Nuestra América bajo el coronashock: Crisis social, fracaso neoliberal y alternativas populares

Dossier Nº30

 

Los primeros casos de covid-19 fueron detectados a fines de 2019 en Wuhan (China) y apenas, unos meses después, a principios de marzo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró la expansión de la enfermedad como pandemia. Con más de 10 millones de contagiados a nivel mundial a fines de junio, sus efectos sobre el sistema mundo van mucho más allá del ámbito sanitario, está en curso una reconfiguración del conjunto de la vida social. Se intensifica la crisis civilizatoria desplegada por la neoliberalización capitalista y crece la necesidad de transformaciones urgentes, que avancen por un camino alternativo (Ver sobre ello nuestro Dossier N° 28 y la serie de estudios sobre el coronashock).

En Nuestra América, los primeros casos se detectaron recién a fines de febrero. Cuatro meses después, a fines de junio, la población contagiada alcanzó a más del 23% del total mundial y las muertes a casi el 22%, en un contexto de aceleración de la circulación del virus, que convirtió a la región, particularmente a América del Sur, en el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Pero para comprender los desafíos que plantea esta situación es importante considerar también otras dimensiones.

Por una parte, la pandemia ha potenciado —por momentos de modo dramático— una serie de procesos que ya venían desplegándose antes de la aparición del virus, tanto en el plano económico y social como en relación a las reformas neoliberales, la forma autoritaria que éstas adoptaron, la crisis de legitimidad que cuestiona a estas políticas y la ofensiva del imperialismo estadounidense. Ver también el Informe N° 6 del Observatorio de América Latina producido por la oficina de Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Por otra parte, la expansión del virus desnudó el desmantelamiento y la privatización de la salud pública —resultado de décadas de neoliberalismo— y la precarización laboral y de las condiciones de vida y hábitat de los sectores populares. Además, demostró el rotundo fracaso de las políticas neoliberales para combatir efectivamente la crisis sanitaria y social.

Finalmente, la situación actual nos interroga sobre los efectos, acciones y retos que estos procesos plantean para los movimientos populares en relación con la formulación de alternativas. Este dossier presenta algunas reflexiones sobre todas estas cuestiones.

 

 

 

La crisis no es natural (o el fracaso del neoliberalismo)

A partir de mayo, el crecimiento acelerado del número de enfermos y fallecidos, así como la amenaza del colapso de los sistemas de salud en muchos países dan cuenta de la dimensión sanitaria de una crisis que afecta especialmente a los sectores populares. Ejemplo de ello es lo que sucede en Brasil, Chile, , Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Bolivia donde el número de contagios supera, en algunos casos por varias veces, los 2.000 por millón de habitantes. En este contexto, Brasil alcanzó a fines de mayo uno de los primeros lugares a nivel mundial por cantidad de infectados y a fines de junio es el segundo país, luego de los EE.UU., en número de fallecidos y enfermos. A su vez, la migración de República Dominicana a Haití intensificó la propagación de los contagios y amenaza con una catástrofe humanitaria.

No se trata de una maldición natural o fruto de una determinación biológica. No solo porque la emergencia de esta pandemia —y de todas las vividas durante el siglo XXI— está vinculada con los procesos de producción industrial de alimentos y de destrucción de selvas y bosques nativos característicos del capitalismo neoliberal, sino también porque la transformación de la pandemia en crisis sanitaria y humanitaria tiene que ver con las políticas públicas y la orientación de los gobiernos, así como también con los recursos sociales, institucionales e históricos con los que cuentan los pueblos.

La covid-19 llegó a Nuestra América en un contexto en el que ya se ponía en cuestión la ola de políticas neoliberales que venía desplegándose desde 2015 y que promovió programas de ajuste, privatización y reformas regresivas que significaron un crecimiento de la pobreza, la precarización y la desigualdad, así como el desmantelamiento de los sistemas de salud pública. En los últimos años, se redujo en casi todos los países tanto el presupuesto destinado a este área, como las condiciones y remuneraciones de sus trabajadorxs. Incluso en Argentina, en 2018, se eliminó el Ministerio de Salud, transformándolo en Secretaría de Estado, como parte del proceso de ajuste comprometido por el gobierno anterior con el FMI. Estas políticas reactualizaron, tras la derrota de muchas de las experiencias progresistas vividas en la región en la década de los 2000, las terribles consecuencias sociales que trajeron las diferentes olas neoliberales sufridas en Nuestra América desde la década de 1970.

La crisis actual, por lo tanto, no es un evento aislado o anómalo. Arroja luz sobre el fracaso y la incapacidad del neoliberalismo para lidiar con una crisis sanitaria antigua causada por el mismo. Fueron las condiciones propias del neoliberalismo las que desencadenaron esta crisis; no una serie inevitable de acontecimientos externos. La extensión del virus demostró también el absoluto fracaso de las políticas neoliberales para afrontar la pandemia. No es casualidad que los países que padecen las peores consecuencias del virus cuenten con gobiernos alineados con el proyecto neoliberal y donde se desoyeron las recomendaciones de la OMS. El caso más dramático resulta ser la situación en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro menospreció la epidemia e hizo campaña permanente a favor de mantener la actividad económica sin restricciones convirtiendo a ese país en uno de los centros mundiales de la pandemia.

En contraposición, allí donde gobiernan coaliciones progresistas o donde se han respetado en mayor medida las recomendaciones de la OMS, la situación sanitaria presenta un panorama menos dramático. Particularmente, en Argentina, con una cuarentena prolongada y un creciente fortalecimiento del sistema de salud —incluso con el desarrollo local de tests por el sistema científico público nacional— y en Cuba, con un sistema público de salud reconocido por su calidad y con la adopción de las políticas de aislamiento social selectivo, pruebas y el ejercicio de una medicina de proximidad, popular y territorial. En la misma dirección, la experiencia venezolana muestra una de las tasas más bajas de contagios y fallecidos por número de habitantes, en un contexto de extremo bloqueo comercial, financiero y mediático y bajo la amenaza permanente de la guerra híbrida impulsada por EE. UU., que auguraba sumar una crisis sanitaria a las dificultades económicas que justificara la intervención externa.

La pandemia precipitó a su vez una profunda recesión económica global, de la que Nuestra América está lejos de ser ajena. Las estimaciones de los organismos regionales e internacionales anuncian la peor contracción económica a nivel regional desde 1930 con una caída del PIB en 2020 estimada en abril en 5,3% (CEPAL, 2020a) y a fines de junio, en 9,4% (FMI, 2020).

El crack económico afecta particularmente a aquellos países, regiones y sectores más dependendientes de las exportaciones de petróleo, gas y minerales (donde más se ha sentido la caída de los precios internacionales de los bienes naturales); del turismo y las remesas de los migrantes; de los flujos financieros globales (la economía brasileña ha sido de las más afectadas por esta salida de capitales); y de la participación en el comercio mundial y de las cadenas de producción globales. En lo inmediato, además de la recesión y la salida de capitales, los pueblos se han visto afectados por la devaluación de gran parte de sus monedas y, en algunos países, por las dificultades de un abultado endeudamiento externo (Katz, 2020). Pero esta debacle no es una tormenta inesperada que irrumpe en un día soleado. Los países de América Latina y el Caribe vienen de sufrir casi siete años de bajo crecimiento económico, acentuado en el contexto de la ofensiva neoliberal que se despliega en la región desde 2015.

Esta realidad agudiza los impactos sociales del quiebre económico y, ciertamente, las disputas sobre cómo se distribuyen los costos que implica enfrentar y tratar la pandemia (ver el Informe N° 7 del Observatorio de América Latina). Las previsiones de los organismos internacionales estiman para 2020 un sustantivo incremento del desempleo. Según la CEPAL, crecerá al menos 3,4 puntos porcentuales desde el 8,1% registrado para 2019, para ubicarse en el 11,5%, lo que implica alrededor de 37,7 millones de personas desempleadas más. Se prevé también un crecimiento de la pobreza —de 4,4 puntos porcentuales en su estimación media, según la CEPAL— afectando al 34,7% de la población (CEPAL, 2020b). Este aumento de la pobreza significaría un retroceso a la realidad imperante a inicios de siglo, antes del ciclo de gobiernos progresistas. En igual dirección, el Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unidas ha advertido que cerca de 14 millones de personas podrían sufrir de hambre e inseguridad alimentaria este año (PMA, 2020).

Durante 2019, el casi nulo crecimiento económico a nivel regional, conjugado con las reformas neoliberales, abrió en Nuestra América un escenario de conflictos y desplome de la credibilidad de los gobiernos. Si bien la situación de emergencia actual tendió a reforzar inicialmente en muchos casos la autoridad presidencial, la grave situación de la salud pública y la profundidad del ajuste social interrogan sobre la acentuación de la crisis de legitimidad del neoliberalismo.

 

 

 

El uso neoliberal de la pandemia (I): el reforzamiento autoritario

El FMI ha llamado a la crisis económica global desatada por la pandemia como el “Gran Confinamiento”, haciendo una analogía con la Gran Depresión de 1929. La referencia no solo resalta las similitudes entre la magnitud de su impacto actual con la del siglo XX, sino que también atribuye la crisis a las medidas de restricción sanitaria, particularmente a la imposición de regulaciones de aislamiento social llamadas habitualmente como “cuarentena”. No es una novedad en la historia del capitalismo, desde sus gestación hasta el siglo XXI, que los poderes económicos se opongan a las cuarentenas, así como que la expansión de las pestes estuviera estrechamente vinculada a los circuitos comerciales, sus redes de transporte y los procesos de mundialización capitalista (Murillo, 2020).

Por contraposición, la estrategia de aislamiento y distanciamiento social recomendada por la OMS para controlar la expansión del virus, así como en general la dinámica de la crisis abierta por la pandemia, han otorgado un nuevo papel al Estado en el terreno de las políticas sanitarias, sociales y económicas, incluso poniendo en debate la matriz desigual profundizada por el neoliberalismo. Pero esta intervención estatal puede adoptar diferentes sentidos, incluso puede no implicar contradicción alguna con los preceptos neoliberales: recordemos que en la anterior crisis del 2008 se orientó fundamentalmente al salvataje de bancos y empresas.

En esta oportunidad, la lógica de la cuarentena y la intervención estatal justificada por la crisis ha sido utilizada también, especialmente bajo los gobiernos neoliberales de la región, para reforzar una política crecientemente represiva y autoritaria, que ya venía desplegándose en muchos de estos países en el marco de la ofensiva neoliberal y particularmente frente a los cuestionamientos sociales intensificados en el último año.

Ejemplo de ello ha sido lo sucedido en la mayoría de los países de Centroamérica. Allí, la escasa presencia de políticas sociales y de salud contrasta con la imposición de toques de queda o estados de excepción, el reforzamiento de la militarización y el endurecimiento de sanciones a quienes incumplan las medidas de aislamiento, que en muchos casos han conducido a nuevas violaciones de los derechos humanos, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. En la misma dirección, los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de exguerrilleros en Colombia no ha dejado de crecer e incluso se incrementaron en el marco de la pandemia. Asimismo, en Perú se puso en marcha la Ley de Protección Policial aprobada en 2019, que otorga impunidad al accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Y la pandemia sirvió para la postergación del plebiscito sobre la reforma de la Constitución en Chile, otorgando un respiro —al menos momentáneo— a un gobierno que fuera cuestionado por un ciclo de protestas sociales y que ahora sugiere la posibilidad de rediscutir la convocatoria al plebiscito, refuerza con nuevas compras el aparato de seguridad, repone a los militares en la calle de la mano del toque de queda y continúa utilizando la represión para disolver las protestas que resurgen en este nuevo contexto.

Seguramente el ejemplo más dramático de esta profundización de las lógicas autoritarias es la situación en Bolivia. Allí, en noviembre de 2019 un golpe de Estado desalojó del gobierno al presidente legítimo Evo Morales, desconoció los resultados electorales e impuso un gobierno autodenominado «de transición» encabezado por Jeanine Añez, senadora conservadora del departamento de Beni. Marcado en sus inicios por las masacres de Sacaba y Senkata y por la vuelta a las políticas neoliberales, bajo la pandemia el gobierno de facto postergó las elecciones previstas para el 3 de mayo y utilizó la lógica de la cuarentena para perseguir a sus críticos, golpear a los sectores populares y acentuar su política de despojo y corrupción. Entre estas medidas, en mayo Añez promulgó el Decreto Supremo 4231, que sanciona penalmente la publicación de información escrita, impresa y/o artística que genere “incertidumbre en la población”, lo que significa una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Además, Añez respondió con represión a las protestas en demanda de alimentos, cuidados sanitarios, trabajo y la realización de las elecciones postergadas. A este cuadro se sumaron las amenazas permanentes a los últimos resquicios de democracia, como la perpetrada en mayo, cuando un grupo de militares liderados por el general Orellana, jefe de las Fuerzas Armadas, irrumpió en la Asamblea Legislativa Plurinacional con un ultimátum para que se aprobara sin cambios la propuesta de ascensos y promociones elaborada por la dictadura. Un nuevo escalón de autoritarismo para un gobierno crecientemente cuestionado y salpicado por escándalos de corrupción y que ha intentado prorrogar una y otra vez las prometidas elecciones ahora convocadas para septiembre —acaso porque la candidatura de Luis Arce, del MAS-IPSP, encabeza los sondeos preelectorales.

En el contexto regional, el poder ganado por los militares en Bolivia desde el golpe, la significativa presencia de los militares en el gobierno de Bolsonaro en Brasil y en otros países de la región, así como la habilitación de las fuerzas militares en el control del espacio público, la seguridad y la conducta de las poblaciones bajo la excusa de la cuarentena marcan el creciente carácter militarista que ha adoptado la aplicación autoritaria de las políticas neoliberales que ya había recurrido al lawfare (guerra judicial), la restricción de la vida democrática y el surgimiento de un neofascismo periférico.

 

 

 

El uso neoliberal de la pandemia (II): las políticas de ajuste

A mediados de abril, un grupo de políticos derechistas de España y América Latina, junto al escritor Mario Vargas Llosa —convertido en los últimos años en vocero del neoliberalismo—, dieron a conocer una declaración titulada “Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”. Allí, acusaron a “muchos gobiernos” de tomar “medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos” con el resurgimiento del intervencionismo estatal, el socialismo y el populismo. Para ellos, siguiendo la tradición de Hayek y Friedman, la libertad es considerada solo en clave individual y se asimila a la vigencia de la libertad económica; caracterizando como autoritaria a toda política que restrinja el libre mercado, aunque esta política se aplique desde instituciones y gobiernos democráticos y/o para el bien de las mayorías. Con esa filosofía, estos pensadores habían apoyado, por ejemplo, la dictadura de Pinochet en Chile. En igual dirección, el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, criticó la política de la OMS y denunció al “comunavirus”.

Pero simultáneamente a estos discursos y políticas, muchos de los gobiernos neoliberales de la región han aprovechado el contexto de la pandemia para llevar adelante reformas socioeconómicas de carácter neoliberal —muchas de las cuales ya formaban parte del programa impulsado antes de la llegada del virus— o promover paquetes de ayuda a los sectores del poder económico. Por ejemplo, en Paraguay, el gobierno de Mario Abdo impulsó un proyecto de ley que busca avanzar en la “Reforma Estructural del Estado” y cuyo objetivo es achicar el aparato estatal, reduciendo el gasto público, privatizando empresas y disminuyendo salarios y jubilaciones. En Colombia, el gobierno de Iván Duque sancionó el decreto 444, que quitó recursos económicos de las regiones para subsidiar a bancos y a empresas y consiguió la aprobación de la Ley de Emergencia Económica, que le otorga superpoderes para avanzar en las reformas laborales y previsionales que no habían podido implementarse aún. En igual dirección, la dictadura en Bolivia avanzó con el desmantelamiento de las conquistas obtenidas en el gobierno de Evo Morales, la desregulación económica, un nuevo ciclo de endeudamiento externo y la aprobación de la agricultura transgénica.

Tal vez el más trágico ejemplo del ajuste neoliberal implementado en tiempos de pandemia sea el de Ecuador, bajo la presidencia de Lenín Moreno. Desde los comienzos de la pandemia, el gobierno intentó retomar las políticas de ajuste comprometidas con el FMI, que habían sido rechazadas en las calles con masivas movilizaciones en 2019. Entre marzo y abril, pagó importantes vencimientos de deuda externa y obtuvo nuevos préstamos del FMI, que acentuaron los condicionamientos que debe cumplir el país para permitir los nuevos desembolsos. Finalmente, en mayo, consiguió la aprobación parlamentaria de dos proyectos de ley —la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Ayuda Humanitaria— que avanzan con el ajuste en el Estado y el cierre o privatización de empresas y oficinas públicas, por una parte, y sobre la población trabajadora, facilitando la baja salarial y la precarización laboral, por la otra. Este paquetazo de ajuste comprometido con el FMI incluyó un recorte significativo del presupuesto universitario que despertó protestas estudiantiles y fue suspendido transitoriamente por la Corte Suprema. El paquetazo fue cuestionado por amplios sectores sociales y la oposición política, en una situación que puede derivar en una nueva crisis política. Pero el ejemplo regional de estas crisis en tiempos de pandemia es sin duda el proceso que se desarrolla en Brasil.

 

 

 

Inestabilidad y crisis política en Brasil

El despliegue de la covid-19 en Brasil lo ubica como el caso más grave en la región y uno de los centros de la pandemia a nivel global. Las insuficientes medidas adoptadas por el gobierno federal y el discurso del presidente Jair Bolsonaro —de subestimación o incluso negación del problema y mayor preocupación por los efectos en la economía— generaron resultados catastróficos y amenazan con convertirse en una tragedia humanitaria. Por otra parte, el inmenso subregistro, debido principalmente a los pocos tests que se realizan, no permite tener una dimensión real de la crisis sanitaria en curso. En este sentido, el Imperial College of London estima que el número total de casos activos a finales de junio sería de al menos tres veces cifra oficial de 1,23 millones de casos (CONASS, 2020), es decir 3,7 millones.

Esta crisis sanitaria es la mayor expresión —y una de las causas— de la inestabilidad política y social a la que se enfrenta el gobierno de Jair Bolsonaro. El gobierno ha avanzado hacia un creciente aislamiento político institucional, que ya era una tendencia anterior y se ha convertido en un proceso continuo, que aún no concluye. En esta dirección, el presidente abrió varios frentes de batalla con los poderes Legislativo y Judicial e intensificó la lucha contra los gobernadores y alcaldes, presionando para la apertura de las actividades económicas y rompiendo con sus grandes aliados del pasado, como los gobernadores de los estados de Río de Janeiro y de São Paulo. A esto hay que sumar las renuncias del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta —y luego la de su reemplazante—, por diferencias con la política sanitaria impulsada por Bolsonaro; y la del ministro de Justicia, Sergio Moro, que se alejó del gobierno denunciando que el presidente intenta manipular a la policía federal para garantizar la impunidad de sus familiares en diferentes investigaciones en curso. Todo esto profundizó el aislamiento del gobierno. Particularmente la renuncia de Moro —quien como juez fue impulsor de la causa judicial conocida como Lava Jato, que llevó a Lula a la cárcel y lo excluyó de las elecciones de 2018—, expresó y precipitó la pérdida de apoyo al gobierno de un sector social importante —particularmente de las clases medias— que había sido su sustento desde los comienzos.

Sin embargo, Bolsonaro todavía mantiene un núcleo resistente, que lo apoya en las calles realizando caravanas, actos y acampadas. Por otra parte, el Presidente ha buscado obtener una mayor aprobación en los sectores de bajos ingresos, basado en dos discursos: la defensa del uso de la cloroquina para el tratamiento de la covid-19 y una supuesta preocupación por el empleo. En el primer caso, aunque contraría las pruebas científicas, procura instalar la idea de que tiene una solución rápida para la enfermedad. En el segundo, utiliza el discurso de que las actividades económicas vuelvan a la “normalidad”, lo que puede ser valorado por una parte de quienes se encuentran en la desesperación, con sus ingresos menguados o evaporados. Además, Bolsonaro intenta capitanear por sí mismo la ayuda económica creada y aprobada por el Congreso Nacional.

En otra dirección, Bolsonaro ha concentrado también su fuerza en ampliar el sustento en las Fuerzas Armadas. A cambio, éstas ocupan cada vez más posiciones gubernamentales. El caso más extremo es el control total del Ministerio de Salud, tras la salida de los dos ministros en medio de la pandemia. El ministerio tiene ahora un general como ministro interino y otros 40 cargos estratégicos están ocupados por militares que carecen de formación en el ámbito de la salud. Bajo la gestión de Bolsonaro, más de 2.800 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en funciones administrativas en el Estado.

Finalmente, con la oposición en búsqueda de un proceso de destitución presidencial, el gobierno también ha establecido alianzas con legisladores de partidos que no tienen ningún compromiso ideológico y venden su voto a quien ofrece más. Esto es lo que se conoce como el «centrão». Al frente de estas negociaciones están los ministros militares, que solían ser críticos de este tipo de alianzas y ahora buscan apoyo a cambio de posiciones en el Ejecutivo.

Sin embargo, es importante señalar que el debilitamiento del gobierno no supone necesariamente que el proceso concluya con el desplazamiento de Bolsonaro, aunque sí permite que las fuerzas políticas se presenten ante los ojos de la sociedad con mayor claridad. Así, la disputa política dentro del establishment se plantea actualmente entre el neofascismo —simbolizado en la figura del presidente— y la derecha tradicional, que tiene como representante a las demás instituciones y a algunos gobernadores estaduales. En este contexto, el desafío de Bolsonaro es evitar su juicio político y organizar una alianza parlamentaria que le garantice las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado.

En esta dirección, la derrota de Bolsonaro adquiere una centralidad sin precedentes y sensibiliza a amplios sectores de la sociedad, desde la izquierda hasta entidades, intelectuales, figuras públicas, partidos y organizaciones de la sociedad civil, incluida la derecha, en la demanda de desplazamiento del presidente. Sin embargo, los avances en esta dirección plantean debates y desafíos dentro de la izquierda. Por un lado, existe la dificultad de conciliar una alianza táctica con los más diversos sectores de la sociedad en defensa del impeachment. Por otro lado, se plantea el desafío de impulsar un frente de izquierda capaz de construir un proyecto popular para Brasil y dialogar con la sociedad sobre una salida adecuada y unitaria de la crisis.

Las organizaciones políticas y los movimientos populares han planteado en esta dirección dos iniciativas importantes. La primera, la construcción de un “Plan Popular de Emergencia” en defensa de la vida, la salud, los ingresos y el empleo. Esta plataforma, además de denunciar el proyecto neoliberal y neofascista en marcha, entiende que es imposible disociar la movilización social para enfrentar la pandemia de la necesidad de un cambio cualitativo y programático en el gobierno del país. La persistencia de un gobierno guiado por intereses empresariales, que actúa contra las evidencias científicas y limita la acción del Estado en la lucha contra la crisis, hace extremadamente difícil superar esta situación.

La segunda gran iniciativa es la construcción de una “Política de solidaridad” en las principales periferias de Brasil, que articula las diversas acciones y organizaciones del campo popular. Basado en la solidaridad, la batalla de ideas y el trabajo de base, este proceso tiene como objetivo ganar fuerza en torno al proyecto popular y que el mismo se articule con el pueblo. La solidaridad en este contexto va de la mano con la lucha por los derechos. El derecho a la cuarentena con aislamiento social, ingresos básicos, acceso al agua, a los alimentos y a la salud requiere una lucha muy intensa por el acceso a los recursos públicos. Las organizaciones populares resisten y buscan ser la esperanza del pueblo. El contexto de la pandemia requiere de un esfuerzo de trabajo capaz de aportar a los procesos de construcción en todos los niveles, desde lo local a lo nacional, de la forma más coordinada posible. En otras palabras, o la clase trabajadora se organiza, defendiendo su vida y preparándose para la lucha política, o verá a la burguesía terminar de saquear el país y enterrar a decenas de miles de personas.

 

 

Imágenes de la intervención imperialista

La alarmante situación sanitaria no ha sido obstáculo para que EE. UU. continúe con su agresiva política imperialista hacia la región. Desde hace muchos años, Cuba y Venezuela son los objetivos principales de una política que promueve una “guerra híbrida” (sobre este tema puede consultarse nuestro Dossier N° 17), con el objetivo de fortalecer el dominio en lo que considera su “patio trasero”, clave en tiempos de tensa disputa global con otras potencias como China y Rusia (Boron, 2020).

En relación con Cuba, la política de los “halcones” de Washington, en boga durante la era Trump, es el endurecimiento del bloqueo, acompañado por una batería de acciones hostiles en el plano diplomático, político y económico. Entre ellas cabe destacar la inclusión de Cuba en la lista de países “no totalmente cooperantes con los esfuerzos antiterroristas de EE. UU.”, de la que había sido retirada en 2015. En este selecto grupo de enemigos públicos acusados de patrocinar el terrorismo se encuentran Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela y ahora Cuba, nuevamente, desde mayo de 2020.

En una mezcla de torpeza y desesperación, el gobierno de EE. UU. eligió confrontar con la cooperación de salud cubana en medio de la crisis sanitaria. Así fue que desde el Departamento de Estado se desplegó abiertamente una campaña de presión hacia los demás países del mundo, para que no pidan ayuda a Cuba. A pesar de que el núcleo central de la narrativa norteamericana fue amplificado por los principales medios privados de comunicación, la jugada resultó fallida: el papel de las brigadas de solidaridad alcanzó un lugar destacado y se multiplicaron las imágenes de las batas blancas y las banderas cubanas llegando a aeropuertos de países en crisis.

Ante la pandemia, integrantes del Contingente Internacional “Henry Reeve” se desplazaron a 24 países, entre los que hay que destacar la situación en Haití. Primer país de América en expulsar al colonialismo europeo en 1804, en los últimos años profundizó la dependencia del imperialismo a fuerza de golpes de Estado, ocupación militar extranjera e intervención humanitaria de las ONG primermundistas. Como resultado, Haití se ha convertido en la contracara de Cuba: despojado de su soberanía, con una situación de pobreza generalizada, ausencia de servicios públicos y una creciente represión, se trata de uno de los experimentos más violentos del neoliberalismo de guerra. Tanto en este como en otros territorios, la respuesta solidaria de Cuba se destaca ante la agresiva política de EE. UU., que despliega tropas e incrementa el tono bélico.

En el caso de Venezuela, la confrontación en el último tiempo no ha hecho sino radicalizarse. Con cada acontecimiento queda cada vez más expuesta la trama de asedio por parte de EE. UU. La frustrada incursión mercenaria de mayo pasado, denominada «Operación Gedeón», es un hito más en una larga secuencia de ataques ignorados o justificados por los medios internacionales. En sí mismo, sintetiza el carácter de la oposición venezolana, completamente entregada al imperialismo. Un hecho destacado es que la operación fue establecida mediante un contrato que unió formalmente al peón de Washington, Juan Guaidó, con el dueño de la empresa de mercenarios Silvercorp, Jordan Goudreau, un ¿ex? integrante de las Fuerzas Especiales que en tiempos recientes trabajó como seguridad de Trump en sus actos de campaña. La operación es ilustrativa de la tercerización (real o simulada) de las intervenciones militares, que EE. UU. promueve desde la Guerra del Golfo (Sobre este tema puede consultarse nuestro estudio “Coronashock y la guerra híbrida contra Venezuela”).

En el asedio al gobierno que encabeza Nicolás Maduro tiene un rol especial el Estado colombiano, en manos del uribista Iván Duque. En el escenario público es uno de los impulsores del Grupo de Lima, el foro diplomático que reúne a los gobiernos derechistas del continente, supuestamente para promover el bienestar del pueblo venezolano. En el escenario clandestino, permite el establecimiento de campamentos de entrenamiento de paramilitares destinados a atacar a Venezuela.

Mientras esto sucede, Colombia se debate en una espiral de violencia política que tiene como blanco principal a líderes y lideresas sociales y la maquinaria policial/militar no deja de producir escándalos, entre los cuales se encuentra el espionaje a figuras públicas, incluso del propio gobierno.

No es un detalle el hecho de que EE. UU. tiene 9 bases militares en este territorio y otras más en la región del Caribe, incluidas las de la OTAN. La intervención dirigida por el Comando Sur incluye acciones de verdadera propaganda armada, como los publicitados operativos navales para interceptar, supuestamente, buques que transportan drogas ilícitas, luego de que el fiscal general de EE. UU. —tras acusarlos de narcoterroristas sin presentar prueba alguna— pusiera precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y de otros dirigentes chavistas.

Precisamente la flota que el Comando Sur tiene desplegada en el Caribe volvió a ser noticia cuando EE. UU. dejó trascender que podría ser utilizada para detener a buques iraníes en tránsito hacia Venezuela. Finalmente los barcos con el petróleo arribaron a Venezuela y en la práctica rompieron el embargo norteamericano. La imagen de buques iraníes en el Caribe, escoltados por aviones Sukhoi de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representó una señal del resquebrajamiento del poder estadounidense. Y en cierto modo, volvió a dejar en ridículo las amenazas de la Administración Trump, que en los últimos meses ha coleccionado una buena cantidad de fracasos. A pesar de esto, la amenaza militarista permanece y no debe ser minimizada.

Es notable que el gobierno de EE. UU. promueva semejante nivel de tensión continental en el momento en que sufre más de 120.000 muertes por covid-19, el número más elevado de todos los países del mundo. La situación ha desatado tal caos que su aceitado sistema de propaganda no logra ocultar los efectos de la pandemia ni los desaciertos de la Administración. El contraste con la acción política de otros Estados es grande, en primer lugar con China —por su rápida y contundente respuesta— y en segundo lugar con Cuba: a solo 90 millas, la pequeña isla rebelde combate la pandemia en medio del bloqueo y al mismo tiempo asiste a otros pueblos con las brigadas médicas de solidaridad. El unilateralismo de EE. UU. alcanza nuevos récords y lo expone como potencia en declive con un creciente grado de aislamiento, como lo muestra también su disputa contra la OMS, en el marco de una pandemia que parece acelerar la transición hegemónica a nivel global (Merino, 2020).

A esto hay que sumarle, además, el estallido social provocado por la combinación de racismo y violencia policial. La respuesta popular al asesinato de George Floyd es otro indicador del nivel de tensiones que atraviesan a EE. UU. y contribuyen a golpear la imagen de imperio todopoderoso que ostentó en algún momento.

 

 

Los movimientos populares y el desafío de las alternativas

Como respuesta a la ofensiva neoliberal de los años pasados, un nuevo ciclo de luchas se desplegó en muchos de los países de Nuestra América, particularmente a partir de octubre de 2019. Entre ellos, por su intensidad y masividad, se destacó la rebeldía popular en Chile. Allí, el pasado 8 de marzo más de 3 millones de mujeres hicieron sentir su reclamo en las calles y días después lxs estudiantes secundarixs y universitarixs realizaron masivas tomas de escuelas y manifestaciones; pero el 18 de marzo, en el contexto de extensión del virus, el gobierno decretó el Estado de excepción constitucional con toque de queda y envió nuevamente los militares a las calles.

Con sus particularidades, en todos los países se modificaron drásticamente el escenario de acción y las demandas de los movimientos populares y, de facto, se impuso un bloqueo o dificultad adicional a los procesos de construcción colectiva y de protesta. Pero este cambio en las condiciones de lucha no implicó su desaparición. A través de las redes sociales con tuitazos y encuentros virtuales; organizando cacerolazos o ruidazos en regiones o países; con demostraciones callejeras con mascarillas y distanciamiento social, incluso llegando a movilizaciones locales y, en los últimos meses, con el regreso de las huelgas y los bloqueos de calles y carreteras, la protesta popular cambió de forma para hacerse cada vez más presente ante el agravamiento de la situación sanitaria, social y política.

En este sentido, el efecto de la pandemia y su uso capitalista implicó el crecimiento significativo de los despidos, la reducción de los salarios, la precarización laboral, particularmente en el sector privado, y un avance muy importante de la digitalización del trabajo —la “uberización” precarizante— que ya era promovido por el capital antes de la llegada del virus. Frente a ello, lxs trabajadorxs de la región respondieron con distintas acciones, incluso en los sectores económicos dinámicos bajo la cuarentena, como los paros de lxs trabajadorxs de delivery a nivel regional y global. Un capítulo particular merecen los conflictos y demandas de lxs trabajadorxs de la salud, que se expresaron en toda la región (Ver sobre ello nuestro Dossier N° 29 La salud es una elección política).

La situación resulta más grave aún en los sectores con trabajo precario, ocasional o sin sustento. Allí, la ausencia de políticas sociales ha tenido efectos terribles, agravando las plagas del hambre y la enfermedad (sobre su expresión a nivel global puede consultarse nuestro Boletín N° 20). En este contexto, los movimientos populares han desarrollado una heroica labor, muchas veces en situaciones muy difíciles, organizando ollas y comedores populares, aportando alimentos y enseres sanitarios, contribuyendo a la organización comunitaria, y demandando a los gobiernos soluciones efectivas. Entre estas experiencias pueden mencionarse, entre otras, la distribución de alimentos en barriadas populares realizada en Bolivia por las organizaciones del Chapare, que fueron perseguidas por la dictadura; y la entrega de más de 2.300 toneladas de alimentos en las barriadas populares de diferentes ciudades de Brasil por parte del Movimiento Sin Tierra y de otras organizaciones populares. También en Argentina, las organizaciones de la economía popular protagonizan este esfuerzo, demandan alimentos y medidas que garanticen la asistencia en los barrios populares, castigados por la rápida propagación del virus.

Por otra parte, en Guatemala, El Salvador y Ecuador, mujeres en las carreteras o familias en sus casas cuelgan banderas blancas en reclamo de alimentos; en Panamá, las poblaciones pobres protestan cortando calles y caceroleando; en Chile, las barriadas populares de Santiago hacen barricadas y concentraciones y son reprimidas al tiempo que el gobierno ofrece una magra canasta de alimentos; en El Alto, La Paz y en otros lugares de Bolivia trabajadorxs y vecinxs protestan reclamando trabajo y alimentos; y hechos similares suceden en los vecindarios pobres de Bogotá y en otras grandes urbes de la región. Sumadas al rechazo frente al paquetazo neoliberal en Ecuador, los cacerolazos y petardazos por la convocatoria a elecciones en Bolivia, e incluso a los cacerolazos en Brasil que gritan «Fora Bolsonaro» parecen marcar la reanimación de las luchas populares, ahora en las nuevas condiciones que plantea la pandemia.

La propagación del virus en barriadas populares amenaza asimismo con una catástrofe social y sanitaria que viene siendo denunciada por los movimientos, como por ejemplo, en Haití o en el departamento del Amazonas en Colombia, uno de los más pobres del país. Realidad que no se limita al mundo urbano. Las organizaciones indígenas han denunciado la grave situación que se vive en sus territorios e incluso la OPS (Organización Panamericana de la Salud) ha alertado sobre más de 20.000 contagiados en los pueblos de la Amazonía.

La pandemia ha expuesto y acentuado también las tramas de la injusticia, la doble explotación y la opresión y violencia hacia las mujeres, así como contra las disidencias y diversidades de sexo y género. En particular, las mujeres de los sectores populares se han visto afectadas por la pérdida de los ingresos, por la responsabilidad del cuidado doméstico y por el incremento de la violencia, con un rastro de femicidios que no deja de crecer. En este sentido, por ejemplo, desde la Coordinadora Feminista 8M de Chile se impulsó la organización colectiva del cuidado en clave feminista de familias y poblaciones en los territorios; la visibilización y atención urgente en la erradicación de la violencia intrafamiliar y la protección de mujeres, niñas/os y adolescentes; el reclamo de no salir a trabajar exigiendo el ingreso y las medidas de emergencia sanitaria.

Los movimientos de mujeres y feministas han planteado con fuerza que el cuidado vale más que las ganancias. De igual manera se han pronunciado las articulaciones de movimientos populares. La Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP) llamó a poner la vida antes que el capital, la efectiva expresión emancipatoria de la contradicción que suele formularse habitualmente bajo la idea de la contraposición entre salud y economía. La articulación nuestroamericana de ALBA Movimientos convocó a denunciar a los gobiernos neoliberales, levantar los bloqueos y rechazar las agresiones imperialistas; y a dar vida a un programa y un proyecto político desde abajo. La proyección global del virus hecho pandemia ha acentuado los padecimientos sociales del neoliberalismo pero también ha evidenciado dramáticamente los efectos de la globalización capitalista y puesto en debate el des-orden global. En esta dirección, de las resistencias populares surge también la necesidad de plantear y construir alternativas en este plano, que necesariamente deben potenciar y renovar el internacionalismo.

 

 

Pasado y presente

La expansión de la pandemia en Nuestra América ha puesto al descubierto la precariedad del sistema de salud pública y las deterioradas condiciones de vida de los sectores populares, resultado de las décadas pasadas de políticas neoliberales, así como ha demostrado el fracaso de estas políticas para responder al avance de la enfermedad. Frente a la crisis desatada, muchas veces se plantea la urgencia de regresar a la normalidad anterior. Sin embargo, como ha sido señalado, el pasado ha sido en realidad la normalización de las crisis (económica, social, migratoria, ambiental y climática, etc.) que caracterizan el despliegue del neoliberalismo. El futuro no puede reducirse simplemente a reponer la situación anterior. Construir un camino de salida efectiva de las crisis no puede sino orientarse por el objetivo de una profunda transformación de sus verdaderas causas.

 

Bibliografía citada para profundizar en los temas

Boron, Atilio (2020). Notas sobre el imperialismo y la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, en López, E. (comp.) (2020). Las venas del Sur siguen abiertas. Debates sobre el imperialismo de nuestro tiempo.

Katz, Claudio (2020). Confluencia del virus en América Latina. Disponible en: https://www.thetricontinental.org/es/ba-research/katz-confluencia /

Merino, Gabriel (2020) La reconfiguración imperial de Estados Unidos y las fisuras internas frente al ascenso de China, en López, E. (comp.) (2020). Las venas del Sur siguen abiertas. Debates sobre el imperialismo de nuestro tiempo.

Misión Verdad (2020). Operaciones mercenarias contra Venezuela: Evolución de una amenaza militar fracasada. Disponible en: http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2020/05/informe-operaciones-mercenarias-15052020-1.pdf

Murillo, Susana (2020). Las cuarentenas. Disponible en: https://www.thetricontinental.org/es/ba-research/murillo-quarentenas/

Los datos fueron tomados de:

CEPAL (2020a). Dimensionar los efectos del COVID 19 para pensar la reactivación. Informe especial N° 2 (Santiago de Chile: CEPAL). Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion

CEPAL (2020b). El desafío social en tiempos del COVID 19. Informe especial N° 3 (Santiago de Chile: CEPAL). Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19

Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. Painel CONASS covid-19. Disponible en: http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/

FMI (2020). Actualización de las perspectivas de la economía mundial (Washington: FMI). Disponible en:  https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

PMA (Programa Mundial de Alimentos) (2020). Millones en riesgo de inseguridad alimentaria en America Latina y el Caribe. Disponible en: https://es.wfp.org/noticias/millones-en-riesgo-de-inseguridad-alimentaria-en-america-latina-y-el-caribe

 

Este dossier fue realizado por el Observatorio de América Latina y el Caribe (OBSAL) y la Oficina de Buenos Aires conjuntamente con la Oficina de São Paulo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Contó con la colaboración de investigadores y activistas de la región; entre otrxs, queremos agradecer a Ana Maldonado, integrante del Frente Francisco de Miranda de Venezuela.