La revuelta campesina en India
Dossier 41
Un campesino de Punjab protesta durante una marcha de tractores el Día de la República en la carretera de circunvalación GT Karnal en Delhi, 26 de enero de 2021 Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
Son retratos de campesinos, no de “matones, parásitos, terroristas y secesionistas”, como lxs pintan los medios de comunicación dominantes, no es una multitud sin rostro. Son retratos de seres humanos con nombres, luchas y aspiraciones, una forma de vida. Son retratos de una clase. Son retratos de una protesta histórica.
Las fotografías de este dossier fueron tomadas por Vikas Thakur, del Departamento de Arte del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Vikas, que vive en Delhi, visitó semanalmente dos lugares clave de la protesta en las fronteras con Singhu y Tikri durante diciembre de 2020 y enero de 2021. Con una cámara básica de teléfono Xiaomi Note 6 en la mano, documentó la revuelta de los agricultores. “Al principio, sólo quería hacer fotos para archivarlas», dice Vikas. Las imágenes crudas resultantes son retratos de campesinxs -principalmente procedentes de Haryana y Punjab- en su ira y su alegría, desafiando el frío invierno en sus tractores, leyendo poesía en sus carros y celebrando festivales religiosos. Son retratos de campesinxs, de una clase y de seres humanos en una revuelta histórica.
Campesinas de Punjab y Haryana protestan en la frontera entre Tikri y Delhi, el 24 de enero de 2021
Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
India está azotada por la segunda ola de la pandemia de COVID-19. En mayo, el número de casos diarios confirmados superaba los 400.000, mientras el sistema de salud se convulsionaba, las camas de los hospitales se llenaban y los cilindros de oxígeno se vaciaban. El aumento en la tasa de muertes ha creado colas en los crematorios. Aunque la atención se centra en Delhi y otros centros urbanos, las muertes silenciosas se extienden por la zona rural de India del norte. La gente muere de “fiebre” y falta de aire, los términos utilizados desde el sentido común para describir los síntomas de COVID-19. Como a muchas personas no les hicieron pruebas de la enfermedad, sus muertes no son parte de las cifras oficiales.
En septiembre de 2020 el gobierno de India, dirigido por el primer ministro Narendra Modi y su partido de extrema derecha Bharatiya Janata Party (BJP), aprobaron tres leyes que impactan directamente a la agricultura. No se consultó previamente a las organizaciones campesinas ni se permitió el debate en el parlamento. El campesinado percibió inmediatamente que estas tres leyes los iban a convertir en semisiervos de las grandes empresas en India. Comenzaron una ola de protestas que continúa meses después, a pesar de la pandemia.
Lxs campesinxs y trabajadorxs agrícolas marcharon hacia Delhi por primera vez en noviembre de 2020. No se les permitió entrar, así que establecieron campamentos de protesta en las autopistas nacionales alrededor de la ciudad. Las movilizaciones masivas comenzaron en Punjab, pero pronto se difundieron a Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan y Madhya Pradesh. En pocas semanas la ola de protestas se esparció a toda la India, desde Maharashtra en el oeste hasta Bihar en el este y también hacia el sur. El Día de la República, el 26 de enero de 2021, las y los campesinos y trabajadores agrícolas irrumpieron en Nueva Delhi, la capital del país, dejando en claro que el día de celebración de la Constitución de India de 1950 era también su día.
Los medios de comunicación controlados por grandes empresas vilipendiaron a lxs campesinxs, atacando su integridad, llamándolos matones, parásitos, terroristas y secesionistas que buscaban obstruir el desarrollo de India. Lxs campesinxs no se inmutaron, sabían que representaban a toda su clase, para la que esta batalla es existencial: aceptar los términos de la nueva política del gobierno es matar y destruir sus medios de subsistencia y matar su forma de vida. Sabían que las tres leyes agrícolas darían aún más control sobre la agricultura india a los grandes capitalistas, como las familias Ambani y Adani. Una serie de organizaciones campesinas, desde el All-India Kisan Sabha (AIKS) al Bharatiya Kisan Union, buscaron a las y los campesinos y trabajadorxs agrícolas en todo el país para constituir una coalición nacional que defendiera al campesinado y exigiera la retirada de las tres leyes.
Las protestas no han cesado, aunque lxs campesinxs son cautos debido a la pandemia. Están decididos a mantenerse firmes, ya que el gobierno del BJP se ha negado a dar marcha atrás. Sea cual fuere el resultado, la agricultura india está al borde del abismo y el gobierno de Modi está empeñado en empujarla hacia el precipicio. El campesinado indio continúa luchando por su supervivencia en una crisis agraria crónica, impulsada por tres décadas de reformas neoliberales. Las tres nuevas leyes de Modi van a diezmar los remanentes de la vida agraria del campesinado y entregarán el sector a la producción controlada por corporaciones y a la cadena global de suministros.
¿Qué es la crisis agraria? Es una afección crónica cuyos síntomas actuales son variados: las fluctuaciones de la agricultura, incluidas las malas cosechas, que se traducen en ingresos bajos o negativos, endeudamiento, subempleo, desposesión y suicidio. Este dossier rastrea las causas de esta crisis, que no son difíciles de discernir, pero que se remontan a los días de la dominación colonial británica y a los fracasos del nuevo Estado indio tras la independencia en 1947. El progreso de la agricultura india anda al ritmo de una tortuga gigante, que se mueve lentamente y mantiene su curso obstinadamente. Parece que poco ha cambiado en los últimos 75 años e incluso cuando surgen nuevos factores, los antiguos persisten. Para entender por qué la tortuga ahora se detiene al borde del precipicio, necesitamos desandar su camino.
Un campesino participa en las protestas en su camión en la frontera entre Singhu y Delhi, 5 de diciembre de 2020
Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
El pasado
Cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales tomó control de la India por primera vez en 1757, comenzó a desmontar las antiguas relaciones económicas y a reorganizarlas para que se adapten mejor a la extracción de tributos. Se trató de forma diferente a distintas partes de India, pero la estructura principal de saqueo siguió siendo la misma. La tierra se convirtió en propiedad vendible que podía ser enajenada al campesinado, y llegaron nuevos intermediarios (como los zamindars) para cobrar rentas exorbitantes a lxs campesinxs. En 1770, los británicos se mantuvieron al margen mientras Bengala, la primera parte de la India que quedó bajo el dominio de la Compañía, experimentaba una hambruna que mató a un tercio de la población. Aunque la sociedad aldeana no era un paraíso antes de la llegada de la Compañía, durante el gobierno de esta y de la Corona (después de 1858), se convirtió en un verdadero infierno para el campesinado.
La economista Utsa Patnaik calculó que la Compañía y la Corona Británica extrajeron 45 billones de dólares (en términos actuales) entre 1765 y 1938, menos de dos siglos completos de dominio colonial. En otras palabras, el saqueo equivale a dos décadas del PIB actual de India, que es de 2,5 billones de dólares.
La consecuencia de una sangría de recursos tan grave fue que, incluso en los años de buenas cosechas, lxs campesinxs apenas tenían comida suficiente para sobrevivir. En los años malos, como cuando la estación del monzón fallaba, apenas conseguían reunir dinero suficiente para pagar sus impuestos, antes de caer en la inanición total durante meses. No podían ahorrar dinero o alimentos en los años buenos porque los impuestos impedían cualquier ahorro, lo que los dejaba en situación de gran vulnerabilidad. Cuando llegaba la sequía o las malas cosechas, como inevitablemente sucedía, lxs campesinxs no tenían ninguna protección contra la atrocidad de la hambruna.
Entre 1850 y 1899, lxs campesinxs indixs sufrieron 24 hambrunas, una cada dos años. Estas hambrunas mataron a millones de personas; durante la hambruna de 1876-79, 10,3 millones de personas murieron; durante la de 1896-1902, murieron 19 millones de personas. William Digby, un periodista que reportó sobre la hambruna de 1876 en Madrás, escribió en 1901 que cuando “el historiador considere el papel desempeñado por el Imperio Británico en el siglo XIX dentro de 50 años, la muerte innecesaria de millones de indixs será su principal y más notorio monumento”.
El recuerdo de estas hambrunas —especialmente la de Bengala en 1943— aseguró que el nuevo Estado indio suprimiera los impuestos al campesinado, lo que eliminó su caída en la hambruna y le permitió utilizar sus ingresos para invertir en sus tierras y mejorar la producción de alimentos. Durante las sequías, el gobierno se aseguró de que el campesinado recibiera alimentos. No se eliminó el hambre, pero sí las hambrunas.
Sin embargo, el Estado indio, controlado por la gran burguesía y los terratenientes, preservó las jerarquías económicas agrarias que le habían legado los británicos. A diferencia de la URSS y de la República Popular China, la India independiente no rompió con las jerarquías socioeconómicas de los pueblos. Presionado por la izquierda, que era fuerte en ciertas regiones del país, el gobierno indio implementó reformas agrarias a medias. La redistribución de la tierra fue mísera y no se implementaron los modestos límites a los latifundios debido al control que tenían los terratenientes sobre el sistema político en sus regiones. La legislación sobre la tenencia de la tierra tuvo cierto impacto en algunos estados, donde lxs campesinxs obtuvieron títulos de propiedad de las tierras que cultivaban. No obstante, la concentración de la tierra siguió siendo elevada y continuó la explotación neofeudal del campesinado y de lxs trabajadorxs agrícolas sin tierra, sobre todo de las castas oprimidas.
En lugar de modernizar el sector agrícola, la clase dirigente condujo una industrialización dirigida por el sector público, que incluía la construcción de enormes represas y proyectos de riego. Para el final de la década de 1950, la industrialización de India chocó con el muro de la agricultura no reformada. El creciente sector industrial necesitaba materias primas agrícolas y la expansión de la fuerza de trabajo industrial había aumentado la demanda de alimentos. En consecuencia, la escasez de alimentos se había vuelto frecuente, lo que causó que subiera el precio de los granos alimentarios. Esta presión inflacionaria frenó la industrialización. Las reservas de divisas de India estaban casi agotadas, lo que limitaba la capacidad del gobierno para importar granos.
Para 1965, Estados Unidos se había convertido en el principal exportador de granos alimentarios a la India, pues el gobierno indio le había solicitado en 1956 proporcionar granos en virtud de la Ley 480. Bajo este esquema, India importaba granos alimenticios, sobre todo trigo, y pagaba a Estados Unidos en moneda india, lo que evitaba que India se hundiera aún más en la crisis de divisas. EE. UU. utilizó el esquema de la Ley 480 para presionar al gobierno indio para que modificara sus políticas, especialmente su política exterior no alineada. Un diplomático estadounidense dijo que los granos enviados a la India eran de baja calidad, para alimentar aves de corral, no para consumo humano.
Debido a las guerras de India con China (1962) y Pakistán (1965), las reservas de divisas se desplomaron. Una sequía en 1965 redujo la producción de alimentos en un 20% en el año agrícola 1965-66. Los políticos y diplomáticos indios abogaron por más envíos de granos desde Washington, pero Estados Unidos envió menos de lo requerido para crear presión para cambiar dos políticas: en primer lugar, desmantelar el modelo económico de sustitución de importaciones y abrir el país a la inversión y comercio extranjeros; en segundo lugar, debilitar sus lazos con la URSS y cesar las críticas a EE. UU. por la guerra de Vietnam. Cuando la primera ministra Indira Gandhi fue a Washington en 1966 a reunirse con el presidente Lyndon Johnson, aceptó las condiciones de Estados Unidos y del Banco Mundial para eliminar las restricciones a las importaciones, conceder licencias a una serie de industrias, permitir las inversiones estadounidenses en la producción de fertilizantes y devaluar la rupia india en 57%. Como resultado, la inflación se disparó y la economía entró en una crisis aún más profunda. El gobierno indio creía que Estados Unidos enviaría granos y que el Banco Mundial aceptaría un paquete de préstamos, pero ninguno de los dos cumplió su parte del trato. Esto fue una humillación para el gobierno indio, un reconocimiento de que seguía dependiendo del sistema imperialista.
Durante esta crisis, los círculos de la élite se dieron cuenta de que, para un país tan grande como la India, alimentar a su población con alimentos importados no era una opción. Aquello no sería solamente una invitación a la intervención imperialista en la soberanía india, sino que permitir que la seguridad alimentaria de millones de indixs siguiera dependiendo de los caprichos del suministro y los precios de mercados internacionales sería una receta para una grave crisis interna. Esta constatación obligó al gobierno indio a buscar opciones internas para alcanzar la seguridad alimentaria y salir de la crisis.
Una campesina participa en una concentración de carros preparatoria en la entre Singhu y Delhi, el 7 de enero de 2021
Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
Dos caminos para salir de la crisis
El gobierno de la India tenía dos caminos para salir de la crisis:
- Redistribución de la tierra. El gobierno de India podría haber implementado reformas agrarias a través de una redistribución de la tierra, lo que habría significado entregar tierras a familias rurales que no la tenían. La concentración de la tierra se había convertido en un obstáculo para aumentar la productividad agrícola. Las relaciones neofeudales significaban que los terratenientes podían extraer elevadas rentas de sus arrendatarios, así como robarles mano de obra gratuita para su uso personal. Los terratenientes utilizaban sus ingresos de las rentas de la tierra alquilada para dar préstamos en lugar de invertir en la tierra o en tecnología. Los arrendatarios no usaban sus propios ingresos para mejorar la tierra, además, de cualquier forma, los altos alquileres se comían la mayor parte de sus ingresos excedentes. La falta de inversión en la agricultura impidió que se alcanzaran altas tasas de crecimiento. La redistribución de la tierra, junto con la inversión pública en infraestructura agrícola, podría haber aumentado tanto la equidad socioeconómica como el crecimiento económico. Al crecimiento le habría seguido un aumento de la productividad y del consumo de lxs campesinxs, lo que podría haber estimulado la industrialización rural.
- La Revolución Verde. A comienzos de la década de 1960, el agrónomo Norman Borlaug desarrolló variedades enanas de un trigo de alto rendimiento, que requería fertilizantes químicos y riego a escala industrial. Esta nueva tecnología agrícola de variedades de alto rendimiento era mucho más productiva comparada con las tecnologías autóctonas existentes. Así, la “Revolución Verde” fue una opción cómoda para la clase dominante india, que consideraba que iba a aumentar la productividad agrícola sin necesidad de reforma agraria.
De hecho, las reformas agrarias y la tecnología de la Revolución Verde no debían haberse considerado como mutuamente excluyentes. La combinación de ambas, usadas con criterio, podría haber creado altas tasas de crecimiento agrícola que beneficiaran al campesinado. Sin embargo, el Estado indio eligió evitar la reforma de las relaciones agrarias y se centró en la Revolución Verde.
En 1961, el 12% de los hogares rurales poseía más del 60% de las tierras de cultivo en las aldeas del país. Ya que el objetivo del gobierno era aumentar la producción agrícola para promover la autosuficiencia de granos alimenticios en aras de la industrialización, tenía sentido implementar la tecnología de la Revolución Verde para beneficiar a los grandes agricultores capitalistas. Mejorar las condiciones de vida de las masas rurales y alcanzar equidad socioeconómica no eran las preocupaciones primordiales. Se suponía que los beneficios llegarían al resto de hogares rurales a medida que aumentara la productividad y crecieran los ingresos de los agricultores ricos.
Para ayudar a los agricultores, el Estado mejoró las instituciones de agronomía. Estableció el Sistema Nacional de Investigación Agrícola, con el Consejo Indio de Investigación Agrícola (establecido en 1929) en su cúspide, junto con una amplia red de instituciones de investigación especializadas, universidades agrícolas, centros de extensión y estaciones de investigación de campo. Estas instituciones proporcionaron apoyo técnico para el uso de las tecnologías de la Revolución Verde. Las variedades de alto rendimiento requerían una gran cantidad de agua y la aplicación de agroquímicos. Debido a esto, dicha tecnología solo pudo implementarse en regiones con sistemas de riego por canales, como Punjab, Haryana, el oeste de Uttar Pradesh y las planicies costeras del sur. La tecnología de la Revolución Verde no se utilizó en el 70% de las tierras de cultivo de India, donde las aldeas continuaron practicando una agricultura de subsistencia.
El gobierno realizó inversiones sustanciales en riego de superficie para expandir la tecnología de la Revolución Verde al resto del país. Entre 1951 y 1991, el área irrigada por canales se duplicó con creces, pasando de 8,3 millones a 17,5 millones de hectáreas. Los créditos bancarios a los agricultores ayudaron a aumentar el riego mediante la perforación de pozos tubulares y de pozos de sondeo. Entre 1961 y 1991, la superficie regada con pozos tubulares se expandió de casi cero a 14 millones de hectáreas. Con la expansión del riego por canales, incluso los agricultores pequeños y marginales comenzaron a utilizar la combinación de semillas de alto rendimiento y fertilizantes químicos de la tecnología de la Revolución Verde.
Quedaba claro para las instituciones estatales a cargo del desarrollo agrícola que no se podía esperar que lxs agricultorxs por sí mismos invirtieran para incrementar la productividad. Las inversiones necesarias en áreas clave —como riego, control de inundaciones, desarrollo de tierras y creación de infraestructura de mercado— eran considerables, estaban fuera del alcance de agricultores individuales y solo podían ser llevadas a cabo por el Estado. Además, la agricultura está sometida a los caprichos de la naturaleza —inundaciones, sequías, granizadas, plagas—, agravados por las incertidumbres impuestas por el sistema capitalista. Los precios varían y lxs campesinxs, en particular, no pueden negociar para bajar los precios de los insumos ni controlar los precios de mercado de sus productos. Se necesita apoyo del Estado para acceder a créditos, subsidiar insumos, crear una infraestructura de mercado y mantener una estructura de precios remunerativos para la producción final. Al asumir parte del riesgo a través de sus mecanismos institucionales, el Estado tenía la capacidad de hacer viable la agricultura. A medida que estas instituciones se desarrollaron en los años 60, se volvieron parte de los procesos agrícolas y la vida rural. Aunque estos instrumentos institucionales favorecieron a los grandes agricultores, consiguieron anclar el conjunto de la economía rural y proporcionaron algún alivio incluso a lxs trabajadorxs agrícolas sin tierra. Es un testimonio de la resistencia de estas instituciones el hecho de que ningún gobierno haya sido capaz de deshacerlas por completo desde que la economía india comenzó a liberalizarse después de 1991. Las tres leyes agrícolas de Modi son una tentativa directa de retirar estos arreglos institucionales. La lucha de lxs campesinxs, entonces, es una lucha política no solo para proteger estos instrumentos institucionales, sino también para preservar su modo de vida.
Una pareja de campesinos pasa una noche de invierno en su camioneta en la frontera entre Singhu y Delhi, 28 de diciembre de 2020
Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
Crédito y precios
La decisión de política económica más importante en la India independiente fue la nacionalización de los bancos en 1969. La necesidad de proporcionar apoyo crediticio a la expansión agrícola desempeñó un papel importante en esta decisión. Hasta la nacionalización, el sistema bancario en el país estaba dominado por los bancos privados y el Banco Estatal de India (SBI por su sigla en inglés), de control público. Los bancos privados tenían sus oficinas en los centros metropolitanos, sin presencia real en la India rural. Sus consejos de administración estaban llenos de industriales, con el instinto de prestar dinero al sector industrial y no al sector agrícola. En 1961, la agricultura, que empleaba al 70% de la fuerza de trabajo y constituía el 40% del PIB, recibía el 2% de los préstamos concedidos por bancos comerciales. Estos se negaban a seguir los llamados del gobierno para que prestaran a lxs agricultores. Para los bancos comerciales, gastar dinero para expandirse en el campo nunca les iba a dar la misma tasa de rendimiento que los préstamos a la industria y al comercio. Como consecuencia de que los bancos no invirtieran en el sector agrícola, el Estado asumió 14 bancos privados nacionalizándolos en 1969 y puso 80% del negocio bancario bajo control público.
El gobierno ordenó a los nuevos bancos públicos que otorgaran al menos el 18% de sus créditos a la agricultura. Como resultado, estos bancos públicos comenzaron a abrir sucursales en las zonas rurales, sobre todo en áreas donde se había implementado la tecnología de la Revolución Verde.
Por primera vez, millones de campesinxs tenían una alternativa al prestamista del pueblo. Esto impulsó la inversión agrícola. Los bancos subvencionaron los préstamos a bajo interés para la agricultura con los beneficios del crédito a la industria y el comercio. Lxs campesinxs recibían préstamos para cultivos estacionales, así como préstamos a largo plazo para comprar maquinaria, como tractores y pulverizadores. Los préstamos se otorgaban en función del tamaño de la propiedad, favoreciendo a los agricultores más grandes, aunque los que tenían pequeñas propiedades también los recibieron. Este crédito vino acompañado de la venta por parte del gobierno de insumos subvencionados, como semillas y fertilizantes, y el gobierno subvencionó a los fabricantes privados de fertilizantes para compensarles por la bajada de precios. La nacionalización de la banca aceleró el desarrollo agrícola.
En 1960, el gobierno estableció el programa de Precios Mínimos de Apoyo. Cinco años después, creó la Corporación de Alimentos de India (FCI por su sigla en inglés). Estos dos elementos fueron pensados para gestionar un dilema elemental en la agricultura: si el precio de los alimentos es muy bajo, lxs agricultorxs sufren, pero si el precio de los alimentos es muy alto, lxs trabajadorxs sufren. El precio mínimo de apoyo de un cultivo dado se fija de modo que lxs agricultorxs reciban un precio que cubra sus costos de producción y les proporcione un ingreso razonable. A su vez, la FCI adquiere los granos alimenticios de lxs agricultorxs al precio mínimo y los pone a disposición de lxs trabajadorxs a un precio razonable. Todo este mecanismo está subsidiado por el gobierno, que balancea estas reivindicaciones en competencia. El gobierno vende los granos adquiridos a través de un Sistema Público de Distribución (PDS por su sigla en inglés) a la clase trabajadora y al campesinado. El exceso de granos se guarda en los almacenes de la FCI como reserva para los años de malas cosechas y para utilizarlo en el mercado como medida contracíclica, para proteger a la clase trabajadora de una elevada inflación de los alimentos.
Pero la FCI no compra todo lo que cultivan lxs agricultorxs. Lo que resta se vende a intermediarios, que tienen ventaja frente a lxs agricultorxs individuales ya que pueden pagarles precios menores, demorar los pagos y engañarlos usando balanzas fraudulentas. En las décadas de 1960 y 70, los estados de India establecieron Comités de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC por su sigla en inglés) para regular las plazas de mercado, crear infraestructura de almacenamiento en ellos y garantizar la regulación del comportamiento de los intermediarios. La FCI compraba sus existencias de granos en estos mercados de los APMC.
El éxito de la Revolución Verde y las políticas de crédito rural del gobierno se vio limitado por sus estrechos objetivos. Estas nuevas tecnologías favorecieron a estados con irrigación asegurada, lo que significó que recibieron una mayor parte del crédito agrícola. La mayoría de la adquisición de granos a precios mínimos de apoyo se limitó a esas regiones, como Punjab, Haryana y el oeste de Uttar Pradesh. Aunque solo 23 productos agrícolas tenían precios fijados, como cereales y legumbres, lo que comúnmente más se compraba era arroz y trigo. Lo caprichoso de esta decisión hace que quienes cultivan en las regiones semiáridas donde se producen otros cultivos no tengan acceso a la totalidad de las ayudas del gobierno. La creación de APMC mantuvo este sesgo, de modo que las tres regiones mencionadas cuentan con mejor infraestructura de mercados. En Punjab hay un mercado regulado cada 116 km2. La proximidad de plazas de mercado marca una diferencia significativa para lxs agricultorxs pequeños y marginales, porque plazas más cercanas significan menores costos de transporte.
Un campesino que se sumó a la protesta inicial lee una obra del poeta revolucionario punjabí Pash en su carrito en la frontera entre Singhu y Delhi, 10 de diciembre de 2021
Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
Las rigideces de clase
Poco después de que comenzara la Revolución Verde, el Ministerio del Interior de India acertadamente se preocupó por las consecuencias sociales y políticas de la profundización de la inequidad rural. Les preocupaba, como dijo el ministro Y.B. Chavan, que la Revolución Verde pudiera convertirse en una revolución roja. El informe The Causes and Nature of Current Agrarian Tension [‘Las causas y la naturaleza de las tensiones agrarias actuales’] (1969) que produjo su ministerio tenía una lúcida evaluación del problema desde el punto de vista burgués:
En primer lugar, [las nuevas estrategias de la Revolución Verde] se han apoyado en gran medida en la estructura social agraria atrasada. Los intereses de lo que podríamos llamar las clases agrícolas no han convergido en un conjunto de objetivos sociales y económicos comúnmente aceptados. En segundo lugar, la nueva tecnología y estrategia, orientadas a metas de producción con una consideración secundaria de los imperativos sociales, han provocado una situación en la que los elementos de disparidad, inestabilidad y malestar se están volviendo patentes con posibilidad de aumento de las tensiones.
Es precisamente este tipo de política la que intensificó las divisiones de clase rurales y creó el tipo de trabajo que el ministro del Interior prefería evitar, es decir, enfrentar insurgencias rurales. La “compleja molécula” de la aldea india —escribieron los líricos autores del informe del Ministerio del Interior de 1969— puede encontrarse con el campesinado organizado y eso “podría terminar en una explosión”. Esto se debía prevenir desmoralizando al campesinado mediante el endeudamiento y fortaleciendo el poder de los agricultores más ricos en el campo.
Los agricultores más ricos estaban en una mejor posición para acceder a los mecanismos institucionales establecidos por el Estado. El sistema fue creado para proporcionar más crédito bancario y más ventajas de precios mínimos de apoyo y fertilizantes subvencionados a quienes tenían mayores extensiones de tierra. Como el gobierno estaba más interesado en aumentar la productividad agrícola que en mejorar las desigualdades de la India rural, las políticas terminaron beneficiando a los agricultores más ricos.
Ya que los agricultores ricos acapararon el crédito bancario del gobierno, los agricultores pequeños y marginales tuvieron que seguir obteniendo créditos de prestamistas. De acuerdo con la última Encuesta de Evaluación de la Situación de los Hogares Agrícolas, los agricultores ricos accedieron al 80% de sus préstamos de fuentes institucionales, mientras que los marginales consiguieron solo 50% de sus préstamos de esas fuentes. Para la mitad de sus créditos, los agricultores marginales acudieron a fuentes no institucionales, como prestamistas que cobran tasas de interés excesivamente altas, lo que los coloca en una trampa de endeudamiento. La situación sigue siendo muy sombría para lxs trabajadorxs agrícolas, que reciben el 88% de sus créditos de prestamistas.
Muchos agricultores marginales y sin tierra acceden a la tierra arrendando la de otros hogares, a menudo de terratenientes ausentes. Los datos oficiales subestiman la magnitud de la agricultura de arrendatarios en India. Las encuestas muestran que los agricultores que arriendan constituyen una proporción significativa de los hogares que cultivan. En algunas regiones en la costa del estado de Andhra Pradesh, por ejemplo, tanto como el 70-80% de quienes cultivan son arrendatarios. Los agricultores marginales a menudo aumentan sus tierras mediante contratos de arrendamiento en los cuales explotan la fuerza de trabajo de su familia.
Los contratos de arrendamiento son, en su mayoría, acuerdos verbales informales, ya que los propietarios, que son terratenientes ausentes, quieren eludir las leyes que dan derechos significativos a agricultores arrendatarios respecto a la tierra que cultivan. Como no tienen título de propiedad, los agricultores sin tierra, al igual que lxs campesinxs marginales, no tienen acceso a apoyo institucional, incluyendo préstamos para cultivar o créditos de largo plazo. Para acceder al crédito estos inquilinos solicitan préstamos a los terratenientes, agricultores ricos, prestamistas e intermediarios. Las tasas de interés son altas, los arrendatarios a menudo se ven obligados a proporcionar rendimientos no financieros, como mano de obra gratuita. Cuando las cosechas fallan, los agricultores se hunden más en la trampa de la deuda. Después de pagar el alquiler, los ingresos de los arrendatarios pequeños y marginales son tan bajos que cualquier imprevisto, incluidos gastos en salud o una cosecha fallida, los obliga a pedir créditos informales, lo que profundiza aún más el control del acreedor local sobre sus tierras y su trabajo. A falta de contratos de arriendo, los agricultores arrendatarios no pueden vender bajo el sistema de precios mínimos de apoyo, y en cambio, a menudo se ven obligados a vender sus cultivos en los campos a los intermediarios a precios muy por debajo de los que recibirían en plazas de mercado reguladas.
Estos problemas ya existían antes de que todo el sistema de créditos y precios comenzara a ser socavado durante el período de liberalización que comenzó en 1991.
La liberalización y la crisis agraria
En 1990-91 el gobierno indio se enfrentó a una grave crisis de divisas. Las reservas de divisas cayeron a 1.200 millones de dólares, lo que solamente alcanzaba para pagar dos semanas de importaciones. El gobierno transportó 47 toneladas de oro a Londres como garantía de un préstamo de corto plazo por 400 millones de dólares del Banco de Londres. En este contexto, India decidió recurrir al FMI. En noviembre de 1991, el ministro de Finanzas, Manmohan Singh, dijo: “Las negociaciones con el FMI fueron difíciles porque el mundo ha cambiado. India no es inmune. India tiene que sobrevivir y florecer en un mundo que no podemos cambiar a nuestra imagen y semejanza. Las relaciones económicas son relaciones de poder. No estamos viviendo en una obra moral”.
Como han señalado algunos economistas, India aún tenía otras opciones para salir de la crisis en la que se metió. En vez de ello, el gobierno eligió aceptar préstamos del FMI y del Banco Mundial con fuertes condiciones. El país se vio obligado a implementar reformas neoliberales bajo la rúbrica de programas de ajuste estructural, que tenían el apoyo entusiasta tanto del capital indio como del metropolitano. Esta agenda de reformas significaba que la política del gobierno dejaría de intentar proteger al pueblo indio del peor impacto del capitalismo no regulado.
El gobierno comenzó a desregular el sector bancario proporcionando licencias a nuevos bancos privados, que comenzaron a competir con los bancos del sector público. Esto tuvo un impacto negativo en el sistema agrario. En ese momento, los voceros de la liberalización argumentaron —a menudo con poca evidencia— que el sector bancario había sufrido a causa de la imposición de cuotas para el crédito agrícola, el techo impuesto a las tasas de interés para la agricultura y la creación de una red de sucursales bancarias rurales. Los bancos del sector público, al encontrar difícil competir con los nuevos bancos privados, eliminaron sus sucursales rurales. El crédito destinado a la agricultura fue a otros sectores, incluido el sector financiero que crecía lentamente. El crédito agrícola se redujo y los agricultores una vez más acudieron a fuentes de crédito informales y explotadoras.
El primero de enero de 1995, India se unió a la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que supuso una relajación de las restricciones cuantitativas a las importaciones agrícolas. Lxs campesinxs indios —muchos cultivando apenas unos pocos acres de tierra— se vieron forzados a competir con agricultores de países industriales avanzados, que operaban en miles de hectáreas y recibían enormes subsidios de sus gobiernos.
El gobierno no solo abrió la puerta a las importaciones agrícolas, sino que también asfixió a lxs campesinxs recortando los subsidios. Los precios de los fertilizantes subieron, lo que significó un aumento de los costos de producción. Campañas masivas de relaciones públicas de empresas privadas que prometían rendimientos más altos y ganancias llevaron a lxs campesinxs a comprar semillas y pesticidas caros, que elevaron los costos de producción con escaso aumento de los rendimientos de las cosechas. Esto fue evidente en el cultivo de algodón en las regiones semiáridas de la meseta del Decán. Se había animado a lxs campesinxs a sembrar algodón para exportar, pero la baja regulación del agronegocio llevó a la venta de semillas espurias y al uso excesivo de pesticidas, lo que no protegió a lxs campesinxs de las pérdidas de cosechas consecutivas causadas por plagas. La caída de los precios internacionales del algodón a lo largo de los años desencadenó una grave crisis agraria en esta región, con el consiguiente aumento de la muerte de campesinos por suicidio. La inversión pública en las zonas rurales se redujo agudamente. Después de 1991, no hubo expansión de la superficie con irrigación. La superficie con canales se redujo en 400 mil hectáreas, debido a la falta de reparaciones y de desarenado. Como consecuencia, el ingreso de lxs campesinxs entre 1993-94 y 2004-2005 creció apenas un 1,96% anual.
El aumento de los costos crecientes, los bajos precios en el mercado mundial y las cosechas fallidas condujeron a un período de crisis agraria sostenida. Desde 1991, el gobierno ha reducido el subsidio a los alimentos de consumo, afectando negativamente la seguridad alimentaria de millones de personas. Entre 1995 y 2001, el número de personas desnutridas en India aumentó en casi 20 millones. El informe Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo (2003) de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) indicó que, en ese momento, de 842 millones de personas desnutridas en el mundo, 214 millones, o sea una cuarta parte, vivían en la India. Abatidxs por las deudas, al menos un cuarto de millón de campesinxs se suicidaron en esa década.
La crisis agraria no es universal, afecta sobre todo a lxs agricultorxs pequeños y marginales. Los agricultores ricos —que se diversificaron hacia la horticultura, acuicultura, etc.—han sido capaces de protegerse de toda la extensión de la crisis aprovechando los mercados internacionales en sectores clave. Han tenido los medios para hacer inversiones y la capacidad de absorber pérdidas en los años malos. Ciertamente, la liberalización no ha sido tan cruel para los grandes agricultores como para el resto de la sociedad agraria.
Después de 1991, a medida que las consecuencias negativas de la liberalización comenzaron a impactar a lxs trabajadorxs rurales, lxs obrerxs, lxs desempleadxs y a quienes viven en barrios marginales, la reacción fue rápida. Además del suicidio de campesinxs, hubo protestas masivas contra la usurpación de tierras públicas, desde el robo de los viñedos de betel, pasando por la siderúrgica Posco en Orissa, hasta la defensa de tierras de cultivo para que no sean arrebatadas para Zonas Económicas Especiales en la aldea de Bhatta Parsaul (Noida, estado de Uttar Pradesh). Todos los estados de la India han enfrentado disturbios, a medida que se ha deteriorado el nivel de vida de muchxs y las perspectivas de trabajo se han estancado. Se han destruido vidas para crear valor para la burguesía agrícola e industrial y para las empresas multinacionales y nacionales vinculadas a ellas. El martillo del “progreso” cae con fuerza sobre los adivasi (comunidades indígenas), cuyas tierras son la zona cero de la explotación, y sobre los dalits (castas oprimidas), cuyo trabajo en el campo ahora está impulsado por presiones inimaginables. La brutalidad de la vida cotidiana en India hoy no se traduce fácilmente en actividad política. La inseguridad social, el trabajo temporal y peligroso, la fragmentación de las comunidades, la emigración a larga distancia, y los largos desplazamientos diarios hacen difícil la posibilidad de la acción política, pero también la hacen imperativa.
Indulto
En 2004, la United Progressive Alliance (UPA) (‘Alianza Unida Progresista’), una coalición liderada por el partido Congreso, ganó las elecciones parlamentarias y formó gobierno. Los partidos de izquierda que apoyaron a la UPA en el parlamento exigían un freno a la agenda de reformas neoliberales y que el gobierno apoye a lxs campesinxs. Estos acuerdos se plasmaron en el Programa Mínimo Común, el documento en el que se perfilaban los objetivos de la coalición de gobierno. Uno de sus seis principios básicos pedía explícitamente al gobierno “mejorar el bienestar de lxs campesinxs, trabajadorxs agrícolas y obrerxs, especialmente de aquellxs en el sector no organizado, y asegurar un futuro seguro para sus familias en todos los aspectos”.
El crédito en la agricultura mejoró, así como la inversión pública en las áreas rurales. En 2005, el gobierno introdujo un programa de garantía de empleo rural (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act o MGNREGA) que prometía 100 días de trabajo a todxs lxs trabajadorxs agrícolas, proporcionaba fondos para la mejora de la infraestructura de las aldeas y aumentaba las capas freáticas en las zonas propensas a la sequía, mediante el desarrollo de cuencas. Estos programas propiciaron la expansión agrícola, especialmente en la producción de cultivos comerciales como el algodón. Lxs agricultores se diversificaron con cultivo de hortalizas y la cría de aves de corral para satisfacer la demanda de la clase media urbana. Ayudó que los precios mundiales de la agricultura eran altos, que el PIB de la India creció 7-8% anualmente y que aumentaron las inversiones públicas y privadas. Entre 2004-05 y 2011, el ingreso de lxs agricultorxs se incrementó un 7,6% anualmente, en contraste con el 1,96% de los años anteriores.
A pesar de la presión de la izquierda, el gobierno de la UPA —especialmente en su segundo mandato (2009-2014), en que no dependía del apoyo de la izquierda— impulsó una agenda neoliberal en muchos ámbitos, favoreciendo a la boyante clase capitalista india. En este período la UPA desreguló el sector de los fertilizantes, liberalizó el arrendamiento de tierras, abrió la agricultura al comercio de futuros y comenzó un proceso de reformas del mercado agrícola. En otras palabras, en su segundo mandato, la UPA comenzó el proceso que el actual primer ministro, Narendra Modi, aceleraría.
El gran capital de India, en estrecha connivencia con la clase política, se aprovechó de las políticas de privatización para apoderarse de recursos públicos (incluidos los activos rentables del sector público), adquirir vastas extensiones de tierra desplazando a las comunidades de sus aldeas y bosques, controlar los recursos minerales de la nación y socavar a los bancos del sector público a través de una cascada de fraudes y esquemas de no pago. Este proceso —que incluye privatización, liberalización del comercio y políticas deflacionarias— es lo que Prabhat Patnaik denomina “acumulación por cercamiento”, el impulso del capital de apoderarse de áreas de la vida humana con todo el apoyo del Estado. Desde 2008, el industrial Mukesh Ambani hace su aparición anual en la lista de multimillonarios de Forbes; ese año su patrimonio neto era de 20.800 millones de dólares y pronto se convertiría en el hombre más rico del mundo fuera de Norteamérica y Europa. Cuando el gobierno de la UPA fue reelegido para un segundo periodo en 2009 y pudo gobernar sin el apoyo de la izquierda, los mercados de acciones se dispararon hasta elevar la capitalización bursátil de las empresas de Ambani en 12 millones de dólares en cinco días.
La plaga de Modi
En 2011, los mayores capitalistas en India —incluido Mukesh Ambani— participaron en un cónclave llamado Gujarat Vibrante, donde alabaron al entonces primer ministro del estado de Gujarat, Narendra Modi, dejando de lado la acusación que pesa sobre él de perpetrar un genocidio de musulmanes en 2002, y respaldaron efectivamente la pretensión de Modi de ser primer ministro. Ansiosos por más reformas neoliberales, estos capitalistas apostaron por Modi como su instrumento para la “liberalización del mercado laboral” (ej.: reducir los sindicatos) y para la “reforma agraria”. Tres años después, el Partido Bharatiya Janata de Modi ganó las elecciones parlamentarias y él se convirtió en primer ministro de India.
Un campesino de Haryana protesta en la frontera entre Tikri y Delhi, 12 de diciembre de 2020 Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
El gobierno de Modi fue recibido con un colapso de los precios internacionales de los cultivos de exportación, como el algodón, dos años de sequía y una desaceleración general de las tasas de crecimiento de la agricultura. En lugar de hacer frente a la crisis que se desató, el gobierno de Modi infligió otros tres desastres económicos:
- Desmonetización (2016). Al retirar más del 80% de la moneda en circulación sin previo aviso, Modi forzó una restricción de la demanda, incluyendo los productos agrícolas. Lxs campesinxs debieron tirar leche y verduras a la basura mientras descubrían que el efectivo que tenían en sus manos no tenía valor.
- Impuesto sobre bienes y servicios (IVA) (2017). La implementación del IVA redujo los pequeños márgenes de maniobra de los pequeños comerciantes y las empresas minoristas. Esto afectó a los mercados agrícolas, que vieron una mayor presencia de empresas monopolistas en lugar del sector de pequeños comerciantes, más diversificado.
- COVID-19 (2020-21). El gobierno del BJP no consiguió hacer frente a la enfermedad y su rápida propagación. Un confinamiento súbito en marzo de 2020 forzó a millones de trabajadorxs migrantes a dejar sus trabajos en las ciudades y regresar a sus hogares en las aldeas y ciudades más pequeñas. Cuando las tasas de infección y mortalidad aumentaron rápidamente, la demanda por productos agrícolas cayó, lo que intensificó la crisis para lxs agricultorxs que no tenían ninguna red de seguridad.
Cuando estalló la crisis de COVID-19, el gobierno se aprovechó de la situación para introducir tres proyectos de ley agrícola en el parlamento, en junio de 2020, que fueron aprobados y promulgados en septiembre del mismo año sin debate parlamentario. Estas tres leyes abren el sector agrícola a la entrada de los grandes agronegocios. El gobierno afirma que estas leyes permitirán a lxs campesinxs descubrir los mejores precios en el mercado, cuando de hecho pondrán a competir a lxs campesinxs con el agronegocio que controla la información del mercado y disfruta de ventajas de escala.
Las tres leyes debilitan la limitada regulación que existe en el mercado agrícola. Estas regulaciones han sido estranguladas desde 1991, pero ahora están siendo removidas.
- Ley de Comercio de Productos Agrícolas (Promoción y Facilitación)[1]. Esta ley define que el comercio por fuera de las plazas de mercado no tendrá impuestos, lo que significa que los comerciantes abandonarán los mercados regulados por mercados sin regulación. En los lugares donde existen plazas de mercado reguladas, como Haryana y Punjab, esto ya ha tenido un impacto inmediato.
- Ley de Acuerdo de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas (Empoderamiento y Protección) de los Agricultores. Esta ley permite a las empresas del agronegocio negociar directamente con lxs campesinxs por una cantidad específica de un cultivo a un precio determinado. No hay ninguna regulación o límites para el contrato. Los contratos pueden ser verbales. La ley también mantiene cualquier disputa acerca de estos contratos fuera de la jurisdicción de los tribunales civiles, dejando a lxs campesinxs a merced de las corporaciones y los burócratas.
- Ley de Productos Básicos (Enmienda). Mediante esta acta, el gobierno removió productos clave (cereales, legumbres, papas y cebollas) de la lista de productos esenciales que, según la Ley de Productos Básicos de 1955, no debían ser acaparados o especular con ellos. La ley de 1955 tenía por objeto prevenir la inflación del precio de los alimentos. La enmienda facilita la entrada de empresas al comercio de granos y permite el acaparamiento de productos agrícolas, lo que acelera la especulación en el mercado.
El campesinado comprendió inmediatamente que estas tres leyes significaban la toma de posesión de la agricultura por parte de las grandes empresas. Actualmente, lxs campesinxs luchan por obtener una parte adecuada del valor de sus cosechas, quienes cultivan arroz obtienen menos de la mitad de lo que paga el consumidor, mientras quienes cultivan cebolla y papas obtienen el 35% del precio de venta al por menor. Una vez que el agronegocio se haga con el control del comercio, es inevitable que lxs campesinxs vean disminuir aún más su cuota.
Un campesino de Punjab protesta durante una marcha de tractores el Día de la República en la carretera de circunvalación GT Karnal en Delhi, 26 de enero de 2021
Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
Más aún, el campesinado sabe que una vez que se cierren los mercados regulados, el gobierno reducirá la compra de granos y puede retirar totalmente los precios mínimos de apoyo. El gobierno ha dicho que en lugar de subsidiar los fertilizantes hará transferencias en efectivo a lxs campesinxs. Estos piensan que es muy probable que el monto de esa transferencia no siga el ritmo de la inflación y que eventualmente se detenga. Una vez que se recorten los subsidios, lxs campesinxs experimentarán un alza del costo de los insumos, y sin precios mínimos de apoyo deberán enfrentar los volátiles mercados agrícolas sin apoyo.
La justificación de estas leyes es que los fertilizantes subsidiados y la adquisición de productos básicos esenciales llevó al uso excesivo de pesticidas, degradando los suelos y la salud, y a la utilización excesiva de recursos hídricos subterráneos (especialmente por la expansión del arroz y el trigo). No hay razones para creer que las grandes empresas se preocupan por la salud del suelo o el uso excesivo de agua. La mejor solución a estos problemas no es desmantelar las instituciones, sino reformarlas. Por ejemplo, lxs campesinxs han pedido por largo tiempo que el gobierno amplíe la lista de cultivos que adquiere, aumentando la cantidad de cultivos diferentes al arroz y el trigo. Esto permitiría establecer la maquinaria de adquisiciones fuera de las zonas afectadas por la Revolución Verde y aseguraría un patrón de cultivos más equilibrado. Si se mejoran los servicios de extensión para dar apoyo técnico, se podría optimizar el uso de los insumos. Confiar en las empresas de agroquímicos para el asesoramiento sobre fertilizantes y pesticidas no ha optimizado el uso de estos productos químicos. Fortalecer los servicios públicos de extensión contribuiría en gran medida a reducir el uso innecesario de productos químicos agresivos.
Está claro que el problema de la agricultura india no es demasiado apoyo institucional, sino desarrollo inadecuado y desigual de las instituciones, así como la falta de voluntad de estas para abordar las desigualdades inherentes a la sociedad aldeana. No hay evidencia de que las empresas agroalimentarias desarrollen infraestructura, mejoren los mercados agrícolas o provean apoyo técnico a lxs campesinxs. Todo esto es muy claro para ellxs.
Las protestas campesinas, que comenzaron el octubre de 2020, son un signo de la claridad con la que han reaccionado a la crisis agraria y a estas tres leyes que solo la profundizarán. Ningún intento del gobierno —incluso el de incitar a lxs campesinxs por cuestiones religiosas— ha logrado romper la unidad campesina. Hay una nueva generación que ha aprendido a resistir y está dispuesta a llevar su lucha a toda la India.
El profesor Sarbjot Singh Behl, que enseña en la Universidad Guru Nanak Dev (Amritsar, Punjab), escribió un poema titulado Tale of a Farmer (‘Cuento de un campesino’) —traducido al inglés por Jeena Singh— que captura el espíritu de lucha de lxs campesinxs:
Labrar, sembrar, arar y cosechar
Son las promesas que mantengo
A la buena tierra bajo mis pies
Así es la vida…
Hasta el último aliento que este cuerpo respire
La tierra que regué con mi sudor
Las tormentas que soporté en mi pecho
El frío cortante o el calor del verano
Nunca pudieron hacer retroceder mi espíritu
Así es la vida…
Hasta el último aliento que este cuerpo respire
Lo que la naturaleza no pudo, el gobernante lo hizo
Poner la efigie de mi espíritu
Como un espantapájaros en los campos de la abundancia
Para su alegría y burla
Así es la vida…
Hasta el último aliento que este cuerpo respire
En días pasados, mis campos se extendieron
Donde los cielos se encuentran con la tierra
Pero ¡ay!, ahora solo me queda
Un par de acres para pagar mi deuda
Así es la vida…
Hasta que respire mi último aliento
Mi cosecha dorada, blanca y verde
Llevo al mercado innumerables esperanzas
Esperanzas frustradas y manos vacías
Son los regalos de mis tierras
Así es la vida… hasta que la muerte acepte
Sacarme de esta miseria
Los niños se quejan, sin comida, sin letras
Sus sueños ahora yacen dispersos
Bajo el techo, solo escombros
Cuerpos rotos, almas destrozadas
Así es la vida…
Hasta el último aliento que este cuerpo respire
Todas las gemas, las joyas, se han ido,
Estómagos vacíos, almas desamparadas
Pero tengo promesas que cumplir
Para calmar el hambre y la codicia
Así es la vida…
Hasta el último aliento que este cuerpo respire
La dorada cosecha que recojo
Ningún comerciante quiere mantener
Con deudas, la angustia tan profunda
Mi corazón de plomo apenas puede latir
Así es la vida…
Hasta el último aliento que este cuerpo respire
¿Puede haber otra solución?
Es la soga o la revolución
La hoz y la guadaña ya no son herramientas
Sino que ahora son armas
Así es la vida…
Hasta el último aliento que este cuerpo respire
Un contingente de tractores en la carretera GT Karnal rompe las barricadas y entra en Delhi, iniciando un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, 26 de enero de 2021. Vikas Thakur / Instituto Tricontinental de Investigación Social
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[1] Los nombres de las leyes son: Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act y Essential Commodities (Amendment) Act.
