Estimadxs amigos y amigas,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
Hace un cuarto de siglo, Victoria Sandino Palmera se unió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Anteriormente había militado en el Partido Comunista y luego en Unión Patriótica, cuando las FARC-EP dejaron la clandestinidad en los 90. Pero la represión de lo que ella llama “la oligarquía tradicional” les mandó de vuelta a la selva una y otra vez. Victoria Sandino dejó claro que a ella no le gustaba esta guerra. “Nosotros no tomamos las armas porque sentimos la necesidad de usar la violencia”, me dijo en 2015. “Tomamos las armas porque intentamos resolver la cuestión de la tierra por medios democráticos, y recibimos una respuesta violenta del Estado. La violencia se nos impuso”.
El Grupo de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, con sede en Bogotá (Colombia), calcula que entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012 al menos 220.000 personas fueron asesinadas en la guerra civil. Este informe clave señala que la causa principal de la guerra ha sido “la apropiación, el uso y la posesión de la tierra”. Esta evaluación es muy dolorosa: “A las reformas agrarias y a los intentos por democratizar la tenencia de tierras o de restituir a quienes han sido despojados, tanto en el pasado como en el presente, se han opuesto de manera fraudulenta los sectores que han fundado en la tierra su poder económico y político, por medio de artilugios jurídicos y métodos violentos, incluyendo el asesinato de dirigentes y la persecución a quienes integran las organizaciones campesinas”. Esto concuerda con el planteamiento de Victoria Sandino cuando dice que la violencia se nos impuso.
Movilización en el Departamento del Cauca, 2013. Equipo de comunicaciones de Marcha Patriótica.
Nuestro dossier nº 23 (diciembre de 2019) se llama Paz, neoliberalismo y cambios políticos en Colombia. Fue preparado por el Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. En 2016, las partes beligerantes de la guerra civil firmaron los Acuerdos de Paz en la Habana (Cuba), que prometían abrir un nuevo período para el país. Victoria Sandino estaba en el equipo de las FARC-EP que negoció los Acuerdos. Cuando le pregunté qué haría cuando llegara la paz, me dijo que ansía reunirse con su familia y que quiere encontrar a la hija de su compañera de armas Laura, quien murió en combate. “Quiero decirle”, me dijo Sandino, “que su madre fue una mujer excepcional. Quiero transmitir todo el amor que sentí por Laura a su hija”. Pero la oligarquía —liderada por el presidente Álvaro Uribe— luchó contra el Acuerdo y logró derrotarlo en un referéndum. ¿Por qué la extrema derecha, liderada por Uribe, se opone tanto a un proceso de paz y está, por lo tanto, tan comprometida con la guerra?
Paz, neoliberalismo y cambios políticos en Colombia muestra que la oligarquía y sus aliados imperialistas están comprometidos con una estructura de acumulación que no solo prefiere la guerra sobre la paz, sino que exacerba las raíces del conflicto. Esta estructura incluye el monopolio de un pequeño grupo sobre la economía, incluyendo la agricultura y la minería. La tierra ha sido militarizada para asegurar las ganancias de la elite colombiana. Esa es la causa principal de la guerra, y de la oposición de la oligarquía a la paz. Más que un proceso de paz, la oligarquía colombiana preferiría la solución de Sri Lanka, es decir, el brutal ataque armado de 2008-09 del gobierno no solo contra los Tigres Tamiles (LTTE), sino también contra la población mayoritariamente tamil del enclave de Jaffna. Al final del ataque, el gobierno de Sri Lanka retuvo a más de 300.000 civiles en campos de concentración (en 2014, la ONU instituyó un tribunal para investigar los crímenes de guerra en Sri Lanka, pero su gobierno se negó a cooperar con cualquier investigación de las Naciones Unidas; el informe producido por la ONU es impactante). Eso es lo que Uribe y sus aliados preferirían: no un proceso de paz, sino una guerra hasta el final.
La guerra es el resultado lógico de un sistema basado en la desigualdad estructural. Si la gran mayoría de las personas del mundo no pueden vivir dignamente, entonces se rebelarán contra esas condiciones. Incluso la protesta más modesta (una marcha) por lo que parecen ser demandas razonables (reforma agraria) se enfrenta a lo que Frantz Fanon llamó “el viejo bloque de granito” y a la violencia asimétrica. Es mucho más caro gestionar un estado de represión que crear un estado de igualdad, pero para la oligarquía —el viejo bloque de granito— el dinero gastado en la guerra es mucho más eficaz que el gastado en la paz. En sus notas monumentales —Grundrisse (1857)—, Karl Marx escribió: “El impacto de la guerra es evidente, ya que económicamente es exactamente lo mismo que si la nación dejara caer una parte de su capital al océano”. Desde el punto de vista de la sociedad, la guerra y la represión son ilógicas; desde el punto de vista de los capitalistas, la guerra evita la revolución social y produce oportunidades de ganancias. Un sinónimo de capitalismo es “economía de guerra permanente”, cuyo objetivo no es crear seguridad, sino congelar las relaciones de clases a perpetuidad. Este es el argumento central de nuestro nuevo dossier.
Hace algunos días, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por su sigla en inglés) publicó un informe sobre ventas de armas. Las ventas de armas y servicios militares de las 100 empresas más grandes suman 420.000 millones de dólares en 2018, un aumento de un 4,6% comparado con 2017. La base de datos construida por SIPRI comienza sus cifras desde el año 2002. Las ventas de armas y servicios militares han aumentado un 47% entre 2002 y 2018. Por primera vez desde 2002, los cinco principales vendedores de armas son de Estados Unidos: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, y General Dynamics. Solo estas cinco empresas vendieron 148.000 millones de dólares en armas y servicios, el 35% del total de ventas de las 100 empresas más grandes. El conjunto de las empresas estadounidenses vendió el 59% del total mundial de ventas, equivalente a 246.000 millones. Estados Unidos es el principal proveedor de armas de Colombia.
Los gobiernos estadounidense y colombiano han estrechado sus lazos desde el Plan Colombia (2001). El Comando Sur de EE.UU. incorpora al Ejército colombiano a la estructura de mando del Ejército estadounidense. Las tropas colombianas viajan frecuentemente a bases militares de Estados Unidos para reuniones y entrenamientos, y los oficiales de la Defensa colombiana visitan a menudo el Comando Sur para profundizar su cooperación (este año, el Mayor General Luis Navarro Jiménez del Ejército colombiano fue invitado por el líder del Comando Sur de EE.UU., el almirante Craig Faller, en Doral, Florida). Los pretextos de esta cooperación siempre son diferentes de la realidad —la guerra contra las drogas y los refugiados venezolanos—, mientras bajo la superficie la verdadera razón es mantener el status quo en Colombia.
Hay solo una cosa en la que tiene razón la oligarquía colombiana: la agitación social es menos frecuente en sociedades militarizadas. De acuerdo al Centro de Investigación y Educación Popular, la agitación social ha aumentado en Colombia desde que comenzó el proceso de paz en 2012. No sorprende, por lo tanto, que las calles del país se hayan llenado por grandes huelgas desde el 21 de noviembre de este año. Las políticas neoliberales clásicas del presidente Iván Duque —que incluyen recortes en los beneficios para pensionadxs y trabajadorxs— provocaron agitación en sindicatos, organizaciones estudiantiles y, finalmente, en toda la sociedad. Duque, y su mentor Uribe, respondieron a las protestas con una solución militarizada, con la policía en las calles realizando redadas a medios de comunicación y centros de arte, y matando a un estudiante, Dilan Cruz.
Bomba Estéreo toca en #UnCantoxColombia (diciembre de 2019).
En un concierto en la calle, Bomba Estéreo se unió a 250 artistas para tocar en las protestas. Cantaron: una patria dormida que ya despertó… nuestra historia puede ser distinta, puede ser mejor.
Gabriela Ngirmang, del pequeño estado insular de Palaos, sabe lo que significa enfrentarse al bloque de granito. Cuando ella y sus compañerxs lucharon por una constitución antinuclear, vivieron la oposición férrea de muchos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos. Cuando se debía votar la Constitución en 1979, el 92% de la población votó a favor. EE.UU. quería una parte importante de esta isla del Pacífico para su programa nuclear, incluyendo el almacenamiento de armas. La presión desde Washington hizo que el pueblo de Palaos debiera votar en un plebiscito quince veces entre 1979 y 1994 (cuando el país era un territorio en fideicomiso de EE.UU.) para mantener la integridad de su constitución. El primer presidente de Palaos, Haruo Remeliik, fue asesinado en 1985 y la casa de Ngirmang fue bombardeada. La facción antinuclear perdió. Actualmente, Estados Unidos controla los asuntos militares y diplomáticos de Palaos. En abril de 2019 soldados estadounidenses regresaron a Palaos por primera vez en treinta y siete años.
Si quieres paz, tienes guerra; si quieres guerra, te haces rico.
Cordialmente, Vijay.