Queridos amigos y amigas,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

A finales de julio, visité dos campamentos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en las afueras de São Paulo (Brasil). Ambos llevan el nombre de mujeres valientes, la concejala brasileña Marielle Franco —asesinada en 2018— e Irmã Alberta —monja católica italiana fallecida en 2018—. Las tierras en las que el MST ha construido el campamento Marielle Vive y la Comuna de la Tierra de Irmã Alberta estaban destinadas a una urbanización cerrada con campo de golf y a un vertedero de basura, respectivamente. Basándose en las obligaciones sociales del uso de la tierra de la Constitución brasileña de 1988, el MST movilizó a las y los trabajadores sin tierra para ocupar estas zonas, construir sus propias casas, escuelas y cocinas comunitarias, y cultivar alimentos orgánicos.

Cada uno de estos campamentos del MST son faros de esperanza para gente común y corriente a la que, de otro modo, se le enseña a sentirse prescindible dentro de las estructuras neocoloniales del capitalismo contemporáneo. El MST ha sido objeto de un ataque concertado en el parlamento brasileño, impulsado por la agenda de las élites del agronegocio que quieren impedir que 500.000 familias construyan una alternativa tangible para la clase obrera y el campesinado. “Cuando la élite ve la tierra, ve dinero”, me dijo Wilson Lopes, del MST, en Marielle Vive. “Cuando nosotros vemos la tierra, vemos el futuro del pueblo”.

A menudo, a la mayoría de habitantes del planeta les resulta imposible imaginar el futuro. Los índices de hambre aumentan, y quienes pueden acceder a los alimentos con frecuencia solo pueden comer de forma poco saludable; las y los agricultores familiares, como los de los asentamientos del MST, proporcionan más de un tercio de los alimentos del mundo (más del 80% en valor) y, sin embargo, les resulta casi imposible acceder a insumos agrícolas, sobre todo agua, y a créditos razonables. El MST es el mayor productor de arroz ecológico de América Latina. Las presiones de las instituciones de Bretton Woods (el FMI y el Banco Mundial), así como de los bancos comerciales y las agencias de desarrollo, obligan a los países a adoptar “políticas de modernización” contrarias a los hechos. Estas “políticas de modernización”, como mostramos en el dossier nº 66, se diseñaron en la década de 1950 sin una evaluación precisa de las estructuras neocoloniales globales: partían de la base de que si los países pedían dinero prestado, reforzaban su sector exportador de productos básicos e importaban productos acabados de Occidente, podrían “modernizarse”.

Mientras paseábamos por el asentamiento del MST, sus pobladores Cintia Zaparoli, Dieny Silva y Raimunda de Jesus Santos nos contaron cómo la comunidad luchaba por acceder a la electricidad y el agua, bienes sociales que no se producen fácilmente sin intervenciones a gran escala. Para contextualizar, 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen fácil acceso al agua potable. Ninguno de estos bienes sociales puede conjurarse de la nada; requieren instituciones complejas, y en nuestro mundo moderno, la más importante de estas instituciones es el Estado. Pero la mayoría de los Estados se ven limitados a la hora de actuar en nombre de su ciudadanía debido a presiones externas que frustran las políticas económicas que beneficiarían a la sociedad por encima del capital privado y los tenedores de bonos, que son los primeros en la fila para extraer la inmensa riqueza social producida en las naciones más pobres.

Ninguno de estos problemas es nuevo. Para América Latina, la asfixia contemporánea de los proyectos estatales que pretenden mejorar las condiciones sociales de la población puede remontarse a la Conferencia de Chapultepec de 1945 celebrada en Ciudad de México. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Ezequiel Padilla, declaró en la conferencia que era “vital para los americanos hacer algo más que producir materias primas y vivir en un estado de semicolonialismo”. La opinión era que debía permitirse a los habitantes del hemisferio utilizar todas las herramientas necesarias —incluidos aranceles y subvenciones— para crear industrias en la región. El secretario de Estado de EE. UU., Dean Acheson, se mostró horrorizado por esta actitud y dijo a la delegación venezolana que había sido “miope (…) aumentar los aranceles y restringir el comercio mediante controles de importación y de otro tipo después de la Primera Guerra Mundial y a principios de los años 30”. EE. UU. presentó una resolución para que todos los Estados latinoamericanos “trabajen por la eliminación del nacionalismo económico en todas sus formas”, incluido el ejercicio de la soberanía económica frente a las ventajas obtenidas por las empresas multinacionales. Esta agenda afirmaba que los primeros beneficiarios de los recursos de un país debían ser los inversores estadounidenses.

Tras la Conferencia de Chapultepec se desarrolló una importante línea de pensamiento, ahora conocida como “teoría de la dependencia”. En ella se describe un escenario neocolonial en el que el desarrollo capitalista de los países “periféricos” no puede tener lugar, ya que su producción económica está estructurada para beneficiar a los países “centrales”, creando una situación que André Gunder Frank denominó “el desarrollo del subdesarrollo”. Nuestro dossier nº 67 —Dependencia y superexplotación: la relación entre el capital extranjero y las luchas sociales en América Latina (agosto de 2023)— aprovecha el centenario de uno de los intelectuales marxistas más importantes de Brasil, Ruy Mauro Marini (1932-1997), para delinear una visión propiamente marxista desde el Tercer Mundo de esta tradición de la teoría de la dependencia para nuestra época. El texto ha sido elaborado por la oficina de Brasil del Instituto Tricontinental de Investigación Social, en colaboración con la profesora Renata Couto Moreira, del Grupo de Investigación sobre Estudios Marxistas de la Teoría de la Dependencia en América Latina en América Latina – Colectivo Anatália de Melo de la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES).

Nuestra reflexión clave se encuentra en estas líneas:

…las raíces del subdesarrollo no se encontraban en el atraso industrial de cada economía en sí, sino en la forma que había tenido el proceso histórico en que América Latina había sido incorporada al mercado mundial durante la colonización europea, y en las relaciones internacionales a las que se vieron sometidos, perpetuadas tras su independencia política en forma de dependencia económica de los dictados de la división del trabajo en el capitalismo global.

Los países de América Latina, pero también de África y Asia, surgieron en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial como apéndices de un sistema mundial que no eran capaces de definir ni controlar. Al igual que en la época del alto colonialismo, desde estos países se exportaban materias primas sin procesar para obtener valiosas divisas que se utilizaban para comprar costosos productos manufacturados y energía. El intercambio desigual que tuvo lugar permitió el deterioro casi permanente de los “términos de intercambio”, como Raúl Prebisch y Hans Singer habían demostrado en la década de 1940 y que se han reafirmado en los 2000. La estructura del desequilibrio se asentaba no solo en los términos de intercambio, tal y como lo entendían Prebisch y los estudiosos más liberales de la dependencia, sino, lo que es más importante, en las relaciones sociales globales de producción.

En las zonas del Sur, los salarios se mantienen bajos a través de una amplia variedad de mecanismos, como muestra un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2012. Las razones que se aducen para justificar la desigualdad salarial a través de las fronteras internacionales suelen ser racistas, con el argumento de que un trabajador de la India, por ejemplo, no tiene las mismas expectativas de vida que un trabajador de Alemania. Que las y los trabajadores del Sur cobren menos no significa que no trabajen duro (aunque sus índices de productividad sean más bajos debido a una menor mecanización y una gestión menos científica del lugar de trabajo). La teoría marxista de la dependencia se centró en esta “superexplotación”, señalando los mecanismos de disciplina laboral subcontratados que permiten a los países más ricos mantener altos estándares morales mientras se apoyan en condiciones laborales brutales que vuelven tóxicas las relaciones sociales en las naciones más pobres. Nuestra observación en el dossier es clara:

La superexplotación del trabajo se refiere a la existencia de una intensificación del proceso de explotación del trabajo, que da lugar a una extracción de plusvalía por encima de los límites establecidos históricamente en los países centrales. Esta se convierte en una característica fundamental del sistema capitalista en las economías subdesarrolladas, ya que el capital extranjero y las clases dominantes locales se benefician de los bajos salarios, las precarias condiciones de trabajo y la ausencia de derechos laborales, maximizando así sus ganancias y la acumulación de capital. Esto contribuye a la reproducción de la dependencia y la subordinación de estos países en el orden internacional.

El ciclo de dependencia, sostenemos, debe romperse mediante dos operaciones simultáneas y necesarias: la construcción de un sector industrial mediante la intervención activa del Estado, y la construcción de fuertes movimientos de clase trabajadora que desafíen las relaciones sociales de producción que se basan en la superexplotación de la mano de obra en las regiones más pobres.

En 1965, un año después del golpe de Estado apoyado por Estados Unidos en Brasil y durante el golpe iniciado por EE. UU. en Indonesia, el presidente de Ghana, Kwame Nkrumah (1909-1972), publicó su monumental libro Neocolonialismo: La última etapa del imperialismo. En esta obra, Nkrumah argumentaba que las nuevas naciones que habían salido del colonialismo seguían atrapadas en la estructura neocolonial de la economía mundial. Los gobiernos de lugares como Ghana, empobrecidos por el colonialismo, tuvieron que mendigar créditos a sus antiguos colonizadores y a “un consorcio de intereses financieros” para llevar a cabo las funciones básicas de gobierno, por no hablar de atender las necesidades sociales de su población. Los prestamistas, argumentó, “tienen la costumbre de obligar a los posibles prestatarios a someterse a diversas condiciones ofensivas, como facilitar información sobre sus economías, someter su política y sus planes a la revisión del Banco Mundial y aceptar la supervisión de sus préstamos por parte de la agencia”. Esta intervención, profundizada por el Programa de Ajuste Estructural del FMI, sencillamente no dejaba margen de maniobra.

Neocolonialismo fue ampliamente reseñado, incluso en un memorándum secreto del 8 de noviembre de 1965 de Richard Helms, director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Helms se ofendió por el ataque directo al imperialismo que contenía el libro. En febrero de 1966, Nkrumah fue derrocado por un golpe de Estado alentado por EE. UU. Ese es el precio que hay que pagar por revelar la estructura neocolonial del mundo y luchar por la transformación estructural. Es un precio que Occidente quiere infligir al pueblo de Níger, que ha decidido que ya no es beneficioso permitir que su riqueza sea expoliada por Francia y que Estados Unidos tenga una importante presencia militar en su país. ¿Puede el pueblo de Níger y del Sahel, en general, romper el ciclo de dependencia que ha creado dolor durante más de cien años?

Cordialmente,

Vijay