Alrededor del mundo, han asumido el poder gobiernos progresistas que, sin embargo, no cuentan con una estrategia clara para reconstruir sus sociedades a partir de los desechos del neoliberalismo. Estos gobiernos, en países como Honduras, Senegal y Sri Lanka, articulan críticas claras al régimen de deuda-austeridad del Fondo Monetario Internacional, pero suelen carecer de un programa político concreto capaz de superarlo con decisión. Muchos de estos gobiernos progresistas, al ser incapaces de desarrollar una política que rompa plenamente con el neoliberalismo, vuelven a caer en la inmovilidad neoliberal.

Instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tampoco han sido capaces de trazar un marco alternativo. Un intento notable se remonta al año 2000, cuando la ONU inauguró un proceso para destacar objetivos de desarrollo basados en resultados mediante la definición de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) centrados en aspectos como la pobreza y la educación (OMS, 2018). Los ODM fueron sucedidos por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, que se supone deben cumplirse para 2030. Sin embargo, al igual que los ODM, los ODS se limitan a esbozar un amplio conjunto de objetivos inoperantes e ineficaces, carentes de una teoría o programa subyacente.

No resulta sorprendente que muchos de los ODS estén “entre moderada y gravemente desviados”, como señaló un informe de la ONU de 2023, un fracaso que atribuye a acontecimientos como la Tercera Gran Depresión (2007-2008), la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y el genocidio contra el pueblo palestino. Concretamente, sólo el 12% de las 140 metas van por buen camino; el 50% están moderada o gravemente desviadas y el 30% está estancado o ha retrocedido (Secretario General de la ONU, 2023: 1-2).

Quienes defienden la metodología de los ODS argumentan que la solución para mejorar su éxito es aumentar la asignación de fondos para el desarrollo. Sin embargo, este enfoque ignora la realidad de que el financiamiento del sistema financiero dominado por Occidente simplemente no está disponible. En la actualidad, existe un déficit de 4 billones de dólares anuales en los fondos necesarios para alcanzar las metas de los ODS en 2030 (ONU-DAES, 2024a). El compromiso adquirido en 1970 por los países del Norte Global de destinar el 0,7% de su Ingreso Nacional Bruto (INB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (es decir, a la ayuda exterior) y, por tanto, al programa de los ODS, no se ha cumplido. En 2023, Estados Unidos destinó tan solo el 0,24% de su INB al desarrollo, Francia gastó el 0,5% y el Reino Unido el 0,58% (esto contrasta con la promesa de 2014 de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de aumentar su gasto en ayuda a la guerra hasta el 2% del Producto Interno Bruto o PIB) (OCDE, 2024; CEPE, 2023; Allik, 2024).¹

Asimismo, los países del Sur Global que alinean sus planes de desarrollo con los ODS tienen más probabilidades de captar ayuda internacional, préstamos e inversión extranjera directa vinculada a proyectos de desarrollo, incluidas las iniciativas de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, estos préstamos están condicionados a que los países adopten “reformas de libre mercado” (incluidas políticas de austeridad, desregulación y reducción de la administración pública). Así pues, se “incentiva” (es decir, se coacciona) a las naciones más pobres para que asuman más deuda o abran sus economías a los capitalistas occidentales con el fin de cumplir las metas de los ODS y atraer inversiones para el desarrollo. Y dado que no existe una teoría subyacente a los ODS y que la única forma de financiar su progreso es endeudándose, en la práctica los ODS se utilizan más como garrote que como zanahoria. Esta realidad va en contra del ODS 17.4, que consiste en “Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda” (UNCTAD, 2016). En otras palabras, el marco de los ODS no se ve limitado simplemente por la falta de financiamiento, como argumentan sus defensores, sino por un orden mundial y un programa de desarrollo que pretenden mantener al Sur subdesarrollado y por la falta de una teoría y un programa de desarrollo alternativos para el Sur Global que sean capaces de superar esta realidad.

En 2018, tres años después que los ODS fueran definidos y adoptados por todos los miembros de las Naciones Unidas, el Subdirector Gerente del FMI, Tao Zhang, señaló que el 40% de los países de bajos ingresos se encontraban en alto riesgo de sobreendeudamiento, frente al 26% en 2015 cuando se adoptaron los ODS, y por lo tanto no podían pagar su deuda (Zhang, 2018; FMI, 2015). Además, el Informe de la ONU Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2024 mostró que la carga promedio del servicio de la deuda para los países en desarrollo más pobres aumentó al 12% en 2023, “el nivel más alto desde el año 2000” (ONU-DAES, 2024b).

Existe una imperiosa necesidad de crear una nueva teoría del desarrollo para el Sur Global, que trascienda los objetivos desmesurados de iniciativas como los ODS o el enfoque fallido del FMI y su régimen de deuda y austeridad. Sin una teoría científica del desarrollo, no puede haber un programa de desarrollo.² Este dossier, fruto de la colaboración entre el Instituto Tricontinental de Investigación Social y Perspectivas del Sur Global, expone el debate sobre las fracasadas teorías del desarrollo del neoliberalismo y la necesidad de una nueva teoría del desarrollo para el Sur Global, ofreciendo un marco inicial para esta última. En el transcurso de los próximos años elaboraremos más textos sobre una nueva teoría del desarrollo de esta naturaleza, analizando países y regiones concretos y estudiando después las posibilidades globales.

Teorías del subdesarrollo

Antes de elaborar algunos de los elementos clave de una nueva teoría del desarrollo, es importante repasar otros enfoques del desarrollo, como la teoría de la modernización (ejemplificada por la obra de Walt W. Rostow), el Consenso de Washington y líneas más radicales como la teoría de la dependencia y los debates que ha suscitado en la izquierda.

Teoría de la modernización

En 1960, el economista estadounidense Walt W. Rostow, asesor de los presidentes Lyndon Johnson y John F. Kennedy en sus campañas contra el socialismo y la liberación nacional, publicó Las etapas del crecimiento económico: Un manifiesto no comunista. El título anuncia sus intenciones. Rostow, un anticomunista ideológicamente comprometido y combatiente de la Guerra Fría, teorizó un camino universal y lineal de desarrollo desde la llamada “sociedad tradicional” a las “condiciones previas para el despegue”, el “despegue”, el “impulso hacia la madurez” y, por último, la “era del consumo de masas” (1960). Sostenía que la educación laica contribuiría a dar lugar a una clase empresarial que antepondría los incentivos económicos “racionales” a las tradiciones “irracionales”. Esto, según él, conduciría a una alta tasa de inversión y diversificación económica, culminando finalmente en una sociedad de consumo similar a la que supuestamente ya se había logrado en el Norte Global.

La teoría de Rostow era una caricatura de las teorías de la modernización posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo a figuras como el economista de Santa Lucía, W. Arthur Lewis, argumentaban que el crecimiento económico se produciría cuando el excedente de mano de obra se reasignara de una economía tradicional principalmente rural y agraria a una economía capitalista principalmente urbana e industrial (1955: xiv). Rostow y otros teóricos de la modernización veían el desarrollo en términos de transición hacia el capitalismo. Su error fatal fue un enfoque ahistórico que partía de la base de que el Sur Global, tras 500 años de colonialismo, se encontraba en una situación similar a la de Europa antes de la Revolución Industrial. Consideraban el subdesarrollo como una condición original. En realidad, en el Sur Global no existía una “sociedad tradicional” como tal. Más bien existía un sistema socioeconómico completamente nuevo que había sido impuesto violentamente por el colonialismo y el imperialismo. Además, a diferencia de la Europa preindustrial, el Sur Global operaba en un mundo en el que la tecnología, el comercio y las finanzas estaban dominados por monopolios del Norte Global, con una estructura económica y política neocolonial ya plenamente establecida.

El argumento de Rostow se basó en su anterior obra, An American Politics in Asia [Una política estadounidense en Asia] (1955), escrita con Richard W. Hatch, más explícita sobre el contexto de modernización de la Guerra Fría. En An American Politics in Asia, Rostow escribió que “la alternativa a la guerra total iniciada por Estados Unidos no es la paz. Mientras no prevalezcan un espíritu y una política diferentes en Moscú y Pekín, la alternativa para Estados Unidos es una mezcla de actividad militar, política y económica” (1955: vii). En otras palabras, Estados Unidos tenía que utilizar todo su arsenal de armas, incluida la “guerra total”, para derrocar al comunismo en la Unión Soviética y la República Popular China. Para teóricos como Rostow, se debía fomentar la fabricación de guerras en la cruzada contra el comunismo en lugar de reconocerla como el desperdicio del trabajo humano que realmente es. En efecto, en la década de 1960, el cientista político Samuel Huntington propuso la teoría de la “modernización militar”, que sostenía, en primer lugar, que la militarización de los Estados del Tercer Mundo sería la forma más eficaz de lograr la “modernización social” y en segundo lugar, que, en consecuencia, debía fomentarse el gobierno militar para luchar contra el comunismo y construir una “sociedad moderna” siguiendo el modelo de Estados Unidos (1968).³

Entre las décadas de 1950 y 1980, la teoría de la modernización definió el paradigma del desarrollo para el FMI y el Banco Mundial. Su fracaso a la hora de generar un “despegue” en el Tercer Mundo no afectó su credibilidad en los pasillos del poder. Sí perdió fuerza debido a la crisis de la deuda del Tercer Mundo que afectó a países que confiaron en la estabilidad y en los relativamente bajos intereses del dólar estadounidense. Cuando la Reserva Federal de EE. UU. subió drásticamente las tasas de interés en 1979, redujo el crédito disponible para los países en desarrollo y provocó varias situaciones financieras peligrosas (incluida la bancarrota de México en 1982) (Payer, 1974; Panitch y Gindin, 2005). La teoría de la modernización se derrumbó con el peso y surgió una nueva teoría para definir el trabajo del FMI y el Banco Mundial.

El Consenso de Washington

En la década de 1990, John Williamson, economista británico y miembro del Peterson Institute for International Economics [Instituto Peterson de Economía Internacional], acuñó el término Consenso de Washington para describir el programa neoliberal de privatización de las empresas públicas, mercantilización de los bienes públicos y liberalización de las cuentas de capital y el comercio (1990). Estas opciones políticas, impulsadas por el FMI y el Banco Mundial en consonancia con el Tesoro estadounidense, encuentran gran parte de su justificación teórica en la economía neoclásica y en las obras de pensadores como Friedrich Hayek y los asociados a la neoliberal Sociedad Mont Pelerin.⁴ El paradigma del Consenso de Washington es quizá más famoso por su papel en los llamados programas de ajuste estructural (PAE), que desembocaron en una década perdida en el continente africano.⁵

Durante las últimas décadas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha impuesto a las naciones en proceso de descolonización una combinación de austeridad (lo que denominan una agenda de “presupuesto equilibrado”), privatización y liberalización del comercio. Estas políticas han despojado a los Estados del Sur Global de la capacidad de impulsar sus propios procesos de desarrollo y proteger sus industrias nacientes. Para enfrentar los desequilibrios resultantes, el FMI ha promovido con frecuencia el endeudamiento de los países subdesarrollados en mercados de capitales privados, lo que ha generado más trampas de endeudamiento.

Por su parte, el Banco Mundial ha seguido históricamente una agenda de recomendar cualquier cosa menos la industrialización a gran escala para el Sur Global. En los primeros años pos Segunda Guerra Mundial, esto se tradujo en recomendaciones para que los países se limitaran a sus “ventajas comparativas” en la exportación de materias primas. En la década de 1990, el Banco Mundial promovió la “profundización financiera”, un eufemismo para fomentar la desregulación financiera como panacea para movilizar recursos destinados al desarrollo (1989; Dabla-Norris, 2015). Más recientemente, su enfoque ha girado hacia el desarrollo en el sector servicios y el fomento de pequeñas y medianas empresas (PYME), estrategias que terminan perpetuando la servidumbre por deudas a nivel nacional y familiar.

El sector servicios, a menudo dominado por empresas multinacionales (EMN) con estructuras monopolísticas, hace que los Estados que centran su desarrollo en este sector queden vulnerables a los intereses de estas EMN del Norte Global. Mientras tanto, las PYME, que generalmente carecen de los recursos (incluyendo subsidios públicos) para competir con las EMN y no cuentan con ventajas de escala, terminan siendo absorbidas por grandes redes monopolísticas. De hecho, la combinación de la liberalización financiera y la promoción de las PYME encierra a los países en lo que Samir Amin llamó el “capital monopolista generalizado”, caracterizado por redes de control ascendentes (materias primas, tecnología y capital) y descendentes (distribución, comercialización y acceso a lxs consumidorxs) (2014; Tricontinental, 2019).

Uno de los principales legados del Consenso de Washington ha sido la creencia casi dogmática en el poder de la inversión extranjera directa (IED) como motor del crecimiento económico y la transformación estructural. Esta perspectiva lleva a los Estados del Sur Global a priorizar la apertura de sus mercados laborales y recursos naturales a monopolios occidentales, subordinando así sus agendas a los intereses de los financistas en lugar de las aspiraciones de desarrollo de sus poblaciones. Sin embargo, las evidencias empíricas sobre la capacidad transformadora de la IED son, en el mejor de los casos, limitadas. Más bien, este tipo de inversión perpetúa sectores económicos improductivos y no fomenta un crecimiento inclusivo que allane el camino para salir del endeudamiento y alcanzar la soberanía nacional. Tres características clave de la  IED merecen ser destacadas:

1. Los flujos de IED están en declive: La IED alcanzó su punto máximo en 2007, el año en que la Tercera Gran Depresión se instaló en los principales países capitalistas, y ha disminuido desde entonces (Tricontinental, 2023). Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por su sigla en inglés), tanto la IED como el financiamiento de proyectos (infraestructura a largo plazo o financiamiento industrial) han experimentado un descenso gradual. Por ejemplo, entre 2022 y 2023, los países en desarrollo vieron una caída del 7 % en los flujos de IED (2024b).
2. Los flujos de IED son improductivos: En años recientes, los informes anuales de inversión de la UNCTAD muestran que la IED ha dejado de concentrarse en sectores manufactureros e industriales y la extracción de recursos naturales, para orientarse hacia los sectores financiero y de servicios, donde no genera un desarrollo integrado y transformador que pueda ayudar a trascender el subdesarrollo colonial.
3. La IED no impulsa el crecimiento ni la inversión: Un informe de la UNCTAD de 1999 ya observaba que las grandes entradas de IED en los países en desarrollo durante la década de 1990 tuvieron poco impacto en los patrones de inversión (1999). Estudios más recientes de la misma UNCTAD (2024a) confirman una clara divergencia entre los flujos de IED y el crecimiento del PIB desde la Tercera Gran Depresión, mostrando que el crecimiento económico es cada vez más independiente de la IED.

El Consenso de Washington no ha hecho más que reforzar el modelo colonial de subdesarrollo, produciendo cargas de deuda que no se pueden pagar fácilmente. Con los tenedores de bonos exigiendo sin piedad el reembolso y los intereses independientemente de la situación económica de un país, la espiral de la deuda se come los preciados ingresos que de otro modo podrían gastarse en salud, educación, industria e infraestructuras productivas. Los países piden prestado y se endeudan. Cuando no pueden devolver su deuda, piden más préstamos para pagar la deuda existente, y la espiral continúa (Tricontinental, 2023). Como escribió Raghuram Rajan, economista jefe del FMI de 2003 a 2007, en su libro Fault Lines [Líneas de fallas] (2010), las políticas del FMI son una “nueva forma de colonialismo financiero” (Tricontinental, 2023a).

Teoría de la dependencia

La teoría de la dependencia, desarrollada en contraposición a la teoría de la modernización, tiene una larga y poderosa historia. Sus raíces se remontan al estructuralismo y a las intervenciones de gigantes como Raúl Prebisch (1950) y otros dependentistas, como se les conocía, que sostenían que el sistema capitalista mundial está estructurado en dos niveles: un núcleo de países que dominan la economía política mundial y una gran periferia de países incapaces de romper con este régimen. Los dependentistas demostraron cómo el deterioro de los términos de intercambio entre un núcleo industrializado y la periferia no industrializada perpetúa el subdesarrollo y la inestabilidad en esta última.⁶

Los países periféricos producen mayormente materias primas, que son adquiridas a bajo costo por el núcleo para ser transformadas en productos acabados de mayor valor que luego son vendidos nuevamente a la periferia. Esta dinámica permite la acumulación capitalista en el núcleo, que utiliza estos excedentes para la innovación de nuevos productos y tecnologías. A su vez, estas mejoras científicas y tecnológicas proporcionan al núcleo avances que le permiten mantener el control del sistema. André Gunder Frank describió este proceso como el “desarrollo del subdesarrollo”, un análisis pesimista de una sombría realidad (1966).

La teoría de la dependencia dejó muy claro que esta sombría realidad no se debe a fallas culturales en el Tercer Mundo, sino al sistema neocolonial instaurado durante las épocas colonial e imperialista. De ahí el título del clásico de Walter Rodney, De cómo Europa subdesarrolló a África ([1972] 1982), que enfatiza el colonialismo europeo. Según Gunder Frank, “el subdesarrollo no es un estado original, sino el resultado de la captura económica y el control de regiones atrasadas por el capitalismo metropolitano avanzado” (1967: 25).

El pesimismo resultante de esta teoría llevó a Samir Amin a desarrollar el argumento de que la periferia tenía que “desconectarse” del núcleo. La desconexión, escribió Amin en 1987, es “la negativa a someter la estrategia de desarrollo nacional a los imperativos de la ‘globalización’” (1987:  435-444). Debido a que este “rechazo” se basa en el poder político y no en la política económica como tal, los Estados del mundo en desarrollo deben tener suficiente poder político para construir su propia estrategia de desarrollo nacional y romper con la esclavitud de las cadenas de valor mundiales (que Benjamin Selwyn denomina acertadamente “cadenas de pobreza mundiales”) o “desconectarse” (2023).

Críticas a la teoría de la dependencia

La teoría de la dependencia ofrece una evaluación precisa de la necesidad de una nueva teoría del desarrollo, pero no proporciona por sí misma tal teoría. En otras palabras, la teoría de la dependencia se limita a criticar el sistema neocolonial y a evaluar la importancia de la desconexión con el fin de crear espacio para una estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, esta tradición, que también es la nuestra, no articula una estrategia o un plan para llevar a cabo estos cambios.⁷

Otras críticas a la escuela de la dependencia desde dentro de las tendencias económicas progresistas y marxistas podrían sintetizarse en tres líneas principales de pensamiento.

Primero, algunos economistas heterodoxos sostenían que el ascenso de los “Cuatro Tigres Asiáticos” (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán) refutaba el pesimismo de la teoría de la dependencia, y afirmaban que la intervención coordinada del Estado, combinada con una economía mixta pragmática, podría superar la inercia del subdesarrollo capitalista. El interés por el fenómeno de los Cuatro Tigres Asiáticos dio lugar posteriormente a una escuela de literatura sobre el Estado desarrollista y la política industrial. En este sentido, el libro de Johnson Chalmers MITI and the Japanese Miracle [MITI y el milagro japonés] (1982) y el de Alice Amsden Asia’s Next Giant [El próximo gigante de Asia] (1989) son fundamentales (1982; 1989). Incluso el Banco Mundial entró en escena con un extenso informe titulado The East Asian Miracle [ El milagro de Asia Oriental] (1993), aunque su evaluación intentaba restar importancia al papel del Estado (Birdsall et al., 1993). Sin duda, los trabajos de figuras como Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato también han sido influyentes para los gobiernos de centro-izquierda del Sur Global (1994; 2013). No obstante, su línea de pensamiento no es más que una propuesta de estrategia estatal basada en precedentes pasados y no presenta una nueva teoría del desarrollo, ni tiene en cuenta las diversas realidades del Sur Global. Mientras los cuatro tigres asiáticos crecieron bajo la protección del paraguas de seguridad estadounidense durante la Guerra Fría, países de África, América Latina y otras partes de Asia han tenido que desarrollarse bajo la intervención neocolonial o el cerco imperialista y capitalista.⁸

En segundo lugar, algunos marxistas, como el académico británico Bill Warren, defendieron activamente los aspectos supuestamente progresistas del imperialismo. En su libro Imperialism: Pioneer of Capitalism [Imperialismo: pionero del capitalismo](1980), Warren sostenía que el imperialismo podía actuar como una fuerza transformadora en la modernización de los países atrasados del Sur Global, ya que, según él, sentaba las bases tanto de la industrialización como de la democracia (1980). La rehabilitación supuestamente izquierdista del imperialismo por parte de Warren fue ampliamente criticada por los marxistas-leninistas del Sur Global. Eran muy conscientes de que el imperialismo, como capital en movimiento, no sólo no había desarrollado las fuerzas productivas del Sur, sino que además había subdesarrollado violentamente sus economías, saqueado sus recursos y afianzado la dependencia mediante guerras brutales, represión y la destrucción de los sistemas de producción autóctonos (Ahmad, 1996). La teoría de Warren no era más que una versión de la teoría neoclásica de la modernización revestida de jerga marxista.

En tercer lugar, en las décadas de 1970 y 1980, algunos marxistas, conocidos como marxistas políticos, acusaron a los dependentistas de ser “marxistas neosmithianos” por hacer demasiado hincapié en las relaciones de intercambio entre el centro y la periferia, y descuidar las relaciones sociales y políticas internas de la periferia. (Brenner, 1977).⁹ Sin embargo, puede haber espacio para la conciliación entre los llamados neosmithianos y los marxistas políticos, ya que algunos teóricos vinculan externalidades como las relaciones imperialistas con dinámicas sociopolíticas internas como las relaciones de clase.

En su obra magna The Political Economy of Underdevelopment [La economía política del subdesarrollo, 1982], el economista político marxista de Sri Lanka S. B. D. de Silva, sostenía que el imperialismo desarrollaba y reforzaba el papel del capital mercantil, mientras que sofocaba su transformación en capital industrial (1982). De Silva creía que, en lugar de enfrentarse en un debate semántico sobre si la periferia había hecho o no la transición al capitalismo (los dependentistas creían que sí, mientras que los marxistas políticos, como Robert Brenner, creían que no), era más productivo examinar cómo el imperialismo actuaba a través de las estructuras de clase internas para apuntalar los elementos que se oponían a la industrialización. Para de Silva, el subdesarrollo estaba vinculado a la ausencia de una clase y un sistema económico dedicados a la acumulación de capital no solo en términos monetarios, sino también en activos fijos productivos.

De manera similar, los académicos del bloque socialista de Europa del Este y Asia Central desarrollaron su propio análisis de la dependencia neocolonial en la economía mundial y del papel de las estructuras de clase internas en el Sur Global. Por ejemplo, el economista político soviético Sergei Tyulpanov sostenía que el Estado debía aislar a las fuerzas internas que obstaculizaban la industrialización (terratenientes feudales y capital mercantil) y crear un sector público fuerte, al mismo tiempo que fomentaba el potencial progresista de la burguesía nacional en un sector privado (1972). Dentro de esta estrategia de “desarrollo no capitalista”, era crucial que los partidos nacionaldemócratas asumieran las riendas y no cedieran el poder político a la burguesía.

Una teoría marxista del desarrollo

En los últimos 50 años, durante el apogeo del Consenso de Washington, la mayoría de las naciones más pobres se sumieron en ciclos de deuda y austeridad, altos índices de pobreza y una profunda desesperación. China, sin embargo, ha sido capaz de superar el “desarrollo del subdesarrollo” desde la Revolución de 1949 y pasar de altos niveles de pobreza a una sociedad que ha erradicado la pobreza absoluta y ha emergido como una gran potencia económica (Tricontinental, 2021). Lo que distingue a China de otros países es que la balanza del poder político no está en manos de la clase capitalista (y mucho menos de las multinacionales), y que el gobierno chino, gobernado por el Partido Comunista de China, ha desarrollado un proceso de planificación que asigna recursos tanto para el crecimiento como para la mejora social, manteniendo un equilibrio dialéctico. Cualquier teoría marxista del desarrollo sólida y pragmática debe tener en cuenta los avances logrados en China. Al respecto, es importante destacar dos puntos.

En primer lugar, aunque en China existe una clase capitalista, no se le ha permitido consolidar el poder político. La dinámica que se da en las sociedades del Norte Global, donde el Estado y otras instituciones están dirigidas por el capital privado, no se presenta en China, donde estas instituciones están dirigidas por una fuerza política comprometida con el socialismo. Además, China cuenta con un amplio sector público que abarca la tierra, las finanzas, el comercio y la industria pesada. Este sector es lo suficientemente poderoso como para impedir que la ley capitalista del valor domine la toma de decisiones económicas en el país. Por lo tanto, la experiencia de China no se ajusta a la teoría de la modernización.

En segundo lugar, dado que el poder político reside en el Partido Comunista de China, las decisiones políticas que se toman en el país no están regidas por los intereses de otros países o entidades (como los que refleja el Consenso de Washington). Como afirma Amin, China ha logrado la “desconexión”, permitiendo que su propia estrategia nacional de desarrollo defina su política de desarrollo (2013). Esto se ha logrado gracias al control público del país sobre la tierra y las finanzas, lo cual permite al Estado conectar con la economía mundial a través del comercio, la inversión y las cadenas de valor globales, profundizando en la socialización del trabajo (un elemento clave en la visión política del socialismo de Marx). Esto ha permitido a China romper con el pesimismo de la teoría de la dependencia y convertirse en la mayor nación comercial del mundo.

Ni la teoría de la modernización ni la teoría de la dependencia pueden explicar plenamente el ascenso de China. Aunque China presenta ciertos aspectos de un Estado desarrollista con políticas industriales proactivas, esto no proporciona por sí solo una explicación teórica de su rápido crecimiento. La Reforma y Apertura de China (1978) fue un proceso iterativo y experimental, que siempre destacó la importancia de las condiciones locales. Aunque todavía no se ha convertido en una economía y sociedad desarrolladas, China, como afirman Enfu Cheng y Chan Zhai, ha logrado un “progreso continuo hacia la prosperidad”, pasando de la periferia a la posición de “cuasi-centro” del sistema mundial (2021).

Sin embargo, incluso desde esta posición, China ha sido capaz de erradicar la pobreza extrema y lograr avances significativos en ciencia y tecnología. ¿Qué factores han conducido a este peculiar resultado? Un componente clave, y el punto de partida de nuestra nueva teoría del desarrollo, es que el modelo económico de China ha mantenido de manera constante una alta proporción de inversión en relación con el PIB, lo que ha resultado en una significativa formación de capital fijo en forma de infraestructuras y capacidad industrial.

Una nueva investigación de Perspectivas del Sur Global (PSG) sugiere que existe una correlación extremadamente alta entre un gran crecimiento del PIB y una elevada proporción de formación neta de capital fijo, abreviada como inversión fija neta (IFN). La inversión fija neta se refiere a la inversión en capital fijo nuevo (por ejemplo, el gasto en maquinaria de producción, infraestructuras, etc.), lo que se denomina formación bruta de capital fijo, menos la proporción del stock de capital existente en un país que se desgasta o se vuelve obsoleto durante el mismo período, lo que se denomina depreciación en el caso de una empresa individual). En resumen, cuanto mayor es la proporción de la inversión fija neta en el PIB, mayor es la tasa de crecimiento. Esta correlación elevada se aplica a las 50 mayores economías, que constituyen el 88% del PIB mundial, así como a más de 50 economías más pequeñas del Sur Global (Ross et al., 2024). Esto quiere decir que no son únicamente las entradas financieras, sino también la inversión en nuevos activos tangibles lo que impulsa el crecimiento del PIB.

Por supuesto, el PIB es una medida imperfecta del desarrollo económico, ya que no capta “externalidades” como la degradación medioambiental o aspectos del progreso social. Esto no significa que el PIB carezca de importancia. Otra investigación de Perspectivas del Sur Global ha encontrado una correlación estadísticamente fuerte y significativa entre el PIB per cápita y la esperanza de vida. Esta correlación ha aumentado desde la década de 1990. Además, los aumentos en el PIB per cápita están correlacionados con aumentos proporcionalmente mayores en la esperanza de vida de las personas con niveles de renta más bajos. En otras palabras, el crecimiento del PIB puede tener beneficios materiales muy reales para la población del Sur Global. Por otro lado, un estancamiento en el crecimiento del PIB, como el provocado por la crisis de la deuda del Tercer Mundo y el inicio del neoliberalismo, puede implicar décadas perdidas en las que se avance poco o nada en términos de desarrollo humano. Por supuesto, la protección social también juega un papel importante. Existen casos ejemplares, como el de la Cuba socialista, que ha alcanzado una alta esperanza de vida media incluso sin un rápido crecimiento económico debido al criminal bloqueo estadounidense de más de seis décadas.

Partiendo de la base que sabemos que la IFN está positivamente asociada con el crecimiento del PIB y que el crecimiento del PIB per cápita está positivamente relacionado con el aumento de la esperanza de vida, es lógico que la tarea básica de los gobiernos progresistas del Sur Global sea aumentar la proporción de la IFN en el PIB. Sin embargo, esto plantea tres desafíos:

1. La proporción de la IFN en el PIB no puede aumentar hasta el punto de deprimir el consumo a niveles intolerables a corto plazo. Para ello, es necesario contar con el apoyo de instituciones financieras nacionales e internacionales que puedan proporcionar financiamiento en condiciones favorables y a largo plazo para la IFN.
2. Se necesitan mecanismos para frenar el saqueo de recursos del Sur Global y canalizarlos hacia la IFN. Para ello sería necesaria la coordinación internacional en materia de corrupción empresarial, como la evasión fiscal, la fijación de precios de transferencia y la facturación comercial fraudulenta. Además, se requieren mecanismos multilaterales para estabilizar los precios de los productos básicos.
3. La IFN debe ser de naturaleza productiva y ecológicamente sostenible (es decir, de buena calidad). Es evidente que la IFN en aspectos especulativos, como el sector inmobiliario, no puede generar los mismos resultados que la IFN en inversiones productivas en infraestructuras, agricultura e industria moderna. Esta última es más propicia para la acumulación de habilidades y tecnología y para la producción de bienes materiales. Además, la IFN en vivienda e infraestructuras relacionadas con el hogar influye positivamente tanto en el crecimiento del PIB como en la esperanza de vida. Todo esto requeriría políticas industriales y de bienestar específicas para cada país, que solo pueden configurarse en función del equilibrio de fuerzas en la lucha de clases en cada caso concreto.

Conclusión

El rápido crecimiento económico y el aumento del nivel de vida de China desde la Revolución de 1949 no pueden explicarse a través de las teorías convencionales del desarrollo. Sin embargo, sí pueden explicarse por la elevada tasa de IFN a la que da prioridad el Partido Comunista de China. Consideremos, por ejemplo, la inversión masiva y la movilización de personas necesarias para construir el sistema ferroviario de alta velocidad de China, el mayor del mundo. No se trata en absoluto de una idea novedosa. Aunque existen desacuerdos sobre cómo puede movilizarse la inversión en condiciones de semifeudalismo y cerco imperialista, la tradición marxista-leninista siempre ha subrayado que la industria a gran escala es la base material del socialismo. En 1920, Vladimir Lenin resumió en pocas palabras el desarrollo comunista como “poder de los soviets más electrificación para todo el país” (1965). Medio siglo después, el revolucionario africano Amílcar Cabral nos enseñó que el objetivo de la liberación nacional es “la liberación del proceso de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales” (1966). Por lo tanto, la formulación de una nueva teoría del desarrollo para el Sur Global es también un retorno al origen de nuestras luchas por liberarnos del imperialismo y el neocolonialismo. Con ella, trazaremos el camino para las aspiraciones prometeicas de nuestras naciones.

Notas

Referencias bibliográficas

1. Entre los proyectos mencionados figuran: La presa elevada de Asuán en el río Nilo construida en los años 60 y 70 en Egipto durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser, la planta siderúrgica de Bhilai en Chhattisgarh, India, terminada en el mandato de Jawaharlal Nehru como Primer Ministro con la ayuda de la Unión Soviética en 1959, y el proyecto de viviendas en altura de Eisenhüttenstadt en la República Democrática Alemana, terminado en 1959.

Las ilustraciones de este dossier rinden homenaje a las aspiraciones de desarrollo de las naciones y pueblos del Tercer Mundo. En su mayoría de las décadas de 1950 a 1970, cada proyecto –una presa, un ferrocarril, una planta siderúrgica, un bloque de viviendas, un edificio gubernamental o un estadio– representa una visión del futuro construida a partir de las ruinas de siglos de saqueo colonial y subdesarrollo sistemático. La secuencia de las imágenes de este dossier sigue el proceso de realización de un proyecto, desde el boceto, la planificación, el modelado, la construcción y la inauguración hasta su uso final por el público al que va destinado. En cada collage hemos incorporado fotografías históricas, superpuestas con cuadrículas, una especie de lienzo arquitectónico en el que se pueden imaginar nuevas construcciones para el proyecto inacabado de liberación nacional.

2. Brasilia, la extensa capital brasileña, uno de los proyectos de metrópolis más ambiciosos de América Latina, fue inaugurada en 1960 durante la presidencia de Juscelino Kubitschek tras sólo cuatro años de construcción. Edificada desde cero, la ciudad fue diseñada por el urbanista Lúcio Costa, los edificios clave por el arquitecto comunista Oscar Niemeyer, y muchos de los jardines de la ciudad por el arquitecto paisajista Roberto Burle Marx.

Nota: el año pasado, el Instituto Tricontinental de Investigación Social y Dongsheng comenzaron un diálogo con los editores de Wenhua Zongheng (文化纵横). Esta colaboración ha dado lugar a la publicación de una edición internacional trimestral de la revista, que incluye ensayos seleccionados de la edición china traducidos al inglés, portugués y español, así como la incorporación de una nueva columna en la edición china con voces de África, Asia y Latinoamérica en diálogo con China. Una versión anterior de este dossier, 重振社会主义发展理论的必要, se publicó originalmente en el número de abril de la edición china de Wenhua Zongheng.

En todo el mundo, es cada vez más fácil encontrar pruebas de la miseria humana. Los datos que recogen y comunican los organismos internacionales son sobrecogedores: miles de millones de personas en todo el planeta no tienen acceso a educación, atención de salud, alimento ni abrigo adecuados, ni tampoco un acceso razonable a la información y la cultura. Nadie niega estos datos, que recogen cada año los gobiernos y las agencias de Naciones Unidas.

Surgen desacuerdos sobre qué hacer respecto a estos hechos persistentes, estas condiciones duraderas de sufrimiento. Ideas antiguas pero que siguen circulando, nacidas en tiempos predemocráticos y en una era de escasez, insisten en que las personas están en la miseria por el destino o debido a alguna otra sanción religiosa, porque son perezosas, o porque simplemente no hay recursos suficientes. Todos estos argumentos son erróneos. Es simplemente ilógico suponer que el destino o la religión han llevado a familias de la clase trabajadora a las mismas condiciones generación tras generación, y es fácticamente incorrecto decir que las y los trabajadores que se esfuerzan durante más que la mitad de la jornada y aún así apenas sobreviven, son perezosos.

Toda la evidencia indica que, a pesar de las miserables condiciones que enfrenta la mayoría de la población mundial, los recursos abundan. Por ejemplo, producimos alimentos suficientes para alimentar a 14.000 millones de personas, casi el doble de lo necesario para la actual población mundial de 8.000 millones (FAO, 2014). Mientras tanto, el número de personas desnutridas en el mundo aumentó a 828 millones en 2022, incluido un nuevo récord de 349 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda (World Hunger Statistics, 2022). Estas ideas predemocráticas —justificaciones fatalistas y neomaltusianas de la situación del mundo— se basan en ilusiones más que en hechos, pero siguen siendo un elemento fijo del discurso intelectual y político.

En el siglo XIX, Karl Marx se interrogó sobre las condiciones de miseria social y arrojó luz sobre la raíz de problemas como el hambre, la falta de vivienda y la desesperación, que no tiene que ver con la pereza, la condenación, o la escasez, sino con la estructura del capitalismo. La mayoría de las personas del mundo, a través de la violencia, perdieron el acceso a los medios de producción, que anteriormente les permitían producir una vida por encima de los niveles de supervivencia. Ahora, liberados de la capacidad de reproducirse, las y los desposeídos tuvieron que vender sus capacidades —lo que Marx llamó su fuerza de trabajo— a quienes controlaban los medios de producción (los capitalistas). A través de la explotación de las y los trabajadores, ya fuera mediante largas jornadas laborales y/o mediante el aumento de la producividad a través de la mecanización, los capitalistas extrajeron y acumularon cada vez más plusvalía mientras las y los trabajadores luchaban por sobrevivir. La competencia entre capitalistas les obligó a ser cada vez más eficientes, impulsando un proceso que empobreció a la clase trabajadora y los enriqueció a ellos. El descubrimiento de Marx proporcionó un argumento racional —y basado en hechos— de por qué existe la miseria en medio de la abundancia. El antídoto a esta miseria, planteó Marx, es que los trabajadores se organicen y socialicen los medios de producción (socialismo). Entonces, las ideas predemocráticas que siguen existiendo no son solo predemocráticas en su orientación, sino también premarxistas, un retorno al pensamiento anterior al descubrimiento de Marx del funcionamiento de la plusvalía.

A lo largo del siglo pasado, los debates en el seno de la tradición marxista evolucionaron considerablemente. Uno de los principales ámbitos de discusión se centró en la mejor de manera de clasificar los diversos vectores de desigualdad en el mundo moderno. Se han identificado tres vectores principales: primero a lo largo de las líneas de clase; segundo, a lo largo de las líneas de origen nacional; y tercero, a lo largo de las líneas de jerarquías sociales (como las barreras verticales de género, raza, casta y etnia). Estos tres vectores —clase, origen nacional y jerarquías sociales— corren simultáneamente, aunque ha habido diferencias de opinión acerca de cuál es más trascendental que los demás.

Los marxistas que niegan el impacto del imperialismo en el mundo —lo que desbarata la posibilidad de avance social para los pueblos del mundo colonizado y semicolonizado— se empeñan en señalar el predominio de la clase como causa principal de la diferenciación social. Esta línea de argumentación, aunque débil, mantiene una influencia significativa en los sectores académicos de Europa, Estados Unidos y otros países occidentales. La tradición del marxismo de liberación nacional —que se inauguró con Vladimir Lenin y fue promovida por Mao Zedong, Fidel Castro y otros— sostiene que el imperialismo juega un papel fundamental en la estructuración del mundo y que primero se debe establecer la soberanía nacional para construir la dignidad de los pueblos que sufren los efectos de las estructuras coloniales y neocoloniales de acumulación. Las luchas de las personas que han experimentado la dureza de las miserables jerarquías sociales, pusieron de relieve un vector adicional que opera bajo la forma del patriarcado, el racismo, las divisiones de casta y otras barreras sociales, y enfatizaron la importancia de luchar contra esas jerarquías como clave para establecer la dignidad humana. A pesar de las diferencias de opinión sobre cuál de estos vectores debe priorizarse —origen nacional, clase o jerarquías sociales— hay una amplio acuerdo en esta tradición de que deben combatirse las tres.

Antes de la Segunda Guerra Mundial y la era de la descolonización, el argumento a favor del desarrollo social en todo el planeta simplemente no se tomaba en serio. Las potencias imperiales negaban la humanidad y el potencial humano de sus súbditos coloniales, por lo que el núcleo imperial no produjo una teoría del desarrollo en ese periodo. La única teoría emergente del desarrollo procedía de los movimientos anticoloniales, que plantearon que no había posibilidad de desarrollo en las naciones subyugadas sin descolonización, porque el imperialismo drenaba las riquezas de las colonias (un concepto desarrollado primero por Dadabhai Naoroji, nacionalista indio y el autor de uno de los textos clave de este periodo: Poverty and Un-British Rule in India [Pobreza y dominio no británico en India], 1901.

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron evidentes dos cambios claves en el orden mundial: primero, las colonias ya no permitirían ser gobernadas directamente por los centros imperiales, y segundo, los principales países imperialistas —con Estados Unidos superando a Gran Bretaña como potencia principal— empezaron a imponer un nuevo sistema financiero y de desarrollo anclado en las instituciones financieras internacionales de Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Las nuevas naciones independientes de la posguerra se enfrentaron inmediatamente a problemas clave que se anteponían a sus aspiraciones de desarrollo. El más importante de ellos era la falta de acceso al financiamiento necesario para llenar el inmenso vacío dejado por el drenaje de su riqueza durante siglos por parte del núcleo imperial. Las instituciones financieras internacionales impidieron que se aplicaran soluciones que abordaran estos problemas, negando la existencia de presiones “externas” sobre las nuevas naciones y haciendo hincapié en sus problemas “internos”. La dialéctica entre el proceso de descolonización y la estructura neocolonial de la economía mundial configuró los debates inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial y, de forma diferente, sigue entorpeciendo las discusiones sobre la agenda de desarrollo.

Para simplificar la discusión, es útil periodizar la posguerra en cuatro eras: la era de la teoría de la modernización (1944-1970); la era del Nuevo Orden Económico Internacional (1970-1979); la era de la globalización y el neoliberalismo (1979-2008); y la era de transición en la que vivimos desde la crisis financiera de los mercados occidentales de 2007-2008.

3. El Sistema de carreteras y autopistas de Asia fue iniciado por las Naciones Unidas en 1959 para conectar el continente y llegar a Europa. Tras fases de avance y pausas, hoy esta red se extiende por 141.000 kilómetros y atraviesa 32 países desde Japón hasta Turquía, conectando finalmente con la ruta europea E80.

1. La era de la teoría de la modernización (1944-1970)

La Conferencia de Bretton Woods de 1944 reconoció algunas limitaciones del manejo de la economía mundial por parte de la arquitectura internacional, pero no identificó ningún problema importante con la estructura neocolonial de la economía. Se empezó a hablar sobre recaudar fondos para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero no hubo una discusión comparable sobre la necesidad de “reconstruir” las naciones recientemente liberadas en África, Asia y América Latina luego del saqueo del colonialismo. A través de Bretton Woods, quedó claro que no se revisaría la estructura de la economía mundial y que, aparte de la reconstrucción de Japón y Corea del Sur ocupados por Estados Unidos, no se transferirían fondos en condiciones favorables a las naciones poscoloniales (solo a Europa Occidental a través de la inyección masiva de fondos del Plan Marshall). Ambas características determinaron la labor del FMI y del Banco Mundial en los años siguientes.

En 1960, W. W. Rostow publicó The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto [Las etapas del crecimiento económico: Un manifiesto no comunista], cuyo título inmediatamente indicaba la orientación anticomunista y antimarxista del libro y del autor. Rostow, que contribuyó a dar forma al Plan Marshall y después fue asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, propuso un modelo que esbozaba varias etapas de desarrollo social. Según Rostow, estas etapas comenzaban con una “sociedad tradicional” que sería proyectada hacia un “despegue” del crecimiento económico y un “impulso hacia la madurez” a través de la industrialización y el surgimiento de una élite nacional, cuyo liderazgo transformaría finalmente la antigua “sociedad tradicional” en una “sociedad de alto consumo de masas”. De acuerdo con este modelo, la mayoría del Tercer Mundo estaba simplemente estancada en la etapa de “sociedad tradicional”, una concepción ahistórica que omitía completamente el hecho de que las sociedades en África, Asia y América Latina habían sido empobrecidas por el robo colonial. Todos los problemas de la “sociedad tradicional” eran internos (o culturales) y había que descartar todos los problemas externos (como la desigual división internacional del trabajo, producto del colonialismo). Para Rostow, garantizar que las nuevas naciones independientes “resistieran a las seducciones y tentaciones del comunismo” era “el punto más importante de la agenda occidental”. Con este fin, Rostow abogaba por que Occidente utilizara la ayuda al desarrollo para disuadir a los gobiernos del Tercer Mundo de las alternativas socialistas, inducirlos a olvidar las críticas al orden neocolonial, y orientar su industrialización hacia sectores que no fueran de interés comercial para las corporaciones multinacionales domiciliadas en Occidente.

Las Naciones Unidas adoptaron el enfoque de la teoría de la modernización durante el Primer Decenio de Desarrollo (1960-1970), evitando toda mención a la estructura neocolonial de la economía mundial, a la vez que instaban a los Estados miembros a “obtener y mantener el apoyo” de modo que los países en desarrollo pudieran “acelerar el avance hacia una situación en la que el crecimiento de la economía de las diversas naciones y su progreso social se sostengan por sí mismos, de modo que en cada país insuficientemente desarrollado se logre un considerable aumento del ritmo de crecimiento” (ONU, 1961: 20). La idea general era que los países anteriormente colonizados pidieran préstamos a los organismos multilaterales y mercados privados de capital para construir la infraestructura y la industria necesarias para su modernización, y que las exportaciones generadas amortizarían las deudas contraídas.

Las Comisiones Económicas de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL) y para Asia y el Lejano Oriente (CEALO)¹ confrontaron este argumento de los teóricos de la modernización, en ambos casos planteando el punto —luego desarrollado por el secretario ejecutivo de la CEPAL, Raúl Prebisch, en 1950— de que los términos de intercambio para los exportadores de productos primarios con respecto a los exportadores de productos manufacturados tendían a declinar con el tiempo, empobreciendo a los primeros (CEPAL, 1962 [1950]). En otras palabras, las comisiones económicas para América Latina y Asia dejaron claro desde los primeros meses de la década de 1950 que el paradigma de modernización que vendían las instituciones financieras internacionales —lideradas por Estados Unidos y Europa— no lograrían provocar un “despegue” de los países del Tercer Mundo. El punto de vista de Prebisch tuvo cierto éxito entre los teóricos de la economía burguesa, así como entre una serie de economistas del desarrollo que propusieron ideas como la “trampa del bajo nivel de ingresos”, aunque, a diferencia de los economistas de la CEPAL y de la CEALO, ninguno de esos grupos cuestionó la estructura neocolonial subyacente de la economía mundial (incluida la dependencia de la exportación de materias primas) (Leibestein, 1957 y Adelman, 1958).

Estas críticas a la teoría de modernización desde el Tercer Mundo desembocaron en la creación de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 1964, con Prebisch como su secretario general fundador. Su trabajo y el de la UNCTAD, así como la aparición de nueva literatura contra la arquitectura global neocolonial (especialmente el libro de Kwame Nkrumah, Neocolonialismo: la última etapa del imperialismo en 1965), provocaron serias discusiones en las capitales del Tercer Mundo y sus academias sobre las limitaciones de la concepción de desarrollo de la teoría de la modernización y su superficialidad teórica. Los debates académicos sobre la ausencia de historia social en la teoría de la modernización y su incapacidad para apreciar el robo de la riqueza de las colonias, junto con la influencia del argumento de Prebisch sobre los “términos de intercambio”, condujeron a la creación de la escuela de pensamiento de la teoría de la dependencia, que tenía secciones tanto marxistas como desarrollistas.² Fue este reconocimiento de la inadecuación de la teoría de la modernización entre los líderes políticos del Tercer Mundo lo que comenzó un debate de una década sobre los factores externos que obstaculizaban el desarrollo de los países antes colonizados, que a su vez condujo a la elaboración de un programa denominado Nuevo Orden Económico Internacional. El trabajo intelectual y político contra la teoría de la modernización produjo un serio desafío al paradigma neocolonial, no solo dentro de las aulas universitarias y las oficinas de las agencias internacionales, sino también en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

4. La presa de Akosombo en el río Volta, inaugurada en 1965 durante la presidencia de Kwame Nkrumah, fue en su momento la mayor inversión en desarrollo de la historia de Ghana. La planificación del proyecto implicó una amplia consulta pública, incluso con diferentes representantes de los Consejos Tradicionales.

2. La era del Nuevo Orden Económico Internacional (1970-1979)

En el seno de la UNCTAD, los países del Tercer Mundo tomaron sus propias experiencias en relación con las limitaciones de la teoría de la modernización y las combinaron con las ideas que extrajeron de la teoría de la dependencia. Este proceso dio lugar a la publicación de numerosos informes y estudios que enfatizaban en los factores externos que estructuraban el fracaso de los países del Tercer Mundo para superar sus retos internos. Estos factores externos incluían la escasez de financiamiento disponible a tipos de interés favorables para construir la agotada infraestructura en estos países; la falta de voluntad de Occidente para transferir tecnología y ciencia al Tercer Mundo o para permitir un régimen comercial (con aranceles y subsidios) que permitiera la industrialización y diversificación de sus economías a menudo basadas en una solo producto básico; y el fracaso de los Estados del Tercer Mundo para romper su cordón umbilical económico con las antiguas potencias coloniales y sustituir esta relación de dependencia por una mayor cooperación entre ellos. Ningún cambio interno significativo o duradero —como la creación de capacidad técnica en su población a través de educación universal, la construcción de instituciones estatales comprometidas con la igualdad social y no con el mantenimiento de la ley y el orden, o el desarrollo de normas en la vida pública para luchar contra la corrupción— sería posible si el entorno neocolonial externo seguía agotando los recursos de los Estados del Tercer Mundo.

Las conversaciones mantenidas en las reuniones de la UNCTAD y en el Movimiento de Países No Alineados, establecido en 1961, empezaron a trazar una agenda para la construcción de lo que sería conocido como el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). En octubre de 1970, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 2626, en la que se convocaba al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En particular, como resultado de esta presión del Tercer Mundo, la resolución señala que los Estados miembros de la ONU “se comprometen individual y colectivamente, a seguir políticas diseñadas a crear un orden económico y social mundial más justo y racional, en el que la igualdad de oportunidades sea prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen una nación”. La resolución declaró que se necesitaban “cambios cualitativos y estructurales” y que “las diferencias existentes —regionales, sectoriales y sociales— deben reducirse sustancialmente” (AG ONU, 1971: 44-45).

Esta resolución de la ONU estableció el marco para la tercera sesión de la UNCTAD, que tuvo lugar en Santiago de Chile, entre abril y mayo de 1972, donde el secretario general de la UNCTAD, Manuel Pérez Guerrero, señaló que los países del Tercer Mundo “legítimamente desean una voz en las decisiones monetarias mundiales que, de otra manera, podrían resultarles muy perjudiciales. Y puesto que la mayor parte de sus ingresos del exterior proviene de la venta de sus productos primarios, es obvio que consideren que este es el campo más importante en el que la acción traería resultados inmediatos y sustanciales” (UNCTAD, 1973). Estas dos cuestiones —toma de decisiones en la política monetaria mundial y control sobre los precios de los productos primarios— formaron dos pilares importantes del NOEI.

El 1 de mayo de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el NOEI, que consistía en un amplio conjunto de propuestas económicas fruto de este debate de décadas sobre los factores estructurales heredados del colonialismo, la importancia de trascender estas barreras y la parálisis engendrada por la trampa endeudamiento-austeridad establecida por las instituciones de Bretton Woods y su teoría de la modernización, que no produjo el “despegue” prometido por Rostow. Los principios del NOEI siguen siendo vitales en nuestros días, por lo que algunos de ellos merecen una reflexión aquí:

• “La igualdad soberana de los Estados (…) la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados (…) La plena y efectiva participación, sobre una base de igualdad, de todos los países en la solución de los problemas económicos mundiales”; y el derecho de cada país a adoptar el sistema económico y social que considere más apropiado.
• La “plena soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas” … La reglamentación y supervisión de las actividades de las empresas transnacionales”.
• “El establecimiento de relaciones justas y equitativas entre los precios de las materias primas” (…) y otros productos que exporten los países en desarrollo (…) y los precios de las materias primas” y otros productos que exporten los países desarrollados.
• Reforzar la ayuda internacional bilateral y multilateral para promover la industrialización en los países en desarrollo, en particular proporcionando recursos financieros suficientes y oportunidades para la transferencia de técnicas y tecnologías apropiadas (ONU, 1974).

Unos pocos meses después, en octubre de 1974, en Cocoyoc, México, la UNCTAD y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se reunieron para un simposio en el que propusieron una nueva concepción de desarrollo, que sirvió de base para el proyecto del NOEI:

Nuestra preocupación primordial consiste en definir de nueva cuenta los propósitos globales del desarrollo. No debe tratarse del desarrollo de los objetos sino del desarrollo del hombre. Los seres humanos tienen como necesidades básicas el alimento, la vivienda, el vestido, la salud y la educación. Cualquier proceso de crecimiento que no lleve a la plena satisfacción de estas necesidades, o peor aún, que obstruya cualquiera de ellas, es en realidad, una parodia de la idea del desarrollo (PNUMA, 1974).

Esta visión inspiradora y esperanzada de la humanidad y del futuro no se pudo establecer debido a varios procesos adversos y complementarios, incluidos:

• Un ataque político de los países del recientemente establecido Grupo de los 7 (G7) (Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania Occidental), creado en 1975 para hacer frente al desafío planteado por el NOEI. El G7, que surgió en un contexto en el que los países productores de petróleo del Tercer Mundo habían construido en la década anterior una organización conocida como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que flexionó sus músculos para provocar la crisis del petróleo de 1973. La OPEP fue la primera de varias organizaciones en torno a productos básicos que otorgaron a los países que los producían poder sobre la fijación de precios frente a las corporaciones multinacionales, que de otro modo establecían los precios en contra de los países productores y exportadores de esos productos.
• Un ataque económico contra los países del Tercer Mundo a través del shock Volker (1979-1987), cuando Estados Unidos subió bruscamente las tasas de interés, lo que espoleó la crisis permanente de la deuda del Tercer Mundo.
• El uso que el FMI y el Banco Mundial hicieron de la crisis de la deuda del Tercer Mundo, exigiendo a los países que necesitaban préstamos para cubrir problemas en su balanza de pagos a corto plazo que aplicaran amplias políticas de ajuste estructural como una condición para recibir financiamiento. Estas políticas impusieron severos recortes al financiamiento de los programas de bienestar social, a la par que promovían un régimen general de austeridad, atrapando a menudo a los países del Tercer Mundo en una trampa de endeudamiento-austeridad. Esto debilitó las agendas de desarrollo de esos gobiernos y su poder político en la escena mundial.
• La desarticulación del modo de producción fordista y del sistema de fábricas, y la creación de cadenas de producción globales y fragmentadas, un proceso posibilitado por los nuevos avances en las tecnologías de comunicación y transporte, así como por las nuevas leyes sobre derechos de propiedad intelectual establecidas en la ronda final del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, entre 1986 y 1994.³
• El asalto del agronegocio a los pequeños agricultores y campesinos en los países en desarrollo (profundizado por los subsidios concedidos al agronegocio en los países desarrollados) y el surgimiento de una cadena de suministro mundial subcontratada, que debilitó a la clase obrera y al campesinado en la lucha de clases mundial y planteó nuevos y significativos obstáculos para la organización sindical. Además, esto significó que estrategias de desarrollo como la nacionalización ya no funcionaban como antes.

Estos acontecimientos socavaron a las fuerzas progresistas en el Tercer Mundo y condujeron a la marginalización gradual del debate sobre el NOEI, sentando las bases para el ascenso a la hegemonía de la política y la teoría neoliberal.

5. La Compañía Siderúrgica Anshan, una de las mayores empresas estatales de China, fue renovada y ampliada como uno de los 156 proyectos de construcción del país que recibieron una importante ayuda y la experticia de la Unión Soviética. También formó parte del primer Plan Quinquenal de China (1953-1957).

3. La era de la globalización y el neoliberalismo (1979-2008)

En diciembre de 1980, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para establecer el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta resolución dice que los Estados miembros de la ONU “reafirman solemnemente su determinación de establecer un nuevo orden económico internacional” y declaró que “el objetivo último del desarrollo es el aumento constante del bienestar de toda la población, sobre la base de su participación plena en el proceso de desarrollo y de una distribución justa de los beneficios derivados de este” (AG ONU, 1980: 113). Sin embargo, el deterioro de la agenda de desarrollo ya había empezado a hacerse evidente. Nuevos términos entraron en el vocabulario de esta resolución de la ONU, como “liberalización del comercio” y “ajuste estructural”, que habían sido introducidos en las discusiones mundiales por el FMI. Por ejemplo, la resolución señala: “Todos los países se comprometen con un sistema de comercio abierto y en expansión, a fomentar la ‘liberalización del comercio’ y promover los ‘ajustes estructurales’ que faciliten la realización dinámica de las ventajas comparativas” (Ibíd.: 117).

A pesar del guiño simbólico al NOEI, estaba claro que, bajo la presión de los crecientes índices de endeudamiento (que estallarían dramáticamente cuando México se declarara en bancarrota en agosto de 1982), cada vez más Estados del Tercer Mundo habían empezado a adoptar las ideas monetaristas que aparecieron en los departamentos de economía estadounidenses, inspiradas en la obra de Milton Friedman. Bajo presión del gobierno estadounidense, la dirección de las principales instituciones financieras internacionales se entregó a estos monetaristas, que se opusieron al NOEI y comenzaron a promover la idea de que el desarrollo no debía enmarcar los debates mundiales, sino que era un problema de los gobiernos individuales. Por ejemplo, William Hood —que trabajó brevemente en la universidad de Chicago— asumió el cargo de economista jefe del FMI en 1979, mientras que Anne Kruger —una defensora del neoliberalismo de Friedman— se convirtió en economista jefa del Banco Mundial en 1982. Una década más tarde, el economista del desarrollo John Toye calificó esta dinámica de erosión del NOEI como una “contrarrevolución” (Toye, 1987; Prashad, 2012).

Los debates en la teoría del desarrollo se silenciaron a medida que la correlación de fuerzas se volvió adversa a cualquier sugerencia de cambio en las estructuras neocoloniales de la economía mundial. Los países del Sur Global que enfrentaban el enorme peso de la deuda —especialmente en África y América Latina— se apresuraron a recortar el gasto público, reducir los subsidios, liberalizar los mercados internos y frenar los salarios, un conjunto de políticas que desinflaron sus economías y condujeron a lo que se conoce como la década perdida del desarrollo. Presionados para pasar de la sustitución de importaciones al fomento de las exportaciones, muchos de estos países simplemente comenzaron a exportar más y más de sus productos primarios, o bien a liberalizar sus economías para permitir que las corporaciones multinacionales establecieran eslabones de la cadena de producción global de commodities dentro de sus fronteras, con mínimo control regulatorio.⁴

Las doctrinas del FMI y del Banco Mundial comenzaron a dar forma a los debates sobre desarrollo con las voces marxistas y de liberación nacional restringidas a los márgenes, relegadas a ser figuras críticas en lugar de líderes del debate. Las instituciones financieras internacionales y las Naciones Unidas realizaron algunas intervenciones llamativas: por ejemplo, el Banco Mundial señaló —por primera vez— que aunque la pobreza podría reducirse, la erradicación de la pobreza y ya no iba a ser posible, mientras que en diciembre de 1990, la resolución del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo enfatizó la necesidad de “facilitar un franco intercambio de ideas, así como respuestas flexibles a las transformaciones de la economía mundial” en el contexto de la aceleración de la globalización (AG ONU, 1990: 140; Banco Mundial, 1990). Ese mismo año, la URSS se derrumbó y las fuerzas de la globalización neoliberal avanzaron sin freno.

La situación era grave. El Informe de 1993 sobre la situación social en el mundo, encargado por la Asamblea General de la ONU para evaluar la aplicación de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (1989), señaló que, aunque las metas de la declaración no han cambiado,

“las prioridades, los enfoques y los énfasis se han revisado y renovado, a medida que se ha profundizado la comprensión de las fuerzas que subyacen al desarrollo. Así, se hace énfasis en ayudar a los países receptores a fortalecer su capacidad institucional para sostener el proceso de desarrollo” (ONU, 1993).

Lo que la ONU estaba diciendo ahora —en concordancia con las opiniones del Banco Mundial y del FMI— era que los factores externos no serían el centro de atención cuando se tratara de cuestiones de desarrollo del Tercer Mundo. Más bien, se pondría énfasis en las reformas internas, como terminar con los regímenes de subsidios-aranceles (liberalización del comercio) y eliminar las protecciones de las y los trabajadores (liberalización del mercado laboral). La agenda para el siguiente periodo sería atajar la corrupción, promover la “buena gobernanza” y enfatizar en los derechos humanos en términos políticos pero no laborales.

Las organizaciones financieras internacionales se centraron en los avances logrados por varias economías del noreste de Asia, como los Cuatro tigres asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), para argumentar que el crecimiento endógeno era posible en todo el Tercer Mundo, ya sea a través del modelo de promoción de exportaciones o emulando los “valores asiáticos” que se decía que permitieron a esos países “despegar” a pesar de condiciones externas adversas (Banco Mundial, 1993; Stiglitz, 1996).⁵ Los factores que proporcionaron una ventaja para el crecimiento de esas economías, incluidos su pequeño tamaño, los largos periodos de dictadura que restringieron los derechos laborales, el menor gasto militar que exigía estar bajo el paraguas imperialista estadounidense, los términos más favorables de comercio e inversión que les concedía Estados Unidos y la amplia intervención estatal en la economía que se les permitía, no se abordaban en estos textos, escritos en gran medida como críticas al NOEI (Patnaik, 1997). En lugar de ello, “el milagro del Sudeste asiático” se usó como arma para inducir a otros Estados del Sur Global a liberalizar sus mercados laborales y sus procedimientos comerciales transfronterizos (Banco Mundial, 1994).

En este periodo, las discusiones sobre desarrollo no se centraron en el NOEI o en las estructuras neocoloniales de la economía mundial, sino en la cuantificación de las necesidades básicas y en la obligación de los Estados —a pesar de su falta de recursos— de cumplir determinados objetivos. Esto se estableció en la Declaración del Milenio (2000) y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) que, respectivamente, establecieron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), todos ellos basados en el trabajo técnico desarrollado por el Proyecto de Indicadores de Desarrollo Humano (1990) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por los objetivos de desarrollo internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1996).

Ninguno de estos objetivos consideró los factores externos que suprimen las posibilidades de desarrollo (como la permanente crisis de la deuda), ignorando totalmente las políticas de ajuste estructural del FMI y la trampa endeudamiento-austeridad, y sin proponer un camino sostenible para construir la riqueza social necesaria para alcanzar estos hitos. Como dijo el Banco Mundial en 1996, la planificación era obsoleta, y los gobiernos del Sur Global tenían que poner su fe en los mercados para aumentar las tasas de crecimiento y el financiamiento público necesario para lograr los ODM y los ODS (Banco Mundial, 1996). En el transcurso de las décadas recientes, pocos países en el Sur Global han sido capaces de alcanzar apenas un puñado de los ODS. La crisis financiera de 2007-2008, la pandemia con su punto álgido entre 2020 y 2022, y la guerra en Ucrania no han hecho sino provocar nuevos retrocesos en los objetivos.

6. Los Juegos de las Nuevas Fuerzas Emergentes (GANEFO, por su sigla en inglés) se celebraron en Yakarta, Indonesia, en 1963. Bajo el liderazgo del presidente Sukarno, los GANEFO se organizaron como un boicot a los Juegos Olímpicos y acogieron a atletas de los nuevos estados independientes y socialistas.

4. La era de la transición en los cinco controles (2007 a la actualidad)

La crisis de los mercados financieros occidentales de 2007-2008, desencadenada por una corrida bancaria provocada por el quiebre del mercado hipotecario en Estados Unidos, hizo mella en la confianza de la agenda neoliberal. Los países del Sur Global —especialmente los grandes países en desarrollo, incluida China— comenzaron a reconsiderar su dependencia de Estados Unidos, que había sido el comprador de última instancia. Esta toma de conciencia de la debilidad fundamental del mercado interno estadounidense y la vulnerabilidad de las redes financieras occidentales provocó varios cambios prácticos en el Sur Global, dos de los cuales son especialmente importantes de resaltar.

1. Los grandes Estados en desarrollo —Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica— se articularon para formar el bloque BRICS en 2009 y, junto con Indonesia, México, Nigeria y otros, comenzaron a contemplar la reactivación de la agenda de desarrollo Sur-Sur. Estos acontecimientos conllevaban la promesa de la futura creación de un nuevo sistema de comercio y desarrollo, con el Nuevo Banco de Desarrollo como ancla, y de un nuevo sistema monetario y financiero, incluido un sistema de transferencias bancarias del Sur. La agresiva política de sanciones de Washington que expulsó a decenas de países del sistema financiero dominado por Occidente supuso un ímpetu adicional para esta evolución. Esta reactivación de la agenda Sur-Sur dio lugar a una oleada de nueva literatura, compuesta en su mayor parte por informes técnicos sobre cómo construir la infraestructura necesaria para este tipo de desarrollo. Hasta el momento, no ha surgido una teoría del desarrollo propia de esta agenda Sur-Sur. Las Naciones Unidas crearon una Oficina de Cooperación Sur-Sur en 2013, cuyo mandato se limita a impulsar la labor de los ODS. No existe una evaluación más profunda de la necesidad de construir planes nacionales o regionales de desarrollo, ni ninguna claridad conceptual sobre lo que significa la cooperación Sur-Sur más allá de un aumento en el comercio dentro del Sur.
2. El paradigma de desarrollo chino cambió radicalmente, sobre la base de los avances de su producción industrial, especialmente en inteligencia artificial, biotecnología, tecnología verde, trenes de alta velocidad, computación cuántica, robótica y telecomunicaciones. El gobierno de China aplicó medidas para aumentar el mercado interno (a través de la erradicación de la pobreza absoluta y de la estrategia de desarrollo “Go West” [Ir al oeste] para sus provincias occidentales) y para construir nuevas redes para el comercio y el desarrollo a través de la política de Una Franja Una Ruta que comenzó en 2013 y pasó a llamarse Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) en 2016.⁶ La rápida expansión de la política comercial de China y su énfasis en la creación de organizaciones regionales y multilaterales, incluido el Foro de Cooperación China-África (fundado en 2000) y la Organización de Cooperación de Shanghái (fundada en 2001), dieron lugar a la creación del mayor bloque de comercio del mundo, la Asociación Económica Integral Regional, que entró en vigor en 2022. China es ahora el principal socio comercial de la mayoría de los países del Sur Global. Se están desarrollando las teorías sobre esta expansión y su impacto, pero la bibliografía hasta el momento es sobre todo descriptiva.⁷

En lugar de involucrarse en los rápidos cambios en el comercio y el desarrollo mundiales o abordar los procesos históricos reales que subyacen a ellos, Estados Unidos y sus aliados están llevando a cabo una agenda política y militar para revertirlos, que ha sido denominada por algunos como Nueva Guerra Fría (Prashad et. Al., 2022).⁸ Liderada por Washington, esta agenda intenta agresivamente bloquear o retrasar los avances económicos chinos y los nuevos programas Sur-Sur mediante políticas hostiles de tipo bloque, desacoplamiento económico forzado y militarización desenfrenada, lo que ha desestabilizado el mundo. Es como si los principales países occidentales se hubieran rendido ante el hecho de que no pueden competir con el crecimiento económico de China y con los proyectos Sur-Sur de comercio y desarrollo. Debido a su fracaso para competir económicamente, Occidente ha intentado desbaratar estos avances recurriendo a su superioridad militar. Cualquier teoría del desarrollo del presente debe dar cuenta de esta Nueva Guerra Fría, que está socavando los esfuerzos para abordar los problemas más urgentes del Sur Global.

En la actualidad se postulan una serie de teorías del desarrollo, pero pocas de ellas capturan la totalidad y la gravedad de nuestra realidad contemporánea. Académicos de la escuela del “posdesarrollo” —incluyendo a Arturo Escobar, Gustavo Esteva y Aram Ziai— devuelven el debate al terreno local, con enfoque del tipo “lo pequeño es bello” que ignora la escala del problema y las restricciones de los Estados y los movimientos para construir una agenda que vaya más allá de lo local. Si bien dicho enfoque aporta ideas clave sobre el desarrollo a pequeña escala, opera en el terreno del “neoliberalismo desde abajo”. Quienes siguen atrapados por la religión del neoliberalismo, incluidos los economistas del FMI, repiten los viejos dogmas del ajuste estructural y la buena gobernanza, ahora plasmados en un nuevo vocabulario pero con los mismos argumentos intactos. Pocas personas de quienes escriben hoy sobre desarrollo parten de los hechos y construyen teoría a partir de ellos; en cambio, demuestran una actitud religiosa hacia sus teorías, las cuales imponen a la realidad.

Empezar por los hechos requeriría un reconocimiento de los problemas de la deuda y la desindustrialización, la dependencia de las exportaciones de productos primarios y la realidad de los precios de transferencia y otros instrumentos empleados por las corporaciones multinacionales para exprimir regalías de los Estados exportadores, las dificultades para implementar estrategias industriales nuevas y amplias, y para desarrollar las capacidades tecnológicas científicas y burocráticas en las poblaciones de la mayor parte del mundo. Estos hechos han sido difíciles de superar para los gobiernos en el Sur Global, aunque ahora —con el surgimiento de las nuevas instituciones Sur-Sur y las iniciativas globales de China— estos gobiernos tienen más opciones que en las décadas pasadas y ya no dependen tanto de las instituciones financieras y de comercio controladas por Occidente. Estas nuevas realidades exigen la formulación de nuevas teorías del desarrollo, nuevos análisis de las posibilidades y caminos para trascender los hechos persistentes de la miseria social. En otras palabras, lo que se ha vuelto a poner sobre la mesa es la necesidad de planificación nacional y cooperación regional, así como la lucha para producir un mejor entorno exterior para las finanzas y el comercio.

El surgimiento de instituciones de cooperación Sur-Sur y el proyecto de la IFR ofrecen nuevas oportunidades para que los movimientos socialistas y los proyectos gubernamentales trabajen juntos para proporcionar una nueva teoría socialista del desarrollo. Esta teoría debe abordar los “cinco controles”, tal y como los define Samir Amin (1996; Tricontinental, 2018), que continúan limitando la agenda de desarrollo, y debe encontrar mecanismos para hacerse con el control de estos ámbitos:

1. Control de los recursos naturales. La mayor parte de los recursos primarios para la producción industrial se encuentran en África, Asia y América Latina, pero el control de esos recursos lo ejercen sobre todo las corporaciones multinacionales occidentales, sea por propiedad directa, o a través del control de la cadena de commodities. La nacionalización de estos recursos, el principal instrumento de la era anterior, ya no es suficiente. Como estos países o regiones no tienen el potencial industrial para aprovechar sus recursos primarios, se ven obligados a venderlos en lugar de producir y luego vender productos más desarrollados, con valor agregado. ¿Cuáles son los medios disponibles para controlar y explotar los recursos naturales? La respuesta a esta pregunta servirá de base para cualquier nueva teoría del desarrollo.
2. Control de los flujos financieros. La mayoría de países en desarrollo son incapaces de generar las altas tasas de ahorro necesarias para producir una acumulación de capital interno. Esto se debe sobre todo a que su riqueza interna es limitada y está desigualmente distribuida, y los ricos utilizan su poder político para negarse a pagar impuestos, ocultando en cambio su riqueza en paraísos fiscales ilícitos. Además, las empresas multinacionales utilizan diversos mecanismos opacos (precios de transferencia, por ejemplo) para extraer ganancias de los países en desarrollo por billones de dólares. Establecer un control sobre los recursos nacionales mediante controles de capital y una mejor gestión fiscal y obtener financiación en condiciones favorables son aspectos necesarios para ejercer un control sobre los flujos financieros. ¿Pueden los países en desarrollo utilizar las nuevas fuentes de financiamiento externo que están emergiendo, como el Banco Popular de China o el Nuevo Banco de Desarrollo, y no solo las fuentes controladas por Occidente, como el Banco de Londres, para ejercer control sobre los mercados financieros?
3. Control de la ciencia y la tecnología. Debido a las antiguas historias coloniales y a los nuevos regímenes de propiedad intelectual, muchos países en el Sur Global luchan por desarrollar instituciones científicas y tecnológicas propias. Por ello se ven obligados a pagar grandes cantidades para obtener tecnologías y conocimiento técnico en el exterior y, a menudo, sus jóvenes más brillantes se marchan a países occidentales para estudiar y hacer sus vidas. En otras palabras, la falta de control del Sur sobre la ciencia y la tecnología provoca tanto una hemorragia de recursos como una fuga de cerebros. ¿Pueden los planes nacionales y regionales de desarrollo encontrar mecanismos para insistir en la transferencia de ciencia y tecnología?
4. Control del poder militar. Los Estados miembros de las Naciones Unidas gastan cada año más de 2 billones de dólares en armamento, de los cuales la mitad corresponde a Estados Unidos (SIPRI, 2022). Los vendedores de armas están ubicados en un puñado de países y Estados Unidos alberga a un número desproporcionado de ellos. Los países en desarrollo que no han conseguido resolver las disputas fronterizas con sus vecinos, que tienen problemas de seguridad interna o que se enfrentan a la siempre acechante amenaza exterior de un cambio de régimen gastan enormes cantidades de su preciada riqueza social en armas. A menudo sucede que, al comprar esos sistemas de armas, se vern inmersos en la agenda militarizada del imperialismo. ¿Es posible que una nueva agenda de desarrollo incluya una iniciativa internacional para limitar el gasto militar, exigir a las grandes potencias que no intensifiquen los conflictos y crear y ampliar zonas de paz?
5. Control de la información. En 1980 el Informe MacBride de la UNESCO, Voces múltiples, un solo mundo advirtió sobre el control monopólico de la información, con monopolios localizados sobre todo en los Estados occidentales. Ahora, casi 50 años después, la concentración de poder sobre la información es aún más dramática, ya que un puñado de empresas occidentales —Google, Facebook (Meta) y Twitter—controlan la arquitectura de los flujos de comunicación e información (Prashad, 2023). Ninguna agenda de desarrollo ha reconocido suficientemente tanto la importancia del control de la información como la necesidad de educación mutua entre pueblos acerca de sus respectivos mundos culturales y políticos. ¿Podría una nueva teoría del desarrollo socialista enfatizar la importancia de la información, y podrían estas nuevas redes Sur-Sur y de la IFR crear nuevos canales de información para promover la comunicación honesta y la transferencia de información en el mundo en desarrollo? (ALBA-TCP y Tricontinental, 2021).

Estas preguntas deben estar sobre la mesa mientras construimos una nueva teoría del desarrollo en el presente. Cualquier teoría de este tipo debe desarrollar un camino para que los movimientos, los Estados y las regiones establezcan su propio control sobre estos cinco ámbitos, sin dejarse dominar por fuerzas externas e imperialistas.

7. El ferrocarril TAZARA (o ferrocarril Uhuru), que conecta a dos países de África oriental: Tanzania y Zambia, fue financiado por China y construido por trabajadores chinos y africanos. El ferrocarril se terminó en 1975 bajo las presidencias de Julius Nyerere (Tanzania), Kenneth Kaunda (Zambia) y Mao Zedong (China) y se ha convertido en un importante salvavidas para que Zambia, un país sin salida al mar, eluda a los gobiernos coloniales dirigidos por blancos y acceda a puertos comerciales a través de Tanzania.

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Notas

Referencias bibliográficas

La guerra y la paz en estos tiempos

Un grupo de procesos actuales nos obligan a preguntarnos sobre la eventualidad de la ocurrencia de una conflagración militar que nos afecte a todos. Algunos investigadores se han hecho el cuestionamiento en presente: ¿estamos en guerra?

La respuesta a la pregunta que aparece en el párrafo anterior tiene tantas variantes como países reconocidos en el mundo de hoy, o como comunidades y etnias al interior de ellos. ¿Qué respuesta creen que pueden dar a esa pregunta las y los palestinos, saharauis, sirios, yemenís, iraquíes, afganos, libios?

¿Qué consideraciones pueden ofrecer ciertas comunidades aborígenes, poblaciones afrodescendientes que residen en el llamado primer mundo, o inmigrantes de origen árabe o subsahariano en Europa?

Muchas de esas personas podrán afirmar, sin dudas, “estamos en guerra”, aunque no reciban todos los días impactos de artillería, o aviación. Se trata de miles, quizás millones, de personas que ciertamente no viven en paz. Podría decirse que en este caso nos referimos a un nivel de violencia “aceptada”, con la que se “convive”, a pesar de las declaraciones de solidaridad y los discursos cargados de retórica en eventos multilaterales.

No obstante, la pregunta que se hacían las y los expertos que participaron en la VII Conferencia de Estudios Estratégicos (CIPI-CLACSO) iba dirigida en otra dimensión, pensando en el alcance y la magnitud de las dos guerras “mundiales” anteriores.

Esa consideración no se había presentado con tanta fuerza en los últimos 30 años, después de la desaparición de la URSS y el campo socialista. No se pensó en tal peligro cuando fue desmembrada la antigua Yugoslavia en pleno corazón de Europa, ni cuando Washington anunció la llamada lucha contra el terrorismo que estremeció el Medio Oriente por 20 años, o cuando la OTAN incumplió los reiterados compromisos de no expansión hacia el Este. Entonces ¿qué ha cambiado ahora?

Al recordar las pasadas guerras “mundiales” pensamos de inmediato en la cantidad de hombres sobre las armas, en la multitud de víctimas y medios de combate, en las áreas naturales totalmente destruidas por la pólvora, o los agentes químicos. Pero al ponderar ese peligro que consideramos “futuro” olvidamos datos recientes y cotidianos.

Los presupuestos militares actuales, tomados en su conjunto, son muy superiores a los de aquellas conflagraciones (incluida la inflación); la cantidad de medios militares en frontera y en bases en el exterior es significativa y creciente; las zonas destruidas por derrames de petróleo, deforestación, o contaminación son inmensas; enfermedades curables y pandemias sin control cobran anualmente millones de vidas humanas; la violencia y el uso descontrolado de armas por población civil va en aumento; se reduce de forma acentuada la cantidad de especies animales que se reproducen saludablemente.

Entonces, ¿qué falta para declararnos “en guerra”?, ¿cuál es la “paz” que estamos disfrutando?

En el caso de Cuba, por ejemplo, hemos vivido un asedio de más de 60 años por cometer el delito de aspirar a ser soberanos. Se nos ha impuesto la “guerra-guerra” desde Playa Girón hasta las bandas de alzados en los años 60, las acciones terroristas reiteradas, las medidas coercitivas. La lista se hace interminable. Las y los cubanos nos hemos inventado una “paz” para ver crecer a nuestras familias, educarnos, disfrutar del arte y la naturaleza.

Pero lo cierto es que transitamos por reiteradas situaciones extremas generadas por otros, con ciclos de ascenso y descenso en nuestro PIB, que siempre nos hacen dudar sobre la sostenibilidad o desarrollo de cualquier proyecto.

Algo similar pueden narrar las y los venezolanos y nicaragüenses, por razones conocidas. ¿Han tenido una vida en “paz” las y los bolivianos entre un golpe de Estado y la amenaza del siguiente? Pero la ausencia de paz es una realidad en países latinoamericanos donde el “gobierno” nacional solo decide el estado de cosas en la ciudad capital y un poco más allá, porque en las regiones rurales mandan los cárteles, los grupos irregulares, los narcos y otros ilegales. ¿Hay paz total en aquellos países donde el narcotráfico domina puertos, rutas de suministro y mercados?

Entonces, si todo esto es cierto, qué es lo realmente nuevo cuando pensamos en la eventualidad de una “guerra”, diríamos “otra guerra”.

Lo primero es que el gran hegemón que decidió, planificó, vendió y articuló la mayor parte de los conflictos mencionados ya no es más. Por encima de los problemas de todo tipo que vive la sociedad estadounidense en su interior, el país que una vez fue llamado “the beacon light of liberty” (‘el faro de la libertad’) ya no está en capacidad de ofrecer un modelo que los demás tendrían interés en copiar, ni siquiera una receta económica al estilo “de la globalización neoliberal”.

De hecho, el Made in China es mucho más frecuente que Made in USA y en los manuales de productos de alta tecnología aparece más veces el mandarín que el inglés. En los indicadores de eficiencia, productividad, innovación, las empresas asiáticas dominan.

Washington ya no puede acudir a la tradicional “competencia” para afianzar su lugar en el mundo y, por lo tanto, se sirve cada vez más de acciones políticas, de las sanciones y el juego sucio, para no perder su capacidad de “decisor”.

El nuevo escenario internacional es resultado, entre otros fenómenos, del fracaso de esa globalización neoliberal en su sentido más ortodoxo. La supuesta liberación de los mercados, para la entrada de productos y capitales, la propuesta reducción del Estado frente a la empresa y la desregulación, fueron principios enarbolados hace décadas para una supuesta prosperidad generalizada que nunca llegó.

Pero lo más significativo es que los propios autores de estos principios, desde la escuela de Chicago y otros centros de pensamiento, pretenden ahora fabricar argumentos para balcanizar el mundo y tratar de salvar sólo lo que consideran como “Occidente”, o los lugares de residencia de los “elegidos”. Es cierto que han surgido nuevos esquemas de regionalismo en el mundo subdesarrollado, para enfrentar los retos económicos incrementados por la pandemia de la COVID 19. Pero en su perspectiva más amplia los problemas de la humanidad, como el medio ambiente, la salud y la alimentación, dependerán de soluciones en las que se incluyan los criterios de toda la comunidad internacional.

La otra novedad en el mundo de hoy es que al menos un país multinacional, Rusia, ya no espera de forma inactiva a que se complete el cerco militar alrededor de su territorio. Después de haber alertado de forma reiterada sobre el peligro de una conflagración, Moscú decidió lanzar una operación militar para adelantarse al peligro de ser atacado de forma fulminante y para proteger comunidades nacionales rusas que viven fuera de sus fronteras, según sus declaraciones oficiales.

Se comparta o no la esencia de lo que los propios estadounidenses denominaron en su momento como “guerra preventiva”, o “ir a la fuente”, la realidad es que una Rusia reordenada, fortalecida y que renuncia ya a la aspiración de ser aceptada alguna vez cómo “occidental”, ha marcado una raya roja sobre el terreno.

A pesar de que el “enemigo” está visiblemente ubicado en la geografía ucraniana, de hecho, detrás de Kiev se han alineado todos los recursos materiales, de inteligencia y políticos de la OTAN. Hasta hoy no han decidido la participación (más allá de los mercenarios) de fuerzas humanas, que nos podrían llevar a considerar que, formalmente, habría un enfrentamiento de otras proporciones.

Varios de los actores comprometidos son poseedores de armas nucleares, por lo que la posibilidad de un error, o su uso consciente, también enciende alarmas.

Es riesgoso el juego en el que se involucra Estados Unidos, con el objetivo de ampliar el mercado de armamentos europeo y para estimular gastos multimillonarios en la renovación tecnológica de los engendros militares, ante la “amenaza rusa”.

Aunque la mayoría de la información pública que se consume tiende a indicar que la alianza atlántica funciona de forma coherente y monolítica en esta “guerra”, vemos noticias a diario que indican lo contrario. Desde el anuncio del apoyo “irrestricto” a Ucrania a inicios del 2022, varios líderes de gobierno han salido de escena y hay otros por hacerlo.

A pesar de la voluntad de no darle cobertura de prensa, casi todos los días hay manifestaciones de diversas magnitudes en ciudades europeas contra la participación de la OTAN. La primera “baja” del conflicto Rusia-OTAN fue paradójicamente el euro y no el rublo.

También es nueva la manera en que han reaccionado los llamados “terceros” en la guerra más mediática que tenemos hoy. Las votaciones en organismos multilaterales indican claramente que no existe un apoyo irrestricto a las posiciones y denuncias de la OTAN. De hecho, Estados Unidos no ha estado en capacidad de imponer su voluntad ni siquiera en el ámbito de la OEA, o las cumbres de las Américas, en este y otros temas.

El fortalecimiento de las relaciones entre China y Rusia, el nuevo no alineamiento, la ampliación del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la actitud de países como India, Arabia Saudita, o Turquía indican de forma clara que el mapa geopolítico ha cambiado y lo seguirá haciendo.

En la actuación de terceros hay que incluir a aquellos que han realizado declaraciones, o acciones, sobre los que son considerados sus conflictos más mediatos. Se puede relacionar en este punto lo dicho y hecho en estos meses por la República Popular Democrática de Corea, el Estado de Israel, o la República Islámica de Irán.

En el caso de que sea mayor la posibilidad de una conflagración de carácter más internacional que la actual, no se podría hablar de un solo “frente de combate”, ni de dos “partes”, o grupos de países en disputa.

A pesar de la crisis política interna en Estados Unidos, ese país aún mantiene su capacidad para “liderar desde atrás” e imponer “guerras” e inestabilidad al interior de los países “enemigos” sin trasladar tropas. Washington apuesta por el quiebre de los liderazgos y de los sistemas sociales en los países que no comparten sus “reglas de juego”. Para un imperio en declive siempre será mucho más tentador destruir y causar daños en el entorno ante la imposibilidad de sobrevivir, como lo hicieron antes romanos, otomanos y potencias coloniales europeas.

Convivir con “guerras” en la actualidad parece un fenómeno más común que lo que estamos dispuestos a reconocer. Construir la paz sostenible requerirá de nuevas alianzas, de nuevos conocimientos, nuevos pensamientos, nuevos liderazgos y definitivamente de un nuevo multilateralismo, basado en el principio del cese a lo que Fidel Castro llamó “la filosofía del despojo”.

Introducción

Desde su guerra ilegal contra Irak en 2003 y la crisis financiera mundial de 2007-2008, Estados Unidos ha entrado en un estado de gran fragilidad. Washington ha empleado todos sus medios, tanto diplomáticos como militares, para intentar conservar su hegemonía, pero estos esfuerzos han producido sus propias contradicciones. En este contexto de fragilidad del poder estadounidense, diversas instituciones regionales han intentado autoafirmarse, desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) de Eurasia. Estas iniciativas han tratado de crear acuerdos comerciales y financieros alternativos que eviten el uso del dólar estadounidense y de los canales financieros dominados por Estados Unidos, a la par que promuevan entendimientos políticos alejados del Consenso de Washington y del complejo FMI-Wall Street-dólar. En algunas situaciones, Estados Unidos ha sido capaz de socavar estos proyectos —pues aunque debilitado sigue siendo inmensamente poderoso—, pero en otros casos estas formaciones regionales han resistido la presión.

El surgimiento económico y político de China ha permitido que, en muchos casos, estas formaciones regionales mantengan su independencia relativa de Estados Unidos y ha ofrecido a los países emergentes alternativas a la red de desarrollo y comercio dominada por Estados Unidos (anclada en el Fondo Monetario Internacional), como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El ascenso de China, así como de otras grandes potencias en el Sur Global, como Brasil e India, ha inspirado una serie de nuevas ideas y teorías sobre el desarrollo. Entre los más populares está el concepto de multipolaridad, que sostiene que el mundo transita desde un sistema unipolar en el cual hay un solo gran polo de poder, Estados Unidos, hacia un sistema multipolar con múltiples polos de poder, a saber, Estados Unidos y China. Se trata de un constructo razonable pero defectuoso. En vez de una arquitectura global bifurcada, lo más probable es que veamos un proceso de integración regional, impulsada por una perspectiva no alineada que sentará las bases de un nuevo tipo de internacionalismo.

Para evitar un período de balcanización mundial, este nuevo internacionalismo solo puede crearse construyendo una base de respeto mutuo y fortaleciendo los sistemas regionales de comercio, las organizaciones de seguridad y las formaciones políticas regionales. La lucha entre el viejo “orden internacional basado en reglas” impulsado por Estados Unidos y un nuevo orden emergente que busca recuperar el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas (1945) está en el centro de las crecientes disputas internacionales. Este dossier no. 62, producido en colaboración con el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), de Cuba, plantea un análisis provisional de las realidades y posibilidades del regionalismo y del inter-regionalismo (como la iniciativa de los BRICS). A partir de las intervenciones realizadas en la VII Conferencia de Estudios Estratégicos (noviembre de 2022), organizada por el CIPI y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), este dossier examina estas dos visiones del orden internacional y argumenta que el movimiento actual de la historia nos dirige fuera de la inestabilidad y la confrontación del orden internacional impulsado por Estados Unidos hacia un retorno a la Carta de la ONU, utilizando sus principios como guía para construir un nuevo sistema de regionalismo e internacionalismo sólidos.

El orden internacional basado en reglas

En el transcurso de la última década, el gobierno de Estados Unidos ha descrito el sistema que ha organizado y controlado durante el último medio siglo utilizando la expresión “orden internacional basado en reglas”. Este orden, afirma el gobierno estadounidense, es mejor que cualquier otro potencial sistema internacional. Sin embargo, curiosamente, las “reglas” a las que se refieren no son las consagradas en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, el documento con mayor consenso del planeta y que cada uno de los 193 Estados miembros ha firmado y está obligado a respetar. Si el gobierno de Estados Unidos no utiliza el término “orden internacional basado en reglas” para referirse a la Carta de Naciones Unidas, ¿entonces, a qué se refiere?

Para ilustrar por qué esta cuestión es importante, ayuda examinar la forma en que se utiliza el término. La mayoría de las veces, Washington se refiere a “orden internacional basado en reglas” para condenar a otros Estados y designarlos como violadores de sus autoproclamadas “reglas”. No obstante, nunca se explica en qué concretamente se basa la acusación. Estas “reglas” no tienen definiciones jurídicas precisas y consistentes, sino que se formulan para acomodarse a las necesidades e intereses de Washington en momentos específicos. A medida que estas necesidades e intereses cambian, también lo hacen las reglas. En otras palabras, las “reglas” son cualquier cosa que el gobierno estadounidense diga que son. Por ejemplo, el gobierno estadounidense impone regularmente sanciones contra otros Estados alegando han violado las “reglas”. En realidad, se trata de una política arbitraria utilizada para castigar a poblaciones enteras porque sus Estados no siguen las instrucciones de EE. UU., como ejemplifica el bloqueo de décadas contra Cuba. Este bloqueo no se basa en el derecho internacional o en la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, Washington ignora a la inmensa mayoría de los pueblos y gobiernos del mundo que anualmente votan en la ONU condenando esta cruel política. Por el contrario, las sanciones y bloqueos impulsados por dicho país son un ejercicio de poder posibilitado por el control que el gobierno estadounidense ejerce sobre flujos financieros y de comercio, así como por la intimidación diplomática y militar que emplea para coaccionar a otros países. A Estados Unidos no le importan ni la opinión pública ni los puntos de vista de la mayoría de los gobiernos del mundo. Lo único que le interesa es avanzar sus intereses de política exterior. Para lograrlo, Washington inventa las “reglas” que definen su orden internacional, aplicadas mediante sanciones unilaterales, bloqueos, y cualquier otro medio necesario.

Además de estas reglas arbitrariamente definidas, el gobierno estadounidense también utiliza selectivamente las disposiciones del derecho internacional —elaboradas tras debates democráticos en la ONU y otros foros— para vigilar a otros países. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos firmó la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (1994). Sin embargo, el Senado estadounidense no ha ratificado ese tratado y como resultado de ello, el gobierno estadounidense no es parte de este. A pesar de ello, se basa en este tratado para realizar sus maniobras navales de “libertad de navegación” cerca de las costas de países que sí lo han firmado y ratificado, como la República Popular China. En otras palabras, el Mar de China Meridional —aguas soberanas de China, miembro pleno del tratado— son vigiladas por un país que no ha ratificado el tratado: Estados Unidos. Del mismo modo, el gobierno de Estados Unidos no es un Estado miembro del Estatuto de Roma (2002) que estableció la Corte Penal Internacional y aun así Estados Unidos utiliza agresivamente la Corte y las leyes penales internacionales (como los Convenios de Ginebra) para perseguir a quienes considera sus enemigos.

Hay una larga lista de tratados internacionales importantes que Estados Unidos no ha ratificado, más de 30 de los cuales acumulan polvo en la cámara del Senado a la espera de votaciones que probablemente nunca tendrán lugar. Entre estos tratados se encuentran componentes fundamentales del régimen internacional de control de armas, como el Tratado de Ottawa sobre la Prohibición de Minas Antipersonales (1999), la Convención sobre Municiones en Racimo (2010) y el Tratado sobre el Comercio de Armas (2014), así como elementos clave del régimen mundial de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (2002). Para el gobierno estadounidense, estos tratados no son parte de su “orden internacional basado en reglas”.

Es importante tener en cuenta que, incluso cuando Estados Unidos firma y ratifica tratados, se permite a sí mismo un margen de maniobra significativo para evitar el cumplimiento de sus protocolos. Por ejemplo, aunque el gobierno estadounidense aceptó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, establecida por la Carta de las ONU de 1945, la implementación de las sentencias de la Corte está sujeta al poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que incluyen a Estados Unidos. En 1986, la Corte declaró que el gobierno estadounidense había infringido el derecho internacional al violar la soberanía de Nicaragua y le ordenó pagar una indemnización. En respuesta, Washington retiró su consentimiento a la jurisdicción obligatoria de la Corte y utilizó su poder de veto para bloquear la ejecución de la sentencia. Las limitaciones en la aplicación de los tratados, sea debido a excepciones, vetos, o la denegación de la jurisdicción, ha permitido al gobierno de Estados Unidos firmar y ratificar tratados como gestos vacíos hacia el derecho internacional. Como dijo el ex secretario de Estado estadounidense Dean Acheson a la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional en 1963 durante un panel sobre Cuba, cuando se trata de asuntos que desafían “el poder, la posición y el prestigio de Estados Unidos (…) [la] ley simplemente no se ocupa de esas cuestiones” (13-15).

Más aún, siempre que una institución legal internacional contempla abrir una investigación sobre la conducta del gobierno estadounidense, Washington amenaza y castiga a las instituciones y sus funcionarios. Por ejemplo, cuando la Corte Penal Internacional abrió en 2019 una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por todas las partes en Afganistán, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra los funcionarios de la Corte, revocó el visado de la fiscal principal, Fatou Bensuda, para impedir que testifique en la oficina de la ONU en Nueva York e impuso restricciones de visado a sus familiares directos (Prashad, 2019).

Capitalismo y violación de soberanía

¿Por qué Estados Unidos rechaza el mandato del derecho internacional? ¿Cuál es el objetivo de la mascarada llamada “orden internacional basado en reglas” cuando ya existen la Carta de las Naciones Unidas y otros marcos negociados internacionalmente?

Lo cierto es que Estados Unidos ha construido su “orden internacional basado en reglas” para promover sus propios intereses y garantizar ventajas a corporaciones multinacionales globales, financistas y ricos tenedores de bonos, en contra de los movimientos populares y los gobiernos que buscan proteger su soberanía nacional y territorial y desarrollar un modo de vida digno en sus países.

El orden liderado por Estados Unidos se basa en la premisa de que los propietarios (capitalistas) deben tener el derecho de explotar el trabajo y la naturaleza, y que no debe ponerse límites a los deseos de estos capitalistas, que están organizados en empresas grandes y poderosas. Según este criterio, a estas empresas se les debe permitir ir a todas partes y hacer cualquier cosa en su búsqueda de ganancias, incluso llevar a la humanidad y a la naturaleza al borde de la aniquilación. Esta explotación del trabajo y de la naturaleza se manifiesta, por ejemplo, en la obscenidad del hambre y en la catástrofe climática. Cualquier país que intenta poner barreras a las ilimitadas licencias otorgadas a las empresas capitalistas será colocado inmediatamente bajo fuego, y su gobierno será probablemente objeto de un “cambio de régimen”, ya sea mediante sanciones, intentos de golpe de Estado o cualquier otro tipo de métodos de guerra híbrida o intervención militar directa (Tricontinental, 2021).

Durante los últimos cientos de años, el orden capitalista ha violado continuamente la soberanía de la mayor parte del mundo, primero a través del colonialismo y después mediante la creación de un conjunto de estructuras neocoloniales que castigan a los países que intentan afirmar su independencia. Este sistema neocolonial permite a las empresas capitalistas extraer riqueza social de los países del Sur Global que, de otro modo, podrían utilizar esa riqueza para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y establecer una relación armoniosa con el mundo natural, que deberían ser las dos prioridades esenciales de cualquier gobierno y sociedad sensatos. Estas normas, de alguna manera ya han entrado en las instituciones internacionales y en la conciencia pública. Por ejemplo, la obligación de los gobiernos modernos de mejorar las condiciones de vida está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, pero también en diversos tratados y convenciones cuyas aspiraciones colectivas fueron resumidas recientemente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos están relacionados con preocupaciones elementales como acabar con el hambre y la falta de vivienda, establecer sistemas públicos de educación y transporte y promover la igualdad social y el enriquecimiento cultural. Actualmente hay un déficit de financiación de 4,2 billones de dólares para que los países en desarrollo alcancen los ODS. Mientras tanto, unos 36 billones de dólares están en paraísos legales ilícitos porque instrumentos financieros como los precios de transferencia y las tasas permiten a las corporaciones globales sustraer enormes cantidades de riqueza de los países en desarrollo (OCDE, 2020; Shaxson, 2019). Mientras el FMI presiona a los países en desarrollo para que recorten más aún el gasto social y creen condiciones de austeridad, hay poca presión sobre las corporaciones globales para que cumplan las leyes nacionales e internacionales.

En las garras de las estructuras neocoloniales, muchos países en desarrollo carecen efectivamente de control sobre sus recursos. En otras palabras, no son realmente soberanos, por lo que son incapaces de recaudar o dirigir los fondos sociales necesarios para cumplir estos objetivos y crear un mundo digno. Así pues, el “orden basado en reglas” de Estados Unidos no es un orden para promover la democracia, sino para mantener una estructura neocolonial de explotación tanto del trabajo como de la naturaleza, de los seres humanos y del planeta.

Las posibilidades del regionalismo

Desde comienzos del siglo, los estudiosos de relaciones internacionales han contemplado el surgimiento de un “mundo de regiones” o de “mundos regionales” (Katzenstein, 2005; Acharya, 2014: 647-659). Algunas partes del mundo, especialmente América Latina y África, tienen sólidas tradiciones de conciencia regional que se remontan a los movimientos anticoloniales y llevan los nombres de esa historia, como el bolivarianismo y el panafricanismo. En otras zonas, la herencia del regionalismo es más desigual. Por ejemplo, el potencial del “panasianismo” fue seriamente dañado por el historial del imperialismo japonés en las décadas de 1930 y 1940, las tensiones políticas entre India y China, así como entre India y Pakistán, el golpe de Estado en Indonesia en 1965, y la guerra de Estados Unidos contra Vietnam (1955-1975) (Prashad, 2022). Ninguna de estas regiones, ya sea América Latina, África o Asia, se ha unido por características intrínsecas. Más bien sus dinámicas regionales han surgido de sus historias políticas que, a su vez, han producido y amplificado unidades culturales. Para desarrollar y solidificar el regionalismo es necesario construir instituciones interestatales y centradas en el pueblo.

El regionalismo por sí mismo no es intrínsecamente progresista ni reaccionario. Durante el período de descolonización inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, surgió una grave disputa entre las excolonias y el bloque imperialista sobre la naturaleza de la nueva arquitectura regional que debía construirse. El bloque imperialista desarrolló un sistema de Estados regionales basados en pactos militares y acuerdos comerciales que daban ventajas a las corporaciones domiciliadas en Occidente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), creada en 1949, y la Comunidad Económica Europea, establecida en 1957, convirtieron a Europa en una región que podía ser integrada en el orden mundial de forma ventajosa para Estados Unidos. Se produjeron movimientos similares en América Latina con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948; en Asia, con la creación de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o Pacto de Manila (1954); y en Oriente Medio, con la Organización del Tratado Central, o Pacto de Bagdad (1955).

Mientras tanto, los antiguos Estados colonizados que no querían entrar en estas estructuras neocoloniales crearon sus propias instituciones multilaterales, que aún no estaban organizadas regionalmente sino en el sistema de la ONU. Estas incluían el Movimiento de los No Alineados (MNOAL), fundado en 1961 y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por su sigla en inglés), creada en 1964. En aquella época, ningún país del mundo antes colonizado estaba preparado para anclar un proceso regional más sustancial, ya que la mayoría de estas naciones ya cargaban con la enorme tarea de proteger su recientemente conquistada soberanía política y, al mismo tiempo, construir un nuevo orden social que promoviera la dignidad de sus pueblos.

Los primeros intentos de integración regional contaron con la ayuda de las Naciones Unidas que, por ejemplo, contribuyeron a crear comisiones económicas en Asia y el Pacífico (la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, 1947); Europa (la Comisión Económica para Europa, 1947); América Latina y el Caribe (la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o CEPAL, 1948); África (la Comisión Económica para África, 1958); y Asia Occidental (la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, 1973). El objetivo de estas comisiones ha sido promover el desarrollo y comercio regionales, pero no desafiar el sistema capitalista mundial de manera significativa.

Estas instituciones surgieron junto a maniobras políticas inspiradas por la histórica Conferencia Afroasiática celebrada en Bandung, Indonesia, en 1955, que llamó a los antiguos Estados colonizados para cooperar en una serie de áreas, desde la economía hasta la cultura y para adoptar una posición no alineada respecto a la Guerra Fría. Los Estados latinoamericanos, influenciados por la CEPAL y la UNCTAD, crearon varios bloques comerciales y de desarrollo, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (1960), el Mercado Común Centroamericano (1960), el Pacto Andino (1969) y la Comunidad y Mercado Común del Caribe (1973). Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana post independencia, propuso una visión regional más radical al abogar por la creación de “un mercado común africano de 300 millones de productores y consumidores” que rompería las “fronteras artificiales” creadas por las antiguas potencias coloniales (309, 313).  Esta ambiciosa propuesta buscaba transformar las redes de infraestructura de los países africanos para que dejaran de estar diseñadas para sacar las materias primas del continente y se orientaran hacia la producción de mercados internos de bienes y servicios.

En el Tercer Mundo se desarrollaron debates significativos alrededor de los temas de la dependencia y el desarrollo. En concreto, ¿podrían los antiguos países colonizados desarrollar sus economías y sociedades desde su posición “periférica” en el sistema capitalista mundial, o permanecerían sumidos en una situación de dependencia y subordinación a las potencias imperialistas “centrales”? Una serie de pensadores, desde las y los brasileños fundadores de la teoría de la dependencia (Ruy Mauro Marini, Theotonio Dos Santos y Vania Bambirra) a los marxistas indios (como Ashok Mitra), marxistas caribeños (como Eric Williams y Walter Rodney) y marxistas africanos (como Nkrumah e Issa Shivji) escribieron acerca de las restricciones al desarrollo impuestas por la continua existencia de estructuras coloniales y el recientemente surgido sistema neocolonial. Para estos pensadores, tanto factores endógenos (las relaciones de propiedad y las jerarquías sociales), como factores exógenos (el imperialismo), impidieron, de distintas maneras, que se produjeran avances, tanto en los países que dependían de la extracción de bienes primarios mediante la agrominería, como en los países que habían logrado desarrollar una producción industrial (Katz, 2019). Como resultado, la agenda del desarrollo nacional y del regionalismo se centró alrededor de intentos de desvincularse de la lógica de acumulación capitalista a escala mundial, intrínsecamente estructurada para privilegiar a los países imperialistas centrales y a las corporaciones multinacionales occidentales (Amin, 1990). Las experiencias y concepciones políticas colectivas de los países recientemente independientes se consolidaron en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada en 1974, conocida como Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) que instaba al mundo a construir un nuevo sistema global “basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados”. Esta resolución, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1972) y la Declaración de Cocoyoc de la UNCTAD (1974) cuestionaron directamente al sistema capitalista mundial y recentraron el desarrollo en torno a las necesidades de la humanidad y no del capital.

Estas maniobras políticas naufragaron en las rocas de la crisis de la deuda del Tercer Mundo, el colapso de la Unión Soviética y el auge de la globalización y el neoliberalismo impulsados por Occidente (Prashad, 2013). La integración de las excolonias en los sistemas financieros e industriales dominados por las corporaciones multinacionales y de capital occidental socavó la promesa de desarrollo social. En 1982, la bancarrota de México hizo sonar la alarma sobre la enormidad de la crisis de la deuda y las décadas de desorientación política que vendrían después. De 1980 a 2015, la deuda externa del Sur Global aumentó en 900% y se estima que los pagos de deuda a los tenedores de bonos del Norte Global llegaron a un total entre 2,6 y 3,4 billones de dólares anuales para los países de bajos ingresos, solo en 2021-2022 (Toussaint et. al., 2015; UNCTAD, 2020). La globalización neoliberal extirpó la posibilidad de que el mundo avanzara hacia los valores propuestos por el NOEI y aumentó la dependencia de las naciones pobres hasta el comienzo de la gran recesión en 2007. Después de la caída de la Unión Soviética, la globalización fue organizada por los Estados neoliberales de la austeridad, con Estados Unidos operando como el árbitro del sistema internacional, en una dinámica llamada unipolaridad.

Sin embargo, la marea comenzó a cambiar a principios del siglo XXI. En 2003, el entonces presidente de Sudáfrica y presidente del MNOAL, Thabo Mbeki, trató de avanzar en una solución pacífica frente al ímpetu del gobierno de Estados Unidos hacia la guerra contra Irak. En un intento de obstaculizar estos esfuerzos, Washington trató —sin conseguirlo— de presionar a Sudáfrica para que expulsara al embajador de Irak. En todo el mundo, millones de personas salieron a las calles en protestas masivas contra la guerra y a favor de una solución pacífica. Sin inmutarse, Estados Unidos fue a la guerra, haciendo caso omiso tanto de la opinión pública como de los esfuerzos del MNOAL.

Ese mismo año, Estados Unidos y los Estados europeos de nuevo se negaron a discutir honestamente cuestiones de desarrollo y comercio con el Sur en la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebrada en Cancún, insistiendo que los subsidios a la agricultura en el Norte no violaban sus propios dogmas de libre comercio. Esto indignó a los países del Sur. Brasil, India, China y Sudáfrica, junto con el grupo de países menos desarrollados y el bloque de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), resistieron la presión de Pascal Lamy, comisionado de la OMC para “dirigir” la organización hacia un “compromiso” (es decir, una victoria del Norte). El Sur prevaleció, dejando a Lamy lamentándose de que “la OMC sigue siendo una organización medieval”, con lo cual quería decir que no es suficientemente flexible respecto al Norte (Lamy, 2003).

En el contexto de los debates alrededor de la guerra y las nuevas normas de propiedad intelectual, los Estados emergentes del Sur empezaron a explorar la creación de nuevas entidades. Una de ellas fue el Foro de Diálogo IBSA, lanzado por India, Brasil y Sudáfrica en junio de 2003, que unió a un país de cada uno de los continentes asiático, africano y latinoamericano. Las complementariedades en estos países los llevaron a aumentar el comercio entre ellos y a trabajar juntos en foros internacionales para promover sus intereses y los del Sur en general. A lo largo de varias reuniones, el Foro de Diálogo IBSA sentó las bases de una nueva agenda intelectual construida sobre los conceptos de no alineación y regionalismo. Brasil aportó la experiencia latinoamericana a la mesa, especialmente la agenda de integración avanzada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (que más tarde inspiró la creación del bloque político CELAC en 2010).

Poco después, en 2006, en la XIV reunión del MNOAL celebrada en La Habana se habló más de regionalismo que en ninguna otra reunión anterior de ese grupo. El regionalismo y la no alineación aparecieron de nuevo como temas intelectuales centrales ese mismo año cuando China y Rusia se unieron a Brasil, India y Sudáfrica para formar una nueva gran agrupación mundial, los BRICS. Actualmente, los países del BRICS representan el 40% de la población mundial y el 25% del PIB mundial (aunque está última cifra también llega al 40% si los BRICS se amplían para incluir a Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Argelia (Iqbal, 2022; TASS, 2022).

Los conceptos de multilateralismo y no alineación anclaron estos nuevos procesos regionales. El término multilateralismo surgió después de la Segunda Guerra Mundial para describir procesos en los que tres o más instituciones (especialmente Estados) operaban juntos en torno a un conjunto acordado de leyes o procedimientos. El concepto de no alineación surgió en la década de 1950 durante la Guerra Fría, y fue utilizado por los Estados postcoloniales para indicar que no se unirían ni al bloque estadounidense ni al soviético, sino que perseguirían sus propios programas de desarrollo independientes. Estos dos conceptos han resurgido en las últimas décadas en medio del desgaste del poder unipolar estadounidense.

El regionalismo y el multilateralismo no alineado son las categorías de consenso entre las instituciones estatales del Sur orientadas al Estado, tales como los BRICS, el IBSA y el G7. Para las naciones del Sur, la era de la primacía de Estados Unidos, agudizada durante los años de Bush, tiene que retroceder. El dominio abrumador de EE. UU. ha restringido el espacio político para la planificación y las instituciones sociales y económicas y ha llevado a que se ignoren las opiniones de la mayoría del mundo en asuntos de gobernanza global, sofocando las agendas de desarrollo en el Sur. A menos que los países en desarrollo se contenten con ser un radio en la rueda de las maquinaciones de Estados Unidos, sus intereses quedan totalmente al margen.

Los conceptos de regionalismo y multilateralismo no alineado recibieron un impulso decisivo en la década de 2000 gracias a la labor de los países latinoamericanos para construir nuevas instituciones regionales. Al mismo tiempo, otros países del Sur contemplaban las limitaciones de sus propias organizaciones regionales, como la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana, la Asociación para la Cooperación Regional de Asia Meridional y la Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aunque estas últimas instituciones habían absorbido el lenguaje del regionalismo y del multilateralismo no alineado, a diferencia del proyecto latinoamericano no fueron capaces de diseñar una dirección política nueva y eficaz para sus regiones ni de eliminar sustancialmente la influencia de los actores externos en sus procesos políticos. No obstante, la exitosa experiencia latinoamericana y la emergencia de China como nueva gran potencia han supuesto un importante estímulo para las ideas de regionalismo y multilateralismo.

Hoy en día, hay de nuevo un intenso debate en el Sur sobre la naturaleza del desarrollo y el potencial del regionalismo multilateral y la no alineación. Académicos como Feng Shaolei, director del Centro de Innovación Colaborativa para la Cooperación Periférica y el Desarrollo de la Universidad Normal de China Oriental, y María Elena Álvarez Acosta, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de La Habana, Cuba, defienden que la política de sanciones unilaterales de Estados Unidos y la guerra en Ucrania están acelerando el impulso hacia un regionalismo no alineado (Shaolei, 2021: 39-41; Álvarez, 2022). Indira López Argüelles, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, también señala que este nuevo regionalismo parece estar basado en el concepto de no alineación, resaltando el uso de este término por los procesos regionales latinoamericanos para referirse a la “autodeterminación económica” y la “complementariedad regional” (Argüelles, 2022).

En septiembre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas añadió un nuevo punto a la agenda del sistema de la ONU: globalización e interdependencia. En el corazón de este punto está la necesidad de reavivar el debate sobre el NOEI que ha sido discutido cada año desde 1974 solo para ser relegado al basurero de los órganos de la ONU. Ahora, con el aumento de una conciencia generalizada de que el orden neoliberal ha fallado a los pueblos del mundo, hay un hambre renovada por debatir las ideas del NOEI y forjar un nuevo tipo de globalización e interdependencia.

En diciembre de 2022, la Segunda Comisión de la ONU (que se encarga de asuntos económicos y financieros mundiales) presentó un proyecto de resolución para ser debatido en la Asamblea General que llama la atención sobre los principios planteados por el NOEI. La mayoría de los Estados miembros de la ONU expresó un abrumador acuerdo con la resolución, que incluye un párrafo que es de particular interés para nuestra discusión aquí: “el papel desempeñado por la cooperación regional, subregional e interregional, así como por la integración económica regional, basada en la igualdad de asociación, en el fortalecimiento de la cooperación internacional con el objetivo de facilitar la coordinación económica y la cooperación para el desarrollo, el logro de los objetivos de desarrollo y el intercambio de mejores prácticas y conocimientos”. Las ideas de regionalismo e interdependencia, sobre la base de la igualdad interestatal están sobre la mesa en los más altos niveles de la ONU (AGNU, 2022).

Renacimiento

En marzo de 2021, 16 Estados miembros de la ONU se unieron para establecer el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Este organismo incluye a varios países que han sido sometidos a sanciones unilaterales e ilegales estadounidenses, incluyendo Argelia, Cuba, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Venezuela. El objetivo del Grupo de Amigos es defender los principios fundacionales del sistema de las Naciones Unidas, es decir, el multilateralismo no alineado y la diplomacia contra el unilateralismo y el militarismo. Hay que considerar dos puntos importantes sobre el surgimiento de este Grupo de Amigos:

1. En primer lugar, el Grupo de Amigos sostiene que no es necesario crear un nuevo sistema mundial, sino simplemente permitir el adecuado funcionamiento del mundo postguerra y poscolonial original. Este sistema se construyó sobre el consenso internacional para abordar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, incluidos el nazismo y el uso de armas atómicas, y sobre el consenso poscolonial en el Tercer Mundo para establecer la soberanía estatal. Este sistema tiene sus raíces en la Carta de las Naciones Unidas y, lo que es más importante, en el documento final de la conferencia fundacional del Movimiento de Países No Alineados en 1961, que estableció la soberanía y la dignidad como sus principales conceptos (secciones 13a y 13b). Un intento importante para poner en práctica estos conceptos fue el NOEI, iniciado por el MNOAL, aprobado por la Asamblea General en 1974 y posteriormente rechazado por Estados Unidos y sus aliados, que en su lugar defendieron un orden mundial neoliberal. El resurgimiento del NOEI forma parte de la nueva atmósfera actual.
2. El surgimiento de un grupo multilateral como el Grupo de Amigos plantea la cuestión de cómo empezar a entender el orden mundial post-unipolar. Una escuela de pensamiento sostiene que entraremos en un nuevo orden mundial multipolar en el que se establecerán diferentes polos. La evidencia para esto es poco clara, ya que, aparte de Estados Unidos, ninguna de las grandes potencias está intentando establecer poder extraterritorial o constituirse en un polo (como quedó claro en el XX Congreso del Partido Comunista de China, por ejemplo) (Xi, 2022). Más aún, un mundo multipolar no es necesariamente un antídoto contra el militarismo, ya que podría intensificar las rivalidades y, por lo tanto, las guerras. Una segunda escuela de pensamiento afirma que el movimiento actual de la historia favorece la creación de bloques regionales que querrían integrarse con otros países y bloques regionales de forma mutuamente beneficiosa. La evidencia para esto es abundante, como la creación de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestramérica (ALBA, 2004) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, 2010), en América Latina, así como la Organización de Cooperación de Shanghái en 2001 en Asia. El capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas respalda el aumento de “acuerdos u organismos regionales” para contribuir al “mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales”.

Estas redes regionales no son bloques de poder exclusivos concebidos para intensificar los conflictos, sino acuerdos para mejorar el comercio regional, gestionar los conflictos regionales y desarrollar agendas interregionales para construir programas de beneficio mutuo.

El resurgimiento de las ideas del multilateralismo, regionalismo y no alineación indica un alejamiento de las rigideces de la globalización unipolar, una agenda impulsada por Estados Unidos en nombre del capital internacional. Estas ideas anuncian la posibilidad de soberanía, es decir, que los Estados e incluso los alineamientos regionales puedan liberarse, en mayor medida, de las presiones de Estados Unidos y sus instrumentos (incluido el FMI). Pero la soberanía por sí misma no significa que las miserables condiciones de la vida cotidiana vayan necesariamente a mejorar, para ello se requiere un concepto adicional: la dignidad. La soberanía crea la oportunidad de que un Estado diseñe políticas que aumenten la dignidad de las personas, pero no garantiza por sí misma la dignidad. Los términos soberanía y dignidad pueblan los tratados importantes de nuestro tiempo, como la Carta de la ONU y el Documento Final del MNOAL. Estos conceptos permiten a los movimientos populares, que despliegan su disputa por o en el poder del Estado, luchar contra la asfixia de la unipolaridad y contra la miseria de la desigualdad.

Referencias bibliográficas

Óscar Muñoz (Colombia), Línea del destino, 2006.

Queridos amigos y amigas,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Cada año, en las últimas semanas de septiembre, las y los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para hablar en el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los discursos suelen ser previsibles con mucha antelación, ya sean declaraciones cansinas sobre valores que no se ponen en práctica o voces beligerantes que amenazan con la guerra en una institución construida para evitarla.

Sin embargo, de vez en cuando, un discurso brilla, una voz emana de la cámara y resuena en todo el mundo por su claridad y sinceridad. Este año, esa voz pertenece al recién asumido presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyas breves palabras destilaron con precisión poética los problemas de nuestro mundo y la seguidilla de crisis del malestar social, la adicción al dinero y al poder, la catástrofe climática y la destrucción del medio ambiente. “Es hora de la paz”, dijo el Presidente Petro. “Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones. Sin justicia social, no hay paz social”.

Heriberto Cogollo (Colombia), Carnaval Los Cabildos de Cartagena, 1999.

Colombia ha sido presa de la violencia desde que se independizó de España en 1810. Esta violencia proviene de las élites colombianas, cuyo insaciable deseo de riqueza ha supuesto el empobrecimiento absoluto del pueblo y el fracaso del país en el desarrollo de algo que se parezca al liberalismo. Décadas de acción política para construir la confianza de las masas en Colombia culminaron en un ciclo de protestas a partir de 2019 que llevó a la victoria electoral de Petro. El nuevo gobierno de centroizquierda se ha comprometido a construir instituciones socialdemócratas y a desterrar la cultura de la violencia en el país. Aunque el ejército colombiano, al igual que las fuerzas armadas de todo el mundo, se prepara para la guerra, el presidente Petro les dijo en agosto de 2022 que ahora deben “prepararse para la paz” y deben convertirse en “un ejército de paz”.

Cuando se piensa en la violencia en un país como Colombia, existe la tentación de centrarse en las drogas, la cocaína en particular. A menudo se sugiere que la violencia es una consecuencia del tráfico ilícito de cocaína. Pero esta es una evaluación ahistórica. Colombia experimentó un terrible derramamiento de sangre mucho antes de que la cocaína altamente procesada se hiciera cada vez más popular a partir de la década de 1960. La élite del país ha utilizado la fuerza asesina para impedir cualquier atenuación de su poder, incluido el asesinato en 1948 de Jorge Gaitán, antiguo alcalde de la capital, Bogotá, que dio lugar a un periodo conocido como La Violencia. Políticos liberales y militantes comunistas se enfrentaron al acero del ejército y la policía colombianos en nombre de este bloque de poder de granito respaldado por Estados Unidos, que ha utilizado a Colombia para extender su poder en Sudamérica. Se utilizaron hojas de higuera de diversos tipos para encubrir las ambiciones de la élite colombiana y sus benefactores en Washington. En la década de 1990, una de esas tapaderas fue la Guerra contra las drogas.

Enrique Grau Araújo (Colombia), Prima Colazione a Firenze [Desayuno en Florencia], 1964.

Según todos los indicios —ya sea de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o de la Administración de Control de Drogas (DEA) del gobierno estadounidense— los mayores consumidores de narcóticos ilegales (cannabis, opioides y cocaína) se encuentran en Norteamérica y Europa Occidental. Un reciente estudio de la ONU muestra que “el consumo de cocaína en Estados Unidos ha fluctuado y aumentado después de 2013, observándose una tendencia más estable en 2019”. La estrategia de la Guerra contra las drogas, iniciada por Estados Unidos y los países occidentales, ha tenido un doble enfoque de la crisis de las drogas: en primer lugar, criminalizar a los minoristas de los países occidentales y, en segundo lugar, ir a la guerra contra los campesinos que producen la materia prima de estas drogas en países como Colombia.

En Estados Unidos, por ejemplo, casi dos millones de personas -desproporcionadamente negras y latinas- están atrapadas en el complejo industrial penitenciario, y 400.000 de ellas están encarceladas o en libertad condicional por delitos de drogas no violentos (en su mayoría como pequeños traficantes en un imperio de la droga enormemente rentable). El colapso de las oportunidades de empleo para los jóvenes en las zonas de clase trabajadora y el atractivo de los salarios de la economía de la droga siguen atrayendo a los empleados de bajo nivel de la cadena mundial de mercancías de la droga, a pesar de los peligros de esta profesión. La Guerra contra las drogas ha tenido un impacto insignificante en esta cadena, por lo que muchos países han comenzado a despenalizar la posesión y el consumo de drogas (especialmente el cannabis).

Débora Arango (Colombia), Rojas Pinilla, 1957.

La obstinación de la élite colombiana —respaldada por el gobierno de Estados Unidos— para impedir que se abriera cualquier espacio democrático en el país llevó a la izquierda a tomar la lucha armada en 1964 y luego a volver a las armas cuando la élite cerró la promesa de la vía democrática en la década de 1990. En nombre de la guerra contra la izquierda armada, así como de la Guerra contra las drogas, el ejército y la policía colombianos han aplastado cualquier disidencia en el país. A pesar de la evidencia de los vínculos financieros y políticos entre la élite colombiana, los narcoparamilitares y los cárteles de la droga, el gobierno de Estados Unidos inició el Plan Colombia en 1999 para canalizar 12.000 millones de dólares a los militares colombianos con el fin de profundizar esta guerra (en 2006, cuando era senador, Petro reveló el nexo entre estas fuerzas diabólicas, por lo que su familia fue amenazada con violencia).

Como parte de esta guerra, las fuerzas armadas colombianas lanzaron sobre el campesinado la terrible arma química glifosato (en 2015, la Organización Mundial de la Salud dijo que este producto químico es “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y, en 2017, la Corte Constitucional colombiana dictaminó que su uso debe ser restringido). En 2020, la Harvard International Review ofreció la siguiente evaluación: “En lugar de reducir la producción de cocaína, el Plan Colombia ha hecho que la producción y el transporte de cocaína se desplacen a otras zonas. Además, la militarización de la Guerra contra las drogas ha provocado un aumento de la violencia en el país”. Esto es precisamente lo que el presidente Petro dijo al mundo en las Naciones Unidas.

Sandra Vásquez de la Horra (Chile), Los Vientos, 2016.

El informe más reciente de la DEA señala que el consumo de cocaína en Estados Unidos se mantiene constante y que “las muertes por intoxicación de drogas relacionadas con la cocaína han aumentado cada año desde 2013”. La política antidroga de Estados Unidos se centra en la aplicación de la ley, con el único objetivo de reducir la disponibilidad nacional de cocaína. Washington gastará el 45% de su presupuesto para las drogas en la aplicación de la ley, el 49% en el tratamiento de personas drogadictas y un mero 6% en la prevención. La falta de énfasis en la prevención es reveladora. En lugar de abordar la crisis de las drogas como un problema del lado de la demanda, EE.UU. y otros gobiernos occidentales pretenden que es un problema del lado de la oferta que puede ser tratado mediante el uso de la fuerza militar contra pequeños traficantes de drogas y campesinos que cultivan la planta de coca. El mensaje de Petro desde el corazón en las Naciones Unidas intentó llamar la atención sobre las causas fundamentales de la crisis de las drogas:

Según el poder irracional del mundo la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas, los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia, la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara: la adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia, en los perdedores de la carrera artificial en que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se curará con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero.

La Guerra contra las drogas, dijo Petro, es una guerra contra el campesinado colombiano y una guerra contra las personas pobres y precarias de los países occidentales. No necesitamos esta guerra, dijo; en su lugar, tenemos que luchar por construir una sociedad pacífica que no le quite el sentido a las personas que son tratadas como un excedente para la lógica de la sociedad.

Fernando Botero (Colombia), La Calle, 2013.

En su juventud, Petro formó parte del movimiento guerrillero M-19, una de las organizaciones que intentó romper el control que las élites colombianas ejercían sobre la democracia del país. Una de sus compañeras fue la poetisa María Mercedes Carranza (1945-2003), que escribió con crudeza sobre la violencia ejercida sobre su país en su libro Hola, Soledad (1987), plasmando la desolación en su poema “La Patria”:

Todo es ruina en esta casa
están en ruina el abrazo y la música
el destino, cada mañana, la risa son ruina,
las lágrimas, el silencio, los sueños.
Las ventanas muestran paisajes destruídos,
carne y ceniza se confunden en las caras,
en las bocas las palabras se revuelven con miedo.
En esta casa todos estamos enterrados vivos.

Carranza se quitó la vida cuando el fuego del infierno arrasó Colombia.

Un acuerdo de paz en 2016, un ciclo de protestas a partir de 2019, y ahora la elección de Petro y Francia Márquez en 2022 han borrado la ceniza de la cara del pueblo colombiano y le han dado la oportunidad de intentar reconstruir su casa. El fin de la Guerra contra las drogas, es decir, de la guerra contra el campesinado colombiano, no hará más que hacer avanzar la frágil lucha de Colombia hacia la paz y la democracia.

Cordialmente,

Vijay

¿Cómo se visualiza la huella del Imperio?

Las imágenes de este dossier cartografían algunas de las bases militares de AFRICOM en el continente africano, tanto las “duraderas” como las “no duraderas”, como se denominan oficialmente. Las fotos satelitales fueron recopiladas por el artista de datos Josh Begley, que dirigió un proyecto de cartografía para responder a la pregunta: “¿cómo se mide una huella militar?”

Para este dossier, el Instituto Tricontinental de Investigación Social proyectó físicamente las imágenes y las coordenadas de estos lugares ocultos en un mapa de África, reconstruyendo visualmente el aparato de militarización actual. Al mismo tiempo, los alfileres e hilos que conectan estos lugares nos recuerdan los “cuartos de guerra” de la dominación colonial. El conjunto de imágenes es un testimonio visual de la continua “fragmentación y subordinación de los pueblos y gobiernos del continente”, tal y como lo describe este dossier.

El 30 de mayo de 2016, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (PSC por su sigla en inglés) celebró su reunión número 601. Aunque la agenda era amplia, lxs integrantes del PSC llegaron a la reunión preocupadxs por una serie de conflictos: el colapso del Estado libio y el impacto que había tenido en la región del Sahel, las luchas continuas en la región del lago Chad con la persistencia de Boko Haram, y las guerras que marcaron la región de los Grandes Lagos (con la pérdida de soberanía de la República Democrática del Congo en su flanco oriental). La “responsabilidad primaria de asegurar la prevención efectiva de conflictos”, señaló el PSC, “recae en los Estados miembros”, es decir, los 55 países del continente africano, desde Argelia hasta Zimbabue.

El PSC no necesitaba lecciones de nadie sobre sus propias limitaciones, que eran dos:

1. Fragmentación interna. Solo meses antes de esa reunión de mayo, el PSC había autorizado el despliegue de 5.000 efectivos de la Misión Africana de Prevención y Protección en Burundi. Esto se debió, en parte, a las duraderas causas del prolongado conflicto en los Grandes Lagos que incluyó la Guerra Civil de Burundi (1993-2005), así como la crisis política causada por la asfixia del sistema político por parte del presidente Pierre Nkurunziza, que desencadenó protestas y represión estatal en 2015. El presidente Nkurunziza impulsó una agenda entre los jefes de gobierno africanos para bloquear la decisión del PSC. La Unión Africana decidió que la situación en Burundi se había calmado, pese a que la ONU encontró evidencia de crímenes de lesa humanidad. Este fue un ejemplo de la fragmentación de los líderes africanos, que impidió que el PSC consiga avanzar una agenda.
2. Presiones externas. Entre febrero y marzo de 2011, el PSC se reunió para diseñar una hoja de ruta completa para hacer retroceder el conflicto en Libia. Una misión del PSC se congregó en Nuakchot, Mauritania, para viajar a Trípoli, Libia, y comenzar las negociaciones sobre la base del párrafo 7 del comunicado del PSC. Este párrafo —conocido como la “hoja de ruta”— contenía una elegante vía de cuatro puntos, incluyendo el cese de hostilidades, la entrega de ayuda humanitaria a través de la cooperación, la protección de la ciudadanía extranjera y la adopción e implementación de reformas políticas para eliminar las causas de la crisis. Tanto el gobierno de Libia como la oposición rechazaron inicialmente la hoja de ruta, pero el diálogo permaneció abierto, razón por la cual una misión del PSC estaba lista para ir a Trípoli. El día antes de que la misión pudiera partir, Francia y Estados Unidos comenzaron a bombardear Libia. Este bombardeo sucedió con el auspicio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU (votada por tres países africanos: Gabón, Nigeria y Sudáfrica). Esta “intervención humanitaria” rápidamente excedió el mandato de la ONU de proteger a la ciudadanía, avanzando hacia un cambio de régimen con una inmensa violencia que provocó víctimas civiles. El desprecio mostrado por los estados del Atlántico Norte por la Unión Africana y el PSC ha pasado prácticamente desapercibido.

Tras la guerra de la OTAN contra Libia, la región del Sahel experimentó una serie de conflictos, muchos de ellos impulsados por el surgimiento de formas de militarismo, piratería y contrabando. Con el pretexto de esos conflictos e incentivados por la guerra de la OTAN, Francia y Estados Unidos intervinieron militarmente en todo el Sahel. En 2014, Francia estableció el G-5 Sahel, un acuerdo militar que incluía a Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger: y expandió o abrió nuevas bases en Gao, Mali; Yamena, Chad; Niamey, Níger; y Uagadugú, Burkina Faso. Estados Unidos, por su parte, construyó una enorme base de aviones no tripulados en Agadez, Níger, desde donde lleva a cabo sus ataques con drones y la vigilancia aérea de todo el Sahel y el desierto del Sahara. Esta es una de las muchas bases estadounidenses en el continente africano. Estados Unidos tiene 29 instalaciones militares conocidas en 15 países del continente, mientras que Francia tiene bases en 10 países. Ningún otro país de fuera del continente tiene tantas bases militares en África.

Arba Minch, Etiopía 6.040864 | 37.588118; Fuente: Google Maps

El número de bases militares extranjeras en el continente africano alarmó al PSC, que lo planteó como una cuestión importante en su reunión de mayo de 2016:

El Consejo observa con profunda preocupación la existencia de bases militares extranjeras y el establecimiento de otras nuevas en algunos países africanos, junto con la incapacidad de los Estados miembros afectados para monitorear eficazmente el movimiento de armas hacia y desde esas bases. En este sentido, el Consejo enfatiza la necesidad de que los Estados miembros sean siempre circunspectos cuando celebren acuerdos que conduzcan al establecimiento de bases militares extranjeras en sus países.

Desde 2016, poco se ha avanzado respecto a la declaración del PSC. Es decidor que la institución no haya nombrado a los países que tienen más bases en el continente, una cuestión de cantidad que tiene un impacto en la calidad de la supresión de la soberanía africana. Si el PSC hubiera nombrado a Estados Unidos y Francia como los principales países que tienen bases militares en África, habría tenido que reconocer las razones particulares por las cuales estos dos países continúan requiriendo una presencia militar para sus objetivos.

Es importante reconocer que estos acontecimientos no son la norma en la historia moderna de África ni son inevitables. En 1965, el expresidente de Ghana, Kwame Nkrumah, publicó un importante libro: Neocolonialismo: la última etapa del imperialismo, que reflexionaba sobre el fenómeno de las bases militares. Estas habían sido muy comunes en todo el continente durante el tiempo del alto colonialismo, desde la base británica de Salisbury en la antigua Rodesia (actualmente Harare, Zimbabue) a la base francesa en Mers El Kébir en Argelia. Los ejércitos británico y estadounidense tenían bases en Libia, desde la Base Aérea Wheelus hasta los puestos militares de Tobruk y El Adén.  A cambio de la tierra y el derecho a acuartelar tropas en estos lugares, Reino Unido y Estados Unidos proporcionaban “ayuda” a Libia, que Nkrumah dijo —con razón— que era un pago por la pérdida de soberanía. Aquí está la evaluación de Nkrumah sobre estas bases en África:

Una potencia mundial que ha decidido, basándose en principios de estrategia global, que es necesario tener una base militar en este o aquel Estado independiente nominal, debe asegurar que el país en el que esté establecida la base sea amigable. Esta es otra razón de la balcanización. Si la base está situada en un país constituido en tal forma económica que no puede subsistir sin la “ayuda” sustancial de la potencia militar que posee la base, entonces, se arguye, puede asegurarse la seguridad de la base. Como tantas otras presunciones en las que se basa el neocolonialismo, esta es falsa. La presencia de bases extranjeras hace surgir la hostilidad popular contra los acuerdos neocoloniales que las permiten con más rapidez y fuerza que cualquier otra cosa, y estas bases van desapareciendo en toda África. Libia es un ejemplo del fracaso de esta política.

En 1964, el egipcio Gamal Abdel Nasser pidió la remoción de esas bases, y en 1970, después de que el coronel Muammar Gaddafi derrocara a la monarquía, las bases fueron retiradas. Cinco años antes, Nkrumah juzgó correctamente el estado de ánimo del pueblo libio, el mismo ánimo que hay desde 1965 hasta la actualidad. Desde su creación en 2007, el Comando Africano del gobierno estadounidense (AFRICOM) no ha conseguido encontrar un hogar en el continente africano; su sede está en Stuttgart, Alemania. Los pueblos africanos continúan presionando a sus gobiernos para que no cedan a las exigencias estadounidenses de trasladar la sede de AFRICOM de Europa a África.

El neocolonialismo, señalaba Nkrumah, busca fragmentar África, debilitar sus instituciones estatales, evitar la unidad y la soberanía africanas, e insertar ahí su poder para subordinar las aspiraciones del continente a la consolidación panafricana. Ni la Organización de la Unidad Africana (1963-2002) ni la Unión Africana (desde 2002) han sido capaces de hacer realidad los dos principios más importantes del panafricanismo: la unidad política y la soberanía territorial. La presencia constante de bases militares extranjeras no solo simboliza la falta de unidad y soberanía; también refuerza la fragmentación y subordinación de los gobiernos y pueblos del continente.

Nzara, Sudán del Sur 4.634998 | 28.26727; Fuente: Google Maps

La entrega de nuestra soberanía

En 2018, el Departamento de Defensa de Estados Unidos propuso que este país y Ghana firmaran un Status of Forces Agreement (SOFA) [Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas], que por 20 millones de dólares permitiría al ejército estadounidense expandir su presencia en Ghana. En marzo, un descontento generalizado respecto de este acuerdo llevó a grandes sectores de la población a las calles. Los partidos de oposición, preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos construyera una base militar en el país, plantearon sus objeciones en el parlamento. Para abril, el presidente Ghana Nana Akufo-Addo declaró que su gobierno “no había ofrecido ni ofrecerá una base militar a Estados Unidos de América”. La embajada estadounidense en Accra repitió esta declaración, afirmando que “EE. UU. no ha solicitado ni planea establecer una base o bases militares en África”. El acuerdo SOFA fue firmado en mayo de 2018.

No se requiere una lectura detenida del texto del acuerdo para saber que, de hecho, existe la posibilidad de que Estados Unidos construya una base en el país. El artículo 5, por ejemplo, dice:

Por el presente, Ghana facilita a las fuerzas estadounidenses y a los contratistas de Estados Unidos el acceso y uso irrestricto de las instalaciones y áreas acordadas, y otras según lo acordado mutuamente. Las instalaciones y áreas acordadas, o partes de ellas, proporcionadas por Ghana serán designadas para uso exclusivo de las fuerzas estadounidenses o para ser utilizadas conjuntamente por Ghana y las fuerzas estadounidenses. Ghana también proporcionará acceso y uso de una pista de aterrizaje que cumpla los requerimientos de las fuerzas estadounidenses.

Con este artículo, se permite a Estados Unidos crear sus propias instalaciones militares en Ghana. Bajo cualquier definición, esto quiere decir que puede establecer una base. La cesión de la soberanía de Ghana también sale a luz cuando el acuerdo SOFA establece, en su artículo 6, que Estados Unidos “tendrá prioridad en el acceso y uso de las instalaciones y áreas acordadas” y que dicho uso y acceso por parte de otros “podrá ser autorizado con el expreso consentimiento tanto de las fuerzas de Estados Unidos como las de Ghana”.

Uagadugú, Burkina Faso 12.361688 | -1.511828; Fuente: Google Maps

Más aún, el artículo 3 dice que las tropas estadounidenses “pueden poseer y portar armas en Ghana mientras estén en servicio oficial” y que las tropas estadounidenses tendrán “los privilegios, excepciones e inmunidades equivalentes a los concedidos al personal administrativo y técnico de una misión diplomática”. En otras palabras, las tropas estadounidenses pueden ir armadas y, si son acusadas de un delito, no serán juzgadas en los tribunales de Ghana.

En marzo de 2018, Kwesi Pratt del Socialist Forum Ghana (SFG) [Foro Socialista de Ghana] cuestionó en una estación de radio al ministro de Defensa de dicho país, Dominic Nitiwul. Este dijo que no había nada peculiar en el acuerdo, ya que otros países africanos, como Senegal, habían firmado acuerdos de este tipo. Ghana —dijo Nitiwul— había firmado acuerdos parecidos con Estados Unidos en 1998 y 2007, pero estos fueron hechos en secreto porque no había exención tributaria. Pratt advirtió que Ghana estaría “renunciando su soberanía” al firmar este acuerdo. El sentimiento generalizado en el país era contrario a la base, por lo que tanto el gobierno de Ghana como el de Estados Unidos negaron que eso fuera a ocurrir.

Pero Pratt tenía razón. La presencia estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Kotoka en Accra se convirtió en el corazón de la Red Logística de África Occidental del ejército de EE. UU. Para 2018, vuelos semanales desde la Base Aérea de Ramstein en Alemania aterrizaban en Accra con suministros (incluyendo armas y municiones) para al menos 1.800 efectivos de las fuerzas especiales estadounidenses repartidos por África Occidental. El general de brigada Leonard Kosinski dijo en 2019 que este vuelo semanal era “básicamente una ruta de autobuses”. En el aeropuerto de Kotoka, Estados Unidos mantiene un espacio de seguridad cooperativa. Esta es una base en todo menos en el nombre.

La huella de Estados Unidos

El continente africano no tiene un número inusualmente grande de bases militares extranjeras. Estas pueden encontrarse en todo el mundo, desde las bases estadounidenses en Japón, hasta las bases británicas en Australia. En el mundo no hay un país que tenga una huella militar mayor que Estados Unidos. Según el Plan de Operaciones Empresariales de la Defensa Nacional de EE. UU. (2018-2022), el ejército estadounidense gestiona una “cartera global que consiste en más de 568.000 activos (edificios e infraestructura) ubicados en 4.800 lugares en todo el mundo”.

En 2019, AFRICOM elaboró una lista de algunas de sus bases militares conocidas en el continente africano, distinguiendo entre las que tienen una “huella duradera” (bases permanentes) y aquellas con una “huella no duradera” o lily pads (‘nenúfares’) (bases semipermanentes).

La lista no incluye las bases donde Estados Unidos utiliza “instalaciones de la nación anfitriona”, como en Singo, Uganda o en Theis, Senegal.

La gran presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el continente africano no es una sorpresa. Estados Unidos tiene la mayor fuerza militar del planeta, tanto en términos del vasto número de recursos que destina a sus fuerzas armadas, así como en términos del alcance de estas a través de su estructura de bases y de su capacidad aérea y naval. Ninguna otra fuerza militar en el mundo se iguala a la de Estados Unidos, que gasta más que los 11 países siguientes juntos. China, que sigue a Estados Unidos en gasto militar, solo desembolsa un tercio de lo que gasta este en un año.

La huella del ejército estadounidense en el continente africano no es solo cuantitativamente mayor que la de las bases de cualquier otro país no africano, sino que la mera escala de su presencia y actividades militares le confiere un carácter cualitativamente diferente, que incluye la capacidad de Estados Unidos para defender sus intereses en el continente e intentar impedir cualquier competencia seria a su control de recursos y mercados. Hay dos tareas que el ejército estadounidense cumple en el continente:

1. Funciones de gendarme. Las fuerzas armadas estadounidenses operan no solo para proporcionar ventaja a su país y sus élites gobernantes, sino que funcionan —junto con los ejércitos de los demás países de la OTAN, incluida Francia— como garantes de los intereses corporativos occidentales y de los principios del capitalismo. Nkrumah llegó a la misma conclusión en 1965, al afirmar que “las materias primas de África son una consideración importante en la acumulación militar de los países de la OTAN. (…) Sus industrias, especialmente las fábricas estratégicas y nucleares, dependen en gran medida de las materias primas que provienen de los países menos desarrollados”.  Los informes militares estadounidenses esbozan sistemáticamente la responsabilidad de sus diversas fuerzas armadas para asegurar un flujo estable de materias primas para las corporaciones —especialmente energía— y para mantener la circulación sin obstáculos de mercancías a través de los canales de transporte. Entre estos informes se encuentran National Energy Policy [Política Nacional Energética] (mayo 2001) del Grupo Nacional de Desarrollo de Política Energética, liderado por el exvicepresidente Dick Cheney; y  Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States (septiembre 2018) [Evaluación y fortalecimiento de la base industrial manufacturera y de defensa y de la resistencia de la cadena de suministro de Estados Unidos] del Grupo de Tarea Interagencial para llevar a cabo la Orden Ejecutiva 13806. En este sentido, el ejército estadounidense, junto a sus socios de la OTAN, actúa como un gendarme, no para la comunidad mundial, sino para los beneficiarios del capitalismo. Junto a Estados Unidos está Francia, cuya presencia militar en Níger está estrechamente vinculada a los imperativos del sector energético francés, que requiere del uranio de las minas de Arlit. Una de cada tres bombillas francesas funciona con el uranio de ese pueblo en Níger, que está copado por tropas francesas.
2. La Nueva Guerra Fría. A medida que han aumentado los intereses comerciales privados y públicos chinos en el continente africano, y que las empresas chinas consistentemente superan las ofertas de las empresas occidentales, la presión de Estados Unidos para contener a China en el continente se ha incrementado. La New Africa Strategy (2019) [Nueva Estrategia para África] del gobierno estadounidense caracteriza la situación en términos competitivos: “las grandes potencias en competencia como China y Rusia están expandiendo rápidamente su influencia financiera y política por toda África. Están enfocando sus inversiones deliberada y agresivamente en la región para ganar una ventaja competitiva sobre Estados Unidos”. La Unión Europea también emitió un informe llamado Towards a Comprehensive Strategy with Africa (2020) [Hacia una estrategia global con África], donde, aunque no menciona directamente a China, se preocupa por la “competencia por los recursos naturales”.

Estos dos puntos: la función de gendarme y la Nueva Guerra Fría, requieren mayor elaboración.

Agadez, Niger 16.950278 | 8.013889; Fuente: Google Maps

Explotación de recursos

África es la segunda masa terrestre más grande del mundo con la segunda mayor población continental (1.340 millones de personas en 2020), más que la población de América del Norte y Europa juntas (1.100 millones). Asia es el continente más grande con la mayor población (4.640 millones de personas).

El subsuelo de África alberga una serie de importantes recursos naturales: 98% del cromo del mundo, 90% del cobalto, 90% del platino, 70% del coltán, 70% de la tantalita, 64% del manganeso, 50% del oro, 33% del uranio, así como una parte significativa de las reservas mundiales de otros minerales como bauxita, diamantes, tantalio, wolframio y estaño. El continente tiene el 30% de todas las reservas minerales, 12% de las reservas de petróleo conocidas, 8% de las de gas natural y 65% de la tierra cultivable del mundo. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que el capital natural de África representa entre el 30% y el 50% de la riqueza total de los países africanos. En 2012, la ONU estimó que los recursos naturales representaban un 77% del total de exportaciones y el 42% del total de los ingresos gubernamentales.

La dependencia de los Estados africanos de la exportación de materias primas de varios tipos —debido al poder de las empresas multinacionales y la falta de industrialización suficiente en una serie de países africanos— los ha colocado en una posición de dependencia del capital extranjero. Esta condición de dependencia fue estructurada por las políticas de los gobernantes coloniales, que mantuvieron una actividad económica en África basada en la extracción y el cultivo de materias primas, que después eran vendidas a través de concesiones coloniales a los países de sus gobernantes. Esta dependencia fue heredada por generaciones de elites postcoloniales, que recibían rentas de ella y no hacían nada por cambiar la estructura. Los Estados africanos, entonces, dependen de ingresos del exterior, procedentes de la exportación de materias primas, de los programas de ayuda de gobiernos occidentales y de la ayuda institucional.

Entebbe CSL, Uganda 0.046175 | 32.45588; Fuente: Google Maps

Esta dependencia crea vías para manipulaciones por parte de estos gobiernos extranjeros que tienen intereses permanentes en África. Los gobiernos de turno usan los recursos naturales de los que disponen para asegurarse la ayuda de socios externos, sin prestar mucha atención a los requisitos y condiciones de esa ayuda. Las condiciones de ayuda despojan a los países africanos de los ingresos necesarios. Por ejemplo, la Comisión Económica para África de la ONU reporta que en los últimos 50 años los flujos financieros ilícitos han resultado en la pérdida de al menos un billón de dólares, “una suma casi equivalente a toda la ayuda al desarrollo oficial que el continente ha recibido en ese mismo período”. Se trata de fondos preciados que podrían haberse utilizado para diversificar las economías africanas, construir infraestructura faltante y mejorar los beneficios sociales en el continente. La dependencia económica reduce las opciones para los gobiernos africanos, que se subordinan cada vez más a las potencias e intereses extranjeros. Entre los gobiernos que están subordinados económicamente, la voluntad política de resistirse a la intervención militar, desde establecer nuevas bases extranjeras hasta permitir a militares extranjeros operen en múltiples otras formas, es ínfima.

En la última época han surgido varias plataformas panafricanas para rectificar esta dependencia, incluyendo el Marco Africano Alternativo para los Programas de Ajuste Estructural para la Recuperación y la Transformación Socioeconómica (1989), la Visión Minera de África (2008), la Declaración de Gaborone para el Desarrollo Sostenible en África (2012), la Declaración de Arusha sobre la  Estrategia africana para el desarrollo sostenible post Rio+20 (2012), el comunicado del Foro Africano de Desarrollo en la octava cumbre (2014), que culminó con la adopción por parte de la Unión Africana del primer Plan Decenal de Implementación (2014-2023), esbozado en el tercer documento de la Agenda 2063: El África que queremos (2015). Cada uno de estos documentos —con diferentes niveles de énfasis— señala la necesidad de romper la dependencia de las exportaciones de materias primas, gestionar mejor los contratos firmados con empresas multinacionales y utilizar los recursos obtenidos de las exportaciones para mejorar las condiciones de vida social, tal y como se recoge en los acuerdos de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La incapacidad de aprovechar adecuadamente los recursos e impulsar un programa de desarrollo centrado en la gente produce un contexto social propicio para conflictos políticos y militares, incluyendo insurgencias que a menudo se dividen según líneas étnicas y religiosas, y para la expansión de la migración dentro el continente y hacia Europa. Estos dos resultados de la profunda crisis económica de los Estados africanos —conflicto y migración— son la excusa superficial para que países como Estados Unidos y Francia establezcan bases militares en el continente.

• Conflicto. El gobierno estadounidense ha establecido relaciones militares regulares —incluyendo bases lilypad— en São Tomé y Príncipe en el Golfo of Guinea. Por un lado, las explicaciones para la presencia estadounidense allí no evitan decir directamente que se trata del traslado del petróleo de Nigeria y del Golfo de Guinea a Estados Unidos. Nigeria, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es el onceavo mayor productor de petróleo en el mundo. Por otro lado, el gobierno estadounidense afirma que tiene una presencia en el Golfo de Guinea para frenar el crecimiento de las milicias islámicas, especialmente de ISIS y Al-Qaeda, incluso aunque los funcionarios de gobierno coinciden en que estos grupos no tienen una presencia amenazadora allí.
  En África Central, AFRICOM ha participado por más de una década en el entrenamiento del ejército de la República Democrática del Congo (RDC), especialmente en Camp Base, una base militar en las afueras de Kisangani. De acuerdo con un comunicado de AFRICOM en 2010, el entrenamiento militar formaría “parte de una asociación multilateral a largo plazo entre EE. UU. y RDC para promover la reforma del sector de seguridad en el país [lo que] ayudaría al gobierno de RDC en sus esfuerzos en marcha para transformar las Fuerzas Armadas de RCD”. Las relaciones entre RDC y AFRICOM se han profundizado desde entonces.
  En 2007 se hizo un gran descubrimiento de petróleo (alrededor de 1.700 millones de barriles) en la frontera entre Congo y Uganda, en la región del Lago Alberto. No sorprende, entonces, que esta región se haya militarizado fuertemente. Esto es particularmente evidente en el pueblo de Beni, en Kivu del Norte. Beni es el epicentro de decenas de espantosos asesinatos atribuidos a menudo a un grupo rebelde ugandés llamado Allied Democratic Forces (ADF) [Fuerzas Democráticas Aliadas], que ha operado en Congo desde comienzos de la década de 1990. El 27 de enero de 2021, una delegación de funcionarios de AFRICOM llegó a RDC para discutir con el ejército congoleño la necesidad de “cooperación y compromisos, esfuerzos de seguridad y estabilidad, y trabajar juntos para profesionalizar más el ejército de RDC y fortalecer los lazos”.
  El 10 de marzo de 2021, el Departamento de Estado estadounidense designó a ADF como “organización terrorista extranjera” y “terroristas globales especialmente designados”, aunque las organizaciones locales y el Grupo de Expertos sobre República Democrática del Congo de la ONU dice que no hay evidencia de vínculos de ADF con ISIS. El Departamento de Estado estadounidense adoptó esta postura basándose en lo que sostiene la Bridgeway Foundation, la rama benéfica de la empresa de inversiones Bridgeway Capital Management, con sede en Texas. Esta designación permite un aumento de la presencia militar estadounidense en el Congo. El área principal de esta presencia será la adyacente a las reservas de petróleo. Los militares estadounidenses continuarán proporcionando estabilidad a los “hombres duros” africanos, que dependen del apoyo de Estados Unidos para su continuidad.
• Migración. Una migración a gran escala en todo el continente ha sido provocada por los programas de austeridad impulsados por el FMI y la incapacidad de los Estados africanos para administrar la venta de recursos de forma que proporcione una vida digna para su población. Una cuarta parte de los cerca de 41,3 millones de migrantes desplazados por la violencia y los conflictos ha intentado migrar a Europa, mientras que el resto se ha desplazado dentro del continente. Lxs migrantes que quieren ir a Europa cruzan el desierto del Sahara hasta Libia —rota por la guerra de la OTAN—, y luego atraviesan el Mediterráneo. El viaje es peligroso, pero cuando la ONU encuestó a las personas que consiguieron cruzar arenas y aguas, más del 90% de ellas dice que lo haría de nuevo.
  Los intentos europeos de detener el flujo de migrantes que cruzan el Mediterráneo han sido inútiles. Se han empleado ejércitos extranjeros en el Sahel para limitar la migración y mantener a lxs migrantes lo más lejos posible de la frontera con Europa. Esta es en parte la razón por la que Francia estableció la Iniciativa G5 del Sahel y por la que Estados Unidos construyó una gran base de drones en Agadez, que proporciona importante vigilancia aérea de la migración en la región. Lo que han hecho los países europeos es exportar sus fronteras lejos de su propio territorio y asegurarse de que la dura interdicción de personas refugiadas y migrantes se haga fuera de la cobertura de sus propios medios de comunicación. Se trata de una especie de externalización de la crisis de refugiadxs: Occidente consigue impulsar sus terribles políticas antimigrantes al mismo tiempo en que logra parecer inocente mientras sus filiales hacen su trabajo sucio. Europa ha movido su frontera sur desde el límite norte del Mediterráneo hasta el borde sur del desierto del Sahara, ahora salpicado de bases militares, desde Mauritania hasta Chad.
  Los argumentos superficiales de prevención de conflictos y gestión de la migración son lugares comunes. Pero, de vez en cuando, algunos funcionarios estadounidenses aclaran las motivaciones más profundas. Como dijo en 2008 el comodoro John Nowell, quien dirige la Africa Partnership Station [Estación de Asociación con África] de AFRICOM, “No estaríamos aquí si no fuera por los intereses [de Estados Unidos]”. Por “aquí”, el comodoro Nowell se refería al continente africano.

La Nueva Guerra Fría

En la Quadrennial Defense Review [Revisión cuadrienal de la Defensa] de 2006 del gobierno estadounidense, los autores escribieron que: “de las potencias principales y emergentes, China es la nación con mayor potencial para competir militarmente con Estados Unidos y disponer de tecnologías militares disruptivas que con el tiempo podrían contrarrestar las ventajas tradicionales de Estados Unidos”. De hecho, la capacidad militar de China es principalmente defensiva, ya que ha construido su capacidad militar para defender su costa y su territorio. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, ha enfatizado que su país está comprometido con el multilateralismo: “China nunca busca la hegemonía global”, dijo el 24 de abril de 2021. Lo que los planificadores estadounidenses indican con mayor precisión es que no les gustaría ver que el poder político y comercial chino desafiara la hegemonía global de Estados Unidos. Como dijo el comodoro Nowell, los intereses estadounidenses son la razón de la presencia del país en la región, cualquier amenaza a esos intereses debe ser socavada por cualquier medio necesario.

Camp Lemonnier, Yibutí 11.544409 | 43.14707; Fuente: Google Maps

En 2013, el gobierno chino inauguró la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (NRS). En 2000, antes de su formalización, se creó el Foro de Cooperación China-África entre Beijing e inicialmente 44 países africanos (desde entonces, 53 de los 55 países del continente han establecido relaciones con China en el marco del Foro). Desde 2013, China ha invertido en casi todos los países africanos y todos ellos —excepto Eswatini (antes Suazilandia)— han roto lazos con Taiwán y reconocido a la República Popular China.

A lo largo de los años, China ha firmado varios memorandos de entendimiento con la Unión Africana, incluyendo uno en 2015 dentro del marco de la Agenda 2063 para apoyar la construcción de infraestructura. China ha invertido grandes cantidades de dinero en infraestructura clave, como el proyecto ferroviario Mali-Guinea y la ferrovía Sudán-Senegal; en infraestructura energética, el proyecto hidroeléctrico de Mambilla, de 2600 MW en Nigeria y la represa Bui, de 400 MW en Ghana; también en telecomunicaciones como equipamiento para Etiopía, Ghana, Kenia y Sudán. En diciembre de 2020, comenzó la construcción de la nueva sede de los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades, financiados por China con 80 millones de dólares, al sur de Adis Abeba, Etiopía. Actualmente hay alrededor de 600 proyectos de la NRS terminados en todo el mundo.

La ayuda china —a diferencia de la ayuda del FMI, de las inversiones comerciales occidentales o de la ayuda al desarrollo en el extranjero—no llega con el vicio de condicionalidades debilitantes. Las pruebas de que los términos son más favorables constan en varios acuerdos firmados por China, pero más que eso, provienen de la teoría china del capital paciente, que hasta ahora se ha adoptado dentro de los límites de China, pero que poco a poco, a través de los bancos estatales chinos, ha surgido como un importante inversor fuera de su territorio. China es ahora el segundo país que más invierte en el mundo, con el China Export-Import Bank y el China Development Bank como los principales inversionistas. Los préstamos que otorgan estas instituciones estatales son inversiones a largo plazo y no tienen calendarios cortos de reembolso. China entiende perfectamente que sus préstamos se conceden para liberar cuellos de botella de infraestructura y así apoyar el desarrollo social. Se les da flexibilidad a los países que reciben préstamos ya que los beneficios se prevén a largo plazo. Por ejemplo, el 30% de las inversiones en Asia central y el 80% de las inversiones en Pakistán no se recuperarán.

Más que desarrollar su propia política de ayuda al desarrollo humano y comercial que beneficiaría al pueblo africano, Estados Unidos ha abierto una “Nueva Guerra Fría” contra China en el continente africano. El desarrollo de AFRICOM en 2007 junto con la escalada de bases militares de Estados Unidos y sus aliados en la región del Sahel, el Cuerno de África y otros lugares, forman parte de esta Nueva Guerra Fría. Básicamente, esta guerra ha sido estructurada mediante una guerra de (des)información que consiste en dos elementos principales:

• El nuevo colonialismo de China. Sorprendentemente, las antiguas potencias coloniales, que continúan su política neocolonial hacia África —como ilustró Nkrumah y es evidente en su estructura de base— ahora se vuelven hacia China y la acusan de ser una potencia colonial. La retórica principal utilizada en esta guerra de (des)información es que China supuestamente utiliza sus recursos financieros para enganchar a los países en una trampa de deuda que los obliga a entregar sus recursos a precios bajos. El término “diplomacia de la trampa de la deuda” se utiliza contra China; sin embargo, no fue China la que impuso los programas de ajuste estructural que arrastraron a la mayoría de los países africanos a una trampa de la deuda catastrófica, que durante la pandemia solo se ha profundizado. No fue China, sino el FMI, quien llevó adelante un marco de políticas impulsado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Mientras este país acusa a China de “negarse a renegociar los términos [de los préstamos] y después tomar control de la propia infraestructura”, la realidad es que los prestamistas chinos han cancelado, diferido y reestructurado los términos de los préstamos existentes (antes y durante la pandemia) y jamás han confiscado los activos soberanos de un país. Dos profesores estadounidenses senior publicaron un artículo en The Atlantic en febrero de 2021 con el decidor título “The Chinese ‘Debt Trap’ is a Myth” [La “trampa de la deuda” china es un mito]. La acusación de colonialismo contra China la hacen países que tienen una historia bien documentada de colonialismo y neocolonialismo en África.
• La capacidad militar de China. Las antiguas potencias coloniales acusan a China de aumentar su presencia militar en África. Reavivando un cuento viejo y falso, el comandante de AFRICOM, el general Townsend, recientemente afirmó sin fundamento que China busca construir una base naval en África Occidental. De hecho, la presencia militar china es irrisoria comparada con la huella militar occidental. En 2008, China se unió a las maniobras antipiratería en el Cuerno de África y en el Golfo de Adén, operaciones basadas en la Resolución 1816 (2008) del Consejo de Seguridad de la ONU, que requería a sus Estados miembros proporcionar al gobierno de transición de Somalia “todos los medios necesarios para reprimir actos de piratería y robo armado”. Después de una década de tales operaciones, China estableció su primera base militar en el extranjero en Yibuti. El propósito de esta base era doble: uno, proporcionar apoyo logístico para buques escolta de los tanqueros chinos en el Golfo de Adén, y dos, apoyar las campañas antipiratería multinacionales. Al mismo tiempo, en la altamente militarizada región del Cuerno de África, el gobierno chino financió la construcción de la ferrovía eléctrica Etiopía-Yibuti, con un proyecto de 4.000 millones de dólares, mientras que el China Export-Import Bank otorgó fondos por más de 300 millones de dólares para una tubería para llevar agua potable de Etiopía a Yibuti. El enfoque chino en torno a la paz es cualitativamente diferente a las actividades militares extranjeras —que se enfocan en funciones de gendarme y en el armamento—, pues opta por centrarse en el desarrollo económico impulsado por la infraestructura y la reducción de la pobreza.

La Unión Africana

En 2016, la Unión Africana (UA) planteó la cuestión de las bases militares extranjeras en el continente africano. El debate no se ha profundizado desde entonces. La dependencia de la Unión Africana de financiamiento y recursos extranjeros para sus operaciones, incluida mantener la paz, ha limitado su libertad para tomar decisiones independientes, estratégicas y tácticas en su operación. Para el mantenimiento de la paz, por ejemplo, los Estados africanos recaudan apenas el 2% del costo de las operaciones de paz y seguridad de la UA, mientras que los financiadores extranjeros —como la Unión Europea— aportan el 98% de los fondos. Esto ha limitado la capacidad del Consejo de Paz y Seguridad para impulsar su propia agenda y es la razón por la cual la UA no ha podido continuar eficazmente el debate sobre las bases militares extranjeras.

El 15 de octubre de 2003, Nile Gardiner y James Carafano de la Heritage Foundation de EE. UU. publicaron un libro blanco llamado US Military Assistance for Africa: A Better Solution [Asistencia militar estadounidense para África: una mejor solución, en traducción libre]. En él argumentaron que el gobierno estadounidense debería crear un Comando para África que intervendría en este continente “cuando los intereses nacionales vitales (estadounidenses) se vieran amenazados”, en la misma tradición que se siguió en América Latina y el Caribe con el establecimiento del Comando del Sur de Estados Unidos en 1963. Esto se hizo realidad en 2007. Dos países africanos, Botsuana y Liberia, expresaron que estarían complacidos de albergar la sede de AFRICOM. En ese momento Sudáfrica manifestó su oposición a que AFRICOM se traslade al continente. Debido a la intervención de la UA, Botsuana y Liberia retrocedieron.

El espíritu de impedir que la sede de AFRICOM se instale en el continente sigue vigente en los pueblos africanos. No obstante, esto no ha detenido a los jefes de estado de EE. UU. y de otros países africanos. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense Blinken, el 27 de abril de 2021, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, pidió a Estados Unidos trasladar la sede de AFRICOM de Stuttgart, Alemania, al continente africano para ayudar a combatir la insurgencia.  La creciente presión de los disidentes, islámicos y otros, ha aumentado la inestabilidad en Nigeria y puede haber sido un factor que contribuye al pedido del presidente Buhari, aunque no llegó a sugerir que Nigeria fuera la sede. La posición de este país es un cambio importante desde su posición inicial que, hace una década, era contraria a la presencia de AFRICOM en el continente. Sin embargo, las bases militares estadounidenses proliferaron a partir de esa fecha. La UA se refirió al peligro de esta proliferación en 2016 pero, incluso en ese momento, todo lo que la UA pudo juntar fueron las tibias palabras “preocupación” y “circunspección”. A pesar de estas palabras, AFRICOM se insinuó en la UA con un agregado al PSC y equipo en la División de Prevención de Conflictos y Alerta Temprana de la UA, así como en la División de Operaciones de Apoyo a la Paz. Con la entrada de AFRICOM en la UA en nombre de la “interoperabilidad” para vincular a las fuerzas militares estadounidenses con las fuerzas de paz de la UA, Estados Unidos ha comenzado a dar forma al marco de seguridad de la UA de forma más directa.

En su libro sobre neocolonialismo, Nkrumah escribió:

El peligro para la paz mundial surge, no de la acción de quienes buscan el fin del neocolonialismo, sino de la inacción de los que permiten que continúe. (…) Si no ha de ocurrir, la Guerra Mundial debe ser evitada mediante una acción positiva. Esta acción positiva está dentro de la fuerza de los pueblos de estas regiones del mundo que ahora sufren bajo el neocolonialismo, pero está solo dentro de su fuerza si actúan de inmediato, con resolución y unidad.

Estas palabras de 1965 siguen siendo vigentes en la actualidad.

Camp Simba, Kenia -2.171847 | 40.897016; Fuente: Google Maps

Referencias bibliográficas