El cierre de este 2023 llega con baldazos de agua fría que nos convocan a reflexionar como región sobre las causas de la profunda crisis que atravesamos, y a diseñar, a como dé lugar, salidas viables que resuelvan en lo cotidiano el presente y futuro de nuestros pueblos. Este año, donde paradójicamente conmemoramos 200 años de la proclamación de la Doctrina Monroe, se configuró como un parteaguas en  el desarrollo de la correlación de fuerzas a nivel regional y global entre los proyectos de unidad desde una perspectiva soberana vs. los proyectos alineados con la ultraderecha y el conservadurismo a nivel global. 

Hace apenas un año una serie de triunfos electorales nos marcaban un horizonte de esperanza para los pueblos de nuestra región, proceso que hoy contrasta con una tendencia adversa. Así, el mapa de Nuestra América que aquellas fuerzas populares habían pintado mayoritariamente de un color progresista, hoy empieza a tener tonos variopintos en algunos países clave para la consolidación del proyecto regional de soberanía y emancipación.

Desde el OBSAL, como parte del Instituto Tricontinental a nivel global, nos preguntamos de forma permanente en este 2023 cómo comprender las características de este momento de simultaneidad entre la “nueva ola progresista” y la restauración neoliberal conservadora. Así como reflexiona el último Dossier del Instituto, tal vez estas categorías no son suficientes para analizar nuestra realidad regional en la que cada vez se presentan, con matices y mixturas, propuestas políticas que parecen estar fuera de las formulaciones más recientes de proyectos de izquierda o derecha en el continente, y nos obligan a comprender los nuevos fenómenos desde otras dimensiones.

Como prueba del dinamismo de esa correlación de fuerzas, pareciera que la realidad de nuestra región se desarrollara en dos líneas paralelas que cada vez parecen más antagónicas, y difíciles de cruzar entre sí: con escenarios regionales y globales –como el desarrollo de reuniones de mecanismos de integración como el MERCOSUR, la CELAC, la UNASUR, los BRICS+ e inclusive de negociación sobre el cambio climático como la COP28– que conviven con otros escenarios como el genocidio profundizado por el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, la progresión de la crisis climática y ambiental, la acentuación de la desigualdad, la inestabilidad económica signada por la inflación, los procesos de restricción de la vida democrática y la expansión de neofascismos y racismos.

En este Informe de Coyuntura #22 trabajamos sobre estas dos líneas paralelas que nos llevaron inclusive a no poder caracterizar de forma unívoca el último período del año como solemos hacer en los títulos de nuestros informes. Así, por un lado, examinamos el desarrollo del triunfo del proyecto fascista y neoliberal de Javier Milei en Argentina, uno de los países que fueron protagonistas en esta denominada “nueva ola” de los últimos cuatro años, cuyas primeras medidas de gobierno han devaluado la moneda nacional y han empujado en un nivel acelerado el desarrollo de la ya alta inflación en el país solo en su primera semana de gestión, además de intentar arrogarse la suma del poder público para tratar de modificar cientos de leyes de manera ilegal en la siguiente semana. Este triunfo se suma a las victorias de candidatos de corte similar en Ecuador y en Paraguay; y al permanente intento de golpe de Estado en Guatemala a través de sectores derechistas que pretenden desconocer los resultados electorales que no los favorecen.

En este mismo sentido, en Perú la continuidad del gobierno golpista de Dina Boluarte –que cumple un año de masacres e ilegitimidad– se suma a la orden de libertad del dictador Alberto Fujimori; a la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de aprobar el envío de tropas de Kenia hacia Haití –pueblo que continúa reclamando el respeto por su autodeterminación ante los oídos sordos de la ONU, que decidió impulsar de nuevo las invasiones al mejor estilo MINUSTAH y MINUJUSTH–; a la dramática situación invisibilizada de las y los millones de migrantes en el Darién o en la frontera norte de México; a la cada vez más abierta intervención de los dispositivos militares de EE. UU. en todo tipo de temas internos de otros países; y –con otras características– a la división cada vez más profunda al interior del MAS en Bolivia, situación que parece vaticinar un escenario de ruptura irreconciliable en uno de los principales procesos de cambio de nuestro continente, entre otros elementos que nos señalan las dificultades para el campo popular.

La otra línea, mientras tanto, nos presenta avances en los derechos de los pueblos y en el camino hacia un proyecto de soberanía regional: con Colombia, Bolivia y Chile alzando la voz en el concierto global en defensa del pueblo palestino y señalando el accionar terrorista del Estado de Israel; con el pueblo guatemalteco y especialmente las comunidades originarias en defensa del respeto a la voluntad popular que dio la victoria a Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales; con la victoria del pueblo panameño contra la privatización minera; con la derrota de la constituyente presentada por la mayor parte de las fracciones de derecha en Chile el pasado 17 de diciembre e inclusive, con el camino de diálogo abierto gracias a la CARICOM y la CELAC entre Guyana y Venezuela por la controversia territorial del territorio Esequibo.

El cierre del 2023 nos proyecta un 2024 de mayores tensiones aún, con escenarios electorales fundamentales, como las elecciones presidenciales en México, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Uruguay y Venezuela, que continuarán configurando la compleja y variopinta realidad continental. Como mencionamos, el análisis de coyuntura durante este año que termina nos lleva a preguntarnos, ¿cómo ha sido posible un cambio del panorama regional de forma tan radical en tan poco tiempo? ¿Qué elementos que hoy son críticos para las y los trabajadores de nuestra región están escapando al accionar y el discurso de los progresismos a nivel regional, y están siendo capturados por las propuestas más neoliberales y fascistas del espectro político? ¿Cómo entendemos que en las urnas, e inclusive en las calles, se acompañe desde los sectores populares a aquellos proyectos que van directamente contra sus propios intereses?

El inicio de 2024 nos ubica en la urgencia de ahondar en estas preguntas desde un análisis más completo, que tenga en cuenta además de las dimensiones clásicas, también aquellas que apuntan hacia la disputa del plano cultural, discursivo, emotivo, que configura cada vez más un amplio campo de batalla en el que esta correlación de fuerzas se modifica con intensidad, y que termina definiendo los destinos de nuestra Patria Grande hacia futuros cada vez más inciertos.

América Latina y el Caribe tuvo este 2023 un rol fundamental en el escenario global, y seguramente continuará teniéndolo el año que está por iniciar. Tenemos como región una multiplicidad de potencialidades en términos productivos, económicos y humanos, así como una larga historia de lucha y resistencia de nuestros pueblos ante los peores escenarios. El reto mayor –construir utopías posibles, que trasciendan lo meramente discursivo y se materialicen en mejoras concretas de las condiciones de vida de nuestros pueblos– se presenta como una urgencia de primer orden no sólo para quienes habitamos Nuestra América, sino también para el futuro de la humanidad en su conjunto. 

Panorama general

La dinámica de la crisis civilizatoria en el contexto de la transición hegemónica global

A lo largo de este año que concluye hemos examinado en esta sección la evolución y dinámica de una crisis múltiple, convergente y sistémica emergida y desplegada en esta etapa neoliberal del capitalismo pero que cuestiona los propios fundamentos de la civilización del capital y su modernidad colonialidad. Así, analizamos la progresión de la crisis climática y ambiental, la acentuación de la desigualdad y pauperización social, la inestabilidad económica signada por la inflación y la caída del crecimiento, los procesos de restricción de la vida democrática y la expansión de neofascismos y racismos. Asimismo, reseñamos el desenvolvimiento de la guerra en Europa, la amenaza permanente de su escalada nuclear y su efectiva proyección mundial señalando la creciente afirmación del momento bélico en la gestión de la transición hegemónica global que está en curso. De este modo, las formas que adopta esa transición, signada por la recreación del conflicto Occidente-Oriente, sirvió para potenciar la propia crisis civilizatoria, desplegando una serie de eventos catastróficos que parecen agigantarse hacia adelante. Repasemos algunos de estos hechos acontecidos en el último cuatrimestre del 2023.

La gravedad de la crisis climática y los resultados ambiguos de la COP 28

El registro de incrementos récord de la temperatura terrestre a lo largo del año despertó nuevamente la alerta en la comunidad científica y las instituciones y movimientos sociales que siguen la crisis climática. En esta dirección, el 2023 concluye siendo el año más cálido desde que se tienen registros: en el periodo entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, la elevación de la temperatura superó los 1,32ºC por encima del clima preindustrial. En algunos días de noviembre, dicho incremento superó los 2°C. 

Asimismo, la retracción en la creación de hielo antártico motivó la advertencia de un cambio en las corrientes marinas y el riesgo de la retroalimentación incontrolable de estos fenómenos. En ese contexto, cinturones de fuego recorrieron el globo, consumiendo, por ejemplo, más de 18 mil hectáreas del bosque boreal en Canadá. Además, tormentas excepcionales se descargaron en el Norte y en el Sur. Entre ellas, la tragedia sufrida por poblaciones costeras en Libia sigue señalando las consecuencias desgarradoras de esta crisis climática. 

La gravedad de la situación llevó al Secretario General de Naciones Unidas António Guterres a afirmar en diferentes y sucesivas declaraciones que ya entramos en la “era del hervor global” (27/7), que el “colapso ecológico ha comenzado” (6/9) y que se han abierto “las puertas del infierno” (20/11). Así, advirtió que “si nada cambia, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 2,8 grados, hacia un mundo peligroso e inestable”. También señaló que “las naciones más pobres tienen todo el derecho a estar enojadas. Enojadas porque son las que más sufren una crisis climática que no hicieron nada para crear. Enojadas porque la financiación prometida no se ha materializado. Y enojadas porque sus costos de endeudamiento están por las nubes. Necesitamos una transformación para reconstruir la confianza”. En el mismo sentido, también a principios de octubre, el Papa Francisco dio a conocer su segunda encíclica sobre la problemática ambiental, en este caso dedicada especialmente a la crisis climática. Así, en la encíclica Laudaute Deum afirmó que “por más que se pretenda negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes”.

Sin embargo, más allá de estas advertencias y exigencias, la crisis climática y las causas que la provocan no han dejado de intensificarse en los últimos meses del año. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero no han dejado de crecer en los últimos años. Sobre ello la Organización Metereológica Mundial de las Naciones Unidas informó que el promedio mundial de dióxido de carbono en la atmósfera en 2022 superó en un 50% el nivel preindustrial por primera vez; y un informe difundido por la ong Carbon Global Project señaló que el dióxido de carbono (CO₂) expulsado por el sector fósil aumentará un 1,1% este 2023 respecto al pasado año, un nuevo récord histórico.

Por otra parte, el último informe sobre la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señaló que “si las políticas vigentes se mantienen, el calentamiento global se limitará a 3°C. [Por otra parte, de] hacer efectivos todos los compromisos condicionales e incondicionales de aquí a 2030”, la elevación de la temperatura llegaría a 2,5°C y si se cumplieran todos los compromisos de emisiones cero podría reducirse a 2°C, superando en todos estos casos los 1,5°C ambicionados en el Acuerdo de París.

En ese contexto, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre tuvo lugar la Conferencia de las Partes N.° 28 (COP, la instancia de Naciones Unidas de negociación sobre el cambio climático). Las expectativas despertadas antes de su realización resultaban preocupantes, ante el incumplimiento de los compromisos de financiamiento del Norte al Sur y siendo que la sede elegida fue la ciudad de Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos, el décimo productor petrolero mundial, y que la presidencia de la COP estuvo ejercida por el Sultán Al Jaber, director ejecutivo de la compañía nacional de petróleo de dicho país. Asimismo, la difusión de una declaración de este Sultán respecto de que la ciencia no afirmaba que había que abandonar los combustibles fósiles para revertir el calentamiento global dio cuenta de las enormes presiones que ejercían las corporaciones y países petroleros para evitar un compromiso efectivo sobre ello en la COP.

Finalmente, dichas presiones no alcanzaron para evitar que, por primera vez en un acuerdo climático de Naciones Unidas, se plantee la necesidad de una transición energética orientada a abandonar los combustibles fósiles; aunque sí fueron suficientes para que se conviniera un lenguaje débil que no habla de su eliminación y no fija compromisos obligatorios. Esta ambigüedad fue reconocida incluso por el  Secretario Ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático Simon Stiell en su discurso de clausura, al afirmar que “aunque en Dubái no hemos pasado la página a la era de los combustibles fósiles, este resultado es el principio del fin”.

Por otra parte, se aprobó  el primer “balance mundial para la acción climática” que pide triplicar la capacidad de las energías renovables y duplicar las mejoras de la eficiencia energética para 2030; acelerar los esfuerzos hacia la eliminación progresiva del carbón, eliminar progresivamente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y otras medidas que impulsen una transición energética “justa, ordenada y equitativa, con los países desarrollados continuando a la cabeza”. Sin embargo, la flexibilidad y laxitud de estos compromisos no aseguran su cumplimiento efectivo; más allá del acuerdo, considerado histórico por las Naciones Unidas, sobre la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños y de mecanismos de financiación del Norte al Sur que, aparentemente ya ha sumado anuncios de más de 700 millones de dólares.

Desigualdad social y crisis climática ¿Quienes son los responsables?

Una de las dimensiones más gravosas de la actual crisis de la civilización del capital ha resultado la significativa acentuación de la desigualdad social a escala global y nacional durante los últimos años, desde la pandemia hasta la actualidad, que hemos ido analizando periódicamente en estos informes. En el anudamiento dinámico de las diferentes dimensiones de esta crisis múltiple, también el cambio climático se cruza con este procesos de desigualación social, señalando a los verdaderos beneficiarios y responsables del deterioro socioambiental y potenciando el entrelazamiento de las demandas de justicia social y ambiental. En esta dirección, el informe 2022 sobre la brecha de emisiones producido por el PNUMA señala que los países del G20 representan el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, emisiones que aumentaron un 1,2% en 2022. Asimismo, refiere que el “10% de la población con la renta más alta produjo casi la mitad de las emisiones (el 48%). Dos tercios de estas personas residen en países desarrollados. Por el contrario, el 50% más pobre de los habitantes de la Tierra solo es responsable del 12% del total de las emisiones”. Y en relación con la acumulación histórica de las emisiones, el informe recuerda que casi el 80% de las mismas provino del G20, mayoritariamente de EE. UU., la Unión Europea y China; siendo que “los habitantes de EE. UU. equivalen al 4% de la población mundial, pero puede atribuírseles el 17% del calentamiento global entre 1850 y 2021… en cambio, la India concentra el 18% de la población mundial, pero hasta ahora solo le corresponde el 5% del calentamiento”.

En similar dirección, el reciente informe “Igualdad climática: un planeta para el 99 %”, realizado por Oxfam junto al Stockholm Environment Institute (SEI), revela la enorme brecha entre las huellas de carbono de los más ricos –cuyo estilo de vida e inversiones en industrias contaminantes como los combustibles fósiles impulsan el calentamiento global– y el grueso de la población mundial. Así, el 1% más rico (77 millones de personas) fue responsable del 16% del total de emisiones según sus hábitos de consumo en 2019, una cifra mayor que la totalidad de las emisiones generadas por desplazamientos en coche y el transporte por carretera y similar a las emisiones del 66% más pobre (5000 millones de personas). Sobre ello, el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, Amitabh Behar afirmó que “los más ricos están destruyendo el planeta, saqueándolo y contaminándolo, mientras el calor extremo, las inundaciones y las sequías asfixian a la humanidad”, para concluir que “llevamos años luchando para poner fin a la era de los combustibles fósiles, y salvar así el planeta y millones de vidas. Ahora es evidente que no lo lograremos a menos que también pongamos fin a la era de la riqueza extrema”.

De la guerra en Europa y los conflictos en África, al conflicto en Medio Oriente y el genocidio palestino

La guerra, y en general los procesos de militarización social, resulta otra de las dimensiones de esta crisis múltiple de la civilización del capital, acentuada por el modo que adopta la transición hegemónica global y el carácter bélico y violento que asume la defensa de los intereses estadounidenses frente al debilitamiento de sus posiciones en el terreno de la competencia económica y científico-tecnológica. Así, el escenario de guerras regionales (el despliegue de una guerra fragmentada) y la creciente rivalidad militar entre los viejos y nuevos centros del poder mundial signan el tiempo presente, con sus consecuencias gravosas sobre los pueblos del Sur y la amenaza permanente de una escalada que abra un conflicto amplio y directo entre los reales contendientes o que, incluso, derive en una conflagración nuclear. Sobre esta dimensión, a lo largo de este año que concluye hemos asistido al despliegue de la guerra en Ucrania, a una serie de golpes militares antiimperialistas y amenazas de invasión en Africa, y hasta el estallido de un nuevo episodio del conflicto en Medio Oriente, signado por el genocidio del pueblo palestino. Examinemos brevemente la actualidad de estos hechos.

En relación con la primera cuestión, en nuestro último informe ya reseñamos el creciente fracaso de la contraofensiva ucraniana en la guerra de la OTAN contra Rusia, más allá de la creciente ayuda e intervención estadounidense y europea. Una situación que no se ha modificado en los últimos meses, que supuso ciertos avances del ejército ruso en el intento, aún no obtenido, de lograr el control de nuevas localidades en el frente de guerra. Esta situación de relativo estancamiento del combate, reconocida incluso por diferentes medios y funcionarios europeos, acentuó el debate en el campo otanista ante el reclamo del gobierno ucraniano de mayor ayuda e involucramiento (incluida nuevamente su solicitud de incorporación oficial a la Unión Europea) y las dudas y disidencias entre una mayor intervención o la convalidación, explícita o implícita, de un nuevo status quo.

Por otra parte, en julio un golpe de Estado en Níger se sumó a una serie de golpes, enfrentamientos y cambios de gobierno en diferentes países africanos, particularmente de la región del Sahel (entre ellos, Malí, Chad, Guinea, Sudán, Burkina Faso, y Gabón). Con una orientación antiimperialista, muchos de estos nuevos gobiernos cuestionaron la presencia francesa y estadounidense, abriendo un escenario de crecientes tensiones y amenazas de intervención externa o nueva guerra africana. Finalmente, las peores previsiones no se cumplieron hasta ahora, abriendo un proceso de compleja negociación entre estos diferentes actores.

Tampoco la creciente tensión militar en torno a Taiwán y el sudeste asiático desembocó en un conflicto franco, pero en octubre estalló la confrontación en Medio Oriente. El ataque del 7 de octubre realizado por Hamás –con apoyo de la Yihad Islámica palestina– en distintos puntos del territorio israelí próximos a Gaza, con el posible propósito de dinamitar la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe (particularmente, Arabia Saudita) y responder a la política de asedio y avance promovida por el gobierno israelí, así como a su posible profundización en el caso de triunfar Trump en las próximas elecciones estadounidenses. El ataque de Hamas y sus consecuentes víctimas civiles y captura de rehenes fue el preludio a una agresiva respuesta del gobierno de Netanyahu, que estaba bajo un fuerte cuestionamiento de la sociedad israelí. Bombardeos sistemáticos sobre Gaza ―un territorio urbano que concentra una de las mayores densidades de población a nivel mundial―; bloqueo al ingreso de alimentos, medicinas y otros bienes y ayudas; restricción a la salida de los habitantes y promoción de la migración forzada de la población palestina del norte al sur, todo combinado con incursiones militares terrestres configuraron una política más orientada a retrotraer la situación en Gaza a la etapa previa a los acuerdos de Oslo –de los que se cumplen 30 años– que a recuperar a los rehenes y derrotar a la organización Hamas.

Los ataques y detenciones de activistas en Cisjordania, territorio bajo control de la autoridad palestina, señalan similares intenciones. Casi 20 mil palestinos han sido asesinados, de los cuales más de 8 mil son niñas y niños; cerca de 50 mil personas fueron heridas y alrededor de dos millones obligadas a abandonar sus hogares en migración forzosa. Todo ello da cuenta de una guerra contra el pueblo palestino, acompañada por su deshumanización simbólica para justificar, en el odio y el racismo, esta política de exterminio. Frente a ello, reiteradas condenas y solicitudes de un alto el fuego fueron desoídas, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como de diferentes instituciones del sistema de Naciones Unidas y de su Secretario General Guterres que, entre otras manisfestaciones, señaló que “Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños” (7/11), que “estamos siendo testigos de una matanza de civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy Secretario General” (20/11), y en boca del portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia James Elder a principios de diciembre, “la interminable matanza de niños tras una noche de bombardeos totalmente implacables”. Contra el reclamo de la comunidad internacional, como ha sucedido trágicamente en otras oportunidades, y con el apoyo del gobierno estadounidense y de la Unión Europea, el gobierno israelí continuó con su política de bombardeos. Esta política, además de las víctimas palestinas, se ha llevado la vida de alrededor de 130 funcionarios de Naciones Unidas y de más de 60 periodistas.

Ante esta situación, a principios de diciembre (6/12), el secretario general de la ONU invocó por primera vez desde 1971 el Artículo 99 de la Carta de la Naciones Unidas pidiendo nuevamente un alto al fuego en Gaza pero el representante de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vetó una vez más dicha solicitud. Días después, el 12/12, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo nuevamente un “alto el fuego humanitario inmediato” en Gaza con 153 a favor, diez en contra y 23 abstenciones. Y, al día siguiente, el propio presidente estadounidense Biden señaló que Israel “está empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen” y le sugirió a Netanyahu modificar su gobierno, “el más conservador de la historia de Israel”, lamentando que “no quiere una solución de dos Estados”. Sin embargo, más allá de esta creciente tensión entre el gobierno estadounidense e israelí alrededor de la lógica de intervención en Gaza, hasta ahora no se ha modificado centralmente la política israelí.

Transmitido globalmente por las grandes cadenas mediáticas y replicado sin fin en las redes sociales, este genocidio del pueblo palestino interpela las raíces más hondas de la humanidad y muestra la barbarie profunda de la actual crisis civilizatoria del capital. Como ayer, parafraseando los dichos de Adorno frente a Auschwitz, resultará imposible ser plenamente humanos sin detener y hacer justicia en Medio Oriente.

Finalmente, otra amenaza pende de esta guerra asimétrica y desigual; con los reiterados bombardeos israelies en Siria y el Líbano y los ataques de los hutíes yemenitas sobre Israel y los buques estadounidenses en el mar Rojo, el conflicto corre el peligro permanente de involucrar a los países de la región, particularmente a Irán, por una parte; y a las fuerzas de la OTAN, por la otra.  En esta dirección, el 18 de diciembre, el gobierno estadounidense anunció la creación de una coalición de diez países (que incluye a Francia, Reino Unido, Bahréin, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega, España y las islas Seychelles) para responder a los ataques y amenazas de las milicias hutíes contra los buques que se dirijan a puertos israelíes o que naveguen frente a las costas de Yemen.

La restricción democrática y el neofascismo neoliberal en el escenario regional

El 17 de noviembre el ballotage presidencial en Argentina dio ganador al candidato Javier Milei, un economista de la escuela austríaca de reciente intervención en la política partidaria, acompañado en la vicepresidencia por Victoria Villarruel defensora de los militares genocidas y negacionista de la dictadura. En esta dirección, los anuncios de una dura política de ajuste ortodoxa se combinan con la amenaza de una escalada represiva y autoritaria. Un mes después, el 17/12, tuvo lugar el (segundo) referéndum sobre la nueva propuesta de Constitución en Chile surgida de una serie de organismos con poderes constituyente dominados por la derecha ―y con gran presencia de los convencionales del partido de ultraderecha de José Antonio Kast―. La realización del plebiscito puso fin a la reforma constitucional progresista y popular devenida del estallido social de 2019 y de un largo, histórico y radical ciclo de conflicto en el país trasandino. El triunfo del voto en contra, promovido por las fuerzas de izquierda, significó una derrota del proyecto constitucional gestado por la ultraderecha, pero implicó de facto la continuidad de la Constitución forjada por el pinochetismo.

Asimismo, entre noviembre y diciembre, la fiscalía general de Guatemala avanzó con la impugnación de los resultados de las elecciones que dieron la presidencia a Bernardo Arevalo, un candidato progresista que rompió décadas de dominio oligárquico, exigiendo que se le retire la inmunidad al nuevo presidente electo. Así progresa el golpe blando en Guatemala confrontado por movilizaciones masivas en las calles.  Por otra parte, en Perú, bajo un gobierno ilegítimo surgido de un golpe parlamentario en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional rehabilitó el indulto dictado en 2017 en beneficio del dictador Alberto Fujimori  que recuperó rápidamente su libertad. Cuatro hechos que dan cuenta del carácter profundamente autoritario y conservador de la actual ola neoliberal en la región que incapaz de asegurar algún mínimo beneficio social y signada por un proceso de despojo y polarización social que se acentúa; busca sostenerse en el reverdecimiento de neofascismos y racismos promovidos para gestionar la desigualación social; y se asienta en la expansión de la violencia y la guerra como ordenador de las relaciones sociales.

Este enflaquecimiento de la vida democrática y su reconfiguración autoritaria ―tanto en el terreno del estado como en los procesos de promoción de una subjetivación social neofascista, racista, conservadora y violenta en el campo de la sociedad civil― se constituyen así en otra de las dimensiones de la crisis del capitalismo moderno colonial en curso. Ciertamente, ésta y las otras dimensiones de la crisis civilizatoria del capital plantean enormes desafío a las fuerzas y movimientos populares, progresistas y de izquierda en el sentido de articular la defensa de conquistas y demandas pasadas con un renovado proyecto de transformación capaz de postular los nuevos horizontes que la crisis de este mundo requiere.

Tendencias contradictorias en el Cono Sur

Como señalamos en el panorama general, una de las noticias del año para el continente, sin dudas, es la elección de Javier Milei como mandatario de Argentina. Su acceso a la presidencia consagra una meteórica carrera personal y de ascenso en el debate público de las ideas “liberal libertarias”, lo que se tradujo en un inédito acompañamiento popular a los proyectos políticos de ultraderecha en el proceso electoral desarrollado entre agosto y noviembre.

El crecimiento de Milei y su fuerza política llamada La Libertad Avanza (LLA) forma parte de un fenómeno global, que tiene sus particularidades locales. Si bien coexisten varios factores para explicar el resultado electoral, la principal razón es la amplitud y extensión de la crisis económica, que no pudo ser resuelta por el gobierno de Alberto Fernández en todo su mandato y que incluso se agravó especialmente en 2022 y 2023, con el peso del acuerdo con el FMI y su drenaje de dólares, crecientes tasas de inflación y un imparable crecimiento de la pobreza, que, de acuerdo a datos oficiales, en el primer semestre del año superó el 40% de la población.

Por eso no resultaron sorpresivas las dificultades electorales de la coalición gobernante, hasta mediados de año llamada Frente de Todos y luego Unión por la Patria (UxP), que agrupó a diferentes sectores del peronismo y de otros espacios políticos, incluyendo a los principales movimientos sociales y sindicales. Lo sorpresivo sí fue el desempeño al interior del campo de la derecha, con una caída electoral de la centroderecha más tradicional de Juntos x el Cambio, que esperaba volver al gobierno luego del fracaso de Macri pero en las elecciones generales obtuvo apenas el tercer puesto, detrás de LLA y UxP.

Es importante observar la secuencia del proceso electoral, porque se relaciona con la reconfiguración del escenario político en curso. Según la legislación argentina, el proceso de elecciones generales nacionales tiene tres instancias: 1. las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en todos los frentes políticos; 2. las elecciones generales propiamente dichas, de legisladores y presidencial; y si en esta última elección ninguna candidatura alcanza el triunfo en la primera vuelta (es decir, no llega al 45% de los votos, o al 40% con más de diez puntos de ventaja sobre la segunda candidatura), hay 3. un balotaje entre las dos candidaturas más votadas. 

En las primarias del 13 de agosto Massa sacó apenas el 21% y su rival interno, Juan Grabois, cerca del 6%, con lo que UxP alcanzó el 27%. Sumando las precandidaturas de la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich (17%) y del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (11%),  Juntos por el Cambio lo superó por poco y obtuvo el segundo lugar con un acumulado de 28%. La Libertad Avanza con la candidatura única de Milei alcanzó el 30% y tuvo un claro primer lugar, que lo posicionó de forma decisiva hacia las elecciones generales.

En las presidenciales del 22 de octubre, Massa creció hasta acercarse al 37%, Milei se mantuvo con el 30% y Bullrich no logró siquiera retener los votos de su coalición y se derrumbó por debajo del 24%. A los pocos días, una parte de Juntos por el Cambio liderada por Macri y Bullrich alcanzó un acuerdo con Milei y llamó a votar por el candidato derechista en el balotaje. Esto fue decisivo. Si bien fracturó a Juntos por el Cambio —porque no logró conducir ni contener en la decisión a amplios sectores y dirigentes de esa coalición opositora–, sí pareció sintonizar con los deseos de su base electoral. En todos los distritos se verificó para el balotaje una sumatoria casi total de los votos que en primera vuelta se dispersaron entre Milei y Bullrich. De manera que la estrategia por parte de las representaciones políticas principales de este espectro para impedir el triunfo de Massa e imponer un gobierno de derecha fue acertada. Además, Milei sumó también parte de los votos de Juan Schiaretti, un peronista de derecha que salió cuarto con 7%. Esto fue particularmente importante en su principal bastión, la provincia de Córdoba, donde los votos de Milei en segunda vuelta triplicaron a los de Massa.

A partir de su asunción, ocurrida el 10 de diciembre, el nuevo gobierno impulsó una serie de políticas regresivas, directamente apuntadas a garantizar el pago de la deuda con el FMI y a incrementar los beneficios de los grandes empresarios a costa de los ingresos de la gran mayoría de la población, en particular sus fracciones asalariadas, jubiladas, cuentapropistas, desocupadas o con empleos precarizados.

Entre los primeros anuncios del ministro de Economía Luis Caputo –uno de los responsables del endeudamiento externo desde su cargo de ministro de Finanzas de Macri, en 2018– se destaca un aumento en el valor del dólar oficial expresado en pesos del 118%. El dólar oficial es la unidad de medida utilizada para el comercio exterior de bienes y servicios, por lo que esta medida puede agravar el proceso inflacionario, en particular empujando más todavía los aumentos de precios en alimentos y energía. A esto se suma la reducción de subsidios a las tarifas, con un fuerte impacto en el valor del boleto de transporte y de las facturas de servicios públicos (privatizados en casi todos los casos), mientras se licúa el poder adquisitivo de las transferencias directas a los hogares de menores ingresos, a travé de aumentos nominales por debajo de la inflación cuando no el congelamiento de programas de salario complementario. Además, Caputo también informó que se reducirá al mínimo la obra pública y también anunció la reducción de la cantidad de ministerios y secretarías y el despido de empleados públicos nacionales. También se decidió una reducción al mínimo de las transferencias del Estado nacional hacia las provincias, medida que agravará las crisis presupuestarias locales.

Estas y otras medidas, de conjunto, suponen un profundo shock recesivo, de impacto seguro en las condiciones de vida de enormes sectores de la población. En los próximos meses veremos crecer los ya malos índices de pobreza e indigencia, y muy posiblemente, también empeoren otros indicadores que evolucionaron favorablemente en el mandato de Alberto Fernández, como el índice de desempleo, que incluso en medio de la crisis alcanzó mejoras. Entre otras cuestiones, agudizará problemas sociales como el del acceso a la vivienda.

La contracara en este proceso de estanflación puede ser visualizada en otras noticias de coyuntura, como por ejemplo la que brinda el tradicional diario La Nación sobre el boom inmobiliario en sectores de altos ingresos. El hecho particular que retrata –de récord de venta de lotes en un futuro barrio privado, ocurrido precisamente en momentos de sucesión presidencial y shock recesivo– es un pequeño ejemplo que puede graficar el modelo de sociedad dual implícito en las nuevas viejas políticas del ajuste neoliberal, ahora con barniz libertario.

Ante un previsible incremento de la movilización social, el 14 de diciembre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzó el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, en un contexto de sucesivas amenazas represivas. 

Entre los muchos interrogantes que despierta la reflexión sobre el momento político se encuentra la viabilidad social e incluso estrictamente política del programa anunciado por el gobierno. Además de las negociaciones que ya debió hacer con sectores que estaban en Juntos por el Cambio, se destaca la debilidad institucional de su formación política, que existe hace apenas dos años y no posee gobernaciones ni intendencias propias, y tampoco experiencia en gestión estatal de ningún tipo. Aunque es un hecho que contará con el apoyo de gobernadores ligados a Mauricio Macri, su número se avizora escaso. Más determinante todavía puede ser su debilidad parlamentaria, porque tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, Unión por la Patria tendrá la primera minoría y el bloque oficialista es muy minoritario. Necesariamente todas las fuerzas deberán negociar para poder aprobar proyectos, o decidirse por un nivel de confrontación enorme con el sistema político establecido por la propia Constitución Nacional. Esta última parece ser la opción inicial del experimento ultraderechista, si nos guiamos por la firma de un Decreto presidencial “de Necesidad y Urgencia” que pretende modificar cientos de leyes, en su mayoría con un sentido regresivo para la mayoría de la población.

El decreto, presentado como un cambio histórico, intenta modificar puntos sensibles para favorecer a las corporaciones económicas en los temas centrales de la organización social y económica del país, como por ejemplo cambios en la legislación laboral, la conversión de las empresas públicas con el objetivo de privatizarlas, el poder de las instituciones financieras sobre los usuarios, la ley de alquileres, la ley de Tierras para incentivar la compra por parte de extranjeros, regímenes de promoción industrial y compre nacional, entre muchas otras. El anuncio en cadena nacional mereció un repudio espontáneo que sorprendió por su masividad a altas horas de la noche. Lo que comenzó como un cacerolazo en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires rápidamente se convirtió en una importante movilización y concentración en el Congreso Nacional que desafió, de hecho, las normativas represivas que acababa de impulsar el gobierno a través de la ministra de Seguridad.

Al cierre de este informe la situación continúa abierta: mientras comienzan a crecer las voces favorables a empujar protestas contundentes, incluso para la convocatoria a un paro general, voceros del gobierno anunciaron que cumplirán la exigencia constitucional —que prohíbe al poder ejecutivo asumir atribuciones del legislativo— y enviarán el DNU al Parlamento para su consideración. La suerte allí no parece fácil para un conjunto de medidas que concentran los beneficios en unos pocos empresarios y perjudican especialmente a los sectores de trabajadores/as, en particular a la “clase media”, todavía relativamente importante en los centros urbanos.

De todos modos, cualquier especulación es provisoria. El resultado electoral supone un sacudón político de grandes proporciones, que casi con seguridad tendrá su correlato en otros terrenos. Entre otras consecuencias del proceso, desde las elecciones generales del 22 de octubre el sistema de representación entró en una brusca reconfiguración. Si bien a grandes rasgos se puede esperar el mantenimiento de una estructura de tres tercios, como la que caracterizó el último período, la dinámica de salida implica algunos puntos importantes, que sintetizamos en términos generales: a. un reagrupamiento de la derecha más dura en el eje Milei–Macri, b. la eventual conformación de un espacio de centroderecha más moderado, asentado en los demás partidos de Juntos por el Cambio y c. las incógnitas respecto al peronismo, principal movimiento vertebrador de Unión por la Patria, con heterogéneas tendencias a su interior. De todos modos, todo se encuentra en plena ebullición y será impactado por la propia dinámica de acontecimientos de aquí en más.

Esta reconfiguración del escenario general de fuerzas políticas tiene su epicentro hacia fines de 2023 pero será clave en el despliegue de un nuevo ciclo político que impactará al menos 2024 y 2025. Si bien al cierre de este informe pueden verse algunas tendencias de reagrupamientos, como las que mencionamos, las disputas inter y entre coaliciones políticas, incluso entre partidos, estarán a la orden del día y pueden modificar mayorías y minorías en diferentes terrenos –parlamentarios, sectoriales, sociales– así como condicionar o estimular intervenciones políticas con sucesivas respuestas sociales. De manera que el panorama está lejos de ser previsible.

Se trata de un momento político que seguramente brindará una multitud de grandes y pequeños conflictos, algunos muy diversos y otros muy comunes. De las múltiples combinaciones de su resolución dependerá la suerte y el destino del experimento autopercibido liberal libertario, así como el alcance de sus costos y la irreversibilidad de sus políticas. Nada está escrito, aunque es evidente que el punto de partida es muy negativo para la mayoría de la población y para las representaciones políticas de izquierda y/o el campo nacional popular, que ingresará en un momento de análisis, autocrítica y reorientación con las tareas simultáneas de a. Comprender una etapa que tiene aristas de enorme complejidad y b. Actuar para revertir la situación (o al menos para limitar sus efectos).

En relación con la política exterior, el nombramiento de Diana Mondino como canciller confirma el impulso a una política de alineamiento subordinado a EE. UU. e Israel.

Con una narrativa que funciona como puente entre la vieja y la nueva Guerra Fría, Milei se destacó en la campaña al declarar en reiteradas oportunidades que no sostendrá relaciones con Brasil y con China, que son los principales socios comerciales del país. También había anticipado su negativa al ingreso al bloque BRICS+, que debería hacerse efectivo a partir de enero de 2024, como analizamos en nuestro Informe de Coyuntura #21, donde mencionamos la posibilidad de que esta incorporación, clave para la economía argentina, se viera bloqueada por el triunfo de Bullrich o Milei.

Si bien la abierta hostilidad hacia las naciones con una política exterior soberana y en general opuesta a EE. UU. fue relativizada luego del balotaje, e incluso Milei tuvo una reunión de alto nivel con una representación de China, las declaraciones iniciales de la canciller confirmaron que Argentina no se sumará al menos en este momento a los BRICS+, un hecho de una importancia histórica innegable.

Al cierre de esta edición, circuló la información de que China no está dispuesta a renovar el swap con el que se pensaba afrontar parte de los próximos vencimientos con el FMI, pese a que Milei moderó su discurso notablemente respecto a los días previos a las elecciones y que incluso gestionó una reunión no publicitada por el gobierno con el embajador chino en Buenos Aires y con enviados de Xi Jinping.

En Chile, la noticia más importante del período es el rechazo a la propuesta de nueva Constitución elaborada por el segundo proceso constituyente, esta vez hegemonizado por sectores de la derecha y la ultraderecha. Las encuestas previas anticipaban esta situación: el proyecto contaba con el apoyo mayoritario del empresariado pero también con un importante rechazo popular. A pesar de que en los últimos meses se acortó la distancia entre la opción del Rechazo y el Apruebo, la diferencia fue clara: 56% en contra del texto, 44% a favor, con una participación superior al 84% del padrón electoral.

De tal manera, los principales derrotados son sus impulsores más destacados, como la ultraderecha del Partido Republicano de José Antonio Kast y la derecha de la coalición Chile Vamos, que ya gobernó dos veces con Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y está formada por los partidos UDI, Renovación Nacional y Evopoli. La formación encabezada por Kast sale herida no solo por el resultado electoral sino también porque en medio de la campaña sufrió una ruptura con un sector encabezado pro el senador Rojo Edwards, que llamó a votar en contra de la propuesta de Constitución con críticas por derecha y anunció que creará un nuevo partido, de carácter “libertario”.

Por el lado del Rechazo se encontraba la coalición de gobierno y sectores afines, lo que incluye al Frente Amplio —formado por Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes—, el espacio denominado Socialismo Democrático —integrado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical y el Partido Liberal—, y Chile Digno, la alianza que articula al Partido Comunista con la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Acción Humanista. Además, también convocaron a vota en contra otros partidos políticos de izquierda, críticos del gobierno, como el Partido Popular y el Partido Igualdad, así como una gran cantidad de organizaciones de diferentes sectores sociales.

La derrota del proyecto no se traduce, sin embargo, en una situación política venturosa para el gobierno, que cada vez gira más desde la centroizquierda hacia el centro. “Es una derrota de la derecha, pero no hay nada que festejar”, señaló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apenas conocidos los resultados. “Yo espero que después de esta derrota y esta paliza, la derecha se digne a dejar de obstruir la acción del gobierno y que efectivamente ponga los votos para discutir los cambios que Chile necesita”, expresó.

Un problema central de la sociedad chilena es la desigualdad estructural, que se manifiesta en la concentración de ingresos y en muchos otros conflictos originados en inequidades. Uno de ellos atravesó el país en el mes de octubre, con el inicio de un paro convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud ante el anuncio por parte del gobierno del despido de 6300 trabajadoras/es del sector que habían sido incorporados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Finalmente, tras casi dos semanas de conflicto, el 15 de octubre el gremio anunció un acuerdo para retrotraer los despidos e incorporar los contratos al presupuesto 2024.

Otro de los temas importantes de cara al próximo año es el futuro debate por el sistema de pensiones, desde hace décadas a cargo de las AFP, compañías privadas que administran los fondos y se quedan con importantes beneficios. Apenas un día después del plebiscito constitucional, el presidente anunció: “He instruido a mi gabinete a que retomemos cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones, para poder sacarla adelante”. Y luego la ministra de Trabajo Jeannette Jara Román desde su cuenta en una red digital ofreció algunas precisiones respecto al impulso a una nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional conocida como “1, 2, 3”: un 1% para fortalecer el empleo formal de las mujeres mediante sala cuna y modificando las expectativas de vida; un 2% para el ahorro individual y un 3% para el seguro social.

De todos modos, cada iniciativa tendrá que ser debatida en un contexto que no es favorable para los cambios progresistas. El escenario para el gobierno presidente Gabriel Boric continúa con un bajo nivel de aprobación y algunas encuestas registran un extendido pesimismo respecto a la situación del país. A la lista de preocupaciones, casi siempre encabezada por los problemas económicos, en los últimos meses se le ha sumado la situación de inseguridad, con manifestaciones de xenofobia. Según un informe de la consultora CADEM, “el temor a la delincuencia llega a 84% y es el nivel más alto desde octubre de 2014. Además, 85% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 3 meses, 93% considera que es más violenta, 55% lo atribuye al aumento de la inmigración y 54% está de acuerdo con decretar estado de excepción en la Región Metropolitana”.

La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, por otro lado, mostró un escenario donde las fuerzas conservadoras de la sociedad todavía guardan una fortaleza que le permite marcar agenda y reivindicar, en ocasiones sin disimulo, la herencia pinochetista, al punto de animarse a culpar a Allende por su propio derrocamiento, como hizo el ex presidente Piñera en septiembre.

En medio de ese contexto contradictorio también hay que señalar la vigencia de la lucha por la memoria, que se mantiene por generaciones y que continúa logrando avances judiciales, como sucedió en noviembre con la confirmación por parte de la Corte Suprema en noviembre y en diciembre de 24 condenas a represores de la Dirección de Inteligencia (DINA), por diferentes hechos de secuestro, tortura y asesinato, que en varis casos ocurrieron en el exterior, como parte de la coordinación de fuerzas con otras dictaduras y gobiernos alineados con el plan Cóndor.

En octubre, la lucha por la justicia alcanzó un nuevo logro con la detención, ocurrida en Florida (EE. UU.), del ex militar Pedro Barrientos, acusado de torturar y asesinar a Víctor Jara. Barrientos, quien fue formado desde muy joven en la Escuela de las Américas, formaba parte de un grupo especial de oficiales encargados de la represión a los detenidos inmediatamente después del golpe de septiembre de 1973. El 1 de diciembre, Barrientos llegó a Chile en calidad de deportado y fue detenido e incomunicado. En las próximas semanas se realizará el juicio, que seguramente reavivará un debate sobre una herida abierta en la sociedad chilena, que no pocos sectores intentan ocultar, en su búsqueda por garantizar la impunidad. Sin embargo, esa visión negacionista se enfrentará con la obstinada lucha por la memoria, que abarca no solo los crímenes de la dictadura sino también la reivindicación del estallido popular contra el neoliberalismo, del que en octubre se cumplieron cuatro años, y también la lucha contra la impunidad por hechos graves protagonizados por Carabineros en estos tiempos más recientes.

En Paraguay, los primeros meses del gobierno confirman su orientación derechista, tanto en política interna como exterior. En cuanto a la primera, el perfil tecnócrata del presidente Santiago Peña se sintetiza con el perfil histórico conservador del Partido Colorado, en una política general que aspira a una continuidad con modernización, en particular de los servicios y procesos estatales. En relación con la política exterior, el nuevo gobierno se mostró con un perfil más activo que las administraciones anteriores. 

Como señalamos en el informe #21, el presidente Santiago Peña enfrentó desde su asunción un conflicto inesperado con el gobierno argentino por el cobro de peajes en la llamada “Hidrovía Paraguay Paraná”. Ampliamos este tema en el apartado de Imperialismo e Integración del presente informe #22. Fuera de este conflicto —que todavía se encuentra pendiente en momentos en que inicia un nuevo gobierno en el país vecino–, Peña se mostró dispuesto a profundizar el vínculo con otros países, así como también a ratificar el alineamiento de Paraguay con las políticas de EE. UU. e Israel. En relación con este último país, 

Respecto a EE. UU., en otros informes hemos analizado la abierta intervención en el plano político local ejecutada desde 2022, en un contexto de enfrentamiento con los dos sectores del Partido Colorado, en particular con el jefe político de Peña, el ex presidente Horacio Cartes. Por medio de conferencias de prensa de su embajador en Asunción y de intervenciones de otros funcionarios del Departamento de Estado, EE. UU. informó que oficialmente declaró como “significativamente corruptos” a Cartés y a otros altos dirigentes políticos y funcionarios administrativos y judiciales. Entre ellos a Hugo Velázquez, entonces vicepresidente y precandidato a la presidencia por el sector de quien era el presidente, Marito Abdo Benítez, rival interno de Cartes (y también de Peña).

Desde ese antecedente se puede ver que los primeros meses de gobierno de Peña muestran una mayor sintonía en la relación bilateral. También que la política de intervención de EE. UU., fundada en gran parte en una supuesta lucha por la democracia y contra la corrupción, continúa vigente. Ambas cosas fueron señaladas por el propio embajador Marc Ostfield el pasado 9 de diciembre, en un artículo titulado “La Impunidad: Puede y debe ser combatida”, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción establecido por la ONU. Allí el embajador señala: “He visto señales alentadoras por parte del gobierno del Paraguay, en los esfuerzos contra la corrupción [en itálicas en el original], tales como la promulgación de diversas leyes que han posibilitado la creación de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado; la Ley que Previene y Sanciona el Conflicto de Intereses en la Función Pública; y la Ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas. Observamos también el esfuerzo reciente del gobierno de Santiago Peña por crear una estrategia anticorrupción que incluya a todas las ramas del poder público, reconociendo la naturaleza transversal de esta tarea.  Aunque vemos con optimismo que el gobierno paraguayo está tomando medidas para combatir la corrupción, éstas no serán suficientes si no se aborda también el problema de la impunidad”.

En esta misma línea, en noviembre había visitado el país el coordinador adjunto global en Anticorrupción, Brendan Boundy, en lo que fue publicitado en Paraguay como una muestra de “compromiso en la hoja de ruta en el combate anticorrupción”.

Junto con esa mayor afinidad con EE. UU, la nueva etapa muestra también algunos primeros resultados de esa distensión, entre ellos la apertura del mercado norteamericano a la carne paraguaya, que se oficializó el 14 de noviembre por medio de una resolución del Departamento de Agricultura de EE. UU., que se efectivizó un mes después.

Como señalamos en el apartado de Imperialismo e integración, la agenda militar y –crecientemente– de seguridad también es parte esencial de la “cooperación”, como lo grafica por ejemplo la primera visita al país de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en la primera quincena de diciembre.

Los temas de seguridad y justicia son parte habitual del debate político en Paraguay, al ritmo de repetidos escándalos como el caso del narcotraficante Sebastián Marset, que involucra también a Bolivia y especialmente a Uruguay; los importantes decomisos de cocaína en el exterior que desnudan las falencias en el país y otros episodios ligados a grupos delictivos. La importancia del país como parte de los circuitos de exportación de drogas ilícitas desde América del Sur a Europa está fuera de duda. Entre muchas otras evidencias, lo confirma la incautación, a fines de octubre, de más de tres toneladas de cocaína en un puerto privado en Villeta, sobre el río Paraguay. 

Desde hace tiempo algunos reportes internacionales apuntan al aval político y judicial a actividades  de narcotráfico y el contrabando. En particular, la figura de Horacio Cartes es paradigmática, lo que se ha visto reforzado por la ofensiva de EE. UU. que ya mencionamos y en la última parte del año, luego de una fuerte denuncia que lo involucra en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sucede que el ex militar Francisco Correa Galeano implicó a Cartes y al narcotraficante Miguel Ángel Insfrán como participes intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo, ocurrido en mayo de 2022 mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla Baru, la paradisíaca playa de Cartagena de Indias, Colombia.

En el plano político interno, en líneas generales el oficialismo tiene controlada la situación en el Congreso, lo cual —al menos hasta ahora— le ha permitido sortear sin mucho costo político algunas jugadas polémicas, como el juramento de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, denunciado por la oposición como violatorio de la Constitución.

A nivel legislativo, en el final del año político el gobierno se orientó a presionar por la sanción de tres proyectos prioritarios: la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la construcción del denominado “tren de cercanía” y la reforma a la Policía Nacional. El más importante es el primero, “pedido” por el FMI y que el gobierno se planteó aprobar antes de 2024. Con ese objetivo trabajó en la última parte del año para lograr el acuerdo de los gremios empresarios y parte de las centrales sindicales pero cosechó un importante rechazo en la calle de algunos sindicatos, quienes consideran que se trata de un paso hacia el “robo de las jubilaciones” por parte del Estado paraguayo.

Pese a las movilizaciones que atravesaron a diferentes sectores políticos y sociales, el gobierno finalmente logró la aprobación entre el 12 y el 13 de diciembre, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en una sesión exprés que duró apenas once minutos. Las marchas y contramarchas legislativas se desarrollaron en un marco de fuertes protestas, que incluyeron cortes de rutas por parte de trabajadores/as y jubilados en varias regiones. También se registraron en algunas zonas cortes de luz realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (SITRANDE), uno de los principales opositores al proyecto y cuyo secretario general fue una de las 31 personas detenidas en la represión del 12 de diciembre, día de la media sanción en el Senado. Al día siguiente, tras completar la aprobación de la ley en Diputados también se produjeron enfrentamientos y hechos de represión en el centro de Asunción, la capital del país. Al cierre de esta edición, las asociaciones sindicales prometían continuar la lucha, incluso con la promesa de no comenzar las clases en el ciclo 2024 en caso de avanzar con medidas contra los derechos previsionales.

En Uruguay, que en general ofrece un escenario político mucho más tranquilo que los países vecinos, el último cuatrimestre de 2023 muestra sin embargo una agudización de las tensiones políticas, sobre todo a partir de una serie de escándalos que afectan al gobierno de la coalición derechista, encabezado por Luis Lacalle Pou.

Tres de los principales —los casos Astesiano, Marset, Penades— se encuentran en agenda desde hace meses, algunos incluso desde hace más de un año, pero es en el último cuatrimestre cuando parecen haber adquirido un costo político mayor para el Poder Ejecutivo.

El más cinematográfico de los casos involucra al narcotraficante Sebastián Marset, de nacionalidad uruguaya pero con actividades en varios países de América del Sur. Como señalamos en el informe de coyuntura #19, en los últimos meses de 2021 Marset fue beneficiado por la emisión de un pasaporte uruguayo, a pesar de sus antecedentes, mientras se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos por utilizar un pasaporte falso (de nacionalidad paraguaya). Por este favor, obtenido por contactos no del todo aclarados, en enero de 2022 Marset fue liberado en Dubai y a partir de ese momento se desconoce su paradero. Esto tomó estado público unos meses después, momento en el que comenzó a desenvolverse una extensa trama de interpelaciones, comunicaciones secretas para acordar declaraciones no incriminatorias y una sucesión de hechos que muestran una gran cantidad de irregularidades y búsqueda de impunidad por parte de varios altos cargos políticos, en una cadena de responsabilidades que —cada vez más— se acercan y comprometen al presidente.

Por el escándalo en ese momento tuvo que renunciar la vicecanciller Carolina Ache Batlle. Pero fue recién a partir del 1 de noviembre de 2023, con la declaración de Ache ante la Fiscalía que el caso empieza a escalar hacia adentro y hacia arriba del gobierno mientras quedan a la luz contradicciones entre ministros y demás funcionarios involucrados, en el marco de una evidente afán por evitar la justicia. Esto provocó la renuncia del canciller Francisco Bustillo y apenas unos días más tarde del ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Laflul.

Los otros dos temas son diferentes pero no menos inquietantes. El caso Astesiano refiere al ex jefe de la custodia del presidente, condenado en febrero de 2023 a cuatro años y seis meses de prisión por organizar una red de adulteración de pasaportes descubierta también en los últimos meses de 2022 y en la que también participaban funcionarios del Ministerio del Interior y policías. Sin embargo, este podría ser el menor de los delitos que implican a Alejandro Astesiano, que aparece involucrado en varios episodios de espionaje político, en algunos casos con vínculos empresariales y de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Las tareas de espionaje fueron realizadas sobre dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, según surge de diferentes indicios. También, sugestivamente, sobre Lorena Ponce de León, la ex esposa de Lacalle Pou: Astesiano realizó averiguaciones sobre un viaje personal que Ponce León hizo en julio de 2022, cuando ya estaba separada del presidente.

En los últimos días de 2023 se divulgaron los audios de la declaración judicial del presidente, realizada varios meses atrás. Previsiblemente, en ellos niega conocer las actividades ilícitas de Astesiano, aunque el peso de las contradicciones lo dejan bastante mal parado, más aún con la suma de otros hechos que se relacionan con dirigentes del gobierno. Por otro lado, desde el Ministerio del Interior se han dados señales de intentar frenar las investigaciones, como sucede en el caso de espionaje a docentes y estudiantes del liceo 41. Otra señal en el mismo sentido la dio en diciembre la Fiscalía que atiende en el caso, al absolver al ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, quien brindó en varias ocasiones información a Astesiano. Parece que la trama, por el momento, no se ha develado completamente.

El caso del ex senador Gustavo Penades es igualmente escandaloso que los anteriores. Tras una denuncia inicial de una militante de su mismo espacio político —el Partido _Nacional, donde también milita el presidente— acusando a Penades por abuso sexual, que él inicialmente negó, rápidamente se sumaron varios jóvenes y el caso avanzó con mayor rapidez hasta que en octubre de este año se concretó la detención del político, en forma preventiva y hasta la sustanciación del juicio en el que se lo acusa de 22 delitos sexuales contra menores, que en su mayoría tenían en el momento de los hechos 13 y 14 años. De inmediato, el cuerpo legislativo votó por unanimidad la expulsión del dirigente, que en pleno desarrollo del escándalo había llegado a recibir el respaldo del partido, del gobierno y del propio presidente. Para empeorar el cuadro, el 19 de diciembre fueron condenadas cinco personas que fueron contratadas por Penades para “intimidar, amedrentar, amenazar o pagarles algún dinero a las víctimas para que no declararan” en contra del dirigente blanco.

Como señalamos, todas estas situaciones vienen desde hace varios meses pero tomaron un giro más preocupante para el gobierno en los últimos meses, mientras se acerca el fin de su mandato. El 27 de octubre de 2024 se realizarán las elecciones presidenciales, a las que Lacalle Pou no puede presentarse porque la legislación uruguaya prohíbe la reelección. Hasta hace pocos meses el presidente tenía una aprobación del orden del 50% según algunas encuestas [1, 2, 3], número bastante importante para un presidente que transita su cuarto año de mandato. Sin embargo, una encuesta de diciembre parece señalar que la seguidilla puede afectar la imagen presidencial y eventualmente golpear las chances de la Coalición Multicolor, en el contexto de una elección que se anticipa como competitiva [1, 2, 3].

El último domingo de junio de 2024 habrá internas simultáneas en los frentes políticos. Por parte del oficialismo, el precandidato que aparece con más posibilidades es Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Entre otros, por el momento se presentan como precandidatos Laura Raffo y el senador Jorge Gandini, también del Partido Nacional; el ex general retirado Guido Manini Ríos, por el partido reivindicatorio de la dictadura Cabildo Abierto; y varios dirigentes del Partido Colorado, entre ellos el ministro de Turismo Tabaré Viera, el presidente de ANTEL, Gabriel Gurmendez y el expresidente de la ANEP, Robert Silva. Hasta el momento Pedro Bordaberry, el dirigente colorado que obtendría más apoyo, no sería de la partida. Por parte del Frente Amplio las candidaturas más consolidadas son la del intendente de Canelones Yamandú Orsi, que cuenta con el apoyo clave del MPP, y la de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, que tiene el respaldo del Partido Comunista, y el Partido Socialista, entre otros. También están en carrera el senador Mario Bergara y el intendente de Salto, Andrés Lima.

La contracara de este panorama sesgado hacia la derecha en el Cono Sur es lo que sucede en el país más grande de América Latina y el Caribe. ​Mirar la situación brasileña en los últimos meses significa principalmente hacer un balance del primer año del tercer gobierno de Lula da Silva y del año siguiente a la derrota del proyecto de ultra financiarización y fascismo de Jair Bolsonaro.

​Las estrategias del nuevo gobierno Lula fueron (1) recuperar el protagonismo perdido del país en los escenarios diplomáticos internacionales, recuperando el liderazgo entre los países sudamericanos y emergentes, presentándose como líder en la lucha contra la catástrofe climática; (2) retomar el crecimiento económico, restituir programas sociales y revertir las reformas neoliberales de los últimos seis años y; (3) eliminar la coalición militar-milicia bolsonarista del Estado brasileño.

​En la estrategia internacional, Lula da Silva tuvo éxito en su participación en foros internacionales y en convocar la COP 30 a Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, y en presentar como tarjeta de presentación la reducción de la deforestación forestal en un año. Sin embargo, la cuestión medioambiental es también una contradicción del propio gobierno que, internamente, busca el apoyo político del agronegocio, sector responsable de la deforestación, además de una política de fortalecimiento de la petrolera estatal Petrobras, central para la recuperación económica. pero que cuestiona el compromiso del país con la transición energética. La posibilidad de exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, por ejemplo, colocó a Lula da Silva y al presidente colombiano Gustavo Petro en lados opuestos.

​Además, Brasil ocupó la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU cuando estalló el conflicto en la Franja de Gaza, y la propuesta brasileña obtuvo un amplio apoyo, pero fue vetada por Estados Unidos, que necesitaba dar a Israel más tiempo para proceder con la cuestión palestina. genocidio. Brasil también lideró la recuperación de Unasur y Celac, además de enterrar al Grupo de Lima, creado para desestabilizar a Venezuela. Sin embargo, no sólo la diplomacia brasileña no ha logrado salvar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, sino que el destino del bloque también está amenazado por la posibilidad de que Uruguay firme un acuerdo de libre comercio con China y la salida de Argentina, si Javier Milei cumple su promesa de campaña. Finalmente, Brasil es uno de los fundadores de los BRIC y la ex presidenta Dilma Roussef asumió la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo, pero la expansión de los miembros del bloque diluye el peso de Brasil dentro de esta articulación. Al final, la decisión de Venezuela de reclamar parte del territorio de Guyana también generó tensiones entre el gobierno brasileño y otros dos gobiernos aliados.

​Este conjunto de episodios es ilustrativo del nuevo escenario sur y latinoamericano, muy diferente al de las primeras elecciones de Lula, cuando vio el ascenso de gobiernos progresistas en gran parte del continente, fortaleciendo las integraciones regionales y colocándose como líder de esta comunidad en el plano geopolítico. guión. Precisamente en momentos en que la multipolaridad en construcción abre una ventana de oportunidad para los movimientos regionales, no hay suficiente unidad en América Latina para negociaciones conjuntas con Estados Unidos o China.

​En la política interna, el gobierno dejó al poder judicial y policial la responsabilidad de perseguir y juzgar a Jair Bolsonaro y los miembros de su equipo, por los más diversos delitos, desde delitos electorales hasta ataques contra instituciones. Entre bastidores, Lula da Silva buscó pacificar la relación con los militares, ampliando el presupuesto y manteniendo canales de diálogo, a pesar de que este sector estaba directamente vinculado a las manifestaciones del 8 de enero. El gobierno actuó para mantener bajo perfil al Comité Parlamentario de Investigación sobre el episodio. Al mismo tiempo, para construir una mayoría parlamentaria, el gobierno buscó a antiguos aliados de Jair Bolsonaro y construyó el bloque de derecha liderado por el diputado Arthur Lira en la base del gobierno. El gobierno también ha buscado, con menos éxito, alianzas con la agronegocio en el Congreso, el grupo sectorial más grande del Parlamento.

​En economía, la prioridad del gobierno era cambiar las reglas fiscales que congelaban las inversiones estatales y aprobar una reforma tributaria, en discusión desde hace tres décadas, que aumentaría los ingresos y reduciría la brecha de desigualdad de ingresos en el país. Para aprobarlos, el gobierno necesitó negociar y atender frecuentemente al mercado financiero, al mismo tiempo que logró reducir las tasas de interés, pero a un ritmo mucho más lento del deseado. En este aspecto, el año fue muy similar al primer año del gobierno Lula hace veinte años.

Sin embargo, la crisis social es mucho más pronunciada que hace dos décadas y los márgenes de movimiento son más estrechos. Se espera que la economía crezca sólo un 3% este año: más del 1% previsto por el mercado, pero insuficiente para atender a los hambrientos y desempleados. Ambos índices experimentaron reducciones, pero fueron modestas en comparación con el panorama general.

Como resultado, la aprobación al gobierno ha ido cayendo, sin que haya una disminución del sector que rechaza al gobierno desde el primer mes y que coincide con el mapa de votación de Jair Bolsonaro. En otras palabras, la base de apoyo del neofascismo sigue cohesionada, aunque fuera de las calles, incluso aunque sus principales dirigentes tengan problemas legales. Además, la extrema derecha gobierna los tres estados más ricos del país. El año 2024, supuestamente, debería ser de mayor tranquilidad, mientras no se rearticula la oposición fascista, con el mercado financiero más tolerante, pero si no hay recuperaciones más robustas en la economía y los programas sociales, el gobierno enfrentará dificultades en las elecciones municipales del próximo año.

Derrotas electorales, divisiones internas y retrocesos en materia de derechos en los Andes

La región andina también atravesó una coyuntura de avances y retrocesos que tuvieron en algunos casos escenarios electorales y en otros la proyección de un cierre de año que muestra el movimiento de las fuerzas sociales y políticas de la región a una mayor polarización y tensión entre los diferentes proyectos nacionales que se buscan llevar adelante.

Como mencionamos al inicio del informe, el contexto internacional protagonizado por la ofensiva israelí sobre Gaza también tuvo un correlato en nuestra región, y en especial en la zona andina, donde hubo fuertes posicionamientos en defensa del pueblo palestino y en exigencia al cese al fuego como fue el caso de Colombia, Bolivia y Venezuela. Este hecho se presenta como uno de relevancia teniendo en cuenta la fuerte presencia que ha tenido el lobby israelí en la región latinoamericana y caribeña, en especial en aquellos lugares donde hay conflictos armados como es el caso de Colombia.

Por otra parte, en la región andina los escenarios electorales marcaron el último cuatrimestre del año, especialmente en los casos de Colombia, Ecuador y Venezuela, donde se realizaron comicios que evidenciaron la dificultad de los escenarios políticos en la región, y la urgencia de construir otros escenarios de participación política más allá de los escenarios meramente electorales.

En el caso de Colombia, el último cuatrimestre del año estuvo en la sintonía de los meses anteriores donde la oposición al gobierno de Gustavo Petro buscó impulsar una campaña para las elecciones regionales marcadas por la polarización y la instalación mediática de que las mismas constituían una especie de “referendo” de la gestión del presidente Petro. Como mencionamos en informes anteriores, el gobierno ha estado protagonizado por una serie de importantes iniciativas gubernamentales que han priorizado el cumplimiento del programa de gobierno, entre las que destaca la Reforma a la Salud que finalmente fue aprobada por la Cámara de Representantes a inicios de diciembre, y que transformará el sistema sanitario a nivel nacional.

Sin embargo, el desarrollo de las demás propuestas de Reforma, así como de la competitividad de su fuerza política se ha encontrado con la dificultad de constituir un instrumento unitario alrededor de la defensa del gobierno, que fue evidente en el desarrollo de las elecciones regionales del pasado mes de octubre. Aquí uno de los elementos que resaltan es la dependencia que tiene la coalición del Pacto Histórico de la figura personal del presidente, y la ausencia de liderazgos regionales que permitan la construcción de esta cohesión a nivel territorial, más allá de la referencia de Petro.

De 32 departamentos que tiene el país, las candidaturas del Pacto Histórico obtuvieron un escenario de 12 gobernaciones con posibles alianzas, frente a 20 que estarían compuestas por fuerzas opositoras o independientes Al respecto, el presidente convocó a las diferentes expresiones que componen el Pacto Histórico a conformar un partido único a nivel nacional que esté en condiciones de consolidar una fuerza de gobierno, así como ha llamado insistentemente a los movimientos y partidos a mantenerse en movilización constante para defender las iniciativas de gobierno y construir condiciones de soporte para poder profundizar las mismas. El Pacto Histórico continuará su gobierno en 2024 con una presencia en el Congreso de 20 senadores y 31 representantes a la cámara, y tendrá el apoyo de 70 alcaldes y más de 700 concejales, además de los gobernadores electos.

Otro elemento central de la coyuntura nacional que movió la dinámica política en 2023 y se consolida en el cierre del año es la dificultad de continuar con la agenda de Paz Total de manera permanente y satisfactoria, pues durante el año fueron numerosas las interrupciones a la mesa de negociaciones con los diferentes actores armados, especialmente en los casos de las disidencias de las FARC quienes anunciaron la suspensión de los diálogos en el mes de octubre, y del ELN que producto de acciones militares como el secuestro de Luis Manuel Diaz, padre del futbolista Luis Diaz, entraron en un difícil momento en su mesa de diálogos, pero que parece  iniciar un nuevo ciclo después del pasado 30 de noviembre en la Ciudad de México con la reapertura de los diálogos en el marco del proceso de paz.  Otra dimensión crítica para el gobierno de Gustavo Petro ha sido la relacionada a la continuación de la difícil situación humanitaria en el país protagonizada por masacres en contra de líderes sociales y políticos en diferentes regiones. A la fecha, se registran 87 masacres y 153 asesinatos selectivos en 2023, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En la agenda internacional, el presidente Petro participó de la COP 28 en Dubái, con una importante participación en materia de propuestas alrededor de la transición energética justa vinculada con el tránsito hacia las energías limpias y el proceso de descarbonización global. Como ya es conocido, la postura del presidente de Colombia se dirigió a denunciar la responsabilidad de las grandes potencias en la crisis ambiental a nivel global, y en particular de EE.UU. en las altas emisiones de CO2. Frente al difícil escenario en términos ambientales, Petro presentó la iniciativa del tratado de no proliferación de combustibles fósiles, así como la propuesta de avanzar con un canje de deuda por acciones climáticas en el sur global. Colombia llegó a la reunión de Dubái con importantes logros en materia ambiental, en especial respecto a la reducción de la deforestación en un 29% lograda durante el presente año.

Por su parte, Ecuador también estuvo marcado por la agenda electoral que definió en el mes de octubre el siguiente presidente del país por el período que le restaba a Guillermo Lasso como vimos en el informe anterior. Estas elecciones definidas en el balotaje del 15 de octubre dieron como ganador a Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional y candidato de los sectores de la derecha nacional, frente a su contendora Luisa González, representante de Revolución Ciudadana.

Las elecciones fueron un duro revés para la fuerza política progresista, teniendo en cuenta que son las segundas elecciones en balotaje en la que quedan en segundo lugar. Sin embargo este caso resalta teniendo en cuenta la emergencia relativamente nueva de la figura de Noboa, y su clara vinculación con el proyecto neoliberal impulsado los últimos años por Lasso y Moreno. Después de los comicios, Revolución Ciudadana realizó su convención nacional eligiendo como líder a la ex candidata González bajo la consigna de la unidad para reconstruir una fuerza política que pueda llegar a ganar las siguientes elecciones presidenciales.

Vale la pena resaltar que la candidatura de Revolución Ciudadana fue víctima de una campaña de desprestigio por los conglomerados mediáticos que intentaron posicionar la hipótesis de alguna posible vinculación entre la fuerza política y el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio.  Desde la fuerza política rechazaron las acusaciones denunciando la utilización proselitista de los hechos sobre los cuáles la investigación se vuelve cada vez más compleja, producto de que hallaran muertos en la cárcel a siete de los trece procesados por el asesinato.

En este caso, es fundamental resaltar el lugar que empezado a ocupar Ecuador en la agenda regional de seguridad y defensa, producto de un difícil contexto a nivel nacional en la materia, pero en especial de un lugar geopolítico que busca fortalecer en Ecuador un enclave para la recepción de tropas marítimas y terrestres con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, como afirma la socióloga ecuatoriana Irene León.

Frente al difícil contexto nacional que se avecina, y las consecuencias del gobierno neoliberal que ya son tangibles, numerosos sindicatos del país agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocaron una movilización para el 19 de diciembre con el objetivo de rechazar la denominada Ley Económica Urgente de Noboa, que propone la creación de zonas francas que profundizan la precarización del trabajo, así como la condonación de deudas a grupos económicos.

Por su parte, Venezuela atravesó una importante jornada electoral sobre el territorio del Esequibo, históricamente en disputa con Guyana inclusive previa a su independencia en 1966 e intensificado por el descubrimiento hace pocos años de yacimientos de gas y petróleos en la región que Guyana ha concesionado a empresas petrolera trasnacionales como es el caso de la Exxon Mobil, según denuncia el gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela ha convocado a mecanismos de diálogo y consenso entre los países, que partan de lo pactado en el Acuerdo de Ginebra en 1966, y no de posteriores definiciones de la Corte Internacional de Justicia que pretende desconocer lo firmado en Ginebra en materia de delimitaciones territoriales y que durante las últimas semanas de noviembre tuvo preocupantes novedades respecto la solicitud del presidente de Guyana, Irfaan Ali, de solicitar la ayuda del Departamento de Defensa de EE.UU. para “defender su territorio”, lo que prende las alarmas de un intento de apertura de una base militar estadounidense en el país vecino. Es importante recordar que tanto el gobierno de Guyana como la empresa Exxon Mobil han violado las leyes internacionales que se refieren a la integridad territorial de Venezuela, permitiendo exploraciones en territorios que están en disputa.

Al respecto, se adelantó el domingo 03 de diciembre un referendo consultivo en Venezuela como una muestra de soberanía y democracia, que se basaba en cinco preguntas relacionadas con la disputa territorial. Finalmente, los resultados del referendo fueron contundentes, pues el 51% de población habilitada para votar ―equivalente a más de 10 millones de electores― acudió a la urnas para dar una respuesta afirmativa a los 5 puntos consultados en la jornada  con un promedio del 95%. Con esta legitimidad popular, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas que incluyen la creación de la nueva Alta Comisión por la Defensa de la Guyana Esequiba integrada por el Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional y todos los sectores políticos, religiosos y académicos, en especial las universidades del país. Asimismo presentó ante la Asamblea Nacional  la Ley Orgánica por la Defensa de la Guyana Esequiba que busca regular la creación del estado Guyana Esequiba, presentó el nuevo mapa físico de Venezuela que incluye al territorio de la Guyana Esequiba,  y propuso una serie de medidas de atención social a la población esequibana, entre otras medidas.

Respecto las tensiones que la controversia por el Esequibo ha generado en el Caribe entre Venezuela y Guyana, líderes de la CARICOM y la CELAC participaron de las conversaciones entre los dos países que se desarrollaron en San Vicente y las Granadinas, en las que estuvieron presentes Nicolás Maduro y Mohamed Irfan Ali, con el objetivo de encontrar una solución justa y pacífica al conflicto territorial.

La convocatoria al referendo se da en medio de un período particular de reagrupamiento político de la oposición de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el segundo semestre de 2024. Durante el mes de octubre se adelantó una consulta de los partidos de oposición que buscan enfrentarse a la reelección de Nicolás Maduro el próximo año, del cuál salió victoriosa la candidata Maria Corina Machado, referente de la derecha venezolana que actualmente se encuentra inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta 2030. Hasta el momento Vente Venezuela, su espacio político, no integra la coalición Plataforma Unitaria que hace parte de la mesa de negociaciones con el oficialismo que ha incluído la discusión sobre las inhabilitaciones en el diálogo entre el gobierno y la oposición.

Venezuela atravesó durante 2023 un importante año de retos económicos para sortear el bloqueo que se vio impactada por la decisión de Chevron de permitir la extracción de crudo de Venezuela, producto del contexto geopolítico de sanciones contra Rusia. El área energética es sin duda una de las principales fortalezas que tiene la Revolución en términos productivos, que puede encontrar en 2024 una mayor potencialidad de lograrse el objetivo de avanzar en proyectos de integración energética con el gobierno de Colombia, como se tiene presupuestado aprovechar con el gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte que actualmente atraviesa el estado de Zulia en Venezuela y el departamento de La Guajira en Colombia, y que podría asegurar energía eléctrica para Venezuela y materias primas fósiles para Colombia en caso de concretarse la alianza entre PDVSA y Ecopetrol.

Al cierre de este informe, y como muestra del éxito de la política exterior del gobierno de Nicolás Maduro que ha llevado al gobierno de Estados Unidos a cambiar su política de ataque permanente hacia la Revolución Bolivariana a una hostilidad que incluye el retiro de algunas de las sanciones impuestas en su contra, el gobierno de Biden liberó al prisionero político Alex Saab a cambio de la liberación de un grupo de prisioneros estadounidenses que se encontraban detenidos en cárceles venezolanas.

Por otro lado, el caso de Perú continúa presentándose como uno de los más claros escenarios de un golpe parlamentario consolidado que cumplió el 07 de diciembre un año de haber logrado terminar de forma ilegal con el gobierno popularmente electo de Pedro Castillo. Como fuimos abordando a lo largo del 2023, el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte avanzó en una maquinaria de represión en contra de la movilización social que no escatimó en convocatorias para denunciar la inconstitucionalidad de su mandato, y que nuevamente se encontró en las calles en el marco del repudio al primer aniversario del golpe a Castillo quien sigue detenido sin el cumplimiento de un debido proceso. Al respecto, Castillo solicitó a la Justicia enfrentar el proceso en su contra en libertad, dada la ilegalidad de su detención.

La represión impulsada por las fuerzas policiales y militares  ha sido la clave de gobernabilidad de Boluarte, quien atraviesa una investigación impulsada por la Fiscalía de Perú por las más de 67 muertes causadas por la represión policial en el marco del golpe institucional. A la fecha, el gobierno de Dina Boluarte cuenta con una aprobación de su gestión del 8% de la población, y ha profundizado la caída de índices de pobreza y crecimiento económico. El gobierno de Boluarte además cierra el 2023 con una solicitud de vacancia en su contra presentada por un grupo de congresistas ante el Parlamento por “abandono de cargo”.

Este escenario de la política local se enfrentó hacia el fin del año con el cimbronazo que ocasionó el anuncio del Tribunal Constitucional de Perú en el que ordenó la liberación del dictador Alberto Fujimori quien se encontraba condenado a cumplir 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato. El Tribunal desconociendo el fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos, ordenó la libertad inmediata de Fujimori, marcando un grave precedente en materia de Derechos Humanos en la región. Vale la pena mencionar que el fallo emitido por la CIDH en la que se ordena la prisión de Fujimori es de carácter vinculante, lo que implica el desconocimiento de una de las principales autoridades a nivel humanitario en la región. 

El repudio por el indulto a Fujimori ha sido generalizado en el país, principalmente por las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura como es el caso de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como observatorios de Derechos Humanos como Human Rights Watch para quienes la liberación del ex dictador constituye una “muestra del deterioro del Estado de derecho en el Perú, ya que no se respetan estándares internacionales ni decisiones de cortes internacionales”. Este escenario humanitario cobra aún más preocupación a partir de la compra sin licitación del Ejército Peruano de más de 10 mil fusiles a Israel, y que se presume serán utilizados en la represión contra la movilización social.

Adicionalmente a este panorama preocupante en la región andina, vale la pena destacar la difícil coyuntura interna que atraviesa el proceso de cambio en Bolivia que ya fuimos desarrollando durante este 2023, pero que llega a uno de sus puntos más tensos en este último cuatrimestre. En el mes de octubre se convocó desde el sector del expresidente Evo Morales al 10ª congreso del MAS al cuál no asistió el presidente Arce, y en el que se definió la expulsión de este último del partido que es el partido de gobierno.

Este episodio evidencia la fuerte crisis interna que lleva atravesando el partido durante el último año, donde Evo Morales ha denunciado de manera pública ataques contra el MAS que según él han sido impulsados por Luis Arce y diferentes miembros del gobierno, como el intento de presionar al Tribunal Supremo Electoral de intentar impugnar el congreso del partido del mes de octubre. Producto de estos ataques, Morales anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

Es particularmente preocupante este escenario respecto a la unidad regional, y las experiencias de división que fuerzas internas han impactado en América Latina y el Caribe. Bolivia, a pesar de sus dificultades, sigue constituyendo un proyecto de esperanza para los pueblos de la región que levantan las banderas de la soberanía y las luchas antineoliberales. Muestra de ello es el anuncio hecho por el Estado Plurinacional de integrarse al MERCOSUR, que podría constituir un mayor fortalecimiento del mecanismo de integración regional, pero que con las fracturas internas parece un hecho secundario.

Mesoamérica: Crisis migratoria, ofensiva oligárquica e inestabilidad política con miras a las disputas electorales del 2024

La cuestión migratoria es una de las problemáticas más importantes que afronta la región mesoamericana. Las dos principales rutas migratorias son la región del Darién en la frontera Colombia – Panamá y la zona del Río Bravo que separa a México de Estados Unidos. Esta última es considerada uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo y arroja datos dramáticos sobre la cantidad de migrantes asesinados a raíz de las consecuencias de las políticas deshumanizantes y expulsivas tomadas por la administración norteamericana e impuestas a los países limítrofes. En lo que va del 2023 el número de muertos o desaparecidos alcanza la cifra de 533 personas y en el Darién a 42, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entre las causas se encuentran enfermedades por falta de acceso a la salud, ahogamientos, catástrofes ambientales, accidentes, actos de violencia por parte de bandas criminales, entre otros motivos.

Como anunciamos en nuestro informe anterior, el fin de la trumpista Título 42 y la continuación de políticas como Título 8 podría profundizar la crisis humanitaria  en la frontera Sur. El consenso bipartidista antimigratorio entre republicanos y demócratas en Estados Unidos acentúa la permanencia de las políticas securitarias que vienen expulsando a miles de migrantes todos los meses. Tendencia que se acrecienta a medida que el flujo migratorio de las caravanas migrantes incrementan con la expectativa de ingresar a territorio estadounidense sin documentación  o mediante el pedido de asilo con el fin de la mencionada medida impuesta por el ex mandatario Donald Trump. Durante la administración de Biden vimos reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y dispositivos represivos que generan un muro fronterizo invisible (además del ya visible muro existente) para contener y expulsar  a los inmigrantes.

En el mes de octubre, el Presidente de EEUU anunció que se ampliará el muro de la frontera sur para detener el ingreso de los migrantes, esta medida incumple con su promesa de campaña cuando afirmaba que el muro no es una respuesta a la problemática migratoria. Biden se excusa en que los fondos para el muro ya había sido sancionado por la gestión precedente y no se puede destinar para otra cosa. Para llevar a cabo esta expansión se tuvieron que eliminar unas 26 leyes federales, entre ellas varias referidas al cuidado del medioambiente. El anunció fue celebrado por Trump en redes sociales.

Esta medida se hizo pública horas antes del encuentro del Secretario de Estado de EEUU, Antony Bklinken, y el Presidente de México, López Obrador, para abordar la problemática migratoria y el fentanilo. El mandatario mexicano dejó en claro su posición contraria a la expansión del muro: “esa autorización para la construcción del muro es un retroceso porque eso no resuelve el problema, hay que atender las causas”. México es el principal país implicado en la problemática migratoria tras el endurecimiento de las políticas estadounidenses, ya que es una zona de tránsito y de espera de quienes buscan cruzar el Río Bravo. Se estipula que el 2023 superará al año pasado en cifras de migrantes que llegan a México para ingresar a EEUU por la frontera sur, alcanzando los 2 millones 500 mil. El mes de mayor cruce y expulsiones fue septiembre con 269 735 personas. La otra zona que viene incrementando su flujo migratorio es la del Darién que registró en este año más de medio millón de migrantes que transitaron por la región selvática, superando en un cien por ciento al 2022 cuando alcanzó los 248 mil desplazamientos migratorios.

En este año ha incrementado el flujo migratorio proveniente de sudamérica, sobre todo desde la apertura de la ruta migratoria del Darién. Venezolanos y ecuatorianos junto a haitianos componen el mayor grupo de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos que luego se unen a centroamericanos y caribeños intentando cruzar el Río Bravo desde México en caravanas de migrantes. Muchos toman este camino arriesgando sus vidas viéndose expulsados por las crisis sociales, económicas y violencias que atraviesan sus países. La paradoja es que gran parte de estas inestabilidades que fuerzan a emigrar a miles de personas son provocadas por las políticas injerencistas estadounidenses y de bloqueo económico y medidas coercitivas sobre países, como es el caso de Venezuela y Cuba. Por eso, la cuestión migratoria no podrá ser solucionada si no se abordan sus causas estructurales que tienen como responsable al destinatario de los flujos migratorios pero también al principal responsable, Estados Unidos.

La inestabilidad política viene siendo una constante en la región, donde las oligarquías y grupos dominantes se rehúsan a perder su poder político y privilegios económicos. Así viene siendo en el caso de Guatemala y Honduras que con sus particularidades expresan la llegada al gobierno de fuerzas políticas progresistas, de centro izquierda en un caso y de izquierda en otro. En Guatemala el 2023 estuvo atravesado por el proceso electoral que consagró a Bernardo Arévalo como Presidente. Desde sus inicios las elecciones fueron condicionadas por el Poder Judicial, proscribiendo candidaturas, poniendo en dudas la oficialización de los resultados electorales en la primera vuelta y , luego del ballotage, teniendo una práctica injerencista que las organizaciones sociales y políticas denuncian como una actitud golpista por parte de los órganos judiciales, en particular del Ministerio Público (MP).

En el mes de septiembre inició la transición presidencial entre Giammattei y Arévalo que debe concluir con la asunción de este último el 14 de enero. Pero el diablo metió la cola o mejor dicho los sectores dominantes, amparados en un sector del poder judicial ―el Ministerio Público que encabeza Consuelo Porras― , en la alianza oficialista del actual gobierno y una red de intereses denominados por las organizaciones sociales como “pacto de corruptos”, se niegan a dejar el poder político o buscan condicionar al máximo al nuevo gobierno abriendo las puertas a un golpe institucional antes de que asuma el mandatario electo o durante su gestión. El golpe en curso inició con los intentos de desconocer los resultados de la primera ronda electoral y continúa con la suspensión de la personería jurídica del Partido Semilla ―por supuestas irregularidades en su constitución― , con los pedidos de desafueros de Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera y el pedido de anulación de las elecciones presidenciales.

Tras conocerse las intenciones del MP y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de anular los comicios, Bernardo Arévalo dió una conferencia de prensa donde denunció el intento golpista:

Guatemalteca, guatemalteco, quieren invalidar tu voto. El voto que hiciste con fe, con esperanza y en libertad. Los votos de todas las personas que participaron en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto fueron contados de forma limpia, transparente y efectiva. En prácticamente todas las mesas el conteo fue vigilado por los fiscales de los partidos políticos, observadores del sector privado, civil e internacional, dan fe de las certeza del escrutinio.

Además, el mandatario electo manifestó que “el intento de golpe es real… hacemos un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que detengan las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el MP”. Tanto la FECI como el MP han denunciado irregularidades y adulteración de actas electorales sin precisar bien cuales fueron y a quienes pudieron favorecer. La acusación también cae sobre integrantes del Tribunal Supremo Electoral, quienes en su momento habían solicitado la suspensión de la personería partidaria de Semilla, pero indicaron que esto no invalida el resultado electoral. La Presidenta del TSE manifestó:

Los resultados están validados y oficializados y son inalterables (…) tenemos un binomio presidencial con sus credenciales, nuestro Presidente es don Bernardo Arévalo, nuestra Vicepresidenta la señora Karina Herrera, y no tendríamos ninguna facultad salvo una sentencia que devenga de la Corte de Constitucionalidad que nos pueda decir que podemos anular una elección. En estos momentos, hemos terminado con el proceso electoral 2023, las personas están debidamente acreditadas y deben de tomar posesión el 14 y 15 de enero de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional.

La respuesta de la bancada oficialista en el Congreso y en sintonía con el MP y la FECI, fue la aprobación del desafuero a cuatro integrantes del TSE para que puedan ser juzgados por supuesto fraude electoral. Esto puso en primer plano al Presidente Giammattei ya que aparece como el principal responsable político del intento golpista.

La respuesta social en defensa de la democracia se hizo sentir. Las organizaciones sociales y políticas salieron a la calle contra el golpe judicial. Hubo distintas jornadas de lucha: manifestaciones, cortes de ruta, acampes y movilizaciones que articularon al movimiento indígena y campesino con estudiantes, trabajadores, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados. El 7 de diciembre se produjo una masiva caravana que se dirigió hacia la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. La movilización fue convocada por las autoridades indígenas y organizaciones sociales que sostuvieron “nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, la justicia y el respeto por los derechos y libertades de todos y todas”. La iniciativa fue apoyada por Arévalo, quien participó de la misma junto a otros dirigentes políticos.

La crisis política está teniendo una fuerte repercusión internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) está jugando un rol importante, incluso su secretario general, Luís Almagro, tuvo participación en el inicio de la transición presidencial.  El organismo se pronunció contra el  “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala (..) El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”. El protagonismo de la OEA en sintonía con el posicionamiento de la Casa Blanca tiene el objetivo de evitar que se agudice la crisis política en la región y poder frenar la problemática migratoria que involucra directamente a Guatemala junto a El Salvador y Honduras. Algunos de los mandatarios de otros países que condenaron el golpe y se posicionaron en favor de la asunción de Arévalo y el respeto a lo que el pueblo guatemalteco votó, fueron Petro y Lula Da Silva .

El otro país que atraviesa por senderos políticos inestables es Honduras. En este caso con un gobierno de izquierda liderado por Xiomara Castro que enfrenta tensiones internas, una fuerte ofensiva de sectores opositores y urgencias sociales ante un contexto económico, migratorio y de violencia social difícil. El 28 de noviembre se cumplieron dos años del triunfo electoral de la dirigente del partido Libre, poniendo fin a años del bipartidismo del Partido Nacional y Partido Liberal y de 12 años de un régimen que se instauró tras el golpe de Estado a Zelaya en 2009, y que instaló un narcoestado en las instituciones políticas hondureñas. El autodenominado proceso de “socialismo democrático” avanzó en demandas concretas como la gratuidad energética para 1 millón y medio de hondureños, el fin de las Zedes, aumentó un 40% de su presupuesto para lucha contra la pobreza y el hambre, ha ordenado las finanzas del Estado y se han detenido procesos privatizadores. Además, se restablecieron las relaciones diplomáticas con China. Pero los claroscuros vienen por el lado de que algunas medidas avanzan más lento de lo que se quisiera y muchas están relacionadas con tensiones al interior del bloque de gobierno.

Desde un primer momento el bloque legislativo de Libre se dividió y luego la alianza con el Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras se rompió debilitando la posición del gobierno en el Parlamento. Durante el 2023 sectores opositores y de la oligarquía hondureña se re organizaron dando señales de amenaza golpistas con sectores ex militares y recuperaron la calle a partir del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) entre quienes se encuentra el ex aliado Nasralla junto, el exministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero, integrantes del PN y PL y sectores empresariales. En lo que va este año el BOC se movilizó tres veces, siendo su última presencia callejera el 9 de diciembre donde se manifestaron contra el aumento de la violencia criminal, por la baja del precio de la canasta básica y la generación de empleo. Muchos de los integrantes que vuelven a aparecer fueron parte de los gobiernos del Partido Nacional acusados de corrupción y de penetrar el narcotráfico en las instituciones. 

El 29 de agosto los simpatizantes de Libre dieron una masiva muestra de apoyo a Xiomara Castro, en el contexto de disputa entre oficialismo y oposición por la elección de la Fiscal General y Fiscal Adjunto. El Congreso se encuentra bloqueado debido a que ningún sector alcanza los 84 votos para la elección de los magistrados. El primero de noviembre la Comisión Permanente del órgano legislativo con presencia del oficialismo designó con carácter interino a Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto. Se eligió ese procedimiento, previsto en la Carta Magna, debido a la falta de consenso. El Gobierno dejó en claro la necesidad de cambiar estas autoridades ya que las que tenían mandato vencido responden a intereses de sectores que tenían privilegios y eran minoría que dirigió el país durante décadas siendo responsables de la corrupción e impunidad que reinó durante años.

El 2023 fue la continuación de un proceso de movilización social y crisis política en Panamá. A raíz de los efectos sociales y económicos que dejó la Covid 19 y las consecuencias de las políticas tomadas por el gobierno, en julio del 2022 se produjeron movilizaciones en respuesta al alza de precios de combustibles, alimentos y medicamentos. Esto articuló a distintos sectores sociales: organizaciones sociales, grupos de profesionales, maestros, trabajadores de la construcción, indígenas y ciudadanos autoconvocados. Esto fue la antesala de lo que sucedió desde el mes de octubre a esta parte cuando la Asamblea Nacional aprobó mediante la Ley 406 el contrato con la Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Esto generó una ola de descontento social, huelgas y movilizaciones con el fin de derogar o declarar inconstitucional la legislación.

El conflicto antiminero viene de larga data, por esto entrevistamos al dirigente social Ronaldo Ortiz, quien indicó:

El conflicto viene desde el 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional, luego de 20 años, el proyecto minero de esta misma empresa First Quantum. Pero el gobierno de ese entonces decide no acatar el fallo. El Presidente actual Laurentino Cortizo decide negociar un nuevo contrato sin tener en cuenta la inconstitucionalidad. Desde un primer momento vimos como algo nefasto ya que desacata lo que pasó cuatro años antes, sino que también se trata de una empresa transnacional vinculada al tráfico de personas. Además, profundiza el modelo extractivo que está haciendo daños al país. A principios de este año se anunció el nuevo acuerdo y volvimos a movilizar.

Ortiz señala que en el mes de agosto se comenzó a tratar el acuerdo en el Congreso legislativo y que tras idas y vueltas, y cambios mínimos en los articulados el 20 de octubre se aprueba desoyendo la fuerza que iba tomando el movimiento social en contra de la normativa. “El 23 de octubre se convoca a un paro y allí surge todo el proceso de lucha que salió a la luz más públicamente, pero es algo que se venía gestando hace rato”, señaló el dirigente social. Las manifestaciones contaron con la articulación de amplios grupos de la sociedad, desde organizaciones sociales, las comunidades religiosas, sectores de clase media, profesionales, movimiento estudiantiles, las siete comunidades originarias, entre otros. En un principio la principal reivindicación era la derogación de la Ley, pero luego viró hacia el pedido de inconstitucional, sobre esta diferencia el integrante del FRENADESO opinó:

La derogación implicaba que se volviera todo directamente a la inconstitucionalidad del 2017 y era una forma más rápida de solucionar la crisis que se había desatado, por eso fue lo primero que exigimos a las autoridades. Luego, los medios de comunicación y sectores empresariales se focalizaron en dividir al movimiento popular y comenzó a ganar terreno la idea de la inconstitucionalidad, que nosotros también estamos de acuerdo. Pero con la primera había posibilidad de juzgar a los responsables, pedir resarcimiento económico a la empresa por los daños causados y llevar ante el tribunal a los gobiernos que impulsaron este proyecto minero. Con lo segundo se puede hacer esto, pero es más difícil e implica otro proceso. 

La movilización social alcanzada fue muy importante y con el pasar de los días tomaba más fuerza. Hubo más de 250 cierres de carreteras en todo el país, se bloquearon las fronteras con Colombia y Costa Rica, la huelga se extendió a todo el país.

“Sabíamos que noviembre era un mes importante, acá es un mes patrio, el 3 se conmemora la separación de Colombia, el 10 el primer grito de independencia y el 28 de noviembre la independencia de España. Hicimos una vigilia afuera de la Corte Suprema de Justicia y justamente el día 28 se sanciona la inconstitucionalidad. El pueblo tenía razón. En el 2017 fueron 5 los artículos que violentaron a la constitución, ahora 25” , afirmó Ortiz.

Esta lucha antiminera alcanzó a cuestionar el status quo, profundizó la poca credibilidad del gobierno, generó la denuncia del Ministro de Comercio e Industria, se pide la renuncia de todo el gabinete y que los impulsores del acuerdo sean condenados como traidores a la patria. Luego de la sanción de inconstitucionalidad, las organizaciones sociales plantean la discusión del plan de cierre de la mina, sobre todo que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, que se regeneren las tierras dañadas, que se deje de judicializar a los manifestantes ya que algunos se encuentran aún privados de la libertad y que se respete y garantice la libertad sindical. 

Este conflicto se está dando en un contexto de crisis social, donde Panamá es el quinto país más desigual del planeta con altas tasas de informalidad y creciente desempleo. Además, el  5 de mayo de 2024 se desarrollarán las elecciones presidenciales y se abre el interrogante por cómo repercutirá el proceso de lucha de estos meses, con una movilización popular heterogénea y el cuestionamiento a la política. Actualmente hay ocho candidaturas, con una relación de fuerza en favor del establishment panameño, salvo una de las candidatas, Maribel Gordón, que viene del instrumento político de organizaciones sociales nucleadas en el Frente Amplio por la Democracia. 

Otro de los procesos electorales que afrontará la región el próximo año será en México. El 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones que dirimirán quién reemplazará a López Obrador en el sexenio siguiente. El 1º de diciembre se cumplieron cinco años de la asunción del actual mandatario. Con una imagen positiva que supera el 60 por ciento, AMLO ha logrado que el partido oficialista MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) se expanda territorialmente por todo el país. Además, gobierna (MORENA y aliados) en 23 de los 32 gobiernos federales. Entre sus logros se destacan algunas reformas que han intentado contrarrestar la lógica neoliberal imperante en varias áreas promoviendo un proyecto soberanista, algunas de estas son reformas eléctricas como las leyes de Hidrocarburos e Industria Eléctrica y el fortalecimiento de la inversión pública en la petrolera PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También se destacan leyes que apuntan a mejorar el sistema educativo y las políticas sociales como elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores y la creación de programas del estilo de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, este último para la recuperación forestal. Se prohibió la subcontratación y se aumentó el salario mínimo, revirtiendo la tendencia al estancamiento salarial de los gobiernos anteriores. Además, se llevó a cabo una política de austeridad de los gastos del Estado y contra la corrupción que fueron sus banderas que le permitieron llegar a la presidencia. Destaca también, su política de comunicación, las mañaneras, que consiste en conferencias de prensa todas las mañanas. 

Entre los límites que encontró AMLO están las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, en sus intentos de reformarlo, o la  Suprema Corte de Justicia que ha sido un obstáculo en el avance de algunas reformas como la eléctrica y electoral que fueron declaradas inconstitucionales. En los debe del gobierno de la cuarta transformación está la problemática migratoria y la seguridad, al respecto de esto último, sigue habiendo una alta tasa de homicidios, y la desmilitarización que no se pudo cumplir con la creación de la Guardia Nacional.  También, ha recibido críticas por la incompatibilidad de ciertas obras de infraestructura y la perspectiva ambiental, un ejemplo de esto es la construcción del Tren Maya (cuyo primer tramo se inauguró en el mes de diciembre). López Obrador ha tenido un rol destacado en la política exterior, por ejemplo en el asilo político a Evo Morales durante el golpe de Estado en Bolivia, y en poner de pie a la CELAC como un espacio de articulación continental.

Entre los desafíos que tendrá el último año de mandato de López Obrador están una serie de reformas constitucionales que fueron anunciadas por el mandatario en el plano judicial, seguridad y electoral. Los proyectos serán enviados al Congreso de la Unión para su tratamiento en los primeros meses del 2024. La reforma judicial consiste en la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto popular; en materia judicial, es el mantenimiento de la Guardia Nacional en la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que es acusado de sostener la militarización de la fuerza de seguridad. Y, en lo que respecta al sistema electoral se busca modificar el financiamiento del INE.  Además, AMLO anunció que buscará en febrero próximo que se eleve a rango constitucional el beneficio de la pensión que se otorga a las personas con discapacidad, para que se convierta en un derecho, “y llegue quien llegue, no lo pueda quitar”.

Luego del proceso de interna al interior de MORENA, quien tendrá la responsabilidad de seguir los caminos de AMLO, es la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheimbaum. Ya pasada las tensiones y amenazas de ruptura de unidad en el partido gobernante por la posible salida de Marcelo Ebrard luego de perder la interna y cuestionar el método de elección, la candidata ha lanzado su equipo de campaña integrando a los aliados Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Por el lado de la oposición, la alianza del PRI – PAN – PRD, eligió a Xóchitl Gálvez como candidata. Con las aspiraciones renovadas apunta a desgastar al obradorismo a partir de una ofensiva mediática y movilizaciones que tienen a criticar a AMLO por cierto sesgo autoritario. El Movimiento Ciudadano había elegido a Samuel García como candidato, pero este se bajó de la contienda y volvió a su cargo de gobernador en Nueva León. Las encuestas dan como favorita a Sheimbaum por sobre Gálvez, con un 50 por ciento de las preferencias frente al 31 por ciento. En las últimas semanas el porcentaje de indecisos descendió del 18 al 12 por ciento.

El gobierno mexicano sigue haciendo los esfuerzos para reconstruir y saldar los daños provocados por el huracán Otis sobre Acapulco el pasado 25 de octubre, que dejó más de 50 muertos, según cifras oficiales, y buena parte de la infraestructura destruida. Acapulco es uno de los centros turísticos más importantes del país, por lo cual AMLO ha anunciado un plan millonario de reconstrucción. También, en los primeros días de diciembre se aprobó en las comisiones del Senado para que pase a su tratamiento en el recinto la denominada Ley Silla. La iniciativa obliga a los empleadores a proveer de asientos a sus trabajadores y prohíbe que estén de pie toda su jornada laboral. La autora del proyecto es la senadora de MORENA Patricia Mercado quien indicó que “ya no se permitirá obligar a las trabajadoras y los trabajadores a permanecer de pie toda la jornada laboral”. Recordó que desde 1914 se propone que sea obligatorio que los trabajadores cuenten con una silla para su descanso pero la normativa debió esperar más de 100 años. Además, se está discutiendo en México la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que tendrá tratamiento legislativo en febrero del 2024, algunos empresarios como el multimillonario Carlos Slim se han posicionado en contra de la reforma.

El Salvador también afronta un arduo y conflictivo camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. El comicio electoral está pautado para el 4 de febrero y cuenta con la polémica y anticonstitucional candidatura para la reelección del actual Presidente Nayib Bukele. Seis artículos de la constitución salvadoreña no habilitan la reelección presidencial y el Poder Judicial cooptado por el partido oficialista Nueva Ideas habilitó la inscripción de su candidatura. Cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE)  lo hicieron el día 3 de noviembre basándose en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 2021. Jonathan Sisco, de Cristosal, afirmó para el medio Gato Encerrado:

La decisión del TSE claramente es ilegal, viola la Constitución. Lastimosamente los magistrados han actuado con mucho temor, se han prestado a que el presidente de la República pueda continuar ejerciendo el poder, aunque esto implique que se haya subvertido el orden constitucional (…) Con esto se pueden generar condiciones favorables para que exista corrupción sistémica y generalizada en el Estado, podría ocurrir el cierre de espacios cívicos, reducirse la participación política, la libertad de pensamiento, la libre expresión, el cierre de espacios políticos y podría aumentar la persecución a las voces disidentes.

La Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo aprobó la licencia de Bukele para que seis meses antes del próximo periodo presidencial deje el cargo de Presidente y pueda participar de la contienda electoral. Durante el mes de noviembre se han contabilizado diez pedidos de nulidad de la reelección del mandatario que fueron rechazadas por el TSE. Las movilizaciones contra las violaciones de derechos humanos del régimen y la reelección han copado las calles en los últimos meses del año. A pesar de esto, Bukele aparece por amplia diferencia como el principal candidato para ganar las elecciones ante una oposición fragmentada.

Esto se da en un contexto de continuidad del Estado de excepción y de la suspensión de las garantías constitucionales de los salvadoreños. El modelo de seguridad de Bukele es seguido por dirigentes y gobiernos de derecha que buscan implantar en sus países como forma de disciplinamiento social. Así lo han manifestado el presidente electo de Ecuador Daniel Noboa quien busca construir cárceles como la de El Salvador o la reciente reunión de la Ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich con el Ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

Caribe insular: resistencias contra bloqueos e injerencias imperialistas

Desde hace algunos años, la economía cubana está atravesando una profunda crisis, que fue agravada, primero, por la profundización del bloqueo económico por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump (y con el sostenimiento de estas medidas por parte de Joe Biden); en segundo lugar, por la pandemia de COVID19 y sus efectos en la actividad económica en general y el turismo en particular, que es una de las principales fuentes de divisas del país y aún no ha podido recuperarse a los niveles previos. Esto último se acentuó, además, cuando en enero de 2021, días antes de que Donald Trump terminara su período presidencial, Estados Unidos incluyó a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que limita aún más el flujo de gente y también de productos hacia el país.

En septiembre, Joe Biden decretó, como cada año, la extensión del bloqueo económico, comercial y financiero, invocando la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 y el interés nacional de EE. UU. y a fines de noviembre, se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos renovó la inclusión de Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo”, a través de la publicación de su informe anual sobre terrorismo.

Por su parte, el gobierno cubano denunció que hubo un ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos con bombas molotov, también condenado por el gobierno estadounidense, que se comprometió a iniciar una investigación.

En octubre de este año, el canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla presentó ante el Cuerpo Diplomático de la ONU en el país el Informe Nacional sobre afectaciones del bloqueo entre marzo de 2022 y febrero de 2023. En el mismo se detalla que los daños acumulados son de 159.084,3 millones de dólares. Las áreas más afectadas por esta política son la producción energética y el suministro de piezas necesarias para el funcionamiento y distribución del sistema eléctrico. Contabilizó daños al Ministerio de Energía y Minas en 491 millones de dólares, lo que afecta directamente el sistema electroenergético y produce apagones frecuentes que generan malestar en la población. Además, detalló que otras de las áreas afectadas son la producción de alimentos, debido a la falta de financiamiento a la industria para adquirir maquinarias e insumos, y la provisión de insumos médicos. La situación golpeada del turismo por la pandemia se vio agravada por la inclusión de Cuba como patrocinador del terrorismo, dado que personas de 40 países no pueden acceder a visas estadounidenses si anteriormente visitaron Cuba. Esto además dificulta el acceso al crédito y sistema financiero internacional, así como la posibilidad de comerciar con otros países. Las consecuencias de estas políticas se traducen en desabastecimiento de alimentos, insumos básicos y energía para la población.

“Más del 80% de la población cubana actual solo ha conocido una Cuba bloqueada”, afirmó. Esto es parte de lo que explica la creciente desconexión de la población cubana joven con la Revolución y los altos índices de migración.

El consenso internacional sobre el daño y lo injusto de estas políticas se volvió a expresar a nivel institucional a principios de noviembre en la Asamblea General de la ONU, que por 31ª vez consecutiva (desde 1992) aprobó una resolución que condena y exige el fin del bloqueo estadounidense a Cuba.

En un documento aprobado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Ucrania), se señaló que entre marzo de 2022 y febrero de 2023, “el bloqueo causó daños a Cuba estimados en 4.867 millones de dólares”, es decir, 13 millones de dólares por día y 555.000 dólares por hora.

Otras organizaciones internacionales como Oxfam y la Celac también exigieron que termine el bloqueo. Además, sigue la campaña internacional Let Cuba live, para juntar un millón de firmas que firmen una carta a Joe Biden pidiéndole que saque a Cuba de la lista.

Por su parte, abogados de distintos países presentaron en el Parlamento Europeo el caso del bloqueo a Cuba, para ser analizado por un tribunal internacional, que finalmente emitió un fallo a favor del cese del bloqueo. Indicó que “el cerco transgrede la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, entre otras normas” como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien esta medida no es vinculante, es una señal más de la ilegalidad y de la ilegitimidad de la política estadounidense a nivel internacional.

Otra señal internacional de apoyo a Cuba fue su elección como parte integrante del Consejo de derechos humanos de la ONU en octubre. De los 15 lugares totales en este consejo, hay tres reservados para América Latina y el Caribe. Cuba obtuvo 146 votos de los 186 totales. Además de Cuba, los otros dos países de Nuestramérica que serán integrantes de este organismo entre 2024 y 2026 son República Dominicana y Brasil.

Para cerrar con la participación de Cuba en el escenario mundial, en septiembre el país fue anfitrión de la Cumbre del G77 + China. El grupo, que no se juntaba desde 2014, tiene 134 miembros, que representan a dos tercios de los miembros de la ONU y el 80% de la población mundial.

La declaración final del encuentro incluyó la “urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y de un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial”, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur” y el pedido de eliminación de las “regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo”.

En el ámbito local, durante los últimos meses la isla vivió un déficit de combustible que hizo que se viera afectada la vida cotidiana de cubanos y cubanas, en particular en lo que respecta al abastecimiento de energía. Desde el gobierno afirmaron que el bloqueo estadounidense obstaculiza la compra de repuestos para reparar las plantas generadoras de electricidad, y que estaban tomando medidas para mitigar el efecto de esta falta. Informaron también que el porcentaje de afectación fue un 51% menor al del año anterior.

La falta de combustible también afectó la distribución de los productos de la canasta básica y, en ese sentido, el gobierno comunicó que estaban priorizando el su utilización para garantizar la distribución de productos de primera necesidad, como leche, pan y arroz.

Otro de los problemas que viene atravesando la economía cubana es la inflación, producida, en parte, por la insuficiencia de divisas. Según el ministro de Economía, la inflación este año superará el 20%.

Respecto del alto nivel de migración cubana hacia Estados Unidos, en noviembre hubo una reunión entre el subsecretario adjunto de Estado del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Eric Jacobstein, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío Domínguez. “Cuba reiteró preocupación por medidas que estimulan la migración irregular que se mantienen vigentes por decisión política del Gobierno de EEUU”, escribió el canciller cubano en X. La parte cubana afirmó que Estados Unidos incentiva la migración cubana con el bloqueo y con el programa de incentivos para cubanos en ese país. Hubo acuerdo en que ambas partes debían garantizar la migración segura y ordenada. El 25 de noviembre se cumplieron 7 años de la muerte de Fidel Castro y fue recordado con galas y homenajes tanto dentro como fuera de la isla.

Como en nuestros últimos informes, comenzamos la sección de Haití actualizando los datos que representan la violencia de las pandillas y sus consecuencias.

Según datos de Naciones Unidas, entre el 1º de enero y el 9 de septiembre de 2023, ya se habían reportado 3 mil asesinatos y más de 1.500 secuestros, mientras que 200 mil personas tuvieron que desplazarse de sus viviendas. El dato de personas muertas a causa de la violencia asciende a casi 4 mil para fines de noviembre. Las personas heridas sumaban más de 100 mil y las secuestradas, casi 3 mil.

Detrás de estas cifras, hay incendios a comisarías, casas y vehículos, asesinatos de agentes policiales, docentes, ataques a políticos, hospitales, linchamientos y quejas de la población respecto de que la Policía Nacional de Haití no acude a los llamados de emergencia y las autoridades de facto tampoco actúan al respecto. La Policía anunció la creación de una Unidad Temporal Anti-Bandas mientras que Ariel Henry solicitó en la Asamblea General de la ONU el envío de la fuerza multinacional de la que se viene hablando hace meses.

Además, a fines de noviembre la ONU publicó un nuevo informe sobre la situación en localidades rurales 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, en el Bajo Artibonito. Según el mismo, solo en estas localidades, fueron asesinadas, heridas o secuestradas más de 1690 personas entre enero de 2022 y octubre de 2023. Se cuentan, además, al menos 20 grupos criminales en esta parte del país. En el texto, el organismo urge a desplegar la fuerza multinacional de soporte a la Policía Nacional de Haití.

El 2 de octubre, después de meses de discusiones y reuniones, finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad en Haití. Esto sucedió dos semanas después de que en el marco de la Asamblea General del organismo el primer ministro de facto Ariel Henry volviera a pedir la intervención para manejar la crisis de seguridad y de que Estados Unidos anunciara ayuda monetaria para esta misión. Fue necesario para esto destrabar el posible veto de China, para lo cual fue necesario establecer que la misión no dependiera directamente de la ONU y se implementara en colaboración con el gobierno local. Finalmente se obtuvieron 13 votos de los 15 totales, y China y Rusia se abstuvieron.

La misión, establecida en la resolución S/2023/709, duraría un año y estaría liderada por Kenia, aunque otros países también ofrecieron a enviar fondos, personal o equipos para brindar apoyo a la Policía nacional. Algunos de ellos son: Senegal, Burundi, Chad, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, Surinam, las Bahamas, España, Italia, Mongolia, Guatemala y Perú.

Cabe mencionar que el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad puede hacer uso de la fuerza solo en el caso de haber intentado antes otras alternativas que no impliquen el uso de la fuerza armada y si esta resulta necesaria para “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.

Ante esta noticia, un representante de la oposición keniana y excandidato presidencial, Ekuru Aukot, presentó ante la Corte Suprema de ese país una petición para que su gobierno no envíe sus fuerzas, por considerarlo inconstitucional. La Corte prohibió, en principio, el despliegue de fuerzas por dos semanas a partir del 9 de octubre, que luego extendió hasta el 9 de noviembre y luego volvió a ampliarla. En el medio, el día 16 de noviembre, el Parlamento de Kenia aprobó la misión y autorizó enviar mil efectivos de su policía, con la condición de que antes se recibieran los recursos económicos (230 millones de dólares). Finalmente, el juez a cargo anunció que emitirá un fallo al respecto el día 26 de enero de 2024, por lo que hasta ese día por lo menos, la acción no podría iniciarse.

Otra cuestión a ser destrabada para enviar la misión es el financiamiento. Estados Unidos anunció que aportará 100 millones de dólares. Sin embargo, también es necesario que esto lo apruebe su Congreso y aún no lo ha hecho.

Por otro lado, finalmente hay movimiento en las causas de los detenidos por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. El juez a cargo de la investigación ―el quinto desde que sucedió el hecho― inició a principios de septiembre los interrogatorios de los 18 sospechosos colombianos arrestados desde entonces. En total hay 40 arrestados, incluyendo policías haitianos.

Por su parte el expresidente de Haití Michel Martelly fue interrogado por el mismo caso, debido a que existen sospechas de que pudo haber participado indirectamente en los hechos.

De los 11 detenidos en el sur de Florida, Estados Unidos, por el caso, condenaron a un segundo de ellos, Germán Alejandro Rivera García, a cadena perpetua, luego de haberse declarado culpable de participar en la organización del grupo que asaltó la casa del expresidente. El primer condenado había sido el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, que se declaró culpable en marzo pasado. Otro detenido en Estados Unidos que se declaró culpable fue el exsenador haitiano John Joel Joseph, que será condenado en diciembre. El juicio de los otros ocho se espera que se realice en 2024.

Estados Unidos, y particularmente los tribunales de Florida, participan en los arrestos, juzgamientos y condenas debido a que la conspiración fue organizada en parte en ese Estado, con participación de empresarios radicados allí.

Además, en octubre en Haití detuvieron a otro sospechoso, el exagente policial Joseph Félix Badio. Estaba prófugo y había trabajado en el Ministerio de Justicia de Haití y en la Unidad Anticorrupción del Gobierno.

A partir de las investigaciones y declaraciones, se van haciendo más certeras algunas hipótesis de la trama y las razones del asesinato. La idea principal era secuestrar a Moïse y reemplazarlo por Christian Sanon, para que los empresarios implicados que estaban en conexión con él pudieran conseguir firmar contratos para la construcción de obras y proveer fuerzas de seguridad al Estado.

Durante estos últimos meses, se agravó la tensión en la frontera entre Haití y República Dominicana. Ya venía habiendo dificultades, particularmente por la migración haitiana y sus visados en el país vecino, pero ahora se agregó un tema más de controversia. Del lado haitiano, se retomó la construcción de un canal para utilizar el agua del río Masacre (o río Dajabón), ubicado en la frontera y perteneciente a los dos países. La construcción había empezado en 2018. En mayo de 2021, el gobierno dominicano exigió parar la obra por considerar que violaba tratados en cuanto al uso del agua del río compartido, y finalmente se detuvo en julio de ese año luego del asesinato de Jovenel Moïse. Las obras se reiniciaron en septiembre de este año y el gobierno dominicano decidió cerrar la frontera y suspender la emisión de visas a haitianos hasta que se detenga la construcción. Además, reactivó una toma de agua en el mismo río para abastecer a los productores dominicanos, lo que a su vez dificulta la toma de agua del lado haitiano. 

Mientras tanto, el gobierno haitiano afirmó, por un lado, que la construcción es de sectores privados y no la está realizando el gobierno y, por otro lado, que la misma no viola acuerdos internacionales. Hubo varias reuniones durante septiembre entre funcionarios de los dos gobiernos pero no llegaron a acuerdos. Organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron en contra de las medidas del gobierno dominicano hacia los haitianos y afirmaron que se estaban llevando a cabo miles de detenciones arbitrarias. Los gobiernos decidieron aceptar la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se llegó, a principios de octubre, a un primer compromiso de abrir las fronteras solo para el comercio, de manera provisoria, con el fin de no desabastecer de alimentos a la población haitiana y de no afectar la actividad de los comerciantes de frontera dominicanos. Sin embargo, la reapertura también atravesó incidentes. Grupos de ciudadanos haitianos cavaron una zanja del lado dominicano para impedir el paso de vehículos militares dominicanos, alegando que estaban violando la frontera. Ante incidentes con los militares del país vecino, Haití volvió a cerrar el paso fronterizo, en tensión con sus propios ciudadanos que insistían en cruzar la frontera para comprar alimentos y en una ocasión, rompieron los candados con una motosierra para atravesar camiones de abastecimiento.

En República Dominicana habrá elecciones presidenciales el 19 de mayo de 2024 y en estos últimos meses se definieron los candidatos principales.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece el actual presidente Luis Abinader, celebró elecciones primarias el 1º de octubre, en las que el propio Abinader salió electo con el 91% de los votos. El actual alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, será el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el expresidente Leonel Fernández representará al Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).

En septiembre, comenzó una alerta por un pico de dengue en el país y en noviembre, la coalición de Grupos Populares y Sociales de la región del Cibao, en el norte, organizó una huelga para exigir la mejora en servicios médicos, educativos, obras públicas y precios accesibles de alimentos y combustibles.

Imperialismo e integración

Celebrando a Monroe: el Comando Sur no descansa

En el marco de la disputa por el reparto de poder global, la acción diplomática de EE. UU. de cara a la región está a cargo de una variedad de agencias y funcionarios/as, en un amplio espectro que incluye instancias económicas, políticas y militares. Como hemos señalado en varias oportunidades, en los últimos meses ha sido la propia jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien apareció públicamente sosteniendo una intensa agenda de viajes, además de fuertes declaraciones sobre los intereses de su país en la región. En los últimos días de 2023 esta actividad mostró –involuntariamente o no– un giro en el paradigma de intervención, al ampliar la función del organismo que comanda desde lo militar a la esfera de la seguridad interior.

El 12 de diciembre Richardson visitó al presidente de Paraguay, Santiago Peña y al respecto resultó notoria la discrepancia en el carácter de la visita. Junto con cuatro fotos cargadas de sonrisas, Peña informó desde sus cuentas digitales: “Participé de una reunión bilateral con Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Conversamos sobre los avances en los proyectos conjuntos para el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado”. Pocas horas más tarde el presidente paraguayo reforzó la misma idea con otra publicación sobre una segunda reunión con la misma temática: “Participé de un encuentro con el Comando de Defensa Nacional y el Comando Sur de los Estados Unidos, donde conversamos sobre los trabajos en conjunto para combatir al crimen organizado en nuestro país y la región”.

En cambio, la embajada norteamericana, de intensa y pública intervención en los últimos meses, prefirió destacar como objeto de la visita a la actividad militar y su enfoque de género. “Richardson participará en eventos enfocados en la creciente contribución de las mujeres a las misiones de paz, defensa y seguridad en todo el mundo, y en conmemorar los 80 años de cooperación en materia de defensa entre los EE. UU. y Paraguay”, informó el comunicado oficial de la US Embassy en Asunción.

Sin embargo, uno de los principales medios privados de comunicación de Paraguay, el ABC Color, realizó una entrevista a Richardson durante su estadía en el país y allí la generala no solo no se mostró distante de la problemática de la seguridad, sino que ante una consulta sobre la existencia o no de una estrategia específica ante la “cuestión transfronteriza” y “el avance de grupos criminales”, explícitamente respondió que el tema es objeto central de su actividad y —según aseguró— también de los responsables militares de los demás países del continente: “Lo que hacemos es trabajar con los jefes de defensa de todos los ejércitos; realizamos ejercicios y conferencias cada año… nos reunimos y hablamos de los retos de seguridad”. Además, en la misma entrevista volvió a reconocer su preocupación por la acción de medios vinculados a Estado rivales: “Creo que Russia Today en español, Sputnik Mundo, y a veces Telesur, no practican el periodsmo de verificación. Eso debilita a las democracias… nuestros adversarios hacen horas extras para socavar el Estado de derecho, fomentar la inseguridad y la inestabilidad…”, señaló.

El caso de Paraguay es interesante porque se trata de un aliado estratégico de EE. UU., con quien ha tenido una relación de cooperación estrecha e ininterrumpida desde mediados del siglo XX. Esto presenta singular importancia en momentos de disputa global y continental y en especial luego de los cambios institucionales del presente siglo. En particular, en los últimos diez años (2013-2023), etapa en la que el tablero político muestra múltiples cambios, marchas y contramarchas, sin mucha estabilidad. En este sentido, la política estadounidense hacia Paraguay parece un paso más allá en el grado de intento de tutelaje, al menos en comparación con sus vecinos de América del Sur. Por esta razón no está de más prestar atención a los objetivos y las funciones que se atribuyen las diferentes agencias gubernamentales de la principal potencia militar, en particular el brazo del ejército asignado a América Latina y el Caribe. De cara a 2024, un tema a analizar será la agenda planteada en esta relación asimétrica, más aún ante el giro político en Argentina, que preanuncia un grado importante de subordinación a la agenda estratégica de EE. UU.

El 2 de diciembre de 2023 se cumplieron dos siglos de que el presidente James Monroe pronunció su célebre discurso, que sintetiza la aspiración de control continental como parte de su disputa como la potencia hegemónica en el orden global. En esa etapa histórica, a este intento de tutelaje inicial se le oponía un proyecto de liberación continental como el soñado por Bolívar y San Martín, entre muchos/as otros/as patriotas, en pie de guerra contra el colonialismo. Doscientos años después, la contradicción entre el proyecto imperialista y la construcción de un proyecto de emancipación sigue vigente y se expresa en múltiples iniciativas y debates. En ese sentido, hay que analizar el despliegue de los dispositivos militares, como por ejemplo el Comando Sur, en relación con un conjunto de políticas y de escenarios más amplio. Este informe da cuenta de algunos temas en los que se expresa —fragmentariamente y de diversas maneras— esa confrontación estratégica que recorre el continente.

Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas

Una de las principales iniciativas de EE. UU. para la región apunta a revitalizar algún foro de reunión con los países de América Latina y el Caribe. Ante la parálisis de la OEA, sumida en un gran desprestigio a partir de su abierta intervención en la política interna de los Estados miembros en el período 2015-2020 —cuyo clímax fue su participación en el golpe de Estado en Bolivia y la legitimación del gobierno surgido— y el intento de algunos países por revitalizar la CELAC —que no incluye a EE. UU. ni a Canadá—, desde su asunción la Administración Biden se propone desarrollar algún tipo de espacio que le permita participar formalmente en los debates que atraviesan a la región, en particular las discusiones de cooperación económica, campo en el que China le ha sacado varios puestos de ventaja en lo que va del siglo XXI.

El primero de estos intentos fue la fallida IX Cumbre de las Américas convocada en junio de 2022 en Los Ángeles, donde EE. UU. vetó la participación de algunos países de la región, lo que tiñó todo su desarrolló y la hizo fracasar. Sin embargo, fue en esta Cumbre de las Américas cuando Biden presentó lo que en 2023 comenzó a desplegar como uno de sus principales caballitos de batalla en la diplomacia continental: la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP, por sus siglas en inglés).

Tras un trabajo bastante silencioso, el siguiente hito fue en enero de este año, cuando se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de EE. UU., Canadá y diez países de América Latina y el Caribe: Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Barbados, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia y difundieron una declaración conjunta en la que señalaron su confianza en “cosechar los beneficios de un hemisferio abierto, justo, integrador y próspero”. Finalmente, en noviembre la apuesta tomó la forma de una Cumbre presidencial en Washington en la que los mismos países, aunque en el caso de México y de Panamá no estuvieron presentes los presidentes AMLO y Laurentino Cortizo sino las cancilleres Alicia Bárcena y Janaina Tewaney, respectivamente. En la reunión, realizada en la Casa Blanca, Biden anunció “nuevas estrategias conjuntas que garantizarán la inversión de millones de dólares en proyectos sostenibles en América Latina, la formación de capital humano y soluciones migratorias”, según difundió el medio oficial Voice of Americas (VoA).

Flanqueando a Biden, en la mesa principal tuvieron un lugar destacado los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en lo que parece una cuidada elección de afines para afrontar las relaciones con un continente que, de cara a 2024, aparece con una heterogeneidad e inestabilidad política a tener muy en cuenta, y donde la administración demócrata aspira a tener más y mejores aliados en un marco de cierta transversalidad política.

BRICS+: Argentina se baja del bloque al que todos se quieren subir

En nuestro informe #21 desarrollamos la trascendental decisión de los BRICS de ampliarse a partir del 1º de enero de 2024 con la incorporación de seis nuevos países. Allí señalamos que uno de los temas a seguir con atención en el caso de nuestro continente era la situación política en Argentina, en particular la posibilidad de un triunfo de alguna candidatura derechista (Milei o Bullrich) que rechazara el ingreso ya aprobado al bloque. Finalmente, tal posibilidad ocurrió: el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones presidenciales y de acuerdo a lo anunciado por su canciller, Diana Mondino, Argentina no hará efectivo el ingreso.

En su lugar, el nuevo gobierno anticipó que pedirá el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organismo cuyo origen remite al Plan Marshall. La OCDE reunió inicialmente a principios de la década de 1960 a EE. UU. y Canadá con dieciocho países de Europa occidental y luego se sumaron otros dieciocho países de Asia, Oceanía, Europa y América Latina, afines a la política de EE. UU. y en general, a la defensa del capitalismo liberal, con sus matices.

El pedido de ingreso, que difícilmente se haga efectivo en el corto plazo, implica de todos modos un intento del nuevo gobierno argentino por consolidar una relación estratégica con Europa, en oposición al heterogéneo conjunto de potencias que apuestan por el BRICS+ y otras iniciativas similares hacia un mundo multipolar.

Si bien el cambio radical en la decisión de Argentina es una noticia negativa para los BRICS+ —y en particular para Lula da Silva, el gran impulsor de la invitación al país sudamericano—, las bases generales del proceso de articulación por fuera de la órbita de EE. UU. se mantienen firmes.

A mediados de octubre se realizó en Beijing el III Foro para la Cooperación Internacional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), a diez años de su lanzamiento. En el encuentro participaron veinticuatro jefes y jefas de Estado y representantes de otro centenar de países vinculados a la iniciativa china.

Por su parte, como ya mencionamos, el primer día de enero de 2024 se hará efectiva la ampliación del BRICS con la incorporación de los otros cinco países invitados en la cumbre de Johannesburgo: Arabia Saudí, EAU, Irán, Etiopía y Egipto. El evidente poderío energético del bloque podría ampliarse con otras incorporaciones. Entre ellas cabe incluir la posibilidad del ingreso de Venezuela, que en noviembre recibió el respaldo explícito del canciller de Rusia, Sergei Lavrov.

Mercosur, entre sus propias tensiones y el debate por la firma del TLC con la Unión Europea

A principios de diciembre se realizó en Río de Janeiro la XIII Cumbre del Mercosur, con la participación de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Una de las novedades más importantes de la reunión es la incorporación de Bolivia, tras más de ocho años de espera. La otra noticia fue la firma de un Tratado de Libre Comercio con Singapur, el primero con un país de la región conocida como “Asia Pacífico”. A su vez, en el encuentro volvieron a aparecer fuertes discrepancias entre los miembros fundadores, a partir de la pretensión de Uruguay de negociar un TLC con China de manera unilateral lo antes posible, lo cual choca con el interés de Brasil, Paraguay y hasta ahora Argentina por avanzar en un TLC con China pero como bloque unificado.

Otro de los temas de tensión entre los países que  integran el Mercosur se desarrolló especialmente en el último cuatrimestre de 2024 y tiene que ver con la utilización del sistema del Paraná, el segundo más grande sistema fluvial de América del Sur. A partir del “Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía”, firmado en 1992 por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia para la administración de la navegación, el sistema fluvial comenzó a llamarse habitualmente “Hidrovía Paraguay Paraná”. Actualmente, la “hidrovía” es una de las arterias principales para el comercio exterior en América del Sur, clave en particular para Paraguay y para Argentina.

En el segundo semestre de 2022 el gobierno argentino decidió comenzar a cobrar un peaje por el tránsito en el río a partir del primer día de 2023, bajo el argumento de que el costo de las tareas de mantenimiento de la navegabilidad —dragado y balizamiento— recae sobre su país desde 2010. La medida causó especial malestar en Paraguay, ya que una gran parte de las embarcaciones que transitan por el río son de bandera paraguaya. Este país posee la tercera flota fluvial del mundo y la mayor de América del Sur, con unas tres mil quinientas embarcaciones. Mientras crecían las tensiones, Paraguay recibió el apoyo explícito de los demás países firmantes ―Brasil, Uruguay y Bolivia―, quienes también rechazaron la imposición unilateral del peaje.

En agosto, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, visitó Asunción y –de acuerdo al gobierno paraguayo– se comprometió a rever la medida de cobro del peaje, lo que fue desmentido luego por el gobierno argentino, en un ida y vuelta de declaraciones que fueron subiendo de tono. Los ánimos se crisparon todavía más en septiembre, con la detención de barcazas que se negaron a pagar el peaje. Luego, el conflicto siguió escalando cuando Paraguay anunció que dejaba de ceder a Argentina su excedente energético en la central eléctrica de Yacyretá, que comparten ambos países; y más tarde con la retención en Argentina de camiones que transportaban gas hacia Paraguay, todo condimentado con intensos cruces dialécticos.

Finalmente, a fines de septiembre se anunció un acuerdo provisorio: sin renunciar cada parte a su posición, por sesenta días se suspendió el cobro de peaje. Hacia fin de año, el conflicto se encuentra irresuelto pero el cambio de gobierno en Argentina despierta en Paraguay expectativas por un escenario más favorable para sus pretensiones. En ocasión de su visita a Argentina para la asunción del presidente Javier Milei, su par de Paraguay Santiago Peña conversó del tema con la canciller argentina Diana Mondino y señaló que su interés apunta a un debate de alto nivel para trabajar en una “propuesta superadora” que aumente la navegación comercial en el río Paraná. Mientras tanto, en Argentina comienza a hablarse de la posibilidad de una eventual (re)privatización de la hidrovía, a partir del nuevo gobierno.

Por otro lado, el Mercosur sostiene en este fin de año encendidas discusiones con representantes de la Unión Europea. La intención de ambas partes es concluir el TLC UE Mercosur anunciado en 2019, pero subsisten diferencias importantes, sobre todo a partir de nuevas regulaciones ambientales promovidas por los países europeos, que buscan proteger a sus agricultores en lo que interpretan se trata de su principal desventaja competitiva frente al agro sudamericano. Estas diferencias llevaron incluso a que el presidente de Paraguay advierta con la posibilidad de dar por concluido el acuerdo.

Por último, un elemento de incertidumbre en el Mercosur, que cumple ya 32 años, es el cambio de gobierno en Argentina. El nuevo presidente ha criticado duramente el bloque y aunque en principio pareciera haber moderado su posición, son muchas las interrogantes en relación con la coordinación de políticas económicas entre los socios de cara al futuro próximo. En el próximo semestre será el mandatario de Paraguay Santiago Peña quien tenga la presidencia pro tempore del bloque.

Guyana – Venezuela y la disputa por el Esequibo

Otro de los temas que viene generando tensiones entre países de la región es el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, debido a las licitaciones por parte de Guyana para que empresas extranjeras exploten las áreas petrolíferas que corresponden a esa porción de tierra entre los dos países.

La disputa se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, momento en el cual Guyana todavía estaba bajo mandato británico. Venezuela reclama no haber tenido participación en el mismo y alega que fue un proceso fraudulento.

La disputa siguió y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, que estableció la creación de una Comisión Mixta para la búsqueda de soluciones a través del diálogo pacífico. En ella, se dejaba asentado el rechazo de Venezuela al Laudo de 1899 y se reconocía que el conflicto no estaba cerrado. Por la parte de Guyana, el mismo fue firmado por el primer ministro guyanés y por un representante del Reino Unido, ya que Guyana estaba próxima a independizarse.

Hasta 2015, continuaron los diálogos y negociaciones sin llegar a acuerdos. En ese año, se descubrieron yacimientos de petróleo en las costas del Esequibo y se volvió a poner el tema en cuestión.

A fines de 2022, Guyana abrió la primera ronda de licitaciones para explotar algunos de los yacimientos, a lo que Venezuela se opuso, alegando que se estaba violando el Acuerdo de Ginebra y que por lo tanto esas rondas son ilegales por tratarse de áreas marítimas pendientes de delimitación.

Es necesario aclarar en este punto cuáles son los apoyos que tiene Guyana. En primer lugar, la empresa ExxonMobil es la que viene explotando esos recursos, con un nivel de impuestos casi nulo por parte del gobierno guyanés. Es por eso que ni  las empresas ni los gobiernos alineados con la OTAN que están apoyando a Guyana en este reclamo tienen interés de que sea puesto a discusión, dado que de tener que explotarlos con acuerdo del gobierno bolivariano, pagarían más impuestos.

Existe un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que ha fallado a favor de Guyana y que Venezuela desconoce, alegando que el fallo no cumple con el Acuerdo de Ginebra. Tanto el gobierno estadounidense como Luis Almagro apoyan la postura de Guyana en el litigio.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se propuso como mediador, a la vez que envió tropas a su frontera norte.

Finalmente, se produjo una reunión entre los presidentes de los dos países en San Vicente y las Granadinas, con presencia de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Si bien aún no se llegó a un acuerdo, se coincidió en que la resolución debe ser pacífica y deben bajar el nivel de tensión entre los países.

Encuentros al interior del campo popular

En momentos de grandes cambios e incertidumbres, se multiplican los espacios de debate en y entre las diferentes organizaciones y proyectos populares de todo el continente. Por razones de espacio aquí destacaremos apenas cinco, con intenciones de graficar la enorme diversidad y riqueza que atraviesa el campo popular, aún en una coyuntura de muchas dificultades para los proyectos interesados en construir unidad e integración continental.

La primera actividad tiene que ver con el cumpleaños número 10 de Nodal, un proyecto de noticias de América Latina y el Caribe que en esta década se ha convertido en un espacio comunicacional muy valioso, clave para acceder a un panorama de lo que sucede en Nuestra América y a partir de allí contribuir al conocimiento, al reconocimiento y a la construcción de vínculos entre los pueblos, diversos pero con tanto en común. Con motivo de esta celebración, Nodal organizó en septiembre el I Encuentro Internacional “Comunicación, política y poder en el siglo XXI”. El evento contó con varias actividades culturales y de debate, que fueron registradas por el propio proyecto de comunicación y están disponibles en su sitio web.

La segunda actividad que destacamos es el Encuentro Dilemas de la Humanidad, cuyo capítulo de América Latina y el Caribe se realizó en Santiago de Chile a principios de septiembre, como momento previo a la realización del Encuentro global, realizado en Johannesburgo en octubre. Allí, líderes políticos, activistas e intelectuales de todo el mundo participaron, generaron reflexiones y crearon una plataforma para la acción, con el fin de superar los principales retos que enfrenta la humanidad, entre ellos la organización de la clase trabajadora, la defensa de la vida y de la naturaleza, la construcción de sistemas realmente democráticos y el respeto a la soberanía.

La tercera es el 15° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), que se realizó a fines de noviembre en El Salvador, en el que participaron más de 1600 personas de 29 países. “Con el legado de las ancestras pusimos en palabras las tensiones que nos habitan y acordamos acciones para la soberanía sobre nuestros cuerpos y territorios mientras resistimos y proyectamos un mundo transfeminista”, sostiene la declaración final del encuentro, que en otro párrafo exige “que los Estados reconozcan el derecho a la justicia reproductiva, que garantice el derecho al aborto y a la maternidad, pues junto a la prohibición del aborto coexiste una mirada racista del derecho a gestar, parir y criar con dignidad, en particular a las mujeres negras, indígenas y migrantes”.

A su vez, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre se desarrolló en Caracas el Foro Internacional Antiimperialista Bolivarianismo vs. Monroísmo, a 200 años de la Doctrina Monroe, en el que participaron funcionarios, intelectuales y militantes de diferentes países del continente. “Las confrontaciones no han terminado todavía. Es la lucha entre un pueblo tratando de ser libre y otro pueblo tratando de dominarlo”, señaló Carlos Ron, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB).

Por último, para fines de febrero de 2024 fue reprogramada la Conferencia por la Integración de América Latina y el Caribe a realizarse en Foz de Iguazú. La actividad, que originalmente estaba prevista para diciembre, fue presentada por los ex presidentes de Uruguay, Pepe Mujica, y de Colombia, Ernesto Samper, junto a movimientos sindicales y sociales como ALBA Movimientos y la Confederación Sindical de las Américas. La convocatoria plantea la “defensa de la democracia, soberanía, los derechos de los pueblos, el antimperialismo, anticolonialismo, el respeto a la diversidad, el antirracismo, el feminismo popular y la lucha por la paz”, en un contexto que las organizaciones convocantes describen como “sumamente complejo para la región y el mundo”.

En perspectiva

El cierre del 2023 nos muestra un escenario atravesado por la inestabilidad política en América Latina y el Caribe. Las marchas y contramarchas, victorias y derrotas, integración y desunión,  estabilidad precaria y crisis caracterizaron a un continente en permanente movimiento, donde las izquierdas y progresismos buscan asentarse y las extremas derechas parecen ganar terreno en contextos de crisis social y puja distributiva. El año termina con no pocas incertidumbres, entre ellas la situación política en Argentina y en Guatemala, por mencionar dos de los procesos más intensos de los últimos meses. 

El 2024 será sin dudas un año donde se intensificarán muchos de los conflictos que fueron analizados en el informe. Habrá que prestar atención a la dinámica que la propia lucha de clases vaya configurando, en una región del mundo que se encuentra en plena disputa, como expresión de sus particularidades históricas y también como expresión no mecánica de conflictividades que trascienden a cada país porque forman parte del conflicto geopolítico a escala global.

En el segundo cuatrimestre de 2023 se han visto acentuadas en el mundo y en nuestro continente algunas tendencias previas, que son objeto de relevamiento y análisis en este informe número 21 del Observatorio de América Latina y el Caribe (OBSAL), del Instituto Tricontinental de. Investigación Social.

A nivel global, observamos, por un lado, la progresión acelerada del cambio climático como una de las dimensiones principales de la crisis civilizatoria ―de la civilización del capital―. Con olas de calor que rompieron los máximos históricos y tuvieron consecuencias como deshielos, incendios y sequías, se manifiesta de forma cada vez más urgente la necesidad de mitigar los efectos de esta era del “hervor global” ―como la calificó el secretario general de las Naciones Unidas― escuchando las propuestas de cambio inspirado en la justicia social y climática planteadas por los movimientos populares.

A su vez, el cambio climático está teniendo un impacto significativo en la producción agrícola, y esto ha llevado a un incremento en los precios de los alimentos. En ese marco, países como India y Rusia han limitado de distintas maneras su participación en el mercado mundial. Los precios del petróleo también han subido en los últimos meses. Estos eventos ocurren en un contexto en el que se espera una desaceleración de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una caída en las economías de los países desarrollados y un repunte en los países en desarrollo. La inflación mundial aún es alta, aunque ha disminuido. En este marco, la adopción de políticas económicas ortodoxas ha aumentado la desigualdad y el sufrimiento de los sectores populares y los países del sur global.

La segunda tendencia mundial que analizamos en este informe es la transición hegemónica global hacia un mundo multipolar, de la que ya hemos venido hablando y que ha sido reconocida ya por los líderes mundiales. Esta transición, sin embargo, choca con la dinámica guerrerista y la política imperialista de Estados Unidos, particularmente en nuestro continente, pero que también está presente en las guerras que están teniendo lugar en Europa y África, con gran participación de los países de la OTAN.

El foco del escenario guerrerista se viene desplazando desde Europa hacia África, luego de una contraofensiva ucraniana apoyada por la OTAN que no tuvo avances significativos. El golpe de Estado ocurrido en julio en Níger y la asunción de un gobierno crítico a la intervención francesa han aumentado la posibilidad de una tercera guerra en el continente. Este golpe se sitúa en una serie de golpes militares en los países de la región africana del Sahel ocurridos durante los últimos años. Muchos de estos nuevos gobiernos militares han adoptado posturas antiimperialistas respecto de los intereses de Francia y Estados Unidos y se han mostrado más cercanos a Rusia, en lo que parecieran presentarse como tensiones locales que expresan una confrontación geopolítica global.

Esta tendencia a la multiplicidad de focos de poder en el mundo también se ha expresado en las distintas cumbres internacionales que ocurrieron en los últimos meses, a nivel mundial y a nivel continental.

La más significativa de estas fue la Cumbre de los BRICS, en la que se definió ampliar el bloque, incorporando a seis países nuevos. Argentina es el único de nuestra región en incorporarse. Además de lo que el nuevo bloque BRICS+ va a representar a nivel mundial ―el 46% de la población mundial, el 36% del PBI y el control de la mayor parte de la producción de granos e hidrocarburos― resulta ineludible el debate sobre el dólar como moneda de intercambio global y su potencial declive, ya expresado en algunas cuestiones prácticas en intercambios que empiezan a realizarse en yuanes en países como Bolivia, Brasil y Argentina, por ejemplo.

Otra de las Cumbres relevantes a nivel geopolítico para nuestra región fue la realizada entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que, si bien no cristalizó avances específicos, de por sí expresa el interés de Europa en asegurarse mercados y recursos estratégicos y pone de relevancia el rol de la CELAC como organismo que tiene el potencial de ser un interlocutor que exprese las voces de la región.

En el marco del Mercosur volvieron a expresarse las diferencias que ya venían poniendo sobre la mesa países como Uruguay ―que no firmó el documento de la cumbre realizada en julio y quiere firmar un Tratado de Libre Comercio con China por su cuenta― y Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con China por su reconocimiento a Taiwán. Un tema importante para  el Mercosur es  la implementación del acuerdo con la Unión Europea, bajo negociaciones en este momento.

Cobra relevancia en el marco de estas tendencias globales descritas ―y especialmente en relación con la aceleración del cambio climático― la Cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), realizada en agosto, en la que se planteó una agenda de cooperación regional en relación con la Amazonía y su desarrollo.

La tendencia al multipolarismo se expresó también en la imposibilidad ―por el momento― de cerrar un acuerdo de intervención en Haití, donde varios países del Caribe y también Rusia y China expresaron reparos a una solución que no contemple la voluntad del propio pueblo haitiano.

En cuanto a movimientos populares, destacamos la realización de la Conferencia regional del encuentro Dilemas de la Humanidad, previa al encuentro global que se llevará a cabo en Sudáfrica en octubre. Es un espacio en el que referentes de movimientos populares de la región debaten sobre la coyuntura geopolítica actual y la construcción de un proyecto emancipatorio y de unidad para la región.

En cuanto a las subregiones que abordamos en nuestros informes, se ha observado en el Cono Sur una tendencia a la derechización general, caracterizada principalmente por el sorpresivo triunfo de la ultraderecha en las elecciones primarias de Argentina pero matizada por las políticas que viene implementando Lula Da Silva en Brasil.

En las elecciones primarias de Argentina en agosto, el candidato de la ultraderecha obtuvo un inesperado 30% y quedó en primer lugar en una elección dividida en tercios, en la que el oficialismo quedó en tercer lugar por un escaso margen. En un marco de crisis económica creciente y de tensiones con el FMI ―que ejerce prácticamente un cogobierno en el país―, al gobierno argentino le queda intentar revertir esta situación con políticas compensatorias o de redistribución del ingreso. La elección ―crucial para la orientación que tendrá nuestra región en los próximos años― tendrá su primera vuelta en octubre y, en caso de haber segunda vuelta, se realizará en noviembre.

En Brasil, el tercer gobierno de Lula está logrando algunos avances, aunque con las limitaciones propias de una alianza amplia que tenía el primer objetivo de sacar a Bolsonaro de la presidencia. Algunas políticas recientes incluyen la ampliación del acceso a la educación y el Programa de Aceleración del Crecimiento con inversiones en diversas áreas. Hay mejoras en los indicadores socioeconómicos, una tasa de desempleo baja y una inflación controlada. Sin embargo, persisten limitantes como las altas tasas de interés, la rigidez fiscal y la reforma tributaria que no termina de atacar la desigualdad.

En Chile, la derecha, liderada por Juan Antonio Kast, ha ganado terreno en las elecciones de consejeros constituyentes, donde obtuvo un primer puesto, obteniendo 23 de los 50 lugares. El gobierno de Gabriel Boric ha visto nuevamente una disminución en su popularidad en las encuestas. Ha propuesto medidas tributarias para fortalecer la recaudación y que eso permita mejorar el sistema de salud, las pensiones y el servicio de justicia y seguridad. Pero del otro lado, enfrenta un escándalo de corrupción que llevó a la renuncia de un ministro, tensión con los docentes y la mala noticia de que el país ingresó en una etapa recesiva, caracterizada por la caída del PBI en los últimos tres trimestres. En este marco, el gobierno busca acuerdos con la derecha para garantizar su gobernabilidad, y está entablando conversaciones para generar consensos para llevar a cabo reformas impositivas. También ha expresado una posición conservadora en relación con el conflicto entre comunidades originarias y empresarios.

En Paraguay, Santiago Peña asumió la presidencia, para la cual había sido electo en marzo. Si bien hay una continuidad en términos partidarios, el nuevo presidente pertenece a otra corriente interna del Partido Colorado. Ni en su discurso inicial ni en la composición de su gabinete pareciera haber muestras de abordar uno de los problemas estructurales del país, que es la distribución desigual de tierras y la situación del campesinado. Miembro fundador del “Grupo Libertad y Democracia”, espacio alineado con la derecha y considerado un contrapeso al Grupo de Puebla, Peña inició su gobierno en el plano internacional en tensión con el gobierno argentino y con desafíos en sus relaciones con Estados Unidos, debido a las acciones legales que el gobierno de Biden llevó a cabo contra miembros de su partido durante el último año.

En Uruguay, el período se destacó por la crisis hídrica en Montevideo, que se convirtió en la primera capital del mundo en quedarse sin agua para consumo humano. Esto fue precedido por una sequía y no hubo infraestructura suficiente para abordarlo a tiempo. En lo político, este país también está atravesado por la tendencia a la derechización general y, en ese marco, el gobierno firmó un acuerdo militar de “apoyo mutuo” con Estados Unidos. El año que viene hay elecciones, y esto habilita a que, junto con las candidaturas, se propongan temas a llevar a plebiscito, por lo cual ya hay sectores planteando cuestiones a ser llevadas a esa instancia. Uno de ellos es el PIT-CNT, que impulsará un plebiscito contra la reforma de seguridad social que impulsa el gobierno. De cara a las elecciones, por ahora el tablero político aparece dividido en dos mitades, una hegemonizada por la Coalición Multicolor liderada por el Partido Nacional y otra hegemonizada por el Frente Amplio. Cada frente político se encuentra en debates internos respecto a propuestas, estrategias y candidaturas.

En la región andina, el centro de atención está puesto en las elecciones presidenciales de Ecuador. En un contexto crítico para el país, como consecuencia de las políticas neoliberales de Guillermo Lasso y la escalada de violencia y asesinato a uno de los candidatos presidenciales, el proceso electoral desembocó en una segunda vuelta. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se medirá con el derechista Daniel Noboa, en un balotaje que marcará el rumbo no solo de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino que tendrá su impacto en el proceso de integración regional. Además, el pueblo ecuatoriano votó masivamente en rechazo a la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní.

Otro país que se prepara para su contienda electoral es Venezuela. Las presidenciales del 2024 enfrentarán a la revolución bolivariana liderada por Nicolas Maduro, que representará nuevamente al Gran Polo Patriótico ante una oposición difusa, sin candidatos claros, pero con la brújula hacia la derecha y al norte cada vez más acentuada.

Cruzando la frontera venezolana nos encontramos con Colombia, cuyo gobierno encabezado por Gustavo Petro cumplió un año. La bocanada de esperanza que representó la llegada del actual Presidente tuvo sus primeros efectos en materia de política internacional y nacional. Sus intervenciones en cumbres internacionales, en particular en temas como la lucha contra el narcotráfico y la justicia ambiental, son muy importantes. Además, está teniendo un rol destacado en el impulso de procesos de integración regional. En el plano interno, viene promoviendo una agenda de justicia social de inclusión hacia los excluidos y excluidas. Y promueve una serie de reformas de salud, laboral y de pensiones que encontró un fuerte rechazo en la oposición. Estos sectores, articulados mediática y judicialmente buscan desestabilizar al gobierno con acusaciones falsas, mientras callan las atrocidades cometidas por el gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú, que enfrenta una dura resistencia por parte del pueblo peruano que busca frenar la escalada represiva y extranjerizante.

Bolivia sigue su camino por políticas soberanistas, buscando industrializar sectores estratégicos como el Litio. Además, el partido gobernante —MAS— debe resolver tensiones a su interior, que al decir de García Linera, pueden ser destructivas o creativas. La disputa por el liderazgo entre Arce, Choquehuanca y Evo Morales amenaza no sólo la unidad política del partido, sino también del propio gobierno.

Yendo hacia Mesoamérica, en México nos encontramos con una realidad política con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Oficialismo y oposición definieron candidaturas en procesos de elección interna que no estuvieron exentos de tensiones y, como en el caso de Morena, amenazan la unidad política. Claudia Sheimbaum representará al partido liderado por López Obrador y Xóchitl Gálvez lo hará por el frente opositor Frente Amplio por México, que reúne a los tradicionales partidos PRI, PAN y PRD. Resta por ver el papel que tendrá el ex canciller Marcelo Ebrard en la contienda electoral ante los rumores de una posible candidatura por fuera del morenismo, luego de perder su interna.

Una tendencia siempre analizada en nuestros informes es la crisis migratoria que golpea a la región mesoamericana. Contra toda esperanza de los grupos migrantes que se encuentran de uno y otro lado de la frontera que separa el Río Bravo, el fin del Título 42 devino en un recrudecimiento de las políticas antimigratorias por parte de EE UU. Una problemática que amenaza con agudizarse en un contexto de crisis social, económica e inestabilidad política.

Los procesos electorales y el sistema político en los países centroamericanos penden de un hilo fino, en un contexto de múltiples crisis sociales y económicas que generan descontento social y unas oligarquías que no están dispuestas a perder su poder. Tanto en Guatemala como en Honduras la amenaza de un golpe de Estado acecha a sus democracias. En el caso del país que preside Xiomara Castro, los militares responsables del golpe a Zelaya en 2009 vuelven a amenazar con  atentar contra el orden constitucional, al tiempo que la oposición se reorganiza en el Bloque de Oposición Ciudadana para desgastar en la calle al gobierno y bloquear en el Congreso Nacional sus iniciativas. Castro se encuentra en uno de los momentos más delicados desde que es Presidenta, pero con un fuerte apoyo social y demostración en la movilización popular.

El pueblo guatemalteco expresó su voluntad de cambio eligiendo como nuevo presidente a Bernardo Arévalo del partido Semilla. Las elecciones estuvieron atravesadas por la judicialización electoral que entre proscripciones y no aceptación de los resultados electorales amenazaron con clausurar la voluntad popular que dijo basta del “pacto de corruptos”. Si bien la victoria de Arévalo ha sido oficializada, el camino a su asunción como mandatario no será fácil, ya que entre bambalinas —y no tanto— sectores judiciales, políticos y empresariales mueven sus fichas para evitar que esto suceda; o en todo caso condicionar al próximo gobierno.

En El Salvador, el autoritarismo de Bukele se consolida a medida que quiebra toda legalidad del Estado de derecho. A la vez que sigue extendiendo el régimen de excepción enmarcada en su “guerra contra las pandillas”, se postula para la reelección presidencial de 2024. La nueva postulación del mandatario es inconstitucional pero fue avalada por miembros del Poder Judicial elegidos por su partido.

Yéndonos para las aguas del Caribe, este informe detalla el agravamiento de la crisis social, sanitaria y política en Haití, a dos años de un magnicidio cuya investigación sigue sin avanzar, y en el marco de un gobierno de facto que aún no ha llamado a elecciones. En ese contexto, avanzan las propuestas injerencistas de Estados Unidos y sus aliados desde distintos organismos internacionales, en los que Rusia y China son quienes vienen jugando un rol de contrapeso, poniendo nuevamente en jaque a la hegemonía del mundo unipolar de la que venimos hablando.

Por otro lado, Cuba sigue surfeando la ola de cambios que son parte del reordenamiento económico que empezó con la  Reforma Constitucional de 2019 y que están produciendo modificaciones en la estructura económica y estatal del país. Este informe analiza en detalle la situación macroeconómica actual, atravesada por la inflación, el desdoblamiento del tipo de cambio y la reciente constitución de pequeñas y medianas empresas privadas. Estas reformas se dan en el marco de una crisis provocada principalmente por el bloqueo económico, profundizado durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y que no ha retrocedido en la gestión Biden.

Así entonces, presentamos en este informe los principales acontecimientos, tensiones y análisis del panorama regional, buscando sumar un aporte desde el Tricontinental y la visión de los movimientos sociales al debate sobre los escenarios posibles a nivel continental y global.

Panorama general: La dinámica de la crisis civilizatoria: agudización del cambio climático, efectos socioeconómicos y expansión de los tambores de guerra

En la era del hervor global

Lo sucedido en el segundo cuatrimestre del 2023 —periodo que examinamos en este informe— en relación con la evolución de la crisis climática arroja evidencias sumamente preocupantes. Por una parte, la Organización Meteorológica Mundial señaló que atravesamos los dos meses de julio y agosto más cálidos de la historia de la humanidad. Por otra parte, también en los últimos meses se alcanzaron nuevos récords en la elevación de la temperatura de superficie en el Atlántico Norte, en la de los océanos a nivel global y en la retracción del hielo antártico, que alcanzó un nuevo límite, superando la disminución histórica del 2016 pero varios meses antes, en plena temporada fría. La combinación de estos registros motivó incluso que los científicos alertaran sobre el peligro de estar frente a un cambio profundo de las corrientes marinas que regulan la temperatura y la vida a nivel global.

Mientras tanto, en la superficie terrestre, una ola de calor recorrió y recorre el hemisferio norte, superando marcas históricas de temperatura, secando territorios y desplegando un cinturón de fuego que asoló el bosque boreal en Canadá (todavía ardiendo), la isla Maui en Hawai, las islas griegas (Corfu) y el continente, y las islas españolas (Tenerife) en el Mediterráneo, entre los casos más trágicos y conocidos.

La situación es tan grave que el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa especialmente convocada sobre el tema el pasado 27 de julio, afirmó dramáticamente que “la era del calentamiento global ha terminado; ha llegado la era del hervor global. […] El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es sólo el principio. […] La única sorpresa es la velocidad del cambio. […] Las consecuencias son claras y trágicas”. Y dirigiéndose a los líderes mundiales, tomando como propias las claras advertencias formuladas por tantos activistas y movimientos sociales en el pasado, exclamó: “No más vacilaciones. No más excusas. Basta de esperar a que otros actúen primero. Ya no hay tiempo para eso. Todavía es posible […] evitar lo peor del cambio climático. […] Pero sólo con una acción climática drástica e inmediata. […] No más green washing [maquillaje verde].  No más engaños” (la traducción del inglés es nuestra).

Nuestra América no escapa a esta emergencia climática. Mientras en el norte de la región se sufre una intensa ola de calor y un ciclo de tormentas y diluvios extraordinarios, en Sudamérica también se experimenta otra ola de calor más tenue pero en plena temporada invernal, que supera varias marcas históricas anteriores. No es necesario señalar sus consecuencias negativas sobre los glaciares y nieves andinas, sobre la disponibilidad de agua dulce y sobre el rendimiento de los cultivos. Y lamentablemente, todo ello no es una novedad. La prolongación del evento climático de “La Niña” a lo largo de los últimos tres años, tras la intensificación de estos fenómenos bajo la crisis climática, ya descargó sobre parte de la región intensas olas de calor y sequías, agudizadas a su vez por el extractivismo. Allí se cuenta la escasez de agua dulce que obligó a utilizar de manera creciente fuentes salobres volviendo imbebible el agua de grifo para los habitantes del área metropolitana de Montevideo, donde se concentra casi el 60% de la población del país. O la sequía que impactó en la producción agrícola en Argentina, reduciendo las cosechas —con casi un 50% de pérdidas— y las exportaciones entre 2022 y 2023, acentuando la difícil situación económica que vive este país. O la disminución del volumen del agua del lago Titicaca —centro de la vida social y económica del altiplano desde el imperio Inca—, que hoy se acerca a niveles críticos.

Hoy esta progresión acelerada del cambio climático se constituye en una de las dimensiones principales de la crisis civilizatoria —de la civilización del capital—, que venimos examinando en esta sección en los últimos informes. En esta dirección, las previsiones científicas estiman que el 2023 puede convertirse en el año más cálido desde que se tienen registros. Ya en el informe anterior habíamos citado el documento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, Global Annual to Decadal Climate Update) que alertaba que muy probablemente la temperatura media mundial anual superará los 1,5 °C al menos en un año de los próximos cinco y, posiblemente, en todo ese periodo. En este caso, frente a la llegada del fenómeno del Niño a la región, con las estimaciones de que sea en realidad un “super Niño”, otras estimaciones señalan la posibilidad de alcanzar nuevos récords de temperaturas, secuencias de olas de calor continuas y lluvias torrenciales. Esos diluvios castigaron, en los inicios de septiembre, a Grecia, Turquía, Brasil y convocaron las grandes tormentas que avanzaron desde el Caribe hacia el continente. Así también, en esas fechas, el secretario general de Naciones Unidas volvió a afirmar que “el colapso climático ha comenzado…[y] nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta”. Las banderas de un cambio inspirado en la justicia social y climática y los caminos efectivos de una transición socio-ecológica planteados por los movimientos populares se tornan hoy más imperiosos y apremiantes. En esta dirección, es posible y necesario desarrollar un plan de mitigación y adaptación popular de emergencia frente al avance de la crisis climática.

La dimensión socioeconómica de la crisis civilizatoria: de la inflación y recesión a las políticas de ajuste y la deuda

Por lo señalado hasta aquí, pueden percibirse las consecuencias sociales y económicas que trae aparejado el cambio climático. Entre todas ellas, su impacto en la producción agrícola conlleva un incremento de los precios de estos bienes. En estos meses, eso llevó al gobierno indio a prohibir la exportación de arroz blanco no basmati (27/7), cuyo cultivo había sido afectado por la corriente de “El Niño”, para asegurar el abastecimiento de su mercado interno, siendo el principal comercializador mundial de esta gramínea (aproximadamente el 40% del mercado). Sumada la decisión de Rusia de no renovar su participación en la iniciativa de cereales del Mar Negro (17/7), los precios de algunos alimentos comenzaron a incrementarse en las últimas semanas, aunque todavía están lejos de alcanzar los valores records del año pasado. En similar dirección, también el precio del petróleo aumentó en los últimos meses, aún sin llegar a los niveles récords del 2022.

Estos acontecimientos tienen lugar cuando los organismos internacionales, por ejemplo el FMI, estiman para este año una desaceleración de la economía mundial, aunque menor a la esperada en abril pasado, que pasaría de un crecimiento del Producto Bruto global del 3,5% en 2022 a 3% en 2023. Pero este pronóstico global promedia situaciones muy diferentes. Así, se estima una caída significativa en las economías de los países del antiguo centro del capitalismo (un 1,5% respecto del año anterior) y, por otro lado, un repunte de las de los países considerados “emergentes y en desarrollo” (del 3,1 al 4,1 en 2023). Asimismo, los pronósticos del FMI respecto de la inflación mundial para 2023 continúan siendo altos, aunque también menores que los del año pasado (del 8,7 al 6,8%).

Sin embargo, más allá de estas estimaciones de que “la economía mundial está encaminada”, la afirmación de una política económica ortodoxa como respuesta a la crisis ha incrementado los padecimientos de los sectores populares y los países del sur global. Así, según el reciente informe de OXFAM y ActionAid, 722 de las mayores empresas del mundo obtuvieron conjuntamente más de 1 billón de dólares anuales en beneficios extraordinarios en los últimos años, un incremento del 89% respecto al periodo pre pandemia, “aprovechando para subir precios y obtener beneficios desmedidos, saqueando a las personas bajo el pretexto de una policrisis”. La intensificación de este proceso de polarización (desigualdad) social se refleja en que “la riqueza extrema y la pobreza extrema se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años”. En similar dirección, en 2023 un número creciente de países del sur global han adoptado planes de ajuste estructural bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, la política de incremento de las tasas de interés ha supuesto una nueva amenaza para las familias y para los países altamente endeudados.

De la guerra en Europa a la amenaza de una nueva guerra en África

En el teatro de la guerra europea, en los inicios del segundo cuatrimestre del año comenzó finalmente la esperada contraofensiva ucraniana. Sin embargo, más allá de los anuncios, a lo largo de estos meses esta ofensiva militar no obtuvo ningún avance ni éxito significativo. El fracaso de esta operación, reconocido  hoy incluso por medios y especialistas “occidentales”,  supuso, de cierto modo, la prolongación de la estrategia rusa de guerra de desgaste que examinamos en nuestro informe anterior. Así, basado en el control aéreo y el poder de fuego de su artillería y misiles, las fuerzas rusas han rechazado hasta ahora todos los intentos de romper su frente, sometiendo a sus oponentes a una pérdida repetida de soldados y equipos. El conflicto entre el Grupo Wagner y el gobierno ruso acontecido en junio no alteró esta situación. Por otra parte, las limitaciones de la ofensiva ucraniana implicaron un mayor involucramiento de EE. UU. y Europa tanto en la dirección, entrenamiento y provisión de fuerzas militares —de modo directo o indirecto— como en el financiamiento, inteligencia y entrega de armamento —por ejemplo, los tanques Challenger y Leopard a partir de marzo; los sistemas Patriot en abril; las bombas de racimo prohibidas internacionalmente en julio; y el anuncio de entrega próxima de aviones F 16—. Un involucramiento que transparenta trágicamente la participación de la OTAN en el conflicto y amenaza permanentemente con su mutación en guerra global o nuclear. Estos peligros se hicieron presentes particularmente a principios del mes de junio con la voladura de la represa de Kajovka y, a principios de julio, con las amenazas de ataque a la central nuclear Zaporiyia, ambas bajo control ruso.

A fines de julio un golpe de estado en Níger y la asunción de un gobierno crítico de la intervención francesa desplazó el escenario guerrerista al África, haciendo sonar los tambores de una tercera guerra africana, tras la primera (1996-1997) y segunda (1998-2003) guerras del Congo. Agravados por la intervención militar de la OTAN en Libia y la profundidad de la crisis social, las tensiones y conflictos en diferentes países de la región del Sahel desembocaron en los últimos años en una serie de golpes y enfrentamientos militares (al ya mencionado en Níger deben sumarse los acontecidos en Malí, Chad, Guinea, Sudán y Burkina Faso, y el reciente en Gabón). En muchos de estos casos, los nuevos gobiernos militares adoptaron una orientación antiimperialista contraria a los intereses estadounidenses y franceses. Centrales en la provisión de minerales críticos a estos países y en su operatividad militar en la región; el acercamiento a Rusia y la presencia del Grupo Wagner muestran cuánto de estos cambios políticos y la creciente tensión militar expresan localmente también una confrontación geopolítica global y la dinámica de la transición hegemónica que examinamos en el punto siguiente. En este caso, la amenaza de intervención militar desatada contra el nuevo gobierno militar de Níger por la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) —particularmente por la alianza entre Nigeria, Benin, Ghana y Senegal— apoyada por EE. UU. y Francia desembocó en las declaraciones de Mali y Burkina Faso de apoyo y disposición de intervenir en la posible guerra a favor de Níger. Así, mientras se ejercen múltiples presiones económicas y diplomáticas e intentos de desestabilización sobre el nuevo gobierno militar, el escenario de una nueva guerra africana sigue abierto, dando cuenta de la trágica dimensión guerrerista de la crisis civilizatoria que afrontan hoy los pueblos.

La dinámica de la crisis de la civilización del capital en la transición global

“Nos encontramos ahora en un punto de inflexión. El período posterior a la Guerra Fría ha terminado. Se está produciendo una transición hacia un nuevo orden mundial. Aunque sus contornos aún están por definir, dirigentes de todo el mundo se han referido a la multipolaridad como uno de sus rasgos definitorios. En este momento de transición, las dinámicas del poder se han fragmentado cada vez más a medida que surgen nuevos polos de influencia, se forman nuevos bloques económicos y se redefinen los ejes de las disputas. Existe una mayor competencia entre las grandes potencias y una pérdida de confianza entre el Norte Global y el Sur Global. Distintos Estados tratan cada vez más de reforzar su independencia estratégica, al tiempo que intentan maniobrar por encima de las líneas divisorias existentes. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la guerra en Ucrania han acelerado este proceso”. Estas palabras del Secretario General de Naciones Unidas, escritas en la introducción del documento Nueva Agenda de Paz de julio pasado, dan cuenta del reconocimiento internacional de que nos encontramos en un período de cambio de la hegemonía global aunque, como lo señala Vijay Prashad, al “no proporcionar un análisis específico de la situación actual […], acaba aportando el tipo de soluciones vagas”.

En esta dirección, la convocatoria de la ONU para una Cumbre para el Futuro a celebrarse en septiembre de 2024 para construir una transición negociada tropieza con la dinámica guerrerista desplegada por EE. UU. en respuesta a su declinación hegemónica; la reorganización de la globalización neoliberal y sus cadenas globales de producción y consumo en términos de bloques regionales cada vez más cerrados bajo políticas proteccionistas;  y la aceleración y tensión creciente entre los procesos de desdolarización e intervencionismo imperialista en el sur del mundo.

Todo esto se relaciona centralmente con la estrategia del imperialismo estadounidense, así como con la dinámica —compleja, dinámica, pero donde se observan ciertas tendencias significativas— de los procesos de  integración y de disputas que atraviesan el continente y el mundo. Estos temas los abordamos en el punto 2 de este informe.

Imperialismo e integración en Nuestra América

BRICS+ ¿camino a la desdolarización?

Una confirmación del giro hacia un mundo multipolar lo ofreció la ampliación del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con la decisión sobre la incorporación de Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

La decisión fue tomada —luego de algunas vacilaciones y matices entre los presidentes— en la XV Cumbre del bloque, desarrollada en Johannesburgo el 23 y el 24 de agosto. De esta manera, de no haber imprevistos, a partir del 1º de enero de 2024 la asociación de países se convertirá en BRICS+ y reunirá el 46% de la población mundial, el 36% del PBI y una enorme potencialidad estratégica, al controlar la mayor parte de la producción de granos e hidrocarburos. Este perfil podría incluso consolidarse con una eventual incorporación de países como Bolivia, Venezuela, Nigeria, Argelia y Bahréin, algunos de los muchos países interesados en sumarse [1, 2].

Respecto al alcance de la incorporación en el continente americano, en primer lugar hay que destacar que Argentina es el único de los países invitados que pertenece a la región. Su ingreso al bloque en esta primera etapa de ampliación se debe en gran parte al trabajo del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva. La presión del líder sudamericano llegó incluso a ser explícita, mientras se desarrollaba la propia reunión y circulaban versiones extraoficiales respecto a que no habría avances en ese sentido. El apoyo de China habría desequilibrado la balanza a favor del país sudamericano.

El segundo punto a señalar es que la incorporación se hace efectiva el 1º de enero de 2024. Esto tiene su relevancia particular, porque en esa fecha habrá un nuevo gobierno en Argentina. Hasta el momento, de los tres espacios políticos con posibilidades de alcanzar el gobierno a través de las elecciones generales de este año, los dos de oposición —expresados por las candidaturas de Javier Milei y Patricia Bullrich— se manifestaron en contra de la incorporación del país al BRICS+. Se trata de un posicionamiento que va a contramano de los intereses económicos de grandes empresarios y en general de los propios indicadores de la economía argentina, como lo recordó el candidato del peronismo, Sergio Massa, en la reunión anual del Consejo de las Américas, expresión de los intereses norteamericanos en el país. El proceso de acercamiento al bloque atravesó diferentes gobiernos en los últimos quince años: fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, continuó tibiamente incluso con el de Mauricio Macri —que participó de la X Cumbre de presidentes, también realizada en Sudáfrica en julio de 2018— y luego con el de Alberto Fernández, que culmina su mandato el 10 de diciembre.

Para Argentina, se trata de una noticia importante no solo para fortalecer su comercio exterior, sino también por la posibilidad de acceder a financiamiento del Nuevo Banco de Desarrollo, que dirige la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y que algunos analistas señalan que puede jugar un papel importante como alternativa al FMI.

Por su peso específico, la potencialidad del bloque es ineludible en muchos aspectos económicos y políticos, pero hay un debate en particular al que hay que prestarle mucha atención y tiene que ver con el potencial declive del dólar como moneda de intercambio a nivel global. En este sentido, hay movimientos de varios países en función de reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Por ejemplo, en los últimos meses fue notorio el aumento en la importancia del yuan para países como Bolivia, Brasil y Argentina, en este último caso además con el agregado —de alta carga simbólica, además de práctica— de que en julio comenzó a utilizar la moneda china para afrontar vencimientos de deuda con el FMI.

En los días previos a la Cumbre de Johannesburgo, desde diferentes enfoques algunos analistas [1, 2] especularon con la posibilidad del lanzamiento de una moneda común del bloque. Esto no sucedió, pero el tema cobra cada vez más importancia pública y fue incluido en temas a trabajar: “Encomendamos a nuestros Ministros de Finanzas y/o Gobernadores de Bancos Centrales, según proceda, a que examinen la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas y nos informen al respecto antes de la próxima Cumbre”, señala el punto 45 de la declaración final.

Precisamente, el flanco financiero es el que destaca el profesor José Lui Fiori en una entrevista publicada dos días después de la Cumbre de Sudáfrica. El profesor de Economía Política Internacional sostiene que el mayor golpe económico a los intereses estadounidenses y del G7 vendrá por el lado de la desdolarización, lo cual “golpeará duramente al dólar y al poder monetario y financiero de Estados Unidos”.

Sobre el punto, Fiori analiza que “en la reunión de Johannesburgo no se creó una nueva moneda ni se discutió abiertamente sobre su creación. Pero sí anticipó discretamente la sustitución del dólar en las transacciones energéticas entre los países miembros del grupo y entre éstos y todas sus ‘zonas de influencia’. Y éste es quizás el mayor golpe hasta la fecha contra la hegemonía del dólar desde los Acuerdos de Bretton Woods en 1944, y desde el gran acuerdo firmado entre Estados Unidos y Arabia Saudí poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció y garantizó la intermediación del dólar en todas las grandes operaciones del mercado mundial del petróleo”.

Para calibrar la importancia de los debates y las acciones en curso, Fiori plantea que lo sucedido en la Cumbre supone “una verdadera ‘explosión sistémica’ del orden internacional construido y controlado por los europeos y sus descendientes directos hace al menos tres siglos”. Aunque aclara que se trata de un proceso donde los efectos y las consecuencias más importantes no serán inmediatos, “sino que se manifestarán en forma de oleadas sucesivas y cada vez más poderosas”.

Por último, y en retroalimentación con este proceso que podemos caracterizar de aceleración de la transición hacia un mundo multipolar, también hay que mencionar el permanente crecimiento de las relaciones comerciales, económicas y financieras entre China y la región, en particular a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como indican diversos reportes [1, 2].

A pesar de que oficialmente la respuesta del gobierno de EE. UU. fue restarle importancia a la Cumbre, la evolución de los acontecimientos necesariamente debe ser materia de seguimiento por parte de todos los organismos vinculados al análisis de la política internacional. También es terreno donde ya se juegan operaciones discursivas tendientes a impulsar una narrativa de “buenos” y “malos”, en la cual por un lado estaría la civilización occidental —expresada por EE. UU. y Europa Occidental— y por otro el “mundo autoritario”, cuya expresión serían China, Rusia e Irán. Se trata de la narrativa de la Nueva Guerra Fría, que EE. UU. intenta instalar en el contexto de este momento particular de disputa geopolítica.

Cumbre CELAC – Unión Europea

Otro de los temas relevantes del segundo cuatrimestre de 2023 fue la realización, por primera vez en ocho años, de una Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El encuentro se desarrolló en Bruselas a mediados de julio y no ofreció grandes novedades respecto a avances concretos, aunque en estos casos la propia realización del evento es de por sí una señal política relevante.

En este sentido, hay que destacar el esfuerzo en la Unión Europea por retomar su vínculo con los Estados surgidos del proceso de liberación de sus ex colonias en América Latina y el Caribe. Estos esfuerzos se dan en momentos en que Europa como espacio geopolítico aparece como una deslucida infantería de la diplomacia norteamericana, sujeta a los costos directos sin recibir los beneficios de ponerle el pecho a las balas de la factura energética, el éxodo de empresas y el riesgo de la desindustrialización [1, 2, 3, 4].

Desde la UE destacaron el relanzamiento de la relación y un importante nivel de inversiones en América Latina y el Caribe, que alcanzará un monto de 45 mil millones de dólares, de acuerdo a lo que indicó la presidenta del organismo europeo, Ursula von der Leyen, en su discurso. También señalaron su satisfacción por la inclusión en una declaración conjunta del rechazo a la guerra en Europa, punto que fue acompañado por todos los Estados presentes, excepto Nicaragua. Previo al encuentro, se rechazó la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

Otros puntos destacados tuvieron que ver con el asedio de los sectores conservadores de Europa hacia Cuba, rechazados enérgicamente por el gobierno caribeño, y por el reconocimiento de una disputa por soberanía sobre las Islas Malvinas, archipiélago del Atlántico Sur ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

Para América Latina y el Caribe, la propia negociación en conjunto, incluso con las complejidades que significa eso y las tendencias diversas que se manifiestan detrás de cámara, el reconocimiento del rol de la CELAC significa un hito importante, en particular en momentos de reconfiguración del orden global y considerando que se trata de un organismo que hasta hace unos escasos tres años y medio estaba sin actividad. De cara al futuro inmediato, desafiada por los propios procesos internos, la región tiene el desafío de consolidar este organismo como un interlocutor privilegiado, en un marco de diversas iniciativas, no todas exentas de tensiones.

Mercosur: más diferencias que coincidencias

A principios de julio se realizó la cumbre presidencial de cada  semestre y nuevamente Uruguay se diferenció del resto de los integrantes del bloque y no firmó el documento acordado por las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay. El principal punto de diferencia es el intento de Uruguay por firmar un Tratado de Libre Comercio con China por su cuenta, posibilidad que está vetada por la normativa del Mercosur. El resto de los países está de acuerdo en iniciar conversaciones pero de conjunto.

Una complejidad adicional es la política exterior de Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con el país asiático por su reconocimiento a Taiwán, aunque este tema está puesto en debate por los propios empresarios paraguayos, como reconoció en julio el presidente Santiago Peña en Taipei, al defender su alineamiento con la provincia separatista, respaldada también por EE. UU.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado hace ya cuatro años, todavía continúa sin implementarse, a partir de diferencias en la letra chica. La última novedad, en este sentido, tiene que ver con el anuncio por parte de la Unión Europea de nuevas normas ambientales, que se encuentran en discusión por parte de los países sudamericanos. En sintonía con el rol global de Brasil en esta nueva etapa, Lula es el presidente que encabeza las declaraciones más fuertes por parte del Mercosur. Y presiona para una definición. “Brasil quiere y necesita el acuerdo. Pero quiere ser tratado en igualdad de condiciones”, señaló a principios de septiembre, en una enérgica protesta.

Algunos análisis destacan la importancia que tiene en particular para la Unión Europea la posibilidad de este acuerdo, que le permitiría consolidar una asociación ventajosa en varios sectores industriales y asegurarse la provisión de bienes estratégicos, sin olvidar que todo esto se desarrolla con el telón de fondo de la transición global y el reposicionamiento de diferentes bloques geopolíticos, con bordes que por momentos parecen difusos. “Una cooperación más estrecha en términos de materias primas críticas sobre la base del acuerdo podría estimular una dinámica de inversión positiva en el sector de materias primas y contrarrestar, así, las ambiciones de China en Sudamérica”, señala un artículo firmado por analistas alemanes.

Al cierre de este informe, imprevistamente se sumó un tema conflictivo a la relación entre los países del Cono Sur y tiene que ver con la navegación de uno de sus ríos más importantes: el Paraná. Tras un reclamo inicial de Paraguay contra el cobro de peajes por parte de Argentina a las embarcaciones de esa nacionalidad, a principios de septiembre se sumaron a la posición paraguaya los gobierno de Brasil, Uruguay y Bolivia, reabriendo el debate sobre el rol de la llamada Hidrovía Paraguay – Paraná, estratégica para la subregión.

Cumbre Amazónica y relanzamiento de la OTCA

Convocada por Lula en Belém do Pará, a principios de agosto se realizó la Cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con la participación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El objetivo declarado es «rescatar» los principios contenidos del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, en el marco de la crítica situación del pulmón del planeta, a causa de la deforestación.

Un detallado informe publicado en CELAG luego del encuentro destaca que “se inaugura una nueva etapa en la cooperación entre los países de la Amazonía, con una política común para el desarrollo sostenible, basado en relaciones simétricas que garanticen que los recursos se exploten en beneficio de todos y no sólo de unos pocos”.

La realización de la Cumbre fue acordada a principios de 2023 por Lula y el presidente de Colombia Gustavo Petro. “Ambos presidentes colocan la cuestión ambiental en el centro de la agenda, con un contrapunto importante en cuanto a la explotación o no de hidrocarburos en áreas de selva”, señala el análisis.

Entre los puntos más relevantes de la reunión, las investigadoras Tamara Lajtman y Silvina Romano incluyen el establecimiento de una nueva agenda común de cooperación regional a favor del desarrollo sostenible de la Amazonía, el lanzamiento de la Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación, la creación de un centro de cooperación policial y un sistema integrado de tráfico aéreo, la revitalización del Parlamento Amazónico, la creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible y la refundación de la  propia OTCA. Entusiasmado con estos avances, el presidente Lula se refirió al nacimiento de “un nuevo sueño amazónico”.

Caricom, 50 años

En el marco del 50º aniversario de la Comunidad del Caribe (Caricom), se llevó a cabo la 45^a Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno del 3 al 5 de julio en Trinidad y Tobago.

Las dos cuestiones tratadas más destacables son la propuesta de reactivación de un Espacio Doméstico Único para la libre circulación de sus ciudadanos y ciudadanas y la continuidad del debate respecto de qué tipo de apoyo brindar a Haití (esto se desarrolla en el apartado de Caribe Insular). En el aspecto económico, se viene trabajando por el establecimiento de un Mercado y Economía Únicos de CARICOM (CSME). Estuvo presente también la cuestión del cambio climático y el financiamiento de acciones para abordar su impacto, y se estableció un subcomité para definir un enfoque regional de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28). Se trabajó también sobre cómo viene avanzando la propuesta de un sistema agroalimentario regional para garantizar la seguridad alimentaria. En términos geopolíticos, la declaración final incluye una expresión de rechazo hacia las “sanciones” a Venezuela y el “embargo” a Cuba y piden su eliminación y levantamiento. También se posicionaron sobre los conflictos de fronteras entre Guyana y Venezuela y Belice y Guatemala, apoyando la “preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana y Belice”.

La cumbre tuvo diversos invitados, entre los que vale destacar la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a quien se le señaló la preocupación por el aumento de flujo de armas ilegales desde Estados Unidos hacia la región.

Semanas después de la cumbre, el presidente de Ucrania, Volodímyr Zelensky, quien había estado presente en la cumbre anterior, envió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido de la región.

Disputa estratégica por el rol de América Latina y el Caribe

Los diferentes reacomodamientos y proyectos de integración en curso forman parte de un heterogéneo paisaje de acuerdos y tensiones superpuestos, sobre la superficie de una disputa central por el papel que la región en su conjunto puede jugar en la geopolítica global.

En este sentido, en este cuatrimestre hay que destacar la visita de la presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen a Argentina, Chile, Brasil y México, todos países con reservas de litio. La gira de la mandamás europea se suma a las amenazantes declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, respecto a los objetivos del dispositivo militar de EE. UU. en la región, difundidas a principios de 2023, en las que destaca las riquezas naturales de América del Sur.

Richardson, por su parte, visitó en julio Colombia y destacó la sociedad en materia de seguridad y defensa entre ambos países. EE. UU. posee siete bases militares en territorio colombiano y una larga historia de injerencia a través de la cooperación, es decir: provisión de financiamiento, equipos y entrenamiento conjunto, en particular bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

Pocas semanas después, el presidente Petro destacó el fracaso de la política de la “guerra contra las drogas” y a través de sucesivas publicaciones convocó a debatir el enfoque de seguridad sobre el tema, lo que podría provocar en el corto plazo novedades en la relación entre EE. UU. y Colombia, en este intenso contexto de disputas y reconfiguraciones.

Dilemas de la Humanidad

Sobre el cierre de esta edición, a principios de septiembre se desarrolló en Santiago de Chile la Conferencia Regional del encuentro Dilemas de la Humanidad. Se trata de un espacio que reúne todos los años a dirigentes/as de movimientos populares y a analistas vinculados a espacios académicos y de investigación, en torno al debate sobre los temas centrales de la situación política global. En este caso, el encuentro desarrollado en Santiago representó un momento previo al encuentro global, que se desarrollará en Johannesburgo entre el 14 y el 18 de octubre de este año.

La actividad fue organizada por ALBA Movimientos, el Partido Popular de Chile y la Municipalidad de Recoleta, gobernada por Daniel Jadue. El alcalde participó personalmente en varios momentos del encuentro, que contó con la participación de más de 200 delegados/as de 23 países. La conferencia se propuso debatir cómo llevar adelante un proyecto emancipatorio y de unidad para la región, en este contexto geopolítico, global, y se desarrolló a través de mesas temáticas y paneles de debate en los que participaron referentes sociales de la casi totalidad de los países de la región.

Derechización en el Cono Sur y Lula como gran esperanza

En Argentina, el 13 de agosto se realizaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con un sorpresivo resultado para la ultraderecha, que se ubicó en primer lugar, y con un imprevisto tercer lugar para la coalición liderada por el peronismo, Unión por la Patria, cuyo candidato principal, el ministro de Economía Sergio Massa, apenas superó individualmente el 21%.

A partir de estos resultados, el panorama político argentino se acomoda al nuevo tablero, a la expectativa de los posibles escenarios que pueden darse en torno a las presidenciales, que serán el 22 de octubre.

Tras las PASO, quedan en carrera cinco postulantes que ganaron sus internas y además superaron el piso mínimo de votos exigible para pasar a las generales. Se trata de Javier Milei de La Libertad Avanza; Sergio Massa de Unión por la Patria; Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio; Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. De ellas, solo las tres primeras candidaturas aspiran a alcanzar la presidencia.

En los fríos números de las estadísticas, apenas cuatro puntos separan al primero del tercero: 30% tiene La Libertad Avanza, con la candidatura de Javier Milei; 28% reúne Juntos por el Cambio con la suma de las candidaturas de Patricia Bullrich (17%) y Horacio Rodríguez Larreta (11%); y 27% suma Unión por la Patria a partir del 21% de Massa y el sorprendente 6% del dirigente social Juan Grabois. Por eso se habla de un escenario de partida que se encuentra dividido en tres tercios.

De conjunto, esos tres principales espacios concentran casi el 90% de los votos y se disputarán la presidencia en la primera vuelta; o al menos un lugar en el balotaje, previsto para noviembre en caso de ser necesario.

Este escenario de paridad objetiva entre los tres tercios que brinda la foto de agosto puede de todas maneras relativizarse si incorporamos una mirada dinámica. No todos los tercios llegan de la misma manera a las generales. Hay elementos de coyuntura inesperados pero que se superponen a tendencias estructurales.

En términos electorales, los números son elocuentes: la fuerza de Milei pasó de un 17% en la capital federal en 2021 a un 30% en 2023, en su primera presentación a unas presidenciales. La coalición en el gobierno, liderada por el peronismo, cayó del 48% que obtuvo Alberto Fernández en las PASO de 2019 al 27% de 2023.

También hay que atender especialmente a la compleja situación para la (hasta ahora) principal oposición de derecha, que aparece desplazada a un segundo lugar con peligro de un eventual tercero, cuando hace pocos meses parecía tener la presidencia prácticamente asegurada.

La espectacular elección de Milei no es completamente sorpresiva, aunque sí estaba fuera de las consideradas más probables en los días previos a las PASO. Luego de un período de apoyo de los medios masivos de comunicación, en los últimos meses diferentes referentes mediáticos cargaron contra la candidatura de Milei, mientras se acumulaban denuncias contra él, su hermana y sus principales armadores, por venta de candidaturas en diferentes provincias. En ese contexto, la mayoría de las encuestadoras instalaron la idea de que había un desinfle de su candidatura. Esto convenía a Juntos por el Cambio, en particular a Patricia Bullrich si lograba ganar en su pulseada interna, como finalmente ocurrió.

Contrariando a los pronósticos, Milei hizo una esperable y relativamente buena elección en la ciudad de Buenos Aires (18%), un poco mejor en la provincia de Buenos Aires (24,5%) pero donde rompió todos los pronósticos fue en la mayoría de las provincias del llamado “interior del país”, ola que alcanzó incluso a varias provincias del Noroeste, región tradicionalmente más peronista.

Milei fue el candidato más votado en 16 provincias: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (35%), Santa Cruz (29%), Chubut (39%), Río Negro (37%), La Pampa (33%), Neuquén (39%), Mendoza (45%), San Juan (34%), San Luis (48%), La Rioja (36%), Salta (49%), Jujuy (40%), Tucumán (36%), Córdoba (34%), Santa Fe (36%) y Misiones (43%). De conjunto, el número fue apenas superior al 30%. El voto al candidato autodenominado “libertario” atravesó todas las regiones y tuvo un componente policlasista, con una llegada importante también a los sectores de bajos ingresos.

Se trata de un fenómeno global cuyo crecimiento se asienta en una coyuntura local muy específica. Esta última incluye el blanqueo en los medios durante los últimos tres o cuatro años, una vocación decidida por dar la batalla de ideas para instalar como verdades absolutas los tópicos recurrentes del neoliberalismo  y —último pero no menos importante— la magnitud y la dinámica de la crisis económica, que lleva al menos cinco años en ascenso y lleva a la acumulación de mucha bronca contra el gobierno actual y en especial contra sus figuras más visibles.

A su vez, la semana previa a la elección estuvo cargada de episodios violentos transmitidos en tiempo real y sobre los que se montaron una serie de operaciones mediáticas con el objetivo de instalar noticias falsas y responsabilizar al gobierno o a dirigentes populares vinculados.

En la celebración en la noche de su primer puesto, Milei articuló un discurso que apuntó a profundizar su enfrentamiento con el campo del socialismo y el populismo. En particular, cargó contra el concepto de “justicia social” y se mostró elocuente y radicalizado. Sin embargo, con el correr de las semanas su discurso pareció apuntar a limar las aristas más polémicas del candidato, como por ejemplo su propuesta de dar libertad para la compra venta de órganos, que ha llegado a defender en entrevistas periodísticas.

El ascenso de la ultraderecha amenaza la posición de la candidata Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) y una de las dirigentes con un discurso más violento en torno a la represión al conflicto social y la persecución contra el movimiento nacional popular, en particular contra su principal dirigente, Cristina Fernández de Kirchner, así como contra los movimientos populares organizados.

Milei apunta a ubicar a Bullrich como su segunda marca, con la idea de atraer a sus simpatizantes hacia un “voto útil”, concentrando adhesiones en la candidatura mejor posicionada. Posiblemente con este sentido declaró que espera sumar a su eventual gobierno al expresidente Macri, en una suerte de “representación ante el mundo” sobre la que no dio mayores precisiones. Por otro lado, Bullrich tiene el desafío de sumar también los votos que en las primarias fueron hacia su contrincante interno, Horacio Rodríguez Larreta. Al alcalde de la ciudad de Buenos Aires no le alcanzó con su importante inversión publicitaria y el favor de los medios de casi todas las tendencias. Tampoco con haber sumado como candidato a vicepresidente a Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y dirigente del histórico partido de centro Unión Cívica Radical. La incorporación de Morales a la campaña se realizó mientras sostenía una intensa represión ilegal, con reminiscencias de la dictadura militar, para acallar las protestas contra una reforma constitucional a su medida.

Por parte del oficialismo, y luego de varios días de desconcierto tras el resultado —y de un primer día posterior a las elecciones en los que la devaluación fue del 20%, contribuyendo a empeorar aún más el clima económico y político—, el ministro candidato Sergio Massa parece haber registrado que su única posibilidad de al menos llegar al balotaje pasa porque las medidas de gestión dialoguen con los malestares concretos de amplios sectores de la población, en especial los de menores ingresos.

En ese sentido, en los últimos días de agosto y primeros de septiembre lanzó varios paquetes de medidas que tienen por objetivo explícito revertir los efectos de la última devaluación, con políticas de asistencia a jubilados y pensionados, a trabajadores/as de la economía popular, de bajos ingresos y/o precarizados (conocidos como “monotributistas”, por su encuadramiento impositivo), a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores/as con empleo formal.

El gobierno se encuentra con un desafío mayúsculo: en menos de dos meses tiene que revertir la mirada mayoritaria respecto a su responsabilidad o su ineficacia para resolver la crisis económica. Esto implica la posibilidad de realizar algunas políticas compensatorias, en un contexto de redistribución regresiva del ingreso, en particular a través de una inflación que supera el 115% anual.

Pero esta posibilidad choca contra el freno del FMI, que ejerce un virtual cogobierno desde el préstamo récord asumido por Macri y luego ratificado por el gobierno de Alberto Fernández. En este escenario, no faltan los tironeos reales o ficticios con el organismo de crédito, así como diferentes intentos por afrontar los vencimientos de deuda y la caída de reservas a partir de vínculos internacionales más heterodoxos, como por ejemplo a través de la asistencia de China o del apoyo de Brasil. En este último sentido hay que considerar el anuncio, a fines de agosto, de un acuerdo estratégico entre ambos países, por el cual Brasil y la Corporación Andina de Fomento financiarán parte del intercambio comercial entre ambos países. También, desde ya, el apoyo de Lula al ingreso de Argentina al bloque BRICS+ y con ello la posibilidad —acaso tardía— de acceder a financiamiento a través del Banco de Desarrollo que desde abril dirige Dilma Rousseff.

En las próximas semanas se verá el grado de efectividad que tiene por un lado la campaña que advierte sobre los riesgos de un salto al vacío con el apoyo a Milei, pero sobre todo, de las medidas redistributivas definidas por el gobierno, con enorme demora y ante el hecho casi consumado. Al cierre del próximo informe analizaremos los resultados de las elecciones, que sin dudas serán centrales para el devenir de América del Sur en su conjunto.

En Brasil, el gobierno de Lula III persigue su objetivo de reconstruir el país y está logrando éxitos en algunos ámbitos de la sociedad. A principios de agosto se aprobó un proyecto de ley (PL) que reformula la ley de cuotas. Además de arrojar luz sobre una cuestión central en la lucha contra las desigualdades históricas del país, este proyecto de ley propone cambios que pretenden profundizar en la democratización de la educación. Prevé que los estudiantes de cupo puedan luchar por las plazas en concurso abierto y reduce de 1,5 a un salario mínimo la renta familiar per cápita máxima para que los estudiantes accedan a la universidad por cupo. En el mismo período, el gobierno federal lanzó el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que ya tuvo otras dos versiones, bajo Lula y Dilma. En la actualidad, aunque en valores reales prevea un nivel de inversión inferior a las anteriores, las inversiones previstas pueden garantizar un crecimiento económico razonable. Entre las áreas que recibirán inversiones públicas y privadas están: ciudades, energía, transportes, defensa, educación, salud y saneamiento.

Los datos socioeconómicos han ido mejorando. La tasa de desempleo en el segundo trimestre de 2023 fue del 8,0%, la más baja del período desde 2014. El número de personas subempleadas disminuyó un 17,8% en comparación con el mismo periodo de 2022 y el número de personas desocupadas cayó un 13,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El comportamiento de los precios es otro elemento que aporta buenas noticias. Los niveles de inflación son bajos. En mayo y junio, el IPCA se situó en el 0,23% y el -0,08%, respectivamente. En julio, último índice disponible hasta el momento, la tasa fue del 0,12%, lo que supone un acumulado del 3,99% en los últimos 12 meses.

Las bajas tasas de inflación ejercen aún más presión sobre la tasa Selic, el tipo de interés básico del país. Esto se debe a que el actual presidente del Banco Central de Brasil (Bacen), Campos Neto, alineado con el pensamiento económico convencional, defiende altos tipos de interés como forma de combatir la inflación. En la última reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM), se aprobó una caída del 0,5 por ciento en la tasa, con el voto del presidente del Bacen. El recorte del tipo de interés se produjo después de muchas manifestaciones públicas de empresarios, movimientos sociales y personas del gobierno que pedían su bajada. En el gobierno, Lula era la figura que más chocaba con las posiciones de Campos Neto, pero Alckmin y Haddad habían criticado la postura del Bacen sobre los tipos de interés. Incluso con la bajada del 0,5%, Brasil sigue teniendo los tipos de interés reales más altos del mundo.

A pesar de los cambios positivos hasta ahora en el gobierno Lula III, hay una serie de estructuras que actúan como limitantes de un proceso de desarrollo nacional en consonancia con las necesidades reales del pueblo brasileño. Podemos destacar el mantenimiento de altas tasas de interés, a pesar de la caída en la última reunión del COPOM, la rigidez de las metas de la política fiscal, a pesar del fin de la política de techo de gasto público, y el proyecto de reforma tributaria que no ataca el núcleo de la desigualdad en el país, aunque la propuesta de Reforma Tributaria mejora las condiciones para un proceso de reindustrialización del país. Vale recordar que no podemos perder de vista que las elecciones presidenciales de 2022 fueron las más calientes de la historia política brasileña y para derrotar a Bolsonaro fue necesario construir un Frente Amplio que involucre diferentes posiciones políticas y que estas tengan incidencia en el gobierno. Por lo tanto, como escribimos en Brasil de Fato, para lograr mejoras profundas en las condiciones de vida de nuestros pueblos y madurar proyectos económicos alternativos, serán necesarias movilizaciones sociales permanentes y de gran escala.

Por último, lo que hemos destacado en estos últimos cuatro meses en Brasil es la erosión de la imagen política de Bolsonaro. El 30 de junio, el TSE inhabilitó a Bolsonaro por ocho años y sólo podrá presentarse a cargos políticos en 2030. La decisión fue que Bolsonaro, en una reunión con embajadores en julio de 2022, al atacar el sistema electoral brasileño cometió abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación. Esta reunión fue transmitida por TV Brasil y las cuentas de Bolsonaro en las redes sociales. La decisión aún puede ser apelada ante el TSE y el STF.

En Chile, el panorama no presenta grandes cambios respecto a los últimos períodos, aunque sí una acentuación de las tendencias previas.

El acontecimiento principal en ese sentido es el triunfo de la derecha en las elecciones de consejeros constituyentes del 7 de mayo. En particular, el primer puesto del Partido Republicano liderado por Juan Antonio Kast, que alcanzó el 35% de los votos y obtuvo 23 de los 50 lugares en la Convención. A estas fuerzas conservadoras hay que agregarle otros 11 escaños de la alianza Chile Seguro, formada por los partidos UDI (6), Renovación Nacional (4) y Evópoli (1). Este último espacio es el de la derecha más establecida, que antes se llamó Chile Vamos mientras condujo el gobierno —con Sebastián Piñera como presidente— hasta las elecciones de 2021. Tras la crisis social y política iniciada en octubre de 2019 (#ChileDespertó), esta formación perdió mucho terreno ante el ascenso de las fuerzas de ultraderecha que encarna Kast. También hay que señalar que la participación en estas elecciones fue alta (casi el 85%), pero también el número de votos nulos y blancos, que se acercaron a los 2,7 millones de personas (equivalente a más del 20% de los votos emitidos).

Si en algún momento el gobierno de Gabriel Boric parecía haber revertido la tendencia al descenso en su aprobación, con el avance del segundo cuatrimestre de 2023 los sondeos [1, 2] volvieron a mostrar una caída en los índices. Como analizamos en el informe anterior, el campo de la derecha en general salió fortalecido de los últimos grandes conflictos sociales y políticos y pese a algunos intentos, el gobierno no logra recuperar la ofensiva.

Entre las iniciativas del gobierno hay que incluir una propuesta de nuevo Pacto Fiscal, paquete de medidas con las que el Ejecutivo espera fortalecer la recaudación para aumentar las pensiones, mejorar el sistema de salud y el servicio de justicia y seguridad pública, de acuerdo a sus objetivos declarados. La propuesta llega unos meses después de que la Cámara de Diputados rechazara la propuesta oficial de reforma tributaria, tras lo cual el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, planteara públicamente la necesidad de que oposición y oficialismo lleguen a un acuerdo tributario “lo antes posible”.

En el escenario político, un escándalo de corrupción —vinculado a presuntos manejos de fondos a través de fundaciones dirigidas por dirigentes oficialistas— golpeó la figura de referentes importantes de Revolución Democrática. Entre otras consecuencias, esto llevó a la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el colaborador más estrecho del presidente, ocurrida a mediados de agosto.

A esto hay que sumarle tensiones con el magisterio, cuyos representantes gremiales convocaron a un paro por tiempo indefinido a partir del 29 de agosto.

Por otro lado, la mala noticia del último período es el ingreso en una etapa recesiva, con la caída del PBI en los últimos tres trimestres.

En este contexto el gobierno asume su debilidad y se orienta a sostener la opción hacia el centro, en búsqueda de algún acuerdo con la derecha que tal vez le ofrezca mayores márgenes de gobernabilidad a costa de consolidar la renuncia a cualquier grado de transformación. En este sentido, a fines de agosto el presidente convocó a reuniones a representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente (PDG) con el fin de alcanzar consensos para hacer reformas, en particular en materia de pensiones e impuestos.

Desde el campo popular algunos sectores se proponen salir de la situación de extrema defensiva a partir del regreso a los grandes temas y propuestas nacionales. El 23 de julio la Coordinadora No+AFP convocó a una movilización para recuperar la seguridad social como política pública, a siete años de la marcha histórica, que reunió a un millón de personas. A las pocas semanas, presentó su propuesta transitoria, “que busca mejorar las pensiones sin entregar ni un peso más a las AFP”. Sin embargo, el panorama sigue hegemonizado por la agenda de la derecha política y este tipo de iniciativas, si bien dialogan con problemas reales e incluso históricos de la sociedad chilena, no logran por el momento hacer pie de forma extendida.

Otro de los temas en el que el gobierno adopta una posición cercana a la derecha es en la gestión del conflicto social. Esto se puede ver con claridad en relación con el conflicto entre comunidades originarias y empresarios: una y otra vez se prorroga el estado de excepción, vigente desde mayo de 2022, en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

De cara al futuro inmediato, uno de los temas principales es el devenir del proceso constituyente, una verdadera rareza que quedará para la historia. Por la composición del Consejo Constituyente, lo más posible es que el nuevo proyecto de Constitución mantenga en esencia los elementos más conservadores del orden jurídico actual, e incluso que los acentúe. De tal manera, en el plebiscito de salida de diciembre se puede dar el caso en que la ciudadanía —y lo que es más extraño, la izquierda y el progresismo político y social— tenga que optar entre apoyar la nueva propuesta de Constitución conservadora o por mantener la Constitución de Pinochet. En cuanto a los pronósticos, algunos sondeos advierten sobre la posibilidad de un nuevo rechazo, pero es difícil especular cuando faltan más de tres meses, no está disponible el texto y la campaña todavía no empezó.

Por último, no podemos dejar de mencionar que todo esto sucede en el marco del 50 aniversario del golpe contra Salvador Allende, que además de ejercer el terrorismo de Estado contra la población, inauguró la aplicación de políticas neoliberales en el continente. Medio siglo después, sectores que defienden abiertamente la represión y el neoliberalismo vuelven a ocupar el centro del escenario político y van por más, con un discurso abiertamente negacionista por parte de buena parte de sus dirigentes, mientras sueñan el sueño posible de su regreso al comando del Estado a partir de 2025.

El negacionismo explícito respecto a la responsabilidad en los crímenes de la dictadura alcanza a figuras políticas del rango del expresidente Sebastián Piñera, quien adjudicó la mayor responsabilidad a la propia Unidad Popular por el golpe en su contra. Entrevistado a fines de agosto en un programa político televisivo, Piñera convocó a “preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre, para así nunca más llegar a esas circunstancias”. Y agregó: “Por eso, la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista”.

Sobre este tema, un dato institucional relevante es que la Cámara de Diputados aprobó solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice las gestiones para que Estados Unidos informe sobre sus acciones de intervención en torno al golpe. “Más allá de la opinión que diversos sectores políticos puedan tener sobre el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado y la dictadura, parece de toda lógica que esta Cámara de representación popular solicite que el pueblo de Chile conozca la verdad sobre la intervención de una potencia extranjera en nuestra soberanía”, sostuvieron los parlamentarios que lo promovieron. El pedido fue aprobado casi por unanimidad.

En Paraguay, el tema más importante del período es la asunción del nuevo presidente, Santiago Peña, ocurrida el 15 de agosto. El cambio de mando se da entre dos dirigentes del mismo partido (el Colorado, aunque de corrientes internas diferentes); e implica el comienzo de un gobierno con perfil propio aunque con muchos lazos de continuidad.

Joven economista con estudios en EE. UU. y antecedentes laborales en el FMI, en el Banco Central de Paraguay y en el Grupo Cartes, “Santi” Peña fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes, el hombre fuerte de la Alianza Nacional Revolucionaria (ANR) – Partido Colorado. Peña llegó a la presidencia tras ganar con amplitud en las elecciones generales de marzo de este año, frente a la alianza conducida por el Partido Liberal Radical Auténtico, de perfil más centrista.

Curiosamente, el ahora mandatario estuvo hasta hace pocos años afiliado a este partido. Debió renunciar a la afiliación al PLRA en 2015, cuando fue nombrado ministro. En ese momento se afilió a la ANR. Luego de ser ministro pasó a ser uno de los principales colaboradores del ex presidente Cartes. Fue el candidato del histórico partido paraguayo porque en diciembre de 2022 le ganó —en representación de Honor Colorado, el sector que lidera Cartes— una interna relativamente pareja a Arnoldo Wiens, candidato del entonces presidente Mario Abdo, del sector Colorado Añetete.

En su discurso de asunción, el nuevo presidente prometió centrarse en la creación de empleo para atender la crítica situación social del país. Otros temas importantes para el pueblo de Paraguay no fueron mencionados en el acto. Así lo plantea la editorial del periódico E’a, que realiza un análisis del primer discurso presidencial. “En ningún párrafo de su discurso mencionó otros problemas estructurales del país como el reclamo de tierras de los campesinos, recordando siempre que el 3% de los propietarios tiene el 88% de las tierras. El país exhibe el peor índice GINI de tenencia de la tierra del mundo: 0,93. Cuando el 1 es desigualdad perfecta. El GINI europeo es de 0,57 y el de América Latina es de 0,79 para dar una idea”. En el gabinete inicial de Peña se destaca como ministro del Interior Enrique Riera, uno de los autores de la controvertida ley Zavala-Riera (el otro autor es Fidel Zavala, del partido del partido ruralista Patria Querida). Esta norma criminaliza la lucha campesina.

Sorpresivamente, Peña inauguró su gobierno con una polémica con el gobierno argentino, en particular con el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, a partir de un malentendido por el cobro de peaje a las embarcaciones de bandera paraguaya que transitan por la parte del río Paraná que se encuentra en el territorio argentino. Este es, a su vez, el tramo más extenso de la llamada “Hidrovía Paraná Paraguay”, ruta estratégica en varios sentidos, y por donde se transporta alrededor del 70% de las exportaciones de Paraguay, según estimaciones privadas, y más del 80% de los granos, harinas y aceites de exportación de Argentina, de acuerdo a informes (1, 2) de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina.

En el plano internacional, el nuevo gobierno tiene como desafíos dos temas sensibles. El primero es la relación con EE. UU., luego que en el último año el gobierno de Joe Biden emprendiera una ofensiva judicial (y diplomático-mediática, desde la propia Embajada en Asunción) contra Horacio Cartes y otros referentes del Partido Colorado, bajo la acusación de corrupción y lavado de activos. El segundo es la relación con China y con Taiwán. Paraguay es el último país de América Latina que no tiene relaciones con China, porque prioriza el reconocimiento de Taiwán, la provincia rebelde amparada por EE. UU. desde hace siete décadas.

Peña es miembro fundador del denominado “Grupo Libertad y Democracia”, formado en marzo de 2023 y liderado por el escritor y activista Mario Vargas Llosa y los ex presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque, de perfil claramente derechista, alineado con el Partido Popular del Reino de España —de hecho, figuras como Rajoy y Aznar estuvieron en el lanzamiento— y que fuera anunciado como “contrapeso” del Grupo de Puebla.

En relación con Uruguay, el tema más importante del último cuatrimestre fue la crisis hídrica que golpea al país, y que alcanzó altos niveles de dramatismo cuando Montevideo se convirtió en la primera capital del mundo en hacer realidad una de las peores previsiones respecto al riesgo climático: la falta de agua potable para consumo humano. La eclosión de la crisis llegó luego de una sequía histórica y un déficit de la infraestructura necesaria para afrontar las consecuencias del cambio en nuestro ambiente.

Al respecto de causas y perspectivas, es interesante consultar el registro de una mesa de debate organizada por la Universidad de la República, con participación de científicos que analizan el fenómeno desde diferentes puntos de vista. En el momento más crítico de la crisis, y en medio del debate sobre responsabilidades y tareas, el gobierno uruguayo rechazó la ayuda de su par argentino, lo cual generó sorpresa a ambos lados del Río de la Plata.

Otro tema destacado es el debate parlamentario en torno a la firma de un acuerdo militar con EE. UU., que tiene varios años en tratamiento y que plantea como objetivo “la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios”. Entre estos se encuentra “facilitar el apoyo logístico recíproco” entre ambos países, en especial para “ejercicios combinados, adiestramiento, desplazamientos, escalas y operaciones”. El acuerdo fue acompañado por el Frente Amplio luego de la visita al Parlamento del ministro de Defensa, Javier García. Sin embargo, es resistido por sectores del propio FA, que señalan que “abre las puertas a la instalación de una Base militar del país norteamericano en Uruguay”.

En relación con el escenario político, un tema importante es que sectores de derecha y de izquierda se proponen someter a debate diferentes temas en las elecciones generales de octubre de 2024. La legislación uruguaya permite que junto con la elección de representantes se organicen plebiscitos o referéndums sobre asuntos controvertidos, en caso de que sus promotores logren reunir un número de firmas entre la población. Por esa razón quienes proponen un proyecto tienen que comenzar a instalar entre la población el debate con cierta anticipación.

A fines de agosto, el partido pro dictadura Cabildo Abierto —que forma parte de la coalición en el gobierno, con perfil propio y habituales puntos de tensión— lanzó una campaña para prohibir la usura y reestructurar las deudas de las familias. Sobre este punto también hay un debate parlamentario en curso.

Por su parte, el PIT-CNT decidió por mayoría impulsar un plebiscito contra la reforma de seguridad social impulsada por el gobierno. La central sindical tomó esta definición a mediados de agosto, con tensiones internas porque los sectores ligados a la conducción del Frente Amplio —en particular al Movimiento de Participación Popular— no están de acuerdo en la oportunidad para usar este mecanismo. El presidente del FA (y anterior presidente del PIT-CNT), Fernando Pereira, tomó distancia pública de la iniciativa, aunque planteó que el tema se debatiría en el seno del espacio político. Más crudo había sido el Pepe Mujica, quien declaró que la propuesta del plebiscito es como “afeitarse con un hacha”. Otros sectores del FA han planteado mayor sintonía con la propuesta sindical, como es el caso del senador Óscar Andrade, referente del Partido Comunista.

Por último, el Movimiento Uruguay Soberano, creado hace tres años con este fin, reactivó una campaña para limitar la posibilidad del Ejecutivo para realizar contratos sobre los bienes comunes, en particular en referencia al agua.

El 22 de agosto el PIT-CNT convocó a un paro en todo el país, con una movilización en Montevideo. En el acto central, Marcelo Abdala, el presidente de la central, planteó la necesidad de aumento del salario real, “un justo reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral o de la semana laboral” y la defensa de las empresas públicas, propuestas que contrapuso al “modelo de la desigualdad” del gobierno de Lacalle Pou.

Falta poco más de un año para las elecciones que definirán el próximo período de gobierno pero todos los sectores se encuentran pendientes de ese escenario, en una situación que aparece como de relativo equilibrio entre los dos grandes componentes del sistema político. De acuerdo a lo que señalan, con matices, algunos sondeos [1, 2, 3], el presidente Luis Lacalle Pou parece haber sorteado hasta ahora varios escándalos importantes con algo de desgaste pero sin una afectación importante en el respaldo de su base original. En principio, el tablero político aparece dividido en dos mitades entre la Coalición Multicolor liderada por el Partido Nacional y el Frente Amplio, que definirá en internas su candidatura a la presidencia y cuenta entre sus principales aspirantes a figuras como el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

Los Andes entre la crisis política y las esperanzas electorales y de procesos de cambio en marcha

Los escenarios electorales marcan, sin duda, un sinsabor a nivel continental, como vimos anteriormente en el caso de Argentina. Por otra parte, aparece la posibilidad de que por fin, después de un período de derechización y represión contra su pueblo, un gobierno cercano a los intereses populares regrese al gobierno en Ecuador.

La primera vuelta electoral se desarrolló el pasado 20 de agosto en medio de un contexto crítico en materia de seguridad y violencia social que ya hemos venido desarrollando en informes anteriores. El asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos días anteriores a las elecciones, y de diferentes refetentes políticos de Revolución Ciudadana marcaban incertidumbre y violencia en el panorama electoral.

El desempeño de Luisa González, por más de 10 puntos porcentuales por encima de su contrincante, la ubicó como la principal fuerza política a disputar contra Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, la presidencia el próximo 20 de septiembre. El clima social es de inestabilidad, con la presencia de grupos vinculados al narcotráfico y a la violencia generada por los gobiernos neoliberales de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso. En los últimos años, se conformó un corredor de la ruta del narcotráfico que va desde la costa pacífica hasta el interior del país, aumentando los niveles de violencia en el país.

El pasado 20 de agosto también se eligió la composición de la Asamblea Nacional, en la que también quedó ubicada Revolución Ciudadana como la principal fuerza política del país con un 39,3% de los votos, y se desarrolló la votación a la Consulta Popular sobre la extracción petrolífera en el parque nacional Yasuní (un espacio de la Amazonía ecuatoriana que es considerado uno de los más biodiversos del planeta) en la que ganó por un 58% el rechazo por la misma, marcando un precedente en la protección de los bienes comunes en el país. Sin embargo, una vez se conocieron los resultados de la consulta, el Ministerio de Energía comunicó que el gobierno no acatará los resultados y continuará desarrollando la exploración petrolífera.

El poder político y la disputa electoral se desarrollan en el peligroso terreno de la captación del narcotráfico de la vida a nivel nacional: con antecedentes como México o Colombia a nivel regional, nuestra región ha visto las consecuencias en términos de violencia y criminalidad de la presencia de estos grupos que modifican profundamente las dinámicas territoriales y convierten cualquier escenario en uno de riesgo para la vida de quienes cuestionan las dinámicas de poder del narcotráfico, y sus prácticas de dominio y control de la vida social. Aquí vale la pena mencionar además el preocupante escenario de violencia política contra la candidata Luisa González atacada por los sectores opositores a Revolución Ciudadana donde desconocen su referencia política y buscan quitarle mérito con argumentos misóginos y reproductores de la violencia política de género.

Es importante resaltar la importancia a nivel continental que tienen las elecciones presidenciales en Ecuador. En especial en el contexto de fortalecimiento de los bloques de integración regional y la emergencia de proyectos progresistas en diferentes países. En los dos años que estuvo Guillermo Lasso en la presidencia, se encargó de mantener fuerza en el bloque de países alineados a los intereses de EE.UU. en el continente, demostrado claramente en las políticas de “cooperación en materia de seguridad” firmadas por los gobiernos de Lasso y Biden. En ellas se acordó la inclusión de la participación de los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos, así como el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador en “comabtir las serias amenazas planteadas por el narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo” a través del “intercambio de información, fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, entrenamiento y capacitación, y adquisición de los recursos necesarios” entre otros.

El eventual triunfo electoral de Revolución Ciudadana en Ecuador fortalecería de manera significativa el panorama regional reimpulsado por gobiernos vecinos como el de Gustavo Petro en Colombia, que durante su primer año de gobierno ya ha marcado importantes cambios en el rumbo de la política de integración regional, y ha posicionado, junto a otros liderazgos de la región, banderas de soberanía y transformaciones radicales para los pueblos del continente.

En ese sentido, el pasado 07 de agosto se cumplió un año del gobierno del Pacto Histórico en Colombia, que ha buscado avanzar en tres pilares fundamentales para darle concreción al proyecto de país con el que llegó Petro a la Casa de Nariño: justicia social, justicia ambiental e integración regional para consolidar el proyecto de Colombia como potencia mundial de la vida.

Así, como hemos mencionado en informes anteriores, y a pesar de diversos reveses, el gobierno ha continuado ―con decisión y voluntad política― impulsando los proyectos de justicia social e inclusión de diversos sectores históricamente excluidos en el país en las políticas prioritarias de gobierno como es el caso del campesinado a nivel nacional a quienes reconoció como sujetos políticos a través de un acto legislativo que modificó la constitución nacional, y para quienes está llevando adelante iniciativas en materia de la Reforma Rural Integral. En ese mismo sentido, continúa impulsando la mesa de negociaciones con el ELN buscando desarrollar un esquema de participación ciudadana en el país que permita un acompañamiento nacional a los acuerdos en curso. Toda esta agenda se enfrentará en el próximo mes de octubre con las elecciones regionales y la posibilidad de que la fuerza del Pacto Histórico consolide liderazgos regionales más allá del triunfo a nivel nacional en 2022.

La agenda de justicia social ha incluído igualmente iniciativas en materia de reformas en materia de salud, laborales y pensionales, que aunque han tenido oposición en el congreso, buscan ser aprobadas en el período legislativo inaugurado recientemente. Por otra parte, la agenda de justicia ambiental ha estado protagonizada por una prioridad en materia de defensa de los bienes comunes no solo a nivel nacional, sino en la prioridad que el gobierno Petro ha dado a la defensa y cuidado de la Amazonía en las recientes Cumbres Amazónicas donde participó junto a los presidentes de los países amazónicos de la región, y la iniciativa del canje de deuda por acción climática.

Finalmente, en el plano internacional, ha destacado el rol protagónico que ha tenido Colombia en los escenarios de integración, como fue su postura de fortalecimiento de la CELAC, la decisión del retorno de Colombia a la UNASUR, y la defensa permanente de América Latina y el Caribe como una zona de paz, con un llamamiento a la solución política del conflicto en Ucrania, fuera de las imposiciones geopolíticas de la OTAN.  En este plano destaca especialmente la convocatoria hecha por el gobierno de Gustavo Petro a la Cumbre latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, en la que se propuso transitar a nivel regional hacia una política de lucha contra el narcotráfico que tenga su foco en “combatir a las grandes mafias y al consumo, pero que dé oxígeno a los productores cocaleros”, desde un paradigma de reconocimiento del fracaso de la política de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos en la región. La Cumbre fue clausurada por el presidente de Colombia, junto a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien afirmó:

Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad para enfrentar el problema de la violencia, hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo (…) Atenderlos, darles opciones es quitarles el semillero a las bandas de la delincuencia, que no los enganchen.

La oposición política, económica y mediática, como era de esperarse, ha intentado por todos los medios enlodar el desempeño del gobierno con operaciones mediáticas y judiciales con el objetivo de desestabilizarlo. En ese sentido, fue resonado el intento de utilizar un proceso judicial abierto contra Nicolás Petro, hijo del presidente, para intentar establecer vínculos de Petro con hechos delictivos que terminaron siendo desmentidos por el mismo hijo del presidente.

La inestabilidad política que los medios de comunicación masivos tratan de instalar en el contexto colombiano contrasta con el feroz silencio que hacen sobre la crisis política y social que vive Perú en el marco del gobierno ilegítimo e inconstitucional de Dina Boluarte, quién continúa la política de represión contra el pueblo peruano que sigue exigiendo la libertad del presidente Castillo, la renuncia de la presidenta ilegítima, y la convocatoria a elecciones en el marco de una Asamblea Constituyente.

En ese contexto, el pueblo peruano continúa ampliamente movilizado en el país con el objetivo de denunciar el accionar del gobierno de Boluarte, como sucedió en el mes de agosto en la tercera Toma de Lima que tuvo como epicentro la capital del país pero que se replicó en diferentes puntos a nivel nacional congregando a centenares de manifestantes de organizaciones políticas y sociales. Respondiendo a las exigencias populares, congresistas de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, presentaron un nuevo proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a julio de 2024, producto de la crisis política y social que atraviesa el país y en especial vinculado al más del 90% de desaprobación que tienen Congreso y el Ejecutivo.

Durante sus meses de gobierno, Dina Boluarte ha abierto las puertas del país a la intervención extranjera y a la ruptura de los intentos de integración y soberanía regional. Según el último acuerdo aprobado por el gobierno y el Congreso de Perú, más de 1.000 militares estadounidenses llegarán a suelo peruano durante el 2023, con el objetivo de desarrollar ejercicios con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, la Fuerza Especial Conjunta y el Grupo de Fuerzas Especiales de la Aérea de Perú (FAP), afectando la soberanía del país y la región en materia de defensa.

Este escenario de desembarco de tropas estadounidenses se plantea como una preocupación para la estabilidad regional en materia de sostener al continente como una zona de paz, y se erige como una amenaza especialmente contra los procesos de cambio en el continente como son los casos de Bolivia y Venezuela respectivamente, además de lo mencionado anteriormente respecto Colombia y el escenario abierto en Ecuador.

Muy por el contrario del caso de Perú, Bolivia continúa, a pesar de un difícil contexto de tensiones políticas al interior del MAS, avanzando en decisiones de industrializar áreas económicas estratégicas para garantizar la redistribución en el país como es el caso de las negociaciones con Rusia y China en materia de exploración de Litio. Con un interés claro en fortalecer el lugar de Bolivia en el escenario económico y comercial global, el presidente Arce solicitó el ingreso del país al bloque de los BRICS, argumentando la condición del país andino de primera reserva mundial de litio, así como su importante nivel como productor de alimentos, minerales e hidrocarburos.

Estas iniciativas se dan en el marco de las tensiones internas dentro del MAS, que han venido profundizándose con el pasar de los meses y tienen hoy al partido de gobierno en una encrucijada entre los liderazgos del sector del presidente Arce, el sector del vicepresidente David Choquehuanca, y los sectores más vinculados al ex presidente Evo Morales. Estos últimos han señalado públicamente de un riesgo de ruptura y división del instrumento de gobierno, escenario que preocupa la estabilidad política de las fuerzas progresistas y revolucionarias a nivel regional y pone en alerta las posibilidades de división de un proceso estandarte en el proyecto continental como es el Proceso de Cambio en Bolivia.

Al respecto, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, manifestó la urgencia de resolver “a nivel de Evo y Arce” para evitar un escenario de ruptura que para su criterio solo dejaría “arrepentimientos”, y los llamó a volver a crear una estructura de unidad a nivel nacional para combatir los intentos de la derecha de desestabilizar nuevamente el país después del golpe de Estado de 2019.

Por su parte, el escenario en Venezuela se prepara para el proceso electoral que tendrá lugar en 2024 para elegir el próximo presidente del país, y las tensiones locales se dan alrededor de las dispersas y poco claras referencias de oposición (que tienen su inspiración en las fuerzas de los nuevos fascismos de España o Italia), y la fuerza de la coalición del gobierno del Gran Polo Patriótico para los comicios que ha decidido continuar con la candidatura del presidente Nicolás Maduro como continuación del proyecto para el próximo período, quien demostró superar todo tipo de dificultades que desde los diseños imperialistas se impulsaron en su contra con el objetivo de debilitar el proyecto bolivariano.

A pesar de estos permanentes intentos diseñados desde Estados Unidos, que encontraron su punto cumbre en los intentos desestabilizadores de las guarimbas de 2014 y 2017, así como el único objetivo y proyecto de la oposición en la Asamblea Nacional de destituir al presidente Nicolás Maduro -y no mostrar al país ningún proyecto alternativo a la sumisión a la política estadounidense- el gobierno bolivariano logró correr el escenario de la guerra y la desestabilización al escenario del diálogo y la solución política a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, el fortalecimiento de los polos emergentes de poder en el escenario de la multipolaridad han sido fundamentales para que Venezuela pudiera, en estos años, a pesar de la guerra económica en su contra impuesta por los Estados Unidos, fortalecer su economía y sortear las innumerables restricciones puestas en su contra. Inclusive el secuestro ilegal de fondos públicos en Europa como había sucedido en el caso de Portugal cuya Justicia finalmente ordenó la devolución de los fondos pertenecientes a la República Bolivariana. De esa forma, el vínculo de Venezuela con “Türkiye, Irán, China, Rusia o India, por ejemplo, ayudaron a sortear las sanciones euro atlánticas y garantizar el sostenimiento de una economía al borde del colapso”, según analiza Eder Peña en Misión Verdad.

Este rol de Venezuela va más allá, inclusive del fortalecimiento de su propia economía, y apunta a consolidar el lugar de América Latina y el Caribe en el panorama multipolar, pues ha sido una voz líder en los escenarios regionales como la CELAC, UNASUR, y ALBA-TCP para fortalecer la unidad regional, a pesar de los matices ideológicos dentro del bloque latinoamericano y caribeño en el concierto de voces Sur – Sur.

Mesoamérica: vientos de cambio en Guatemala, en una región atravesada por la crisis migratoria y la inestabilidad política

En los sucesivos informes venimos señalando cómo la cuestión migratoria es una de las problemáticas urgentes de los países mesoamericanos. Dos son las zonas de mayor flujo migratorio en la región, la del Darién en la frontera Colombia-Panamá, donde se registra el paso de más de 281 399 migrantes irregularizados, y la frontera sur entre México y Estados Unidos, donde supera al millón de personas que buscan traspasar de manera irregular de una frontera a la otra. Además, esta agenda es instrumentalizada por EE.UU. como parte de su política injerencista en el continente.

El 11 de mayo Joe Biden puso fin a la política antimigratoria Título 42 implementada por Donald Trump en marzo del 2020, durante la pandemia del Covid 19. Esta medida de salud que data de 1944 ―cuyo propósito originario fue la suspensión de la entrada de personas y bienes desde el exterior ante la existencia de cualquier enfermedad contagiosa en un país extranjero― se implementó para expulsar fuera de sus fronteras a las personas extranjeras que intentaran cruzar hacia aquel país con el argumento de que representan un riesgo de contagio, imposibilitando la búsqueda de asilo para quienes lo solicitaran en aquel país y exponiendo a miles de personas migrantes a mayores situaciones de riesgo. Hasta mayo de 2023, bajo el Título 42 se han llevado a cabo más de tres millones de eventos de expulsión de personas por las diferentes fronteras de EE. UU. y se estima que entre agosto del 2022 y el final de su aplicación se registran 564 443 detenciones en la frontera sur estadounidense.

Lejos de representar un alivio para miles de migrantes que buscan atravesar el Río Bravo, ante la suspensión de esta medida el gobierno de Biden recrudeció las políticas represivas, de control fronterizo y securitaria ante el posible incremento de la ola migratoria, lo cual pone en peligro la vida de las personas migrantes. Un ejemplo de esto es la continuidad de la política Título 8, que es la responsable de la mayoría de las expulsiones migratorias ―acumula 1 408 649 de personas en lo que va del último año fiscal―. Esta medida autoriza una expulsión acelerada de migrantes y, para aquellos que reciben una orden final de deportación, una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo.

Distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras, entre otros, han manifestado preocupación por las medidas tomadas por la administración Biden ante el fin del Título 42. Avizoran una agudización de la crisis migratoria y del peligro de vida para miles de migrantes. Una de las mayores alertas está en la restricción de las solicitudes de asilo y el límite del acceso de las personas migrantes a otros mecanismos para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos, lo que podría generar riesgos que aumenten su situación de vulnerabilidad.

El incumplimiento de las promesas de campaña de poner fin a las políticas antimigratorias de Trump por parte del actual mandatario da cuenta del consenso bipartidista que sostiene la política estadounidense en este tema. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, avaló en el mes de junio la construcción de un “muro acuático” formado por boyas y alambres de púas que tiene como objetivo “disuadir” a las familias migrantes para que no entren al país. El gobierno federal de México manifestó su repudio a la medida y denunció a la soberanía nacional ya que el 75 por ciento de las boyas se encuentra en el lado mexicano. Además, en la zona del muro se encontraron dos cuerpos de personas que intentaron cruzar el Río Bravo. Mediante un comunicado las autoridades mexicanas indicaron:

El Gobierno de México reitera que la instalación de dicho muro de boyas alambradas viola nuestra soberanía e impacta en la seguridad, integridad y derechos humanos de las personas migrantes.

A esta reacción del gobierno de Texas se suman a otras medidas tomadas por gobernadores de estados norteamericanos y de la administración central ante la finalización del Título 42, que no hicieron más que duplicar los efectivos de fuerzas de seguridad en la frontera y empeorar las condiciones inhumanas por el laberinto que deben pasar los y las migrantes para trasladarse de una frontera a otra. Esto recrudece la crisis social por la que atraviesan los países del denominado Triángulo Norte ―Guatemala, Honduras y El Salvador― y México. Alrededor de mil personas provenientes de distintos países fueron rescatadas a lo largo del territorio mexicano (Veracruz, Oaxaca y Puebla) durante los meses de julio y agosto por el Instituto Nacional de Migración (INM). Los migrantes se encontraban hacinados en camiones intentando traspasar la zona fronteriza. Son miles de inmigrantes irregularizados que deben recurrir a mecanismos o grupos ilegales ante las políticas restrictivas y securitarias de las fronteras.

El 20 de agosto se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Unos comicios de enorme trascendencia en la región, ya que el país atraviesa una crisis social muy importante, atravesado por la problemática migratoria y una fuerte impugnación al sistema político. Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, resultó electo presidente con el 58 por ciento de los votos, imponiéndose a Sandra Torres de UNE (Unión Nacional de la Esperanza), quien obtuvo el 37 por ciento. El proceso electoral estuvo atravesado por una fuerte judicialización, incertidumbre y sorpresa política. El 29 de agosto recién se oficializaron los resultados, tras días de intentos por parte de sectores de la derecha y judiciales que intentaron bloquear la proclamación. Lo que sí lograron estos grupos es que se le quite la personería al partido Semilla, dando señales de presión hacia el futuro gobierno.

Una vez oficializado el resultado electoral, Arévalo denunció un golpe de Estado en curso, apuntando contra el Ministerio Público y su titular, Consuelo Porras; además del Congreso, compuesto en su mayoría por representantes de los partidos de derecha. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, denunció el Presidente electo. Importantes movilizaciones se dieron en la capital guatemalteca en defensa del nuevo mandatario. Si bien la transición presidencial inició en los primeros días de septiembre, los grupos de poder del “pacto de corruptos” siguen jugando sus cartas para que Arévalo no asuma, o lo haga condicionado.

La judicialización de las elecciones inició con la proscripción de cuatro candidaturas a presidentes, entre la que se encontraba la líder indígena Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). En el 2019 había alcanzado los 10 puntos y las encuestas la ubicaban con posibilidades de entrar al balotaje. En este contexto y con un escenario de fragmentación política ―21 candidatos y 30 partidos presentándose a elecciones― se llevó a cabo el 25 de junio la primera vuelta presidencial. Allí, Sandra Torres se impuso con el 14,9 por ciento de los votos y en segundo lugar quedó Bernardo Arévalo, con el 12 por ciento, siendo el líder de Semilla la sorpresa de la jornada electoral, ya que ninguna encuesta lo ubicó en esa posición y todas las expectativas del establishment político y económico estaban puestas en que el próximo presidente saliera de alguno de los partidos de la derecha.  Así lo indicó Carlos Barrientos, dirigente del CUC, en una entrevista con OBSAL:

El pacto de corruptos, que es como llamamos aquí a la alianza de la oligarquía junto a políticos corruptos de derecha y ex militares contrainsurgentes, que tiene cooptadas las instituciones del Estado, diseñaron todo para que las elecciones se diriman entre candidatos de derecha, sea Torres, Mulet o Zury Ríos ―hija del ex dictador Ríos Montt―. En las encuestas, el candidato de Semilla aparecía en octavo lugar y con una intención de voto de 2,5 puntos. Sin embargo, fueron altamente votados, captando parte del descontento. Otra parte no fue a votar o votó nulo. La base electoral del partido de Arévalo estuvo en los centros urbanos y en particular en la capital del país donde sacó el 24 por ciento, mientras que Torres tuvo mejor desempeño en las zonas rurales.

Además de la sorpresiva segunda posición de Arévalo, el otro dato central de la primera vuelta fue el alto porcentaje de rechazo al sistema político, que se manifestó en el 17 por ciento de voto nulo, 7 por ciento de voto en blanco y el 40 por ciento de abstencionismo. El candidato del partido oficialista ―Vamos―, apoyado por el actual presidente Alejandro Giammattei, obtuvo solamente 8 puntos. Como ningún candidato logró superar el 50 por ciento de los apoyos, Torres y Arévalo fueron a la segunda vuelta. El mismo día de la primera vuelta se eligieron 160 diputados para el Congreso de la República. Los resultados arrojaron un Legislativo fragmentado, donde ninguna fuerza política logra tener mayoría, pero con una fuerte presencia de los partidos de derecha. El partido con mayor escaños es Vamos con 39 diputados, le sigue UNE con 28 y luego Semilla con 23, entre los principales partidos con representación legislativa.

El intervalo entre la primera ronda y el balotaje estuvo atravesado por una fuerte incertidumbre política, ya que varios de los partidos de la derecha presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por irregularidades en la transmisión del conteo de votos, por lo cual la CC suspendió temporalmente la oficialización de los resultados. Desde los medios de comunicación dominantes y algunos partidos políticos se pidió la repetición del proceso electoral. Si bien esta medida y el intento de suspender la personería jurídica de Semilla quedaron truncas, Barrientos advierte que es una clara muestra de las dificultades que tendrá un gobierno de Arévalo, sin mayoría en el Congreso y con un sistema judicial cooptado por el “pacto de corruptos”. No obstante, la victoria de Semilla representa un aire de esperanza para el pueblo guatemalteco.  Así lo expresa el dirigente del CUC:

Es importante para detener la involución que se viene, ya que el gobierno de Giammattei terminó de aniquilar las instituciones del acuerdo de paz y el pacto de corruptos de cooptar el Estado y la Justicia.Y sería un gobierno con el que se podría dialogar.

El movimiento Semilla es un partido de posiciones progresistas, centristas y socialdemócratas. Surge como un movimiento ciudadano de origen urbano donde convergen profesionales y sectores de la clase media, que se comienzan a movilizar en 2015 a partir de los hechos de corrupción que terminan con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina. En el 2017 deciden conformarse como partido político y se presentan por primera vez a elecciones en 2019. Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, que gobernó el país entre 1945 y 1951, y fue uno de los dos mandatarios de la “primavera democrática” (1944 – 1954) resultado del proceso de lucha por la recuperación democrática del pueblo guatemalteco denominado la “Revolución de Octubre” (1944). En 1954 se produjo el golpe de Estado perpetrado por Estados Unidos contra Jacobo Arbenz.

En México, tanto oficialismo como oposición miran al 2 junio de 2024, fecha en que el Instituto Nacional Electoral ―INE― estableció la elección presidencial. Con este horizonte, ambos espacios eligieron a sus candidatas para la contienda electoral. Claudia Sheimbaum representará al partido de gobierno Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y sus aliados Partido Verde y Partido de los Trabajadores. La candidata del Frente Amplio por México, que congrega a los tradicionales partidos PRI, PAN y PRD, será Xóchitl Gálvez. Por primera vez en su historia, una mujer presidirá el ejecutivo del Gobierno Federal.

En Morena y en el frente que reúne al PRIAN se han llevado a cabo procesos internos de discusión y decisión de candidaturas. En el caso de los primeros, ante la imposibilidad de reelección de Andrés Manuel López Obrador, iniciaron un proceso de elección interna, que tuvo como base una serie de acuerdos y reglamentaciones, que finalizó el 6 de septiembre. Los principales precandidatos fueron Claudia Sheimbaum ―jefa de gobierno de la Ciudad de México―, Marcelo Ebrard ―canciller―, Adán López ―secretario de la presidencia― y Ricardo Monreal ―senador―. Este proceso puso a prueba la institucionalización del morenismo y amenaza con la ruptura de la unidad política. La encuesta —método utilizado por el partido para definir la candidatura— que dió victoriosa a la ex Jefa de gobierno de CDMX con un 38 por ciento, fue impugnada por Ebrard acusando de parcialidad a quienes estuvieron a cargo del relevamiento de datos.

La incógnita  pasa por saber cuál será, en el corto plazo, el futuro político del ex Ministro de Relaciones Exteriores y su rol en las próximas elecciones. Hasta el momento sigue el proceso interno del partido al presentar ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las inconsistencias registradas y el pedido de anulación de la encuesta y su repetición, así lo hizo saber en la conferencia de prensa del 11 de septiembre, donde además anunció la creación de su movimiento nacional. Según sus dichos, el nuevo espacio político seguirá dentro de Morena, salvo que no sean atendidos sus reclamos:

Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Si para su propio punto de vista, todo lo que acabamos de describir, no ocurrieron, no pasó nada, entonces sí, la decisión sería no participar porque no avalamos esas conductas.

Algunos analistas políticos sostienen que esto es una estrategia de Ebrard para negociar alguna candidatura legislativa como la senaduría y desde allí fortalecerse para las presidenciales del 2030. Otros alertan sobre la posibilidad de que sostenga su candidatura por fuera de Morena, ya sea con su nuevo movimiento político o dentro de alguno de los partidos opositores como Movimiento Ciudadano.

Si bien el mayor activo de Morena es la imagen positiva de Amlo, cuya aprobación ciudadana alcanza el 60 por ciento, el mayor desafío es construir un nuevo liderazgo que siga el camino trazado por el actual mandatario, lo que no será fácil, por el carisma, personalismo y centralidad de tiene. Si bien no está muy claro a quién podría perjudicar o beneficiar una candidatura por fuera de Ebrard, lo seguro es que debilita las intenciones de Sheimbaum de erigirse como la garante de unidad partidaria. Es por esto, que en uno de sus primeros discursos como candidata oficial llamó a la unidad y ampliación de la 4T: “Debemos fortalecer la unidad y siempre tender la mano a quien quiera seguir siendo y ser parte de este gran movimiento de transformación”.

En la vereda de enfrente, la priista Beatriz Paredes renunció a su postulación y allanó el camino para que la panista Xóchitl Gálvez sea la candidata. Si bien el PRIAN luce renovado con su nuevo nombre, cuentan con amplio rechazo en la ciudadanía. Sus expectativas están puestas en que el liderazgo de Gálvez les permita oxigenar la imagen de sus partidos y apuestan a que lo que suceda con Ebrard y un desgaste mediático del gobierno de Amlo les acerque a la disputa por la presidencia.

El 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones a gobernadores en dos Estados, México y Coahuila. Esta fue la última contienda electoral antes de las presidenciales. El PRI perdió ante Morena uno de sus bastiones políticos, el Estado de México que gobernaba hace 94 años. Delfina Gomez es la nueva gobernadora; obtuvo el 53 por ciento de los votos. Por su parte, la alianza opositora del PRI, PAN y PRD retuvo Coahuila, donde ganó Manolo Gimenez con el 56 por ciento de los apoyos. El mapa federal de México muestra que 23 de las 32 gobernaciones están en manos de Morena o aliados (San Luís de Potosí por el Partido Verde) y la oposición ―Movimiento Ciudadano― gobierna en Jalisco y Nuevo León. El PAN gobierna en Chihuaua, Aguascalietes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán y el PRI mantiene Durango y Cohauila.

Honduras atraviesa uno de los momentos más delicados desde que está Xiomara Castro en la presidencia. Las tensiones al interior del Partido LIBRE ―Libertad y Refundación―, la ruptura del bloque de gobierno con Salvador Nasralla, la crisis heredada por el Partido Nacional y la reorganización de sectores opositores y oligárquicos generan una situación de inestabilidad política. La situación económica y social es delicada, el gobierno decidió militarizar zonas del territorio hondureño para hacer frente a la crisis de seguridad y aumento de los homicidios.

En los primeros días de agosto se filtró un video de exmilitares en el que se observa al exgeneral Mario Hung Pacheco, responsable del golpe de estado a Zelaya en 2009, alentando un golpe contra el actual gobierno constitucional de Xiomara Castro. Como respuesta, en el aniversario de la fuerza naval hondureña, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), José Jorge Fortín, instó a algunos generales a mantener el orden constitucional y condenó cualquier tentativa de golpe de Estado: “General Hunt Pacheco, no a los golpes de Estado, General Isaias Barahona, no a los golpes de Estado, General Romeo Vasquez, no a los golpes de Estado, General Maldonado Barreras, no a los golpes de Estado”.

Esta amenaza contra el gobierno de Castro se da en un contexto de ofensiva por parte de la oposición de derecha, que busca volver a articularse. El Partido Nacional ―PN―, sectores del Partido Liberal ―PL― y el ex designado presidencial Salvador Nasralla, conformaron el Bloque de Oposición Ciudadana ―BOC― y llevaron a cabo una masiva movilización como demostración de fuerza, con consignas contra la presidencia de LIBRE y sus principales referentes. Esto fue alentado por medios de comunicación, empresarios y sectores vinculados a intereses estadounidenses que aprovecharon la publicación del informe del Consejo Nacional Anticorrupción ―CNA― que denuncia al oficialismo por concentración de poder en el Estado. Esta acusación fue desmentida por Castro quien respondió: “mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada y aprobados por ese régimen, el CNA guardó un silencio cómplice (…) Yo les pregunto, ¿cuál concentración de poder? Si en el Congreso Nacional ni siquiera podemos aprobar o ratificar un acta porque el poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando este país”.

Respecto de la situación política del país, entrevistamos al escritor y analista político hondureño Mario Membreño, quien analizó:

Para entender la situación política actual tenemos que remitirnos a las elecciones en las cuales ganó ampliamente Xiomara Castro, pero no sucedió lo mismo en el Congreso Nacional y en las gobernaciones locales, donde los tradicionales partidos Nacional y Liberal tienen una fuerte presencia. La presencia de LIBRE en la Legislatura perdió fuerza por sus propios conflictos internos y la ruptura con Salvador Nasralla, que era aliado. Y como no se supo reconstruir los marcos de alianzas, por ejemplo con un sector del Partido Liberal, no tiene mayoría para avanzar en leyes y la derecha esto lo entendió perfectamente, bloqueando políticas importantes para el proceso de cambio como la Ley de justicia tributaria o la adhesión a la CAF, que era necesario para fortalecer las finanzas del Estado.

Según Membreño, la debilidad del gobierno ha permitido que la oposición tome la delantera, pero la alianza de los sectores de derecha está “pegada con chicle”, y señala que hay tensiones a su interior que ponen en riesgo la unidad. “El Partido Nacional no tiene liderazgos claros, y los que hay tienen mala imagen. El Partido Liberal no está seguro de ser parte de ese espacio y Nasralla no pudo encolumnar a su partido detrás del BOC”, indicó el escritor. Nasralla, de buenas relaciones con la embajada de EE. UU., aparece como el único que puede capitalizar esta situación.

En la demostración de fuerzas entre oposición y gobierno, los partidarios de LIBRE convocaron a una movilización para el 29 de agosto en apoyo al gobierno, la democracia y la justicia. Xiomara Castro apoyó la marcha con la frase “la movilización va”. La convocatoria resultó masiva y miles de hondureños y hondureñas se volcaron a las calles movilizándose desde la casa presidencial hasta el Congreso Nacional como forma de presión para que el Legislativo elija al Fiscal General y Fiscal general adjunto que la oposición viene bloqueando. Con la iniciativa el partido de gobierno buscó recuperar la iniciativa y mostrar fortaleza ante la embestida de los sectores opositores y amenazas golpistas.

Consultado sobre lo que depara el devenir político de los próximos meses y los pasos a seguir de LIBRE para contener el ataque de la derecha y continuar el proceso de cambio democrático, Membreño indicó:

La amenaza de golpe va a estar latente, no tanto porque vaya a hacerse efectivo, aunque para la oligarquía siempre es una posibilidad, sino como forma de condicionar al gobierno y generar un clima desestabilizador. No parece que Estados Unidos esté jugando esa carta, ya que buscan reconstruir su hegemonía en centroamérica y necesitan generar estabilidad en la región para hacer frente a la crisis migratoria. Al respecto del gobierno, debe rectificarse y volver a las bases, al programa de gobierno de LIBRE, que es avanzar hacia un proceso de cambio democrático. El partido debe estrechar su vínculo con los movimientos populares, lo cual hoy no está sucediendo. Esperemos que la movilización del día 29 sirva para eso.

El gobierno acordó un préstamo con el FMI de 830 millones de dólares, y busca de esta manera paliar parte de la delicada situación económica que heredó del PN y así poder atraer inversiones. El organismo internacional presionó para una devaluación de la moneda, pero fue rechazada, logrando que esa cláusula no sea parte del acuerdo. Además, se busca un préstamo de la Corporación Andina de Fomento  ―CAF― y avanzar en un Tratado de Libre Comercio con China. Ante la delicada situación económica que atraviesa el país, el Ejecutivo decretó el subsidio del 50 por ciento del precio del combustible, debido a que su valor tuvo un fuerte aumento por la rebaja de producción en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Como venimos dando cuenta en los sucesivos informes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado concentrar gran parte del poder político y estatal: cooptó los poderes legislativo y judicial, construyó un importante aparato comunicacional y propagandístico y llevó a cabo una política represiva y autoritaria criminalizando y silenciando voces críticas. Su principal acumulado político se centra en la denominada “guerra contra las pandillas” y en los resultados que el gobierno publicita con esta política.

El 11 de julio, la Asamblea Legislativa amplió por decimosexta vez el “régimen de excepción” por 30 días, en el marco del conflicto contra las pandillas que sostiene el gobierno. Esta medida suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de las personas detenidas, ya que en muchos casos esto se da de manera arbitraria. Se detuvieron a más de 71 mil personas, según datos del Ministerio de Seguridad. En una nota publicada en diariocolatino, el periodista Leonel Herrera señala que denominar a esto régimen de excepción es equivocado, porque lo que hay es “un estado permanente de suspensión (y violación) sistemática de derechos y garantías constitucionales”. Luego, sigue: “si la propaganda gubernamental es que las pandillas ya están desarticuladas ¿para qué se mantiene el estado de excepción? ¿Es para mantener un estado de impunidad para detener a cualquier persona sin causa justificada y sin seguir el debido proceso?”.

Organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales han denunciado la escalada autoritaria del gobierno, persecución política y violaciones a los DD. HH. desde el robustecimiento de las políticas represivas. Desde Amnistía se denunció miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país, así como tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo tutela del Estado. Referentes de la ONG manifestaron que “la magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU”.

Otro de los avasallamientos institucionales por parte de Bukele es su objetivo de ser reelecto como presidente. A pesar de que la constitución lo prohíbe, el actual mandatario anunció que se presentará a las próximas elecciones presidenciales a llevarse a cabo el 4 de febrero del 2024. Para eso, deberá renunciar el 1º de diciembre, seis meses antes de terminar su mandato. Son siete artículos constitucionales que prohíben la reelección, pero una interpretación de la Sala de lo Constitucional habilita al líder de Nueva Ideas a postularse nuevamente como candidato. Los magistrados de este organismo de la Corte Suprema de Justicia fueron designados por la Asamblea Legislativa mediante la mayoría oficialista. Además, de cara a los comicios del año que viene, Bukele llevó a cabo una reforma política – administrativa que modifica el mapa político del país, y buscará que se implemente antes de las elecciones. La medida implica una reducción de 262 municipios para dejarlos en 44 gobiernos locales y se pasaría de 84 a 60 diputados en la Asamblea Legislativa, cambiando el sistema de reparto de escaños. Críticos al gobierno indican que estas reformas podrían favorecer a la concentración del poder de Bukele en caso de resultar victorioso en las urnas.

En las sombras del discurso y propaganda oficial se revela una realidad social y económica complicada para el país. Una investigación llevada adelante por El Faro mostró que el 50 por ciento de los salvadoreños padece inseguridad alimentaria y un 14 por ciento se encuentra en una situación crítica. Los datos alarmantes indican que 210 456 personas cayeron en la pobreza extrema en los últimos tres años y casi un millón de personas están al borde de la hambruna y sus ingresos no alcanzan para alimentarse dignamente. En los últimos dos años hubo un acelerado aumento en el precio de los alimentos de la canasta básica, sin que el gobierno implemente políticas para paliar esta situación.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto a otras organizaciones anunció una movilización para el 15 de septiembre, día en que se celebra la independencia del pueblo salvadoreño. La marcha es en “repudio a la dictadura del clan Bukele que intenta consolidarse”, y entre sus puntos reivindicativos se encuentran: 1) rechazo al intento inconstitucional de reelección de Bukele, 2) rechazo a las reformas que reducen el número de municipios, de diputados y modifica el método de distribución de escaños, 3) rechazo al régimen de excepción , 4) voluntad de luchar para rescatar al país del retroceso y crisis social y económico en que se encuentra y 5) “llamado a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas a crear un frente amplio, que trascienda la lucha electoral y procure la derrota de la dictadura y el establecimiento de un gobierno democrático y al servicio del pueblo”. Adhieren a la iniciativa,  el Movimiento de víctimas del régimen, el Comité de familiares de presos y presas políticas de El Salvador, el Movimiento universitario de pensamiento crítico, el Movimiento por la defensa de la tierra, el Magisterio en resistencia, el Movimiento cinquera en resistencia y el Movimiento de izquierda salvadoreña.

Caribe: la crisis social en Haití y la situación económica en Cuba en el medio de la ola de calor

En el marco de la ola de calor vivida en el Caribe y sufrida por el hemisferio norte y la temporada de tormentas y ciclones, veinte países de Centroamérica y el Caribe emitieron una declaración en conjunto en la Asamblea General de la OEA de junio, en la que pidieron “priorizar la provisión de fondos y recursos para apoyar los esfuerzos de Centroamérica y el Caribe para enfrentar el cambio climático, reconociendo la urgencia y magnitud de los desafíos que enfrentan estas regiones”. La misma fue presentada por el embajador de Antigua y Barbuda ante Estados Unidos y la OEA, Ronald Sanders.

La situación en Haití sigue estando atravesada por la crisis política, institucional, humanitaria, alimentaria, sanitaria y de seguridad, que se sostiene desde hace varios años y se intensificó en 2021 luego del magnicidio de Jovenel Moïse, del cual acaban de cumplirse dos años y en cuya investigación no ha habido avances significativos. Cuatro jueces que estuvieron a cargo de la misma renunciaron o fueron sustituidos alegando razones personales o de seguridad. Más de cuarenta personas fueron detenidas por el caso (entre ellas, quince exmilitares colombianos) y once han sido procesadas en Estados Unidos. El único que ha sido declarado culpable es un empresario haitiano-chileno que confesó su participación en la entrega de armas.

Durante los últimos meses, el país ha sido tema de agenda en diversos foros y espacios internacionales, entre los cuales destacamos el tratamiento del tema en la Caricom.

Algunos datos:

En lo que respecta a la salud, preocupa el aumento de casos de cólera desde el brote iniciado en octubre del año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, al 25 de julio de 2023, había un total de 56 580 casos sospechosos (52 608 de los cuales son hospitalizaciones); 10 116 casos testeados, de los cuales 3612 fueron confirmados; 567 muertes en instituciones y 247 muertes por la enfermedad fuera de instituciones. El promedio de edad de las personas hospitalizadas por la enfermedad es de 17 años y la mayor afectación es sufrida por niños y niñas de entre 1 y 4 años, en primer lugar, y de entre 5 y 9 años, en segundo lugar. Según datos de Unicef, 5,2 millones de personas en Haití (de las cuales 3 millones son niños y niñas) necesitan ayuda humanitaria urgente y 4,9 millones tienen dificultades para alimentarse. El organismo también calcula que “este año más de 115 000 niños menores de cinco años sufrirán casos de desnutrición potencialmente mortales, lo que supone un aumento del 30% desde el año pasado” y casi uno de cada cuatro niños y niñas padece desnutrición crónica. Se trata de las cifras más altas registradas en la historia, incluso comparándolas con las posteriores al terremoto de 2010. A la vez, la organización denuncia falta de financiación por parte de los países y afirma que recibió solo un 15% de los fondos que necesita para esta cuestión. Esta situación se da en un contexto de aumento de la violencia, que también influye en el acceso a los servicios sanitarios (por desplazamientos y bloqueo de caminos, entre otros).

Según un informe del Colectivo Défenseurs Plus, entre enero y junio de 2023, hubo 600 asesinatos y 271 secuestros producto de la violencia de las bandas armadas y, según la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), entre abril de 2022 y abril de 2023, hubo 734 muertos en 6 masacres entre los departamentos Oeste y Artibonite.

Según un informe de la ONU, en los tres primeros meses de 2023, 846 personas fueron asesinadas (en el trimestre anterior, el número había sido de 541). En el mismo período se contaron 393 personas heridas y 395 secuestradas. Esto supone un aumento de la violencia del 28% con respecto al trimestre anterior. Además, 600 personas fueron asesinadas solamente en el mes de abril. En lo que va del año (hasta el 15 de agosto), la ONU ha documentado más de 2400 personas asesinadas, más de 900 heridas y 951 secuestradas, en el marco de un pico de violencia experimentado durante las primeras semanas de agosto.

De acuerdo a datos publicados por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh, por sus siglas en francés) de la ONU, solo en julio hubo alrededor de 83 secuestros.

De acuerdo a datos que publicó la organización feminista Nègès Mawon, 652 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en cuatro barrios de Puerto Príncipe entre mayo de 2022 y marzo de 2023.

Las bandas armadas controlan actualmente más del 80 por ciento de la capital del país y ganan cada vez más terreno en otros departamentos, impidiendo el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. Según la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (Pohdh), en el último año 100 mil personas tuvieron que huir de sus hogares.

Más de 165 000 personas se encuentran desplazadas internamente debido a la violencia de los grupos armados y 30 000 han tenido que desplazarse debido a las inundaciones que tuvieron lugar a principios de junio y afectaron a casi 40 000 familias, con un saldo de más de 50 muertos.

A todo esto se le suma el movimiento de autodefensa en contra de las pandillas del que hablamos en el informe anterior, Bwa kale, que desde abril viene atacando a integrantes de las bandas armadas y a agosto ya lleva cometidos más de 350 asesinatos documentados por la O.N.U. y otras organizaciones de derechos humanos.

Por último, las cifras de migrantes retornados y retornadas al país también van en aumento. En lo que va de 2023, entre 62 000 y 78 000 (según la fuente) personas han vuelto al país por tierra, aire o mar. Los destinos principales de donde han sido deportados son República Dominicana y Estados Unidos. El experto independiente de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití, William O’Neill, llamó al gobierno dominicano a cumplir con los acuerdos migratorios bilaterales y expresó que “algunos métodos de repatriación utilizados no cumplen con los estándares de derechos humanos” e incluyen a menores no acompañados.

En el contexto de violencia, destacan los secuestros y ataques a periodistas (por parte de las bandas pero también de las fuerzas de seguridad) que vienen teniendo lugar, con sus consiguientes respuestas y protestas. En lo económico, destaca el alza en el precio del petróleo, que también ha llevado a huelgas por parte de los transportistas.

En este contexto, que pareciera habérsele escapado de las manos no solamente al gobierno sino a todos los países que históricamente han intentado tener intervenciones en el país, el Consejo de Seguridad de la O.N.U. decidió prorrogar por un año el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) hasta el 15 de julio de 2024 (vencía, originalmente, el 15 de julio de 2023).

Durante los últimos meses ha destacado la presencia del tema en distintos foros, conferencias y encuentros internacionales. Destaca, como novedad, la presencia del tema en las distintas instancias de la Caricom (Comunidad del Caribe), que permite pensar que es posible abordar la problemática desde una mirada de la integración regional, ofreciendo una alternativa a las miradas injerencistas. Esto no significa que desde este espacio esté necesariamente abordándose el tema desde una perspectiva anticolonial y de la autodeterminación de los pueblos, pero hasta ahora, ha habido algunas instancias en las que se vio la intención de que participen sectores de la sociedad civil haitiana.

Recapitulemos algunos de los espacios internacionales en los que se ha tratado el tema:

En mayo, durante la ceremonia por el Día de Europa, Ariel Henry pidió ayuda a los países europeos para “desarrollar su fuerza policial”, a la vez que Canadá anunció que enviaría 5 de los 100 millones de dólares prometidos previamente para la compra de armas y municiones para equipar a la policía. Unos días después, el secretario general de la O.N.U. António Guterres viajó a Jamaica a reunirse con su primer ministro y uno de los temas abordados fue “el rol mediador de Jamaica en la situación de Haití” y expresaron la intención de seguir teniendo conversaciones bilaterales al respecto. A la vez, la O.N.U anunció que enviaría una ayuda económica de 9 millones de dólares de ayuda humanitaria.

En junio, por otro lado, se realizó en Jamaica una reunión de tres días con distintos actores con el objetivo de consultar a los distintos actores involucrados sus perspectivas y posibles caminos a seguir en Haití. Allí participaron representantes del gobierno haitiano y de distintas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, el sector privado y la iglesia. Además, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett y el llamado Grupo de Personas Eminentes, formado por el exprimer ministro de Bahamas, Perry Christie; de Jamaica, Bruce Golding y de Santa Lucía, el Dr. Kenny Anthony, así como representantes de países donantes de Haití. El primer ministro jamaiquino resaltó su postura de no injerencia. Si bien se llegó a proponer un documento en conjunto que preveía la instauración de un poder ejecutivo bicéfalo en un gobierno de unidad y transición, no se llegó a acordar y firmar y Henry fue claro en el rechazo a la propuesta. Sin embargo, es posible pensar que este encuentro, luego del realizado en febrero por la Caricom, muestra un avance en conversaciones que empiezan a incluir actores haitianos y caribeños más que extranjeros representantes de potencias imperialistas.

Declaraciones de la Caricom posteriores a la reunión mantuvieron una postura no injerencista y una “solución liderada por Haití” y el comunicado final de la organización afirmó que “el primer ministro interino, Dr. Ariel Henry, se comprometió a lograr una mayor inclusión en la gobernanza mediante el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, comenzando por trabajar con los socios del Acuerdo del 21 de diciembre para aumentar el número de miembros del Alto Consejo de Transición (HCT) para incluir representantes de un grupo más amplio de partes interesadas”.

Unos días después de esa cumple, Henry participó de otra en Francia, llamada “Por un nuevo pacto financiero global”, en la que se reunió con representantes de otros países para seguir pidiendo apoyos internacionales. Entre ellos, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de Kenia, país que en abril ya había expresado a Canadá su disposición a enviar policías kenianos a Haití. Henry también se reunió con el presidente de la Unión Africana, Azali Assoumani, para pedir apoyo. En el mismo sentido y unas semanas más tarde, el presidente de Rwanda, Paul Kagame, afirmó que está dispuesto a apoyar la fuerza multilateral que pidió el gobierno haitiano en sus distintas intervenciones.

Al mismo tiempo, una delegación haitiana participó del 53° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en la que representantes de distintos países (entre ellos Canadá y Estados Unidos) volvieron a hablar de la necesidad de “apoyo internacional urgente” a Haití. Desde febrero de este año existe el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre Haití en la OEA, al cual el gobierno haitiano viene pidiendo asistencia en materia de seguridad.

A principios de julio, el secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Haití y pidió al Consejo de Seguridad de ese organismo “y a todos los países contribuyentes potencialmente relevantes que creen las condiciones que permitan el despliegue de una fuerza multinacional de ayuda a la Policía Nacional de Haití, “una fuerza de seguridad sólida que trabaje mano a mano con la Policía Nacional de Haití para derrotar y desmantelar a las pandillas y restablecer la seguridad en todo el país”. A la vez, también reconoció que “no se puede encontrar una solución sin el pueblo haitiano”.

En la reunión de la Caricom celebrada entre el 3 y el 5 de julio en Trinidad y Tobago también estuvo el tema de Haití muy presente en la agenda. Hubo una declaración especial al respecto en la que los jefes de Estado propusieron la creación de un Corredor de Estabilización Humanitaria y de Seguridad bajo el mandato de una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), con apoyo financiero de socios internacionales. Además, concluyeron en la necesidad de entablar diálogos con algunos países que ofrecieron su apoyo a la Policía Nacional Haitiana como Ruanda y Kenia.

Nuevamente en julio, una delegación de Caricom visitó Haití para seguir manteniendo conversaciones con el gobierno y otros sectores políticos y sociales, como el Sector Democrático y Popular (SDP) y la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

Luego del llamado de Guterres, varios de los miembros del Consejo de Seguridad se expresaron al respecto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, después de reunirse con Ariel Henry en Trinidad y Tobago, afirmó que Estados Unidos es “el mayor donante internacional a la Policía Nacional de Haití, por eso apoyamos el llamado del gobierno de la nación para una fuerza multinacional que nos ayude a restaurar la seguridad”.

Por su parte, Rusia y China fueron las voces disidentes que hicieron contrapeso a estas declaraciones. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, expresó: “Algunos consideran que la panacea es una fuerza multinacional, cuando la historia demuestra que esas intervenciones extranjeras han hecho más mal que bien en Haití”, mientras que el embajador chino, Zhang Jun, consideró la necesidad de analizar otras alternativas y reafirmó la necesidad de que los haitianos puedan decidir.

La discusión respecto de enviar tropas a Haití en una fuerza multinacional no ha tenido consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente por las posturas de Rusia y China que se oponen. Sin embargo, durante las últimas semanas, el secretario general António Guterres ha reforzado junto a Estados Unidos el pedido de conformar una fuerza multinacional que apoye a la policía de Haití.

Ya con Canadá apartada de esta empresa, países como Kenia, Las Bahamas y Jamaica se han mostrado dispuestos a liderar o colaborar con esta intervención que, según el portavoz de la ONU, Farhan Haq, “no será una fuerza de Naciones Unidas en el sentido clásico de las fuerzas de paz conocidas como cascos azules”, sino que se limitaría a apoyar a la policía haitiana.

En ese marco, un conjunto de organizaciones populares hizo pública una declaración en la que expresan su oposición a esta fuerza y piden especial solidaridad a Kenia y a los países africanos para que revean su posición de ofrecerse a contribuir con esta fuerza injerencista, ya que “tal empresa que va en contra de lo proclamado solemnemente en el Acta Constitutiva y la Carta de la Unión Africana (UA)”, que plantea explícitamente la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía e integridad territorial. En la misma, además, denuncian el suministro de armas por parte de Estados Unidos a las pandillas haitianas, confirmado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) en marzo de este año.

Por último, hay que destacar que el tema también estuvo presente en la cumbre de los BRICS, en cuya declaración final los y las representantes del grupo expresaron su preocupación y abogaron por la creación de consensos entre las fuerzas políticas locales.

Desde hace algunos años, Cuba está atravesando cambios significativos en su estructura económica y en su estructura estatal. A partir de la Reforma Constitucional de 2019, se ha iniciado el proceso de reordenamiento económico en el marco del cual, en septiembre de 2021, se permitió la constitución de pequeñas y medianas empresas privadas que ya forman parte del entramado productivo del país.

En ese marco, hay algunos temas y preocupaciones recurrentes relacionados al aspecto económico que abordaremos en este informe: el crecimiento del sector privado, la producción y distribución de los alimentos, la inflación y las fluctuaciones en el tipo de cambio, y también problemas de abastecimiento de agua, electricidad y combustible. Todo esto en el marco de un bloqueo por parte de la administración estadounidense que no se ha movido un ápice desde las 240 medidas de Trump, cuyos daños acumulados se calculan en 154 217,3 millones de dólares. Al bloqueo se le agrega una de las últimas medidas de Trump, que fue designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en enero de 2021.

En términos macroeconómicos, se observa una recuperación de algunos índices con relación a los años de pandemia, aunque no la esperada. El P.I.B. en 2020 fue negativo en un 11 por ciento, en 2021 se recuperó y fue de 1,3 por ciento positivo y en 2022 de un 1,8 por ciento (con una proyección inicial del 4 por ciento). Esta recuperación fue asimétrica; fue protagonizada por sectores como el turismo, el transporte, la educación, cultura y deportes, mientras que sectores como la agricultura, la ganadería, la industria manufacturera, el comercio y la electricidad experimentaron caídas significativas. Para 2023 se había proyectado un aumento a 3 por ciento del P.I.B., pero todavía no alcanza los niveles prepandemia, con las actividades primarias reportando valores negativos. Se proyecta un aumento del 1,5 por ciento.

Uno de los índices más preocupantes de la realidad cubana es el de inflación que, entre enero y abril de este año, había sido de un 11,39 por ciento y, al cierre de junio, de un 18 por ciento, con una inflación interanual del 45,48 por ciento a julio (el índice que más contribuye a este número es el de alimentos, bebidas y transporte, que constituye un 80 por ciento). En 2022 había sido de 40 por ciento, mientras que en 2021 del 70 por ciento. Se estima que en 2023 termine superando el 40 por ciento.

Además de los factores externos relacionados con la inflación a nivel mundial, hay tres factores internos que contribuyen al aumento de precios, según el ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández: la falta de disponibilidad de divisas, la disminución de los planes de producción y, por lo tanto, el déficit de oferta y la especulación, la reventa y el enriquecimiento ilícito.

Las fuentes más importantes de ingresos de divisas son las exportaciones, el turismo y las remesas y, si bien esos sectores vienen recuperándose, aún no han alcanzado los ingresos previstos. Una de las preocupaciones que esto genera es la dualidad económica y el tipo de cambio paralelo que va creciendo en el mercado ilegal y que casi duplica al tipo de cambio oficial.

En cuanto al nuevo segmento del mercado y la producción, que comprende especialmente al sector de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), a junio de este año se habían aprobado más de 8 mil nuevos actores (en 2022 este número fue de casi 6 mil), que emplean a más de 212 mil personas.

Si bien este sector va creciendo y el Estado pretende orientarlo principalmente a la producción de alimentos, todavía hay una cuota muy alta de alimentos (el 65 por ciento) que son importados y la producción nacional no logra satisfacer la demanda. Esto contribuye a la dependencia de los precios internacionales. En 2023 el nivel de producción agropecuaria está siendo inferior a la del año anterior. El caso más paradigmático es el de la zafra, que este año enfrentará un rendimiento inferior a la demanda, que no solamente no generará divisas sino que probablemente requiera que se importe azúcar.

Un factor a destacar es que incluso los actores privados de la economía opositores al gobierno reconocen que el bloqueo estadounidense afecta a la producción del sector privado.

Respecto a los servicios, la limitación en el ingreso de combustibles debido al bloqueo estadounidense hace que desde ya hace varios años el transporte y el abastecimiento de energía eléctrica constituyan un problema cotidiano. Este año se planificaron los cortes y se realizaron obras para la recuperación del nivel de generación y distribución de energía que se tradujeron, según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una disminución de las afectaciones de un 35 por ciento, si se compara, por ejemplo, mayo de 2023 con mayo de 2022 y de un 38 por ciento en junio.

Lo que viene siendo un problema mayor esta temporada húmeda (entre junio y octubre, en la que hay con más frecuencia tormentas y fallas eléctricas) es el abastecimiento de agua, que responde principalmente a equipamientos de bombeo antiguos que pueden distribuir menor cantidad de agua con el mismo consumo energético y la imposibilidad de entrar al país recursos para su mantenimiento o sustitución.

A principios de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió un comunicado rechazando el ingreso de un submarino nuclear en la base estadounidense en Guantánamo. El mismo permaneció allí desde el 5 de julio hasta el 8 de julio, “lo que constituye una escalada provocadora de los Estados Unidos, cuyos motivos políticos o estratégicos se desconocen”.

Los meses de junio y julio fueron meses de encuentros internacionales para las autoridades cubanas. Primero, el presidente Díaz-Canel se juntó con el presidente iraní en Cuba. Luego, previo a su participación en la mencionada cumbre en París, se reunió con el papa Francisco en el Vaticano, con el presidente, el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Serbia y en París también tuvo un encuentro bilateral con Lula da Silva. En la cumbre en París, el presidente cubano afirmó que “urge un nuevo y más justo orden internacional” y consideró que es necesaria una reforma de las instituciones financieras internacionales.

Unos días antes de realizarse la Cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, el 10 de julio, Cuba denunció falta de transparencia y conducta manipuladora de la UE en la organización, afirmando que se intentaban imponer formatos restrictivos que imposibilitarían discusiones y ocultando debates a la prensa.

El 12 de julio, el Parlamento europeo aprobó una resolución contra Cuba, en la que se pedían sanciones contra quienes señaló como responsables de atentar contra los derechos humanos en ese país, incluyendo a Díaz-Canel. A esta resolución, la Presidencia de Cuba respondió con un comunicado en el que rechazó dicha resolución y afirmó que tal órgano europeo “carece de autoridad moral, política y jurídica” y que el texto “muestra un alto contenido injerencista”.

Previo a su participación en la cumbre, el presidente cubano visitó Portugal y se reunió con su presidente.

En su discurso en la cumbre, Díaz-Canel reclamó que “la asociación estratégica América Latina y el Caribe – Europa no existe. Debemos construir mejores relaciones, más justas, solidarias y cooperativas”. También apeló a la necesidad de reformar la arquitectura financiera mundial, discutir las políticas de migración y respetar los principios de igualdad soberana y no injerencia. Agradeció, por último, el rechazo al bloqueo estadounidense contra Cuba expresado en diversas oportunidades por los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea.

En el marco de la Cumbre de los BRICS llevada a cabo en agosto, a la que Díaz-Canel fue invitado como presidente del G77+China, el presidente cubano celebró la ampliación del bloque y la propuesta de creación de un mecanismo de reserva de monedas del sur que permita líneas de crédito mutuas. En su discurso, convocó a una cumbre de jefes de Estado de ese grupo sobre tecnología, ciencia e innovación, a realizarse en septiembre en La Habana. Además, durante ese viaje visitó otros países africanos como Angola, Mozambique y Namibia.

El 26 de julio se cumplieron setenta años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes, tras los cuales encarcelaron a Fidel Castro, en una gesta que vería el triunfo de la Revolución, seis años después. En homenaje, se llevó a cabo ese día un acto por el hoy llamado Día de la Rebeldía Nacional en la antigua fortaleza militar de Santiago de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel y con la presencia del general de Ejército Raúl Castro, uno de los combatientes de hace 70 años y 10 mil ciudadanos y ciudadanas cubanas.

A principios de agosto, un conjunto de organizaciones sociales de la región lanzó un llamamiento global para juntar un millón de firmas con el objetivo de presionar al gobierno de EE. UU. para que saque a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

La campaña, llamada “¡Cuba vive y resiste!” es impulsada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, el Foro de São Paulo, la Asamblea Internacional de los Pueblos, la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, la Marcha Mundial de las Mujeres, ALBA Movimientos, La Vía Campesina y la Red Continental Latinoamericana y Caribe. La idea es poder llegar a Washington a entregarle al presidente Joe Biden la lista de firmas.

Los efectos que la inclusión en esta lista tienen sobre las personas cubanas han sido reconocidos, incluso, por organizaciones internacionales que no simpatizan con la Revolución. Entre otros, se incluye el aislamiento al ejército cubano, la limitación al envío de ayuda humanitaria desde organizaciones en Estados Unidos, así como la limitación al comercio de productos fabricados en Estados Unidos o con componentes que provengan de ese país. Se agregan restricciones a los visados de entrada a Estados Unidos de ciudadanos cubanos o de otros países que hayan estado en Cuba, congelamiento o denegación de cuentas bancarias en el extranjero, así como el límite a uso de instrumentos de pagos y cobros internacionales, así como restricciones a intercambios o becas de índole académico, científico o artístico.

En perspectiva 

América Latina y el Caribe es un continente en permanente movimiento, con tendencias que se vinculan a un mundo globalizado e hiperconectado, donde las crisis y guerras producidas por las políticas del imperialismo de un lado del globo afectan al conjunto. Además, el continente tiene sus propias crisis, con la escalada de violencia producto de las disputas narcos y del crimen organizado, la presencia de grupos paramilitares y una problemática migratoria en aumento. En este contexto de inestabilidad, los gobiernos progresistas y de izquierda enfrentan una ardua tarea para hacer pie y avanzar en políticas transformadoras. Enfrentan dos procesos complejos: por un lado, las embestidas de sectores opositores, que en muchos casos están representados por personalidades vinculadas a la extrema derecha. Y por el otro, los conflictos internos dentro de los partidos y alianzas gobernantes que amenazan la unidad política y en muchos casos el futuro de la gobernabilidad de sus países. En ese marco, seguimos con especial atención el desenvolvimiento de la agenda electoral en la región, en particular en los casos de las elecciones presidenciales en Ecuador y Argentina que como hemos mencionado, pueden cambiar de forma radical el panorama continental.

Los pueblos de Nuestra América resisten y luchan para cortar las cadenas del norte y generar salidas soberanistas y de justicia social, que alumbren caminos de esperanza en una etapa abierta y en disputa.

En los primeros cuatro meses del 2023, la coyuntura política y social en América Latina y el Caribe ha evidenciado el lugar que ocupa nuestro continente en el contexto de un mundo en transición global y en crisis profunda. Analizar la coyuntura de nuestra región se presenta como un desafío casi inabarcable. Desde el OBSAL hacemos apenas una aproximación a los principales movimientos, a veces con un pequeño análisis, que hubo en el continente en diferentes dimensiones que abarcan el interés de los países de Nuestra América.

El inicio del 2023 ha demostrado lo que hemos mencionado en numerosos informes respecto a la crisis civilizatoria y multidimensional que atraviesa el mundo en los últimos años. Nunca sobra recordar que esta crisis es producto de las dinámicas propias del sistema capitalista, y que ponen en jaque no solamente la existencia de nuestra especie, sino la del planeta en su totalidad. En este informe nos enfocamos en un primer punto en el estado de la crisis ambiental, que ubica a más de 3 mil millones de personas en contextos vulnerables al cambio climático y deja muchas regiones del mundo sufriendo con temperaturas extremas, heladas y sequías que afectan todos los órdenes de la vida. En un segundo punto, destacamos la crisis económica que se profundizó dramáticamente en la pandemia y que ubica a nuestra región como una de las más desiguales del mundo.  En algunos países, como la Argentina, condenando al endeudamiento con los organismos multilaterales de créditos. En un tercer punto, la continuación de la guerra en Ucrania continúa presentándose, por un lado, como un escenario de posibilidades productivas para nuestro continente, y, por otro, evidenciando la inviabilidad de un sistema internacional que prioriza la expansión bélica bajo los cascos de la OTAN.

Con muy malos resultados a nivel ambiental y económico, el capitalismo ha reforzado sus peores rostros para buscar re legitimarse en regiones que han parido procesos alternativos. De esa forma, encontramos a nivel regional una preocupación en el crecimiento de los autoritarismos y los experimentos neofascistas, como si fueran una posible respuesta frente a las consecuencias desastrosas y desesperanzadoras de la desigualdad. A nivel global presenta una concentración de casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020, en el 1% más rico de la población mundial, según el informe de OXFAM.

Frente a ese escenario global, encontramos en los primeros meses de 2023 un continente movilizado, con retrocesos, pero sobretodo, enfocado en lo que parece ser el resurgimiento de los proyectos de integración a nivel continental, y un reimpulso a escenarios de diálogo y acuerdos comunes entre los países de la región en materia política, económica y comercial, que pueden fortalecer la voz de América Latina y el Caribe en el concierto global de voces. En medio de la crisis de hegemonía que vive el imperialismo, se manifiesta la necesidad de los EE.UU. de asegurar su proyecto en nuestro continente, y que tuvo a la Jefa del Comando Sur de visita por varios países del continente manifestando, sin sonrojarse, su interés de fortalecer la presencia en la que consideran su zona de influencia, en especial por los recursos estratégicos que se encuentran en tierras nuestramericanas. Cabe destacar que en  2023 cumple 200 años desde la proclama de la Doctrina Monroe y su américa para los (norte)americanos.

El triunfo de Lula en Brasil, la continuación del proceso de las 4T con el gobierno de López Obrador en México, más los esfuerzos regionales de Honduras, Colombia, Argentina, Chile, entre otros países que consiguieron gobiernos progresistas en los últimos años, han abierto las posibilidades de que aquellos proyectos de integración como UNASUR, la CELAC y el ALBA, que fueron firmemente atacados por la derecha a nivel regional, tuvieran reuniones o novedades durante los primeros meses del año, y tengan un reimpulso que sin duda sería imposible sin estas modificaciones en términos gubernamentales en países centrales de la región. Esto, como mencionamos, es consecuencia del análisis sobre el lugar relevante que tiene nuestro continente en el contexto global, y sobre todo, en un escenario de multipolaridad donde destaca el fortalecimiento de las relaciones de China con países de nuestra región, y en especial con Brasil que nuevamente lidera un agrupamiento de integración a nivel continental.

En este primer informe de 2023, hacemos un extenso viaje por la región ubicando lo que consideramos lo que fue central en la correlación de fuerzas a nivel continental, que podía en mayor o menor medida modificar este escenario de posible re integración de América Latina y el Caribe en un proyecto de relativa soberanía respecto a los Estados Unidos. Iniciamos, entonces, con el énfasis en un Cono Sur que inició el mes de enero con un ataque al Palácio do Planalto en Brasil de hordas de Bolsonaristas y cerró el mes de abril con el triunfo del Partido Colorado en Paraguay cambiando el signo de victoria de gobiernos alternativos en las últimas elecciones a nivel continental —especialmente después del triunfo de Lula y Petro en 2022—. Argentina atraviesa una fuerte crisis económica que ya aparecía el año pasado, que se profundiza con una incertidumbre en el panorama político electoral de cara a las elecciones de octubre, donde se alerta la posibilidad de una derrota de las fuerzas del peronismo, y la aparición en escena de propuestas de derecha y ultraderecha como principales opciones, y Chile, que a pesar de intensas contradicciones del gobierno Boric, apuesta por la nacionalización del litio.

Por su parte, en Mesoamérica se encuentran dos de las grandes preocupaciones a nivel regional. Una, producto de la crisis económica que venimos mencionando, es precisamente la tragedia que sufren a diario millones de migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Esta crisis migratoria dejó durante 2022 el saldo de 433 migrantes asesinados en la frontera de México y EE.UU., y agrava la crisis humanitaria que esto conlleva vinculado al hacinamiento de las y los migrantes en los centros de detención, la militarización de las fronteras y la permanente violación de Derechos Dumanos de las personas que buscan cruzar la línea. Por otro lado, la expansión del fenómeno Bukele, a nivel regional, pareció legitimar en los primeros meses del año la denominada “guerra contra las pandillas” como un modelo exitoso para implementar en diferentes países de la región, reforzando los discursos militaristas y securitizantes que buscan disfrazar con fuertes medidas represivas las consecuencias dramáticas de la desigualdad social en El Salvador y en toda la región. En términos electorales, en esta subregión se avecinan las elecciones en Guatemala en el próximo mes de junio en un panorama de fragilidad institucional, corrupción y fragmentación política que ponen muy difícil un escenario de transformación en el país que se encuentra sumida en una grave crisis de desigualdad y falta de derechos básicos para su población. En esa misma línea, se ubica la grave crisis humanitaria que vive Haití producto de la violencia de las denominadas bandas o pandillas delincuenciales, que en connivencia con las fuerzas de seguridad, y con un gobierno de facto que en vez de convocar a elecciones, busca traer intervencionismo extranjero, ha dejado solo en los 4 primeros meses del año cerca de 500 personas asesinadas.

Los escenarios de violencia producto de la desigualdad, y de la aparición y multiplicación de las bandas vinculadas con el narcotráfico también tienen lugar en los Andes, especialmente en Ecuador donde el incremento de la inseguridad junto a la crisis carcelaria precedente de años atrás, ha llevado la conflictividad social a niveles preocupantes, ubicando al presidente Guillermo Lasso en una crisis sin precedentes que incluye un pedido de destitución en su contra por delitos de corrupción. Asimismo, los escenarios de represión y violencia por parte de las mismas fuerzas de seguridad son moneda corriente en un Perú que continúa sufriendo las políticas de la dictadura parlamentaria de Dina Boluarte, quien se encuentra gobernando para los intereses de la derecha local, y la embajada de EE.UU., dando la espalda a un pueblo que lleva 5 meses movilizado exigiendo su renuncia inmediata y la convocatoria a una Constituyente.

Sin embargo, a pesar del crítico escenario y de las dificultades propias del avance de los procesos progresistas y revolucionarios, este 2023 ha presentado escenarios esperanzadores para fortalecer el proyecto de integración continental que mencionamos anteriormente, y que  estuvieron presentes en la renovación de la Asamblea Nacional en Cuba con la reelección de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba; el avance del proceso de cambio en Bolivia que, en medio de internas preocupantes, continúa fortalecido económicamente; las medidas de respeto a su programa de gobierno en el caso de Gustavo Petro en Colombia que a pesar de tomar decisiones aparentemente impopulares, está dispuesto a impulsar cambios de gabinete, y a continuar el proyecto de la Paz Total con todos los grupos armados del país, así como desarrollar iniciativas en materia de política exterior como la convocatoria a la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela. Por su parte, la Revolución Bolivariana que el pasado 05 de marzo conmemoró los 10 años de la partida física del Comandante Chávez, continúa su exigencia al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales.

Como mencionamos al inicio, son apenas cuatro meses en los que parece que hubieran pasado años teniendo en cuenta el movimiento de actores, escenarios, posibilidades y preocupaciones que atraviesan nuestra región. A continuación en profundidad los diferentes elementos que mencionamos y que buscan servir como herramienta para los análisis de coyuntura, y sobre todo, para las estrategias de lucha de los movimientos y organizaciones del campo popular de toda Nuestra América.

Panorama general: Actualidad de la crisis civilizatoria: cambio climático, sismos económicos, crecimiento de los autoritarismos frente a la desigualdad y amenazas de expansión bélica

La crisis multidimensional en el ojo de la élite mundial

En nuestro último informe de fines del año pasado señalamos cómo en los documentos de los organismos internacionales a lo largo del 2022, al compás de los efectos globales de la pandemia y la guerra en Europa, se señalaban la presencia y riesgos de una crisis multidimensional y profunda. Así, por ejemplo, el informe anual 2022 del Banco Mundial advertía sobre el despliegue de “múltiples crisis superpuestas” y la CEPAL hablaba de “una sucesión ininterrumpida de crisis”. En la misma dirección, el informe sobre los riesgos globales difundido en 2023 por el Foro Económico Mundial – FEM (The Global Risks Report 2023) afirmó que “los primeros años de esta década anuncian un periodo especialmente agitado en la historia de la humanidad” y que “las crisis concurrentes, los riesgos profundamente interconectados y la erosión de la resiliencia están dando lugar al riesgo de poli-crisis”, que es “cuando crisis dispares interactúan de tal manera que el impacto global supera con creces la suma de cada una de las partes”.

El reconocimiento por parte de estas instituciones del poder mundial sobre la actualidad de esta “poli-crisis”, para utilizar el neologismo acuñado por el FEM, da cuenta de su magnitud y gravedad. Para el pensamiento crítico emancipatorio y los movimientos populares, sin embargo, ello no es novedad. Desde hace décadas vienen señalando que el despliegue de las transformaciones neoliberales, la etapa presente del capitalismo, implica la progresión de una crisis que atraviesa las diferentes dimensiones sociales y que por su amplitud y profundidad se suele llamar “civilizatoria” o “de la civilización dominante”. Examinemos algunas de las novedades que en estos primeros meses de 2023 jalonan las dimensiones de esta crisis.

Presente y futuro de la crisis ambiental y climática

Los resultados de la última Encuesta de Percepción de Riesgos Globales (GRPS, Global Risk Perception Survey 2023) realizada por el FEM a cientos de líderes políticos; empresarios; funcionarios e integrantes de ONGs da cuenta de la importancia y pesimismo que dicha élite global manifiesta frente al avance del cambio climático. Así, las cuatro primeras amenazas identificadas por este grupo para los próximos diez años advierten sobre: a) el fracaso en la mitigación del cambio climático, b) el fracaso en la adaptación al cambio climático, c) los desastres naturales y eventos climáticos extremos y, d) el colapso de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

La actualidad de la crisis climática resulta fácilmente perceptible en la reiteración y expansión de fenómenos meteorológicos extremos (desde calores sofocantes, sequías e incendios a tormentas intensas y fríos agudos) tal como lo reconoce el último informe de principios de 2023 del Grupos de Expertos Intergubernamentales sobre el cambio climático de Naciones Unidas (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). El mismo señala que la “temperatura superficial global alcanza en 2011-2020 1,1 °C por encima de 1850-1900” siendo que “la temperatura de la superficie global ha aumentado más rápido desde 1970 [es decir, en el marco de la neoliberalización capitalista] que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años”. Sus consecuencias catastróficas ya se dejan sentir. Así, el informe señala que “aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático” y que “el aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha expuesto a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda  y la reducción de la seguridad hídrica, con los mayores impactos adversos observado en… África, Asia, América Central y del Sur… y a nivel mundial para los Pueblos Indígenas, productores de alimentos a pequeña escala y comunidades de bajos ingresos”. Asimismo, “entre 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en regiones altamente vulnerables, en comparación con regiones con muy baja vulnerabilidad” y “aproximadamente la mitad del mundo… experimenta una grave escasez de agua durante al menos parte del año debido a una combinación de factores climáticos y no climáticos” (la traducción es nuestra).

Las perspectivas que plantea el informe hacia el futuro resultan también muy preocupantes; incluso “los riesgos relacionados con el clima son más altos que los evaluados en AR5 [el informe anterior] y los impactos a largo plazo proyectados son hasta varias veces mayores que los observados”. Asimismo, más allá de las medidas que se tomen “el calentamiento global seguirá aumentando en el corto plazo (2021-2040) principalmente debido al aumento de las emisiones ya acumuladas de CO2” en la atmósfera. Así, aún si se redujeran significativamente las emisiones —un escenario lamentablemente muy poco probable— el informe estima igual una elevación de 1,4 °C de la temperatura global para 2081-2100; para emisiones intermedias se estima una elevación a 2,7 °C y “4.4°C para un escenario de emisiones de GEI muy alto” siendo que el Acuerdo de París se proponía contener dicha elevación en un rango de 1,5-2 °C en el acuerdo que por encima de ello las consecuencias serían catastróficas.

Crack bancario en el Norte, deuda en el Sur. ¿De la estanflación a la crisis?

El último informe del Banco Mundial de abril de 2023 titulado “Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo: Tendencias, expectativas y políticas” (Falling Long-Term Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies) prevé para el periodo 2022-2030 una tasa de crecimiento muy baja para la economía mundial (2,2% anual) así como Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. alerta que “podríamos estar ante una década perdida”.  En la misma dirección, el Banco Mundial redujo sus expectativas de crecimiento para América Latina y el Caribe a 1,4% para 2023 y prevé para 2024 y 2025 un 2,4 %.

La actualidad y perspectivas de un bajo crecimiento económico, en algunos casos casi en situación de estancamiento, se han combinado en el último tiempo con un incremento de los precios; incluso el propio FMI ha reconocido en marzo que “un año después de que la invasión rusa de Ucrania trastocara los mercados de productos agrícolas básicos, los precios de los alimentos permanecen elevados pesa a haber retrocedido de los máximos registrados a comienzos de 2022”. Este escenario inflacionario llevó en el último año al gobierno estadounidense a adoptar una política de elevación de las tasas de interés, respuesta neoliberal ortodoxa propuesta por todos los organismos internacionales para controlar la inflación. Los resultados funestos de estas políticas han quedado de manifiesto nuevamente en los últimos meses. Por una parte, en los países del Norte Global, desataron una crisis bancaria iniciada con la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank en marzo y que, entre sus repercusiones, conllevó la caída y compra del Credit Suisse, mostrando la extrema fragilidad de un sistema financiero configurado por las transformaciones neoliberales. Así, algunos economistas críticos han señalado que “la crisis bancaria aún no ha terminado… podría haber una crisis continua que dure años, haciéndose eco de lo que sucedió durante la crisis de las cajas de ahorro de EEUU de los años 1980-90”, pero “lo que es seguro es que los términos del crédito se están endureciendo, los préstamos bancarios se reducirán y las empresas de los sectores productivos tendrán cada vez más dificultades para recaudar fondos para invertir y los hogares para comprar bienes caros”. También en este caso, el incremento de las tasas de interés traen como resultado azuzar la recesión.

Por otra parte, este incremento en los mercados financieros del Norte ha repercutido negativamente (y repercutirá aún más en el futuro) en el Sur global, particularmente sobre el endeudamiento externo de estos países. Sobre ello, justamente nuestro Cuaderno del OBSAL de marzo del año pasado fue dedicado a la problemática de la deuda y el FMI, así como  el reciente Dossier N° 63 elaborado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, examinan esta cuestión. En este último, que analiza particularmente la situación en África, se señala que “entre 2011 y 2019, el Banco Mundial informó que la deuda pública en una muestra de 65 países en desarrollo aumentó un 18% del PIB en promedio, y mucho más en varios casos. En África subsahariana, por ejemplo, la deuda aumentó una media de 27% del PIB”. Tal es la magnitud del problema que la última reunión de primavera del Banco Mundial realizada a principios de abril estuvo dedicada justamente a “superar el endeudamiento” que a fines de 2021 para las “economías en desarrollo” había aumentado “a más del doble en comparación con la década anterior, hasta llegar a USD 9 billones… [siendo] la situación… aún más grave en los países más pobres”. La conocida crisis en Sri Lanka que estalló en 2022 y las situaciones críticas de Zambia y Ghana también se replican en el continente latinoamericano, particularmente en el caso de Argentina con una monumental deuda contraída directamente con el FMI.

La respuesta autoritaria frente a la crisis social

Si con un crecimiento del PBI del 3,7% en 2022 (CEPAL, 2022), la desigualdad se incrementó en la región; la perspectiva de una disminución de la actividad económica para este año tenderá a agravar inevitablemente la situación social. Una tendencia que viene desplegándose en los últimos años, promovida por las transformaciones neoliberales y agudizada en el contexto de la crisis civilizatoria, la pandemia y la guerra. Así, en su informe de mediados de enero OXFAM señaló que “el 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global, casi el doble que el 99 % restante de la humanidad” y que “la fortuna de los milmillonarios está creciendo a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día, al mismo tiempo que al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países en los que la inflación crece por encima de los salarios”. Sobre ello, también el Reporte sobre desigualdad global 2022 del World Inequality Lab afirmó que en 2021 el 10% más rico de la población se apropió del 52% de los ingresos y del 76% del bienestar. En igual dirección, el último informe de la OIT señaló que “Las perspectivas mundiales del mercado de trabajo se deterioraron considerablemente en 2022” y “se prevé que el desempleo aumente en 2023 alcanzando los 203 millones de personas”.

Frente a esta crisis social sin límites ni solución —que constituye otra de las dimensiones acuciantes de la crisis civilizatoria— la continuidad de las transformaciones neoliberales se ha revestido de un creciente autoritarismo, incluso como respuesta al crecimiento de las alternativas populares.  Sea con la emergencia de los neofascismos y los Estados securitarios  —que tienen también raíces desde abajo— o de los golpes parlamentarios y la represión —desde arriba—, Nuestra América se encuentra atravesada por esta contradicción entre capitalismo neoliberal y democracia popular que ya hemos examinado en informes anteriores. En estos primeros meses del año, la asunción presidencial de Luiz Inacio Lula da Silva y sus primeros meses de gobierno marcaron la derrota del proyecto bolsonarista y sus intentos desestabilizadores en Brasil; así como el afianzamiento bajo una intensa represión del gobierno autoritario de Dilma Boluarte en Perú signó el regreso a la región del instrumento del golpe parlamentario que en 2016 había destituido a Dilma Rousseff. Así también Centroamérica se destaca en estos primeros meses del año por afrontar el crecimiento de las respuestas autoritarias de cara a la crisis social y a la emergencia de las fuerzas populares. Como examinamos en las páginas que siguen, una región signada por la continuidad del Estado de excepción y el encarcelamiento masivo promovido por Bukele en El Salvador, por las denuncias de amenazas de golpe de estado en Honduras, y por la proscripción de la candidata indígena Thelma Cabrera en Guatemala, quien era una de las favoritas para llegar a la segunda vuelta, entre otros hechos.

A un año de la guerra en Ucrania: amenazas de su expansión mundial y nuclear en la transición hegemónica global

A fines de febrero se cumplió un año de la invasión rusa y la confrontación militar abierta en Ucrania, culminación de un proceso más largo iniciado con el Euromaidan y las intervenciones de “limpieza étnica” en la región ucraniana pro-rusa. Las expectativas rusas de una resolución rápida del conflicto naufragaron en los primeros meses del conflicto, así como la estrategia otanista de que la guerra de desgaste y el bloqueo económico provocaran una crisis interna y caída del gobierno ruso también se mostró ineficaz en el transcurso del 2022. Por el contrario, en el terreno militar, desde fines del 2022 una lenta pero permanente ofensiva rusa mutó el sentido de la guerra de desgaste. Ausente de victorias en el escenario militar, el gobierno ucraniano y la coalición de la OTAN promovieron acciones que amenazaron con la ampliación bélica —incluso en el formato de una III Guerra Mundial— o de su escalada nuclear. El último ejemplo de ello fue la incorporación de Finlandia a dicha organización en abril. Asimismo, la dinámica del conflicto, como ha sucedido en otras ocasiones, supuso un creciente involucramiento de los EE. UU. y Europa que fue de la provisión de financiamiento y armamento; el suministro de información de inteligencia; y la capacitación militar y técnica; hasta la dirección militar directa en el terreno de operaciones y la provisión de fuerzas militares —de modo indirecto o directo—, tal como lo confirma la reciente filtración de papeles del Pentágono.

En esta dirección, la amenaza de la expansión mundial de la guerra rememora las pesadillas de una confrontación nuclear que signó la llamada “Guerra Fría” y resulta, junto a la crisis climática, una de las dimensiones más catastróficas de la actual “crisis civilizatoria”. En el pasado, el pensamiento crítico ya había señalado que, ante la declinación de su hegemonía global, EE. UU. recurriría al momento militar sustentado en la supremacía que todavía detentaba en ese terreno. Como ya analizamos en otros informes anteriores, la estrategia del gobierno de Biden y de la fracción del bloque dominante que representa ha optado por intentar reconstruir una globalización recortada y agresiva fundada, más allá de los buenos modales, en la guerra o la amenaza militar. La subordinación de Europa, la ruptura de sus vínculos con Rusia, el desgaste de ésta y el aislamiento de China, incluso motorizando militarmente sus alianzas en el Pacífico establecen la cuadratura de un plan cuyo capítulo latinoamericano es la reedición del pacto colonial y de la doctrina Monroe. Una América Latina y Caribeña atravesada por un nuevo ciclo de luchas sociales y cambios progresistas se encuentra asimismo en el ojo del huracán de las disputas por la transición hegemónica global y la intervención imperial. Examinamos esta cuestión en el punto siguiente.

Imperialismo e integración

Como se anticipó párrafos atrás, los primeros meses de 2023 mostraron un intenso panorama a nivel global. Al mismo tiempo, algunos hechos confirmaron el papel de relevancia que tiene América Latina y el Caribe en un mundo cada vez más agitado, en el que da la sensación de que cualquier cosa puede pasar.

“O Brasil está de volta”

Diversos analistas han planteado la oportunidad que tiene Brasil, en este tercer gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y cuarto del PT, para jugar un papel geopolítico importante luego del interregno bolsonarista. Los primeros movimientos del nuevo gobierno parecen confirmar el rumbo del gigante de América del Sur, pieza fundamental en los BRICS y ya histórico aspirante a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de una eventual ampliación.

Además de su viaje a EE. UU. para reunirse con Biden, se destaca especialmente la visita de Lula a China para sostener un encuentro con Xi Jinping, hecho que tiene relevancia en sí mismo y más aún con el despliegue de su posición contraria a la supremacía del dólar como moneda de intercambio. A estas visitas a las dos principales potencias en disputa hay que sumarle también los viajes a España y Portugal —en este último país se debatió reimpulsar el acuerdo entre el Mercosur y la UE—, y especialmente la recepción en Brasilia del canciller ruso Sergei Lavrov, en el comienzo de su gira por América, que también lo llevó a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

En estos primeros meses, la voz de Lula fue una de las pocas discordantes entre las grandes y medianas potencias “occidentales” respecto a la guerra en Ucrania, planteándose incluso como uno de los vectores de posible mediación en el conflicto. Otro punto de conflicto con EE. UU. como veremos, fue su negativa a suscribir la declaración de la Cumbre de la Democracia precisamente por sus diferencias respecto al abordaje de ese conflicto bélico. Por último, en el plano de la integración el nuevo gobierno tomó algunas decisiones y ofreció signos concretos respecto al reimpulso de su política hacia los nuevos organismos regionales.

OEA, CELAC, Unasur

En el plano continental se consolida una situación de relativa debilidad de la OEA, que a 75 años de su fundación atraviesa una situación inédita, con un declive relativo de EE. UU. y la emergencia de procesos de unidad que permiten mayor autonomía a algunos países en diferentes subregiones. A esto hay que sumarle, en la coyuntura, lo que parece ser la caída en desgracia del secretario general Luis Almagro, activo instrumento de la política exterior norteamericana. Al respecto, es interesante un material elaborado por CELAG respecto a sus vínculos con sectores ligados a Trump y a la ultraderecha latinoamericana, con base en Miami. Las últimas tribulaciones del excanciller del Pepe Mujica hacen referencia a una investigación “por violación de obligaciones éticas”. Esta investigación fue respaldada por dos congresistas estadounidenses, que le enviaron al canciller Anthony Blinken y al embajador en la OEA, una carta pidiendo que sea apoyada por el gobierno de Biden. En la nota, difundida por Progressive Internacional, también se destaca el rol de Almagro en el golpe de Estado en Bolivia en 2019.

Si bien la OEA tiene una estructura con funcionamiento permanente, que no hay que subestimar, en los últimos meses continuó la revitalización de la CELAC, que se reunió en Buenos Aires en enero y donde participó Brasil, que vuelve al organismo después de que el expresidente Jair Bolsonaro se retirara tres años atrás, a principios de 2020.

En esta ocasión, el presidente argentino Alberto Fernández traspasó la presidencia a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y uno de los referentes políticos históricos del Caribe, que se convirtió así en el tercer mandatario en asumir la conducción de este espacio de integración en esta segunda temporada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Gonsalves es un impulsor de políticas de soberanía y de integración en el continente y habló de ello en una entrevista realizada por OBSAL para un proyecto conjunto con ALAI en los primeros meses de 2022.

Antes de Fernández, la CELAC fue impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador desde enero de 2020, quebrando así la parálisis de la etapa previa, de contraofensiva de EE. UU. y sus aliados. Sobre el saldo específico de la Cumbre en términos de acuerdos concretos hubo diferentes visiones, desde las que consideraron que la CELAC salía “recargada” de este encuentro hasta quienes plantearon un escenario de “mucho ruido y pocas nueces”.

En paralelo, Argentina y Brasil anunciaron el regreso a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en lo que pueden ser dos primeros pasos importantes en el camino de la reactivación, en este 2023, de este espacio de unidad en América del Sur.

El Caribe en la escena geopolítica

Mientras en enero dos países del Caribe asumían las presidencias protempore de espacios importantes —Cuba la del G77 + China y San Vicente y las Granadinas la de la CELAC— la subregión se preparaba para una nueva reunión de Caricom, organismo que este año cumple medio siglo de vida.

Entre el 15 y el 17 de febrero, se llevó a cabo la 44º Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Las Bahamas. Participaron los jefes de Estado de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y representantes de Surinam. Asimismo, asistieron autoridades de miembros asociados como Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos.

En el encuentro se suscribieron acuerdos sobre temáticas comunes, como el calentamiento global, salud, mercado común, desarrollo del transporte y la producción de alimentos. Por otro lado, hicieron un llamado al levantamiento del “embargo” impuesto por Estados Unidos contra Cuba y a la eliminación de sanciones a Venezuela “para permitir que los países de la región se beneficien de la iniciativa PetroCaribe y progrese la exploración de los campos de gas natural entre Trinidad y Tobago y Venezuela”.

Otro de los temas presentes durante toda la conferencia fue la crisis que está atravesando Haití. Los países acordaron brindar mayor apoyo al gobierno y al pueblo haitiano y realizar una visita al país, que finalmente se llevó a cabo el 27 de febrero.

La presencia llamativa en la reunión fue la del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau que, por un lado, fue a ofrecer fondos para distintas iniciativas relacionadas con el cambio climático o la salud y, por el otro, manifestó sus intenciones de seguir enviando buques y aviones militares a Haití, con la excusa de apoyar a la policía haitiana a combatir la violencia.

Cabe destacar que, luego del pedido del primer ministro haitiano de “ayuda” internacional en octubre pasado, Canadá y Estados Unidos han venido debatiendo sobre la posibilidad de formar una fuerza conjunta para enviar Haití y no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, Canadá ya envió aviones y avisó que va a enviar buques.

Además, se conversó sobre algunos temas relacionados con las fronteras entre Belice y Guatemala, Belice y Honduras y Guyana y Venezuela, así como de la situación de gobernanza de las Islas Vírgenes Británicas, reafirmando su derecho a la libre determinación y reclamando al Reino Unido que desista de la intención de disolver la Asamblea legislativa e imponer un gobierno directo sobre las Islas.

En el caso de Guyana y Venezuela, se trata de dos países del Caribe continental que mantienen un diferendo histórico —con raíces en el pasado colonial— por la región del Esequibo. El conflicto sumó un nuevo capítulo a principios de abril, cuando la Corte Internacional de Justicia decidió en contra de un pedido de Venezuela declarándose competente en la controversia. La intensificación de la disputa se da de la mano con el desarrollo de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en las aguas del Caribe que son parte del área en reclamación; e involucra entre otros actores a la ExxonMobil Corporation, que proyecta una significativa inversión en lo que es considerado una “nueva Dubai”. Precisamente para abril estaba prevista una licitación importante, que fue suspendida temporalmente por el gobierno de Guyana.

XVIII Cumbre Iberoamericana

A fines de marzo se desarrolló en Santo Domingo una nueva edición de la devaluada Cumbre Iberoamericana, organización por medio de la cual Portugal y especialmente el Reino de España pretenden mantener una línea abierta de relación con el continente, en el marco de lo que denominan como Iberoamérica, una supuesta identidad común que está anclada de manera anacrónica en los antiguos lazos de dominación por parte de esas potencias europeas en la región, desde fines del siglo XV hasta el siglo XVIII. Como es habitual, el encuentro fue más importante en clave de propaganda de este concepto que en cuanto a definiciones con un impacto relevante en el escenario geopolítico.

Dentro de este marco limitado, igualmente se destacaron algunas manifestaciones, como la aprobación de un documento en rechazo a la política estadounidense de bloqueo hacia Cuba, que caracteriza a las medidas coercitivas unilaterales como “contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”; así como otro acuerdo sobre “la necesidad imperante de una reforma estructural de la arquitectura financiera internacional”, para lograr “un mayor influjo de recursos destinados al desarrollo sostenible” en la región. Además, se difundió una declaración específica “sobre la cuestión Malvinas”, en la que convocan a reanudar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para “encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial”. El sinuoso texto apunta a conciliar intereses y posturas irreconciliables, entre un continente americano que respalda la soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur y por otro lado posiciones como la del Reino de España, que apoya la ocupación ilegal que mantiene el Reino Unido en ese territorio americano, en el que por otra parte las empresas de la península ibérica —en especial las pesqueras— no se privan de hacer negocios.

En líneas generales, la Cumbre se inscribió en los renovados esfuerzos de los países de Europa occidental por recuperar posiciones en el continente americano, lo que en sus documentos oficiales denominaron “el relanzamiento de la interacción birregional” . En este camino, otro espacio de relevancia será la Cumbre Unión Europea – CELAC, que se desarrollará en Bruselas el 17 y 18 de julio.

Biden y las cumbres “de la democracia”

También a fines de marzo se realizó la tercera versión de la llamada “Cumbre de la Democracia” organizada por Biden de forma virtual. Al encuentro, con el que EE. UU. busca institucionalizar un bloque en su disputa con China, fueron convocados sólo aquellos países que Washington considera que entran en su definición de democracia. Fuera de los temas previsibles, lo interesante para la región fue el rechazo de Brasil a suscribir la declaración final y la escasa participación de países del Caribe —ningún país de esta subregión aparece como firmante del documento—.

En el caso de Brasil, la disidencia principal fue el desacuerdo con el abordaje de la guerra en Ucrania. El gobierno de Lula planteó que el ámbito natural de discusión del tema es la Organización de Naciones Unidas. Como destaca desde un enfoque conservador el experimentado analista Rosendo Fraga, Brasil prefirió marcar distancia y coincidir con los BRICS antes que con el poderoso anfitrión de la Cumbre, a diferencia de otros países que firmaron la declaración sin disidencias —o con disidencias menores— y “constituyen el bloque más alineado con Washington, aunque muestran líneas político-ideológicas diferentes”. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, con gobiernos que ocupan de conjunto un amplio arco político, desde el progresismo moderado hasta la ultraderecha.

Marchas, contramarchas

Por fuera de estos organismos, y con base en las afinidades políticas —además de los problemas en común, que en algunas ocasiones alcanzan magnitudes importantes—, los temas económicos y financieros atraviesan las iniciativas bilaterales y multilaterales. Este es, por ejemplo, el caso de la inflación. A principios de marzo, el presidente mexicano anunció que sostuvo conversaciones con los presidentes de Brasil, Argentina, Colombia y Cuba “para intercambiar puntos de vista, unirnos, ayudarnos mutuamente a enfrentar el problema inflacionario”. Poco después el mandatario argentino declaró que tenía el interés de sumar a Chile a esta estrategia.

Otro de los puntos destacados de este cuatrimestre fue el enfrentamiento entre EE. UU. y México. Ante el intento de algunos sectores de intervenir militarmente con la excusa de la “guerra contra las drogas”, a principios de marzo el propio López Obrador condenó esta pretensión situándola en términos bastante claros: “A México se le respeta. No somos una colonia de EE. UU.”, expresó el presidente mexicano. Poco después, a mediados de abril, AMLO acusó al Pentágono y la DEA de espiar a las Fuerzas Armadas Mexicanas y también señaló que desde estos organismos se filtra información hacia medios de comunicación de su propio país.

Estos y otros signos de integración se dan en un contexto donde la rama militar de EE. UU. continúa elevando el perfil, en particular en torno a la disputa por los territorios con existencia de bienes que pueden ser transformados en recursos energéticos. En este sentido causaron revuelo las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richarson, quien advirtió sobre la importancia de la disputa en este plano. Justamente en momentos en que aparecen decisiones importantes de gobiernos como el de México y Chile respecto al litio. Otra señal, aunque en este caso civil, de la misma política fue la visita a Argentina de la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, segunda de Antony Blinken en el Departamento de Estado, quien sostuvo reuniones con altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Energía de este país, en lo que pareciera ser un eslabón de intensas presiones para que Argentina no desarrolle una central nuclear con tecnología china.

Un panorama heterogéneo en el Cono Sur

En el Cono Sur, los primeros cuatro meses del año estuvieron cargados de intensidad. Para ejemplificar, basta señalar que el 1º de enero asumió Lula la presidencia de Brasil y comenzó así su tercer mandato por elección popular —el primero luego de la persecución judicial que le impidió presentarse y facilitó el triunfo de Jair Blsonaro en 2018— y sumarle que el último día del cuatrimestre, el 30 de abril, se realizaron las elecciones presidenciales en Paraguay, en las que el Partido Colorado retuvo el gobierno, en una elección que dejó varios temas para analizar. Entre los dos extremos de este período se desarrollaron una gran cantidad de hechos y procesos significativos en estos países, así como en Argentina, en Chile y en Uruguay. Este será un breve intento de síntesis que apenas mencionará —e incluso dejará afuera— temas muy importantes.

La elección de Paraguay es significativa para el futuro del país pero también tiene implicancias geopolíticas. Se trata de uno de los aliados históricamente más estrechos de EE. UU., que desde 2022 pasó a intervenir abiertamente en el escenario político local, incluso con alocuciones del embajador norteamericano en Asunción y de otros funcionarios del Departamento de Estado, seguidas en vivo por todo el periodismo, el arco político y otros sectores de la sociedad paraguaya. No era para menos, porque entre otras medidas EE. UU. informó que oficialmente declaraba como “significativamente corruptos” al expresidente y hombre fuerte del partido Colorado Horacio Cartés y al vicepresidente (y entonces precandidato a la presidencia) Hugo Velázquez, además de otros funcionarios administrativos y judiciales.

En relación con los resultados de las elecciones, en primer lugar hay que apuntar que la candidatura de Santiago Peña (con 42,74% de los votos) obtuvo una diferencia clara sobre Efraín Alegre (28,74%). Peña, de perfil tecnócrata, fue ungido por Cartes. Alegre fue el candidato de la Concertación Nacional, una coalición liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico que agrupó desde partidos de ultraderecha como Patria Querida hasta sectores del Frente Guasú (FG). En muchas especulaciones previas se esperaba un resultado más ajustado.

El otro dato saliente de la jornada fue la votación alcanzada por Payo Cubas, un referente de ultraderecha que con su partido Cruzada Nacional, de escasa estructura, logró el 22,91%. Luego de conocerse los resultados, Cubas denunció fraude por parte del Partido Colorado y convocó a sus seguidores a movilizarse. Al cierre de esta edición, se registraban algunas protestas frente al Tribunal Electoral.

La izquierda, que fue dividida en la candidatura presidencial —otros sectores del FG apoyaron la candidatura de Euclides Acevedo, que llevaba como presidente al senador Jorge Querey y alcanzó el 1,36%—, se presentó unificada en una lista para el Senado pero esta alcanzó apenas el 2% de los votos. De esta manera, a partir del próximo período su bancada se reduce a solo una senadora: Esperanza Martínez. Más allá de su mala elección, el Frente Guasú deberá afrontar también una etapa compleja en el marco de las tensiones que recorrieron la campaña y que están lejos de resolverse.

En relación con el parlamento, el Partido Colorado contará con mayoría en ambas cámaras, aunque eso no asegurá que no habrá conflictos internos, como los protagonizados en la actual etapa de gobierno entre Honor Colorado, que responde a Horacio Cartes, y Añetete, al todavía presidente Mario Abdo.

El nuevo gobierno deberá afrontar un debate que crece en el país respecto a la política exterior: la relación con China, imposible mientras Paraguay sea uno de los pocos países del mundo —y el único en América del Sur— que reconoce la existencia de Taiwán como Estado soberano. Además, se encuentra pendiente de discusión con Brasil el Anexo C del Tratado de Itaipú, en relación con las posibilidades —negadas hasta el momento— que tiene Paraguay de vender su excedente de energía a precios de mercado. A estos temas hay que sumarles desafíos internos comunes a la región pero que impactan de modo específico, como el crecimiento del narcotráfico y la violencia asociada al fenómeno, que incluye corrupción policial, militar y en general, de todos los niveles del Estado. Otro tema central es el conflicto por tierras y la necesidad de un proceso de reforma agraria que garantice tierra para trabajar y para vivir a la población rural, que en Paraguay es el 37,5% del total.

En el caso de Brasil, como señalamos al principio, el 1º de enero de 2023 Lula juró por tercera vez como presidente. El acto de investidura estuvo cargado de simbolismo positivo, que acompañó el sentimiento de esperanza que se había manifestado tras la victoria electoral en octubre de 2022. La banda presidencial no la pasó Bolsonaro, que se negó a estar presente en el acto, sino Aline Souza, de 33 años, una recicladora que trabaja en una cooperativa y es madre de siete hijos. Además de Souza, participaron en la ceremonia otras siete personas que representaban la diversidad del pueblo brasileño.

Tras la esperanza representada por la victoria de Lula y la toma de posesión, un golpe de realidad golpeó a la sociedad brasileña. El 8 de enero, partidarios de Jair Bolsonaro invadieron la Praça dos Três Poderes en Brasilia y atacaron el Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). Aunque este acto fue repudiado por la gran mayoría de la sociedad, incluidos los principales medios de comunicación, demostró que el bolsonarismo no murió con las elecciones. Puede que se haya debilitado, pero para extirparlo de la sociedad será necesario tomar una serie de medidas, entre ellas castigar a los participantes, financiadores y principales líderes políticos del bolsonarismo.

Después de 4 años de gobierno de destrucción, la misión del nuevo gobierno de Lula es reconstruir el país. Esta reconstrucción comenzó su primer día cuando revocó el decreto que facilitaba la portación de armas, revocó una medida del gobierno de Bolsonaro que incentivaba la minería ilegal en la Amazonia, firmó una medida provisoria garantizando el pago de ayudas de 600 reales, entre otras. En estos cuatro meses, Lula recuperó el protagonismo internacional de Brasil, al reunirse con líderes latinoamericanos, con Joe Biden, en Estados Unidos, y especialmente por su viaje a China y su encuentro con Xi Ji Ping. Además de firmar 15 acuerdos con el gigante asiático, Lula reafirmó la política exterior independiente de Brasil al proponer que las negociaciones entre países se hicieran de otra forma, no a través de la intermediación del dólar.

En estos primeros cuatro meses de gobierno, también han comenzado a manifestarse los desafíos que habían sido planteados por OBSAL en nuestro último Cuaderno de 2022, Entre la esperanza y los desafíos: perspectivas para el tercer gobierno Lula.

En el frente económico, los principales desafíos se centraron en la política monetaria y la política fiscal. En cuanto a la primera, Lula criticó las elevadas tasas de interés que había en el país y al presidente del Banco Central de Brasil (Bacen). La política de altas tasas de interés obstaculizaba el crecimiento económico y podía incluso contribuir a un proceso recesivo al encarecer los préstamos y el consumo. El presidente del Bacen fue nombrado por el gobierno de Bolsonaro y está demostrando que no pretende utilizar la política monetaria para satisfacer las necesidades de la población. El problema es que con la aprobación de la autonomía del Bacen, realizada durante el gobierno de Bolsonaro, también se aprobó que el presidente del organismo tenga un mandato de cuatro años, período que terminará  en medio del gobierno subsiguiente, y no puede ser cambiado por decisión del presidente de la República. Campos Neto es un antiguo ejecutivo del Banco Santander, con una visión económica diferente que no responde a  aspiraciones socioeconómicas del gobierno de Lula.

La política fiscal actual es de limitación del gasto público. Aprobada durante el gobierno de Michel Temer, esta política congeló el gasto público durante 20 años. En la práctica cualquier política de desarrollo económico dejaría a las áreas sociales carentes de los recursos necesarios. En un intento por cambiar la actual política fiscal, el Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, envió al Congreso una nueva propuesta para el área. La misma, aunque sigue siendo insuficiente para atender las reales necesidades sociales, presenta algunos puntos de avance en relación con el techo de gasto público al sacar el foco de la política fiscal en la contención del gasto y dirigir la atención hacia la recaudación y las metas de resultados primarios. Aunque las metas son rígidas, en la presentación del gobierno del documento se destaca que el nuevo marco fiscal asistirá a los pobres en el presupuesto, recuperará las políticas sociales y habrá más margen para la inversión pública.

La autonomía del Banco Central y la política de limitación del gasto público son dos salvaguardas para mantener la adopción de políticas económicas neoliberales, independientemente del gobierno que esté al frente del país. Fueron medidas que se establecieron después del golpe de 2016 a Dilma Rousseff y también en el gobierno de Bolsonaro. Estructurar así las áreas fiscal y monetaria es quitar autonomía a los gobiernos legítimamente elegidos para manejar las principales políticas económicas según sus necesidades. Es estar bajo la imposición de los designios del “mercado”. Esta institucionalización de la política económica no tiene nada de democrática. La estructuración de la política económica puede ser un factor más que explique la connivencia de las clases dominantes del país en 2022 ante la posibilidad de la victoria de Lula y su respaldo a los resultados electorales. El margen de maniobra a nivel de política económica para cambiar es pequeño y, si se produce, es muy lento. El nuevo marco fiscal es un avance, aunque sea limitado. El pueblo brasileño debe estar alerta y preparado para avanzar en los menores resquicios que la realidad concreta nos proporcione.

Difícil es el panorama inmediato en su vecino y principal socio comercial en la región. En el caso de Argentina, en los primeros meses del 2023 la crisis económica se agudizó, con una tasa de inflación anual superior al 100 por ciento y una escalada del valor del dólar, significativa en sí misma pero también por el efecto en nuevos aumentos de precios. Este proceso, que crece a un ritmo sostenido al menos desde los últimos meses, deteriora el salario real y en general los ingresos fijos —jubilaciones y pensiones, planes de asistencia y apoyo estatal, presupuestos de servicios públicos—, implicando una transferencia de ingresos de los sectores populares a las empresas que dominan los mercados de producción y consumo.

El gobierno del presidente Alberto Fernández se encuentra atado de pies y manos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que él mismo impulsó desde el principio de su gestión, incumpliendo una promesa de campaña. Esto implicó en los hechos avalar la enorme deuda contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) y por lo tanto someter al pueblo al proceso de ajuste que recomienda este organismo, lo cual de paso mantiene controlada la política exterior.  Sobre la utilización de la deuda externa como herramienta geopolítica en general, en abril de 2022 desde OBSAL elaboramos un Cuaderno especial de Debates estratégicos de Nuestra América llamado La gran estafa: deuda, FMI y neoliberalismo, que también analiza como caso particular la experiencia argentina reciente.

La crisis del dólar se encuentra asociada a la especulación en torno a un bien escaso: el gobierno argentino se comprometió a pagar intereses y servicios de la deuda por montos multimillonarios y la economía del país no genera los suficientes dólares para efectivizar esos pagos. Más aún en un contexto de sequía que afecta especialmente sus principales rubros de exportación, ligados al campo. La presión devaluatoria y la existencia de múltiples tipos de cambio, algunos de ellos producto de concesiones a sectores poderosos como el agronegocio (como el llamado “dólar soja”), distorsiona los precios relativos y afecta al conjunto de la sociedad. En especial, la escalada inflacionaria es intensa en rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas. Por otro lado, existe un serio problema de vivienda, con un déficit habitacional de aproximadamente 3,5 millones de viviendas y también fueron importantes los aumentos en el valor de los alquileres, en relación con los ingresos. Además, se espera que en los próximos meses aumente el valor de los servicios públicos. Con este panorama, el humor social no es el mejor y se generaliza la difusión de artículos y estudios sobre el crecimiento del rechazo de la población a la política.

La crisis, que es multidimensional, se desarrolla a pocos meses de las elecciones generales (presidenciales y legislativas) y en medio de un fragmentado calendario institucional de las diferentes provincias y municipios, que reproduce la dispersión y el reacomodamiento que marca el tablero político. En los próximos meses se irán sucediendo elecciones provinciales y en agosto están previstas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde los diferentes espacios dirimirán las candidaturas que llegarán a las elecciones de octubre. Eventualmente, en noviembre sería el balotaje presidencial entre las dos candidaturas más votadas.

En este marco, el presidente Alberto Fernández anunció en abril la previsible noticia de que no intentará la reelección. La coalición gobernante se encuentra en debate entre los diferentes sectores que la componen. Su principal figura, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra perseguida por el Poder Judicial y hasta el momento ha sostenido que no será candidata “a nada”. A pesar de esto diferentes sectores continúan realizando actos y declaraciones públicas con la intención de que la expresidenta vaya por un tercer mandato. Hasta el momento nada parece definido, excepto lo que parecen ser diferencias ya insalvables con el presidente. En los últimos meses Fernández de Kirchner ha criticado varios aspectos centrales de la política del gobierno. A fines de abril, incluso, planteó que “el acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario” y señaló que debe ser renegociado. También se sumó a las voces que critican al presidente por su exceso de moderación: “Por no querer enojar a algunos, terminás enojando a todos”, sintetizó.

El 24 de junio es la fecha límite para la presentación de listas. A medida que pasan los días,  urgen cada vez más las definiciones. Al cierre de este informe, el Frente de Todos tiene como únicos precandidatos confirmados al embajador en Brasil, Daniel Scioli; y al dirigente social Juan Grabois. También suenan como posibles precandidatos el actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, integrante de La Cámpora, agrupación liderada por Máximo Kirchner. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, es sugerido “en off” a pesar de los problemas económicos. Aunque el cuadro a esta fecha está lejos de completarse, la heterogeneidad de estos perfiles muestra un poco de la diversidad ideológica que habita en el Frente y que comenzará a ordenarse (o no) a partir de las PASO.

Hacia la derecha, la todavía coalición principal (Juntos) se encuentra inmersa también en su interna, con sectores liderados por el alcalde la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentados a la ex ministra de Seguridad, Paticia Bullrich, que a su vez es apoyada por el expresidente Mauricio Macri, quien también desistió públicamente de su candidatura, luego de analizar que no medía bien en las encuestas. Este espacio se encuentra tironeado por lo que parece un imparable crecimiento de la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, liderada por el economista Javier Milei, en el contexto de un avance marcado de las consignas del denominado campo “libertario”, que orienta hacia posiciones de extrema derecha diversos temas en debate, como la seguridad, la diversidad e incluso la soberanía monetaria del país. En las últimas semanas de abril se generalizó un debate sobre la conveniencia o no de la dolarización.

En Chile, se cumplió un año del gobierno de Gabriel Boric, caracterizado por desarrollarse en un marco de retroceso del progresismo y la izquierda. Los espacios políticos que planteaban superar el sistema heredado del pinochetismo se encontraban en avanzada luego del estallido iniciado en octubre de 2019. En un contexto de gran heterogeneidad y dificultades para alcanzar síntesis, este proceso alcanzó su cumbre en las elecciones de constituyentes de mayo de 2021, luego de lo cual comenzó a deteriorarse y evidenciar su crisis con la derrota en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando por amplia mayoría se rechazó el texto constitucional aprobado en la Convención. Pero antes de esa catástrofe, en diciembre de 2021, Boric le había ganado por poco a José Antonio Kast, un emergente a la derecha de la derecha que —como sucede en otros países— creció desde los márgenes hasta convertirse en una figura central.

En este marco se desarrolló el gobierno de Gabriel Boric desde el 11 de marzo de 2022. Un año después, el panorama muestra una administración moderada al punto de que muchas de sus políticas no se diferencian nítidamente de los gobiernos de derecha que lo precedieron, en particular en seguridad y política exterior. Entre los puntos más importantes de los últimos meses hay que mencionar, por un lado, la subordinación prácticamente total a la política exterior de EE. UU. y la continuidad de la militarización de la Araucanía, para hacer frente al conflicto territorial que involucra el reclamo histórico del pueblo mapuche. A este enfoque represivo de un problema con múltiples dimensiones hay que sumar también la aprobación de una normativa que estimula el “gatillo fácil” por parte de los Carabineros. Un matiz importante en este sentido puede ser el lanzamiento de la Estrategia nacional del Litio, anunciada por el presidente a través de un video a fines de abril.

El giro a la derecha del panorama político  terminó de completarse al cierre de este informe, cuando en las nuevas elecciones de constituyentes la derecha en su conjunto alcanzó mayoría absoluta: el Partido Republicano de Kast por sí solo superó el 35,5% y la derecha más tradicional, que gobernó con Piñera, sumó 21,6%. La coalición de referencia en el gobierno de Boric, incluyendo al Partido Socialista, llegó apenas al 28%. De esta manera, las fuerzas conservadoras tendrán poder de veto y se cierran las posibilidades de una Constitución radicalmente diferente a la actual, demanda clave de estallido de octubre de 2019.

En Uruguay, el tema de debate político principal fue el proyecto de reforma previsional que logró aprobar en el Parlamento la coalición gobernante, luego de superar algunas diferencias internas con algunas concesiones al partido prodictadura Cabildo Abierto. El proyecto de ley había sido repudiado el 23 de marzo por una movilización popular convocada por la central sindical PIT-CNT, a lo cual luego se sumó la convocatoria a un paro con movilización a fines de abril. El movimiento sindical apuntó al aumento de la edad jubilatoria (de 60 a 65 años) y la obligatoriedad de aportar al sistema privado de ahorro previsional como principales puntos perjudiciales para la clase trabajadora.

Otra noticia importante tiene que ver con el comienzo de operaciones de una tercera planta procesadora de pasta de celulosa (la segunda de UPM, una trasnacional de origen finlandés). De acuerdo a los análisis previos, se convertirá en la inversión más grande de la historia uruguaya, con un monto de 3470 millones de dólares. Ante los efectos de este megaemprendimiento, diferentes organizaciones de la sociedad civil plantearon su oposición porque “limita la soberanía nacional y afecta negativamente la calidad ambiental”, destacando la situación de crisis hídrica del país y en particular las floraciones excepcionales de cianobacterias.

Por último, hay dos temas que involucran especialmente a la coalición de gobierno en escándalos de diversa naturaleza. Uno es la continuidad del llamado “caso Astesiano” —por el nombre del ex jefe de seguridad del presidente Lacalle Pou—, que remite a graves hechos de espionaje que detallamos en el informe anterior, sobre el que se siguen descubriendo nuevos elementos. El otro se relaciona con las denuncias contra el senador Gustavo Penadés, del Partido Nacional, por abuso sexual a menores. La primera acusación contra este dirigente fue realizada por una militante de su propio partido, pese a lo cual el senador fue respaldado por el presidente y por su también correligionario Luis Alberto Haber, ministro del Interior. Sin embargo, luego se sumaron más denuncias. Al cierre del informe, el caso se encuentra bajo investigación judicial.

Para finalizar, hay que mencionar que en Uruguay, Argentina y Chile en los últimos meses se vivieron importantes sequías e incendios forestales, con muchas regiones alcanzando récords de calor, fenómenos con efectos sociales y económicos significativos, que muestran a su vez el proceso más general de cambio climático.

Mesoamérica: una región convulsionada por la crisis migratoria, la violencia social y la precariedad institucional

La región mesoamericana viene atravesando una profunda crisis migratoria a raíz de la violencia social, inestabilidad política y crisis económica que afecta a la mayoría de los países. Estas economías no logran recuperar sus índices económicos previos a la pandemia de la Covid 19 y esto se vio agravado con el alza de los precios internacionales de alimentos y energía por el conflicto bélico en Ucrania. En los informes de coyuntura del año pasado hicimos énfasis en la problemática migratoria de todo el continente, pero principalmente la que sucede en los países centroamericanos y México. Estos son Estados destinatarios, territorios de tránsito y origen de los procesos migratorios. En el 2022 se registró un aumento del treinta por ciento de los desplazamientos migratorios hacia Estados Unidos. Datos recientes de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de la ONU indican que en el último año fueron asesinados 433 migrantes en la frontera de México y EE. UU. a causa de las peligrosidad en el tránsito migratorio por la presencia de bandas criminales, el hacinamiento en los establecimientos y centros de detención migrantes, por la militarización de la frontera y la política de control fronterizo por parte de las políticas de la administración estadounidense. La principal medida de expulsión de migrantes es la trumpista Título 42 , que desde su vigencia en 2020, expulsó alrededor de dos millones y medio de migrantes. Esta política caducará el 11 de Mayo y desde EE. UU. ya han informado que movilizarán cerca de 1 500 soldados a la frontera, ya que se prevé el aumento de los cruces irregularizados.

El 27 de marzo murieron 40 migrantes y más de 26 resultaron heridos a causa de un incendio sucedido en un centro de detención del Instituto Nacional de Migraciones de México (INM) ubicado en Ciudad Juárez, al noroeste de la frontera México y Estados Unidos. La tragedia no es un hecho aislado, sino que es consecuencia de la crisis migratoria y la respuesta securitaria por parte de los gobiernos, como hicimos mención anteriormente. Estas medidas de control fronterizo impuestas por la Casa Blanca hacia México generan un proceso de inmovilidad de los grupos migrantes que buscan traspasar la frontera e incertidumbre a partir de la irregularidades a las que se ven sometidos por falta de documentación y políticas que regularicen su situación por parte del gobierno mexicano.

La muerte de los migrantes expuso las condiciones inhumanas de las instalaciones migratorias y la situación crítica en que viven estas personas. Esto viene siendo denunciado hace muchos años por organizaciones migrantes y de derechos humanos. Migrantes y familiares de las personas fallecidas reclamaron ante el INM y el gobierno federal por la desidia institucional que causó las muertes, denunciaron el no aprovisionamiento de agua y comida y el encierro ilegal que sufrieron los migrantes. Estos en reclamo a las pésimas condiciones de atención y cuidado se manifestaron quemando varios colchones del establecimiento, lo que causó el incendio  en todo el albergue. Según el presidente López Obrador, la acción se llevó a cabo luego de que se enteraran que iban a ser deportados a su país de origen. Los cuarenta migrantes eran de diferentes nacionalidades: dieciocho guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano . Como respuesta, más de tres mil personas se dirigieron en un “viacrucis migrante” desde el sur de México hacia la capital del país en pedido de justicia por el asesinato de los migrantes.

Las responsabilidades de lo sucedido están apuntadas tanto hacia el INE como a la empresa de seguridad privada, Grupo de Seguridad Privada CAMSA,  que estaba a cargo del control del establecimiento. Hasta el momento son cinco los detenidos: tres agentes de Migración, dos policías de seguridad privada y un migrante.

En México, el 18 de febrero  López Obrador firmó el decreto que nacionaliza el litio y de esta manera asegurar la protección de este mineral y la soberanía sobre los recursos naturales. La normativa establece que cerca de 234 mil hectáreas de reservas pasarán a ser consideradas como una reserva mineral de litio. La firma del decreto viene a completar el proceso que el gobierno comenzó en abril del año pasado, cuando consiguió una modificación de la Ley Minera que reconocía al litio como un recurso exclusivo del pueblo de México y determinó que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento quede a cargo del Estado a través de la creación de LitioMx, empresa pública a cargo de la Secretaría de Energía.

EL 27 de marzo se cumplió un año del régimen de excepción en El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele tras conseguir la mayoría en el Congreso Nacional y destituir a los miembros del Poder judicial por jueces afines, consolidó su modelo autoritario a partir del discurso de “guerra contra las pandillas”. Esto se llevó a cabo con una fuerte política publicitaria hacia el interior del país como a nivel internacional donde se intenta vender como exitoso el modelo de combate contra las maras impulsado por el mandatario.

Recapitulando lo sucedido doce meses atrás, el punto de inflexión que llevó a decretar el estado de excepción fue la ola de homicidios que terminó con 87 muertos en un día. Si bien, investigaciones prueban que las matanzas fueron producto de la ruptura del acuerdo que el Presidente tenía con algunas pandillas, esta situación fue usada para avanzar por medio de la Asamblea Legislativa en la suspensión de los principales derechos civiles. El derecho a tener un abogado defensor ante la detención por la Policía fue suspendido, al igual que ser presentado ante un juez en un plazo de 72 horas después de la captura y el de asociarse con otras personas, que estuvo restringido durante cinco meses, entre el 27 de marzo y el 17 de agosto de 2022 —la Asamblea Legislativa lo restituyó cuando prorrogó el régimen por quinto mes consecutivo— .

Además, el año pasado,  la Asamblea aprobó un decreto que liberó al gobierno de la obligación de someter a concurso y licitaciones contrataciones y compras públicas mientras esté vigente el régimen de excepción, lo cual permitió Bukele adjudicar contratos directos y ocultar toda información sobre montos y compras. Por esto, no se conoce la cifra  millonaria de la adjudicación del Centro de Confinamiento del Terrorismo – CECOT -, el establecimiento tiene la capacidad para cuarenta mil presos y es la cárcel más grande del continente.

Tras un año, con la duodécima extensión del estado de excepción, los saldos arrojados de esta política represiva y autoritaria son los siguientes: más de 65 mil personas detenidas, cientos de muertos en las cárceles y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos han denunciado las torturas, desapariciones forzadas y muertes propiciadas por el régimen de Bukele a civiles. Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal presentaron un informe en diciembre de 2022, en el que documentaron cientos de arrestos ilegítimos. Calificaron esta práctica como “masiva” y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos como “generalizadas y graves”. En enero de este año, la organización internacional dijo haber tenido acceso a una base de datos del Ministerio de Seguridad y Justicia y haber confirmado cientos de casos publicados en la prensa o denunciados por otras organizaciones.

Consultado por OBSAL sobre la situación social y política que atraviesa El Salvador, el periodista Leonel Herrera, indicó que

la propaganda gubernamental señala que se terminaron las pandillas, y la gente percibe también una situación de relativa tranquilidad, calma en los lugares donde las pandillas operaban con total impunidad. Lo que sucede es que hay muchas dudas al respecto. La primera es si realmente ha habido una ofensiva orientada a aniquilar a las pandillas o si ha sido una estrategia focalizada y relativizada, porque, por ejemplo, los líderes de las pandillas están fuera de las cárceles, muchos están en México y hay información periodística que confirma que los cabecillas, la “ranfla” le llaman, andan libres. Bukele los protegió, no los quiso extraditar a Estados Unidos y andan libres. Hay audios de funcionarios del gobierno que reconocen el traslado de dirigentes de las pandillas hacia Guatemala. Entonces pareciera que la ofensiva ha sido contra la base de las pandillas y no hacia la dirigencia de las pandillas. La propaganda de Bukele que exhibe a los pandilleros detenidos no ha mostrado a dirigentes de las pandillas detenidos. Entonces ahí hay una gran duda, es decir, de verdad ha sido una ofensiva o ha sido más un simulacro y focalizó hacia la base pandilleril.

Lo otro que preocupa al comunicador salvadoreño es la continuidad del estado de excepción y el objetivo por el cual Bukele lo está implementando:

el estado de excepción lleva más de un año y hay serias sospechas de si realmente fue para perseguir a las pandillas o si fue para otra cosa. Esto es importante porque para perseguir a las pandillas había suficiente marco legal, no era necesario un régimen de excepción. Hay una ley de proscripción de las pandillas, hay una sentencia de la sala de lo constitucional que las declara grupos terroristas, o sea, hay marco legal para perseguir a las pandillas. El régimen de excepción probablemente fue para otra cosa, ¿verdad? Para tener cancha libre, para detener arbitrariamente a cualquier persona, para anular los requisitos para las compras gubernamentales, para profundizar el carácter autoritario del gobierno, para intimidar a la gente, porque mucha gente hasta se ha callado por temor a que lo detengan. Entonces no se sabe cuál es la política real.

La incógnita, tras un año del estado de excepción, es cómo va a seguir esta ofensiva contra las pandillas y la manera en que la sociedad se va a recuperar de sus consecuencias. La duda está puesta en las intenciones reales de Bukele de solucionar esta problemática de violencia o si es sólo una estrategia electoral en busca de su reelección. Para Herrera, “la narrativa gubernamental es que los detenidos en las cárceles nunca van a salir. Esa es la perspectiva de la rehabilitación que tiene este gobierno. Todo termina siendo represión, no hay rehabilitación. Entonces, una política de ese tipo es insuficiente”. El periodista indica que no se están abordando las causas estructurales de la violencia como es la marginación social, la exclusión económica y la falta de oportunidad, que son el germen de las pandillas:

“el régimen puede detener a todos los pandilleros y meterlos presos y nunca sacarlos de la cárcel, pero dentro de 5, 10, 15 años va a tener otra generación de otros 100 mil pandilleros porque no se abordó las causas estructurales y la niñez que va creciendo va a seguir encontrando en las pandillas o en la migración hacia Estados Unidos los escapes y las salidas para la situación difícil que enfrentan”, señala Herrera.

A pesar de las violaciones a los derechos humanos denunciadas por muchas organizaciones y del avasallamiento del estado de derecho, es alta la aprobación popular del presidente salvadoreño. Todo indica que Bukele va a reelegir en el 2024, aunque para algunos analistas esto sería inconstitucional. Para Elizeo Herrera, la “guerra contra las pandillas” es el principal caballo de batalla electoral del gobierno y buscarán seguir cinco años más en el poder con el discurso “ya terminamos con las pandillas, ahora vamos con el desarrollo económico y si gana la oposición, las pandillas van a volver a las calles a robar, extorsionar y violar”.

Guatemala es el primer país de la subregión que va a las urnas. El pasado 10 de enero se presentaron las candidaturas para las elecciones presidenciales a desarrollarse el 25 de junio. Se inscribieron 23 binomios de los que participan 29 partidos políticos. Para entender el contexto crítico en el cual se realizarán los comicios es fundamental adentrarse en tres elementos, la situación social y económica del país, la precariedad institucional y la fragmentación política. Para esto, desde OBSAL entrevistamos al dirigente social Carlos Barrientos.

El país centroamericano tiene los mayores niveles de desnutrición infantil del continente. Casi el cincuenta por ciento de los niños y niñas padece de desnutrición infantil crónica. La pobreza se aproxima al sesenta por ciento, situación que empeoró con la pandemia de la Covid 19. Guatemala es de los países con menor porcentaje de población vacunada y afronta una crisis educativa debido a la ausencia de presencialidad por tres años en el nivel primario y la falta de inversión pública por parte del gobierno. Además, la economía guatemalteca depende de las remesas que ingresan desde EE. UU. por la migración:

 El año pasado, el ingreso de remesas familiares era igual al total de las exportaciones y se prevé que para este año el ingreso de remesas familiares sea superior en 2 500 millones de dólares, es decir, la economía del país se mantiene gracias a las remesas, gracias a que el “principal” producto de exportación son seres humanos que van a trabajar en Estados Unidos y que envían sus remesas familiares. Y eso da lugar a un círculo perverso, decimos nosotros, porque resulta que la gente de distintos lugares sale del país huyendo de la pesadilla, no buscando el sueño americano, sino huyendo de la pesadilla, que es la situación en Guatemala, Señala Barrientos.

La precariedad del estado de derecho se debe a que las instituciones están cooptadas por lo que las organizaciones sociales denominan el “pacto de corruptos”. Se denomina así al entramado de negocios e intereses que vincula a un amplio sector de la política, la justicia, ex militares, empresarios y bandas del crimen organizado. Para el dirigente social, este pacto de corruptos “ha tomado control del Congreso, del sistema judicial, de algunos espacios de la Universidad estatal y , lo que en este momento es relevante, del Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo encargado de la organización de las elecciones”.

El tercer elemento es la fragmentación política tanto en la derecha como en la izquierda. De los 29 partidos que participarán de las elecciones, 25 son de derecha, 3 son partidos de izquierda y 1 de centro, socialdemócrata. Esta gran cantidad de partidos se debe a que en realidad cada una de estas organizaciones funcionan como “franquicias electorales”, en palabras de nuestro entrevistado,

se ofrecen al mejor postor, al que ofrezca más dinero y entonces se convierten en vehículos de cualquier candidatura. La oligarquía financia distintos partidos porque al final de cuentas más de alguno gana y después se cobran con los negocios que hacen con el Estado. Hay un nivel de corrupción bastante grande y además hay una presencia del narcotráfico ya en el proceso electoral desde hace ya algunas elecciones.

En lo que respecta al panorama electoral, es importante señalar como por parte de los sectores dominantes, mediante la cooptación del Tribunal Supremo Electoral están configurando un escenario para que la ciudadanía opte entre candidaturas de derecha afines a sus intereses. Esto se da a partir de la exclusión por parte del Tribunal de la fórmula presidencial del partido de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos –  MLP, que lleva como candidata a la líder indígena Thelma Cabrera, que aparecía bien posicionada para alcanzar la segunda vuelta. Esto se debe a que su compañero de fórmula Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, no fue habilitado por denuncias de irregularidades. Si bien el MLP apeló el fallo y varios movimientos sociales se movilizaron contra la exclusión del binomio presidencial, la decisión fue ratificada y queda por esperar la respuesta de la Corte de Justicia.  Al respecto de la situación de la izquierda y los movimientos populares de cara a estas elecciones,  Barriendo señaló:

Hace dos años varias organizaciones estuvimos insistiendo a los partidos de izquierda para que se unieran y formaran una coalición para disputar en el proceso electoral actual. Sin embargo, esto se logró únicamente con dos partidos. Uno es la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca, la URNG, la antigua guerrilla, y el otro es un partido que se llama Winaq, que es una palabra en idioma maya k’iche’ que quiere decir persona y que fue fundado entre otras por la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú. Estos dos son los únicos partidos que van en coalición y que además aceptaron que se hiciera una alianza con organizaciones sociales. Lamentablemente no es la coalición que se hubiera esperado, porque queríamos la alianza de las tres izquierdas y el partido de centro Semilla. Este partido está participando con el hijo de Juan José Arevalo que fue presidente en Guatemala de 1945 a 1950, es la década que se le conoce aquí como la única década democrática del país. En algunos municipios sí fue posible la coalición entre URNG, Guinac y las organizaciones sociales para disputar diputaciones o algunas alcaldías entre ellas en la ciudad de Guatemala donde se constituyó una alianza entre URNG, Winaq y este partido que se llama Semilla.

Una de las principales candidatas de la derecha, como dijimos, es Zury Ríos, hija del dictador Ríos Montt, quien derrocó al general Lucas Garcia el 23 de marzo de 1982, agudizando así la guerra civil que duró más de 30 años y dejó doscientos mil muertos y desaparecidos. Las responsabilidades militares ante las torturas y genocidio perpetrado sobre la población siguen siendo juzgadas. El Frente de Resistencia contra el fraude electoral y la dictadura denunció la candidatura de Ríos por ser familiar del dictador, pero la justicia electoral desestimó la acusación.

Si bien los sondeos de intención de voto no arrojan una tendencia clara, las distintas encuestas colocan a tres candidatos con posibilidad de llegar a la segunda vuelta del 20 de agosto, debido a que no se prevé que alguno alcance al menos el 50 por ciento más uno de los votos necesarios para imponerse en primera ronda. Estos son  Zury Ríos (UNE) , Sandra Torres (Valor y Unionista) y Edmond Mulet (CABAL).

Además de Presidente y Vicepresidente, se elegirán 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Cumpliendo con una de las principales promesas de campaña, en lo que respecta a la política exterior de su país, Xiomara Castro restableció las relaciones diplomáticas entre Honduras y China. El 25 de marzo el canciller Enrique Reina anunció el acuerdo con su par asiático, lo que puso fin a más de ochenta años de vínculo entre el país centroamericano y Taiwán, cuyas relaciones datan desde 1941. Honduras era uno de los pocos países que reconocían a Taiwán. El principio de “una sola China” es la condición puesta por el gobierno Chino para cualquier acuerdo comercial o financiero. El acuerdo tiene una enorme importancia, por un lado muestra el reordenamiento geopolítico del continente hacia una multipolaridad que da cuenta del aumento de la influencia de China en la región y, en particular, en Centroamérica. Desde 2007 a esta parte varios países han roto la diplomacia con Taipei y acordado con el gigante asiático: Costa Rica  (2007), Panamá (2017), El Salvador (2018) y Nicaragua (2021). Por otro lado, esto cobra trascendencia por el no alineamiento a EE. UU. que se venía reclamando desde sectores vinculados al gobierno de Libre, la administración norteamericana había expresado su rechazo a cualquier acuerdo con China por parte del gobierno hondureño.

El 27 de enero se cumplió un año de la asunción de Xiomara Castro como Presidenta de Honduras. Con una aprobación de su gobierno que se aproxima al 62 por ciento, la mandataria ha logrado importantes avances en medidas anunciadas en su programa de campaña, pero afronta una institucionalidad precaria, con la mayoría de las instituciones estatales cooptadas por la narcopolítica y con funcionarios que siguen respondiendo a la estructura de poder del Partido Nacional. Además, las tensiones al interior del partido oficialista Libre y la ruptura de la alianza de gobierno con Salvador Nasralla, abren un clima político de incertidumbre en un contexto social y económico crítico que plantea enormes desafíos para la presidencia de Castro.

Entre los logros del gobierno se encuentran el subsidio a la energía eléctrica para los sectores más vulnerables, la derogación de las ZEDE, el regreso a la presencialidad y la regularización del ciclo lectivo en las escuelas, ley contra la minería a cielo abierto, el impulso hacia políticas orientadas a la soberanía alimentaria, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, el saneamiento de las cuentas públicas y el rescate de empresas públicas que estaban en manos de privados. Se avanzó en el acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad —CICIH— en conjunto con la ONU, organismo que se instalará en el país en las próximas semanas. Entre los debe del gobierno se encuentran algunas promesas de reformas estructurales como las consultas populares y el llamado a asamblea constituyente. Además, medidas que hagan frente a los altos índices de desempleo, pobreza y violencia social que afectan a los hondureños y hondureñas. Ante el incremento de la ola de homicidios que sacude al país desde el año pasado, el 31 de marzo el gobierno lanzó la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra el Crimen” (SCC), algunas de estas medidas son la prórroga, hasta finales de mayo, del estado de excepción en 123 municipios, la intervención de los principales centros penales del país y la disposición de jueces y fiscales para acompañar las decisiones tomadas.

Datos relevados sobre los índices de homicidios muestran una tendencia a la baja desde fines del año pasado y que continua en los primeros meses del 2023, un 26 por ciento menos que si se compara con los números de enero a marzo del 2022. La contracara es el aumento de los femicidios que según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la tasa de femicidios de 2022 es de 7.9 por cada 100 000 mujeres, no disminuye al ritmo de los homicidios. Uno de los datos más preocupantes es el segmento de niñas asesinadas (10%), siendo el doble con relación al de los niños (4%).

Otro de los asuntos importantes de los primeros meses del año en Honduras es la presentación por parte del gobierno del proyecto de ley de justicia tributaria. Esta medida se propone poner fin a un periodo que va desde el 2009 al 2022 donde se concedió un “feriado tributario a los ricos”, con aumento de la carga impositiva hacia gran parte del pueblo y exoneraciones fiscales y condonación de deudas tributarias para el sector privado y empresarial. Según el documento difundido por el gobierno se busca

construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan (…) Estas acciones permitirán recaudar más ingresos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas, y dotar al Gobierno de los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a las históricas demandas sociales y generar el desarrollo integral del pueblo hondureño.

Uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno de Xiomara Castro es dotar de gobernabilidad a su gestión. Las internas que se abrieron al interior de Libre en el comienzo de su presidencia y la ruptura con su compañero de fórmula Salvador Nasralla —quien preside el Partido Salvador de Honduras (PSH)— en octubre del año pasado generan la necesidad de construir acuerdos y alianzas amplias para avanzar con las políticas urgentes que necesita la sociedad hondureña. Al igual que otros gobiernos progresistas de la región, las tensiones al interior de coaliciones de gobiernos que contienen expresiones de izquierda y centro derecha, cumplen su objetivo de la victoria electoral pero encuentran limitaciones a la hora de gobernar. Es por esto, que en los primeros días de abril se produjeron intentos de alianza entre Libre y el Partido Liberal para obtener la mayoría en el Congreso Nacional, queda por ver si este intento llegará a buen puerto, ya que genera tensiones en las bases de ambos partidos.

Por último, Xiomara Castro denunció intentos de desestabilización y golpistas por parte de sectores conservadores aliados a los intereses de la oligarquía y Estados Unidos y que protagonizaron el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. Esto fue reiterado en su video dirigido a los trabajadores y las trabajadoras en vísperas del 1 de mayo donde indicó que “hoy conspiran para desestabilizar mi gobierno, su meta es separar al gobierno del pueblo. Crear confusión, descontento y desesperanza. Existen señales claras de quienes nos consideran sus súbditos o sus colonias”.

Caribe insular: sigue el injerencismo en Haití; elecciones y debates de Cuba

En Haití el panorama sigue estando signado por un clima de violencia, inseguridad alimentaria y sanitaria y crisis político-institucional, además de los intentos de intervención extranjera que siguen estando presentes.

En un contexto en el que más de la mitad del territorio del país está controlado por pandillas, la ONU informó que al 21 de marzo ya habían muerto más de 530 personas a causa de la violencia de las bandas. Solamente los enfrentamientos de la primera quincena de marzo dejaron más de 208 personas muertas, 164 heridas y 101 secuestradas.

Las consecuencias de la violencia se agravan en términos de vivienda (más de 160.000 personas desplazadas), los precios de los alimentos que siguen aumentando y la educación. Esto último incluye desde ataques directos a las escuelas o secuestros y asesinatos a miembros de las comunidades educativas o consecuencias derivadas de ellos como el cierre de muchos establecimientos o la decisión de las familias de dejar de mandar a sus niños y niñas a estudiar por el peligro que podría conllevar.

Esta situación también limita el acceso a servicios sanitarios, en un contexto en el que desde octubre de 2022 ya hubo 600 muertes por el rebrote de cólera (cifras a inicios de marzo de 2023) y más de 33 mil casos sospechosos (de los cuales 2400 han sido confirmados).

En este contexto de violencia, se destacan algunos hechos puntuales por su magnitud o por el carácter público de sus víctimas.

A principios de enero, el presidente del Senado, Joseph Lambert, fue herido en un atentado unos días antes de la finalización de su mandato.

Semanas después, se hicieron públicas las imágenes de cuerpos desnudos, ensangrentados y asesinados de seis agentes policiales con sus armas sobre el pecho. Fueron diez los policías asesinados por pandillas durante el mes de enero y al menos 55 en 2022. Ante esto, grupos de policías atacaron la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry y le bloquearon por algunas horas su salida del aeropuerto cuando regresaba de Argentina. Además, se manifestaron en las calles de Puerto Príncipe y bloquearon varias localidades.

Entre los secuestros de más de 30 personas ocurridos durante enero, se encontraban el exministro de Educación y un exdiputado. En enero, además, una de las bandas más famosas secuestró un ómnibus dominicano cerca de Puerto Príncipe y en febrero, un periodista fue secuestrado, lo que también provocó protestas de sus colegas. En 2022, las muertes violentas a causa de bandas armadas fueron más de dos mil y hubo más de mil secuestros.

“Al no haber monopolio y tentativas de legitimar el uso de la fuerza, y al resultar desconocido el origen de los más diversos crímenes –el caso más emblemático es el de los secuestros y las masacres–, la justicia y la reparación resultan imposibles”, dijo Lautaro Rivara, periodista y ex brigadista en Haití, en un artículo de análisis publicado por La Tinta.

Y ante situaciones como esta, es esperable el surgimiento de fenómenos que incluyen a la sociedad civil organizándose para defenderse. Durante las últimas semanas, destacó la acción de brigadas de jóvenes que patrullan zonas, bloquean calles o salen por las noches armados a vigilar los barrios y no permitir el acceso de las bandas.

En este marco, en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, el gobierno haitiano –esta vez representado por su embajador en ese organismo– pidió “el apoyo de una fuerza internacional en el terreno” con el objetivo de contener la violencia y llevar a cabo un proceso electoral. Y es que a eso se comprometió el gobierno desde que asumió luego del magnicidio de Moïse: a convocar a elecciones.

Luego de que a fines de diciembre de 2022 el primer ministro Ariel Henry firmara un acuerdo con distintos partidos y organizaciones para organizar elecciones y lograr un Consenso Nacional hacia una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes, a principios de febrero de este año designó formalmente al consejo de transición, que se encargará de elegir a los miembros de un consejo electoral provisional. Para ello nombró a un miembro de la Federación Protestante de Haití como representante de la sociedad civil, a la ex primera dama y candidata presidencial Mirlande Manigat como representante de los partidos políticos y al presidente de la Cámara de Comercio por el sector privado. La promesa es celebrar elecciones generales este año, para que un nuevo gobierno tome posesión el 7 de febrero de 2024. Se pretende también que este consejo trabaje en una reforma de la Constitución y apoye al gobierno en reducir la violencia.

En enero, por su parte, finalizaron los mandatos de los únicos 10 senadores electos que quedaban en sus cargos, por lo que hoy el país no cuenta con autoridades electas en su gobierno.

Luego del pedido de Henry, Canadá envió un avión militar de vigilancia sobre territorio haitiano para “apoyar los esfuerzos para establecer y mantener la paz y la seguridad para el pueblo de Haití”. Permaneció en la región por unos días. Luego, en el marco de la reunión anual de la Caricom, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reforzó sus ansias intervencionistas y, de forma unilateral, anunció que enviaría buques con objetivos similares. Ante esto, organizaciones sociales y políticas haitianas escribieron una carta abierta a los jefes de Estado participantes de la conferencia en la que les pidieron que rechazaran una posible intervención militar en el país. Las autoridades de los demás países del Caribe se manifestaron en contra de las intenciones del primer ministro canadiense.

Por su parte, a fines de enero, Haití extraditó a Estados Unidos a cuatro de los detenidos acusados por el asesinato de Moïse y en febrero, otros cuatro fueron detenidos en Florida, departamento en donde están siendo procesados once de los acusados del magnicidio.

Ante la situación que vive Haití hace años, la actitud del gobierno dominicano viene siendo de deportar migrantes y reforzar las fronteras, a través de la construcción del muro y aumentar la seguridad. En febrero de este año, detuvo a 400 migrantes haitianos en distintos sectores del país con el objetivo de deportarlos.

Mientras tanto, el país está inmerso en un caso de corrupción en el que quedaron detenidos veinte exministros y exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina, que ejerció su cargo por dos períodos consecutivos, entre 2012 y 2020. Se trata de la Operación Calamar, resultado de una investigación que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). En este marco, el Ministerio Público acusó a los exfuncionarios de formar parte de una red que estafó al Estado por 19 mil millones de pesos.

Estos meses Cuba estuvo atravesada por un proceso eleccionario que culminó el día 19 de abril, con la ratificación de Miguel Díaz-Canel como presidente por parte de la Asamblea legislativa. Fueron las primeras elecciones desde que se aprobó la nueva Constitución en 2019. Si bien este proceso eleccionario no traerá grandes cambios institucionales en sí mismo, vale analizar algunas implicancias y debates relacionados; y también es momento propicio de poner sobre la mesa algunos otros debates que se vienen dando en la isla desde hace algunos años.

El proceso inició en diciembre pasado con las comisiones de candidaturas, que proponen la nómina de candidatas y candidatos que luego son aprobados o no en las elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Esta instancia se dio el 26 de marzo pasado.

Se eligió a 470 diputados y la participación fue del 75,92% del padrón, diez puntos menos que en las elecciones parlamentarias anteriores, en 2018, y la más baja desde los inicios de la Revolución. Si bien sigue siendo un número alto en comparación con otros países de la región, vale poner la lupa en su descenso.

Para analizar eso, OBSAL conversó con Gabriel Vera Lopes, periodista y editor de ALAI, actualmente trabajando desde Cuba:

Hay una combinación de elementos. Uno es la crisis que se viene acarreando desde hace ya mucho tiempo; es un primer elemento que genera desmoralización. Un segundo elemento tiene que ver con momentos generacionales. Si la crisis económica más importante que vivió Cuba fue en los noventa, también es cierto que la década de 1980 había sido de grandes conquistas y mejoras de la calidad de vida, a tal punto que seguramente haya sido el país en que mejor se vivía en Latinoamérica. Ahora, los jóvenes que están atravesando esta crisis son gente que nació en los noventa, en el peor de los casos en los ochenta, o sea que tampoco vivió los ochenta. Vivió siempre de crisis en crisis. Es decir, hay una desafección con relación a un proyecto materializado en la vida cotidiana que es cada vez más evidente. Eso también se ve en los niveles de migración. Porque la situación económica es mala en todos lados, no solo en Cuba.

Por otro lado, el sistema político mantiene un conjunto de inercias que lo hace muy refractario a escuchar las demandas del pueblo. Creo que tiene un lenguaje que solamente se habla a sí mismo, está perdiendo capacidad de interpelación más allá de sus viejos rituales, y eso lo es en la participación en los organismos de masas, que no logran convocar masivamente jóvenes, hacer que participen políticamente.

No necesariamente la gente tiene un malestar con la noción de socialismo. Pero el problema es que el sistema político no les permite la misma participación, no permite alojar esos malestares y de alguna manera los empuja a sectores o a narrativas más liberales, que encuentran un correlato en los cambios en la vida práctica de la gente.

El porcentaje de diputados que renueva en la práctica es mínimo. La gran mayoría de las bancas ya eran las de la anterior Asamblea. Hay una cierta inercia o dificultad para generar modificaciones, para abrir otros espacios. Las bancas que se renuevan son siempre las candidaturas de base, que son el momento más democrático, donde la gente vota directamente.

Otro elemento para analizar de estas elecciones es que fueron en un marco de crisis económica agravada y en el marco de un bloqueo por parte de Estados Unidos que solo ha sido incrementado por la administración Trump y mantenido por Biden. Y fueron las primeras elecciones luego de las revueltas de 2021, en el marco de un clima de fragilidad económica y también política. Además, este proceso eleccionario se dio en el marco de una serie de reformas económicas que se vienen acelerando en el país. ¿Cuánto puede dar cuenta / acompañar el sistema político todas estas modificaciones?

Vale recuperar algunas reflexiones esbozadas recientemente por Claudio Katz relacionadas a la actual situación política, económica y social de la isla.

En un artículo publicado por ALAI, habló, por un lado, de las demoradas reformas económicas que preveía el ordenamiento. Las mismas estaban orientadas a impulsar la economía en términos productivos y estar acompañadas por políticas estatales de redistribución de ese crecimiento y de desarrollo productivo que le diera al país soberanía en algunos sectores como la alimentación.

Una de las medidas con las que se esperaba esa reactivación era la unificación monetaria que, según el autor, “no logró su objetivo”:

Las reformas no solo implican un aumento de la incidencia el mercado. Suponen la presencia de una corriente de inversores que modificaría el status de la propiedad. Las demoras en esos cambios provienen del potencial desemboque de esas transformaciones en una restauración capitalista. Esa regresión afectaría los grandes logros de la Revolución.

Esa amenaza sobrevuela a todas las iniciativas en curso. La unificación monetaria, por ejemplo, está concebida para facilitar el ingreso de dólares y reducir la agobiante falta de divisas. Pero esa llegada de fondos ampliaría las brechas sociales, si no se logra establecer una compensación fiscal a la inequidad que genera esa afluencia. Los que reciban dólares quedarían situados en la pirámide superior, frente a los sectores desprovistos de esos recursos.

El reordenamiento desdobló el sistema cambiario y hay un dólar no oficial con una brecha cambiaria importante que genera presión inflacionaria. A esto se le sumó la escasez de combustible y la vuelta de los apagones. Esto ha generado una desigualdad social muy grande, particularmente entre los sectores privados de pequeños y medianos empresarios (sector que ha crecido mucho en los últimos tiempos) y quienes no trabajan para el sector privado.

La disyuntiva se plantea entre el avance de la implementación de las reformas económicas, que implican una mayor apertura a los sectores privados de la economía, y la conservación de los logros de igualación social de la Revolución. El nuevo modelo propone modalidades combinadas de acumulación que permitan dar aire en un contexto económico de bloqueo y trae aparejado el surgimiento de un sector privado de la economía, que también conlleva la posibilidad de nuevas identidades políticas. Katz habla de un “escenario político más diversificado”, que se vio cristalizado en las movilizaciones callejeras de 2021.

Gabriel Lópes afirmó que hay un crecimiento de ideas liberales pero también de prácticas liberales en la vida de la gente: “Hay un sector de la sociedad en el que la protección del Estado es cada vez más un estorbo más que una forma de acceder a derechos. Un pequeño comerciante, su relación con el Estado son los impuestos. Entonces, eso configura nuevas ideologías que tienen nuevas materialidades”.

Respecto de cómo la política podría incorporar estas nuevas identidades, Katz decía:

El sistema institucional vigente es flexible y permite incorporar a todos los actores del nuevo contexto, luego de su revitalización con la nueva Constitución. Opera como una estructura anclada en el poder popular, mediante un modelo contrapuesto al constitucionalismo burgués. (…) Pero ese régimen se forjó bajo la conducción y el arbitraje de Fidel. El mismo sistema desprovisto de ese comando, ya no cuenta con el viejo resguardo y opera con otra dinámica.   La rotación de los dirigentes y la asimilación de los jóvenes al sistema político son asignaturas pendientes, que Cuba procesa en la compleja adversidad impuesta por el asedio estadounidense.

Estos debates al interior de la isla se dan en un contexto de crecimiento a nivel global de la ultraderecha y de mayor asedio político y económico, en el que sectores externos aprovechan la heterogeneidad política y la crisis para generar un contexto de inestabilidad cada vez mayor al interior del país. Frente a eso, se vuelve necesario reafirmar la solidaridad hacia la Revolución y el pueblo cubano y seguir denunciando el bloqueo en cada espacio, en cada organismo, en cada lucha.

En el mes de enero hubo elecciones generales en Antigua y Barbuda. El Partido Laborista obtuvo el triunfo con 9 de los 17 escaños en el Parlamento y la reelección como primer ministro de Gaston Browne, quien inició su tercer mandato en el cargo. El Partido Progresista Unido (UPP) obtuvo cinco escaños y el Movimiento Popular de Barbuda, uno.

Como mencionamos en nuestro informe #19, Browne había anunciado en septiembre pasado que, de ser reelecto, impulsaría —dentro de los primeros tres años de mandato— un referéndum para convertir al país en una república presidencialista y ganar soberanía respecto a la corona británica.

Surinam es otro país que está atravesando una crisis económica y social. En 2021 y 2022, tuvo altos índices de inflación (52,4 y 59,1 por ciento respectivamente) y el año pasado su presidente, Chandrikapersad Santokhi, firmó un acuerdo con el F.M.I. por un préstamo de 690 millones de dólares, lo que causó malestar en la población y los primeros pedidos de renuncia.

En febrero, Santokhi anunció que cedería a la presión del FMI para el desembolso de una parte del préstamo e implementaría el ajuste exigido. Se trataba de la eliminación de subsidios al gas, la electricidad y el combustible y reducir el gasto público.

Conjuntamente con la intención del presidente de modificar la ley electoral y el alto costo de vida, esto desató protestas y saqueos en febrero pasado y los manifestantes irrumpieron en la sede del Parlamento. El gobierno respondió con represión policial y un toque de queda que resultó en un muerto, veinte heridos y más de cien personas detenidas.

En marzo volvieron las protestas y se volvió a exigir la renuncia del presidente. Además de las demandas por la situación económica, se acusa al presidente de intentar posponer las elecciones que deberían realizarse en 2025, a través de una ley electoral que está siendo revisada. La demanda de los manifestantes es que haya una ley que prevea “una persona, un voto”.

Los Andes entre la resistencia contra el neoliberalismo y la defensa de las transformaciones

Como hemos visto en los informes del OBSAL, durante los últimos años la región andina vivió una transformación radical que impactó en la correlación de fuerzas a nivel continental. De ser uno de los principales reservorios de gobiernos neoliberales ininterrumpidos, en el campo de la política exterior claramente alineadas con los intereses de los Estados Unidos —como sucedía en Perú y Colombia principalmente—, para ser protagonista en proyectos populares. Primero, con gobiernos que llevan a cabo alternativas al modelo neoliberal, como los casos de Perú y Colombia, y también proyectos revolucionarios que han resistido los peores embates del imperialismo, como es el caso de Venezuela y el retorno del MAS a Bolivia, para continuar el proceso de cambio iniciado por Evo Morales en 2006.

Sin embargo, este escenario fue modificado nuevamente a fin de 2022 con el desarrollo del golpe parlamentario contra Pedro Castillo en Perú, que de nuevo modificó la correlación de fuerzas a nivel regional, y que tiene hoy al país sumido en una crisis profunda, que se agrava de forma permanente. De la misma forma, el caso de Ecuador, que optó en 2021 por la presidencia de Guillermo Lasso, se ha mantenido en las calles desde el inicio de su gobierno en rechazo de sus medidas neoliberales, y lo tiene hoy atravesando un proceso de juicio político impulsado por numerosos sectores de la sociedad.

Perú y Ecuador, la lucha contra el neoliberalismo y sus mecanismos antidemocráticos

El 2022 cerraba con la noticia del golpe parlamentario en Perú perpetrado por la derecha local, el empresariado y los sectores aliados a la política exterior estadounidense. Finalmente, después de numerosos intentos de diferente naturaleza, consiguieron sacarse de encima el molesto lugar de un maestro rural representante de los sectores populares en el palacio presidencial. Dina Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresidenta, demostró paulatinamente la previa preparación que tuvo el golpe parlamentario y la proyección de ella ocupando el lugar de la presidencia.

La visita de Lisa Kenna, embajadora de EEUU, y el silencio de los organismos multilaterales frente al desarrollo propio del golpe, sumado a los centenares de casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por la Fuerza Pública en contra de las y los manifestantes, terminan de cerrar el cuadro de situación que se agrava además con la detención ilegal del presidente Pedro Castillo. Solamente para evidenciar el interés del capital transnacional en avanzar en el golpe contra Castillo, a inicios de abril el ministro de Energía y Minas del gobierno de facto, Oscar Vera, anunció que está próximo a entregar los permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake —filial en Perú de Plateau Energy Metals Inc. de propiedad canadiense—, para que inicie los trabajos de perforación en Perú.

En nuestro informe anterior, detallamos el curso de los acontecimientos, que durante los primeros cuatro meses del 2023 no han hecho más que agravarse. A pesar de las masivas movilizaciones que se han llevado adelante en el país, exigiendo principalmente la renuncia del gobierno ilegítimo, el llamado inmediato a elecciones, y a un proceso constituyente que convoque a redactar unas nuevas reglas democráticas, el gobierno de Dina Boluarte ha respondido con niveles de violencia y represión inusitados. Desde el inicio del golpe hasta la fecha, hay más de 76 personas asesinadas y más de 442 heridas dentro de las cuales se encuentran centenares de jóvenes y periodistas, según cifras de las misiones internacionales que han visitado el país y que inclusive en el caso de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, sufrieron la negación del ingreso al mismo por las autoridades migratorias, marcando un grave precedente en materia de veeduría internacional.

Al respecto, el OBSAL conversó con Lucía Alvites, militante y docente universitaria peruana quien afirmó que el golpe contra Castillo “gatilló que la crisis política que vive el Perú desde hace años, se trasladara a la calle, teniendo como protagonistas de las protestas a los sectores populares y excluidos, que por primera vez se sentían representados por alguien como ellos, a través de Pedro Castillo (rondero, sindicalista, profesor rural, campesino) y que con este golpe de Estado le quitaban lo único que tenían que los igualaba a la élite: el voto”.

Según Alvites, “La respuesta del Estado fue la violación sistemática a los derechos humanos, con masacres en las regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, entre otras. La dictadura Boluarte tiene bajo su responsabilidad casi 70 peruanos y peruanas asesinadas, entre ellos varios menores de edad. La mayoría por balas de fuego. Si bien en la actualidad hay un reflujo del movimiento social, el nivel de conciencia sobre la necesidad de un cambio de fondo, que incluye prioritariamente el cambio de constitución. Perú vive una crisis profunda que constata una vez más que el modelo neoliberal en sus fórmulas políticas y económicas, está agotado, siendo hoy su única forma de sobrevivir bajo el autoritarismo, la dictadura y la ilegitimidad de su régimen”

La gravedad de los casos de violaciones de DDHH fue también comprobada por la visita de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró que las fuerzas armadas peruanas han empleado un ejercicio desproporcionado de la fuerza a partir de la utilización de munición letal contra personas desarmadas durante las manifestaciones, como afirmó el delegado de la CIDH Joel Hernández a The New York Times. Dichas afirmaciones fueron rechazadas por el embajador de Perú en la OEA, quien afirma que el país ha actuado bajo las normas internacionales. La misma fiscalía general de la nación abrió un proceso de investigación a Boluarte por genocidio. Boluarte, por su parte, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad e inclusive premió a los efectivos con bonificaciones económicas.

A esto se suma la grave crisis diplomática que se ha desarrollado a partir del llamado de Boluarte a sus embajadores en países que han manifestado su rechazo al tratamiento que Boluarte ha dado a la protesta social, y han exigido la restitución de los derechos al presidente Castillo, convocando a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares. Ya son los casos de la embajada de Perú en Colombia, México, en los que Boluarte ha solicitado que los embajadores se retiren de los países, tensando una relación diplomática, así como la categorización de Evo Morales como persona no grata por parte del parlamento peruano. La verdadera discusión política radica en la consolidación de un sistema político excluyente de las grandes mayorías, que reprime, asesina, o “terruquea” a quienes se le oponen, y a quienes niega sistemáticamente el cambio de la constitución en una que no garantice solamente los privilegios para la clase blanca limeña. El mes de abril cerró con las declaraciones de la presidenta de facto sobre el inicio del estado de emergencia en las fronteras del país, para evitar el ingreso de extranjeros/as a quienes catalogó como principales responsables del aumento de casos delincuenciales en el Perú, y ha impulsado escenarios de represión por parte de las fuerzas de seguridad en las diferentes fronteras, y mantiene detenidos a la fecha cerca de 300 migrantes de diferentes nacionalidades, especialmente en la frontera sur del país.

En el caso de Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso parece acercarse a la posibilidad de no continuar en el poder. Producto de las diversas medidas neoliberales tomadas por el presidente, alineadas con las necesidades del FMI, y la profunda crisis en materia de seguridad con graves índices de violencia, homicidios y el sufrimiento de bandos criminales vinculados al narcotráfico, que inclusive llevaron a Lasso a poner toques de queda durante 2022, numerosos sectores sociales han salido de forma permanente a las calles exigiendo la reducción del precio de los combustibles -misma consigna que en las enormes movilizaciones de 2019 contra el gobierno de Moreno), que se han agudizado en los últimos meses, y tienen la imagen del presidente con menos del 20% de aprobación de su gestión.

En medio de la crisis, como supuesta solución a los graves problemas de seguridad, Lasso propuso la realización de un referéndum que proponía permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por narcotráfico, enfocando con un discurso militarista la necesidad de modificar artículos de la constitución nacional. De esa forma, el 05 de febrero se desarrolló la votación con fuertes críticas por parte de los sectores sociales que aseguraban que las medidas propuestas no resolvían los problemas profundos que aquejan al pueblo ecuatoriano.

La campaña por el No, impulsada por La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), finalmente salió victoriosa y la derrota del referéndum, propuesto por el ejecutivo, marcó el inicio de un camino que por ahora parece concluir con el gobierno del presidente Lasso.

En ese marco, en el mes de marzo, la mayoría opositora del parlamento de la Asamblea ecuatoriana presentó la solicitud de juicio político contra el presidente por la presunta comisión de delitos de malversación de fondos contra la administración pública en el manejo de contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). En abril se inició el proceso para dar curso a la misma, que incluye la recepción de pruebas por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien después elabore un informe ante el Legislativo y termine definiendo o no la destitución presidencial.

En ese contexto, con un sostenimiento de la ola de violencia y criminalidad, el presidente Lasso autorizó el porte de armas para ciudadanos y ciudadanas.

Bolivia, Colombia y Venezuela: las dificultades de avanzar en procesos progresistas y revolucionarios

Las dificultades no son una realidad solamente en los casos de los gobiernos neoliberales que por medio de la represión y el disciplinamiento fiscal afectan la vida de los pueblos. En los casos de Bolivia, Colombia y Venezuela las dificultades que incluyen desde debilidades y contradicciones internas, hasta la profundización de medidas unilaterales de EEUU en su contra muestran un escenario conflictivo para la solidez de estos procesos.

En el caso Boliviano, a pesar de haber cerrado el 2022 con buenos saldos en materia económica, que dejaron una inflación del 3.1% en 2022, la más baja de la región, un buen desempeño en la exportación de la Urea, un agro fertilizante que alcanzó un récord histórico de 228,7 millones de dólares y de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos en el Tarija, la situación política parece compleja al interior del partido de gobierno.

La denominada “interna del MAS” ha tenido diferentes episodios donde las figuras de Evo Morales, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca representan diferentes sectores al interior del partido de gobierno que, a pesar de mostrarse aún unidos en actos públicos, se hacen cuestionamientos, como sucedió en el mes de marzo en Ivirgarzama, en la celebración del aniversario número 28 del Movimiento Al Socialismo, donde el ex presidente Morales increpó a ministros del actual gobierno de seguir recetas del FMI.

La unidad del campo popular boliviano alrededor del instrumento sindical e indígena que representa el MAS y que ha impulsado el Proceso de Cambio en Bolivia parece un escenario difícil, pero fundamental para la consolidación de un proceso regional de carácter soberano, especialmente teniendo en cuenta los intereses imperialistas sobre los bienes comunes que tiene el país, como sucede con el Litio, abiertamente deseado por los EEUU, según las declaraciones de la Jefa del Comando Sur Laura Richardson. En ese sentido, a finales del mes de abril, Bolivia firmó con Venezuela 13 acuerdos de cooperación en áreas estratégicas como energía y petróleo, gas, educación, cultura, minería, salud entre otros.

En el caso de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha experimentado varias dificultades que contrastan con la gran cantidad de medidas que ha buscado implementar en sus primeros seis meses de gobierno. Con el objetivo general puesto en dos grandes ejes temáticos, el primero vinculado con la denominada Paz Total, y el segundo con el tridente de reformas que ya mencionaba en campaña era necesario impulsar para empezar el prometido Cambio de la situación social y política en Colombia.

Respecto a la Paz Total, Petro se ha enfrentado con una serie de tropiezos vinculados con el anuncio en la primera semana del año de un supuesto Cese al Fuego acordado entre el gobierno y los diferentes actores armados que hacen vida en el país, que incluyen a las guerrillas del ELN y las diversas disidencias de las FARC-EP, hasta los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico. En ese marco, el ELN con quien el gobierno adelanta unas negociaciones de paz como mencionamos en el último informe, manifestó públicamente que nunca había sido consultado sobre ningún cese al fuego generando un cortocircuito que debilitó la postura dialoguista del gobierno.

Sin embargo, una vez superado el traspié, continuaron las negociaciones que llegaron a un segundo punto crítico en el mes de marzo cuando el ELN impulsó una acción militar en el municipio de El Carmen —región del Catatumbo— donde murieron nueve soldados del ejército, que fue ampliamente rechazada por el gobierno y la sociedad en general.

Por otro lado, las propuestas de reformas del gobierno de Petro han sido uno de sus principales caballos de batalla en la intención de transformar la estructura desigual del país para garantizar la universalidad de los derechos en materia laboral, pensional y de salud.

La reforma laboral apunta al pago de las horas extra y al reconocimiento de contratos a aquellos que actualmente trabajan bajo la fórmula de “prestación de servicios” figura utilizada por las empresas para no garantizar la totalidad de los derechos laborales, respecto la reforma pensional busca fijar un ingreso mínimo para las personas mayores, y en materia sanitaria, el proyecto de reforma, que finalmente fue desaprobado por el parlamento, se enfoca en el fortalecimiento de la atención primaria en las regiones más periféricas del país, impulsando un aumento en los ingresos de los profesionales, buscando llevar médicos/as a las zonas rurales, entre otras medidas. Producto de esta derrota en el Congreso —uno de sus principales proyectos de gobierno—, el presidente Petro solicitó a fin de abril la renuncia protocolaria a todo su gabinete ministerial, cambiando finalmente siete ministros, entre ellos, el Ministerio de Salud. Dentro de sus argumentos para el cambio de las carteras ministeriales, afirmó que “A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales”.

Adicionalmente, a inicios de marzo finalmente fue aprobado en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia mundial de la vida” que, aunque tuvo algunas modificaciones importantes respecto su texto original especialmente en materias de género, ambiental y energética, logró avanzar con los artículos que permitían la compra de tierras para el cumplimiento en materia de Reforma Rural Integral y reparación de víctimas, la aprobación de los recursos para la creación de Ministerio de Igualdad liderado por la vicepresidenta, entre otros artículos fundamentales. 

Respecto a la política exterior, el gobierno de Petro continúa marcando un camino de diálogo y vínculos comerciales y diplomáticos con su par venezolano, con el objetivo de reactivar económicamente la zona de la frontera entre ambos países, que fue una de sus principales propuestas de campaña. Por otra parte, como mencionamos anteriormente, se ha enmarcado en una política exterior que lo ubican como una de las principales figuras progresistas de la región, donde por un lado, sido uno de los principales defensores de que se le restituyan los derechos polçiticos al presidente Castillo y ha pedido la intervención de la CIDH con medidas cautelares, como sucedió en su propio caso cuando a través de montajes judiciales lograron destituirlo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Asimismo, Petro ha tenido una fuerte postura de rechazo frente a la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, que constituye el centro penitenciario más grande la región y que ha calificado como un campo de concentración donde miles de detenidos se encuentran en condiciones inhumanas, y que el presidente Bukele ha querido mostrar como uno de sus principales triunfos en materia de seguridad.

Una muestra más de la política exterior del gobierno de Petro, fue la convocatoria realizada el 25 de abril para la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, con participantes de 20 delegaciones entre las que se encontraron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas, Türkiye, Sudáfrica, e invitados de Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal y el Reino Unido y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea. Las principales conclusiones fueron la necesidad de establecer un cronograma electoral en el país vecino, la exigencia del levantamiento de las medidas unilaterales mal llamadas sanciones, y la continuación del proceso de negociación impulsado en México y Noruega  y la implementación del fondo fiduciario para la inversión en Venezuela. Frente a estos resultados, el presidente Nicolás Maduro recordó que para el reinicio de las negociaciones es fundamental que el gobierno de los EE.UU. cumpla lo pactado, y devuelva a Venezuela los 3.200 millones de dólares que tiene secuestrados en bancos internacionales.

Finalmente, en el caso de la Revolución Bolivariana, el pasado mes de marzo se cumplieron diez años de la partida física del Comandante Hugo Chávez, y en el país la fecha se convirtió en una oportunidad de reflexionar sobre el rumbo que el proyecto bolivariano ha tomado a diez años de la partida de su líder natural. En ese sentido, en el marco de numerosos homenajes a la memoria de Chávez, el presidente Nicolás Maduro y diferentes Ministros de gobierno enfatizaron en la enorme dificultad que tiene que atravesar a diario el país para poder sobrevivir con el marco de medidas coercitivas unilaterales que los EE.UU. impulsan contra la Revolución Bolivariana.

Todos coincidían en que fue a partir de la muerte de Chávez que el imperialismo norteamericano apuntó con toda su fuerza los cañones contra Venezuela con el objetivo de destruir el proceso revolucionario, utilizando todo tipo de mecanismos que van desde los ataques terroristas, intentos de magnicidios, presidentes interinos autoproclamados, y el ahogamiento económico, financiero, comercial y diplomático al que condenaron al país caribeño.

En ese marco, resaltaron la importancia del diálogo con la oposición política, y la urgencia de la libertad de uno de los miembros de la delegación del gobierno a la mesa, el diplomático Alex Saab quien se encuentra ilegalmente detenido en Miami, y que era uno de los principales funcionarios que lograba llevar adelante acuerdo comerciales para sortear el bloqueo al país.

Producto también de la necesaria profundización revolucionaria en el gobierno de Maduro, se inició una fuerte campaña en contra de la corrupción de funcionarios públicos, en particular del Poder Judicial y la industria petrolera en PDVSA. La investigación, impulsada desde el fiscal general, Tarek Saab, ha logrado hasta la fecha la detención de 55 personas, y ha generado toda una reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela inclusive con la renuncia del entonces ministro Tareck El Aissami. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hace semanas una ley que permitirá al Estado el uso de los bienes incautados a los acusados por el delito de corrupción.

Conclusión

Como es característico de la dinámica política del continente americano, el 2023 inició de manera intensa y promete ser un año convulsionado por las tensiones y disputas que se dan en los países de la región a causa de la crisis del capitalismo neoliberal, de la respuesta que buscan dar los gobiernos latinocaribeños para paliar sus consecuencias y la dificultad en la integración que impide por el momento hacer frente a fenómenos y problemáticas de escala global.

En este primer informe del año, hemos recuperado las tendencias, preguntas y escenarios abiertos con que cerramos el 2022 y que sin defraudar, los primeros meses están dando continuidad. El interrogante por la etapa política que estamos atravesando en la región está abierta y en disputa. Por un lado, los gobiernos progresistas como los del Mas en Bolivia, el Frente de Todos en Argentina y Libre  en Honduras que enfrentan  debates internos que asoman como destructivos en un contexto donde la derecha de esos países busca aprovechar cada oportunidad para golpear y desestabilizar. Otros como los de Boric en Chile, Petro en Colombia y Lula en Brasil, deben lidiar con los limitantes institucionales heredados de gobiernos neoliberales o por la presencia de sectores conservadores que obligan a girar hacia el centro.  Además, enfrentan la embestida norteamericana por los recursos naturales y la presión por lineamientos geopolíticos que favorezcan a la Casa Blanca y contrarresten la presencia de China en la región. Las medidas que avanzan en la nacionalización del Litio como en México y Chile, que se suman a Bolivia, son señales de políticas soberanistas, pero que aparecen como limitadas si no hay una articulación regional. El liderazgo de Lula aparece como una ráfaga de oxígeno en la búsqueda de rehabilitar instancias de integración como UNASUR, y la apuesta por la multipolaridad en el orden internacional.

Por otro lado, los gobiernos de derecha no la tienen más sencillo que los progresistas. Lacalle Pou en Uruguay y Lasso en Ecuador afrontan procesos de desgastes por parte de las organizaciones sociales y gremiales. El mandatario ecuatoriano se encuentra actualmente en la cuerda floja teniendo que enfrentar un juicio político. Pero lo que prima en la derecha y sectores conservadores, son la presencia de gobiernos autoritarios como el caso de Bukele que busca sostener su popularidad mediante la “guerra contra las pandillas” y publicitando su modelo internacionalmente. También está el gobierno ilegítimo de Boluarte en Perú, que mostró lo poco que los sectores dominantes están dispuestos a respetar la democracia y los derechos humanos para imponer sus intereses, y lo van a hacer a cualquier costo sin importar la sangre derramada y las vidas asesinadas. La victoria del Partido Colorado en Paraguay cortó con una serie de derrotas electorales de los oficialismos y dió una razón de festejo a los liderazgos de las derechas en la región.

Nuestra América afronta problemáticas estructurales que parecen agudizarse con el desenlace de la crisis civilizatoria del capitalismo neoliberal. La crisis migratoria y la violencia social afectan a los países centroamericanos y caribeños de manera particular. El colonialismo norteamericano sobre estas regiones dejó consecuencias gravísimas que condenan a sus pueblos a sufrir altos porcentajes de pobreza, desigualdad sin que las instituciones estatales puedan dar respuestas a las problemáticas urgentes por estar cooptados por la corrupción, el narcotráfico y bandas del crimen organizado. La violencia se volvió estructural y las altas tasas de homicidios, así como el control territorial por parte de las pandillas, se volvieron fenómenos habituales en estas sociedades, donde muchos huyen no en busca del sueño americano, sino para escapar de la realidad que los atraviesa.

La resistencia heroica de los pueblos latinoamericanos y caribeños, así como de procesos políticos revolucionarios que vienen resistiendo las medidas coercitivas del imperialismo y el propio desgaste del tiempo, como el venezolano y el cubano, son faros que iluminan en este presente turbulento. En esta etapa abierta, de hegemonías imposibles, la lucha de los movimientos populares en la defensa de la vida y la naturaleza contra la embestida del capital, se vuelve fundamental. En este contexto, ninguna victoria es completamente victoria, y ninguna derrota es completamente derrota, pero lo que persevera es la lucha inclaudicable por un futuro más justo. Las tintas del 2023 comenzaron a escribirse y esperamos que el final de su trazado sea desde abajo y a la izquierda.

El Informe #19 del OBSAL presenta el análisis de coyuntura de los países de América Latina y del Caribe entre septiembre y diciembre de 2022 y un balance general del año que está terminando.

De manera general, podemos decir que 2022 ha expresado la crudeza de la crisis civilizatoria, profundizada con la pandemia de la COVID-19 en los años previos y en particular en 2022 con la guerra en Ucrania. Durante 2020 y 2021 se pronosticaba que los efectos de la pandemia sobre la vida de las poblaciones iban a manifestarse durante varios años. En 2022 vemos que esto no solamente se cumplió, sino que se agudizó con la crisis económica, que seguirá teniendo sus efectos de cara al 2023.

Se trata de una crisis multidimensional y sistémica que es resultado del propio despliegue de las transformaciones neoliberales y es previa a la pandemia, pero fue agravada por su impacto. Durante 2022, la guerra en Europa y su proyección mundial profundizaron aún más sus consecuencias en todos los ámbitos, a tal punto que es reconocida por las propias instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, como algo urgente a afrontar de manera global —aunque no proponen recetas nuevas para ello—.

En esta dirección, el último tercio del año 2022 plantea la posibilidad de hacer un balance de la dinámica reciente de estas múltiples crisis y acercar los pronósticos y perspectivas para el próximo año que suelen señalar los informes de diferentes organizaciones.

En el plano económico, el 2022 concluye con una desaceleración global de la economía y plantea hacia adelante un escenario similar. Para América Latina y el Caribe, la CEPAL señala que, luego del crecimiento en 2021 —con un incremento del 6,5% del PBI—, 2022 concluirá con una disminución al 3,2% y 2023 acentuará esta tendencia, con un incremento estimado del 1,4%. Esto ha implicado un crecimiento de la pobreza y la indigencia en la región, así como una profundización de la desigualdad social que continuará agravándose en el futuro inmediato, tanto que la propia CEPAL alerta sobre un nuevo retroceso en el desarrollo social de la región, que puede conducir “a un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político”.

Uno de los factores que más incidió en el año en la agudización de la crisis social fue el sustantivo incremento del precio mundial de los alimentos, bajo el impacto de la guerra europea y la “commoditización” de sus mercados. Desde el pico de valores récords, alcanzado en el segundo tercio del año, estos precios han venido descendiendo pero todavía se encuentran elevados respecto de sus promedios recientes.

Sobre las perspectivas, un reciente informe de la CEPAL, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos alerta sobre una sensible reducción de la producción mundial de maíz para 2023 que impactará negativamente en la región donde la gran mayoría de los países son importadores netos de cereales.

En relación con el cambio climático, los informes del 2022 elaborados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas han venido alertando sobre las crecientes dificultades de reducir las emisiones en orden de limitar la elevación de la temperatura global a 1,5°C, que es el corazón de los acuerdos internacionales y del consenso científico si se trata de evitar una catástrofe mayor. La Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas realizada en noviembre en Egipto (la COP 27) concluyó sin muchos acuerdos efectivos sobre ello, así como, en el contexto de la crisis energética expandida por la guerra, muchos países europeos tienden a retomar el uso creciente del carbón y se expanden por todo el mundo los proyectos de exploración y explotación de las energías extremas (shale gas, hidrocarburos offshore). Finalmente, la dinámica de estas crisis, lejos de suponer la morigeración del afán de lucro del poder económico concentrado, ha estimulado procesos de respuestas cada vez más violentas y conservadoras contra las políticas y gobiernos progresistas.

Así, tanto los gobiernos populares y progresistas de la región como los movimientos populares se vieron confrontados a lo largo de todo el año por procesos de desestabilización, represión, violencia y golpes suaves. Esta avanzada concluye con la remoción y detención ilegal del presidente Castillo en Perú y la condena judicial en primera instancia contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner en Argentina, luego de que fuera blanco de un fallido intento de magnicidio. Estos son indicadores de los desafíos que afrontaron los pueblos latinoamericanos y caribeños en 2022, que examinamos a continuación y que señalan los retos pendientes en el futuro próximo.

Para resaltar algunos de los hechos principales de este período, recorremos de sur a norte las subregiones, en un intento de recuperar en clave de síntesis algunos puntos que se desarrollan en el texto del informe.

En un panorama heterogéneo donde lo común es la intensidad, el Cono Sur sigue dando mucho material para el análisis. El hecho más destacado, sin dudas, es la elección presidencial en Brasil. Los votantes brasileños han elegido a Luiz Inácio Lula da Silva por tercera vez, en la contienda más reñida de la historia política de Brasil. Lula derrotó a Bolsonaro y su proyecto de extrema derecha. Posteriormente, en los meses de noviembre y diciembre, la atención se centró en las negociaciones del equipo de transición formado por el futuro gobierno, que tuvo que hacer frente a enormes desafíos, especialmente en el ámbito presupuestario. Las negociaciones para la organización del nuevo Gobierno se desarrollan en medio de manifestaciones de los partidarios de Bolsonaro, que no aceptaron los resultados de las elecciones. Estas manifestaciones alcanzaron un punto crítico el día en que Lula recibió su diploma presidencial, cuando los manifestantes rompieron y quemaron autobuses y coches en las calles de Brasilia.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión más inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, en un proceso plagado de irregularidades, que forma parte de una sistemática persecución contra la ex presidenta y actual vicepresidenta. Esta ofensiva de la derecha, que se suma al escaso avance judicial sobre el intento de magnicidio ocurrido el 1º de septiembre, se da en momentos que restan nueve meses para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En Chile, Gabriel Boric, en su primer año de mandato, tuvo dificultades para poner en práctica las ideas que defendió en la campaña electoral. El campo progresista y de izquierda todavía procesa la derrota en el proyecto de la Constituyente, mientras el Gobierno adopta medidas similares a sus antecesores en varios temas, como la represión al pueblo mapuche y una política exterior orientada a la derecha en el tablero continental.

Paraguay, en los últimos meses, ha presentado un escenario político movido por las disputas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Las elecciones internas del 18 de diciembre dejaron como principales resultados el triunfo del sector de Horacio Cartes en la ANR-Partido Colorado. El expresidente será el titular del partido y su candidato Santi Peña será el candidato presidencial en las elecciones del 30 de abril de 2023. Efraín Alegre será el candidato del PLRA y de la Concertación. La coyuntura está atravesada por casos de corrupción que implican al poder político y judicial con el narcotráfico. Otros temas del debate político fueron las negociaciones sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y la política de precios de la energía vendida a Brasil.

En Uruguay, en medio de casos de corrupción —entre ellos el escándalo por el llamado “caso Astesiano”: el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou fue detenido en septiembre tras descubrirse que coordinaba una organización criminal—, el Gobierno avanza en sus reformas neoliberales. La pauta principal es la Reforma a la Seguridad Social, el proyecto eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años y es rechazado por la central sindical.

Por la zona andina, resaltan los intentos conservadores en Perú por desestabilizar al primer gobierno de corte progresista luego de décadas de neoliberalismo, que finalmente logró avanzar en un golpe de Estado parlamentario contra el presidente legítimamente electo. La actual crisis es el punto máximo de la histórica crisis política e institucional que caracteriza al país y que se había profundizado desde la llegada de Pedro Castillo a la presidencia.

Castillo, ante los intentos desestabilizadores de los grupos más conservadores, había empezado a hacer algunas concesiones a la derecha, desoyendo a los sectores populares que lo llevaron al gobierno. En ese marco, realizó el anuncio de cierre del Congreso, argumento que utilizó el golpismo para detenerlo y avanzar con su destitución. Desde el mismo día, en campos y ciudades han habido inmensas movilizaciones en exigencia de su libertad, así como de convocatoria a nuevas elecciones generales, y de una Asamblea Constituyente que entierre la constitución neoliberal. Esta dictadura parlamentaria, como la denominan los movimientos sociales, ha desatado una ola de criminalización, persecución y asesinatos producto de la militarización del país ordenada por la ahora presidenta —sin ningún tipo de legitimidad— Dina Boluarte.

La estabilidad económica de Bolivia permitió, de alguna manera, neutralizar los posibles efectos del Paro realizado en Santa Cruz también por parte de grupos conservadores. Mientras Colombia sigue consolidando su lugar como gobierno progresista en la región, Venezuela ha encontrado este año un alivio económico e institucional que permite pensar un 2023 con la continuidad del chavismo como proyecto nacional.

En la región mesoamericana, resalta en 2022 la cuestión migratoria. Los problemas relacionados con las migraciones acompañan a la región desde hace décadas, pero se han agravado con la crisis de la COVID-19, la guerra en Ucrania y las políticas antiinmigración adoptadas por Trump y Biden. Además, los países deben hacer frente a otros graves problemas internos. El incremento de la presencia de pandillas y bandas de crimen organizado en países como Honduras y El Salvador llevó a sus respectivos gobiernos a tomar medidas de excepción en los últimos meses y aumentar la presencia policial. En el caso de El Salvador, hay un acuerdo implícito entre el presidente Bukele y algunas pandillas. En Honduras, por su parte, la presidenta Xiomara Castro anunció un plan de seguridad para hacer frente al aumento de la criminalidad y del delito de extorsión en el país. En el período del Partido Nacional, que gobernó el país durante 12 años, se produjo una estructuración de las relaciones entre el gobierno y los criminales, dejando un legado no deseado para el gobierno de Castro y el pueblo salvadoreño.

En México,  a pesar de algunas dificultades, el proyecto de la cuarta transformación (4T) avanza. La reforma política, como deseaba inicialmente el Gobierno, no fue aprobada, al no contar con los votos necesarios del Parlamento. Ante esto, AMLO logró que fueran aprobados otros cambios políticos importantes que solo necesitaban mayoría simple. Guatemala vive un proceso de fragmentación política en el que parte de la población se moviliza contra el gobierno de Giammattei. El país también está a la espera de nuevas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en 2023.

El Gobierno y los empresarios no son capaces de dar una respuesta satisfactoria al pueblo panameño. Las manifestaciones del mes de junio, como consecuencia del alza en el precio de los alimentos y la energía, hasta ahora no han tenido respuesta. En Nicaragua. la fuerza del sandinismo se ha expresado una vez más. Ahora, en las elecciones municipales de noviembre alcanza el 70 por ciento de los votos.

Del Caribe insular, cabe destacar la profundización de la crisis en Haití, en el marco de la cual Estados Unidos y Canadá están debatiendo distintas formas de intervención. La situación es de extrema violencia por parte de los grupos criminales organizados, pero también incluye las consecuencias del aumento del combustible, el incremento en los casos de cólera que ya ha producido más de 200 muertes (la mayoría niños y niñas) y represión por parte del gobierno a las protestas populares, además de una nueva masacre por parte de pandillas donde fueron asesinadas doce personas y varias casas incendiadas.

Mientras Cuba sigue avanzando en sus distintas reformas derivadas de la Constitución de 2019, en las islas que siguen bajo monarquía británica siguen presentes las ideas de reemplazar el sistema por uno republicano.

América Latina y el Caribe sigue siendo una región en disputa. Es posible decir que con la derrota de Bolsonaro ha caído el último gobierno de extrema derecha que quedaba en la región, ante el ascenso institucional de fuerzas progresistas. Sin embargo, hemos visto también la consolidación de estas fuerzas que lograron acumular una cantidad de votos y un apoyo popular que no había sido visto hasta el momento, en sintonía con movimientos similares en otras latitudes.

La avanzada de las fuerzas conservadoras y neoliberales no se ha hecho esperar en varios de los países en los que parecían haber perdido poder o espacios institucionales. Tanto en Chile como en Perú han logrado poner frenos a los gobiernos progresistas así como en Argentina lograron una condena histórica de la referente política más popular de las últimas décadas.

Sin olvidar un estricto control de los resortes militares, la política de EE. UU. está orientada a reconstruir un dominio del poder blando —en este momento resulta clave la articulación entre los ámbitos político, mediático y judicial— para sostener los lazos con un continente que en los últimos dos años dio un giro institucional a la izquierda.

Un campo de izquierda que de todos modos muestra un panorama fragmentado, con potencialidades en la rearticulación pero no exentos de debilidades e incluso con políticos progresistas que parecen haber defraudado sus promesas de campaña.

De cara a 2023, un debate central que continuará al tope de los debates será el relacionado con los procesos de integración y particularmente, la posibilidad de que el liderazgo de Brasil, en la nueva etapa, contribuya al reimpulso de organismos como Mercosur, Unasur y CELAC.

Los movimientos sociales y organizados son los que finalmente darán sustento a las políticas populares que intenten aplicar los gobiernos y son los que, por otra parte, marcarán la resistencia a las políticas de ajuste neoliberal y de persecución conservadora a líderes progresistas.

Panorama general: La dinámica de la crisis civilizatoria y sus novedades en el último tercio del año

Presente y futuro de la crisis civilizatoria

 A lo largo de este año hemos examinado las principales características que fue asumiendo, bajo el impacto de la pandemia y la guerra, la dinámica de una crisis global y sistémica  que es propia del despliegue de esta fase neoliberal del capitalismo. Bautizada como “crisis civilizatoria” o “crisis de la civilización dominante”, entre otras nominaciones, se trata de una serie de crisis en diferentes dimensiones de la vida social (en lo económico, lo social, lo democrático, etc.) articuladas e interrelacionadas. Resulta tanta su extensión y magnitud que incluso los organismos financieros internacionales reconocen hoy su existencia y despliegan diferentes estrategias sistémicas frente a la misma.

Así, el propio Banco Mundial en su último Informe Anual 2022 señala estas “múltiples crisis superpuestas” orientando su atención a “ayudar a los países” a, según dice, “adaptarse” a este “mundo cambiante”. En esta dirección, postula un escenario para el 2030 con hasta dos tercios de la humanidad en situación de pobreza extrema viviendo en “países afectados por fragilidad, conflicto y violencia”, poniendo de relieve “lo rápido que puede empeorar la situación, lo que generaría el desplazamiento de millones de personas”; una crisis que se entrecruza “con los riesgos a largo plazo que plantea el cambio en el clima” que “podría empujar a hasta 132 millones de personas más a la pobreza extrema… y para 2050 también podría causar el desplazamiento de más de 216 millones de personas dentro de los países en desarrollo”. Es sobre este escenario catastrófico, producto de sus ingentes beneficios, que intervienen y planifican los centros del poder mundial.

Asimismo, la CEPAL ha señalado que “una sucesión ininterrumpida de crisis que han puesto en cuestionamiento a la globalización” donde “la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania” agudizó “las crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera mundial de 2008, las tensiones económicas entre los Estados  Unidos y Europa, por una parte, y China, por otra, y la pandemia de enfermedad por coronavirus”. Sobre ello, el examen de lo acontecido este último tercio del año permite señalar las siguientes cuestiones y perspectivas.

Actualidad y perspectivas de la desaceleración económica

“Actualmente nos enfrentamos a un panorama económico muy difícil. Nuestro escenario central no es una recesión global, sino una desaceleración significativa del crecimiento de la economía mundial en 2023, así como una inflación aún alta, aunque decreciente, en muchos países. Los riesgos siguen siendo significativos” señala el último Informe “Perspectivas económicas” de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de noviembre de 2022, titulado justamente “Afrontar la crisis”. En el mismo, la OCDE pronostica que el crecimiento mundial disminuirá al 2,2 % en 2023 y se recuperará a un relativamente modesto 2,7 % en 2024, siendo Asia el principal motor de crecimiento mientras que Europa, Norteamérica y América del Sur verían un crecimiento muy bajo. Frente a “estos tiempos difíciles e inciertos, la política tiene una vez más un papel crucial que desempeñar”, señala, e insiste en la adopción de medidas ortodoxas en el control inflacionario y del gasto público, lo que solo serviría para agravar la situación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea un escenario similar para la región, tras la expansión del 6,5% del PIB en 2021, estimando para 2022 un crecimiento del 3,2% y de sólo 1,4% para 2023.

Mayor desigualdad social y pobreza

En su último informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, la CEPAL reconoce que “desde 2015 se observaba en la región un deterioro en los niveles de bienestar, un estancamiento en los avances de los logros educativos y una leve alza de la pobreza”. La institución plantea que “la pandemia de COVID-19 generó una crisis social significativa que se ha prolongado por tercer año” y que, “pese a que se espera el fin de la pandemia, la región no ha logrado avanzar hacia la recuperación tras sus impactos sociales y retornar a los niveles de 2019 anteriores al inicio de la pandemia”. En relación con ello, estima que la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentará 0,2 puntos porcentuales en 2022, lo que representa un incremento de 1,8 millones de personas. Es decir que la pobreza extrema podría alcanzar un total de 81,8 millones de personas, con mayor incidencia en las zonas rurales que en las urbanas. Ciertamente, de no variar las políticas económicas y sociales, la desaceleración del crecimiento económico para 2023 no hará más que incrementar la pauperización y la desigualdad social, en un contexto que —según alerta el informe de la CEPAL— “puede llevar a la región a un nuevo retroceso en su desarrollo social y a un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político”.

Después del precio récord de los alimentos de mediados de año, su disminución aún los ubica por encima de la media de los últimos años

Una consecuencia particular de la actual situación social y económica —agravada por el alza del precio de los alimentos de este último año— es el agravamiento de la cuestión alimentaria. En esta dirección, el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), medido en términos reales, subió 64 puntos entre junio de 2020 y marzo de 2022; alcanzó su máximo nivel histórico (de 156,3 puntos) en ese último mes y, aunque disminuyó en el segundo semestre, se mantiene en un nivel más alto que los máximos de las décadas pasadas. Frente a ello, el último Informe de diciembre de 2022 preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé “para la temporada 2022/2023 una reducción de la producción mundial de maíz del 3,7%, más intensa que la observada en el momento más duro de la pandemia” mientras que “la producción mundial de trigo, a su vez, debería aumentar ligeramente” aunque “los choques climáticos pueden mermar una producción mundial ya afectada por la guerra”. Estas perspectivas impactarán negativamente en la región, en la cual la gran mayoría de los países son importadores netos de cereales (26 países altamente dependientes de las importaciones de trigo, mientras que 13 tienen alta dependencia de las importaciones de maíz) y donde solo la Argentina es exportador neto de la mayoría de los productos agropecuarios, mientras que el Caribe es importadora neta de prácticamente todos ellos. Por otra parte, el alto valor de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados —cuyos precios alcanzaron niveles máximos en abril de 2022 y, aunque disminuyeron en los últimos meses, siguen siendo altos— han sumado un nuevo elemento a la crisis y cuestionamientos al modelo del agronegocio tan extendido en la región y de tantas regresivas consecuencias sociales y ambientales. Un nuevo indicador sobre la urgencia y oportunidad para los cultivos agroecológicos, como se señala en el último Cuaderno del Colectivo Socioambiental.

Los efectos actuales del cambio climático y los decepcionantes resultados de la COP 27

En el informe de abril de 2022 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) —la tercera y última parte del VI Informe del Grupo de Trabajo III sobre Mitigación del Cambio Climático del IPCC— se alertaba ya que durante el período 2010-2019, las emisiones de gases de efecto invernadero medias anuales a escala global se habían situado en los niveles más altos de la historia de la humanidad y que si no se lograban fuertes reducciones en estas emisiones de forma inmediata en todos los sectores económicos, limitar el calentamiento global a 1,5 °C estaría fuera del alcance. La amenaza de un futuro sombrío, en un presente que ya está signado por el avance de los efectos del cambio climático: por ejemplo, en la ola de calor que sacude sobre el fin del año al hemisferio sur, con sus consecuencias de incendios y sequías.

En este contexto, el resultado de la COP 27 (Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático) realizada en noviembre en la localidad egipcia de Sharm el Sheij resultó por demás decepcionante. En este balance, el logro destacable de la conferencia apunta al acuerdo para proporcionar financiación por “pérdidas y daños” a los llamados “países vulnerables” duramente afectados por los desastres climáticos. Pero este reconocimiento de la necesidad de ayudar a los pueblos más castigados por los efectos próximos que acarreará el proceso actual del cambio del clima se empequeñece con la ratificación del objetivo de limitar el incremento de la temperatura mundial en 2030 a 1,5℃ —tal como fuera acordado en la COP 21 de París— pero sin mencionar planes ni compromisos efectivos algunos para alcanzarlo.

La centralidad de la adaptación al cambio climático en desmedro de las políticas de mitigación plantean un escenario extremadamente preocupante. En la misma peligrosa dirección, tras los compromisos anunciados con bombos y platillos en la COP 26 anterior, el contexto actual de crisis energética que sufre particularmente Europa ha impulsado la reactivación del uso del carbón —extremadamente contaminante— y del consumo hogareño de leña para la generación eléctrica y para la calefacción. Asimismo, en este mismo contexto, se promueve un nuevo ciclo de expansión de las llamadas “energías extremas” (los combustibles no convencionales como el de Vaca Muerta en el sur de Argentina o la explotación offshore) y el desarrollo de proyectos vinculados a las energías renovables (como la explotación del litio en el triángulo compartido entre Chile, Argentina y Bolivia; o del hidrógeno verde en diferentes países de América del Sur) bajo control corporativo trasnacional que intenta reeditar el antiguo saqueo de los bienes naturales, ahora para contribuir a la transición energética en el Norte.

Nueva ola de COVID: ¿la pandemia permanente?

Durante las últimas semanas de noviembre y principios de diciembre se reportó un incremento de las tasas de contagio del COVID-19 en diferentes regiones del mundo, desde China a Europa e incluyendo distintos países de América Latina y el Caribe. Sobre ello, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon que la razón principal de este aumento se debe a la rápida propagación de las variantes BA.4 y BA.5 de la cepa Omicrón, que resultan más contagiosas aunque sin incrementar significativamente la tasa de mortalidad. En esta dirección, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) enfatizó que “la pandemia no ha terminado” y pidió reforzar la vacunación; por otra parte, la adopción de medidas de cuarentena en China desató importantes protestas en distintos centros urbanos.

En un escenario global de guerra y neofascismos: desestabilización y golpes suaves contra la nueva ola progresista en Nuestra América

En nuestro primer informe de 2022 señalábamos que la guerra se proyectó al interior de nuestros países bajo otra forma, esta vez interna: la de la ofensiva de los productores y exportadores de los bienes comunes naturales para apropiarse de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva situación global, en detrimento de la mayoría social y, en particular, de los sectores populares.

En nuestro segundo informe del año examinábamos cómo la intervención violenta, autoritaria e incluso neofascista de los sectores dominantes volvía a estar en el centro de la escena política y social de la región, con la violencia descargada sobre el pueblo haitiano para ahogar el ciclo de luchas; las amenazas de Bolsonaro de desconocer el resultado electoral en Brasil; los vientos repetidos de golpe cívico en Bolivia; las reiteradas tentativas de desestabilización y destitución del presidente Castillo en Perú; los intentos de asesinato y amenazas sufridos por Petro en Colombia antes y después de ganar las elecciones; el intento de magnicidio de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, felizmente fallido. La avaricia sin límites del poder económico concentrado, el control mafioso de las instituciones estatales, la acentuación de la desigualdad social como caldo de cultivo de la violencia y los neofascismos, algunos de los factores que corporeizan y dan fuerza a esta ofensiva conservadora. En este contexto, si la derrota electoral de Bolsonaro en Brasil —aún con  la consolidación de la representación bolsonaristas en el parlamento y gobiernos estaduales que examinamos en las páginas siguientes— representó un golpe a la salida fascista frente a la crisis; la injusta condena judicial por administración fraudulenta en primera instancia a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner —expresión del lawfare— y la destitución y apresamiento del presidente peruano Castillo bajo el imperio de un golpe parlamentario marcaron, en este periodo, la relativa efectividad de los golpes a esta última ola de gobiernos progresistas en Nuestra América. Este, y los otros aspectos de la crisis mencionados anteriormente, dan cuenta de los significativos desafíos que afrontan, de cara al 2023, los pueblos y los movimientos populares de Nuestra América.

Cono Sur: el retorno de Lula en un tenso panorama regional

El principal destaque del cuatrimestre en Brasil fue la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en las elecciones presidenciales. Si bien el número de votos por Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), fue superior a lo que pronosticaban las encuestas, los votos por Lula y su victoria fueron el escenario señalado por los principales institutos, que fue destacado en nuestros informes de coyuntura. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos, frente al 49,10% de Bolsonaro. La candidatura de Lula se configuró en un frente amplio, que reunió a diferentes sectores de la sociedad, desde partidos de izquierda del PT, así como partidos y figuras públicas del espectro político de centroderecha y derecha. Esta alianza contra Bolsonaro y la fuerza de la figura de Lula en la sociedad brasileña aseguraron el récord de votos recibidos por un candidato en Brasil: Lula obtuvo más de 60 millones de votos.

Si, por un lado, millones de simpatizantes de Lula salieron a las calles para celebrar, muchos simpatizantes de Bolsonaro, el mismo 30 de octubre, ocuparon calles y carreteras de todo el país, contra el resultado electoral. Algunas semanas después, muchos manifestantes se dirigieron también al frente de los cuarteles para pedir una intervención militar. El carácter de las manifestaciones era antidemocrático y acusaban de fraude a las máquinas de votación electrónica. Todas estas manifestaciones persisten hasta hoy, pero han ido perdiendo fuerza, en gran medida por la actuación del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, quien presionó a la Policía Federal de Carreteras (PRF) para que tomara medidas contra las manifestaciones que atacaron el estado de derecho en Brasil. Alexandre de Moraes también actuó contra un movimiento institucional que cuestionaba las máquinas de votación electrónica. Este movimiento fue el pedido del Partido Liberal (PL) de anulación de votos, alegando que las urnas estaban amañadas. En respuesta, Alexandre de Moraes multó al partido con BRL 22,9 millones por ser una acción abusiva y no haber presentado ninguna prueba para justificar tal solicitud.

En medio del escenario de cuestionamiento de las elecciones por seguidores fanáticos de Bolsonaro, el 12 de diciembre, Lula fue certificado como nuevo presidente, marcando el final del proceso electoral. Los medios nunca habían prestado tanta atención a un proceso de entrega de diploma a un presidente en la historia de Brasil. La posesión, un evento que siempre es el más esperado y comentado, tendrá lugar el 1° de enero de 2023.

La derrota de Bolsonaro en las urnas representa una derrota para la extrema derecha en Brasil, en la región de América Latina y el Caribe y en el mundo. Sin embargo, vale la pena señalar que de los 27 gobernadores electos, 14 apoyaron a Bolsonaro, 11 a Lula y 2 se mantuvieron neutrales. En la legislatura, se renovaba un tercio del Senado, en la que estaban en juego la elección de 27 parlamentarios. De estos, 16 expresaron su apoyo a Bolsonaro, 8 a Lula y 3 no se manifestaron. En la Cámara de Diputados estaban en juego los 513 escaños, de los cuales 188 fueron para diputados de partidos que apoyaron a Bolsonaro en la primera vuelta, 122 de partidos que apoyaron a Lula y 203 de diputados que no apoyaron a ninguno de los dos candidatos.

La mayoría de los diputados y senadores electos no son partidarios de Lula. Este es uno de los desafíos del próximo gobierno, el de gobernar frente a una mayoría parlamentaria que no es su aliada. Además, la coyuntura económica internacional, la política fiscal de ajustar el gasto público y el presupuesto para 2023 plantean otros desafíos. Estos temas fueron debatidos en el Cuaderno Entre la esperanza y los desafíos: perspectivas para el tercer gobierno de Lula, que editamos recientemente desde el Observatorio de América Latina (OBSAL) del Instituto Tricontinental..

En informes anteriores destacamos la gravedad de la situación socioeconómica del país. Las tareas pendientes en este sentido son muchas. El país vive con 33 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa. El presupuesto para 2023 lo está formando el actual gobierno de Bolsonaro y hay muchos vacíos, en los que no se previeron fondos para las áreas de salud, educación, asistencia social, vivienda, entre otros, y para importantes programas, como Farmacia Popular, creado en la primera administración de Lula, que puso a disposición medicamentos gratuitos o casi totalmente subsidiados. Como una forma de enfrentar el problema presupuestario y el actual régimen fiscal, el equipo de transición del nuevo gobierno, instalado el 8 de noviembre, propuso la aprobación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de R$ 145 mil millones fuera del tope para los próximos dos años. El objetivo es garantizar el pago mensual de R$ 600 del Auxilio Brasil, que volverá a llamarse Bolsa Familia, e inversiones en otras áreas y programas, como la garantía de valorización real del salario mínimo. La propuesta inicial del nuevo gobierno era que se garantizara por cuatro años, pero el Senado ha aprobado por dos años y las negociaciones todavía acontecen en la Cámara. Paralelamente, el partido Rede Sustentabilidade ha presentado una solicitud al Supremo Tribunal Federal (STF) para que se garantice el gasto en Bolsa Familia como parte del presupuesto, a través de créditos extraordinarios, que fue aprobada por el ministro Gilmar Mendes el 19 de diciembre. De este modo, se garantiza el pago del Bolsa Familia, sin necesidad de negociar con el poder legislativo. El mismo día, 19 de diciembre, el STF definió el presupuesto secreto como inconstitucional. Ambas decisiones debilitan el poder de chantaje de los congresistas aliados a Bolsonaro, especialmente el presidente de la Cámara Arthur Lira.

El gobierno de Bolsonaro y su proyecto destructivo están llegando a su fin. Eso no significa que el próximo gobierno de Lula vaya a tener una vida fácil. Además de poner en práctica los objetivos de su programa de gobierno, que prevé la lucha contra el hambre y la desigualdad, deberá atender los intereses de las clases dominantes, muchas de las cuales apoyaron su candidatura. Tendrá que soportar la presión de los principales medios de comunicación y todos los voceros del mercado financiero haciendo terrorismo mediático ante cualquier intento del nuevo gobierno de realizar inversiones fuera del techo de gasto con fines sociales. Vale la pena señalar que no hay otro país en el mundo que adopte un régimen fiscal que asfixie la inversión pública como actualmente lo hace Brasil. El lema ahora es reconstruir Brasil, después de cuatro años de destrucción. Por lo tanto, es urgente pensar en una política fiscal que tenga en cuenta al pueblo brasileño en el presupuesto y para eso será necesario enfrentar y desenmascarar el discurso del mercado contra las inversiones públicas en el día a día.

Este panorama de expectativas contrasta con la situación de todos los demás países de la subregión, aunque con todos ellos mantiene elementos comunes en relación con un grado alto de polarización política e incertidumbre de cara al futuro inmediato.

En Argentina, durante la última parte del año, las expectativas, los sufrimientos y las alegrías de la gran mayoría de la población estuvieron marcadas por lo que pasaba en el Mundial de fútbol en Qatar, pero esto no paralizó la dinámica intensa que siempre atraviesa a la política de este país. Los hechos más destacados tuvieron como protagonistas a integrantes del desprestigiado Poder Judicial, que salvo unas pocas excepciones se esfuerza en mostrarse como una verdadera casta con privilegios, superpoderes y una intervención cada vez más abierta en la escena política.

A principios  de diciembre un tribunal de primera instancia condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión más inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, en un proceso plagado de irregularidades con el objetivo de golpear a la principal referenta del campo popular. Apenas unos días antes de esa decisión judicial, una filtración mostró con claridad los vínculos entre jueces, fiscales, medios de comunicación y políticos derechistas, quienes en octubre de este año viajaron a Lago Escondido, el territorio ocupado por el magnate inglés Joe Lewis en la Patagonia. Se trató de un viaje pagado por el Grupo Clarín que debía ser secreto pero tomó estado público; y a partir de ese momento los involucrados se articularon para influir en la Justicia y en los medios a través de todas las formas posibles de lobby, sin privarse de cometer varios delitos en el camino. Todo quedó grabado en un chat de Telegram, que deja a la vista la corrupción de estos supuestos paladines de la justicia, la libertad y las instituciones. Escenas explícitas de lawfare, uno de los mecanismos de la guerra híbrida que amenaza la democracia en toda la región.

A esto hay que sumarle los escasos avances en la investigación por el intento de magnicidio contra la propia expresidenta, que fue denunciada por su equipo jurídico ante los intentos por despegar de la causa a sectores vinculados a la derecha política.

La avanzada político judicial se da en un contexto de crisis económica para amplios sectores sociales. A pesar de que el gobierno destaca el crecimiento económico, la mayor parte del mismo es apropiada por los sectores de altos ingresos, mientras se despliega una ofensiva, mediática, judicial y política contra cualquier tipo de políticas de asistencia a los sectores de menores ingresos, a la que incluso se pliegan funcionarios del propio gobierno del Frente  de Todos, más preocupados por cumplir con el ajuste que exige el FMI que por el nivel de pobreza, que ya alcanza al 43% de la población. En esta lógica se inscribe el intento por golpear a los movimientos sociales bajo el argumento de irregularidades en el Plan Potenciar Trabajo, lo que fue desestimado ante la movilización popular.

Con un panorama signado por la ofensiva de los sectores más conservadores en todos los planos, se destaca el consenso entre las principales formaciones políticas respecto al tratamiento a dar a las comunidades mapuche: una vez más sufrieron la represión de las fuerzas federales.

Mientras tanto, por debajo, se multiplican los movimientos internos en el oficialismo y en la oposición, de cara a un 2023 con elecciones generales: presidenciales y legislativas a nivel nacional, ejecutivas y legislativas a nivel provincial y municipal.

En la oposición de derecha las peleas son múltiples, agudizadas por lo que perciben como una gran oportunidad, tras la decepción del gobierno de Alberto Fernández. Por un lado se encuentran el expresidente Mauricio Macri y su ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cercanos a su vez a figuras de ultraderecha como el autopercibido libertario Javier Milei. Este sector se posiciona con mayor virulencia contra el kirchnerismo y todo aquello que identifican como “populismo”. Por otro lado se encuentra el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que por momentos se muestra como un derechista moderado aunque sin dejar de hablarle a un electorado que consume en altas dosis un discurso de enorme violencia simbólica. Acaso para dar una prueba más de fe, en los últimos días del año Rodríguez Larreta peregrinó a Estados Unidos: allí se reunió con empresarios, legisladores bipartidistas y —en la sede del Pentágono— con el subsecretario de Defensa Dan Erikson.

En el Frente de Todos continúa la tensión entre diferentes sectores, en particular los referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, que exigen del gobierno de Alberto Fernández una política más popular, y aquellos que se muestran más cercanos al presidente o que —como el ministro de Economía Sergio Massa— amasan proyectos propios con excelentes relaciones con el establishment argentino y estadounidense.

Intentando jugar en todas las canastas aparece, como es habitual, la embajada norteamericana, que por momentos abandona toda simulación. Una de las pinturas del año es lo que sucedió durante la gala anual del Council of Americas, cuando el embajador Marc Stanley reclamó abiertamente un compromiso en torno a “consensos básicos”. “Hagan una coalición ahora; no esperen a la elección 2023”, les pidió abiertamente Stanley a Massa y a Rodríguez Larreta, que lo escuchaban con atención. El viejo sueño de una estabilidad neoliberal asentada en un amplio consenso bipartidista, que sin dudas tiene partidarios en ambos espacios políticos, y un gran obstáculo: el extendido movimiento popular. Con su conocido poder de movilización, este deposita mayoritariamente sus expectativas en la posibilidad de una candidatura y por esa razón se puede observar en movilizaciones, declaraciones y pintadas una misma y breve consigna que lo dice casi todo: Cristina 2023. Luego de la condena, Fernández de Kirchner dijo que no sería candidata a nada en las próximas elecciones. Habrá que ver cómo se ordena este complejo tablero político en el próximo año. Es mucho lo que está en juego en este país clave para el devenir del Cono Sur, que a partir del 1º de enero tendrá en el gobierno del país más grande de América Latina a un viejo conocido: Luiz Inácio Lula Da Silva.

En Chile se cumplió un año del triunfo de Gabriel Boric en el balotaje frente al ultraderechista Jesé Antonio Kast y el panorama muestra un rápido paso de la expectativa a una creciente deslegitimación de las ideas de cambio expresadas mayoritariamente —aunque de forma ajustada— en esa elección. El año 2022 trajo el mayor golpe a las fuerzas progresistas y de izquierda, al triunfar el No en el plebiscito constitucional, sobre lo que dimos cuenta en nuestro informe de coyuntura anterior. A tres años del comienzo de la masiva insurrección identificada con la consigna #ChileDespertó, el panorama continúa mostrando una tendencia hacia el reforzamiento de las posiciones conservadoras. Esto se expresa por ejemplo en el debate sobre el nuevo órgano que tendrá la tarea de elaborar un nuevo proyecto de Constitución, tras el fracaso del proyecto mayoritario de la Convención Constituyente.

Más allá de que es claro que las consultoras también son parte del juego político y por lo tanto sus informes no son neutrales —es obvio que en sí mismas crean o consolidan “opinión pública”—, es interesante observar los datos que presenta CADEM en la encuesta publicada el 11 de diciembre. De acuerdo a este informe, “el 67% (+3pts) está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución, mientras 30% (-4%) está en desacuerdo”. Un dato que llama la atención y pareciera ser contradictorio es que el 59% cree que el órgano debería ser “una convención mixta, [formada por] convencionales electos y expertos frente a un 37% que prefiere una totalmente electa”. Pero si en el Congreso se acordara impulsar una convención mixta, de acuerdo al relevamiento de CADEM, el 41% está de acuerdo en que sean mitad expertos y mitad electos; un 33%, que la mayoría sean expertos y solo un 22% que la mayoría sean electos (lo cual contrasta con el 37% que preferiría que sea electa en su totalidad). Pese a las sospechas metodológicas, el debate sobre las características del órgano constituyente no lo inventa en este caso la consultora sino que forma parte del tironeo entre las fuerzas progresistas y los partidos políticos conservadores. Estos últimos —luego del plebiscito y la caída de imagen del gobierno de Boric— intentan garantizar la máxima de “cambiar para que nada cambie” y aspiran a que sea el propio Parlamento el que nombre a los “expertos”.

El mismo estudio de CADEM señala que Boric pareciera haber estabilizado la caída en la aprobación a su gestión en el último trimestre del año aunque en torno al 30% de apoyo y un 65% de rechazo, una cifra incluso peor al derrotero de Bachelet y Piñera en sus respectivos primeros nueve meses de gobierno.

Ante esta situación, el gobierno pareciera aferrarse al rumbo de la moderación conservadora. Muestras de ello son los frecuentes episodios de represión, en particular a las comunidades mapuche en el sur del país. A fines de noviembre, el Senado aprobó la prórroga del estado de excepción en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. Mientras crece la tensión y el gobierno asume una política similar a los gobiernos anteriores, otros indicadores dan cuenta de un “cambio de relato que nadie entiende”, al decir del alcalde de Recoleta Daniel Jadue. El dirigente del Partido Comunista, quien fuera rival de Boric en las primarias de la alianza Apruebo Dignidad, señaló en una entrevista con la Radio de la Universidad de Chile que “nuestro Gobierno y nuestra coalición ha tenido cambios significativos de opinión que la gente no solo no entiende sino que además no comparte y se siente defraudada, porque se dijo una cosa antes de las elecciones y lo que se hizo fue otra”. Entre los temas señalados por Jadue se encuentra la actitud tomada por el gobierno de Boric ante el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, tratado de liberalización comercial conocido como TPP-11 por sus siglas en inglés y porque sus miembros son once países del Pacífico. “La coalición del presidente votó en contra completo el TPP 11 por lo peligroso y lo nefasto que es para el desarrollo del país —declaró Jadue—. El presidente podría haberlo retirado [del parlamento] y dejó sencillamente que se aprobara porque hoy día hay un cambio de relato que nadie entiende”.

En Paraguay, continúa el proceso hacia las elecciones presidenciales del 30 de abril de 2023, en un marco de degradación institucional e intervención de EE. UU., como ya señalamos en el informe #18. El 18 de diciembre se realizaron las elecciones internas simultáneas en todos los partidos políticos. Además de elegir autoridades, la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado y los partidos que integran la Concertación por un Nuevo Paraguay eligieron sus candidaturas presidenciales. En el Partido Colorado, triunfó claramente el sector liderado por Horacio Cartes. El expresidente será el titular del partido y Santi Peña el candidato presidencial. En la Concertación la dupla ganadora fue la conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, que en líneas generales expresa una derecha moderada, con un discurso liberal, de defensa de las instituciones; y con buena llegada a los sectores de poder más concentrado. A nivel más general, la Concertación es un frente político heterogéneo, hegemonizado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y que cuenta con participación tanto de formaciones de derecha —como el Partido Patria Querida (PPQ)— como también de algunos partidos y referencias que integran el Frente Guasú (FG). Este es el caso de la senadora Esperanza Martínez, del Partido de Participacion Ciudadana, quien declinó su precandidatura a presidenta a mediados de 2022 y anunció que irá por un nuevo período legislativo. También del Partido País Solidario. Otros partidos del FG —como Tekojoja, Convergencia Socialista, Fuerza Común, Unidad Popular, entre otros– impulsan la alianza Nueva República, que lleva como candidato a presidente al experimentado político Euclides Acevedo —entre otros cargos, fue ministro del Interior (2019-2021) y canciller (2021-2022) del actual gobierno— y como candidato a vicepresidente a Jorge Querey, de Unidad Popular en el Frente Guasú. Querey es el médico personal del expresidente y actual senador Fernando Lugo, principal referente del FG, quien desde septiembre está internado en Argentina tras un accidente cerebrovascular sufrido en agosto. Pese a las tensiones, al menos por el momento no se ha llegado a una fragmentación total del principal espacio de la izquierda paraguaya, que en el plano legislativo impulsa una lista unificada junto a otros espacios de izquierda bajo la identidad de Frente Guasú Ñemongeta. Además de estos tres espacios, que al día de hoy aparecen con mayor estructura para llegar a la presidencia, también se encuentran lanzadas las candidaturas del exarquero José Luis Chilavert y de Paraguayo Cubas, exsenador que fue destituido del cargo en 2019 bajo el cargo de “uso indebido de influencias” luego de protagonizar algunos hechos de violencia. Ambos candidatos se encuentran en el espectro de la derecha política. El cronograma político fue empañado por un incendio en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en Asunción, ocurrido a fines de sept​​iembre, en el que resultaron destruidas más de ocho mil máquinas electrónicas de votación. Si bien el hecho levantó muchas suspicacias, en particular en la oposición, los informes oficiales descartaron que se tratara de un acto intencional.

La complejidad del panorama electoral se repite en algunos temas que cruzan transversalmente la agenda política de Paraguay. Entre los temas más debatidos en la última parte del año se encuentra la iniciativa por parte del ala cartista y el Partido Patria Querida en la Cámara de Diputados para derogar un convenio del Ministerio de Educación con la Unión Europea destinado a proveer de útiles y merienda a niños y niñas en las escuelas. Esto se da en el marco de una ofensiva mediática de sectores conservadores contra la “ideología de género”. Al interior del Frente Guasú predomina la idea de que se trata de un tema instalado por el cartismo para golpear al gobierno y al mismo tiempo contribuir a la fragmentación de la oposición, en un panorama político repleto de contradicciones internas en los diferentes espacios.

Las disputas políticas se dan en un contexto muy particular en Paraguay. En el último año han crecido los hechos públicos que denotan una severa crisis institucional, con hechos espectaculares desarrollados por el crimen organizado, en especial los grupos narco —los más destacados: el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, y los frecuentes envíos masivos de drogas a Europa desde Paraguay—, y con fuertes evidencias de complicidad del poder político y judicial en hechos delictivos. En octubre, luego de presentar el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, el senador Jorge Querey declaró que en el país existe “un corredor logístico de la criminalidad internacional” y vinculó al expresidente Horacio Cartes con el contrabando de cigarrillos. Los presuntos negocios ilegales de Cartes son un secreto a voces en la política y la sociedad paraguaya. El documento, que tiene 875 páginas, menciona la participación de empresarios y militares en diferentes delitos, así como la inacción del Poder Judicial. En un ítem significativo a nivel regional, también sostiene que Paraguay es un mercado de tránsito del narcotráfico y que existe un “bajo nivel de control y vigilancia” que “obviamente facilita el libre tránsito de la cocaína por la hidrovía que va por el Río de la Plata y luego se dirige principalmente a Europa y África”. Por otro lado, añade el documento que “Paraguay por su débil institucionalidad y bajo nivel de control de las autoridades, también se convirtió en un lugar atractivo para los delitos de lavado de dinero, tanto para la utilización del sistema financiero o para ocultar el origen verdadero de los fondos”.

Además de su utilización con fines delictivos, la política del gobierno paraguayo respecto a la denominada Hidrovía Paraguay – Paraná comenzó a ser objeto de controversia y preocupación por parte de sus vecinos. En septiembre, la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco (Argentina) aprobó un proyecto de resolución por medio del cual expresa “preocupación por la introducción de inversión financiera de Estados Unidos en la Hidrovía Paraná-Paraguay y [la] presencia militar norteamericana en el tramo paraguayo”. De acuerdo al proyecto, esto “amenaza directamente a los intereses económicos” de Argentina “por la implicancia del control del territorio y de los capitales que la elaboración de un Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay pueda significar para la región”. Además, la Cámara resalta que “el interés geopolítico por la hidrovía y la triple frontera por parte de las autoridades estadounidenses pone en peligro estrategias de comunicación, económicas y políticas del país y la región con el resto del mundo”.

Otro de los temas clave para Paraguay y el Cono Sur es la represa Itaipú, que comparte con Brasil. En los últimos años el gobierno de Abdo ha recibido fuertes críticas por parte de sectores que defienden la soberanía energética del país, nucleados en la Campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” y en la Campaña “Itaipú es también soberanía”. Desde estos espacios se plantea que el gobierno es cómplice en la venta de energía barata a Brasil. En 2023 se debería renegociar el Anexo C del convenio y la asunción de Lula como presidente plantea expectativas positivas en el sentido de un acuerdo más justo para Paraguay.

Con las elecciones generales en puerta, al final del próximo cuatrimestre, junto a otros reacomodamientos en el continente, el 2023 seguramente traerá novedades en varios de los planos que comentamos brevemente en este informe.

En Uruguay, el tema excluyente en el escenario político es el escándalo por el llamado “caso Astesiano”: el ex custodio del presidente Luis Lacalle Pou fue detenido en septiembre luego que se descubriera que coordinaba una organización criminal dedicada a la falsificación de pasaportes. En el momento de la detención, el presidente se mostró sorprendido y dijo que Astesiano no tenía antecedentes que le hicieran sospechar sobre eventuales irregularidades. Sin embargo, rápidamente se conoció que el custodio tenía al menos veinte indagatorias policiales por diversos delitos, como hurto, estafa y apropiación indebida. Con el correr de las semanas, el estupor aumentó al sumarse otros delitos, entre los que se incluyen el espionaje a senadores y empresarios.

El caso involucra a al menos dos ciudadanos rusos, que fueron detenidos, a policías, militares, funcionarios públicos y también a una empresa de “seguridad e investigaciones” con sede en el estado de Florida, EE. UU. En relación con esta última parece abrirse una caja de sorpresas que aún no termina. Según trascendió, el espionaje fue realizado sobre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, del Frente Amplio, con el objeto de extorsionarlos. Ambos senadores habían denunciado al gobierno por irregularidades en la extensión —hasta 2081— de la concesión del Puerto de Montevideo, a favor de la empresa de origen belga Katoen Natie. Según un artículo de La Diaria, un militar retirado uruguayo, que figura como gerente de la compañía, hizo el pedido dos semanas después de que ambos legisladores ampliaron la demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del puerto. “A ver la info que necesito de ellos  [los senadores] es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”, fundamentó su pedido el exoficial del Ejército, en una comunicación con Astesiano. “Biennn. Tranqui” les contesta este. De acuerdo a los chats a los que accedió el medio, en agosto Astesiano recibió una transferencia de dinero desde la empresa radicada en Boca Ratón y en cuya propiedad participan al menos dos ex militares uruguayos. Además, en otras comunicaciones le realizan a Astesiano otros pedidos, como información sobre la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional y de aviones para la Fuerza Aérea y hasta detalles de reuniones del presidente Lacalle con empresarios internacionales.

La compañía se llama Vertical Skies y según su perfil en la red LinkedIn, es “una consultora global con más de treinta años de sólida reputación y experiencia de trabajo en más de cincuenta países” que cuenta entre cinco mil y diez mil empleados. “En Vertical Skies nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes —personalidades de alto perfil, familias, empresas y propietarios de viviendas— a construir entornos y organizaciones seguros, conformes y resistentes en una era de riesgos y conectividad en constante cambio”, aseguran desde la empresa. También afirman haber sido contratados “por las mayores empresas y organizaciones del mundo”, entre las que destacan al Ejército de EE.UU., Interpol, la Unión Europea, la OEA, Naciones Unidas y diferentes gobiernos, que no identifican. Como si fuera un texto paródico, en su presentación señalan que “seguridad, confianza y libertad son nuestros objetivos y estamos preparados para proteger sus activos y a nuestros clientes para prevenir situaciones imprevistas, planificar con antelación, asegurar sus valores y vivir con libertad. ¿Quién puede ser mejor que nosotros?”.

Con el avance de las investigaciones, surgieron nuevos vínculos entre la empresa de “seguridad” y el gobierno de Lacalle Pou, entre los que se destacan negocios de  equipamiento militar, software y cursos operativos para el cuerpo de custodia presidencial.

El otro tema que salpica al gobierno es el aval de la Cancillería uruguaya al narcotraficante Sebastián Marset, quien había sido detenido en Dubai con documentación paraguaya falsa. El abogado de Marset se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y luego el consulado uruguayo en Emiratos Árabes Unidos emitió una carta que resultó determinante para que fuera liberado. Pero antes, incluso estando en la cárcel, recibió efectivamente el pasaporte uruguayo. Una vez que fue liberado por la justicia de EAU, Marset desapareció. Entre otros cargos, se lo acusa de integrar un grupo narco internacional que opera en Paraguay y en ese contexto, de ser uno de los autores intelectuales del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia durante su luna de miel, en marzo de este año.  Al cierre de este informe, la viceministra Ache debió renunciar a su cargo.

Mientras estos escándalos se desarrollan, el gobierno de todas maneras intenta avanzar con su programa de reformas neoliberales. Entre ellas ocupa un lugar especial la Reforma a la Seguridad Social. El proyecto eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años y es rechazado por la central sindical. En una conferencia de prensa realizada a fines de octubre, el secretario general del PIT-CNT,  Marcelo Abdala, dijo que el presidente mintió en campaña, al asegurar que no se tocaría la edad jubilatoria. La oposición, nucleada en el Frente Amplio (FA), acordó rechazar en general el proyecto pero acompañar la votación de unos veinte artículos que evalúan favorables a los trabajadores y al sostenimiento del Banco de Previsión Social. En su declaración, el FA señaló que la propuesta del gobierno es “una reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”. Entre las principales críticas se menciona que “no contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema, no toma en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación”. La articulación de espacios progresistas y de izquierda señala que “con esta reforma la mayoría de las personas van a tener que esperar trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos”. Al cierre de este informe, el gobierno espera que su tratamiento inicie en el Senado en los últimos días del año y se complete en Diputados en el primer semestre de 2023.

Con sinsabores y en medio de un golpe parlamentario, la región andina cierra el 2022

La serie de transformaciones que han protagonizado la región Andina desde 2021 movieron la coyuntura con triunfos y derrotas para los sectores populares, y con modificaciones en el mapa regional. Pareciera ser esta región uno de los principales escenarios de disputa entre las fuerzas neoliberales y conservadoras que pisaron fuerte durante décadas en países como Colombia o Perú, y las fuerzas progresistas o revolucionarias que en estos países tratan de impulsar proyectos populares que pongan un freno al avance del modelo neoliberal y sus dinámicas antidemocráticas en la región.

Así, en nuestro informe anterior ubicamos unos Andes esperanzados con la posesión de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, que —sumado al ciclo de recuperación económica de Bolivia y Venezuela— parecían presentar un buen escenario para la región: aunque inestable en el caso de Perú por los permanentes intentos de vacancia presidencial, aún se mantenía prendida una luz de esperanza para el primer gobierno de extracción popular, en este país andino de larga tradición neoliberal. Sin embargo, diciembre modificó este escenario, poniendo de nuevo la disputa más viva que nunca.

En numerosas ediciones, desde la llegada de Castillo a la presidencia en Perú fuimos enfatizando el asedio que desde el Congreso se le hacía a través de las figuras de negación del voto de confianza al gabinete por parte del Poder Legislativo, y de “vacancia presidencial”, ambas contempladas en la Constitución nacional, y permanentemente utilizadas contra varios presidentes durante los últimos seis años. Con este argumento, y con montajes judiciales orquestados por la oligarquía peruana de la mano de las patronales, los principales medios de comunicación y los sectores políticos aliados al fujimorismo, se intentó por todos los flancos avanzar contra el gobierno constitucional de Pedro Castillo.

Entre tanto, desde que asumió el cargo de presidente Castillo fue tomando una serie de decisiones ampliamente cuestionadas por los sectores populares que impulsaron su candidatura, y en particular criticadas por el partido que lo llevó como candidato presidencial. Perú Libre, con una crisis política interna que lo llevó a fragmentarse numerosas veces, planteó de forma reiterada que Castillo, asediado por estos mecanismos antidemocráticos, en lugar de refugiarse en los sectores que lo llevaron a la presidencia, de continuar con fuerza con importantes promesas de campaña como la Asamblea Constituyente —donde radica el problema institucional—, o de fortalecer el vínculo con las organizaciones sociales, decidió acercarse a sectores conservadores del país, y hacerles concesiones. Su objetivo era buscar alianzas tácticas que le permitieran calmar las aguas sobre la reiterada desconfianza por parte del Congreso hacia sus gabinetes —que modificó numerosas veces hasta lograr más de 75 diferentes nombres que pasaron por los ministerios—, o apaciguar los intentos de  votación para la vacancia presidencial, para tener un mínimo de gobernabilidad. Estos acercamientos lo llevaron inclusive a acercarse a la OEA en búsqueda de un respaldo institucional internacional.

El escenario, sin embargo, fue claro desde el inicio para diversos sectores: por su extracción social, y por el tipo de proyecto que según su campaña buscaba desarrollar en Perú, los sectores de poder no iban a permitirle ningún grado de gobernabilidad, más cuando en la Constitución nacional hay elementos que así lo permiten, razón por la que numerosos movimientos y organizaciones insistían permanentemente en que Castillo avanzara con el proyecto de Asamblea Constituyente para transformar la Carta Magna que era el nodo principal donde se encontraban no solo estos instrumentos antidemocráticos, sino que blindaban el desarrollo del modelo neoliberal bajo el cual fue redactada.

En ese contexto de asedio permanente y crisis sin salida, Pedro Castillo tomó la decisión unilateral —sin consultar a su gabinete ni a sectores sociales cercanos al gobierno— de anunciar el cierre del Congreso y el estado de excepción, el mismo día de la tercera votación en el Congreso por su vacancia, que según cálculos de la votación de los parlamentarios, no lograría obtener la mayoría, pero que después del anuncio de Castillo terminó inclinando la balanza para darle finalmente los votos necesarios y vacarlo del cargo de Presidente de la República.

Después de la detención del ya expresidente bajo los delitos de rebelión y conspiración, y su solicitud formal de asilo a México, se logró el tan anhelado golpe contra el gobierno de Castillo, y asumió el gobierno la vicepresidenta Dina Boluarte bajo la propuesta de “unidad nacional” con una tregua que permita algún grado de gobernabilidad en el país. Sin embargo, días después fue evidente el pacto que la entonces vicepresidenta tenía con el Congreso golpista y con los sectores de ultraderecha, impulsando una represión inédita en Perú contra las enormes movilizaciones que se han desarrollado en todo el país. Al cierre de esta edición, el saldo es de más de veinte personas asesinadas por las fuerzas militares y de seguridad en el país. Producto del ya conocido discurso del “terruqueo” (estigmatización de la militancia popular como “terrorista”) el proceso ha incluido persecución, criminalización y allanamientos ilegales a locales de organizaciones políticas como Nuevo Perú y la Conferencia Campesina del Perú, que han sido ocultados escandalosamente por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Las masivas movilizaciones de los sectores democráticos exigen de inmediato que cese la represión que la dictadura parlamentaria de Boluarte ha impulsado contra el pueblo, que el congreso renueve su mesa directiva y convoque de inmediato a elecciones generales y a la principal exigencia de las movilizaciones populares: un referendo constituyente que transforme por fin la constitución del país.

La situación humanitaria es crítica y los sectores populares del país exigen el cese de la usurpación de Duarte, así como la libertad de Pedro Castillo, a quien al día de hoy consideran un preso político, ya que los delitos por los que se lo acusa nunca se consumaron y quien aún no tiene una sentencia en su contra. En ese sentido, un grupo de países de la región, dentro de los que están Argentina, Colombia, México y Bolivia, emitieron una declaración de solidaridad con Perú en la que evidencian el asedio al gobierno de Castillo desde el día que asumió la presidencia, exigen una resolución democrática a la crisis y en especial, la restitución de los derechos de Pedro Castillo. A esta exigencia se sumaron también los gobiernos de Cuba, Venezuela y Honduras.

Es imposible no hacer una comparación de esta crisis política con los hechos sucedidos en Bolivia en 2019. A pesar del retorno de la democracia, la institucionalidad boliviana quedó debilitada y el clima político continúa tenso con permanentes amenazas golpistas en contra del gobierno del MAS-IPSP, a las que se suman importantes disputas dentro de los sectores mismos del gobierno, en especial entre el liderazgo de Evo Morales y el de David Choquehuanca. Sin embargo, a pesar de este escenario, Bolivia cierra el 2022 con una estabilidad económica que a pesar de las amenazas, no logró verse afectada del todo por el paro de Santa Cruz.

Durante el mes de noviembre los sectores del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, protagonizado por la Unión Juvenil Cruceñista y la propia gobernación de Camacho, impulsaron un paro regional de tres semanas rechazando la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, fijada por el gobierno para 2024, y pidiendo su realización en 2023, ya que los resultados del mismo serán claves para definir la distribución de recursos económicos que se otorgan en función del número de habitantes de cada departamento, y le permitirían a estos sectores de la oposición —y orquestadores del golpe de 2019— iniciar la preparación de la disputa electoral de 2025.

Camacho, y los diferentes sectores que impulsaron el paro en Santa Cruz, buscaron generar un escenario similar al del golpe en 2019, con manifestaciones violentas en las calles del departamento, pues representan a los sectores afectados por el proyecto de cambio del MAS, como son los terratenientes, y los grupos federalistas y separatistas. Sin embargo, organizaciones vinculadas al MAS cercaron Santa Cruz para evitar que el Paro se replicara más allá de los límites del departamento.

Por supuesto, la debilidad institucional no solo afecta a los gobiernos progresistas o antineoliberales. La crisis en Ecuador que hemos seguido durante el 2022 está marcada por una importante ola de violencia que se ha profundizado en los últimos meses, con una crisis carcelaria e importantes hechos de inseguridad que cierran el año con más de 3.700 muertes violentas, el doble de las que se presentaron en el mismo período en 2021.

Por parte del gobierno de Guillermo Lasso, quien cuenta según las últimas encuestas con solo 10% de aprobación de su gestión, se señala al crimen organizado y a las bandas vinculadas al narcotráfico, y se proponen soluciones superficiales que no apuntan a las causas profundas de la violencia en pobreza y desigualdad, sino que buscan mayores grados de violencia con la firma de convenios de cooperación sobre armas, explosivos y bases de datos compartidas con el gobierno de Estados Unidos, a lo que se suma la propuesta de sectores conservadores de liberar la compra de armas para la población bajo el argumento de la “protección”.

Como hemos mencionado en informes anteriores, uno de los principales problemas de esta escalada de violencia se presenta en los centros penitenciarios donde ha habido, además de disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico, grandes problemas vinculados con el hacinamiento y las condiciones inhumanas en las que viven las personas detenidas. En medio de esto se han desarrollado masacres, incineraciones contra personas detenidas y agentes policiales, explosiones en gasolineras, carros bombas y balaceras en los centros penitenciarios.

Como respuesta a esta situación, además de la solicitud de asistencia a la Casa Blanca, el gobierno de Lasso ha desarrollado una serie de toques de queda en el país, y propuso la realización para 2023 de una consulta popular “contra la narcodelincuencia y el crimen organizado”, donde se permiten modificaciones en materia de extradición y endurecimiento de las penas carcelarias, solución que llama la atención teniendo en cuenta la situación que mencionamos anteriormente en los centros penitenciarios.

En medio de esta crisis, y gracias a una medida cautelar, el expresidente Jorge Glass, detenido hace más de 5 años como parte del lawfare cometido contra la Revolución Ciudadana en el país, obtuvo finalmente su libertad. Sin embargo, el gobierno de Lasso busca adelantar la apelación a la decisión.

Afortunadamente, el panorama no es todo negativo, pues este 2022 cierra también con el fortalecimiento de dos países que años atrás protagonizaban escenarios de inestabilidad: Colombia después de cuatro meses de gobierno de Gustavo Petro ha dado un importante giro en materia internacional y nacional que parece cambiar los aires del país, y Venezuela ha consolidado su posición en el escenario global como un actor protagónico.

El rol que ha cumplido Gustavo Petro en sus intervenciones en Naciones Unidas y la pasada reunión de la COP 27 como mencionamos anteriormente, ubican al gobierno del Pacto Histórico como un líder regional en el posicionamiento en escenarios internacionales de temas vinculados con la soberanía y la responsabilidad en materia ambiental. En su importante intervención en la Asamblea de la ONU, Petro subrayó la importancia de que los países centrales asuman la responsabilidad en el desastre ambiental y reiteró su propuesta de condonación de la deuda externa de los países de la región a cambio de servicios ambientales y protección del Amazonas. De la misma forma, cuestionó nuevamente el desarrollo y las consecuencias de la “guerra contra las drogas” impulsada por EE. UU. en la región.

A esta agenda global se suma su visita a López Obrador en México, y la recepción a Kristinn Hrafnsson, editor de Wikileaks, quien desarrolló una gira en América Latina para conseguir apoyo en la campaña por la libertad del periodista Julian Assange. Como si fuera poco, resalta en términos de política exterior la consolidación de la apertura de la frontera con Venezuela y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países con la visita que hizo Gustavo Petro a Nicolas Maduro en el palacio de Miraflores. Allí consolidaron algunas iniciativas de unidad binacional, como la alianza de protección del Amazonas que llevaron a la COP 27, y allanaron el terreno para el reinicio de las negociaciones del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

Asimismo el gobierno de cambio ha avanzado en iniciativas de implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 como el punto de reforma rural integral, con el acuerdo para la compra de tres millones de hectáreas de tierra fértil a la Federación Nacional de Ganaderos —uno de los sectores más involucrados en los anteriores gobiernos del uribismo y señalado por su vinculación con los grupos paramilitares— para que puedan ser asignadas a familias campesinas víctimas de la violencia. En este punto se destaca la reciente convocatoria hecha por el gobierno a la Convención Nacional Campesina donde participaron más de 2500 campesinos/as organizados en movimientos sociales de todo el país.

Los principales retos siguen siendo en materia humanitaria, ya que a pesar del avance de importantes iniciativas, Petro no ha podido detener la violencia contra los liderazgos sociales en diferentes regiones del país, que siguen siendo víctimas del control territorial por parte de grupos paramilitares y bandas armadas.

Venezuela, por su parte, se acerca a los primeros diez años desde la muerte del comandante Hugo Chávez cerrando un triunfal 2022 en materia doméstica, económica y geopolítica. En materia económica, a partir del plan de recuperación y reactivación económica y la aprobación en 2021 de la Ley Antibloqueo, que facilitó las inversiones de capital y su protección de las medidas coercitivas unilaterales, Maduro pudo “equilibrar las fuerzas entre el sector privado y el Gobierno Bolivariano para involucrarlo a su agenda de recuperación económica sin que ello implicara algún tipo de capitulación política”, según el medio venezolano Misión Verdad.

A nivel nacional, el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra en el camino de fortalecer el PSUV como herramienta que garantice la continuidad del chavismo como proyecto nacional. En ese sentido, se proyecta la realización de elecciones internas del partido buscando que el mismo pase de una estructura solamente electoral a una estructura que “participe activamente en la planificación, ejecución, supervisión y control de las políticas de gobierno y del desarrollo del Plan de la Patria”. Por otra parte, el gobierno logró retomar las negociaciones con la oposición iniciadas en 2021 y suspendidas producto del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab. En este reinicio de negociaciones se acordó un plan de gastos humanitarios con los 2700 millones de dólares congelados en cuentas internacionales, producto del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, acuerdo ratificado posteriormente por la Asamblea Nacional.

La continuación de estas negociaciones ha cumplido un rol central también en esa reactivación económica y en el reposicionamiento a nivel geopolítico. En ese sentido se enmarca, por un lado, la excepción a las medidas coercitivas contra Venezuela con la autorización hecha por Estados Unidos a la empresa Chevron para que utilice las instalaciones que tiene en el país para para procesar crudo, y por otro lado, el acercamiento en el marco de la COP 27 de John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el cambio climático, Emmanuel Macron y otros líderes, quienes apenas un año atrás reconocían a Juan Guaidó como “presidente interino de Venezuela”.

Caribe insular: Haití cierra un turbulento 2022 mientras Cuba sigue ordenándose

La permanente crisis en Haití ha sido un elemento importante en todos nuestros informes este año. En alza desde 2018 y agravada desde el magnicidio en julio de 2021, en 2022 no ha hecho otra cosa que acrecentarse, en términos de violencia hacia el pueblo y también en lo económico y lo institucional.

Durante los últimos meses, la situación política y social ha llegado a su punto más alto, ya que el país está enfrentando una real amenaza de intervención militar extranjera solicitada por el presidente ilegítimo, Ariel Henry, al Consejo de Seguridad de la ONU.

Hay que recordar que las pasadas intervenciones de la ONU en el país produjeron miseria, violencia física, sexual, y numerosas enfermedades.

La situación es crítica: las pandillas siguen controlando gran parte de Puerto Príncipe, bloqueando una importante terminal de combustible, bien que sufrió un aumento del 128% exigido por el F.M.I; y como si eso fuera poco, un nuevo brote de cólera sobrevino luego de que la enfermedad —traída a la isla por los cascos azules de la ONU— se considerara controlada en el país por casi una década.

A fines de octubre fue asesinado el secretario general de la Agrupación de Demócratas Nacionales Progresistas, Éric Jean Baptiste, y la policía haitiana asesinó al séptimo periodista en lo que va del año. El gobierno de facto, que asumió el poder después del asesinato de Moïse, hasta el día de hoy no ha convocado a elecciones libres.

El pueblo haitiano, organizado y movilizado de manera masiva en campos y ciudades, exige la renuncia de Henry y rechaza los intentos de intervención que incluyen el envío de armamento por parte de Estados Unidos y Canadá.

Masivas manifestaciones se vienen sucediendo desde el pedido de Henry contra una posible intervención, pero también contra el asesinato de periodistas y militantes, el aumento de casos de cólera y el aumento de combustibles, cuyo abastecimiento ya ha sido reactivado luego de permanecer por dos meses interrumpido debido al bloqueo de la terminal principal por parte de pandillas. El gobierno no ha respondido con otra cosa más que represión.

Además, varias plataformas políticas expresaron su voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo que incluya a movimientos sociales, partidos políticos y funcionarios con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la crisis.

Mientras Estados Unidos y Canadá debaten el envío de tropas, a principios de noviembre, Estados Unidos anunció sanciones contra varios funcionarios haitianos. El presidente del Senado, Joseph Lambert, y el exsenador Youri Latortue, son los principales acusados de haber contribuido al tráfico de drogas “y colaborar con redes criminales y pandillas para socavar el Estado de Derecho en Haití“. El gobierno canadiense anunció que se sumará a estas sanciones, que afectan también a otros funcionarios de más bajo rango y de la Justicia.

Como respuesta a esto, el gobierno de facto de Ariel Henry destituyó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, a la ministra del Interior y Autoridades Locales, y nombró a un nuevo presidente de la Corte de Casación, cargo que estaba vacante desde hacía más de un año.

Además, la Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro líderes de pandillas haitianas que estuvieron involucrados en el secuestro de cinco ciudadanos estadounidenses en Haití en 2021.

A fines de noviembre, se produjo una nueva masacre a manos de pandillas armadas (la tercera en el año). Doce personas fueron asesinadas y varias casas incendiadas en Source Matelas, una localidad del norte de Puerto Príncipe, por parte de algunos miembros de la banda Village de Dieu.

Las muertes por el cólera ya ascienden a más de 230 personas, con una prevalencia de niños y niñas.

Cuba este año se ha caracterizado por las nuevas reglamentaciones relacionadas con la Constitución de 2019, pero también por la crisis económica y energética que, signada por el bloqueo que ya lleva más de 60 años, ha llevado el año pasado a las manifestaciones de julio.

Por vez número 30 y casi por unanimidad, la Asamblea General de la ONU votó, en su 77° período de sesiones, que se termine el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Los votos a favor fueron 185, mientras que dos países (Ucrania y Brasil) se abstuvieron y otros dos (Estados Unidos e Israel) votaron en contra. Votación simbólica ya que no resulta vinculante ni sancionatoria para el país de Norteamérica, muestra una vez más que la mayoría de los países del mundo rechazan la política estadounidense hacia la isla, que no ha cambiado ni un ápice con el cambio de administración de Trump a Biden en EE. UU.

Como venimos comentando en informes anteriores, entre el 3 de febrero y el 30 de abril de este año se llevó a cabo la consulta popular –de carácter participativo y democrático–  para el nuevo Código de Familias, finalmente aprobado por referéndum en septiembre. Esa consulta había tenido una aprobación del 61%, mientras que el 24% propuso alguna modificación o adiciones. Luego, el 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó llevar el proyecto a referéndum, que finalmente se votó el 25 de septiembre y fue aprobado con un 66,87% de votos.

El nuevo Código —que sustituye la legislación de 1975— legaliza el matrimonio igualitario, las adopciones por parte de esas parejas y la subrogación de vientres sin fines de lucro (algo que no está legalizado en la mayoría de los países de nuestra región). Además, establece más protecciones en contra de la violencia de género y amplía derechos para niños, niñas, personas ancianas y con discapacidades.

El 28 de noviembre se llevaron a cabo elecciones municipales en Cuba, para elegir a los y las delegadas a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP). Se registró una participación del 68,58%, que incluyó un 10,89% de votos anulados o en blanco. Hubo una campaña en redes con el #YoNoVotoel27 organizada por la oposición para mostrar descontento hacia el gobierno. El 4 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta en las 925 circunscripciones en las que el o la candidata ganadora no había superado el 50% de los votos. El 17 de diciembre quedaron conformadas las asambleas municipales.

Finalmente, a principios de diciembre y siguiendo con las muestras de voluntad de Cuba de entablar diálogos con el gobierno estadounidense, el presidente Díaz-Canel recibió a una delegación del gobierno del país del norte en un encuentro en el que reiteró la necesidad de levantar el bloqueo en el marco de relaciones constructivas.

Por último, pero no por eso menos importante, otra de las temáticas que ha estado presente durante 2022 en la subregión es la cuestión de la descolonización todavía pendiente en varias de las islas caribeñas angloparlantes.

Ya en noviembre del año pasado, Barbados había dejado de ser una monarquía, convirtiéndose en república, hecho que fue reafirmado por la reelección en enero de la primera ministra Mia Mottley. En Jamaica también venía creciendo institucionalmente la idea de la descolonización y en marzo recibieron con protestas sociales la visita de los príncipes Guillermo y Catalina, donde además reclamaron que la monarquía reconozca, indemnice y se disculpe por su rol en el comercio de esclavizados africanos. El país cumplió en agosto sesenta años de independencia y en ese momento volvió a manifestar su voluntad de convertirse en república. Planean hacerlo de cara a las elecciones generales en 2025. En julio, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, propuso al Parlamento un referéndum para sustituir a la reina británica por un presidente no ejecutivo y autóctono.

Finalmente en septiembre, en el marco de la muerte de la Reina Isabel II, el primer ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne anunció que en caso de ser reelegido, dentro de los próximos tres años, impulsará un referéndum para convertir al país en una república presidencialista.

Si bien Browne firmó un documento que confirma a Carlos III como nuevo rey y afirmó que no se trata de “hostilidad ni diferencia con la monarquía”, afirmó que convertirse en república es la “progresión natural” de una nación para ser soberana. La independencia de las islas fue en 1981.

Los procesos de descolonización no son sencillos ni iguales para todos los países. En algunos casos se requieren reformas constitucionales, aprobación de oficialismo y oposición políticas y plebiscitos.

Si bien el año 2022 no fue testigo de resultados concretos en términos de reemplazo de monarquías por repúblicas, las voces de la descolonización se hacen escuchar cada vez más fuerte en el mar Caribe. Está por verse si en 2023 siguen el ejemplo de Barbados y esas voces encuentran su cauce para plasmarse finalmente en cambios institucionales.

Mesoamérica: los gobiernos ante las urgencias sociales y los problemas estructurales: migración, pandillas y crisis económica

En los sucesivos análisis de la situación política y social en los países de la región mesoamericana señalamos que el principal problema al que deben hacer frente los gobiernos es el migratorio. Esta problemática tiene varias aristas que hacen compleja la respuesta política. El mayor inconveniente es la agenda común que tienen México y los Estados centroamericanos con Estados Unidos. La política migratoria estadounidense expresa el acuerdo bipartidista demócrata/republicano en torno al enfoque restrictivo y punitivista hacia las personas migrantes. La irregularización de los mismos se volvió una forma política de control interno —hacia los y las migrantes que habitan el territorio norteamericano— y externo —hacia los grupos de inmigrantes que se encuentran en las zonas fronterizas y a los países próximos a su frontera (México, Honduras, El Salvador y Guatemala)—.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal que va de septiembre del 2021 a septiembre del 2022 se registraron más de dos millones setecientas mil detenciones en la frontera con México a raíz de las políticas trumpistas, sostenidas por Biden, como el Título 42 y el Título 8. A diferencia del año pasado, se observa un aumento del 30 por ciento de los flujos migratorios hacia EE. UU. Entre las principales causas están la crisis social y económica que arrastran los países centroamericanos y que se agudizó con la COVID 19, el alza del costo de vida a partir del aumento en el precio de los alimentos y de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania; y la violencia estructural por las que atraviesan estas sociedades. A esto se suma el incremento de los desplazamientos irregulares que provienen de Venezuela, Nicaragua y Haití como consecuencia del intervencionismo estadounidense en estos países.

Las zonas de mayor flujo migrante son la frontera entre EE. UU. y México y la región del Darién (frontera entre Colombia y Panamá). Si bien el destino de los desplazamientos es Estados Unidos, los países mesoamericanos no solamente son rutas de tránsito hacia el norte, sino también receptores de grupos migratorios ante la barrera fronteriza que se levanta de la mano de políticas expulsivas y criminalizantes. Esto provoca una enorme crisis humanitaria en las zonas fronterizas y una problemática que los países deben hacer frente, sin contar muchas veces con los recursos económicos y sanitarios necesarios. Además, esto se agrava con la presencia de bandas del crimen organizado que extorsionan a las poblaciones de inmigrantes, y estas son víctimas de violencias, sobre todo sexual.

La violencia social se agudizó en los últimos meses en Centroamérica. El incremento de la presencia de pandillas y bandas del crimen organizado en países como Honduras y El Salvador llevó a estos gobiernos a tomar medidas de excepción y aumentar la presencia policial. Los grupos pandilleros han crecido a partir de su connivencia con sectores del poder político, como lo denuncian organizaciones salvadoreñas al indicar cierto acuerdo implícito entre el presidente Bukele y algunas pandillas, o, como en Honduras, donde la actual mandataria, Xiomara Castro, hizo explícito la alianza del régimen del Partido Nacional con grupos narcotraficantes y pandillas armadas durante los 12 años que estuvieron en el poder. El 24 de noviembre, Castro anunció el “Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos” para hacer frente al aumento de la criminalidad y delito de extorsión en el país. Entre las medidas se encuentran la declaración del estado de emergencia en materia de seguridad, controles en la frontera con las fuerzas armadas, control de los movimientos bancarios y del Estado de Excepción en algunas ciudades del territorio hondureño. Esto último implica la suspensión de garantías constitucionales parciales y el respaldo a la policía nacional para la recuperación de los espacios públicos o territorios tomados por las pandillas.

Actualmente, más de 160 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula se encuentran bajo el Estado de Excepción, y se suspendieron las garantías de libertad personal, libertad de asociación y la libre circulación. El decreto también habilita los arrestos y detenciones sin órdenes judiciales. La medida regirá hasta el 6 de enero de 2023. Esta medida, que implica un fuerte respaldo a las cúpulas militares y policiales y que tiene su correlato en un importante aumento del presupuesto público hacia la policía y las fuerzas armadas, es tomada tras el reclamo social ante el incremento de la extorsión y el crimen sobre la población por parte de maras y pandillas. Se registran que unas 13 mil hectáreas están ocupadas ilegalmente por estos grupos y que comerciantes como empresarios se ven afectados por prácticas extorsivas. Según la Asociación para una Sociedad más Justa, en Honduras se paga un aproximado de 18 mil millones de lempiras por el cobro de extorsión, lo que equivale a 730 millones de dólares, un 3 por ciento del PBI.

En lo que respecta a un balance general del primer año de presidencia de Xiomara Castro, entrevistamos al analista hondureño Mario Membreño, quien señaló al gobierno actual como de transición entre un gobierno oligárquico a uno democrático:

Durante mucho tiempo, tuvimos transiciones o alternancia de gobierno entre proyectos oligárquicos que iban desde el Partido Nacional al Partido Liberal y viceversa. Ahora, estamos en la transición desde un gobierno oligárquico, vinculado al crimen organizado y narcotráfico, como fue el de JOH, hacia uno democrático, LIBRE no es un partido oligárquico.

Membreño señala que es importante la idea de transición para atenuar las expectativas puestas en un proceso de transformación radical como el que se esperaba con la llegada de Xiomara al poder. La corrupción y el narcotráfico incrustados en las instituciones estatales tras años del régimen del Partido Nacional y las limitaciones de la coalición gobernante (Libre y Partido Salvador de Honduras) hicieron que se deban resignar algunas de las propuestas electorales, como el llamado a una Asamblea constituyente o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China.

Si bien se han logrado importantes avances como la eliminación de las ZEDE, la gratuidad de la tarifa eléctrica para los sectores populares y la prohibición de la minería a cielo abierto, para el analista no se ha avanzado en sentar las bases para un modelo alternativo al neoliberalismo, incluso, hay señales que van en dirección contraria:

A partir de la declaración de la guerra contra la extorsión, se ha elevado el presupuesto de las fuerzas armadas, de la policía y la inteligencia. Esto puede traer como consecuencia un proceso de militarización. Además, no se han depurado las cúpulas policiales y militares que son continuidad del régimen del PN. A esto se suma la concesión dada a la embajada estadounidense al no convocar a la Asamblea constituyente, lo que mejoró las relaciones entre los dos países. Y, por último queda por ver qué pasará con la elección de los jueces para la Corte Suprema de Justicia, ya que —por la composición del Congreso, las internas de LIBRE y la ruptura con el PSH— es probable que se tenga que llegar a un acuerdo con el Partido Nacional.

Para Membreño, en el corto y mediano plazo las posibilidades de una democratización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento del proyecto de “socialismo democrático” de Xiomara Castro se jugará entre el fin de 2022 y los primeros meses del 2023 cuando se termine de conformar la Corte Suprema de Justicia, se concrete la elección del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con apoyo de la ONU.

En El Salvador, el Estado de Excepción se está volviendo la norma tras la octava prórroga de esta medida, sancionada por el congreso a orden del presidente Bukele, el 14 de noviembre. El Estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales se lleva a cabo ininterrumpidamente desde el mes de marzo con el objetivo de frenar la ola de homicidios y violencia causada por las pandillas, como parte del Plan de Control Territorial. Según el medio digital El Faro, la escalada de la violencia sucedió a partir de la ruptura de los acuerdos entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), desmintiendo la versión oficial del gobierno que acusa de un enfrentamiento entre pandillas. La continuidad del Estado de Excepción ha profundizado la faceta autoritaria del proyecto de gobierno del actual mandatario que, como hemos mencionado en otros informes, avanza violando toda institucionalidad del Estado de Derecho. El ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, ha defendido la prórroga de la medida a partir de los supuestos buenos resultados: más de 57 400 pandilleros detenidos —de estos 843 serían cabecillas de los grupos criminales (644 de la MS-13 y 199 del Barrio 18)—, se han incautado 1820 armas de fuego, 2201 vehículos, 1,4 millones de dólares en efectivo y 238 días sin homicidios.

La contracara de estos números son las permanentes denuncias de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de organismos internacionales. Desde la llegada al gobierno de Bukele se contabilizan más de cuatro mil personas desaparecidas sin que se puedan avanzar en investigaciones para conocer sus paraderos o si se encuentran o no con vida. Cristosal y Human Rights Watch han elaborado varios informes sobre la sistemática violación a los derechos humanos durante el régimen de excepción, ya que se acusa que la mayoría de las detenciones se realizan contra población civil que no tienen ninguna vinculación con las pandillas. En dicho documento se registraron más de 1100 casos de detenciones arbitrarias y muchos de estos son caratulados como “desaparición forzosa de corta duración”. Además, se denuncia que gran parte de estas detenciones son perpetradas por las fuerzas policiales a la población con menos recursos económicos y son privados de su libertad por “apariencia sospechosa”. A raíz de las reiteradas denuncias, en el mes de noviembre el gobierno liberó a dos mil personas detenidas durante el régimen de excepción. Mediante el discurso de la “guerra contra las pandillas”, Bukele profundiza la militarización de ciudades para avanzar en la quinta fase de su Plan de Control Territorial, que consiste en la extracción de pandilleros cercando militarmente los municipios.

En México, el fin del 2022 cierra el cuarto año de mandato de López Obrador y de su proyecto la cuarta transformación (4T). Si bien fue un año de fortalecimiento del liderazgo de AMLO y del partido oficialista MORENA, con importantes victorias electorales en estados federales y la concreción de importantes medidas como la nacionalización del litio, también la oposición nucleada en los históricos partidos del PRI, PAN y PRD buscó reorganizarse. Esto se vio particularmente en los meses de noviembre y diciembre donde el intento de reforma político electoral del gobierno dividió aguas en la política y en la sociedad. Dicha reforma buscaba la austeridad en los cargos electivos y del Instituto Nacional Electoral (INE), además de hacer más transparente y eficiente los procesos electorales. Al implicar una modificación constitucional, la iniciativa debía contar con mayoría calificada de la cámara de diputados en el Congreso Federal, es decir, las tres cuartas partes de los votos, cantidad que el oficialismo no cuenta sin apoyo de la oposición. La votación se llevó a cabo el 6 de diciembre con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, por lo que los sectores opositores lograron el bloqueo de la reforma. Pero, AMLO recurrió al “Plan B” e inmediatamente se propuso un paquete de leyes secundarias que requieren solo de mayoría simple para modificar legislaciones electorales,. Ellas, si bien están lejos de cumplir con los objetivos de la reforma, logran reducir el costo económico del INE. Esto fue aprobado en la misma sesión.

Consultada al respecto del efecto que tiene el debate de la reforma político electoral en la coyuntura política mexicana, la politóloga Elisa Godínez, respondió al OBSAL:

La reforma logró aglutinar temporalmente a la oposición partidaria y los medios de comunicación corporativos bajo la consigna “¡El INE no se toca!”. Esto generó las condiciones para una movilización importante por parte de la oposición, que hace bastante no encontraban un eje sobre el cual movilizar a su base contra López Obrador. Esto fue engrandecido por los medios. Pero dos semanas después la respuesta de la base social de AMLO fue contundente, con la movilización más grande de la izquierda en los últimos años, que viene a comprobar el fuerte vínculo que tiene López Obrador con el pueblo. La capacidad de movilizar es algo característico del presidente incluso antes de llegar al gobierno federal. Desde mi punto de vista, había la lectura de que no se iba a alcanzar la mayoría calificada al igual que lo sucedido con la reforma eléctrica, y que se iba a presentar un segundo proyecto con reformas de leyes secundarias (…). Lo que se busca es reorganizar al INE, es una institución elitista que siempre ha servido a los intereses corporativos y a los sectores actualmente opositores.

En el mes de octubre se llevó a cabo otra votación importante en el Senado, que esta vez contó con el apoyo de sectores opositores. Se trata de la reforma en seguridad que consiste en la prórroga de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna para combatir la delincuencia hasta 2028. Este tema generó una importante controversia, ya que sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos acusaron a AMLO de promover la militarización. En respuesta a estas acusaciones el mandatario dijo: “Y no es militarizar. Que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir. Sin fundamento constitucional”.

Sobre este tema, la analista señaló:

México tiene un problema de violencia estructural, con territorios dominados por bandas del crimen organizado y el narcotráfico. Los gobiernos anteriores habían creado una policía federal cuya formación era deficiente y no contaban con suficientes recursos. Estas policías se corrompieron. Por esto, cuando AMLO llega al gobierno en 2019 crea la Guardia Nacional e inicia un proceso de reforma que busca que los militares vuelvan a sus cuarteles. Lo cierto es que la iniciativa de desmilitarizar se atenúa y deja de ser parte del discurso presidencial. En parte porque se necesitaba formación para la GN, lo que quedaba a cargo del ejército, y, por otro lado, se establece una alianza con el ejército y la marina que comienzan a ocupar lugares estratégicos, los primeros en la construcción de megainfraestructuras, y los segundos, quedan a cargo de los puertos y aduanas en zonas fronterizas. La situación es compleja porque los estados federales y municipios descuidaron a sus policías y en muchos lugares estos están cooptados por el crimen y el narcotráfico, lo que resalta la necesidad de tener una GN que se extienda por todo el territorio para hacer frente a los grupos violentos. Pero, a su vez, que esto se haga respetando las garantías constitucionales, con normas regulatorias y el respeto por los derechos humanos.

El proceso de transformación de AMLO avanza con críticas tanto por izquierda y derecha. Por parte de sectores de izquierda y progresistas se critica la falta de una agenda ambiental y feminista en su gobierno, así como la militarización y que sus reformas no terminan de trastocar las estructuras neoliberalizadas de la sociedad y el Estado. Por parte de la derecha, aglutinan esfuerzos contra las políticas reformistas del líder de MORENA, recurriendo al bloqueo legislativo, la desinformación mediática y al poder judicial para frenar toda iniciativa que amenace sus intereses corporativos y el sistema que imperó hasta diciembre del 2018. Entre los logros de López Obrador en estos cuatro años aparecen la elevación a rango constitucional de varias políticas sociales, la disputa por la soberanía energética, su política internacional de integración regional, la insistencia en medidas que apuntan a poner fin a años de políticas neoliberales y de la “guerra contra la droga” y la innovación en prácticas democráticas que buscan fortalecer a la joven democracia mexicana.

Al tiempo de esto, la carrera por la sucesión presidencial de 2024 arrancó con tensiones y disputas al interior de MORENA. Hasta el momento los anotados son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal, senador y líder de la bancada oficialista; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Al igual que Honduras, Costa Rica es otro país de la región que estrenó gobierno en este año que termina. Tras ganar unas elecciones que fueron récord por el porcentaje de abstencionismo, Rodrigo Chaves asumió la presidencia en el mes de mayo. El mandatario, que anteriormente había sido funcionario del Banco Mundial y ministro de Hacienda del ex presidente Carlos Alvarado, llegó al poder con un alto porcentaje de popularidad y financiado por la banca privada, pudiendo capitalizar el descontento social a partir de un discurso contra los privilegios de la clase política y presentándose como un outsider del sistema. En sus primeros cien días de gobierno no hubo grandes avances en sus promesas de campaña, ya que no llevó a cabo políticas para bajar el costo de vida y reducir los niveles de desempleo. Su plan de reducción fiscal, que incluye recortes presupuestarios y privatizaciones, encontró las primeras resistencias en el mes de agosto, ante una importante movilización de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores) para frenar el recorte de 129 mil millones (en moneda oficial, el Colón costarricense) en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El gobierno tuvo que dar marcha atrás, siendo su primera derrota en las calles.

Consultado sobre el balance de los primeros meses de gestión de Chaves, el politólogo Héctor Solano dijo al OBSAL:

Rodrigo Chaves asumió la presidencia en mayo de 2022, tras una elección que puede considerarse histórica. Histórica, porque es la primera vez al menos en lo que va de la Segunda República (1954 en adelante) que un mandatario accede a la presidencia desde un lugar de desafío más o menos explícito de los valores o sentidos “fundantes” de la democracia costarricense. Además, llegó a la presidencia desde un discurso marcadamente anti político sin contar con una estructura partidaria clara y sin un programa concreto. Supo generar altísimas adhesiones entre una parte considerable de los sectores populares así como el rechazo de cierta parte del establishment mediático-económico.

Si bien la fotografía al cierre de 2022 es la misma, pero claramente el globo ha ido desinflándose. Su popularidad sigue siendo alta (68%) pero menor a la que tenía hace tres meses (79%). La mitad de su grupo legislativo (ya de por sí pequeño) ya no le sigue. Chaves asumió con promesas del tipo “bajar el precio de la canasta básica en los primeros treinta días”, pero hasta ahora no consiguió aprobar reforma o medida alguna de envergadura. Su gestión se ha sostenido a base de encontronazos con un sector de la prensa, ataques a los diputados, declaraciones altisonantes en conferencias, pero no mucho más que eso. De hecho, a mediados de año intentó recortar el presupuesto para las Universidades públicas (que desde su relato, son parte del “problema”) y tuvo que enfrentar la resistencia de autoridades y funcionarios universitarios, así como dirigencias estudiantiles. Tuvo que recular. La situación social y económica tampoco mejora (el desempleo cierra en 12%, si bien es menor al del año pasado, la inflación está más del 10% respecto del último año). El desafío de Chaves sigue siendo poder traducir su impronta de liderazgo fuerte en resultados o políticas que mejoren o ayuden a mejorar parte de la desmejorada situación que atraviesa la gente, en especial la más pobre.

En el bando opositor, más precisamente del progresismo o la izquierda, no se logra articular un discurso contra Chaves, según Solano. Para el analista, la debacle electoral del Partido Acción Ciudadana en los comicios presidenciales fue la expresión de la crisis del progresismo como alternativa. En tanto, el Frente Amplio (FA) viene resistiendo a las políticas del gobierno desde la Asamblea Legislativa a partir del fortalecimiento de la bancada de diputados, producto de las elecciones de febrero. El aspecto adverso del FA, indica el politólogo, es que más allá de lo que sucede en el ámbito legislativo, no se está pudiendo articular en la calle el descontento social y los altos niveles de pobreza, cosa que todavía favorece al gobierno derechista.

En la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio sí logró articular una resistencia coherente a partir del numeroso grupo de diputados que obtuvo en las elecciones de febrero, si bien no pasa —al menos por ahora— de ser un proyecto meramente parlamentario. El FA no tiene irradiación alguna en la calle o en las organizaciones. Lo popular está profundamente resquebrajado, sea producto de la descomposición societal que excede a los sindicatos, por ejemplo, como por carencias que son inherentes a éste tipo de organizaciones (u otras). El descontento y la pobreza no están organizados.

Tanto en Guatemala como en Panamá el 2022 fue un año de gran cantidad de movilizaciones populares como expresión del descontento social, no solamente por la crisis económica, sino también por el deterioro del sistema político para dar respuesta a las demandas sociales.

Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil junto a sindicatos y agrupaciones estudiantiles de Guatemala se vienen movilizando contra el gobierno de Giammattei y el pacto de corruptos que tiene cooptadas las instituciones estatales. El 2023 será un año clave, ya que serán unas nuevas elecciones presidenciales en un contexto de fragmentación política e incertidumbre social. En el plano de las candidaturas de izquierda asoman Thelma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) que representa a las comunidades indígenas y campesinas que tiene como principal eje la convocatoria a una Asamblea plurinacional constituyente y la alianza de los tradicionales partidos URNG y WINAQ, cuyo probable candidato es Amílcar Pop.

En Panamá, los acuerdos tras las históricas movilizaciones y huelga general del mes de junio como consecuencia del alza en el precio de los alimentos y la energía, encuentran sus obstáculos en el gobierno de Laurentino Cortizo y los empresarios nucleados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep). Estos últimos se ausentaron en el mes de octubre de las mesas de negociaciones, lo cual dificulta el congelamiento de los productos básicos de la canasta alimenticia. El presidente Cortizo ve afectada su imagen pública por la falta de respuesta a los reclamos sociales y las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. Otro caso a destacar es que el pasado 7 de noviembre la justicia llamó a juicio por el Caso Odebrecht a los ex presidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes deberán asistir a declarar junto a otros funcionarios de sus gobiernos.

En Nicaragua, las elecciones municipales de noviembre expresaron el respaldo popular al sandinismo, que alcanzó el 70 por ciento de los votos. Estaban en juego 132 alcaldías y todas ellas quedaron en manos del FSLN. Los demás partidos alcanzaron el siguiente porcentaje de votos: Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tuvo el 12 por ciento de los votos; Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) alcanzó el 4,6 por ciento; Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) tuvo el 4,16 por ciento; Partido Alianza por la República (APRE) llegó al 3,94 por ciento y YATAMA el 0.96%. El gobierno de Daniel Ortega enfrenta denuncias de encarcelamiento a opositores y el ataque constante y mecanismos coercitivos por parte de Estados Unidos.

Imperialismo e integración

Panorama general

El último cuatrimestre confirmó algunas tendencias que ya estaban presentes en los primeros meses del año e incluso con anterioridad. Una mirada de conjunto nos muestra un panorama político intenso, con inestabilidad, polarización y paridad entre las fuerzas de izquierda y derecha al interior de los países, en un contexto de reconfiguracion de tácticas por parte de EE. UU., que prioriza una apuesta por la moderación.

“Cambiar para que nadie cambie” pareciera ser el objetivo de la diplomacia estadounidense ante un escenario que mostró en 2021 y 2022 un giro a la izquierda en las elecciones en países históricamente gobernado por fuerzas de derecha (Honduras, Perú, Chile, Colombia) o con el peso específico suficiente para alterar el equilibrio de fuerzas, como es el caso de Brasil.

Este matiz en los mecanismos de intervención, al menos por el momento, parece más asentado en los gestos y en las formas superficiales que en un giro profundo de la política imperial. El paso de la administración Trump a la administración Biden mantiene en lo esencial una continuidad en su caracterización estratégica de Nuestra América. El objetivo excluyente es el mismo que hace doscientos años: asegurar el control de la región en el marco de la disputa global. En esta etapa, el gobierno de Biden se ha trazado el objetivo explícito de poner límites a la creciente influencia económica y política de China en América Latina y el Caribe. Intenta proteger el “patio trasero”, entendido ahora como una retaguardia en la nueva Guerra Fría.

Como ya ha sido señalado, un cambio trascendental en este año que termina tiene que ver con la política hacia Venezuela. Con la distensión petrolera hacia Venezuela, 2022 muestra al mismo tiempo el agotamiento total del proyecto Guaidó, un presidente fake inventado y sostenido artificialmente durante años que simboliza como pocos el rol de títere desechable de otro Estado. La fortaleza demostrada por Venezuela en sus ya largos diez años bajo asedio, tras la desaparición física del comandante Hugo Chávez, alcanzó para sobrevivir a los ataques híbridos de mayor magnitud. La combinación entre capacidad de resistencia, gobierno de Biden y guerra en Ucrania abre otra etapa que incidirá en la situación interna de Venezuela y seguramente en todo el continente. Sin embargo, la política de sanciones unilaterales continúa e incluso puede convivir con una distensión en otros ámbitos, como lo muestra la reciente aprobación por unanimidad en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el senador Rick Scott, irónicamente llamado por EE. UU. con el nombre del Libertador Simón Bolívar.

En este contexto, por momentos pareciera que los sectores dominantes en la región tuvieran dos tácticas centrales, diferentes pero en un punto complementarias; y que el gobierno estadounidense está más cercana de una de ellas, pero dispuesto al pragmatismo. Por un lado, hay una línea basada en el poder blando, que privilegia un hipotético interés máximo en conservar ciertos aspectos de la democracia, particularmente en el plano formal. Sobre esta idea fuerza orbitó la fallida Cumbre de las Américas de Los Ángeles de mitad de año. En este esquema hay que entender los mecanismos de intervención asentados en una combinación de la diplomacia y el poder judicial, como en el caso de la tutela legal sobre Paraguay y también de episodios como el secuestro del avión iraní en Argentina, ambos comentados en el informe anterior. Por otro lado, en caso de necesitarlo también aparece el histórico apoyo de EE. UU. a las fuerzas derechistas ante la posibilidad de que fuerzas de izquierda, o tan siquiera moderadamente progresistas, tengan posibilidades de alterar las reglas de juego. En esta línea hay que leer el respaldo de EE. UU. al golpe parlamentario en Perú, comandado por la derecha más recalcitrante para deponer a un gobierno que defraudó parte de las expectativas de la izquierda pero que traía al juego elementos de mayor heterodoxia e imprevisibilidad. En todos los escenarios, la política estadounidense incluye un especial interés por el control de los resortes estables del Estado, como las fuerzas armadas, el poder judicial y el propio sistema político.

El campo progresista y de izquierda —que en este momento está al frente en una cantidad de países incluso mayor a la primera ola de gobiernos populares de los primeros años del siglo— aparece con menores niveles de coordinación, resultado de diferencias reales entre los distintos procesos nacionales, que en no pocas ocasiones aparecen, además, jaqueados por contextos complejos al interior así como tienen diferente disposición a relacionarse con las potencias imperiales y con sus pares. En este sentido es significativa la política exterior de Chile en este primer año de gobierno de Gabriel Boric, caracterizada por su cercanía a las posiciones de EE. UU. y Europa y un protagonismo menor de la integración latinoamericana y caribeña. Sus críticas a otros gobiernos, en particular a Cuba, Venezuela y Nicaragua, incluso han merecido la respuesta pública de algunos de ellos. Este es el caso, por ejemplo, del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien luego de la Asamblea de la ONU caracterizó a Boric como gobierno subordinado a EE.UU. y a algunos gobiernos de la Unión Europea:  “Salen allí, como perritos falderos, a hablar que hay que poner en libertad a los presos políticos en Nicaragua y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país en Chile”, señaló Ortega.

La derecha, por su parte, está golpeada como conjunto, especialmente tras la pérdida de bases históricas —como Colombia, Honduras, Chile— aunque esto no significa la pérdida de iniciativa ni de capacidad de daño a cualquier intento de cambio progresista o popular, como lo muestra la ofensiva permanente en Perú, los preocupantes signos de poder del bolsonarismo en Brasil y la posibilidad cierta de que en Argentina alguna combinación de derecha retorne al gobierno a partir de fines del año próximo.

En este contexto, donde nada parece sobrarle a nadie, una de las expectativas mayores de cara al 2023 está puesta en la posibilidad de que el gobierno de Lula reimpulse el proceso de integración.

En ese sentido, el nombramiento de Fernando Haddad como ministro de Hacienda y de Gabriel Galípolo como su viceministro amplía las posibilidades de propuestas relativamente ambiciosas en el plan de la coordinación económica. Recordemos que ambos propusieron públicamente en el primer semestre la creación de una moneda común para América del Sur. “La creación de una moneda sudamericana puede impulsar el proceso de integración regional, caracterizado por sus lentos avances y ocasionales estancamientos hasta la fecha, fortaleciendo asimismo la soberanía monetaria de los países sudamericanos”, escribieron en mayo.

La apertura de este debate fue apoyada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien en noviembre, en el marco de la reunión del Foro de Sao Paulo, acordó en la necesidad de coordinar las políticas en la materia y propuso construir  “un sistema monetario que tome en cuenta las monedas existentes”, a las que agregó las criptomonedas.

En relación con la política exterior de Brasil, otros temas de interés especial son su participación en los BRICS, la tensa situación en el Mercosur y el eventual relanzamiento de Unasur, paralizada luego de la ofensiva derechista de 2015-2020.

En un tablero muy revuelto, incluso al interior de sus países, ALBA-TCP cierra un año de celebración por alcanzar un año más de vida —18 años de aquel amanecer en La Habana— y realiza cambio de  secretario general: Felix Plasencia reemplaza a Sacha Llorenti. Plasencia, que también fue canciller, hasta su nombramiento era embajador de Venezuela en Colombia. En su declaración final, la cumbre de presidentes denunció “la utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes democráticamente elegidos de la región” y se solidarizaron con Cristina Fernández de Kirchner, con Luis Arce Catacora, con Daniel Ortega y con el pueblo peruano.

De cara a los próximos meses, un nuevo escenario continental puede fortalecer la posición de la CELAC ante la ahora alicaída OEA, una tendencia que se acentuó en 2022 aunque como sucedió en los últimos meses, para 2023 no cabe esperar movimientos bruscos en este plano.

Como señalamos en informes anteriores, avanza la posibilidad de que Argentina se sume al bloque de los BRICS, que —según apunta la FAO— reúne actualmente “al 40% de la población mundial, el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) y más de un tercio de la producción mundial de cereales”. Una novedad importante en este sentido es la bienvenida de China a su incorporación.

Como parte del intento del bloque “occidental” por recuperar terreno en América Latina y el Caribe, especialmente ante la intensa política de China hacia la CELAC, debe leerse la realización, después de cuatro años, de una cumbre de alto nivel entre este organismo de integración latinocaribeño y la Unión Europea. Estas reuniones se realizaron en octubre, en Argentina, con la participación del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien poco antes, en una charla con su antecesora, Federica Mogherini, había caracterizado el lugar de Europa en el mundo, desde la visión de los intereses que representa, con una singular metáfora.

Sí, Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir: las tres cosas juntas. […]

El resto del mundo —y tú lo sabes muy bien, Federica— no es exactamente un jardín. La mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Los jardineros deben cuidarlo, pero no protegerán el jardín construyendo muros. Un bonito y pequeño jardín rodeado de altos muros, para evitar que entre la jungla, no va a ser la solución. Porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento, y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín.

Los jardineros tienen que ir a la selva. Los europeos tienen que comprometerse mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá, por diferentes vías y medios.  Sí, este es mi mensaje más importante: tenemos que comprometernos mucho más con el resto del mundo. (N. de E. Traducción propia a partir de la transcripción oficial del Servicio Diplomático de la Unión Europea)

No se sabe si Borrell sintió que estaba aterrizando en la jungla en octubre, cuando encabezó la delegación europea que participó en el encuentro de Cancilleres de la CELAC y la UE en Argentina, pero sí que esta bilateral consolida la posición que quiere (y tal vez puede) ocupar la CELAC en el marco de la nueva Guerra Fría: un multilateralismo que intenta articular sus economías cada vez más orientadas al comercio con China con la historia —en tensión en este siglo, y con muchas diferencias y matices– de alineamiento diplomático con EE. UU. y Europa. Previo a este encuentro entre los dos bloques, tuvo lugar la reunión de cancilleres de la CELAC, quienes incorporaron en su declaración la propuesta de reunir a los ministros de economía y finanzas de los países para hacer frente a la crisis económica. Otro de los temas en común que destacaron fue la preocupación por la crisis climática y la posibilidad de adoptar algunas políticas concretas en conjunto.

Entre otros temas de relevancia, el conflicto en el Mercosur adquirió en este último cuatrimestre un momento crítico en torno a la última cumbre, desarrollada a principios de diciembre en Montevideo. A la pretensión de Uruguay de negociar por su cuenta un Tratado de Libre Comercio con China, tema ya comentado en informes anteriores, en los últimos meses se sumó la posibilidad de que se sume al Acuerdo Transpacífico. Previo al encuentro de presidentes, en el que el presidente uruguayo traspasó la presidencia pro tempore a su par argentino, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Mercosur enviaron una nota conjunta al coordinador nacional de Uruguay. En ella expresan que “ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria” —entre los que mencionan explícitamente “la posible presentación de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”— los tres países “se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial”. Luego de la cumbre presidencial, las heridas se evidenciaron en la ausencia de un comunicado oficial que reúna a todo el bloque. Argentina, Brasil y Paraguay difundieron un comunicado conjunto, sin la firma de Uruguay, y este emitió una declaración individual.

En América del Sur, también, otro hecho que no alcanzó el nivel de conflicto diplomático aunque sí llamó la atención fue la filtración masiva de documentos militares de varios Estados, a través de la operación conocida como Guacamaya Leaks. Como resultado de este hackeo quedó al descubierto la preocupación de las Fuerzas Armadas de Chile respecto a la política de defensa de Argentina en la Patagonia, en el Atlántico Sur y en la Antártida, revitalizada tras el inicio de un proceso de reequipamiento. Además, salió a la luz no solo que los militares chilenos espiaron a diferentes sectores de la sociedad chilena —organizaciones estudiantiles, de pobladores y ambientalistas— sino que incluso recopilaron información en el terreno sobre el conflicto social en Colombia, como parte de una misión de paz de la ONU.

Respecto a su valoración de la hipótesis de conflicto con Argentina, los documentos del ejército chileno recuerdan las previsiones del documento “Escenarios de Defensa 2040”, elaborado por las Fuerzas Armadas de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro y que se conoció públicamente en febrero de 2020. En este caso las hipótesis de conflicto eran múltiples y alcanzaban a varios países, entre los cuales se encontraban Francia —que posee una colonia limítrofe en la Guayana francesa—, Argentina, Bolivia y Venezuela, además de la instalación de bases militares de EE. UU. y el pronóstico de conflictos entre varios países de la región.

Apenas dos indicadores que, contrastados con la ausencia de hipótesis de soberanía de la defensa regional, arrojan una mirada sobre las tendencias ideológicas de las fuerzas armadas locales: pareciera predominar más el recelo por los países vecinos que la cooperación en clave de integración y unidad latinoamericana. Estas distancias, sin embargo, se relativizan al momento de intervenir en espacios de encuentro y en capacitaciones conjuntas, casi invariablemente coordinadas con las fuerzas armadas de EE. UU. Este es el caso, por ejemplo, del Ejercicio Aéreo Multinacional “Salitre 2022”, que en octubre reunió en Chile a personal de las fuerzas aéreas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y el país anfitrión, quien pusieron a prueba “su capacidad y profesionalismo para el desarrollo de operaciones aéreas combinadas”.

Articulaciones y encuentros

En este panorama heterogéneo, fragmentado, con alto nivel de incertidumbre, las fuerzas políticas de distinto signo comprenden la importancia de articularse para intercambiar experiencias y definir estrategias conjuntas.

Entre los múltiples encuentros que se desarrollaron en los últimos meses del año se encuentran el XXVI Seminario “Los Partidos y una nueva sociedad”, organizado en septiembre en México; la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas del Abya Yala, realizada en octubre en Guatemala; y la asamblea plurinacional de Runasur, espacio impulsado por figuras como el expresidente boliviano Evo Morales, desarrollada en noviembre en Argentina.

Otro espacio de relevancia se desarrolló en octubre en Buenos Aires, cuando activistas de varios países se reunieron a debatir en el marco del Encuentro Regional “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”, impulsado entre otros por el Foro de Comunicación para la integración de Nuestra América (FCINA).

Las fuerzas de derecha, por su parte, también tuvieron algunos encuentros significativos. Entre ellos, el que hizo más ruido fue la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que en noviembre, en México, juntó a figuras de la extrema derecha global como el estadounidense Steve Bannon, el referente de Vox Santiago Abascal y el Nobel de la Paz Lech Walesa con dirigentes latinoamericanos como el diputado argentino Javier Milei, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro y el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast. El tono ideológico del encuentro fue sintetizado de forma brutal por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien por videoconferencia expresó: “Hay que sacar a cada maldito rojo de Latinoamérica, extirpar la mafia del Foro de Sao Paulo”.

Sin dudas, en un escenario turbulento, con equilibrios precarios, seguramente habrá dólares y euros suficientes para alentar el desarrollo de diferentes variantes de las fuerzas conservadoras; más aún de cara al 2023, año en el que habrá elecciones importantes en la región atravesada por el incierto devenir de una crisis económica y social que golpea a todos los pueblos, más allá de los diferentes proyectos políticos en pugna.

Balance 2022. En perspectiva

En los distintos análisis de coyuntura que desarrollamos desde el OBSAL fuimos dando cuenta de un continente en disputa. Si bien el inicio del 2022 avizoraba la llegada de gobiernos de tinte popular y progresistas a los países de la región, cosa que sucedió, el fín de este año nos muestra que estamos en una etapa donde el accionar político de estos proyectos se encuentra asediado por un montón de problemáticas externas e internas que desafían su potencialidad y pueden limar su legitimidad.

En el plano internacional, la desaceleración de la economía mundial, el incremento de los alimentos, la energía y medicamentos hacen que aumente el costo de vida y profundice las desigualdades entre los países del Norte y Sur global. La continuidad del conflicto bélico en Ucrania asoma como un presente y futuro oscuro para la solución de estos problemas estructurales. A la par de esto, la transición hegemónica de Occidente —EE. UU.— hacia Oriente —China— refuerza la política agresiva del imperialismo norteamericano para no perder terreno a nivel global.

Esto repercute de manera particular en cada uno de los países de la región. Las urgencias sociales y económicas que se agudizaron con el aumento de los precios de productos de primera necesidad y el deterioro de las condiciones materiales de vida desgasta la legitimidad política de los gobiernos. A esto se suma que el capital político se agota rápidamente ante un giro moderado hacia el sistema, mientras que los poderes corporativos, mediáticos y judiciales recurren a todos sus mecanismos desestabilizadores para condicionar o voltear a los oficialismos.

El caso que más conmueve en este fin de año es el de Perú, con el golpe parlamentario a Pedro Castillo, pero vimos a lo largo de 2022 los ataques permanentes e intentos de golpe en Bolivia, el rol jugado por la derecha y los medios de comunicación contra la nueva constitución chilena, la persecución judicial e intento de proscripción a Cristina Kirchner en Argentina, los intentos de desestabilización permanente hacia los gobiernos de AMLO en México y Xiomara Castro en Honduras y las ansias intervencionistas en Haití, apoyadas en supuestas ayudas humanitarias. Pero, ante el avance de estos poderes, la resistencia popular se hace sentir, como es el caso de la heroica resistencia del pueblo bolivariano en Venezuela, la del pueblo brasileño para poner fin al gobierno de Bolsonaro y del pueblo colombiano para terminar con el uribismo.

La intromisión del imperialismo norteamericano hace que regiones como Mesoamérica y Caribe estén en permanente inestabilidad. Las migraciones irregulares y la violencia y la poca estabilidad política de estos países son parte de los desafíos urgentes que tiene Nuestra América. La crisis permanente en la que vive el pueblo haitiano por el intervencionismo estadounidense convive con la ejemplar resistencia de la sociedad cubana, que a pesar de los intentos desestabilizadores, avanza en su revolución incorporando debates y demandas actuales. En Centroamérica, la escalada de la violencia como consecuencia de las políticas paramilitares, la militarización de la sociedad y la presencia de pandillas y bandas del crimen organizado ponen en tensión a gobiernos populares que, a la par que buscan terminar con la cooptación de instituciones estatales y sociales por estas mafias, no pueden salir de las viejas recetas.

Los nuevos gobiernos de Colombia y Brasil aparecen como faros para proyectar la integración latinocaribeña y fortalecer los lazos políticos y económicos entre nuestros países. Ante un continente que parecía pintarse de rojo, vemos cómo las dificultades y la ofensiva de las derechas continental y global matizan y colocan varios interrogantes sobre la etapa política en Nuestra América. El 2023 será un año donde veremos cómo estas tendencias se configuran ante los nuevos escenarios nacionales, regionales y mundiales que vendrán. En un contexto de crisis civilizatoria, donde el Capital avanza devorando todo a su paso, las luchas de los pueblos en defensa de la vida y por su liberación hacen de la esperanza un motor para luchar por un mundo más justo e igualitario.

Esperanzar ante los desafíos

“El verbo Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir detrás, esperanzar es construir, esperanzar es no rendirse. Esperanzar es seguir adelante, esperanzar es unirse a otros para hacerlo de forma diferente”
Paulo Freire

Condiciones externas

La crisis civilizatoria que atraviesa el mundo ha adquirido nuevas proporciones con la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. En los informes del Observatorio de América Latina y el Caribe (OBSAL) hemos destacado que la manifestación de esta crisis es el resultado del desarrollo capitalista, más específicamente en su fase que tiene al capital financiero como hegemónico para su acumulación, lo que se expresa socialmente con las políticas neoliberales.

El aumento de las desigualdades sociales, las catástrofes medioambientales y las crisis climáticas, así como el auge del neofascismo y de líderes políticos de extrema derecha son algunas de las expresiones de la crisis civilizatoria. La crisis de la COVID-19 llevó a millones de personas al hambre y a la pobreza extrema, y rompió las cadenas de producción interrumpiendo la producción mundial. La guerra en Ucrania potenció los problemas de la pandemia, especialmente los relacionados con el acceso a los alimentos, las materias primas, la energía y los insumos esenciales para la reproducción material de la vida en todo el mundo. Uno de los principales efectos económicos fue la inflación.

Muchos de los países del Norte Global, para combatir la subida de precios, han aumentado sus tasas de interés. Esta forma de actuar pretende, sobre todo, frenar la inflación por el lado de la demanda, pero tiene sus consecuencias. Es bien sabido que las subidas de las tasas de interés pueden tener un efecto regresivo en las economías, entre otras cosas porque encarecen el crédito y la inversión productiva e inhiben el consumo, especialmente el que se realiza en cuotas, haciendo más atractivas las inversiones financieras. Estados Unidos vivió una recesión en el primer semestre de 2022, ya que su PIB cayó en los dos primeros trimestres del año. Este resultado puede explicarse, en parte, por las sucesivas subidas de las tasas de interés estadounidenses desde 2021. En julio de 2022, el Banco Central Europeo subió sus tasas de interés por primera vez en 11 años. En septiembre se produjo otro aumento, de 0,75 puntos porcentuales, el más alto desde 1999.

China, por su parte, yendo a contracorriente del mundo, eliminó la pobreza extrema en el país para 2021. Además, en el ámbito de la política económica, difiere de lo que se ha puesto en práctica en muchos países del Norte Global, que es el aumento de las tasas de interés. El gobierno chino mantiene su política de estímulo monetario y crediticio para inducir su economía. Por otro lado, un factor de incertidumbre para los resultados económicos globales, por parte de China, es la política de COVID Cero, que reduce las actividades económicas en las grandes ciudades en tiempos de brote de enfermedades. Cabe destacar que la medida es loable desde el punto de vista humanitario, priorizando la defensa de la vida y demostrando que todas las vidas importan.

Lo relevante a destacar de esta coyuntura internacional es que los efectos de las políticas monetarias del segundo semestre de 2022 se harán sentir a lo largo de 2023 y la posibilidad de nuevas oleadas de COVID traen un escenario de incertidumbre. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de octubre de 2022, prevé una desaceleración económica para 2023, con posibilidades de recesión para economías importantes como Alemania e Italia. Para la economía estadounidense, la proyección es de un crecimiento de solo el 1 %, inferior al previsto para 2022 (1,6%).

Así, el año 2023 no será un año fácil en el contexto económico mundial. Las medidas que adopte cada país cobrarán mayor relevancia ante un escenario de relativo estancamiento económico. El escenario externo es uno de los desafíos que enfrentará el tercer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Las condiciones internas

En los últimos cuatro años, Brasil ha estado bajo la presidencia de Jair Bolsonaro. En el contexto de la región de América Latina y el Caribe, ha sido la figura más representativa del fenómeno global del ascenso de líderes protofascistas que han dirigido desde los gobiernos de extrema derecha.

En los informes de coyuntura realizados por OBSAL, desde 2021, el gobierno de Bolsonaro fue caracterizado como un gobierno que puso en práctica un proyecto de destrucción. Esta forma de gobernar fue muy evidente en el tratamiento de la pandemia de la COVID-19, pero el objetivo de este proyecto fue amplio, involucrando a las instituciones democráticas, los derechos de los trabajadores, las empresas estatales, los pueblos originarios, la naturaleza, entre otros.

Los ataques de Bolsonaro a la democracia se intensificaron en el periodo electoral. Además del discurso que cuestionaba las urnas electrónicas y ponía en tela de juicio el proceso electoral brasileño, el gobierno abusó del uso de los recursos públicos para intentar ganar las elecciones. Además, a lo largo de la campaña de la segunda vuelta, se intensificó el uso de noticias falsas por parte de Jair Bolsonaro, en discursos y debates públicos, pero también por parte de sus partidarios.

El contexto interno también impone una serie de retos para reconstruir lo destruido en los últimos cuatro años. El nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a una composición del Congreso Nacional que, en su mayoría, era aliada de Bolsonaro. En la Cámara de Diputados, el número de congresistas aliados del actual presidente sigue siendo mayoritario, mientras que en el Senado hubo un aumento de estos congresistas, consolidando la mayoría presente en la pasada Legislatura. En la gestión de las políticas públicas, el desafío está en la asignación de fondos para el presupuesto de 2023 realizada en 2022 por el gobierno de Bolsonaro, que dejó de asignar recursos a las políticas de transferencia de ingresos y los disminuyó para las áreas de salud, educación y vivienda.

La esperanza, sin miedo de ser feliz

El país, tras los cuatro años de gobierno de Bolsonaro, la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania, salió bastante magullado, pero no totalmente destruido. Se celebraron las elecciones presidenciales de 2022, y Lula, del Partido de los Trabajadores, resultó ganador, volviendo al poder después de 12 años.

A pesar de ser la elección más disputada de la historia política brasileña, en la que Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos, frente al 49,10% de Bolsonaro, el petista batió el récord de votos recibidos por un candidato en Brasil, superando los 60 millones. Esta victoria se vuelve aún más expresiva ya que Lula tuvo que enfrentarse, además de a Bolsonaro, a toda la maquinaria pública utilizada para reelegir al mandatario en funciones.

La derrota de Bolsonaro fue una victoria de los sectores democráticos contra la extrema derecha y sus representantes neofascistas. El proyecto defendido por Lula en su campaña es un proyecto de reconstrucción, que pretende recuperar la economía, superar males sociales como el hambre y la pobreza extrema, retomar el protagonismo del país en las relaciones exteriores dentro de la región latinoamericana y caribeña y a nivel mundial, retomar la política medioambiental y la defensa del medio ambiente y ser una figura inspiradora para las luchas sociales en Brasil y América Latina.

Cuando Lula inicie su mandato, será el segundo presidente, después de Getúlio Vargas (GV), que más tiempo estuvo en el cargo durante la era republicana. GV, contando su primer y segundo mandatos (1930-45 y 1951-54, respectivamente), pasó un total de más de 18 años en el cargo. Lula, por su parte, entrará en su noveno año como presidente de la República.

Es indiscutiblemente una figura que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, de los sectores internos de la política brasileña y, sobre todo, del pueblo brasileño, que lo eligió en una votación histórica. Este pueblo dio una lección de dignidad y de formación de la conciencia, sobre todo en aquellas mentes codiciosas, que por alienación, piensan en la ganancia fácil y a corto plazo. La mayoría de los pobres de este país eligieron a Lula, incluso ante la flagrante incitación por parte del gobierno, que ofreció beneficios sociales en el año electoral sin aclarar que estos mismos beneficios se concretarían a fin de año.

El mundo de las finanzas y el neoliberalismo han moldeado nuestras subjetividades, pero las elecciones en Brasil demostraron que hay razones para la esperanza y el voto del pueblo fue la principal razón. Las condiciones materiales de hoy no son las mismas que las de 2002, el año de la primera elección de Lula, pero la sensación de alivio es quizás aún mayor. La sensación de agrado es posterior a la de desagrado y durante el gobierno de Bolsonaro, las incomodidades fueron muchas. Es momento para la esperanza, pero para la esperanza en las condiciones dadas. Y recordando a Marx, porque siempre ha sido así, “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen como quieren, la hacen bajo unas condiciones materiales dadas”.

El presente Cuaderno ha tenido como principal objetivo la fuerza de la esperanza, reconociendo nuestras victorias, nuestro potencial y señalando las ventanas de oportunidades para avanzar, pero sin crear falsas ilusiones en nuestro pueblo, ni ocultar los desafíos y dificultades a los que nos enfrentaremos.

Nuestro estudio fue el resultado de un esfuerzo de reflexión de cinco mujeres que aceptaron colaborar con el OBSAL en esta tarea, para pensar en las perspectivas para Brasil bajo el tercer mandato de Lula y señalar los efectos para América Latina y el Caribe. El Cuaderno incluye, además de esta introducción, cinco textos, una entrevista y las consideraciones finales.

El primer texto, “Recuperar y construir el futuro”, es de Rosa Maria Marques, que se centra en la economía brasileña, haciendo un rápido balance de los retrocesos en el área en los últimos años y destacando las posibilidades de progreso en el futuro gobierno. El segundo es de Tatiana Berringer, “La política exterior brasileña en 2023: desafíos ante un mundo cambiante”, que inicialmente hizo una contextualización de la política exterior mundial y regional, profundizando el análisis de la política exterior brasileña bajo el gobierno de Bolsonaro y concluyendo con las perspectivas para el área, a partir de las directrices del programa de gobierno del PT. Posteriormente, en el tercer texto, “Balance, proyección y desafíos de la Reforma Agraria Popular en Brasil hoy”, Ceres Hadich, además de analizar la política agraria desde el golpe de 2016, inicia el texto contextualizando el desarrollo histórico del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y lo finaliza destacando los desafíos del Movimiento y la política de distribución de tierras para los próximos años. En “El futuro del bolsonarismo ante la derrota de Bolsonaro”, entrevistamos a Camila Rocha. En la entrevista se trataron temas más generales como el fenómeno del ascenso de la extrema derecha a nivel mundial, y también temas más específicos como la caracterización del bolsonarismo. También se hicieron algunos apuntes sobre el futuro de la extrema derecha en Brasil y América Latina y el Caribe con la derrota de Bolsonaro y la victoria de Lula. Finalmente, el quinto texto, “El necesario Poder Popular – desafíos y potencialidades”, de Kelli Mafort, analiza el poder popular como estrategia de cambio frente a los desafíos impuestos por el desarrollo del capitalismo en la época contemporánea y por la propia situación brasileña.

Esperamos que estas voces aporten a la reflexión y puedan servir para enriquecer los debates que nos damos en los movimientos populares de Nuestra América. Que la esperanza nos sirva como impulso para (re)construir las luchas necesarias para la liberación de nuestros pueblos.

índice

Recuperar y construir el futuro por Rosa Maria Marques

La política exterior brasileña en 2023: desafíos ante un mundo en transformación por Tatiana Berringer

Revisión, proyección y desafíos de la Reforma Agraria Popular en Brasil hoy por Ceres Hadich

El futuro del Bolsonarismo tras la derrota de Bolsonaro. Entrevista con Camila Rocha por Marcelo Alvares de Lima Depieri

El necesario Poder Popular – retos y potencialidades por Kelli Mafort

Consideraciones finales por el Observatorio de América Latina y el Caribe

La política de tierra arrasada

Los más veteranos en el viaje de la vida recordarán que Brasil fue identificado como el país del futuro durante mucho tiempo. Bastaba con esperar que lo alcanzaramos, porque el camino de la superación del subdesarrollo y el atraso ya se estaba recorriendo. Para frustrar las expectativas que se crearon en torno a esta certeza, el mundo empezó a cambiar a finales de los años 70 y, con ese cambio, desaparecieron las condiciones en torno a las cuales muchos y muchas creían que estábamos superando nuestros límites y acercándonos a ese futuro como una nación soberana bien situada en la división internacional del trabajo capitalista.

En el mundo, la forma particular de reproducción del capital que había sostenido la expansión económica durante los treinta años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial se había agotado y dio paso al dominio financiero y al neoliberalismo, su cara ideológica y política. En Brasil, esto implicó el fin del período de sustitución de importaciones, la crisis de la deuda externa y el debilitamiento del Estado como importante impulsor de la economía.

A pesar de la democratización del país, que culminó con la aprobación de la Constitución de 1988, los años siguientes fueron de “adaptación” al nuevo orden mundial. Este proceso de ajuste duró mucho tiempo, con un interregno durante los gobiernos dirigidos por el Partido de los Trabajadores (PT). Aun así, en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) y Dilma Rousseff (Dilma), no se anularon los procesos llevados a cabo en los gobiernos anteriores, aunque hay que reconocer que durante el primer gobierno de Dilma, el trípode macroeconómico formado por el tipo de cambio flotante, la meta de inflación y el superávit fiscal se debilitaron mucho. Además, el gobierno se enfrentó a los intereses del sector financiero, especialmente de los bancos, ofreciendo tasas de interés más bajas a través de la Caixa Econômica Federal y el Banco do Brasil, lo cual, por supuesto, fue fuertemente criticado y combatido por los banqueros y sus voceros.

Así, si volvemos la mirada a las continuidades que hay desde 1991 hasta hoy, vemos que el país, con altibajos, no abandonó la trayectoria de adaptarse a las nuevas reglas dictadas por la hegemonía financiera y el neoliberalismo. La desregulación de la esfera financiera y la adopción de tipos de cambio flexibles; la venta de activos públicos; la introducción en la esfera pública de los criterios de evaluación y eficiencia utilizados en las grandes empresas privadas; la primacía del pago de los intereses de la deuda en detrimento de la asignación presupuestaria de recursos para satisfacer las necesidades de la población; el abandono del papel del Estado como agente fundamental en el desarrollo de políticas estratégicas; la continua desindustrialización del país; la aprobación de la reforma laboral, creando las bases para la flexibilización de la parte del mercado de trabajo que se mantenía en la formalidad; la ausencia de políticas industriales; el avance de la destrucción de los biomas, especialmente de la Amazonía, la sabana y los humedales, son parte de los “cambios” que se han producido en los últimos treinta y un años.

En los últimos años de este período, particularmente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, esta trayectoria se aceleró y, en algunas áreas o aspectos, registró cambios cualitativos. Es el caso del desmantelamiento del Estado y el avance del agronegocio y las actividades mineras en tierras indígenas y en la Amazonía. En el caso del Estado, además de la drástica reducción de recursos que se promovió en algunas áreas, como la educación, la ciencia y la tecnología y en algunos programas relacionados con los derechos de las mujeres y/o vinculados al Sistema Único de Salud (SUS), hubo una reducción de la capacidad analítica y propositiva de su personal, a la que contribuyó, aunque no es la única causa, el apagón de datos derivado del retraso en la realización del Censo 2022, que estaba programado para salir en octubre y recién saldrá en diciembre. Hay que recordar que el Censo no se llevó a cabo porque no se asignaron recursos para su realización y no por la pandemia de COVID-19 que ya estaba en marcha. México, por ejemplo, realizó su censo, y de manera presencial, a pesar de la pandemia, tomando todas las precauciones de prevención sugeridas por las autoridades sanitarias.

Sin querer hacer hincapié en lo que todo el mundo sabe —o debería saber—, si no sabemos quiénes somos, es decir, cuántas personas somos, cuál es la composición demográfica de nuestra población, cuáles son sus ingresos, entre otros datos, no hay manera de hacer políticas públicas. El desprecio por la información representa la idea que ha tenido el gobierno de Bolsonaro sobre la relación entre Estado y sociedad. Si, por ejemplo, se defiende que la educación de la primera infancia es responsabilidad de la familia y es proporcionada por ella, no hay razón para saber cuál sería la necesidad de recursos públicos para este ámbito (VARGAS y MARQUES, 2022).

En cuanto al avance del agronegocio y la minería en el Bioma Amazónico, los datos son aterradores. El 11 de marzo de 2022, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) informó que hasta el 2020 ya habían sido deforestados 729.781,76 km.² en el Bioma Amazónico y 813.063,44 km.² en la Amazonía Legal. El 18 de noviembre de 2021, el INPE divulgó que entre el 1º de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, la tasa de deforestación en la Amazonía Legal brasileña tuvo un aumento del 21,97%, correspondiente a 13.235 km². El nivel de desprecio hacia el medio ambiente, especialmente hacia la preservación de la Amazonía, durante el gobierno de Bolsonaro fue tal que países como Noruega y Alemania, por ejemplo, suspendieron el envío de recursos al Fondo Amazónico.

La prioridad otorgada al agronegocio fue acompañada por una ausencia de políticas hacia la industria, por lo que el proceso de desindustrialización que ya estaba en marcha se profundizó y, de la industria que todavía queda, son pocos los que incorporan avances tecnológicos, ampliando la brecha con los nuevos estándares de producción mundial en términos de productividad y costos. Por no hablar de que no se ha avanzado en el sentido de armonizar las actividades con la recuperación y preservación del medio ambiente.

Desde el punto de vista social, el deterioro de las condiciones de vida y de empleo también registró cambios cualitativos. Brasil, que había salido del Mapa del Hambre y reducido la pobreza absoluta y la desigualdad de ingresos entre las y los ocupados mediante políticas de transferencia de ingresos (especialmente con el desarrollo del Programa Bolsa Família) y la política de revalorización del salario mínimo (74,33% de incremento real entre 2004 y 2016), había aumentado la participación del mercado laboral formal en el total de ocupados y registrado el menor nivel de desempleo, volvió a convivir con indicadores extremadamente preocupantes en este ámbito. Es sabido que 33 millones de brasileños y brasileñas pasan hambre y que 61,3 millones están en situación de inseguridad alimentaria. Las escenas de gente buscando comida en la basura, que dieron paso a colas para conseguir o comprar hueso, difícilmente serán olvidadas por quienes son sensibles a la situación de los más pobres.

Paralelamente, la tasa de desempleo sigue siendo alta (8,9% en el trimestre que terminó en agosto de 2022), alcanzando los 9,7 millones de personas, y no es mayor porque se produjo un aumento del empleo a través de la expansión del trabajo informal y precario. En Brasil, en los últimos años, estamos asistiendo a la creciente informalización y precarización del mercado laboral. En septiembre de 2022, el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) informó que los desocupados, los trabajadores desprotegidos, los desalentados, los subocupados u ocupados en empresas familiares, sumaban unos 60 millones de personas. El resultado de este proceso fue una reducción de los ingresos de los trabajadores. En 2021, el ingreso per cápita real de los hogares fue un 6,2% inferior al de 2020 (año en el que el Producto Interno Bruto cayó un 3,9%). Este ingreso fue el más bajo registrado en la serie que comenzó en 2012 (IBGE, 2022).

El retorno de la esperanza y la construcción del futuro

El 30 de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente de la República por tercera vez, algo sin precedentes en la historia de Brasil. La diferencia con su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro, fue de solo 2.139.645 votos, menor que la que se dio en la disputa entre Dilma Rousseff y Aécio Neves en 2014. También es la primera vez desde la redemocratización del país que un presidente no es reelegido. En relación con la primera vuelta, Bolsonaro aumentó los votos recibidos en más de 7 millones (7.134.009), mientras que Lula en 3.086.495. Al final, Lula obtuvo 60.345.999 votos y Bolsonaro 58.206.354 votos.

Lula ganó en 13 de los 26 estados, especialmente en la región nordeste del país, registrando una victoria en el Norte, otra en el Centro-Oeste y otra en el Sudeste. En comparación con el resultado de 2018, cuando Bolsonaro derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, Lula amplió su respaldo en los estados restantes. Así, el resultado favorable a Lula fue consecuencia tanto del apoyo abrumador de los votantes a su candidatura en el Nordeste como de esta expansión.

Lula recibió el 76,83% de los votos válidos en Piauí y el 72,11% en Bahía, ambos estados del Nordeste, y Bolsonaro recibió el 69,27% en Santa Catarina y el 62,40% en Paraná, estados del Sur. Las encuestas previas a las elecciones mostraban un predominio de la intención de voto por Lula entre los electores que ganan hasta dos salarios mínimos, entre los católicos, entre los electores con bajo nivel de escolaridad, entre los más jóvenes (de 16 a 24 años), en la franja de edad de 45 a 59 años y entre los mayores de 60 años. Cabe destacar que entre el segmento más afectado por el desempleo y la precariedad laboral, de entre 25 y 44 años, Bolsonaro recibió el mayor porcentaje de intención de voto.

La candidatura Lula-Alckmin, ganadora de las elecciones, constituye un amplio frente democrático que reunió a fuerzas políticas de los más variados matices, incluyendo a líderes políticos que hasta hace poco no se hablaban. No es, por tanto, una reproducción de la candidatura de Lula en 2002, cuando invitó a José Alencar, del entonces inexpresivo Partido Liberal, a ser su vicepresidente. Hasta hace poco, Alckmin estaba en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que siempre ha estado en la oposición al PT y participó en el proceso de impeachment de Dilma Rousseff. Hoy, Alckmin está en el Partido Socialista Brasileño (PSB). Pero, además de su vicepresidente, Lula obtuvo apoyos, sobre todo en la segunda vuelta, que iban desde la izquierda más radical hasta personalidades situadas en el ámbito del neoliberalismo, sin olvidar las innumerables manifestaciones realizadas por diferentes segmentos de la sociedad, entre los que destacan los obispos de la Iglesia católica.

La unión de orígenes y clases tan diferentes expresa el reconocimiento de que era absolutamente necesario impedir la continuidad de Bolsonaro en el gobierno. Se decía que era una lucha entre la civilización y la barbarie. Además del desmantelamiento del Estado y de una reducción antes impensable de los recursos destinados al área de la educación, la ciencia y la tecnología, a los programas dirigidos a las mujeres y a un enorme número de otros y otras, ha armado a la población, ha promovido la mayor deforestación de la región amazónica y ha inculcado el racismo, la intolerancia religiosa, los ataques a los indígenas y el odio hacia la población LGBTQIA+.

Frente a esto, la victoria de esta alianza implica el fin de la debacle y la vuelta de la esperanza.

Sin embargo, el nuevo gobierno no entrará en funciones hasta el 1º de enero de 2023. Hasta entonces, algunas banderas defendidas en la campaña necesitan ser viabilizadas en la definición del presupuesto a ser aprobado durante el mandato de Bolsonaro. Estas son: el aumento real del salario mínimo y el pago, en enero, del Auxilio para los más pobres. Sobre esto, en el primer día de trabajo del equipo Lula-Alckmin a cargo de la transición del gobierno, quedó claro que no se han previsto recursos para el pago del Auxilio, ni para el Programa de Alimentación Escolar, entre otros. Para hacer frente a estos gastos, el equipo tendrá que contar con el apoyo de la actual Cámara de Diputados y del Senado para aprobar una Enmienda Constitucional que permita, con carácter de urgencia, gastar más allá del techo fijado por el presupuesto federal.

Para ello será necesario definir prioridades a corto, medio y largo plazo en áreas como el medio ambiente, el desarrollo, la educación, la salud, la reindustrialización, los derechos de los pueblos indígenas y quilombolas, la soberanía nacional, la participación popular en las decisiones, la reducción de las desigualdades, la lucha contra el racismo y el feminicidio, la seguridad pública y un sinfín de áreas más.

Todo esto tendrá que hacerse teniendo en cuenta que, además de que el presupuesto sigue rigiéndose por el principio de congelamiento de recursos, el nuevo gobierno no tiene mayoría en Diputados ni en el Senado y que, en estas dos cámaras, fueron elegidos bolsonaristas radicales, tanto desde el punto de vista de la agenda aduanera como de la forma de concebir la relación entre la sociedad y el Estado. A esto se le suma el hecho, sin duda, de que prácticamente la mitad del país coincide con los valores defendidos por Bolsonaro y estará dispuesta, al parecer, a movilizarse, al menos en parte, contra el gobierno de Lula.

En cualquier caso, el discurso que Lula pronunció apenas ganó las elecciones indica las prioridades y objetivos que se perseguirán durante su tercer mandato. Empezando por la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que implica el retorno del Programa Bolsa Familia y la reanudación del proceso de valorización del salario mínimo (que afecta no solo a los trabajadores que lo perciben, sino también a los segmentos superiores y siguientes, así como a todos los que reciben la Prestación Económica Continua de la Asistencia Social y las prestaciones de la seguridad social, cuyo piso es igual al salario mínimo). Durante los gobiernos del PT, fue la política de aumento del valor del salario mínimo la que más contribuyó a reducir la desigualdad de ingresos entre los ocupados y las ocupadas. El Programa Bolsa Família, aunque también contribuyó a reducir la desigualdad de ingresos, tuvo su mayor impacto en la reducción de la pobreza absoluta y relativa en el país (MARQUES, 2013). También en términos de reducir desigualdades, el nuevo gobierno tiene la intención de eximir del impuesto a los ingresos a quienes cobren hasta R$ 5.000,00, corrigiendo la tabla que está congelada desde 2016. Pero la desigualdad no solo se mide por los ingresos; de ahí la preocupación por profundizar en la política de cuotas^[1] y garantizar que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por la misma función.

La reindustrialización del país, incorporando la tecnología más moderna y respetando el medio ambiente, aunque urgente, requerirá planificación y esfuerzo conjunto de las tres esferas de gobierno. De hecho, para lograr este objetivo, será necesario que la sociedad brasileña lo considere una tarea del Estado y no del gobierno.

En resumen, el nuevo gobierno de Lula no será el mismo que el de 2003. Por un lado, las necesidades se han acumulado como consecuencia del empobrecimiento de la mayoría de la población y de la reducción de los recursos destinados a áreas clave de la política social y de la construcción del futuro (como la educación y la ciencia y la tecnología). Por otro lado, se ha profundizado la desindustrialización, la degradación del medio ambiente y la destrucción del Estado y su retirada como agente impulsor del crecimiento económico y del desarrollo del país, por nombrar solo algunos de los retos en el ámbito económico. Y esto, aún a riesgo de ser repetitiva, teniendo como parámetro un régimen fiscal que prioriza el pago de los intereses de la deuda pública. De ahí la importancia de cambiar esta “regla” impositiva.

A pesar de la dimensión de los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno y de las dificultades que se presentarán en el ámbito político, derivadas de la nueva composición de la Cámara de Diputados y del Senado y de la oposición de las fuerzas bolsonaristas, como dice el subtítulo de esta parte, la esperanza debe prevalecer y ser la guía para superar estas limitaciones.

Es necesario, al mismo tiempo, reconstruir el pasado en sus aspectos fundamentales y dar amplios pasos hacia el futuro.

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por Tatiana Berringer

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Referencias

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.  Síntese Especial – Subsídios para debate. São Paulo, nº 10, 14/09/2022.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponible en https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012. Último acceso: 03/11/2022.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponible en http://www.inpe.br/faq/index.php?pai=6. Último acceso: 03/11/2022.

MARQUES, Rosa Maria. Políticas de transferência de renda no Brasil e na Argentina. São Paulo, Revista de Economia Política, vol. 33, nº 2 (131), páginas 298-314, abril-junho/2013

VARGAS, Neide César e MARQUES, Rosa Maria. Os think tanks liberais no Brasil e a educação. São Paulo, Pesquisa e Debate, nº 60, en prensa.

Notas

^[1] Política pública, transformada en ley en 2012, que establece reserva de vacantes, en universidades e institutos federales, para estudiantes de escuelas públicas, personas de baja renta, negros, indígenas y personas con discapacidad.

Brasil y América Latina en la escena política internacional

La política internacional contemporánea atraviesa un momento de gran transformación y fuertes tensiones entre los Estados. Desde el punto de vista de las relaciones de producción y el avance de la tecnología, hay una fuerte aceleración de lo que se llama convencionalmente Revolución 4.0, que incluye el proceso de robotización, el comercio electrónico y las formas de contratación laboral a través de plataformas como Uber. Este proceso conlleva cambios en la economía, en la política y en la ideología y se entrelaza con el modelo neoliberal. La crisis financiera de 2008 aceleró este proceso y la disputa política en torno a la tecnología y el control de las rutas comerciales, y los flujos de inversión y de capital. Esto está relacionado con el nuevo papel de China en la economía política internacional.  Estados Unidos y China también han agudizado los conflictos político militares.

La financiarización, entendida aquí como la hegemonía del capital rentista (fondos de pensiones, acciones, bonos del tesoro y compañías de seguros), más el avance de la privatización de los servicios públicos, y el debilitamiento del sindicalismo a través de los ataques a los derechos laborales, el derecho de huelga y la uberización, acabaron por cambiar la organización y la conciencia política e ideológica de los trabajadores. Esto ha intensificado la lógica del individualismo, el espíritu empresarial y la financiarización.

El matrimonio entre neoliberalismo, democracia y derechos humanos ha encontrado un punto de inflexión desde 2008. Hemos visto el fortalecimiento de los movimientos neofascistas y la elección de gobiernos de extrema derecha en muchos países, en particular en Hungría, Polonia, Ucrania, India, Estados Unidos y Brasil. Estos movimientos tienen como fuerza social, en general, a la clase media conservadora y elitista y a una parte de los trabajadores desilusionados por la falta de empleo y el empeoramiento de las condiciones de vida.

El nuevo nacionalismo de extrema derecha y/o neofascista se apoyó en la articulación transnacional y consiguió extenderse por todo el mundo. Con ello, la disputa entre los Estados imperialistas ha alcanzado otro nivel. En primer lugar, como consecuencia de la crisis y el conflicto entre Estados Unidos y China. Luego, con la reacción en Europa que llevó al Reino Unido a pedir a la Unión Europea su salida del bloque. Esto colocó a Alemania en una posición aún más especial dentro del bloque y en la región, buscando nuevos acuerdos económicos birregionales, por ejemplo. Los partidos de extrema derecha en Italia, en Francia y en la propia Alemania —en este caso, junto a los Verdes— se vieron reforzados.

La política de ampliación de la Unión Europea y de la OTAN y la guerra de Siria llevaron al Estado ruso a adoptar una política exterior más agresiva que culminó con la guerra contra Ucrania a principios de 2022. La guerra amenaza el suministro de alimentos y gas en Europa y ha colocado a China en una posición más activa en la escena política internacional.

América Latina, que había presentado una forma alternativa de enfrentar y reformar el neoliberalismo en la década de 2000, experimentó un giro con golpes y elecciones de gobiernos neoliberales y de extrema derecha o neofascistas entre 2012 y 2020 en Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. Cabe decir que el ciclo de la llamada Marea Rosa de los años 2000 encontró límites para superar el neoliberalismo y las contradicciones entre las políticas desarrollistas y la sostenibilidad y/o el respeto a los pueblos originarios. Pero además, y sobre todo, fue el objetivo de una ofensiva imperialista que articuló intereses y actores internos como la Operación Lava Jato en Brasil, que se extendió a Perú, por ejemplo, y los golpes de Estado en Paraguay y en Bolivia y la crisis política y ofensiva contra Venezuela.

El Estado brasileño, que había jugado un papel importante con el fortalecimiento del Mercosur y la creación de la Unasur y la CELAC, se convirtió entonces en el epicentro de la ofensiva imperialista. A nivel regional, el objetivo estratégico de EE. UU. era la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Para eso fueron creados el Grupo de Lima y PROSUR. El Mercosur, que había generado mecanismos de compromiso político y social como el Parlamento, el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y la Unidad de Participación Social, ha adoptado esquemas gerencialistas y un perfil estrictamente económico y abierto. Unasur fue desmantelada.

La región volvió entonces a una posición de subordinación pasiva al imperialismo. Implementación de un neoliberalismo 2.0 que, además de avanzar contra los sistemas de seguridad social y los derechos laborales, profundizó el carácter extractivista de las economías y la posibilidad de desnacionalización y pérdida de control de los recursos estratégicos, especialmente el petróleo en el caso de Brasil, y el agua y los minerales en otros países.

La política exterior del gobierno de Bolsonaro

Bajo el gobierno de Bolsonaro, la posición del Estado brasileño en la región ha avanzado hacia el debilitamiento de los procesos de integración regional de carácter más autonomista, como el Mercosur y la Unasur. Y a través de su alianza con la administración Trump, Brasil ha adoptado una política exterior neofascista de explícita subordinación pasiva al imperialismo. La agenda antiglobalista de ataque al multilateralismo, los derechos humanos y el medio ambiente se ha configurado como un punto de inflexión en la historia de la política exterior brasileña.

Cabe destacar el reconocimiento del gobierno golpista de Bolivia en 2020, el gesto de no saludar al presidente Alberto Fernandes al ser electo en 2019 y muchas otras acciones que distanciaron al Estado brasileño de sus vecinos y socios estratégicos. Optó por una alianza con gobiernos de extrema derecha y por agendas como el traslado de la embajada a Israel, entre otras. Además de una posición de distanciamiento (relativo) del Estado chino y una política negacionista en relación con la pandemia de Covid-19.

La política exterior fue guiada por la firma de acuerdos que lesionan la soberanía nacional y avanzan en la consolidación del neoliberalismo en el país. En particular, el programa de privatizaciones, el acuerdo de salvaguardias tecnológicas para la cesión de la base aeroespacial de Alcântara en Maranhão, la solicitud de adhesión a la OCDE, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la revisión del arancel externo común del Mercosur.

La ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea ha sido objeto de resistencia por parte de sectores sociales como sindicalistas, ecologistas y pequeños productores europeos que se oponen al modelo de agronegocio brasileño, basado en el uso de agrotóxicos y transgénicos, y, especialmente, cuestionan las políticas ambientales y de derechos humanos del gobierno de Bolsonaro. Además, en octubre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una Ley Antideforestación que regula la compra de productos procedentes de regiones que carecen de control y compromiso medioambiental, mientras avanza el Pacto Verde Europeo que profundiza en esta orientación.

Con la elección de Joe Biden en EE. UU. en 2020, las relaciones bilaterales también comenzaron a encontrar conflictos, especialmente en relación con la política medioambiental. Biden y el Partido Demócrata han actuado con firmeza al condenar la política de deforestación, proponiendo leyes que restringen la compra de productos brasileños procedentes de regiones incendiadas y donde se falta de respeto a los pueblos indígenas y quilombolas. Asimismo, a través de la articulación de un grupo de brasileños y brasileñas residentes en Estados Unidos, la institución independiente Washington Brazil Office logró presentar, a través del congresista Bernie Sanders, una resolución para el reconocimiento inmediato del resultado de las elecciones brasileñas, con el objetivo de contribuir a frenar las acciones golpistas de Bolsonaro inspiradas en Trump. Finalmente, el reconocimiento se hizo el mismo 30 de octubre, cuando se dio a conocer el resultado del Tribunal Superior Electoral.

También está pendiente la candidatura a la OCDE, el grupo que reúne a los Estados imperialistas. Necesita apoyo externo y avanzar en la aprobación de reformas administrativas y fiscales, así como más compromisos con el medio ambiente.

Llegamos así al final de un mandato con poco apoyo de los Estados imperialistas y con escasos resultados en cuanto a la estrategia de garantizar un entorno que atraiga al capital extranjero, excepto al capital financiarizado, orientado a las inversiones de cartera y de valores que se beneficiaron de la política de aumento de los tipos de interés, especialmente en 2022.

China fue la asociación que más controversias y zigzags encontró a lo largo de los cuatro años de gobierno de Bolsonaro. Se adoptó una política ofensiva, basada en la sinofobia del trumpismo, pero siguió buscando inversiones en sectores energéticos y estratégicos y también se mantuvo la exportación de materias primas. La participación del Estado brasileño en los BRICS se ha vuelto pragmática y el papel del grupo ha cambiado en el actual contexto internacional.

Las candidaturas de Lula y Bolsonaro presentaron propuestas muy diferentes de inserción económica internacional y de política exterior. Este tema estuvo muy presente en los debates electorales y en las fake news utilizadas por el candidato derechista. La base social del Bolsonarismo, especialmente la clase media alta, desde el impeachment se ha pronunciado contra la política exterior del PT, especialmente la relación con Venezuela y con Cuba, el papel del BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social], etcétera. En ocasiones, a Lula se le preguntó por el gobierno de Nicaragua y por el de otros estados. Es evidente que la ideología meritocrática que guía a este estrato social está umbilicalmente ligada a una posición de idolatría a EE. UU., tanto al ideal que predica el modo de vida —el llamado “American Way of Life“— como a la subordinación en política exterior.

El programa del gobierno del PT

El programa de gobierno del candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se basa en la comprensión de que la política exterior brasileña debe priorizar el multilateralismo y las relaciones Sur-Sur, con el fin de contribuir a la construcción de un nuevo orden internacional basado en la paz, la justicia, la igualdad entre las naciones y la sostenibilidad ambiental. La reanudación de una política exterior orgullosa y activa presupone el protagonismo, el respeto y el reconocimiento internacional y la defensa de la soberanía. Esto no solo está relacionado con la inversión en las fuerzas armadas, sino que también tiene en cuenta la idea de cooperación. Por ello, la política de defensa apunta a una estrategia disuasoria y, al mismo tiempo, afirma que las fuerzas armadas deben garantizar la soberanía territorial, aérea y marítima.

La prioridad otorgada a las relaciones con América Latina (a través del Mercosur, Unasur y la CELAC) apunta a la búsqueda del desarrollo integrado y de la complementariedad productiva entre los países de la región. Sostiene que las asociaciones internacionales deben basarse en la búsqueda de la autonomía nacional y regional y no en posiciones de sumisión al imperialismo. Además, el programa de desarrollo presupone la inversión pública en ciencia y tecnología, la búsqueda del fortalecimiento de la industria, un plan de nacionalización de sectores estratégicos, una política energética que genere fondos para la inversión en políticas públicas y la búsqueda de la soberanía alimentaria, asegurando que no haya hambre en un país como Brasil.

Las perspectivas del futuro gobierno

En los últimos dos años han surgido procesos de resistencia de las luchas en América Latina. México, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia eligieron presidentes que presentaron programas que combinan la lucha por los derechos sociales y colectivos con la lucha de las mujeres contra el aborto, la lucha de la comunidad LGBTQI+, y buscan de manera sutil no subordinarse a EE. UU. Por lo tanto, se espera que el nuevo gobierno de Lula en Brasil refuerce este nuevo ciclo político, que debería tratar de reposicionar a la región en la escena política internacional.

La tarea más inmediata es la reactivación de Unasur, buscando avanzar en proyectos de infraestructura, cooperación sanitaria y creación de cadenas de valor regionales. Es decir: buscar la integración productiva en la región. Además, es urgente dar un nuevo significado al Mercosur. Priorizar la construcción de consensos internos y revisar algunos de los acuerdos birregionales, como el Mercosur-Unión Europea.

También será fundamental reanudar la asociación con África. Reactivar las iniciativas de cooperación Sur-Sur y las coaliciones multilaterales.

Los puntos principales de la inserción internacional de Brasil serán la búsqueda de desarrollo, sostenibilidad y equilibrio en la relación entre Estados Unidos y China. Dado el conflicto entre los dos Estados, y sus intereses en la región, se puede reactivar la idea de una política de negociación o equidistancia pragmática. Partiendo del proyecto de desarrollo, buscando lograr un mayor margen de maniobra en el ámbito internacional y disminuir la dependencia económica y tecnológica, especialmente después de más tres décadas de neoliberalismo global. Ha llegado el momento de tener un proyecto estratégico y jugar en la escena internacional buscando alcanzar objetivos claros.

Un gran reto será la defensa del medio ambiente. Tanto en lo que se refiere a los proyectos en Sudamérica y el conflicto con los pueblos originarios, como a la política de control de la deforestación y a la presión y resistencia externa de los bolsonaristas armados en el Amazonas. Esta tríada (presión externa, control de la deforestación y bolsonarismo) choca con la complejidad de la defensa de la soberanía, el reconocimiento del desarrollo desigual y combinado a nivel internacional y la necesidad de una política de sostenibilidad. Es necesario alejarse de la ingenuidad y de la injerencia externa y tratar de construir una alianza nacional en torno a un proyecto de desarrollo soberano, democrático y sostenible, centrado en la lucha contra las desigualdades de clase, raza y género.

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por Ceres Hadich

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Para esta parte de Cuaderno, invitamos a Camila Rocha para una entrevista. Abordamos temas como el fenómeno de la extrema derecha a nivel global, las características y particularidades de este fenómeno (el bolsonarismo) en Brasil, el papel de las redes sociales en el crecimiento del bolsonarismo y los efectos a nivel nacional y en América Latina y el Caribe para la extrema derecha ante la victoria de Lula. Camila Rocha es doctora y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de São Paulo. Es autora de “Menos Marx Mais Mises: o liberalismo e a nova direita no Brasil“.

¿Cuáles son las raíces, a nivel mundial, del auge de la extrema derecha y de las tendencias neofascistas en la época contemporánea?

Bueno, creo que lo primero que podemos decir sobre el fenómeno del ascenso de la extrema derecha a nivel mundial es la cuestión de la reacción. En los últimos años, se ha producido un avance en las políticas relacionadas con el género y también un mayor debate relacionado con el mismo. Cuando hablo de género, también hablo de sexualidad, en realidad. La reacción está en relación con el avance de las políticas públicas y el debate público sobre el feminismo, sobre la agenda LGBT, la visibilidad de la agenda trans, etc. Todas estas luchas contra la opresión fueron objeto de esta reacción por parte de movimientos extremistas situados a la derecha dentro del espectro político.

El segundo elemento es la pérdida de legitimidad de los partidos de centro-izquierda, o socialdemócratas, que en las últimas décadas pretendían representar a los trabajadores y a las clases populares. Una parte importante de las clases populares empezó a no sentirse representada por estos partidos y sus dirigentes. Esta desconfianza puede explicarse por diferentes razones. En primer lugar, la reestructuración del mercado laboral y el avance del neoliberalismo fueron temas muy difíciles de tratar por los dirigentes de estos partidos. También podemos mencionar la divulgación masiva de noticias en las cuales los partidos de izquierda estaban involucrados en casos de corrupción. Esto ha contribuido a modificar la confianza. Hablando de Brasil, el sentimiento de mucha gente era que el PT había traicionado la confianza de los trabajadores y muchos de ellos optaron por una alternativa radicalizada de extrema derecha.

El tercer punto está relacionado con una cuestión de identidad, que se manifiesta en forma de rechazo a algunos grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa la cuestión de la inmigración es muy central. Y este rechazo parece tan ligado a una cuestión económica, “esta gente va a venir a robar los puestos de trabajo de aquí”, como a una cuestión de valores, porque los que vienen de fuera no comparten los mismos valores sociales que los nacidos en el país receptor. Esto provoca una serie de choques culturales, desconfianza, pánico y miedo. En el caso de la inmigración de personas de origen árabe, el choque cultural es muy visible en la cuestión religiosa. Las diferentes perspectivas del lugar de las mujeres chocan. Antes he comentado la reacción al feminismo, pero el extremismo de derechas también se arma de prejuicios contra la religión islámica, formando en la imaginación la idea de que los inmigrantes árabes son acosadores e irrespetuosos con las mujeres.

Finalmente, el último rasgo a destacar es la valorización de los elementos patrióticos. La tríada valorada por la extrema derecha, Dios, Patria y Familia, no se da sólo en Brasil. Es a través del patriotismo, por ejemplo, que el antiglobalismo se inserta como un elemento de este pensamiento de extrema derecha. El antiglobalismo lucha contra el multiculturalismo, contra los derechos humanos. El globalismo sería precisamente el responsable de la destrucción de la estructura social y cultural “original”. De ahí la necesidad de luchar contra los globalistas que estarían tratando de imponer nuevos valores y nuevas costumbres.

¿Podemos decir que el bolsonarismo es la expresión en Brasil de ese fenómeno global? ¿Cuáles son sus principales características y particularidades?

Sí, creo que podemos entender el bolsonarismo desde un punto de vista ideológico, como un libertarismo reaccionario. Esta idea de la libertad sin una libertad o una libertad sin límites, de poder hacer todo, decir todo, ahí es donde se combina con la ideología reaccionaria. Un ejemplo claro es ese libertarismo que se manifestó durante la pandemia, que, según esta ideología, la gente tenía que ser libre, no se le podía obligar a quedarse en casa o llevar una máscara. Estaban en contra de los pasaportes de vacunación para entrar en los lugares, entre otras cosas.

El libertarismo reaccionario que se observa en Brasil se manifiesta en la defensa de que los individuos puedan tener y portar armas. Es una libertad sin límites, incluso para hacer daño a los demás, sin ser castigados. Y que puedes tener la libertad de enseñar a tus hijos en casa, con una educación más orientada a la religión, por ejemplo.

La defensa de la escuela en el hogar está vinculada al elogio de la familia. Es la defensa de la familia y la devaluación de la sociedad. Porque en la sociedad hay personas que son diferentes, en la familia son iguales. No hay límite, creo, es una radicalización de la frase de Thatcher, “no hay sociedad, sólo hay individuos y sus familias”.

Otra particularidad del fenómeno brasilero, que no es la xenofobia ligada a la inmigración como en los EE.UU. y en Europa, sino que es un prejuicio regional interno de la gente que vive en el Sur y en el Sudeste contra la gente que vive en el Nordeste. Es en la región del Nordeste, a partir del 2006, donde los gobiernos petistas ganaron todas las elecciones.

En este caso, es una reacción específica en el ámbito nacional. ¿En qué medida esa reacción está relacionada a los 13 años de gobiernos del PT y las medidas que fueron llevadas en la práctica en ese periodo?

Durante los gobiernos del PT vimos avances en las agendas de costumbres e inclusión. El STF se ha mostrado a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, la posibilidad de interrumpir los embarazos en caso de acefalía, las cuotas en las universidades públicas. En 2011 se creó la Comisión Nacional de la Verdad para investigar los crímenes de la dictadura. En 2014 se promulgó la Ley de azotes – Lei da Palmada –, que prohíbe los castigos crueles (a niños y adolescentes), lo que ha afectado a la cuestión de la autoridad de la familia.

Cabe destacar que entre 2011 y 2012 se produjo en Brasil lo que se conoció como la marcha de las putas, que comenzaron a manifestarse en las calles con los pechos desnudos, con una serie de performances radicales realizadas en espacios públicos. Muchas fotos se viralizaron en ese período y luego esas mismas fotos se utilizaron para otros fines políticos. Y estas imágenes causaron una gran impresión en el electorado más conservador. Lo observo incluso hoy en día en mis investigaciones. La gente sigue hablando de esas imágenes.

Fue durante los años en que el PT estaba en el gobierno cuando Internet se popularizó en Brasil. Entonces, varias discusiones sobre el feminismo, sobre la transfobia y sobre la lgbtfobia comenzaron a popularizarse, fueron tematizadas en los medios tradicionales, por ejemplo, el programa Amor & Sexo, de Fernanda Lima en Globo TV, y fue precisamente en este período que Jair Bolsonaro comenzó a hablar cada vez más. Eso fue en 2011, cuando empezó a hablar en contra del kit anti homofobia, que había lanzado el gobierno federal, que se llamaba kit gay. En ese periodo, Bolsonaro,  tuvo entre ochenta y cien mil votos para diputado federal. En 2014 cuadriplicó sus votos. Obtiene medio millón de votos y es elegido el diputado federal más votado en Río de Janeiro y consigue elegir a Eduardo Bolsonaro en São Paulo.

Es entre 2011 y 2014 que Bolsonaro comienza a invertir mucho más en este tipo de discurso. Antes, incluso, de hablar con el PT, pasó por partidos que estaban en la coalición del gobierno federal. Dijo que votó por Lula, apoyó el nombramiento de Aldo Rebelo para el Ministerio de Defensa. Ahora, entre 2011 y 2014, comenzó a hablar mucho más de estos temas morales y se volvió mucho más anti-Petista, mucho más en comparación con su actuación anterior. La figura de Bolsonaro canalizó este periodo de reacción.

¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías para el crecimiento de la extrema derecha en Brasil?

El uso de las nuevas tecnologías y la difusión de información falsa, es una característica que está presente en todos los movimientos extremistas. En definitiva, no culpo a la tecnología, a internet, a las redes sociales del auge de la extrema derecha y de los fenómenos no deseados. La forma de comunicarnos ha tenido un cambio muy grande, ampliando enormemente las posibilidades de comunicación, ya que con pocos recursos es posible llegar a miles, a veces millones de personas, a través de internet. La cuestión de la difusión de desinformación, de los rumores, siempre ha existido. Pero ahora ha adquirido nuevos niveles. Cualquiera que esté fuera de los circuitos tradicionales de los medios de comunicación puede comunicarse muy fácilmente, difundir mensajes fácilmente a un gran número de personas.

Muchas plataformas ofrecen la posibilidad de hacerlo de forma secreta y anónima. Es un debate muy delicado. A veces la gente también tiene prisa y defiende: “acabemos con el secreto”. Pero no creo que deba ser así.  Incluso pensando en las acciones de los movimientos sociales, por ejemplo. El secreto es muy importante para el trabajo de varias personas que actúan en zonas de conflicto, donde hay violencia.

En resumen, la comunicación es mucho más rápida, mucho más amplia y, al mismo tiempo, se ha producido una democratización muy radical de la comunicación. Y esto, obviamente, también favorece a los grupos extremistas.

¿Qué significa para el bolsonarismo la victoria de Lula y la derrota de Bolsonaro en las urnas? ¿Qué está al alcance del gobierno de Lula para debilitar al Bolsonarismo?

El bolsonarismo tiene dos caras. Una, que podemos llamar de naturaleza social cultural, que es gente que ya existía, ya pensaba así y la única diferencia es que ahora empezamos a llamarlos bolsonaristas. Así que, en este sentido, este fenómeno seguirá existiendo de alguna forma. No sabemos si continuará con la misma fuerza o no, pero podemos decir que el fenómeno continuará allí, porque mucha gente seguirá defendiendo estas agendas y estas ideas.

Ahora, pensando en Bolsonaro en términos políticos electorales, es aquí donde se puede hacer más por parte de los dirigentes que asumirán el gobierno ahora. Porque se espera que Bolsonaro y varios liderazgos bolsonaristas sean castigados. El futuro del Bolsonarismo, en este campo, dependerá mucho de esto, de cómo se lleve a cabo este castigo. También está la cuestión de cómo le irá al propio partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL). ¿Cómo se posicionarán en los próximos años? ¿Aceptarán cargos en el gobierno, o se dividirá el partido? ¿Por un lado los radicales Bolsonaristas y por otro los centristas?

Incluso la forma en que se posicionen los gobernadores que apoyaron a Bolsonaro en estas elecciones será muy relevante, para entender el futuro del bolsonarismo en términos políticos electorales. Por ejemplo, Tarcisio, que asumió el cargo en São Paulo, ¿ofrecerá puestos a los bolsonaristas, especialmente a los radicalizados? Porque es mucho más fácil apoyar con cargos que sin cargos.

Un punto que creo que está al alcance del gobierno, hablando del electorado, es la implementación de políticas públicas dirigidas a los trabajadores informales, que son los autónomos o emprendedores populares. Un sector que ha sido históricamente ignorado por el Partido de los Trabajadores en Brasil, porque siempre se ha centrado en las personas con empleo formal, y siempre aumentando el número de trabajadores formales. El trabajo informal siempre se consideró un mal que había que combatir. Aunque sabemos que hay una serie de problemas relacionados con el trabajo informal, es importante reconocer su lado positivo, especialmente el vinculado a las tradiciones culturales y populares. Estas personas son autónomas y quieren tener el control de su propio tiempo, pero al mismo tiempo quieren tener protección social, garantías. Las políticas públicas dirigidas a la uberización del trabajo, regulando la relación que estas empresas tienen con sus empleados, es un camino importante a seguir.

Lo otro es la inversión en cultura, ocio y deportes, sobre todo en las periferias de los grandes centros urbanos. Y no sólo para los jóvenes, sino para todos. Hoy, en Brasil, cuando pensamos en el asociacionismo, la única forma de asociación es ir a la iglesia. Porque es en la iglesia donde la gente encuentra la cultura, el ocio, a veces el deporte, y es allí donde encuentra una red de protección social. Por lo tanto, tanto en el suministro de equipamientos como en la política, por ejemplo, los puntos de cultura, una política muy exitosa de los gobiernos del PT, que si se repite tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas.

¿Cree que la victoria de Lula puede tener algún tipo de efecto sobre el fenómeno de la extrema derecha, dentro de la región latinoamericana y caribeña?

Ciertamente. Brasil, con esta victoria, puede ser un ejemplo de lucha contra el extremismo, el radicalismo de derecha para el escenario regional en América Latina. Una particularidad muy positiva es que tenemos la figura de Lula, un liderazgo popular de masas con pocos paralelos en el mundo, que representa, ahora más que nunca, un contrapunto al extremismo de derecha en la región.

Una característica de los fenómenos de la derecha es precisamente la desconfianza en la tecnocracia, en los especialistas, frente a la confianza en la experiencia cotidiana, en el saber hacer. Y la imagen de Lula rompe un poco con esto. Lula no es una figura tecnocrática, es una figura que consigue conectar con la realidad del pueblo, que consigue conectar con las luchas del pueblo, con el sufrimiento del pueblo. Y junto con la importancia de Brasil para la región, que juega un papel de liderazgo, de tener la fuerza para avanzar en las políticas de integración, puede ayudar a debilitar las manifestaciones de la extrema derecha en América Latina y el Caribe. La derrota de Bolsonaro en Brasil es significativa, como derrota de la extrema derecha, no sólo para la región de América Latina y el Caribe, sino que a nivel global es muy relevante.

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por Kelli Mafort

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Contexto histórico

El Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – (MST) surge en el contexto de las luchas por la democracia, tras la dictadura militar de los años 80`. Guiado por tres objetivos centrales: la lucha por la tierra, por la reforma agraria y la transformación de la sociedad. Siembre buscando, que estos objetivos no sólo dialoguen entre sí, permitiendo que se tornen indisociables, en la complejidad de las luchas y en la efectividad de su existencia, para estar en permanente movimiento, con fuerza y sentido estratégico.

Los profundos cambios que se han producido en la dinámica de la agricultura fueron impulsados por el avance del neoliberalismo en Brasil en los años 90`. El desplazamiento del capital hacia el campo, y la consolidación del agronegocio como un modelo de desarrollo hegemónico para la agricultura, han hecho que la reforma agraria, en su contexto y concepción clásica, se agotase, tanto desde el punto de vista ideológico como de la necesidad material para el desarrollo de las fuerzas productivas.

Así, en un amplio y profundo proceso colectivo de estudio y análisis de la realidad, el MST, a partir del 2007, en el marco del V Congreso Nacional, comenzó a denominar a la Reforma Agraria Popular, como un instrumento para la acumulación de fuerzas en la lucha por la construcción de una sociedad más igualitaria.

Del mismo modo, si observamos la misión de la Reforma Agraria Popular, podemos reafirmar este mismo razonamiento. Está cada vez más claro que, toca a la Reforma Agraria Popular consolidarse como una referencia para la sociedad, como una fuerza organizativa que se propone producir alimentos saludables y promover la justicia social (para dentro y para fuera de los territorios reformados^[1]).

Por esto, más allá de que los últimos años hayan sido adversos a los intereses del pueblo brasilero y para nuestros derechos, ya sea en la ciudad o en el campo, lo que se ha observado es que la Reforma Agraria Popular se sigue presentando como la única salida a algunas contradicciones más dolorosas e incómodas de la realidad brasilera, que son el hambre y la injusticia social.

Así, en casi cuatro décadas de organización y expansión de la ocupación y democratización del acceso a la tierra, y , por medio de los avances en la producción, en el desarrollo de la agroecología, de la cooperación, en la lucha por educación para todos y todas, y en la construcción de relaciones sociales humanizadoras, el MST viene realizando un ejercicio permanente de empoderamiento de la clase trabajadora, como sujetos de su propia historia.

Periodo pos golpe y gobierno de Bolsonaro

El golpe contra la democracia, que destituyó a Dilma Rousseff del poder en 2016, y los meses que se sucedieron con el gobierno de Michel Temer marcaron los pasos importantes para el inicio y la profundización de una gran crisis agraria, en la cual estamos insertos. Las medidas inmediatas, como la extinción del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), el corte drástico del presupuesto para políticas públicas de seguridad alimentaria y social, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y la Medida Provisoria 759/2016 (actual ley 13.465/17), que revisó la política de regularización agraria y urbana, trajeron profundas consecuencias no solamente para el campo, sino también para la sociedad brasilera como un todo.

Hoy en día, en Brasil, más de 33 millones de personas están pasando hambre, y 125 millones de brasileros y brasileras están sometidos a algún riesgo de inseguridad alimentaria. Cuestión histórica, estructural, que se agravó en los últimos años con el alza en el costo de la vida, verificado en el aumento del precio de los alimentos, de los combustibles, del gas de cocina, la disminución de los puestos de trabajo y de los ingresos, reducción drástica del presupuesto de programas sociales y políticas públicas de seguridad social y del apoyo a la agricultura familiar.

Sin embargo, cabe destacar la gravedad de la pandemia que comenzó en Brasil en marzo de 2020 y tuvo su peor momento en el 2021, y que ha profundizado los problemas sociales en el país y en el mundo,es resultado de un sistema impulsado por los intereses del capital. La combinación de la pandemia del virus con la pandemia del hambre generó muchas muertes y enfermedades, causadas por el proyecto de muerte defendido e implementado por el actual gobierno.

Ante una situación de calamidad sanitaria, política y económica, correspondió a los movimientos populares desempeñar un papel fundamental en la conducción de la lucha para enfrentar las desigualdades, movilizando acciones y actividades para salvar vidas, fortaleciendo las relaciones orgánicas entre los pueblos del mundo.

El MST no esperó a que se dieran las condiciones ideales para enfrentarse a la pandemia. Desde el principio, adoptó una posición clara, poniendo en primer lugar la defensa de la vida, apoyando y llevando a cabo medidas de aislamiento social, fundamentales para el control de la pandemia. Con ello, el movimiento se sumó a las innumerables articulaciones que contribuyeron a las medidas de prevención del virus en el conjunto de la sociedad, así como a su base social. La consolidación del aislamiento activo y productivo ha permitido, incluso en condiciones adversas, mantener una presencia permanente en la sociedad.

Así, la reforma agraria se reposicionó en la agenda de la sociedad brasilera, como una realidad y una necesidad. Al profundizar en la comprensión de los aspectos estructurales y de emergencia de la situación, se tomaron medidas inmediatas para mitigar los impactos de la crisis sanitaria, económica y alimentaria, presentando acciones concretas, como el debate sobre la función social de la tierra, la producción de alimentos sanos, el cuidado de la vida y del medio ambiente y la búsqueda de una vida digna para todos y todas.

La solidaridad y el reparto de los frutos de la reforma agraria han surgido de los pequeños municipios brasileños, de las articulaciones con la clase en los grandes centros urbanos, y del papel fundamental desempeñado por las cooperativas de reforma agraria y las innumerables iniciativas de cooperación, comercialización y de organización popular.

Basándose en una práctica convincente de solidaridad y empatía, los asentamientos y campamentos – territorios de producción de alimentos y de relaciones sociales humanizadoras – han producido y distribuido en los dos últimos años más de 5 millones de kilos de alimentos, casi un millón y medio de almuerzos para llevar, formó a cientos de agentes de salud popular y brigadas de voluntariado para actuar en los más diversos frentes, especialmente en los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayor parte de la población y de los dilemas sociales. Esto permitió enfrentar el hambre y cumplir la misión histórica en este período tan difícil para Brasil y el pueblo brasilero.

Sin embargo, la coyuntura agraria sigue marcada por el proyecto de poder que profundiza la dependencia nacional, ataca la soberanía popular, intensifica el saqueo de los recursos naturales e incita a la violencia contra los pueblos tradicionales y sus territorios. Importantes agendas, como la agraria y la medioambiental, han sufrido numerosos cambios legislativos, reglamentarios y burocráticos en los últimos años.

Además, estamos viviendo una escalada de violencia, criminalización e intentos de cooptación, incitados y promovidos por el propio gobierno federal, que encuentra un terreno fértil en muchos lugares con un mayor acceso y uso de armas y municiones. Los indígenas, los pueblos ribereños, los habitantes de las zonas mineras, los pequeños agricultores, las comunidades quilombolas y las zonas de reforma agraria han sufrido ataques constantes y permanentes. La aprobación del PL 490 en la CCJ de la Cámara de Diputados (2021), que hace inviable la demarcación de tierras y la liberación de la minería en territorios indígenas, son claras señales del incremento de esta ofensiva antipopular.

Miles de familias siguen esperando la regularización de sus tierras y viviendas, por lo que permanecen marginadas de las políticas públicas y sociales que garantizarían la seguridad y la calidad de vida, desarrollándose principalmente en los pequeños y medianos municipios brasileros, donde se encuentra la mayoría de estas comunidades rurales. Si, por un lado, no hay señales de regularización, por otro, hay una tensión permanente por el desalojo y la expulsión de estas familias, en el campo y en la ciudad, con las constantes ofensivas de las instituciones federales y estatales, aliadas a prácticas cada vez más recurrentes de acción militarizada, alentadas por la política de armamento.

Después de la creación del Programa Titula Brasil, en diciembre de 2020, el gobierno federal y Jair Bolsonaro, personalmente, comenzaron a publicitar la entrega de títulos a los colonos. Claramente, Titula Brasil es un intento de atacar el concepto político de la reforma agraria, una ofensiva ideológica, que busca incentivar la privatización de los asentamientos, liberando tierras para el mercado, e instigando la ideología de la propiedad privada entre los asentados, provocando divisiones internas, buscando y desmoralizando la organización de las familias asentadas. Además de esto, es un intento de deshacerse de los colonos como sujetos de derechos, desde el punto de vista del acceso a las políticas públicas y a los programas de desarrollo rural.

Se trata de una estrategia para difundir mentiras, porque, en general, lo que el INCRA está emitiendo son, en realidad, los Contratos de Concesión de Uso (CCU), que es una obligación administrativa del organismo. Los títulos definitivos, previstos por la Constitución Federal brasileña en el formato de Título de Dominio (TD) y Contrato de Domínio Real de Uso (CDRU), han tenido de hecho muy pocas emisiones y entregas en los últimos años.

Nuestros desafíos para seguir acumulando fuerzas para el próximo periodo

Recién salido de las urnas, en la gran fiesta de la democracia, una vez más, a través del voto, se reafirmó la voluntad de la mayoría, para seguir construyendo un Brasil de esperanza para el pueblo brasilero. Fue una victoria histórica. No sólo fue derrotado el gobierno de Jair Bolsonaro, sino también las ideas neofascistas de la extrema derecha que en los últimos años han predicado el odio, la discriminación y todo tipo de mentiras. Aun así, debe quedar claro que estas ideas y un comportamiento antisistémico y golpista continúan en las calles, negando el resultado de las elecciones, difundiendo fake news y cuestionando las instituciones, en un claro intento de desestabilizar y fragmentar aún más el tejido social brasilero.

Para contrarrestar esta lógica, es urgente y necesario que las instituciones brasileñas se fortalezcan, y que haya un contrapunto y un reconocimiento nacional e internacional del resultado, y la defensa contundente del estado democrático de derecho. Para ello, también es necesario seguir organizando los comités populares, la lucha y las movilizaciones de masas, como forma de que el pueblo ejerza su fuerza democráticamente, y apoye la voluntad de la mayoría del pueblo brasilero, demostrada en las urnas.

Priorizar la campaña política y la producción de alimentos fueron dos tareas heroicas y urgentes para el MST en estos últimos cuatro meses. Estamos ante el inicio de una nueva etapa, también muy difícil. El nuevo gobierno tiene que organizar un PLAN DE EMERGENCIA para ayudar a luchar contra la pobreza, enfrentar el hambre, el paro, la falta de escuelas y de vivienda. Y también nos abre las puertas para debatir un nuevo proyecto de país, con autonomía y soberanía popular.

Para ello, las tareas de las familias organizadas en los territorios de la Reforma Agraria Popular son, en primer lugar, seguir produciendo alimentos y promoviendo acciones solidarias, politizando e involucrando a nuestra base social, motivando el trabajo voluntario y las acciones solidarias, transformando estas acciones en una cultura política permanente. Y en segundo lugar, vincular la lucha por la alimentación, la reforma agraria, la vivienda, el trabajo y los ingresos con una perspectiva de clase.

Por lo tanto, es fundamental construir un consenso dentro de la sociedad, para que el pueblo brasilero pueda entenderlo y defenderlo. La lucha del MST es justa, constitucional y cumple una función social fundamental, que es enfrentar las desigualdades sociales y el hambre, y actuar solidariamente.

Nuestra lucha sólo tiene sentido si contamos con la comprensión y el apoyo de la sociedad para defendernos, para masificar y transformar todas nuestras acciones en cultura política. Es la acumulación de casi 40 años de conquistas la que estamos devolviendo y compartiendo con el pueblo brasileño. El MST ha venido trabajando bien, en su totalidad, y la Reforma Agraria Popular que estamos anunciando y construyendo es una prueba de ello. Por ello, tenemos que seguir siendo conocidos y reconocidos por nuestra capacidad de:

• Organizar y formar conciencia: para avanzar en nuestros procesos organizativos y de formación política de la clase trabajadora… es lo que nos permite caminar y forjarnos como sujetos colectivos, por lo que está en constante construcción y perfeccionamiento, de acuerdo a la historia, realidad y condiciones de cada lugar;
• Acumular fuerzas y hacer luchas nacionales e internacionales, tomar banderas conjuntas con organizaciones y movimientos populares de Brasil, América Latina y el mundo; internacionalizar las luchas, y la esperanza..
• Producir alimentos verdaderos, con abundancia y para satisfacer el hambre del pueblo brasilero. En armonía con la naturaleza, respetando y respondiendo a las necesidades de la sociedad brasilera. Practicar la solidaridad, fortalecer las políticas públicas que fomentan la agricultura familiar, la agroecología y la cooperación, mecanismos fundamentales para construir nuestra seguridad y soberanía alimentaria.
• Cambiar la vida de las personas y la realidad de los lugares, la reforma agraria debe aportar dignidad y calidad de vida a las familias asentadas, y desarrollo a los territorios donde viven. Comunidades estructuradas, con escuelas, centros comunitarios, cooperativas, agroindustrias, servicios y comercio.
• Esperanza, la mística de que las cosas siempre pueden ser mejores. Tenemos un Brasil que reconstruir, un pueblo que volver a levantar la cabeza y una nación, aunque muy joven, que debe fortalecerse en su democracia y autodeterminación.

Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, y como nos dice la canción: “Venga, vamos, que esperar no es saber, los que saben hacen la hora, no esperan a que pase…” ¡Adelante!

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Entrevista a Camila Rocha

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Notas

^[1] Territorios que pasaron por reforma agraria.

Desde la década de 1970, estamos viviendo una profunda crisis del sistema capitalista, como resultado de una combinación de factores dentro de los que predomina la financiarización para la acumulación capitalista, en detrimento de las formas anteriores más adecuadas al capital, una de sus principales causas (Mészáros, 2010). El cambio en la forma de acumulación capitalista desde entonces ha acelerado las contradicciones antagónicas entre el capital y el trabajo, añadiendo a esto el elemento fundamental de la crisis medioambiental que apunta a graves riesgos para la vida humana en la Tierra, afectando principalmente a los más empobrecidos.

El cambio climático con el aumento de la temperatura global y las escasas posibilidades reales de disminución de los riesgos previstos para el final del siglo, indican factores de riesgo. En Brasil, es probable que la región nordeste se enfrente a una sequía ecológica, y varias regiones de la región semiárida sufrirán una desertificación, lo que provocará muchas migraciones climáticas. A esto se suman otros factores como la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies, la degradación de los suelos, la quema y deforestación para avanzar en la expansión agrícola y minera, la interferencia en los flujos bioquímicos de los suelos, las aguas superficiales, las aguas profundas y los océanos, la escasez de agua dulce utilizada principalmente por la agricultura convencional, la acidificación de los océanos, la contaminación atmosférica y la incorporación de organismos extraños en la naturaleza, como materiales radiactivos, microplásticos, etc.

La combinación de todos estos problemas ha provocado migraciones de refugiados por el clima, el aumento de la pobreza, las enfermedades y el hambre, especialmente en el sur del mundo. Esta nueva ronda de despojo de los países del sur global se está produciendo bajo una fuerte violencia e intentos de cooptación de los pueblos indígenas, campesinos, quilombolas y comunidades tradicionales, que implican el cerco militar de los bosques, la destrucción de las formas de vida, el envenenamiento químico, la persecución, e incluso los asesinatos y las masacres.

Desde un punto de vista histórico, el neoliberalismo, surgido hace más de 50 años, es la expresión de esta profunda crisis del sistema capitalista, y su modelo privatizador, entreguista y devastador de derechos, y se ha generalizado en el mundo imponiendo nuevos desafíos a la clase trabajadora.

Los cambios que se han producido en estos más de 50 años tienen al Estado como principal garante de que las riquezas producidas por los trabajadores se transfieran a quienes menos las necesitan: los más ricos. Cada vez vemos más cómo el Estado expande su carácter corporativo y represivo, movilizando sus fuerzas armadas y militarizadas contra su propio pueblo, violentando y autorizando la violencia que afecta principalmente a los negros, los jóvenes, las mujeres y los sujetos de la diversidad sexual.

Pero una crisis estructural en el sistema de capital nunca será una crisis terminal por sí misma. Si las fuerzas vivas de la sociedad que sufren los impactos de este modelo desastroso no se mueven, la transformación no se producirá. Tenemos que tener el valor y la audacia de organizarnos y ponernos en el movimiento real de la historia. Tenemos que reinventarnos para organizar la masa excedente generada por un sistema en crisis, que precariza el trabajo en todos los ámbitos y hace que una parte de nosotros deje de existir.

Así, la construcción del poder popular se hace urgente y necesaria, como condición para la supervivencia humana, frente al impulso destructivo del capital, que en la crisis, tiende a liberar fuerzas destructivas. Los retos son muchos, es cierto, y pasan no sólo por elementos estratégicos, sino también por la materialidad concreta de la clase obrera actual.

Sin embargo, no cabe duda de que la única fuerza capaz de enfrentarse y derrotar a este modelo de capital es la fuerza del trabajo, que a su vez tiende a ser una fuerza dispersa, y sólo será una fuerza antagónica que se presente como clase si cuenta con el poder de las masas, es decir, el poder popular.

A continuación señalaremos algunos retos y potencialidades para avanzar en esta construcción,desde los movimientos populares y las organizaciones con fuerza política.

Dar un sentido de clase a las fuerzas del trabajo dispersas mediante la cooperación popular

Las formas organizativas clásicas, incluidos los principales movimientos populares, no son capaces de actuar sobre las necesidades de la clase trabajadora actual, y han construído una identidad diferente a la que predominó en otros momentos históricos. Necesitamos una nueva estrategia política que actúe sobre la actual contradicción de la relación capital-trabajo, organizando múltiples frentes de acción, más allá de las clásicas ubicadas en el contexto de una fábrica.

La nueva forma de ser del trabajo, marcada por la generalización de la precariedad, no se da de la misma manera en todos los países (Druck, 2013). En el caso de Brasil, nos hemos insertado de manera subordinada en la era de la industria 4.0, cumpliendo una tarea meramente funcional en el consumo de equipos obsoletos de los países desarrollados, en un contexto de desindustrialización, baja inversión en tecnología y máxima prioridad a la producción primaria, con bajo valor agregado y con énfasis en la exportación de commodities agrícolas y minerales.

Para organizar las fuerzas de la clase obrera en el contexto actual, se debe renovar la importancia del trabajo de base como herramienta de organización, sumado a los elementos de las luchas territoriales, ya sea por espacios de residencia y como de trabajo. La cooperación y las formas de cooperación entre los que producen alimentos y los que necesitan comprarlos, los que tienen diferentes habilidades y los que necesitan servicios y otros, pueden generar una acumulación organizativa para fortalecer una economía popular.

En este sentido, las políticas públicas del nuevo gobierno de Lula, que acaba de ser elegido, deben tener como elemento fundamental la participación popular, como condición para sostener el gobierno, pero también como elemento de formación de la conciencia de clase.

Luchar por la vida y crear conciencia entre la masa excedente

La confrontación que se establece hoy se da entre las necesidades humanas por un lado, y los intereses privados del capital, por otro. Se trata de una actualización de la histórica lucha de clases entre las fuerzas antagónicas del capital y el trabajo, convertida en un enfrentamiento entre la vida y la muerte. Por eso, organizar y poner en movimiento a los que quieren vivir es la tarea prioritaria de los movimientos populares y de las organizaciones de izquierda.

La clase obrera tiende hoy a una mayor reducción del proletariado industrial y de los empleos formales, consecuencia directa de la flexibilización del trabajo, y al mismo tiempo a una mayor precarización entre el proletariado industrial existente, principalmente a través de la externalización generalizada a gran escala, pero también a través de la subcontratación o los contratos precarios a los que son sometidos los trabajadores. El uso de la tecnología, lo digital y la información, especialmente las plataformas, ha actuado como mecanismo para aumentar las horas trabajadas y la intensidad del proceso laboral.

Para el capital, los seres humanos son a la vez necesarios y superfluos —necesarios para la extracción de más valor y como consumidores, pero superfluos como desempleados, presionando a los trabajadores asalariados—, lo que resulta en una mayor subordinación a los dictámenes del capital, en la reducción de los salarios y, por tanto, de las condiciones de vida.

Los retos que se plantean hoy en día van más allá de la idea del ejército industrial de reserva del siglo XIX, porque la puerta de salida de esa condición está cada vez más cerrada. En ese entonces, era el desarrollo del capital, ahora es la crisis y la decadencia del capital.  Y la imposibilidad de realizar la venta de fuerza de trabajo genera en la subjetividad del trabajador una enorme frustración, por lo que la narrativa de la meritocracia es fácilmente asimilable.

En la tradición de la organización de la clase obrera, lo que ha predominado es la organización en categorías corporativas de empleados, vaciando el sentido de clase obrera de los desempleados. Para la construcción del poder popular es urgente incorporar a la masa sobrante de la crisis del capital, como parte integrante de la clase obrera.

Los males que implican la falta de tierra, vivienda y trabajo nos sitúan en una realidad desesperante. Es muy difícil vivir, y además de la hambruna, tuvimos que enfrentarnos a una enfermedad masiva como el COVID-19, que trajo consigo una explosión de casos de depresión, ansiedad y el profundo dolor del suicidio, que afecta principalmente a los jóvenes.

La pandemia nos trajo tristeza por la pérdida de miles de personas, la mayoría de las cuales podrían haber estado entre nosotros. No tenían vacuna, ni oxígeno, ni cama, o sucumbieron a las promesas falaces y negacionistas de un tratamiento temprano. Pero la pandemia también obligó a los movimientos populares a reinventarse en el trabajo popular, y muchos se lanzaron a las acciones de solidaridad como elemento del trabajo organizativo, y en ello pudieron enfrentar una afección colectiva de la subjetividad, que en general termina siendo suplida por la acogida de las religiones en las periferias más empobrecidas.

Para la construcción del poder popular, es fundamental tener en cuenta los aspectos objetivos, pero también esa subjetividad de la clase trabajadora que está en constante disputa, que pasa por la cultura y los afectos. Por ello, crear redes de protección y cuidado de las personas, valorando la dimensión humanizadora de hacer política, es fundamental.

Enfrentarse al fundamentalismo

En la crisis resurgen formas políticas más recrudecidas, y la derecha, la extrema derecha o el populismo de derechas, movilizan una agenda igualmente ultraliberal y fundamentalista. Algunos descuidan el fundamentalismo como una fuerza real del proyecto que amenaza nuestras frágiles democracias en el sur global, y al hacerlo, nos dejan sin herramientas para entender el carácter de la disputa a la que nos exponemos.

En Brasil nos hemos enfrentado durante cuatro años al gobierno ultraliberal y fundamentalista de Jair Bolsonaro, que afortunadamente está llegando a su fin, tras la victoria de Lula que toma posesión y asume la presidencia a partir del 1 de enero de 2023. Esta victoria no es sólo del campo de la izquierda, sino de un amplio frente progresista y democrático que se movilizó ante los riesgos eminentes de un segundo mandato de un gobierno de extrema derecha.

Podemos afirmar que el fundamentalismo como base filosófica no es nuevo, pero su resurgimiento en el mundo se encuentra con un emergente extremismo de derecha, que moviliza los valores morales para justificar la desigualdad y la jerarquización de las personas en cuanto a su identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, espiritualidad y clase social. Esto produce racismo, misoginia, LGBTfobia, xenofobia e intolerancia.

La crisis del capital crea muchas contradicciones, por lo que es sumamente necesario contar con un tejido moral conservador en la sociedad que justifique estas contradicciones. Es en esta perspectiva que el fundamentalismo gana espacio y comienza a actuar como contención a la lucha política y social.

Al ver el avance del fundamentalismo en el sur global, debemos encender una alerta estratégica, porque el fundamentalismo, a la manera de la clase dominante, es una respuesta a la crisis del capital, proponiendo algo en su lugar. En este caso, fortaleciendo una perspectiva conservadora y excluyente, pero presentándose como una fuerza antisistémica. La alerta estratégica para nosotros debe orientar nuestra capacidad de construir otra perspectiva mundial frente a la crisis del capital, con un potencial emancipador y antisistémico.

El cambio siempre es posible. Más que eso, las crisis son portadoras de ventanas históricas que deben ser abiertas por la gente, para que podamos construir la sociedad que queremos ahora. La organización y la lucha popular son condiciones para un reposicionamiento estratégico, que debe tener como campo de batalla las disputas electorales, una táctica fundamental, pero sin perder de vista que las transformaciones profundas requieren la participación consciente de las multitudes.

La centralidad de la lucha por una alimentación sana: una estrategia para combinar los derechos sociales con los derechos de existencia en un planeta biodiverso

En busca de reponer las pérdidas impuestas por la caída tendencial de la tasa de ganancia resultante de la crisis del capital, los capitalistas siguen un impulso de valorización y mercantilización, movidos por una incontrolabilidad apropiadora y destructiva. Al hacerlo, están destruyendo las condiciones metabólicas de la vida humana en la Tierra.

Por mucho que lo intentemos, no podremos destruir el planeta, pero sin duda estamos dando grandes y acelerados pasos hacia la destrucción de las condiciones que permiten la existencia de la vida humana en la Tierra, especialmente de la más pobre.

El colapso ambiental no es algo lejano para las “generaciones futuras”, al contrario, ya está presente en las temperaturas extremas, las inundaciones constantes, el avance de la aridez, las nubes de polvo tóxicas y la aparición de muchas enfermedades infecciosas de efecto pandémico de la contaminación.

La crisis es global, pero ciertamente no estamos todos en el mismo barco. Las consecuencias de esta crisis afectan de lleno a la vida de los pueblos del sur global, utilizando economías dependientes y serviles a los intereses imperialistas, como ha sido en el caso de Brasil.

A pesar de estos datos alarmantes, tenemos muchas dificultades para movilizarnos como trabajadores ante la crisis medioambiental, pero ante la necesidad de afrontar este gran reto, debemos priorizar una estrategia movilizadora y profundamente ligada a las necesidades inmediatas, y esta estrategia pasa por el derecho a comer y a estar sano.

La lucha por una alimentación real y sana tiene un enorme potencial de cambio estructural porque cuestiona el sistema que produce la desigualdad, el hambre, el envenenamiento de las personas y del planeta, el monopolio de las semillas, la estandarización de los alimentos a través de la imposición de los ultraprocesados, la concentración y centralización de la industria alimentaria y de insumos y la especulación, que genera una alta inflación en los alimentos, etc.

El poder de las personas como estrategia

En las últimas dos décadas en América Latina hemos tenido importantes triunfos que han acumulado fuerza para la construcción del poder popular como estrategia. Esto fue posible gracias a la combinación de la lucha popular y las victorias institucionales de los gobiernos de izquierda y progresistas. A ello se suma la histórica resistencia de Cuba contra el bloqueo imperialista y la Revolución Bolivariana en Venezuela.

En el caso de Brasil, este proceso permitió la victoria de gobiernos de izquierda, de carácter desarrollista, y con una amplia alianza con sectores de centro y guiños al capital, permitiendo avances en la agenda social y económica, pero con numerosas contradicciones desde el punto de vista estructural. Frente a estos avances, aunque limitados, y sumados a un contexto de crisis del capital, el imperialismo se ha rearticulado, y ha impuesto una nueva fase de subordinación, a partir de la lawfare producida vía la Operación Lava Jato, el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, la imposición de un gobierno de transición, la detención de Lula y el desastre total del gobierno de Bolsonaro.

Pero todo en la vida está impregnado de contradicciones, y en Brasil, la contradicción central producida por el golpe fue el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, con un empobrecimiento brutal y un aumento de la violencia. En este sentido, la reanudación de los derechos políticos de Lula abrió la posibilidad de un nuevo momento de resistencia y lucha popular, y con ello crecieron las jornadas de Fora Bolsonaro, que si bien no resultaron en el impeachment del entonces presidente, fueron fundamentales para que la izquierda se re posicionara definitivamente en el escenario político.

Estamos viviendo un período de transición estratégica, no sólo en Brasil o en América Latina, sino como clase trabajadora a nivel global. Los instrumentos organizativos que la clase ha construido son en su mayoría de carácter (y naturaleza) defensivo y actúan de forma reactiva a las contradicciones del capital, lo que nos impone innumerables límites para la necesaria reanudación de la ofensiva socialista, frente a la crisis estructural.

Además, la formulación de una teoría de la ruptura está en gran medida desvinculada de la lucha política y social e incluso el pensamiento crítico, del que podrían surgir formulaciones pertinentes, está intoxicado por la impresionante penetración de las teorías posmodernas o el eclecticismo teórico.

En un proceso de transición estratégica, la fragmentación de la izquierda y la disputa por la hegemonía se amplifican, principalmente a través de disputas tácticas alejadas de un debate de Proyecto Popular que se acumula para la Revolución Brasileña. Pero en periodos de transición estratégica, las posiciones políticas de las organizaciones que tienen alguna referencia con la clase ganan fuerza, aunque no sean partidos o instrumentos políticos propiamente dichos (también son importantes las posiciones políticas de personalidades, intelectuales, etc.).

La formulación de una nueva estrategia, por muy necesaria que sea, no depende de la voluntad de las personas u organizaciones. Depende dialécticamente de la combinación de algunos elementos: luchas de masas que articulen las necesidades inmediatas con las luchas de carácter político; resignificación de las organizaciones existentes y construcción de nuevos instrumentos políticos, con mando compartido; formación política de las masas combinada con la política permanente de formación de cuadros y teoría social revolucionaria; y un proyecto popular para Brasil, que enfrente los antagonismos de clase entre el capital y el trabajo.

Para nosotros en Brasil, deseo que tengamos la audacia necesaria para avanzar en la construcción del Poder Popular en nuestro país, pero contribuyendo de forma internacionalista con otros pueblos del mundo. Que tengamos la sabiduría necesaria para aprovechar el período del gobierno de Lula para garantizar conquistas, acumular fuerzas y crecer en formación política, conciencia de clase y organización para crear poder popular.

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por OBSAL

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Referencias bibliográficas

DRUCK, Graça. La precarización social del trabajo en Brasil. En: ANTUNES, Ricardo (Org.) Rique e miséria do trabalho no Brasil II. – São Paulo: Boitempo, 2013.

MÉSZÁROS, István. Actualidad histórica de la ofensiva socialista: una alternativa radical al sistema parlamentario. São Paulo: Boitempo, 2010.