de las energías extremas en Argentina, marcar los discursos en pugna y cuestionar la explotación de yacimientos de aguas ultraprofundas como senda hacia la transición energética.

Debates extremos en la nueva frontera

Ante el agotamiento de los reservorios convencionales de hidrocarburos —es decir, el gas y el petróleo de fácil extracción— y de las disputas geopolíticas por el control de la energía, en las últimas décadas creció el interés de gobiernos y empresas del sector por los crudos ultrapesados, las arenas bituminosas, los hidrocarburos de arenas compactas y lutitas y los yacimientos de aguas ultraprofundas. Su puesta en valor auguró una nueva era dorada de los fósiles. Sin embargo, la explotación de estas fuentes es más compleja y presenta una serie de desafíos tecnológicos y financieros, y de riesgos ambientales y laborales, por lo que el analista estadounidense Michael T. Klare las denominó energías extremas. Este concepto fue tomado y ampliado por la red del Sur Global Oilwatch Latinoamérica para caracterizar esta etapa de la era fósil.

Las energías extremas se insertaron en el debate energético argentino hace al menos una década, cuando se impulsó la aplicación masiva de la fractura hidráulica o fracking en formaciones de arenas compactas y lutitas (como Vaca Muerta), y su relevancia se actualiza con los proyectos de exploración en aguas ultraprofundas. En ambos momentos su promoción generó expresiones de rechazo, aunque los motivos fueron diferentes.

En 2013, la movilización contra la explotación de yacimientos no convencionales en Neuquén y Río Negro se nutrió de al menos cuatro vertientes.^[3] Una fundada en la perspectiva socioambiental, que rechazaba la prolongación de la dependencia de los combustibles fósiles y ponía en el centro de la disputa la defensa del agua. En una línea cercana, el pueblo Mapuche cuestionaba la profundización de los daños territoriales y la contaminación (a la que ya estaba expuesto por la actividad hidrocarburífera convencional), y planteaba la falta de consulta previa, libre e informada y la violación de otros derechos colectivos. Por otra parte, una perspectiva nacional-popular impugnaba la alianza estratégica de la, por entonces, recientemente “recuperada” YPF, con la petrolera estadounidense Chevron para explotar Vaca Muerta. Finalmente otro sector, desde la izquierda, se oponía al proyecto que identificaba con la profundización de la dependencia y el saqueo. Estas cuatro vertientes no necesariamente se excluyeron, sino que en algunos casos convergieron y se retroalimentaron.

Este verano las protestas por la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que habilitó la prospección sísmica en la Cuenca Argentina Norte no tuvo a la empresa noruega Equinor como un disparador, sino a la actividad hidrocarburífera en aguas ultraprofundas. El movimiento socioambiental dinamizó la oposición a la apertura de la nueva frontera extractiva planteando la crítica al sostenimiento de la dependencia de los combustibles fósiles, los riesgos ambientales de los proyectos extremos y las transformaciones socioeconómicas y territoriales que la actividad hidrocarburífera provocaría en las comunidades costeras. Aún cuando este movimiento fue el motor de la movilización, no debe desestimarse el aporte de otras vertientes como organizaciones conservacionistas y de sectores que ponen el acento en la crítica al saqueo de los bienes comunes.

Este protagonismo es reflejo del crecimiento del movimiento socioambiental que en los últimos años fue artífice de hechos políticos de trascendencia nacional y regional como el Mendozazo (2019) y el Chubutazo (2021). Ambos hitos no son solo de lucha, sino también de victorias que pusieron en jaque la gobernabilidad en ambas provincias a partir de la disputa antiextractivista.  Esa es la magnitud que tienen los movimientos socioambientales en la actualidad. Y justamente en el marco de esa disputa se da la convergencia de las movilizaciones contra la megaminería y la actividad hidrocarburífera en el mar. A simple vista podrían parecer luchas diferentes, sin embargo, la discusión de fondo es la misma: el modo de producción y de relación con la naturaleza.

Negacionismo y negocios

Los discursos vinculados al gobierno han buscado infantilizar las razones de la masiva oposición.^[4] Al punto que funcionarios del Ministerio de Energía de la Nación calificaron como “fake news” los argumentos del ambientalismo. La falta de un debate de fondo desde ámbitos gubernamentales se hace notar en este punto. En plena construcción de una agenda sobre los impactos de la actividad, autoridades provinciales, nacionales y dirigencias sindicales afines aseguran que la actividad hidrocarburífera en aguas ultraprofundas en Argentina constituye una apuesta de bajo o nulo riesgo. Intentan circunscribir el debate a si tendremos o no a la vista una plataforma o un derrame. Desestiman riesgos arguyendo una sobrada experiencia nacional en extracción de hidrocarburos costa afuera, que se remonta a la década de 1930. Aunque no aclaran que a aquellos pozos, perforados frente a las costas de Comodoro Rivadavia, se podía acceder fácilmente desde la playa cuando bajaba la marea. Y, tampoco, que hay diferencias entre la explotación que se realiza en la Cuenca Austral Marina, con pozos perforados a menos de 100 metros de profundidad (entre el nivel del agua y el lecho marino), y los que proyectan en la Cuenca Argentina Norte, donde esas profundidades van de los 1700 a los casi 4000 metros.

A diferencia de la década pasada, donde el discurso gubernamental pasaba por alto la agenda ambiental, algunos promotores de la ampliación de frontera hacia yacimientos en aguas ultraprofundas plantean que es necesario extraer el gas, no solo para garantizar el autoabastecimiento sino también para avanzar en la transición energética, es decir, reemplazar con gas la combustión de otros fósiles. Ante ese argumento, es necesario señalar que más allá de lo controvertido de presentar al gas como combustible puente para descarbonizar la matriz (hay diversidad de estudios que ponen en tensión esa vía), en Argentina ya se realizó ese cambio. A partir del descubrimiento del mega yacimiento Loma La Lata en Neuquén, a fines de la década de 1970, el gas pasó a tener una mayor participación en la matriz energética. Actualmente representa el 55 % de las fuentes primarias, mientras que el crudo está en el orden del 29 %. En realidad nuestro país, para “limpiar” la matriz no solo tiene que reducir el consumo de crudo sino también de gas y sustituirlo por electricidad generada desde fuentes renovables. Eso implica direccionar las prioridades hacia inversiones en generación renovable y en infraestructura de transporte eléctrico, como propone el Observatorio de Energía y Sustentabilidad – UTN FRRo.

Por otra parte, la propuesta de transición energética, basada en el incremento del consumo de gas y la reducción de otros combustibles fósiles no atiende las recomendaciones formuladas en 2018 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que planteó al gobierno argentino “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta”, para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos. Ni tampoco la advertencia de la Agencia Internacional de Energía, que destacó que para alcanzar los objetivos climáticos planteados en el Acuerdo de París no se deben abrir nuevas fronteras extractivas.

Prioridades

Las demandas ambientales son desestimadas, consideradas de segundo orden, imponiéndose la perspectiva macroeconómica que alimenta nuevas quimeras eldoradistas a partir del avance sobre la nueva frontera, o al menos, la posibilidad de generar divisas para pagar la deuda ilegítima al FMI. Cuando en el ámbito nacional se plantea al gas como combustible puente no se está pensando en la descarbonización de la matriz energética argentina sino en los nichos de mercado que se abren a partir de la transición energética de los países del Norte Global. Se pretende insertar a Argentina como proveedora de gas natural licuado (GNL) e hidrógeno azul, que se obtiene del metano con captura de carbono en el proceso de producción. Ante un horizonte de abandono de los combustibles fósiles como meta para frenar el calentamiento global, las autoridades argentinas buscan una rápida monetización del potencial hidrocarburífero antes de que se contraiga ese mercado.^[5]

El avance extractivista en busca de yacimientos de gas y petróleo en aguas ultraprofundas constituye una nueva etapa en la promoción de las energías extremas en Argentina. Al igual que lo ocurrido entre 2012 y 2013 con los yacimientos no convencionales y el fracking, estos intentos de profundizar la matriz fósil han generado movilizaciones de repudio. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace una década, el movimiento socioambiental en la actualidad no solo tiene la fuerza para poner en discusión la matriz energética, como lo muestra el Atlanticazo, sino también el poder de frenar proyectos y revertir decisiones gubernamentales, como ocurrió en Mendoza y Chubut. Es cierto que a diferencia de lo ocurrido hace una década con el fracking, actualmente hay sectores del gobierno nacional que esbozan propuestas de desarrollo verde; sin embargo, ello sirve al intento de presentar a las energías extremas como palanca para la transición energética. Cabe preguntarse, ¿si los partidos del poder siguen haciendo caso omiso de esta demanda, si no se implementan políticas que no sean un mero maquillaje, cuánto se puede tensar la cuerda ambiental en el país?

Referencias

^[1] Se retoma así el calendario surgido de la lucha contra la megaminería en Esquel donde, desde el  4 de diciembre de 2002, se marcha todos los 4 de cada mes bajo la consigna “No a la Mina”.

^[2] La ronda de licitaciones de bloques en la plataforma continental realizada en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, fue posible por el proceso de reclamo iniciado por Argentina en 2009 ante la ONU, durante el primer gobierno de Cristina Fernandez; y el marco regulatorio que rige la actividad es la ley nacional de Hidrocarburos reformada en 2014, a instancias del Ejecutivo Nacional.

^[3] En Entre Ríos, la oposición al fracking ante el anuncio del inicio de una campaña exploratoria por parte de YPF tuvo un carácter eminentemente socioambiental (defensa del Acuífero Guaraní) y la movilización culminó con la prohibición de la aplicación de esa técnica en la provincia. En Mendoza y Chubut la movilización se vertebró en torno a la defensa del agua y los derechos territoriales de comunidades indígenas.

^[4] Sus modos remiten a cómo abordaban las demandas feministas algunos sectores, cuando estas no estaban en el centro de la agenda pública y eran consideradas de segundo orden, caracterizadas de pequeñoburguesas.

^[5] Recomendamos la lectura del artículo de Gustavo Lahoud, Pujas que la transición energética no disuelve.

A favor del proyecto de exploración petrolera offshore frente a la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires —como suele suceder en la defensa de los proyectos extractivistas en general— se señala su contribución a la provisión de divisas y a la resolución de lo que habitualmente se llama la restricción externa. ¿Qué opinión tenés sobre esto?

Es cierto que estos grandes proyectos requieren en general un enorme flujo financiero de inversión. Pero la restricción externa no es algo natural. Incluso, en cierta medida, es una falacia; en el sentido de que existe históricamente un circuito permanente de ingreso de divisas (dólares particularmente) y fuga de capitales. En ese sentido, Argentina es uno de los países que tienen más formación de activos en el exterior; y en relación al tamaño de su economía, del tamaño de su PBI (Producto Bruto Interno), es probablemente el país con la mayor fuga de capitales del mundo per cápita. De esta manera, la llamada restricción externa o la falta de divisas es el resultado de esta fuga permanente de capitales. Es un problema que existe desde largo tiempo. Ha habido algún trimestre en algún año donde es más leve o hay superávit, pero en general la Argentina vive inmersa  en este problema de la restricción externa desde hace casi medio siglo o más. Es una falacia entonces afirmar que se necesita el ingreso de divisas para hacer crecer al país; quienes lo necesitan son algunos sectores poderosos del país que las utilizan para transformar sus excedentes de capital en pesos, en activos en dólares en el exterior. Son estos mismos grupos de poder que conspiran contra el peso, promueven las corridas cambiarias que desestabilizan gobiernos y aumentan la desigualdad y la pobreza. Claro que si no hay otro plan para resolver esta situación de fondo, los gobiernos justifican las actividades extractivas para tener divisas, pero que finalmente sirven en gran medida para alimentar la fuga. Es una idea digamos un poco mediocre; hay otras salidas incluso dentro de la estructura de este capitalismo, que la de beneficiar a un grupo ciertamente muy poderoso pero que ha sido siempre parasitario, extractivista, que saca la riqueza y no crean nada nuevo, y lo hacen además violentando a los territorios y las comunidades.

Respecto de ello, también se ha señalado que la urgencia de poner en marcha estos proyectos responde a afrontar la situación de grave endeudamiento externo con el FMI que generó el gobierno de Macri y los requerimientos del acuerdo que selló el gobierno actual.

La deuda externa tomada por un gobierno neoconservador ha puesto al país en una necesidad efectiva de tener ingreso de divisas. Una deuda que fue para sostener la fuga de capitales de los grandes poderosos de la Argentina. Y nuevamente estamos en un círculo; porque parece que la única forma de pagarlo es vendiendo los recursos naturales. En realidad se trata de un saqueo permanente; son dos etapas de un mismo movimiento; primero se saquea financieramente generando bonos de deuda y bicicletas financieras y cuando se crean esos agujeros de miles de millones de dólares, el paso siguiente es ir a buscar los activos reales, los bienes naturales. Claro que estas actividades van a generar ingresos de divisas, pero no para volcarlas a la producción o mejorar el país sino para sostener esa bicicleta y ese saqueo.

Otra de las justificaciones que se suele ofrecer para defender estas actividades extractivas apunta a su posible contribución a la creación de empleo y la mejora de la situación social. ¿Qué opinión tenés sobre ello, considerando particularmente este caso específico de la explotación petrolera offshore en la costa atlántica?

Es cierto que la legitimación que se suele esgrimir frente a las poblaciones y territorios donde se llevan a cabo estos proyectos refiere más a la promesa de resolver los problemas de empleo y pobreza que a la restricción externa. Sobre ello se suelen inventar números que son absolutamente falaces. Esto se vio mucho en el caso de la megaminería. En 1997, cuando comienza el proyecto de Minera La Alumbrera en Catamarca, habían prometido que se iban a generar diez mil empleos pero después la mina funcionaba con sólo ochocienos o mil trabajadores. Por otra parte, como decía un ambientalista brasileño, es cierto que tirar abajo todo el Amazonas también crearía empleo. Hacer una guerra también; recordemos que el Pentágono es uno de los mayores empleadores del mundo. O perseguir y asesinar personas. Es claro que la cuestión no puede ser solo la creación de empleos; sino fundamentalmente de qué tipo, para hacer qué, con cuál resultado. Pero en la Argentina, con una situación social muy frágil, con una enorme cantidad de pobreza y desigualdades, pareciera que decir que se va a crear empleo sirve para legitimar cualquier actividad. Hay que cuestionar esta lógica. Por otra parte, es cierto que, por ejemplo, las empresas de energía pagan en general salarios que están por encima del promedio. Pero ello representa muy poco respecto de las ganancias que obtienen. Por ejemplo, en un estudio que hicimos sobre la explotación minera de la BHP Billiton en Chile, la masa salarial de los trabajadores representaba sólo el 0,9 % de sus ingresos, que pasó al 1,1 % luego de los aumentos salariales conseguidos en las históricas huelgas de los años 90 del siglo pasado. También en Argentina el costo laboral para estas empresas es bajísimo, particularmente si lo comparamos con los salarios que pagan en sus países de origen. Entonces es falso que generan un gran número de empleos, con altísimos ingresos y de calidad; y la contrapartida suele ser el alto impacto social, territorial y ambiental que tienen estas actividades. Si fuera como en el caso de Noruega donde el ingreso por la explotación petrolera va a un fondo soberano que financia inversión social; si usáramos esos ingresos para aumentar los de empleados públicos y los jubilados; pero no se trata de ello.

Justamente, uno de los cuestionamientos que hace la población a este proyecto de exploración y explotación petrolera offshore refiere a su impacto socioambiental e, incluso, sobre las actividades económicas históricamente centrales de estas ciudades costeras: el turismo y la pesca.

Efectivamente, estos proyectos extractivistas tienden también a afectar y desplazar a otras actividades económicas que existen en los territorios. Y, en este caso, es claro que si hubiera un derrame o una explosión en el pozo afectaría directamente a la industria pesquera. Recordemos que Mar del Plata es el principal puerto pesquero de la Argentina y uno de los principales caladeros de pesca del mundo, en una actividad que emplea y de la que vive muchísima más gente que la que puede estar vinculada a las plataformas petroleras offshore. La actividad petrolera puede generar más ganancias, pero la misma no va para la población sino para los accionistas de estas empresas trasnacionales. Y es muy difícil que no haya un derrame; porque estamos hablando de una explotación petrolera en mar abierto a una profundidad significativa, en un país que no tiene ninguna experiencia previa en este tipo de plataformas. Recordemos además que en el contexto del cambio climático que afrontamos pueden ocurrir —y ocurren— fenómenos muy poco usuales tanto en el mar como en la costa. Hace poco vimos como la erupción de un volcán a varios miles de kilómetros de la costa peruana dio vuelta un tanque petrolero cerca de Lima con sus consecuencias terribles de contaminación. Y hoy estamos hablando de la posibilidad de plataformas petroleras a 350 kilómetros de una de las principales ciudades de destino turístico de la Argentina.

¿Cuáles son entonces los riesgos y los efectos que afrontan estas poblaciones?

Enormes y difíciles de tratar. Pensemos que frente a las consecuencias del derrame petrolero acontecido hace un tiempo en el golfo de México, BHP invirtió  más de 120 000 millones de dólares en más de doscientos sitios de  limpieza costera  en la última década, y más de 40 000 millones en daños y perjuicios. Obviamente el Estado argentino está lejos de poder disponer de esos montos o del poder real para que las petroleras lo paguen si ocurriera una situación similar. Afrontar un derrame, una explosión o una catástrofe en una plataforma petrolera es enormemente costoso. Pero el problema mayor en cierto sentido son los pequeños derrames. Como en la megaminería, también en la explotación petrolera se dan pequeños y constantes derrames. Si se vuelcan, por ejemplo, 50 000 litros de crudo al mar, y no se produce una explosión o un incendio en el agua o una mancha negra gigantesca, es posible que la población no se entere en principio y la empresa encubra y niegue todo. Eso sucede frecuentemente y es muy grave. Luego se pescan y consumen peces que están contaminados. Los peces, por ejemplo, absorben muy fácilmente todos los metales pesados o el crudo y los retienen en su cuerpo, se bioacumulan; y cuando esos elementos entran en la cadena trófica comienza un sendero de envenenamiento.

¿Y qué sucede con las regulaciones? ¿No es posible que los controles sean una efectiva salvaguarda frente a estas situaciones?

Lo que se nos dice repetidamente desde el poder político o económico es que se dispone de la más avanzada tecnología, que la probabilidad de un accidente es absolutamente mínima, que este tipo de actividades se desarrollan en todo el mundo. Pero basta ver lo que viene sucediendo; por ejemplo, con las recientes noticias de derrames e incendios en proyectos petroleros offshore en América Latina y otras partes del mundo, para darse cuenta de que no es así. Por otra parte, el poder y la capacidad de lobby de estas empresas es enorme. ¿Quién puede creer que el Estado pueda disponer de una vigilancia permanente en las propias plataformas? Pensemos que en Argentina la regulación ambiental de estas actividades extractivas está en manos de las provincias y las leyes ambientales nacionales son de presupuestos mínimos, a las que los gobiernos provinciales deben adherir. En este caso estamos hablando de la explotación petrolera en el mar, a 350 kilómetros de la costa, a una profundidad de varios miles de metros, en una provincia que si bien tiene muchos recursos financieros carece, aun teniendo voluntad, de las instituciones, experiencia y conocimientos en la supervisión de la explotación offshore. Se necesita una legislación ambiental pero también la capacidad de hacerla cumplir. Hemos visto ya en otros campos cómo la legislación ambiental en Argentina es bien declamativa pero no tiene dientes. En la provincia de Buenos Aires por ejemplo hasta hace un mes no había Ministerio de Ambiente; el que regulaba las cuestiones ambientales era un organismo provincial de desarrollo sostenible donde ni siquiera aparecía la palabra ambiente. Por otra parte, tampoco cuenta con personal o experiencia en el control de la industria petrolera, que nunca tuvo hasta ahora. Pensemos que ni siquiera tiene la capacidad de regular y controlar a los productores sojeros que fugan cientos de millones de dólares, ¿cómo van a hacerlo con los gigantes trasnacionales petroleros?

Sobre ello se ha argumentado desde el gobierno que ya existen otras exploraciones petroleras offshore en la Argentina, que se cuenta con esa experiencia, que no mereció cuestionamientos y no deparó daños.

No es tan cierto. La explotación petrolera en el mar en Tierra del Fuego es a muy baja profundidad; a menos de 100 metros, más cerca de la costa; requiere otro tipo de tecnología y supone otro tipo de riesgos como es fácil de percibir. Por el contrario, incluso la experiencia de fiscalización ambiental en Argentina es casi nula en áreas donde se desarrollan actividades extractivas desde hace muchos años. Por ejemplo, el Código Minero aprobado hace más de veinte años no previó qué hacer con el cierre de minas; recién el año pasado se abordó ese problema, que es central por los enormes pasivos ambientales que hay que gestionar cuando la empresa cierra la mina y se va del territorio. Por otra parte, las leyes ambientales requieren reglamentación, para lo que se demora en general largo tiempo; y luego, y más importante, financiamiento, personal capacitado y tecnología para hacerla valer, para controlar efectivamente. Se controla en general a los más débiles, una curtiembre, una pyme, pero controlar a los poderosos parece prácticamente imposible. Ni siquiera se están tomando muestras de agua en el delta del Tigre, que se sabe está fuertemente contaminado, y pensamos controlar el agua en las plataformas petroleras de Chevron por ejemplo. No se controla a aquel que tiene un campo y fumiga tóxicos, como el glifosato, sobre una escuela rural y pensamos en supervisar a Shell, BHP o Texaco extrayendo petróleo en un lugar donde nadie vive ni ve ni escucha, en plena altamar. La cooptación de los gobiernos y la administración pública por parte de las corporaciones energéticas sucede en todo el mundo, en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Brasil; y pensamos que en Argentina, que cuenta con una institucionalidad ambiental extremadamente débil y una capacidad regulatoria estatal desmantelada y desfinanciada por años, la historia va a ser diferente. Es una ingenuidad. Nadie puede creerlo realmente. Los efectos dañinos sobre las poblaciones, el territorio y el ambiente se producirán inevitablemente.

Finalmente, otra narrativa que aparece en la justificación de estos proyectos esgrime la necesidad del desarrollo. Sobre ello además se suele identificar toda una política o proyecto neodesarrollista con presencia en Argentina y otros países de la región. El propio ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas señaló en una entrevista hace unos meses atrás que el problema de los cuestionamientos de las comunidades era solo un problema de comunicación…

La narrativa neodesarrollista persigue construir una legitimación para estos proyectos, pero cuando esta no consigue convencer y las resistencias siguen, donde las comunidades o los ciudadanos salen a poner el cuerpo para bloquear una carretera y evitar que pase un transporte minero, la disputa se transforma en un problema de la Gendarmería. Que el Ministerio de Desarrollo Productivo defienda el avance de estas actividades extractivas es lógico. Hay una fuertísima presión de la industria extractiva que se legitima luego a través del Ministerio con discursos desarrollistas que tienen una parte de verdad pero que, en general, esconden los grandes intereses que impulsan este tipo de proyectos. El problema es que no se encuentra dentro del Estado otras voces y otras políticas que deberían defender otros intereses; por ejemplo, del Ministerio de Ambiente —que formalmente debe proteger la integridad ambiental— o del Ministerio de Desarrollo Social que debiera preocuparse por las condiciones de vida de las poblaciones, u otras dependencias estatales. El problema es que no hay contrapesos dentro del Estado; y los cuestionamientos recaen enteramente entonces en la ciudadanía, en la movilización social, en las ONG, en la presentación de demandas en la Justicia. En este plano creo que hay una disputa muy interesante; porque frente al discurso del nuevo desarrollismo aparece una creciente conciencia ambiental que está surgiendo en todo el mundo y que señala las falacias de esa propuesta. Por otro lado, el gobierno sostiene un doble discurso: se compromete con los objetivos del cambio climático y la reducción de la matriz energética fósil —como lo hizo en la última COP 26—; y por el otro, quiere expandir la producción gasífera o petrolera en sus versiones más agresivas ambientalmente como el fracking o el offshore.

Sobre ello, el proyecto de exploración y explotación de petróleo offshore en la costa atlántica no solo despertó cuestionamiento y movilizaciones en las ciudades costeras y el país, sino también reabrió un debate en el campo político, intelectual y artístico sobre la oposición entre desarrollo y ambiente, en una polaridad donde la palabra desarrollo ya no refiere a la industrialización, como lo fue en el pasado, sino al extractivismo. ¿Qué opinas sobre ello?

Un desarrollo en base a la exportación masiva de recursos naturales no es desarrollo. Por otra parte, un modelo así tiene límites; en el deterioro y destrucción de los territorios y en su imposibilidad de desatar un proceso de industrialización. Es un debate saldado. Sabemos que no funcionó. Puede resultar en algunos lugares con poca población y alta disposición de recursos,como puede ser Qatar o los Emiratos Árabes. Y en estos lugares incluso tiene los días contados porque eventualmente se va a salir de la matriz fósil. Muchos países productores de petróleo entienden esta situación y entonces, por ejemplo, el Fondo Soberano de Qatar está invirtiendo en empresas de alta tecnología. Pero este proyecto en Argentina es retrógrado. Nuestro país ya ha pasado por la experiencia de ser un exportador de recursos naturales y lo que ello generó es una grandísima concentración en muy pocas manos y una decadencia económica que lleva prácticamente sesenta años, sino más. Países petroleros también están atrapados en esta misma lógica; lo vemos por ejemplo en Venezuela o Colombia. Hoy es necesario apostar a un cambio, a una transición energética y productiva; no necesariamente porque sea lo mejor sino incluso desde el propio interés, necesitamos un plan nacional para esa transición. Los neodesarrollistas se ponen en un nivel de superioridad política porque supuestamente son ellos los que entienden la necesidad del país y descalifican a los ambientalistas por ingenuos, raros. Pero la situación es inversa. El desarrollo del extractivismo sirve para financiar la fuga de capitales y externalizar hacia un Estado desfinanciado los impactos ambientales, de salud pública, sociales y territoriales; el ambientalismo se preocupa de la casa común, por el bien común.

La problemática de la explotación petrolera offshore en la costa atlántica apareció en los medios masivos y en la discusión pública a partir de la resolución del Ministerio de Ambiente de fines del año pasado que autorizó el comienzo de la exploración; pero en realidad tiene una historia anterior. ¿Cuándo toman conocimiento ustedes de este proyecto?

Si, bastante anterior, incluso a la constitución de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Es en 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri llamó a licitación para la exploración sísmica de 18 áreas petroleras ubicadas en tres cuencas marinas: la Argentina Norte (CAN) frente a Mar del Plata, la  Sur frente a Tierra del Fuego (CAS) y la Malvinas Oeste; y un año después otorgó esos 18 bloques a 13 empresas. Luego, durante el año 2020, empezamos a recibir cantidad de denuncias y fotos de que llegaban a la costa atlántica distintos animales marinos que aparecían muertos. Así ese año aparecieron ballenas, delfines, pingüinos, en cantidad. Claramente, era algo raro. Más tarde, a través de Greenpeace, logramos confirmar nuestras sospechas de que durante ese año se había estado realizando exploración sísmica en alta mar, sin que se hubiera hecho ningún estudio de impacto ambiental. A partir de ahí comenzamos a desarrollar una tarea de información, acercarnos a asambleas y grupos; particularmente los que nos habíamos conocido a raíz del rechazo al acuerdo porcino. Pero todavía había mucha reticencia de la gente para creer que era algo real, además de lo que suponía haber estado encerrados todo el 2020 por la pandemia. Recién en febrero del 2021 pudimos realizar una primera marcha aunque no fuimos muchos. La ampliación de la participación que concluyó en la conformación de la asamblea fue la convocatoria a la audiencia pública que finalmente se realizó en julio de 2021. 

¿Y qué sucedió en la Audiencia Pública y la constitución de la Asamblea?

Además de que motivó el involucramiento e información de muchos grupos y colectivos, hay que resaltar que un 90 % de los que intervinieron en la misma se manifestaron en contra del proyecto y sólo el 10 % lo hizo a favor, los que mayoritariamente pertenecían al sector petrolero, ingenieros o profesionales que estaban trabajando para las propias empresas petroleras. En ese tiempo se formó entonces la Asamblea, conformada, por un lado, por diferentes asambleas vecinales y vecinos, muchas de las cuales venían trabajando sobre diferentes problemáticas ambientales en los barrios o las playas públicas; y por el otro, por distintas organizaciones ambientales como la nuestra (Ecos de Mar); y también algunos partidos políticos y otras organizaciones se fueron acercando en los meses siguientes. Así, cuando el Ministerio de Ambiente finalmente resuelve autorizar la exploración offshore a fines de diciembre de 2021, desde la Asamblea impulsamos la primera protesta y movilización importante el 4 de enero que se llamó el Atlanticazo. 

¿Cómo fue entonces esa experiencia de movilización y denuncia?

El primer Atlanticazo fue, como decíamos, el 4 de enero. Lo organizamos en cuatro o cinco días luego de la noticia tremenda del 30 de diciembre cuando el Ministerio de Ambiente aprobó la exploración. No hubo brindis de fin de año. A pesar del corto tiempo, la convocatoria tuvo mucho impacto y hubo una gran participación de vecinos, de organizaciones ambientalistas y sociales. Participaron los guardavidas —aunque no el sindicato— incluso inicialmente tuvimos el apoyo de algunos sectores pesqueros, aunque lamentablemente en los últimos meses con las presiones se alejaron; y mucha ciudadanía de a pie. Incluso se conformaron asambleas en otras ciudades de la costa, desde Necochea al Partido de la Costa. Y comenzamos a coordinar con otras asambleas ambientales del país. Le pusimos el nombre de Atlanticazo en referencia y solidaridad con el llamado Chubutazo de 2021, ese levantamiento popular que trastocó la provincia de Chubut contra el avance de la megaminería. Luego, el 4 de febrero la movilización se transformó en Oceanazo, porque fue una movilización coordinada a nivel mundial con organizaciones y comunidades de 19 países como  Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Noruega, Alemania, Ecuador, Perú, que han padecido las consecuencias socioambientales de la explotación petrolera en su propio territorio. Aquí, en Mar del Plata, la movilización fue multitudinaria, con performances artísticas, festival con bandas y diferentes actividades que realizamos frente al Museo del Mar, aunque los medios la invisibilizaron completamente.

¿Cuáles son entonces las críticas de fondo que le hacen al proyecto?

Hay que entender que este proyecto plantea la extracción de petróleo en el mar a aproximadamente 3000 metros de profundidad; lo que es ciertamente muy complejo. No hay experiencia en el país de una explotación de este tipo. Parte de la labor deberá ser realizada por robots. Tampoco está claro, de encontrarse, en qué estado estará el petróleo; lo más probable es que tengan que hacer detonaciones en el lecho marino. Ni siquiera han especificado todas las características del proyecto, posiblemente porque tampoco lo tienen muy en claro. En ese sentido, lo que sí es claro es que son actividades extremadamente riesgosas. Por más que nos digan que van a tener los máximos cuidados; no especifican cuáles van a ser ni cuáles van a ser los monitoreos y la vigilancia. Recordemos que recientemente en Perú sufrieron un derrame que conllevó un desastre terrible sobre las costas y playas; o los derrames también recientes en el Amazonas con una explotación petrolera mucho más sencilla. Entonces nos enfrentamos con actividades altamente contaminantes y destructivas del ambiente y los ecosistemas, que amenaza incluso a las mayores industrias de Mar del Plata: el turismo por sus playas y la pesquera en el mar. Para compensar esto dicen que se generaran diez mil empleos; pero sabemos que es una falacia; toda la industria petrolera en Argentina incluida Vaca Muerta no genera más de cinco mil empleos; y además, muchos de los empleos que requiere un emprendimiento con esta complejidad son altamente calificados, no serán para los marplatenses. 

¿Cómo se entiende el desarrollo de estos proyectos petroleros de alto riesgo?

Justamente, estamos en un contexto en el que tendríamos que garantizar la transición energética hacia energías renovables. Donde el agravamiento del cambio climático plantea la necesidad de cambiar la matriz energética en los próximos años si se trata de evitar un colapso total. Pero lo último que se hace es invertir en energías renovables. Por el contrario, lo que vemos es la quema de los bosques, la expansión del agronegocio y del sector inmobiliario sobre las zonas verdes y los pulmones de nuestra tierra, del extractivismo minero. Nos están gobernando con políticas de hace más de ochenta años y además cometiendo los mismos errores que ya se han cometido en el pasado, y los vuelven a hacer insistiendo con el mismo modelo productivo. 

Febrero fue también un mes donde la disputa por el avance de la exploración offshore se planteó en el campo judicial, ¿cierto? Incluso con la sanción de una medida cautelar que lo paralizó

Si. Se presentaron en la justicia varias impugnaciones al proyecto y el Juez Santiago Martín dictó a principios de febrero una medida cautelar. Luego el Gobierno Nacional y la empresa involucrada —la noruega Equinor— recusaron al juez con una acusación que se demostró luego que era falsa; un bochorno que ni siquiera se difundió bien luego. El nuevo juez que tomó la causa, Alfredo López —que tiene denuncias por afinidades neonazis—, derogó la cautelar autorizando avanzar con la exploración mientras se resolvía el litigio de fondo. Finalmente, como sabemos, en marzo, la Cámara Federal de Apelaciones desestimó las recusaciones y confirmó a Santiago Martín y se restituyó la cautelar. Este último mes, vemos una gran campaña publicitaria en las redes sociales (YouTube, Instagram) a favor del proyecto y diciendo que la Argentina quiere a las petroleras. Frente a ello, la Asamblea viene haciendo una movilización o actividades permanentes todos los 4 de cada mes así como tareas de educación e información incluyendo talleres en escuelas y otras actividades.

Por otra parte, se realizó recientemente una consulta on line sobre otros nuevos proyectos de exploración petrolera offshore. ¿Qué sucedió con ella?

Efectivamente, el gobierno realizó una encuesta on line sobre dos nuevas concesiones para la exploración de petróleo offshore en la misma zona. Pero la consulta tuvo en realidad muy poco de consulta. No existía la posibilidad de manifestarse en contra de los proyectos; sólo se presentaban los informes de impacto ambiental y se pedía evaluar esos informes. Existía la posibilidad de incluir comentarios, pero extrañamente aparecían muchos de ellos anónimos que defendían los proyectos offshore, aunque formalmente no se podía acceder a la página sin identificarse. Parecían hechos por boots. A los que incluían señalamientos críticos se les respondía rápidamente, también desde cuentas anónimas. 

¿Y con la audiencia municipal también reciente?

Sí, en la audiencia realizada por el municipio sobre el proyecto offshore también se registraron muchas irregularidades. Al inicio de la misma se les informó a muchos de los inscriptos —calculamos que mil personas— que habían sido rechazados por no vivir en el Municipio de General Pueyrredón en base a un criterio de que aquellos ciudadanos fuera del municipio no estaban autorizados a participar pero sí las instituciones de fuera del distrito. Una aplicación de este criterio poco clara hizo que muchos de los expositores fueran vinculados a YPF, técnicos y profesionales de la industria petrolera o de otras empresas vinculadas al emprendimiento. Valga recordar que en las semanas previas la petrolera hizo muchas promesas y acuerdos con empresas locales en el sentido de que contrataría sus servicios cuando la explotación se pusiera en marcha. Extrañamente, a muchas organizaciones ambientales no las dejaron participar, pero si hasta expuso un técnico petrolero que habló… ¡desde Houston! Hubo también muchas desprolijidades en la organización de la audiencia, pero aún así los expositores contra el proyecto fueron mayoría. Lamentablemente eso no se dice en ningún medio, se oculta; pero lo que sí estuvo en los titulares de los diarios y portales de noticias es que la resolución de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata había derogado la medida cautelar que frenaba el inicio de la exploración offshore. Lo cual es una falsedad. 

¿Por qué? ¿Qué decidió la Cámara de Apelaciones marplatense?

Porque la resolución adoptada por la Cámara a principios de junio dejó sin efecto la medida cautelar adoptada en primera instancia pero, simultáneamente, planteó la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental más amplio y otros requisitos para determinar si autoriza la ejecución del proyecto. Es decir, en los hechos la exploración sigue detenida y, por todo lo demandado, pensamos que ello puede retrasarla hasta principios del año próximo otorgando más tiempo para ampliar los cuestionamientos. Pensemos además que no está probado incluso que se encuentre petróleo, el gas es más probable; incluso es posible que de haber petróleo se encuentre en el lecho marino, suponiendo la necesidad de utilización de tecnologías más complejas y mayor deterioro ambiental.

¿También realizaron una nueva manifestación, cierto?

Sí, el 4 de junio realizamos otra jornada de movilización. Estuvieron otras asambleas de la costa y de otros lugares del país. Hubo diferentes intervenciones artísticas, siempre intentando que la defensa del mar tenga expresión en el arte y la cultura, y denunciamos a las cúpulas sindicales que han comenzado a hacer acuerdos con la petrolera en detrimento de los trabajadores, cuya actividad se va a haber afectada. Desde la Asamblea creemos que es más necesario que antes incrementar la tarea de información y debate en la comunidad así como las manifestaciones de cuestionamiento al proyecto. Volvemos a decir que queremos nuestro mar sin petroleras.

“Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa.
Desaparezca el hambre y no el hombre.”
Fidel Castro

Ningún proceso popular de cambio, nunca jamás, fue lineal ni pasó desapercibido. No hay manera de transformar lo injusto, lo que incomoda y destruye, sin hacer ruido, sin estar en movimiento y sin repensar lo que hasta acá fue normal y ya no queremos que siga siéndolo.

Las formas que elijamos para redireccionar esos caminos nos definen, nos diferencian y nos dan identidad. No da lo mismo la manera, ni los motivos. Esa síntesis carga de sentido todas nuestras conquistas y luchas. 

La exploración offshore en las costas del mar argentino irrumpió en la calle, en la agenda pública y mediática, en los temarios de las organizaciones y en los intercambios de la academia. Cristalizó las obsolescencias de la matriz productiva, la necesidad irremediable de cuidar los bienes comunes y la complejidad de construir consensos cuando los posicionamientos mayoritarios son diametralmente opuestos. 

También evidenció que el extractivismo, incluso al servicio de financiar políticas públicas, excluye siempre dos dimensiones que se interrelacionan: la local y la informativa. La local, porque esas prácticas impactan de lleno en las instituciones y en la vida de quienes habitan los territorios y por ende merecen un lugar central en el proceso de decisión. Y la informativa, porque acceder a información detallada de los proyectos extractivistas no solo es un derecho de las comunidades, sino una responsabilidad del Estado en pos de garantizar participación ciudadana y promover, entonces, políticas públicas con respaldo social.

A todas luces, la forma en que se compartieron las intenciones hidrocarburíferas offshore del Estado nacional no contemplaron, acabadamente, ninguna de estas dimensiones. De otra manera no se explica que luego de un año de debates, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, del que formo parte, haya realizado una audiencia pública municipal que, pese a no ser vinculante, tuvo un extraordinario nivel de convocatoria. 

Frente a este escenario, queda en claro que la discusión exige repensar las formas y ampliar los márgenes: ya no alcanza con encolumnarse en el sí o en el no a las petroleras. El debate es por la transición energética. 

Y digo esto inscripta en el #NoALasPetroleras, convencida de que el extractivismo nos trajo hasta acá, destruyendo nuestra Casa Común y multiplicando las desigualdades. Sin embargo, estoy cada vez más segura de que la salida no es por un lado o por el otro: es en síntesis y con todes adentro. 

Es tiempo de ensanchar el debate, incluir todas las dimensiones y asumir que la manera de gestionar la crisis climática traerá contradicciones: si miramos la peli entera, notaremos que el camino común, necesario e impostergable es el de un plan nacional de transición energética justa.

Ambientalismo popular para la transición

Aunque la dicotomía existe desde siempre, la posibilidad de las petroleras offshore en el Atlántico reeditaron a nivel local la postal de los opuestos: por un lado, un sector que en nombre del desarrollo prioriza lo económico y relativiza la crisis climática. Por el otro, los ecologismos que no admiten matices o que son funcionales a los discursos ambientales hegemónicos y que no ofrecen —en ningún caso y por fuera de las consignas— caminos posibles o alternativos.

Sin embargo, en el medio, y aún inscriptos en el sí o en el no a las petroleras, hay muchísimas personas, instituciones y organizaciones que están convencidas —como dice Julián Monkes— de que hay que 

discutir lo económico y lo ambiental, pero en el marco de la justicia social y la potestad soberana que tenemos sobre nuestros bienes comunes [porque] la tensión no es ambiente-desarrollo, sino perpetuación de un modelo excluyente, devastador y cuasi colonial, o construcción de un modelo para todes, con un crecimiento económico planificado, soberano y sustentable. 

Para arrancar a pensar una transición es probable que primero haya que abandonar la comodidad de lo rotundo, reconocer la complejidad del estado actual de situación y asumir que para garantizar planeta, ambiente y desarrollo no solo se necesita un modo más integrador y común de hacer, sino que se precisa tiempo. Sería muy ingenuo creer que algo de todo esto puede resolverse de la noche a la mañana: hay que ser conscientes de que la transición es un proceso a largo plazo.

En esa misma línea, es fundamental cuestionar la matriz productiva, en cuanto contamina y multiplica la desigualdad, pero sin perder de vista que también es la que genera —directa e indirectamente— miles de puestos de trabajo y produce muchos de los insumos que son esenciales para la vida de millones de personas y hogares en Argentina y el resto del mundo. 

Cuestionar este modelo de producción es determinante. Y generar insumos para el que queremos gestar es fundamental. El tema es que tenemos que definir qué hacer en el mientras tanto: tenemos que tener un plan para migrar de un modelo a otro. 

Y en ese marco, el ambientalismo popular surge como posibilidad no sólo de forjar una nueva trama, sino de fundar —mediante un proceso transicional energético— una nueva urdimbre para nuestra matriz productiva y social, en clave ambiental. 

Apuntes para la transición justa

Si hay algo que dejó en claro la discusión por la exploración y explotación petrolera offshore es la necesidad —también del ambientalismo popular— de construir un capítulo sobre energías para el Plan de Desarrollo Humano Integral, donde la planificación debe ser desde la perspectiva de los trabajadores y la comunidad organizada, y no desde la superioridad intelectual de las universidades o la ambición financiera de las empresas concentradas. 

Partiendo de esa base, y asumiendo que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer reproduce solo dos escenarios posibles —el de la profundización de la muerte o el de la regeneración de la vida—, la primera pregunta que aparece es cómo remediar el desastre, poniendo la vida en el centro, achicando las desigualdades, pero también reconociendo que hoy existe una dependencia —a pequeña y gran escala— en relación al uso de las energías, particularmente de las fósiles. 

La respuesta inmediata es la transición energética justa, que exige un cambio de paradigma y que por ende conlleva un gran proceso de disputa, que no solo debe incluir los análisis y las proyecciones para el presente y el futuro del planeta, sino que también requiere revisar y asumir cómo fue que llegamos hasta acá.

Aunque ahora pretendan horizontalizar las responsabilidades para compartir los esfuerzos para la mitigación y adaptación al cambio climático, hay que decir —y repetir hasta el hartazgo— que fueron los países del Norte los que históricamente y en clave imperialista depredaron los bienes comunes y cosificaron todos los territorios y comunidades que pudieron. Pese a que la situación planetaria hoy es muy delicada y realmente requiere del aporte de todos para reducir—por ejemplo— la huella de carbono y disminuir el calentamiento global, es muy importante advertir que no todos los países contaminaron igual, ni que todos tienen los recursos para encarar una transición que además de energética es social. 

Si algo queda en claro es que sin construir memoria del desastre y la depredación ambiental no habrá posibilidad de encarar una transición justa. 

Por ende, un primer buen ejercicio para pensar el contenido y los límites de una transición nacional posible es formularnos preguntas: ¿Por qué estamos en una crisis climática? ¿Cómo pasó? ¿Qué responsabilidad tiene nuestro país? ¿Qué entendemos por el cuidado de los bienes comunes? ¿Qué políticas hubo y cuáles están faltando?  ¿Qué justifica una petrolera offshore si no hay un plan de transición? 

¿De qué transición estamos hablando? ¿Hacia qué energías deberíamos migrar? ¿Para qué matriz productiva? ¿Cuánto tiempo implicaría este cambio? ¿Desde qué perspectiva tendría que ser? ¿Qué rol debería asumir el Estado?  ¿Y las comunidades y los ambientalismos y los empresarios? ¿Sería una estrategia nacionalizar YPF por completo? ¿Cómo se financiaría la transición? ¿Qué aportarían los que ganan contaminando? ¿Lo mismo que los que son contaminados? ¿Cómo incluimos la dimensión social de la crisis climática y en la transición energética para que sea justa, con todes adentro y con perspectiva ambiental y de desarrollo?

Alvaro García Linera hace un planteo que sirve de disparador para nutrir los debates que devienen de esos cuestionamientos y que ayudan a pensar el contenido y los márgenes de un posible plan nacional de transición energética. El exvicepresidente de Bolivia sostiene que el camino es construir una 

política de transición gradual hacia otras formas de producción de la riqueza, en las que los excedentes queden en manos del Estado para que sea redistribuido y genere salud, educación y alimento para formar una nueva generación de trabajadores, profesionales y técnicos que nos lleven al tránsito hacia una economía no extractiva.

Sin dudas, precisamos definir un plan de transición energética justo y soberano; correr los límites de lo posible. La crisis climática está en curso y el mundo no (nos) aguanta más.

¿Qué podrías señalar respecto del proyecto de exploración y explotación de petróleo offshore frente a la costa atlántica bonaerense?

Para la transición energética es un tema central ciertamente el abandono de los combustibles fósiles (petróleo y gas) lo antes posible. Y es claro que en este proceso, las primeras que hay que abandonar son justamente las llamadas “energías extremas” como las del petróleo y el gas no convencional o la del petróleo offshore, que son las que presentan un riesgo sumamente alto de impactar sobre los territorios o, en este caso, sobre el mar. Si la transición energética exige el decrecimiento en la utilización de petróleo y gas, es claro que habría que comenzar con las más riesgosas y complejas.

En este sentido, el gobierno parece ir en dirección contraria. Incluso la guerra en Europa y su impacto en el incremento del precio de los combustibles se esgrime como una razón para el desarrollo de estos proyectos.

Un elemento central para justificar estos proyectos, que comparte en realidad todo el establishment político, incluso en casi todos los países latinoamericanos, apunta a la invocación del derecho al desarrollo. Es una mirada, yo creo, antigua que reclama el mismo derecho y sendero que siguieron los países que alcanzaron su desarrollo consumiendo combustibles fósiles y emitiendo durante ciento cincuenta años. Es cierto que esos países tienen que pagar mucho más para costear la transición energética a nivel global porque tienen esa deuda histórica con los pueblos del Sur y el planeta; pero eso no nos habilita a nosotros a defender el mismo modelo de desarrollo. Este discurso del derecho al desarrollo, por el contrario, señala que podríamos recorrer un camino similar al de las economías desarrolladas para alcanzar el nivel de vida que tienen esas sociedades; pero en realidad estamos inmersos en una lógica de globalización y división internacional del trabajo que nos asigna el rol de proveedores de materias primas, en este marco es que se plantea el derecho al desarrollo para argumentar sobre la necesidad de sacar todo el petróleo y el gas que podamos.

¿Es una falacia, no? Incluso la noción de desarrollo históricamente asociada a la industrialización se resignifica en clave extractivista.

Si, es un error montado sobre una presión muy fuerte del lobby de las empresas petroleras que intentan realizar lo antes posible sus ganancias, antes que se incrementen las restricciones para el uso de los combustibles fósiles por su responsabilidad en la producción del cambio climático. Entonces hay una un lobby gigantesco de las empresas de petróleo y gas que incluso vimos en estos días en Argentina con las medidas que se tomaron a favor de estas empresas. Se trata entonces de tensionar o presionar al gobierno pero sobre una lógica que el propio gobierno ya tiene construida que es la del derecho al desarrollo como una alternativa para salir de la pobreza, para superar la restricción externa, etcétera, y que apunta a esta mirada “el doradista” de la explotación de las riquezas en recursos naturales. En este caso, se trata del petróleo y el gas; pero se suman también otros recursos vinculados a la transición energética como el litio, el hidrógeno, el cobre, las tierras raras, etcétera. como si esto no fuera una repetición de la historia del estaño y de todos los minerales que se extrajeron y sacaron de la región con los resultados y consecuencias que tuvieron esas explotaciones.

Sobre ello, se ha hablado mucho en los últimos meses sobre el proyecto llamado de “hidrógeno verde” resaltando su contribución a la transición energética y al compromiso de afrontar el cambio climático y la problemática ambiental. ¿Qué opinás en relación con esto?

Hay que inscribir la promoción de estos proyectos en la urgencia por avanzar en la transición energética particularmente en Europa, hoy enfrentada por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, a crecientes dificultades para acceder al gas y petróleo. Ello ha acelerado estas políticas de tipo Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) que plantean avanzar rápidamente en el control y aprovisionamiento de los recursos necesarios para esa transición energética. Y el acceso a esos recursos se piensa bajo la misma lógica de la división internacional del trabajo y la globalización vigentes. Así esos recursos estratégicos para superar al petróleo y al gas se buscan donde sea más sencillo y más barato obtenerlos. Es lo que está ocurriendo con el hidrógeno en este último año en todos los países de la región —en Brasil, Uruguay, Chile y Argentina— donde aparecieron proyectos similares y, en general, todos ellos están asociados a la exportación del hidrógeno que se ha convertido, posiblemente, en un nuevo commodity para su consumo en los países desarrollados. Sólo en Chile posiblemente se está avanzando con algunos proyectos vinculados a la minería en el Norte en base a fuentes fotovoltaicas que podrían tener una aplicación local, pero en el resto de nuestros países estos proyectos están orientados fuertemente a la exportación; o sea, que reproducen la misma lógica extractiva tradicional.

¿Con el litio sucede algo similar?

La cadena de extracción y producción de litio está cada vez más vinculada a la industria automotriz y a su estrategia de supervivencia a nivel global y particularmente en el Norte. Se sabe, por ejemplo, que en Europa ya no se va a poder producir automóviles con motores de combustión interna en menos de diez años. Por ello todas las empresas automotrices están detrás de los proyectos de extracción de litio; pero ello supone otra vez la reproducción de una lógica extractiva clásica, que incluso supone de parte de los gobiernos regionales ofrecer condiciones favorables para que estas inversiones se establezcan, prometiendo una cantidad de beneficios como los que vemos que se ofrecen hoy al sector petrolero, que no es un sector nuevo y sin embargo se le entrega una cantidad de beneficios muy importantes. Incluso cuando se justifican estas actividades para superar la llamada “restricción externa” (provisión de divisas) en muchos casos no se hacen las cuentas correctamente y se olvidan de contabilizar cuántas divisas se van o pierde el propio Estado en la generación o promoción de estos proyectos. Además hay que tener en cuenta que ni siquiera contamos con la información exacta de cuánto cuesta extraer y producir cada metro cúbico de petróleo y cuánto se paga o se deja de pagar por servicios, rentas, impuestos. Así la justificación de la lógica extractiva por la cantidad de dólares que provee al funcionamiento de la economía y las cuentas públicas es un tanto falaz. Incluso en relación con ello Argentina está en mucha peor condición que otros países de la región como Bolivia o Chile donde la apropiación estatal de parte de la renta o ganancias empresarias es mayor.

Estos señalamientos que haces respecto de la producción de hidrógeno o de litio y sus consecuencias señala la repetición de una lógica colonial que ahora sirve para que el Sur financie con su saqueo la transición energética del Norte. Además apunta a que hay diferentes transiciones energéticas, una corporativa y otra popular. ¿Cómo sería eso?

Efectivamente, la transición energética corporativa es aquella que mantiene intactas las estructuras de consumo actuales, sobre todo las de las sociedades del Norte, que resultan inviables a nivel planetario. En ese sentido, respecto de la transición hay dos cuestiones que debiéramos tener en cuenta y que tienen que ver con los principales problemas que enfrentamos en el presente y a futuro. La primera tiene que ver con los límites planetarios; es decir, respecto de la extracción de minerales y consumo de energía para la producción de los bienes que supone una transición energética que mantenga el actual patrón de consumo. Pero el otro problema es la gran desigualdad que existe a nivel planetario y la inviabilidad de eliminar la desigualdad bajo los patrones de uso de energía del Norte global. No existe otra opción que pensar en grandes procesos de redistribución donde evidentemente las economías desarrolladas deberán consumir menos energía y las economías en desarrollo deberán consumir más energía, pero todos deben consumir distinto. Una lógica que se da también dentro de cada uno de nuestros países; entre los diferentes sectores de la sociedad. Finalmente, para nosotros la transición energética no es un problema tecnológico, un problema de fuentes de energía, sino un problema social, económico, político y ambiental que tiene que ver con la organización de la sociedad. Entonces hay que repensar esa forma de organización social que en definitiva está determinada por las estructuras de producción.

Y desde esta perspectiva ¿Cuáles serían las características o las líneas centrales de una transición energética de carácter popular?

Bueno, en primer lugar, es necesario trabajar en concreto en cada uno de nuestros países para poder debilitar la lógica mercantil capitalista en el sistema energético. Hay que cambiar esa lógica por una de derechos. Se trata de pensar en consumir socialmente menos energía con mejor redistribución, más justicia social en su uso. En ese sentido, tenemos muchas tareas, por ejemplo, derogar y reemplazar por otro marco normativo las leyes de privatización y promercado sancionadas en la década del 90. En esa dirección, es un aporte muy valioso el artículo 21 del nuevo proyecto constitucional chileno o los avances sobre la energía consagrados en la Constitución ecuatoriana. Entonces hay que avanzar en la legislación y garantía de los derechos sociales que garantizan el acceso y uso de la energía. No necesariamente para reconstruir un sector estatal como el que conocimos, que también tiene su dificultades para la gestión democrática, sino para explorar e incluir otras formas de propiedad cooperativa, comunitaria, colaborativa, pública aunque no obligatoriamente estatal, que pueden favorecer una gestión más democrática y participativa. 

¿Estás planteando que una transición energética popular le asigna un papel central al fortalecimiento de esta dimensión local comunal? ¿Qué posibilidades tiene ello?

Si, eso es un requisito para la democratización de un sector como el energético que, como sabemos, es extremadamente opaco. Hay que pensar en cómo involucrar a la comunidad que puede ser un motor de construcción de algo distinto. Y en Argentina contamos con muchas experiencias alternativas interesantes de gestión local de generación de energía, por ejemplo, una tradición fuerte de cooperativas eléctricas. Pensemos que en los años 50 del siglo pasado, en muchas pequeñas ciudades que no tenían acceso a la electricidad, los vecinos se juntaron, compraron un  generador y aseguraron la provisión eléctrica. Cuando llegaron las redes eléctricas, esas cooperativas se transformaron en distribuidoras, pero en muchos casos mantienen ciertas características cooperativas. Nosotros hace algunos años hicimos una experiencia muy interesante con la cooperativa de Armstrong y montamos una planta fotovoltaica, por ejemplo. Hay muchas posibilidades de impulsar proyectos similares incluso en un contexto donde existen muy pocos incentivos para ello. Es un modelo que promueve la descentralización y desconcentración del sistema eléctrico. Y si hacemos bien las cuentas —incluyendo lo que el Estado ahorraría en términos de subsidios y divisas— es ciertamente rentable económicamente. Es muy posible desarrollar estas experiencias en Argentina además porque contamos con un fuerte desarrollo industrial y científico tecnológico que puede colaborar en este desarrollo local y potenciarse a su vez de ello. No se trata solo de la resolución tecnológica de la transición energética sino también de promover una gestión local que permita al mismo tiempo resolver la pobreza energética y disminuir la desigualdad. Tecnológicamente esto es posible de hacer tanto con la energía fotovoltaica, y también con la biomasa y la eólica, bajando la dependencia respecto de los combustibles fósiles y de un sistema muy concentrado. 

¿A qué te referís cuando hablás de pobreza energética?

Justamente la otra cuestión central para una transición energética refiere a eliminar la pobreza energética que se ha incrementado en Argentina y la región durante la pandemia. La definición más difundida de pobreza energética señala que la sufren aquellos hogares que destinen el 10 % o más de sus ingresos al pago de la energía; y los que destinen 20 % o más de sus ingresos a ello son considerados indigentes energéticos. Es una definición que tiene su utilidad pero que es muy economicista; porque hay familias por ejemplo que ni siquiera pagan por la energía y que están en una situación de pobreza energética muy profunda. En esta dirección, consideramos pobreza energética a la imposibilidad de acceder a los recursos energéticos que permitan una vida digna lo que incluye entonces también al hábitat y las condiciones de vida. Los datos que nos ofrece su medición estadística nos permite afirmar que esta pobreza energética subió muchísimo durante el macrismo con el incremento astronómico de las tarifas; pero también subió significativamente durante la pandemia en casi toda América Latina. Es una cuestión que hay que abordar desde la perspectiva de la desigualdad, en el sentido de que la pobreza energética está también íntimamente asociada al sobreconsumo energético de un grupo reducido de usuarios; por eso es necesario plantear la necesidad de una redistribución energética. 

¿Cómo se puede abordar la resolución de esta pobreza energética y desigualdad?

Creo que es el primer tema que deberíamos afrontar. Una dimensión son las tarifas, pero no resuelve la cuestión, ya que muchos pobres energéticos ni siquiera la pagan. Se requieren medidas integrales que no tienen que ver solo con la energía sino con los programas sociales y de hábitat, con el mejoramiento de los barrios populares de manera integral. No se puede considerar la cuestión energética por separado pero sí se trata de incluir en el programa de mejoramiento del hábitat urbano y rural las mejoras en el uso y la eficiencia energética. Desde el punto de vista técnico hay muchos ejemplos posibles como las políticas de eficiencia energética, por ejemplo, con el desarrollo de una política pública que promueva el recambio de electrodomésticos por aquellos de mayor eficiencia e incorporación de energía solar. El ejemplo más cercano es el de los calefones solares, que implican un ahorro fuerte de gas y, al mismo tiempo, supone producción y empleo nacional, incluso en la adaptación de las viviendas. En Argentina hoy al usuario particular no le interesa cambiar un electrodoméstico para reducir el consumo eléctrico; pero sí le debería interesar al Estado. Tenemos el ejemplo de Cuba donde entre los años 2006 y 2007 el Estado entregaba directamente heladeras nuevas porque con ese cambio y una mayor eficiencia energética se evitaba tener que construir una nueva planta de generación eléctrica. O el programa en el que trabajamos de producción de calefones solares, que está asociado al programa Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial, que en las 120 000 viviendas que el Estado construyese incluyen estos calefones solares que, en tres o cuatro años, suponía un rédito fiscal positivo para el Estado además del ahorro familiar que se volcaba al consumo. 

Existe de manera incipiente una articulación muy fuerte en esta problemática acerca de la energía  entre los movimientos socioterritoriales, como el MTE o la UTT, con una perspectiva que repiensa el desarrollo local en otra clave y que se vincula con nuestra mirada socioambiental. Gran parte de un posible futuro de una transición energética popular se basa en si logramos construir una alianza más fuerte entre estos campos para construir y potenciar estas alternativas; incluso hay posibilidad de hacer muchas cosas por abajo que no estamos aprovechando. 

¿Y en términos de política pública qué implica avanzar en esta transición energética?

Tal vez el principal déficit esté asociado a suponer que podemos tener cualquier modelo productivo como si tuviésemos energía infinita y sin impactos. Desde el estado mucho se puede hacer.

Una línea de medidas muy fuerte es la de los subsidios estatales, que supone redireccionarlos, dejar de subsidiar a las petroleras y orientar esa promoción pública a otros sectores vinculados a las fuentes de energía renovables. Considerando además que en este sector buena parte de los incentivos estatales se repagan solos por los ahorros que generan tanto a nivel fiscal como en los usuarios, como lo señalábamos antes. Sobre ello, por ejemplo, planteamos un debate en estos últimos meses sobre la construcción del gasoducto que traería el gas desde Vaca Muerta. Sin abordar ahora la discusión sobre si la opción por el gas contribuye a la transición energética; lo que señalamos es que las redes eléctricas hoy llegan al 98 % de la población mientras que las del gas llegan al 65 %. Y, en ese sentido, no es necesario ni útil invertir en ampliar las redes de gas, considerando además que, por la crisis climática, posiblemente en veinte años tendremos que abandonar el consumo de gas. No es un buen negocio ni para el Estado ni para la sociedad hacer una inversión millonaria que en 10 o 20 años dejará de ser útil. Claro que sí es un buen negocio para los que fabrican los caños y los que venden el petróleo y el gas, que en algunos casos es la misma empresa. Las necesidades que la gente resuelve con el uso del gas se pueden resolver también con la energía eléctrica que no solo llega a casi toda la población sino que también es más madura para ser producida por fuentes renovables (solar, eólica, biomasa), de las que tenemos un enorme potencial en nuestro país. Ahí hay una sinergia muy fuerte que podría ser desarrollada inclusive potenciando la producción nacional a partir de, por ejemplo, la recuperación estatal de IMPSA de Pescarmona, de la fabricación de molinos eólicos, pequeñas hidráulicas o fotovoltaicas. Se trata de desarrollar las energías renovables y bajar el consumo de gas; incluso porque el 43 % del gas en Argentina se utiliza para producir electricidad. Pero hay muchísimas líneas de acción como promover la producción y uso de equipos de mayor eficiencia energética, actuar sobre la calidad y eficiencia del hábitat, etcétera.

¿Qué otra problemática deberíamos abordar si se trata de avanzar en una transición energética?

Bueno, otra cuestión central es el transporte, ciertamente muy compleja y simultáneamente muy importante. Pensemos que la mayor cantidad de energía que se consume en el país se hace en el sector del transporte, entonces pensar políticas de energía supone considerar el transporte. Ello no solo refiere a un cambio en la modalidad; por ejemplo, priorizar los ferrocarriles o el transporte colectivo o los vehículos eléctricos que utilizan energías renovables. También se asocia, por ejemplo, a promover un desarrollo y modos de vida más locales que reduzcan la necesidad de transportarse; por ejemplo, con el desarrollo de industrias locales —por ejemplo, remontar la destrucción de la industria locales en el interior del país de las últimas décadas—, la producción de  alimentos más próximos a las poblaciones que además en general resultan más sanos, etcétera. Hay una cantidad de cuestiones en donde se puede reducir la necesidad de transporte. El problema de la transición energética reclama una perspectiva integral, amplia, porque es un sector muy complejo y que abarca áreas que habitualmente no las consideraríamos como energéticas. Son necesarias políticas integrales para todos los sectores; y es imprescindible avanzar con esta  transición tanto por la amenaza del cambio climático como por la urgencia que plantea la resolución de la pobreza y la desigualdad.

Entre fines de octubre y mediados de noviembre tuvo lugar en Glasgow (Escocia) la 26° Conferencia de las Partes (COP) sobre el cambio climático. Por ese nombre se conoce a las reuniones intergubernamentales periódicas que convocan a representantes de los Estados signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) firmada en 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente o Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil.

Casi 30 años después de ese primer acuerdo internacional sobre el cambio climático, esta COP en particular había despertado la atención de gobiernos, corporaciones, movimientos populares y medios de comunicación a lo largo y ancho del mundo. Por una parte, porque la conferencia tenía la misión de retomar y dar cuerpo a los acuerdos alcanzados en la COP 21, conocidos como los Acuerdos de Paris, que vinieron a ocupar a partir de 2015 el lugar del ya vencido Protocolo de Kioto de 1997.

Dichos Acuerdos eran de por sí mucho más laxos y permisivos que el protocolo anterior y avanzaban tanto en la promoción de los mecanismos de mercado en el tratamiento de la problemática ambiental como en la dilución del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”(PRCD) que desde la CMNUCC había marcado las negociaciones internacionales con el reconocimiento del papel significativo desempeñado por los países industrializados del Norte global en la contaminación de la atmósfera a diferencia y en detrimento del Sur global.

Más allá de estos límites, el regreso de los EE. UU. a las negociaciones internacionales sobre cambio climático luego del  retiro anunciado por Trump en 2017 -similar al resuelto por George W. Bush en 2001 frente al Protocolo de Kioto- parecía despertar expectativas en ciertos sectores de la comunidad internacional.

Por otra parte, la importancia de la COP 26 se agigantaba ante los efectos catastróficos que jalonó el progreso de la crisis climática, evidenciados con claridad en el periodo reciente. Los incendios devastadores, las lluvias torrenciales y las inundaciones, las heladas o calores extremos, el derretimiento de glaciares y casquetes polares y las sequías de fuentes hídricas y territorios, que recorrieron el globo en los últimos años marcaron los avances y consecuencias de este proceso de calentamiento global. Esta actualidad dramática y la amenaza que ello impone en el futuro inmediato quedó también evidenciada en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por las siglas de su nombre en inglés: International Panel on Climate Change) difundido en agosto de este año, donde se señalaba que estamos en presencia de “cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto” que “no tienen precedentes en miles y cientos de miles de años” y que “no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios” así como alertaba “que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable”.

Sin embargo, la COP 26 decepcionó, una vez más, las expectativas creadas y estuvo lejos de responder a los desafíos y riesgos que enfrentan los pueblos del mundo frente al avance de la crisis climática. Sobre ello, las contribuciones que reunimos en este cuaderno examinan en detalle y desde diferentes perspectivas lo sucedido en Glasgow y reflexionan sobre las razones de este “fracaso” de la COP, sobre los intereses y actores que estuvieron en juego y las implicancias que ello supone para el presente y el futuro próximo.

Así, en el examen de los acuerdos alcanzados y de las responsabilidades sobre sus límites y falacias se suceden, en los artículos que siguen, los señalamientos sobre: a) el control corporativo que se impuso sobre la conferencia oficial; b) el uso imperial de la cuestión ambiental en el marco de las disputas geopolíticas de un sistema mundial en transición; c) el tratamiento colonial de la crisis climática –con la negativa a cumplir con el financiamiento del Norte al Sur y el desconocimiento de la deuda ecológica-; d) el peso de una condición pre-política que afecta a la mayoría de las ideologías político-partidarias y que va más allá de las diferencias Norte-Sur; e) el modo capitalista de organizar la vida y desplegar la muerte sobre los pobres del mundo.

Asimismo, se analiza el papel que le cabe al extractivismo latinoamericano y sus corporaciones en el calentamiento global y el rol jugado por éstas y por gobiernos de la región en la defensa de esos intereses en el marco de la COP. Por otra parte, se examinan y cuestionan las falsas soluciones que se plantean frente a una catástrofe climática -que, para las élites, puede pensarse ya, prevista y calculada- desde las llamadas “soluciones en base a la naturaleza” (SBN), la privatización del financiamiento Norte-Sur y la mercantilización de la crisis ambiental, hasta su militarización.

También recorren las reflexiones reunidas aquí lo sucedido en la otra cumbre, la de los pueblos, que sesionó de manera paralela a la oficial; sobre las voces y acciones que allí se levantaron, incluso haciendo mención a la renovación del movimiento por la justicia climática  que implicó la aparición de nuevas generaciones en el campo de la movilización social; claramente a partir del 2019, con la emergencia de la referencia de Greta Thunberg y las iniciativas globales Climate Strike y Fridays for Future; sobre los debates planteados al interior de la gran coalición de movimientos entre el Norte y el Sur; y sobre los desafíos para restablecer el metabolismo de la vida puesto en jaque por la modernidad capitalista y reunir conciencias, voluntades y sensibilidades para cambiar un sistema de muerte.

El abordaje de esta diversidad de cuestiones cruza, de modo horizontal, las contribuciones que componen esta publicación, con sus afinidades y sus divergencias, con sus acuerdos y debates. Estos breves señalamientos que presentamos en esta introducción, lejos de agotar la riqueza de las reflexiones planteadas, quieren, por el contrario, invitar a su lectura en la confianza de lo que pueden aportar al pensar y hacer crítico y transformador. En ese sentido, queremos agradecer especialmente a las autoras y autores que contribuyeron con sus textos -muchos de los cuales fueron escritos especialmente para esta ocasión-; así como a quienes hicieron posible la edición del presente cuaderno que cierra el año, uno más, de lo hecho desde el Colectivo “Crisis socioambiental y despojo” de la Oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Ciertamente, la magnitud presente y futura de la crisis climática da cuenta de una de las más importantes dimensiones de aquello que se llama la crisis de la civilización dominante que acompaña, como condición y no como exceso, la propia dinámica de la neoliberalización capitalista contemporánea. La pandemia de la COVID-19 -con sus nexos con la destrucción de los ecosistemas y la producción industrial de alimentos a gran escala- ha profundizado dramáticamente esta crisis acentuando un proceso de desigualación en todos los ámbitos de la vida social. En esta dirección, la intensificación del calentamiento global y sus efectos ambientales y sociales se suma peligrosamente a este escenario de amenazas y desafíos que afrontamos los pueblos del mundo.

Índice

Al igual que una plaga de langostas, un enjambre de lobistas invadió la COP 26 en Glasgow
por Amy Goodman y Denis Moynihan

Del colapso climático a la feria de negocios del capital
por Matheus Gringo de Assunção

Historia de dos cumbres
por Vijay Prashad

Balances y deudas
por Enrique Viale

De la insustentabilidad del sistema y sus límites
por Ana Esther Ceceña

Negociando el cambio climático: el continuado fracaso de la política convencional
por Eduardo Gudynas

El calentamiento global provoca plagas globales. En 2018, los fuertes ciclones del océano Índico que azotaron Omán y Yemen crearon las condiciones de propagación de una plaga de langostas del desierto. Los enjambres de langostas crecieron vertiginosamente durante 2019 y 2020, dos de los años más calurosos registrados hasta la fecha. Enjambres de hasta 80 millones de insectos se han extendido por Etiopía, Eritrea y Somalia y, a partir de la semana pasada, también por Kenia. Estos enjambres consumen por día una proporción de cultivos de alimentos básicos suficiente para alimentar a 35.000 personas. Los científicos han relacionado el crecimiento de las plagas de langostas con el cambio climático.

Mientras tanto, en Glasgow, los lobistas de la industria de los combustibles fósiles pulularon como enjambres de langostas en la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático de 2021 conocida como COP 26. Los resultados de esta conferencia, que ha sido descrita como “la última y mejor esperanza” para el clima, están lejos de ser suficientes para evitar una catástrofe climática irreversible. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) emitió, justo antes de la COP 26, el “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021”^[2]. El informe advierte que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordados por los países hasta el momento nos llevan a un aumento catastrófico de la temperatura global de alrededor de 2,7 grados Celsius, lo que constituye un incremento mucho mayor que los 1,5 grados establecidos como objetivo en el Acuerdo de París de 2015.

Las declaraciones críticas hacia la COP 26 de parte de activistas, tanto dentro como fuera del recinto donde se llevó a cabo la conferencia, van desde que esta cumbre no es sino “más de lo mismo” hasta que es un “completo fracaso”. El caótico manejo del evento por parte del Reino Unido, la imposición de estrictos requisitos de visa para el ingreso al país y el incumplimiento del prometido plan de vacunación previo a la cumbre para los asistentes de países con baja disponibilidad de vacunas han hecho que esta sea la COP con mayor predominancia de personas blancas y de sectores privilegiados en sus 30 años de historia.

Si bien las dificultades de acceso generalizadas han provocado que miles de personas no pudieran participar de la conferencia, más de 500 lobistas de la industria del petróleo, el gas y el carbón han transitado por la alfombra roja del evento. Un informe de la organización ambientalista y de defensa de los derechos humanos Global Witness afirma que, si estos lobistas representaran a un país, serían la delegación más grande de la COP 26.

“Quienes intentan prender fuego la mesa, no deberían sentarse en ella”, dijo a la prensa Pascoe Sabido, investigador y activista del Observatorio Europeo de Empresas. Y agregó: “Esta es la misma industria que ha pasado los últimos 50 años negando la crisis climática y postergando o bloqueando las acciones para detener sus efectos, entonces ¿cómo diablos se les permite asistir [a la cumbre]? Solo si echamos a estos grandes contaminadores, podremos hacer que estas conversaciones sobre el clima concluyan con compromisos que se acerquen a las metas necesarias [para frenar el cambio climático]”.

A pesar de la presencia de este ejército de lobistas de la industria de los combustibles fósiles, se evidencian algunos avances en el proceso oficial. En el borrador del acuerdo final de la cumbre publicado se incluye la palabra “carbón” por primera vez en 30 años y se insta a los países a “acelerar la eliminación gradual del uso del carbón, así como también de los subsidios a los combustibles fósiles”.

En relación con este borrador, el reconocido ambientalista nigeriano Nnimmo Bassey expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Decir que los países deberían desacelerar gradualmente el uso del carbón y luego eliminar, también de forma gradual, los subsidios para los combustibles fósiles significa que esta COP cree que el uso de los combustibles fósiles debería continuar”. Bassey agregó: “La tendencia es que un documento en borrador se diluye luego aún más, de modo que el documento final puede llegar a decir que no hay que eliminar nada, ni quitar los subsidios, [ni siquiera de forma gradual]”.

Nnimmo Bassey hizo estas declaraciones el día que se conmemoraba el vigésimo sexto aniversario de la ejecución del renombrado activista ambiental nigeriano Ken Saro-Wiwa, que fue acusado de cargos falsos y ahorcado, junto a otros ocho activistas, con el fin de silenciar su eficaz campaña contra la extracción de petróleo de la empresa Shell en el delta del río Níger. El planeta sufre también otra plaga: la de los asesinatos de ambientalistas, defensores de la tierra y del agua y activistas por la justicia climática, que han sido más de 1.000 desde la firma del Acuerdo de París en 2015.

El científico británico experto en clima Kevin Anderson, de la Universidad de Manchester, ha señalado durante mucho tiempo que, mientras las ”celebridades” de las cumbres climáticas se reúnen todos los años en las COP y logran poca cosa, el clima no negocia. Anderson dijo a Democracy Now!: “Si queremos cumplir con el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, tal como dijo [el presidente de Estados Unidos], Joe Biden, a principios de este año, las matemáticas y la física nos dicen que, con las emisiones actuales, es probable que en ocho años se llegue al umbral de los 1,5 grados Celsius […]. La lucha de los activistas y de los movimientos de la sociedad civil que tienen un compromiso a nivel local están mucho más alineados con lo que la ciencia está pidiendo”.

Fuera del fuertemente vigilado centro de convenciones de la COP 26, la sociedad civil que Anderson elogió también se ha hecho sentir con una marcha masiva de más de 100.000 personas, una contracumbre de cuatro días y cientos de paneles y eventos en la ciudad de Glasgow y vía internet. El portavoz principal del movimiento COP 26 Coalition, Asad Rehman, fue invitado a participar en la cumbre oficial. Decepcionado ante la falta de avance en las negociaciones, rompió el discurso que había preparado y dijo, en cambio: “Los más ricos han ignorado el llamamiento moral y político de hacer lo que les corresponde. Las promesas rotas que van desparramando por la COP 26 ya no engañan a nadie. Estamos decepcionados y enojados, pero aún tenemos esperanza. Sabemos que es la gente común la que cambia la historia y nosotros la cambiaremos”.

Referencias

^[1] Agradecemos a la agencia y portal de noticias  ALAI (América Latina en Movimiento / Agencia Latinoamericana de Información) por haber facilitado la publicación de este artículo.

^[2] Puede consultarse el informe completo en inglés y su resumen ejecutivo en español en: https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021

La pandemia de la COVID-19 nos instaló frente a nuevos dilemas políticos y éticos; planteó la necesidad de repensar la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares (lo global, nacional y local) como geopolíticos (la relación Norte-Sur bajo un nuevo multilateralismo).

Eso pensábamos antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP N° 26, realizada recientemente en la ciudad de Glasgow, Escocia. Creíamos, mientras veíamos durante la cuarentena a delfines saltar en los canales de Venecia y la fauna salvaje adentrarse en las ciudades, que íbamos a poder reflexionar como sociedad mundial sobre estos problemas. Pero, en un contexto en que la clase política mundial optó por minimizar –o incluso invisibilizar- las causas socioambientales de la pandemia; el sistema volvió a funcionar como antes, evitando abordar el colapso sanitario y ecológico y, menos todavía, de tomar medidas concretas para empezar a revertir el estado de cosas. Peor aún, en nombre de la reactivación económica, la apuesta en el Sur parece ser más extractivismo y, con ello, mayor desigualdad socioambiental.

En términos del activismo climático, muchas cosas cambiaron desde la Cumbre de Madrid en 2019, con la irrupción de los jóvenes que asumieron el protagonismo del movimiento por la justicia climática. La figura insoslayable de ello fue y es  Greta Thunberg, la adolescente sueca que inició una cruzada contra el cambio climático.  Siempre las palabras de Greta poseen una fuerza dramática inusual, en sintonía con la gravedad de la hora. A su paso, tanto por la COP  25 en Madrid como por la COP 26 en Glasgow, se rodeó de activistas, sobre todo indígenas y del Sur, y siempre argumentó utilizando los aportes de los científicos estudiosos del cambio climático. Desde su irrupción, se multiplicaron las huelgas globales contra el cambio climático así como las grandes marchas juveniles, cuyo impacto y masividad sorprendieron a propios y extraños.

En nuestro libro “El colapso ecológico ya llegó” dijimos, con Maristella Svampa, que el movimiento por la justicia climática es hijo de los movimientos pacifistas y ecologistas de los años ochenta; pero, sobre todo de los más recientes y comprometidos en la lucha contra todo tipo de desigualdad y contra las diversas formas de dominación neocolonial, racista y patriarcal^[1]. Es hijo de las luchas del Sur contra el neoextractivismo y de las masivas movilizaciones feministas que recorren el mundo. Los tiempos se han acortado de modo indefectible.

Por ello es que el nuevo protagonismo juvenil ante la emergencia climática marca un punto de inflexión. Por un lado, refleja el compromiso de exigir cambios radicales en las políticas públicas a las élites globales y locales, al tiempo que propone combatir tanto el escepticismo cultural como la desinformación imperante en amplios sectores de la sociedad. En esa línea, la acción colectiva se instala tanto en la arena política global como en la nacional y local.

Es indudable que la crisis climática global produce impactos gravísimos; entre ellos, el aumento de la temperatura, la variabilidad del clima y los eventos extremos. Pero también debemos dar cuenta de sus impactos locales y territoriales, vinculados a la expansión de modelos de desarrollo insustentables −o de maldesarrollo− incompatibles con los ciclos de la naturaleza.

El papel de Argentina en la COP 26 estuvo empañado por la posición que pretendió llevar el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, quien viajó a Glasgow con una postura  que negaba algunas de las causas del cambio climático de la mano del lobby del agronegocio. En este sentido, fue muy parecida a la posición asumida por el gobierno brasilero de Jair Bolsonaro. En esta dirección, días antes de la conferencia, insólitamente y contradiciendo los datos oficiales, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó conjuntamente con los representantes del agronegocio -desde la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) hasta la Sociedad Rural Argentina (SRA)- un documento que deslindaba de responsabilidades al sector del agronegocio –la llamada agro-bio-industria- en relación con el cambio climático que, según los datos oficiales disponibles, es en realidad el causante del 40% de los gases de efecto invernadero totales nacionales.  Dicho documento tuvo como antecedente otra declaración lanzada por la Confederación Rural Argentina (CRA) y la SRA, semanas antes a la COP 26, donde ya se presionaba sobre el gobierno nacional para que ocultara que los cambios en el uso del suelo, la deforestación y la ganadería son ampliamente responsables del cambio del clima. Una posición muy parecida al papel negacionista que adoptaron las corporaciones petroleras en los años ‘80 y ‘90. Así, ya al final de la cumbre, la Argentina conformó un “grupo de negociación climática” con el Brasil de Bolsonaro, el Paraguay de Abdo y el Uruguay de Lacalle. Si bien es cierto que son los presidentes de los países que conforman el Mercosur y es importante que la región tenga una posición común, la mayoría son defensores del agronegocio; lobby que, como vimos, pretende negar su contribución significativa al cambio climático. Recordemos que las delegaciones de los gobiernos de Brasil y Paraguay fueron directamente a Glasgow con esa pública misión.

Pero también Argentina volvió a reclamar en la cumbre que se admita un mecanismo que permita compensar la deuda ecológica que tiene el Norte con el Sur con acciones climáticas. Sin embargo, esta propuesta no debe ser confundida ni abrevar en el impulso de las falsas soluciones en el marco de la economía verde, que se sustenta en la continua e incluso ampliada mercantilización de la naturaleza. Es decir que, con el fin de lograr un equilibrio contable de las emisiones antropogénicas, los países puedan compensar sus emisiomes a través de mecanismos de mercado que involucren a los bosques u océanos, o bien alentando la geoingeniería o los métodos de captura y almacenaje de carbono. No, eso no.

Por otra parte, la deuda ecológica del Norte respecto de los países del Sur es incuestionable aunque imposible de cuantificar. En el caso de América Latina, desde el Potosí de la época colonial hasta el presente, se refiere a un histórico mecanismo de saqueo y expoliación de bienes naturales, como asimismo a sus impactos ambientales y territoriales.

Los elevados costos ambientales que continúan pagando los pueblos del Sur ponen de manifiesto patrones de injusticia ambiental y reflejan profundas desigualdades entre los hemisferios, un proceso reforzado en las últimas décadas por la aceleración del metabolismo social del capital y las nuevas formas de reprimarización de las economías. Todos estos procesos están muy vinculados, además, a las denominadas “deudas externas” de los países del Sur con los acreedores del Norte y los organismos internacionales como el FMI. Asimismo, estas deudas financieras se convierten en excusas para profundizar el extractivismo con la pretendida justificación de que “necesitamos dólares para pagar”.  Un círculo vicioso eterno que propone más extractivismo para pagar una deuda que nunca se termina de pagar y que sirve a asegurar la dominación colonial sobre nuestras economías y territorios.

Incluso el propio Papa Francisco afirmó sin tapujos en la Encíclica Laudato si’ que “hay una verdadera ‘deuda ecológica’, particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países”.^[2]

Y a la deuda ecológica “tradicional” hay que sumarle la deuda climática, es decir, la desigual responsabilidad en el aporte de los gases de efecto invernadero que provocaron y vienen provocando el cambio climático global. La organización Acción Ecológica de Ecuador habla de la deuda ecológica como “la deuda acumulada por los países del Norte industrial hacia los países y pueblos del Sur a causa del saqueo de recursos, los daños ambientales y la ocupación libre del espacio ambiental como depósito de desechos, tales como los gases de efecto invernadero”^[3]. Entonces, en términos contables, la deuda climática es sólo un renglón en el balance mucho mayor de una deuda ecológica más amplia.

Con este contexto de deudas impagas no parece casual que se señale, como el mayor fracaso de la COP 26, la problemática del financiamiento Norte-Sur para la acción climática. En la COP 15 de Copenhague, en el año 2009, los países desarrollados se comprometieron a proveer a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020 para financiar las medidas de mitigación y adaptación. Nunca lo hicieron.

En Glasgow tampoco se pudo determinar quién y cómo lo harán. Todo sigue en un limbo. En contraposición, sólo en el año 2020, la industria de los combustibles fósiles recibió casi 6 billones de dólares (US$ 6.000.000.000.000)  en subvenciones, el equivalente a 11 millones de dólares cada minuto, según un informe del Fondo Monetario Internacional.

En efecto, son los países del Norte -y especialmente los que tienen la mayor responsabilidad en las emisiones históricas de gases de efecto invernadero- los que no están dispuestos a pagar su deuda climática, tanto en términos de afrontar los costos reales de mitigación y adaptación al cambio climático, como de cambiar sus niveles de consumo totalmente insostenibles, para no seguir acumulando esa deuda ecológica.

Paradójicamente el agravamiento de esta deuda se evidencia con el escenario actual donde los países centrales empiezan a desinvertir en los combustibles fósiles para realizar una transición hacia energías renovables. Y para lograrlo, las nuevas zonas de sacrificio parecen ser, nuevamente, los territorios del Sur que deberán entregar sus minerales (el litio, el cobre, etc.) para que cada estadounidense o europeo tenga ahora su automóvil eléctrico.

En suma, la deuda ecológica simboliza más de 500 años de relaciones desiguales entre el Norte y el Sur, entre ricos y empobrecidos, entre explotadores y explotados. Por ello, es que llegó el momento de que se pague la deuda ecológica y que, desde el Sur global, la exijamos enérgicamente y de manera muy concreta, para determinar quién le debe a quién.

Referencias

^[1] Ver Svampa, Maristella y Viale, Enrique 2020 El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo (Buenos Aires: Ed. Siglo XXI)

^[2] Disponible en https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

^[3] Ver https://www.accionecologica.org/resource/deuda-ecologica/