Jamil Molaeb (Líbano), Sin título, octubre de 2019.
Estimados amigos y amigas,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
No hay nada que suceda en Beirut y el Líbano que sea transparente, tramas de todo tipo se urden contra las sencillas esperanzas de la población. Tras la mortífera explosión, era imposible imaginar que la explicación más razonable fuera aceptada. Volaron los rumores, pero esos rumores no tuvieron impacto. Esta vez, a diferencia de muchas otras, la gente tenía claro que era su propio sistema político el responsable de esta enorme explosión, que llegó en medio de una pandemia, una crisis monetaria y económica, y un atolladero político sin resolver por demasiado tiempo.
Desde el Instituto Tricontinental de Investigación Social llega Alerta roja 8: La explosión en Beirut. Esta alerta roja ha sido elaborada junto a organizaciones y personas del Líbano, por cuyas contribuciones estamos muy agradecidxs.
Alerta roja: La explosión en Beirut
En las primeras horas de la tarde del 4 de agosto, comenzó un incendio en el Almacén 12 del puerto de Beirut, la capital del Líbano (con una población de 6,8 millones de habitantes, incluyendo más de un millón de refugiadxs). Una enorme columna de humo salía del fuego, que luego fue eclipsada por una explosión cuya poderosa fuerza destruyó una enorme parte de Beirut. El puerto fue inmediatamente arrasado, y la onda de presión alcanzó 15 kilómetros en todas direcciones. Al menos 70.000 hogares fueron dañados, algunos de los cuales ya no son habitables; al menos 160 personas murieron; 5.000 quedaron heridas; un número desconocido sigue desaparecida; y dos hospitales fueron destruidos. Esta es la explosión más grande que ha experimentado el Líbano, a pesar de su historia de colonización francesa, intervenciones estadounidenses, ataques y ocupaciones israelíes, y 15 años de guerra civil.
¿Qué sucedió?
No pasó mucho tiempo hasta que apareció evidencia de que lo que explotó no fue un barco con armas, fuegos artificiales o un misil, sino un edificio que almacenaba 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que había sido guardado negligentemente en un almacén portuario desde noviembre de 2013.
El nitrato de amonio es un químico inflamable que es utilizado en fertilizantes, explosivos y combustible para cohetes. En 2013, el MV Rhosus, un buque de carga con bandera de Moldovia que iba en dirección a Beira (Mozambique), llegó a Beirut con este cargamento. Los funcionarios del puerto confiscaron el buque, que no estaba en condiciones de navegar, e incautaron lo que llamaron “carga peligrosa”. Seis veces entre 2014 y 2017, los oficiales de aduanas pidieron al juez de asuntos urgentes de Beirut orientación sobre cómo vender o deshacerse del cargamento. Es probable que el nitrato de amonio haya llegado en forma de Nitroprill, que es un agente explosivo usado en la minas de carbón. Hasta un pequeño fuego puede causar que el amonio de nitrato explote catastróficamente. En la misma bodega también se almacenaban fuegos artificiales. Más de 19 funcionarios han sido arrestados, incluyendo al director del puerto de Beirut y al director de aduanas. Una investigación está en marcha.
Paul Guiragossian (Líbano), La Grande Marche [La gran marcha], (1987).
¿Qué es un accidente?
Un accidente es algo que no se puede predecir, en lo que no hay agencia humana responsable por lo que ha sucedido. La explosión en Beirut del 4 de agosto no fue un accidente. El cargamento altamente inflamable fue guardado en un almacén por más de seis años en una bodega del puerto de Beirut, que colinda con los barrios residenciales de Gemmayze y Karantina. Durante los últimos seis años, los funcionarios de aduanas —con claras afiliaciones políticas— filtraron informes sobre el peligro. Las autoridades estaban al tanto de la posibilidad de una explosión y no hicieron nada.
La explosión es la guinda de la torta de horrores de una estructura política de treinta años post guerra civil, que vio a los líderes de las milicias cambiar sus uniformes por trajes de negocios. La reunión de los Acuerdos de Taif de 1990 para poner fin a la guerra civil no hizo responsable a nadie. Hizo exactamente lo contrario, legitimó a una dirigencia sectaria en el gobierno del país; los sectarios señores de la guerra civil se transformaron en los guardianes del Estado que destruyeron. Una clase política corrupta se ha enriquecido mientras desfinancia las escuelas, los hospitales y todos los servicios públicos: transformaron esos servicios en vehículos clientelistas. Más aún, el orden neoliberal y la reconstrucción que implementó el multimillonario ex primer ministro, Rafik Hariri, afianzó un sistema capitalista de amiguismos que ya tenía sus raíces en el Líbano antes de la guerra civil. La reconstrucción de Hariri se enfocó exclusivamente en atraer y beneficiarse de las inversiones extranjeras de los países del golfo, para reabastecer el lucrativo sector bancario (en el que la mayoría de los políticos tienen intereses directos), reconstruir un centro urbano exclusivo de propiedad de su empresa Solidere y otros sectores no productivos y plagados de corrupción.
La naturaleza clientelista profundamente arraigada del sistema sectario libanés y sus vínculos orgánicos con intereses internacionales permitieron que los líderes de grupos sectarios mantuvieran el poder. La capacidad para proveer servicios básicos a sus seguidores utilizando aparatos y recursos estatales disminuyó a medida que su codicia crecía y sus prácticas no eran fiscalizadas. Lo que es más importante, su capacidad para proteger a la población de desastres disminuyó, así como su interés en hacerlo. Los detalles de cómo este nitrato de amonio terminó en el puerto por seis años no son tan importantes como el cruel, disfuncional y arcaico sistema sectario del Líbano, que nunca ha sido capaz de hacer responsable a nadie en el poder.
¿Cuáles serán las consecuencias económicas?
Aunque es considerado como un país de ingresos medios-altos, las desigualdades y la pobreza previamente existentes en el Líbano se han exacerbado por la crisis siria, las secuelas de treinta años de luchas políticas internas y políticas económicas insostenibles asociadas a ellas, un levantamiento contra la clase política en octubre de 2019, múltiples invasiones israelíes, y ahora la pandemia. La lira libanesa ha perdido el 80% de su valor desde septiembre de 2019, y hay pocas esperanzas de que se encuentre alguna solución a la crisis de liquidez y créditos, así como al colapso de la demanda de consumo y el aumento de la hiperinflación. Irónicamente, el efectivo que se espera que llegue al país como ayuda en respuesta al desastre le dará oxígeno a la clase dominante y pospondrá su inevitable colapso.
A nivel mundial, el Líbano es el país con el mayor número de refugiadxs en relación a su población, con un estimado de 1,5 millones de la vecina Siria que se suman a los 200.000 palestinxs, a quienes se les ha negado el derecho a regresar a su patria por generaciones. Incluso antes de la actual aceleración de la desintegración financiera del Líbano, en 2019 se estimaba un 40% de desempleo juvenil, mientras el 73% de lxs refugiadxs sirixs, el 65% de lxs palestinxs y el 27% de la población libanesa vivían en la pobreza. En junio de 2020, se estimó que alrededor de la mitad de la población del país ha caído en la pobreza. Lxs trabajadorxs domésticxs migrantes —entre quienes hay cientos de miles en el país viviendo bajo el sistema legal de kafala, que ha sido equiparado a la esclavitud moderna— están sufriendo aún más, ya que sus empleadores se niegan a pagarles y no tienen cómo regresar a sus países de origen. El daño colosal que la explosión desató en viviendas, hospitales, organizaciones y negocios —especialmente el puerto a través del cual se importa el 80% de los bienes necesarios— ha llevado al país al borde del abismo.
El Líbano solía tener uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo árabe. Sin embargo, las políticas neoliberales de la clase dominante destruyeron el sistema sanitario, que colapsó frente a la pandemia de covid-19. El país tiene 26 hospitales públicos y 138 privados, el 90% de los medicamentos básicos y el 100% del equipamiento médico son importados. Lxs trabajadorxs médicxs han protestado por la falta de salarios, mientras lxs pacientes no caben en los hospitales.
La destrucción de este puerto clave deja al país prácticamente incapaz de reabastecerse con alimentos y medicamentos (el puerto de Trípoli puede recibir, en el mejor de los casos, solo el 40% de la capacidad que solía ingresar por Beirut); se destruyeron los silos cercanos a la explosión que almacenaban granos para los próximos meses; está programada la revocación de los subsidios gubernamentales para medicamentos, pan y gas. El daño económico total para el país es significativo: más de 5.000 millones para un país con un PIB optimista de 56.000 millones.
Zena Assi (Líbano), Beirut, My City [Beirut, mi ciudad], 2010.
¿Cuál será el efecto político?
Desde el 17 de octubre de 2019, el Líbano ha experimentado continuas protestas debido a la corrupción y al deterioro de la situación social, así como a la crisis económica, medioambiental y política. Durante los últimos nueve meses se han producido protestas por el suministro regular de electricidad y agua, por instituciones responsables y libres de corrupción, por un poder judicial confiable, por una moneda segura, y por un sistema político y económico no sectario.
Emmanuel Macron, el presidente de Francia, fue a Beirut, convocó y sermoneó a líderes políticos sobre el arte de gobernar, e hizo promesas de dinero y reformas. Mientras tanto, no muy lejos, la juventud exigía la liberación del prisionero político George Ibrahim Abdallah, retenido en una prisión en Francia. Motivos políticos han hecho que las autoridades francesas declinen un fallo judicial para su liberación. La conferencia de donantes liderada por Francia recaudó 250 millones de euros en ayuda de emergencia para el Líbano, dinero que viene acompañado de ataduras que profundizan la dependencia con el Fondo Monetario Internacional y sus condiciones socioeconómicas.
Desde el bombazo, han sido principalmente grupos de jóvenes, no funcionarixs ni trabajadorxs del gobierno, quienes han estado limpiando las calles y ayudando a la gente afectada desde el barrio de clase trabajadora en Karantina hasta el barrio de cafés de Gemmayze. La clase política no perdió ni un segundo en intentar capitalizar las “oportunidades” que surgían de la explosión, incluso cuando todavía estaban rescatando cuerpos y hasta sobrevivientes de los escombros.
El 8 de agosto, enormes protestas callejeras exigieron una rendición de cuentas inmediata, incluyendo una investigación con resultados rápidos y el arresto de los funcionarios de alto rango del gobierno responsables de la catástrofe. Lxs manifestantes irrumpieron en ministerios y otras instituciones en un acto simbólico de recuperación de su país. La represión del Estado ha sido severa, pero no ha mermado el estado de ánimo de la población.
El 8 de agosto de 2020, el obispo Pedro Casaldáliga Plá falleció en el Hospital Santa Casa de Batatais, en el estado de São Paulo. Sacerdote católico nacido en España, Casaldáliga fue una fuerza importante en la teología de la liberación y un aliado crucial de las comunidades indígenas de Brasil. En 1971, escribió la carta pastoral “Una Iglesia del Amazonas en conflicto con el latifundio y la marginación social”, que atacaba el sistema inhumano que se manifestaba como genocidio contra las comunidades indígenas amazónicas. Su gran sentido de la humanidad fue expresado en su poesía. En su memoria, compartimos su poema “Nuestra hora”:
Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.
El Brasil de Casaldáliga se encuentra actualmente en una situación de profundo sufrimiento, con más de 100.000 personas muertas por la covid-19 y más de tres millones infectadas. Los sindicatos que representan a lxs trabajadorxs de la salud, así como organizaciones afrobrasileras y de comunidades indígenas, han presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional, en la que acusan al presidente Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad. Por favor lean mi informe sobre este caso judicial clave.
Como parte del informe, le pregunté a Jhuliana Rodrigues, técnica enfermera en el Hospital São Vicente en Jundiaí, por su coraje para ir a trabajar en estas condiciones de tanta negligencia. “Si no sigo trabajando ahora, ¿qué haría? Lxs profesionales de la salud son escogidxs para hacer su trabajo con amor, dedicación y cuidado por los seres humanos. Así como ya vivimos con bacterias multirresistentes, la covid-19 estará con nosotrxs por mucho tiempo”, me dijo Jhuliana. Ella y lxs trabajadorxs esenciales de todo el mundo llevan consigo el coraje del obispo Pedro Casaldáliga.
Cordialmente, Vijay.
