El golpe contra el Tercer Mundo: Chile, 1973

Dossier no. 68

Patricia Israel and Alberto Pérez (Chile), América despierta , 1972. Silkscreen print, 144 x 110 cm.

Las obras de arte que figuran en este dossier son también supervivientes del golpe de Estado de 1973 contra Chile. Antes del golpe, formaban parte de la colección del Museo de la Solidaridad, un proyecto creado por el gobierno de la Unidad Popular para fomentar la donación de obras de arte de toda América y Europa. La visión de este proyecto, que estuvo en plena vigencia desde 1971 hasta el golpe de 1973, era crear un museo de arte internacional para el pueblo chileno. Sin embargo, tras el golpe, muchas de esas obras fueron destruidas.

A pesar de los intentos del régimen golpista de borrar el museo, los trabajadores culturales chilenos que se encontraban en la clandestinidad y en el exilio revivieron el instituto en el extranjero entre 1975 y 1990 con el nombre de Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende. El proyecto fue restaurado en 1991, tras el retorno de la democracia a Chile, y actualmente se denomina Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA).

Todas las imágenes incluidas en este dossier (excepto la fotografía de soldados de Augusto Pinochet quemando libros y la serigrafía América despierta) han sido cedidas por el MSSA.

Soldados de Augusto Pinochet queman libros marxistas y la serigrafía América Despierta, 28 de septiembre de 1973.Crédito: Central Intelligence Agency Freedom of Information Act, Weekly Review vía Wikimedia Commons.

Prólogo

Pablo Monje-Reyes, director ICAL – Chile

Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz (ICAL) de Chile y el Instituto Tricontinental de Investigación Social, presentamos el dossier n^o 68 titulado El golpe contra el Tercer Mundo: Chile 1973 (septiembre 2023). El desafío que plantea este texto es de una enorme relevancia política, en la medida en que se propone abordar el análisis del golpe de Estado en Chile considerando los efectos que este tuvo para los países del Tercer Mundo y No Alineados.

La relación entre el proceso chileno de la Unidad Popular (UP), su interrupción y los procesos en curso en otros países —tanto en la región como del Sur Global— ha sido invisibilizada sistemáticamente en nuestro país, no solo desde la historiografía oficial sino también desde las narrativas mediáticas. La interdependencia de los procesos, la solidaridad y los aportes al proyecto de la UP, así como las estrategias para generar nuevas formas de internacionalismo desaparecen incluso de los relatos construidos desde algunas izquierdas, lo que reafirma la “excepcionalidad” de Chile: una perspectiva ideal para la consolidación del proyecto neoliberal.

Generalmente —y esto ya también en un plano internacional— se entiende que la intervención de EE. UU. (en cuanto al financiamiento, organización y ejecución del golpe) respondía al proceso de nacionalización del cobre; sin embargo, esta perspectiva no permite aquilatar la potencia del proyecto de nacionalización y lo que este implicaba desde la perspectiva de las relaciones económicas internacionales y la mirada estratégica del gobierno de la Unidad Popular. El presente dossier desarrolla estas dos aristas: los objetivos políticos de la nacionalización del cobre y el rol que este proyecto jugaba en el marco de una conversación más amplia entre los países del Tercer Mundo para crear un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI).

La nacionalización no fue un proyecto innovador en el marco del desarrollo económico de Chile. Había sido planteada como necesidad y parcialmente ejecutada por el gobierno de Frei Montalva (1964-1970), pero es Salvador Allende —mientras aún era senador— quien plantea la diferenciación entre las diferentes formas de nacionalizar la producción de bienes nacionales. Cuando finalmente se ejecuta el proyecto, el “compañero presidente” en su discurso del Día de la Dignidad Nacional (11 de julio de 1971), expone las cifras que delatan la insuficiencia de la “chilenización” de Frei y enuncia:

Por eso nosotros criticamos los convenios del cobre, criticamos la chilenización y criticamos la nacionalización pactada, y por eso dijimos siempre, y lo confirmamos ahora, que éramos partidarios de la nacionalización integral, para que no vayan saliendo de la patria ingentes sumas, para que Chile no siga siendo un país mendicante que pide con la mano tendida unos cuantos millones de dólares mientras salen de nuestras fronteras cifras siderales que van a ir a fortalecer a los grandes imperios internacionales del cobre.

No queremos ser un país en vías de desarrollo que exporte capitales; no queremos seguir vendiendo barato y comprando caro. Por eso, ahí está el programa de la Unidad Popular, que es un programa esencialmente patriótico, puesto al servicio de Chile y los chilenos. Y por eso estoy aquí, como Presidente del pueblo, para cumplir implacablemente ese programa.

Para llevar a cabo esta propuesta, Allende identifica, valora y empodera a los trabajadores del cobre, en su rol protagónico en el proceso de transformación en curso.

Fuera de la trascendencia económica que he señalado, tenemos una trascendencia política que es necesario meditar. Con el paso que vamos a dar, rompemos la dependencia, la dependencia económica. Eso significa la independencia política. Seremos nosotros los dueños de nuestro propio futuro, soberanos de verdad de nuestro destino. Lo que se haga en el cobre dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se siembre en Chile para el progreso de la patria. Será el pueblo el que tendrá que entender, y lo entiende, que éste es un gran desafío nacional, que no sólo tienen que responder a él los trabajadores de las minas sino el pueblo entero.

A la vez, también sitúa este proceso en el marco de las nuevas formas de internacionalismo presentes en el proyecto del Tercer Mundo.

Quiero señalar que indiscutiblemente el precio del cobre también se ha mantenido alto por el conflicto de Vietnam, pero los chilenos, en la conciencia nuestra, preferimos que el cobre baje, pero que se deje de agredir a un pueblo pequeño y digno que lucha por su independencia. Nosotros tenemos la suficiente conciencia revolucionaria para entender que puede bajar el precio del cobre, y lo toleramos, siempre que la paz llegue a Vietnam y la gente de Vietnam tenga derecho a vivir su propia vida…

Nosotros no hemos podido desarrollar la capacidad de nuestra gente, limitada bajo la tutela extranjera que nos imponían los planes de desarrollo y de explotación desde fuera. Debemos también entender que éste es un desafío a nuestra capacidad (…) Eso lo van a manejar los chilenos, nuestros compatriotas en el mercado mundial y por suerte tenemos un lenguaje de entendimiento con Zambia, con el Congo, con el Perú, y se ha formado a escala internacional la CIPEC¹, que está destinada a defender los intereses de los países pequeños productores como el nuestro…

Siguiendo la perspectiva que hace referencia a la mirada de Chile y el Nuevo Orden Mundial, un acápite interesante es lo expresado en la III reunión de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por su sigla en inglés), realizada en Santiago de Chile en 1972. En esta conferencia, el presidente Allende planteaba la posición de su gobierno y colocaba los objetivos de su política en las relaciones económicas internacionales desde una perspectiva revolucionaria y aún necesaria de mantener en nuestros días:

un orden económico-comercial caduco y profundamente injusto por uno equitativo, que se funde en un nuevo concepto del hombre y de su dignidad, y reformular una división internacional del trabajo intolerable para los países retrasados, porque detiene su progreso, mientras favorece únicamente a las naciones opulentas (Allende, 1972: 19).

El hecho de que las naciones ricas defenderán sus ventajas trae consigo cuestiones programáticas, políticas e ideológicas que hasta el día de hoy siguen teniendo vigencia. Hoy, como ayer, es legítimo y necesario continuar sosteniendo a las sociedades que padecen las consecuencias del imperialismo.

Junto con lo anterior, este dossier también aporta una perspectiva crítica acerca de por qué se producen los golpes de Estado. En particular, analiza el rol de Estados Unidos en la estructuración del golpe en Chile, en base a documentación de la época que, en su momento, se mantuvo secreta, ya que siempre fue una conspiración e intromisión de una nación imperialista en los asuntos internos de un país democrático y que definía su autonomía para construir un nuevo proyecto de sociedad para su pueblo. El proyecto de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende fue sin duda emancipador, integracionista y tercermundista, era la construcción de una sociedad socialista por la vía democrática y soberana en lo económico. Para el imperialismo esto era simplemente inaceptable y este trabajo aborda de forma magistral el rol del imperialismo y sus acciones golpistas.

Por último, cabe señalar que los textos incluidos en este dossier están llamados a ser difundidos y cumplir un rol educativo por contener lecciones que los pueblos del Tercer Mundo deben tener presentes hoy y siempre.

Gracia Barrios (Chile), Multitud III, 1972. Patchwork, 305 x 782 cm.

El 11 de septiembre de 1973, sectores reaccionarios del ejército chileno, liderados por el general Augusto Pinochet, abandonaron los cuarteles y derrocaron el gobierno democráticamente electo del presidente Salvador Allende y de la coalición Unidad Popular (UP). En el enfrentamiento durante el bombardeo al palacio presidencial conocido como La Moneda, Allende murió. Los militares y otras fuerzas de seguridad comenzaron un asalto contra los sectores organizados de la sociedad, haciendo detenciones masivas e instaurando un régimen de represión, que incluía asesinatos y centros permanentes de tortura y desaparición. Amplios sectores de la izquierda y el pueblo chileno fueron asesinados, el resto fueron recibidos en otros países donde se reagruparon y comenzaron la lucha contra la dictadura. Los movimientos de trabajadoras y trabajadores, despojados de sus líderes, fueron presa del gobierno neoliberal designado por el golpe. Muchos de los integrantes de este nuevo gobierno, dirigido por Pinochet (que se refería a sí mismo como el “Jefe Supremo de la Nación”), se habían formado en Estados Unidos, incluidos varios que habían trabajado con Milton Friedman en la Universidad de Chicago y que llegaron a ser conocidos como los Chicago Boys. Las políticas y programas socialistas del gobierno de la Unidad Popular fueron desmantelados. Chile entró en una fase de oscuridad, se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo.

¿Por qué los soldados abandonaron los cuarteles la mañana del 11 de septiembre? Los argumentos esgrimidos sobre el orden público por el general Pinochet y su entorno no tienen fundamento. La verdad es que el golpe —concebido, preparado y ejecutado por EEUU, como demuestran numerosos documentos desclasificados— no tuvo lugar solamente ese día de 1973. El gobierno estadounidense, actuando en nombre de corporaciones transnacionales con sede en dicho país y de la burguesía chilena dependiente, nunca quiso que Allende ganara la presidencia. Desde que ganó democráticamente el 4 de septiembre 1970, se propusieron desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular, plan que se puso en marcha cuando se posesionó en noviembre de ese mismo año.

Fue la política del gobierno de Allende de nacionalizar el cobre la que espoleó el golpe. Pero esta política —que había sido aprobada en el Congreso en julio de 1971— formaba parte de una discusión más amplia en el Tercer Mundo para crear un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), que reestructuraría y democratizaría el sistema económico internacional neocolonial y daría peso a los pueblos del Tercer Mundo y sus proyectos. La Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), liderada por el economista argentino Raúl Prebisch, redactó el borrador del NOEI, que se perfeccionó en su tercera sesión (UNCTAD III), celebrada en Santiago de Chile entre abril y mayo de 1972. Este borrador se discutió después en la cuarta cumbre del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Argel (Argelia) entre el 5 y el 9 de septiembre de 1973, donde la primera ministra de India, Indira Gandhi, informó a los demás dirigentes que Allende estaba enfrentando un gran desafío en su país, declarando que “esperamos una pronta normalización”.

El 1 de mayo de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, pero en ese momento los ánimos para llevar adelante estas ideas simplemente no eran favorable. El golpe contra el gobierno de Allende se produjo no solo por su política de nacionalización del cobre, sino también porque había ofrecido liderazgo y ejemplo a otros países en desarrollo que pretendían implementar los principios del NOEI. En este sentido, el golpe contra Chile impulsado por Estados Unidos fue realmente un golpe contra el Tercer Mundo.

Guillermo Núñez (Chile), Homenaje al trabajo voluntario, 1972. Serigrafía, 53,2 x 75 cm.

Soberanía y dignidad en Chile

El 17 de diciembre de 1969, los seis partidos que formaban la coalición Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, dieron a conocer su programa. Estos seis partidos: el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria y Acción Popular Independiente, se juntaron en torno a este documento y lo utilizaron en su campaña para las elecciones presidenciales, que se celebrarían el 4 de septiembre de 1970. El programa planteaba el problema de forma precisa y directa:

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empleados pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud (Unidad Popular, 1970: 3).

Nada de esto sorprendería a ninguno de los pueblos en África, Asia, ni en los demás países de América Latina. Ya en la UNCTAD II (1968) hubo consternación entre los 121 gobiernos participantes por la baja tasa media anual de crecimiento económico de los países en desarrollo, que había empezado a descender a mediados de los años 60 (ONU, 1968: 7). “Tremendos problemas de pobreza, desnutrición, desempleo y subempleo siguen afectando a millones de personas en el planeta”, escribió la UNCTAD en una declaración resumen de la conferencia. “Esto es deprimente, pero también es un reto: las necesidades deben ir acompañadas de acciones: acciones urgentes y concertadas”. Sin embargo, quienes emitían este llamado a la acción —que resonaba con el tono de la campaña electoral de la Unidad Popular— eran conscientes de las limitaciones impuestas por el sistema mundial neocolonial. “No hay que olvidar que la situación actual ha sido causada por ciertas potencias que actúan en su propio interés, potencias que siguen controlando una gran parte de la economía internacional y obstaculizando el desarrollo de las jóvenes naciones”, continuaron los países participantes (77-78).

El programa de la Unidad Popular intentaba explicar por qué la población de Chile —un país rico en recursos naturales, especialmente cobre— estaba luchando por sobrevivir:

Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, lo que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente (Unidad Popular, 1970: 4).

La coalición de la Unidad Popular de Allende se enfocó en el cobre, uno de los metales comerciales no ferrosos más importantes del mundo moderno. Alrededor del 20% de las reservas de cobre conocidas en el mundo estaban en Chile, aunque también había reservas sustanciales en Estados Unidos, la Unión Soviética, Zambia, Zaire y Canadá (Tesar y Tesar, 1973: 9). EE. UU. era el mayor importador mundial de cobre, que procesaba para uso industrial, y la Gran Minería, formada por tres transnacionales estadounidenses (Anaconda, Kennecott y Cerro), representaba más del 80% de la producción de cobre de Chile.¹

Los altos precios del cobre y las elevadas ganancias de la Gran Minería en la década de 1960 aumentaron la presión para una rápida nacionalización. En 1966, el presidente de Chile, Eduardo Frei, en respuesta a la creciente presión, comenzó una política de “chilenización” del cobre, que significaba que las empresas estadounidenses se desprenderían gradualmente de la propiedad (aunque, a pesar de esta nueva política, las ganancias de la Gran Minería aumentaron espectacularmente entre 1965 y 1971) (Johnson, 1973: 28). Como resultado de la creciente presión popular para utilizar los recursos naturales de Chile en beneficio de su pueblo, ambos candidatos a las elecciones presidenciales de 1970, Allende por la Unidad Popular y Radimiro Tomic por la Democracia Cristiana, apoyaron la nacionalización (Zauschquevich y Sutulov, 1975: 42-48; Girvan, 1972).

En diciembre de 1970, el gobierno de la UP envió al Congreso una propuesta de enmienda constitucional para nacionalizar las minas de cobre en manos de la Gran Minería, que no recibiría ninguna compensación adicional. El argumento esgrimido por el gobierno para negarse a pagar una indemnización —validado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL)— fue que la Gran Minería ya se había beneficiado de décadas de ganancias excesivas que habían salido del país y dejado a las minas considerablemente agotadas (CEPAL, 1972: 118). Este posicionamiento de la UP marcó un fuerte distanciamiento de los demás partidos políticos, que sostenían que la Gran Minería sí debía ser indemnizada.

El 21 de diciembre, Allende habló en la Plaza de la Constitución y dijo: “Deseo entregar algunas cifras” (1971a: 71). Después de mostrar cómo Chile había sido “desangrado”, dijo tajantemente:

No se paga indemnización alguna por los yacimientos (…) Estamos actuando dentro de los cauces juridicos y legales. Y, además, puedo recordar que las Naciones Unidas han reconocido el derecho de los pueblos a nacionalizar las riquenzas fundamentales que están en manos del capital foráneo (74-77).

Allende se refería a la resolución de la Asamblea General de la ONU (1962) relativa a la Soberanía permanente sobre los recursos naturales. El 10 de julio de 1971, que se conmemora hoy como el Día de la Dignidad Nacional, el Congreso Nacional de Chile aprobó la ley No. 17450, ratificando así la nacionalización del cobre.

El gobierno de la Unidad Popular tenía la expectativa de utilizar los mayores ingresos procedentes de las exportaciones de cobre para financiar su programa de transformación de la vida. Y así lo hizo, estableciendo reformas sanitaria, educativa y agraria, construyendo viviendas para la clase trabajadora y el campesinado, e implementando un programa que entregaba medio litro de leche gratis por día a la niñez. Para 1973, 3,6 millones de niñas y niños recibían leche a través de este programa, lo que redujo drásticamente la tasas de desnutrición infantil, que bordeaban el 20% antes de la llegada de la UP al poder (Amorós, 2008: 160-161; Mönckeberg, 2003).

El 13 de enero de 1971, en la inauguración de una nueva escuela sindical en la Universidad de Chile en Valparaíso, Allende declaró que su país era un “laboratorio social” y que estaba en medio de “un hondo y profundo proceso revolucionario (…) que tiene las características esenciales de ser hecho dentro de la realidad chilena” (1971b: 99-100). El que Chile estableciera soberanía sobre su economía abriría ahora “la vía chilena al socialismo”. Desde los afuerinos (campesinos sin tierra) hasta las enfermeras, el gobierno de Allende prometía una nueva realidad, un futuro socialista.

Roberto Matta (Chile), Hagámosnos la guerrilla interior para parir un hombre nuevo, 1970. Óleo sobre tela, 259 x 491 cm.

Chile y el Nuevo Orden Económico Internacional

En 1971, Chile se convirtió en el miembro de pleno derecho número 55 del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), alrededor de una década después de la formación de este grupo en 1961. Hasta la tercera cumbre del MNOAL, celebrada en Lusaka (Zambia) en 1970, en la que Chile fue una de las 12 naciones observadoras, Cuba había sido el único país latinoamericano miembro de pleno derecho. El MNOAL y la UNCTAD incubaron las discusiones sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, una propuesta con la que los países del Tercer Mundo buscaban transformar el sistema mundial neocolonial uniéndose alrededor de la necesidad de controlar sus recursos naturales y establecer su propia capacidad industrial. Parte de este nuevo dinamismo se ejerció políticamente, ya que los países africanos y asiáticos insistieron en que la tercera sesión de la UNCTAD tuviera lugar en un país en desarrollo y no en Ginebra. Allende propuso que Santiago acogiera la sesión, lo que se aceptó tras algunas deliberaciones (Harmer, 2011: 82-83). Cuando Allende participó en la ceremonia de la primera piedra del edificio² donde se celebraría la sesión (en La Alameda, la gran avenida del centro de Santiago), dijo que este foro internacional permitiría a las naciones en desarrollo “dar a conocer la dramática situación de sus países subdesarrollados” (ONU – UNCTAD, 1961-1971: 23).

El nuevo edificio de la UNCTAD estaba a menos de diez kilómetros de las oficinas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), creada por la ONU, donde economistas de toda América Latina habían desarrollado, desde su fundación en 1948, la teoría de la dependencia. Esta teoría afirmaba que el mundo se rige por un sistema neocolonial en el que los países centrales (las potencias imperialistas) dominan a la periferia (los países en desarrollo) mediante de la reproducción de las ganancias de la era colonial, que se daba a través de los términos de comercio desiguales establecidos que utilizaban a la periferia como fuente de materias primas y mercado para productos finales; y a través del uso de la ayuda al desarrollo para impulsar un ciclo de deuda-austeridad que atrapaba los países de la periferia (Instituto Tricontinental, 2023; Fajardo, 2022). Pedro Vuscovic, uno de los cepalistas, se convirtió en el ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, introduciendo esta teoría en el programa de la Unidad Popular y en las políticas del gobierno (Vuscovic, 1970, 1972). Por un momento, Chile fue el centro del proyecto de ruptura del sistema neocolonial mundial y de instauración del NOEI. Estos son algunos de los principales elementos que el gobierno estadounidense y las corporaciones transnacionales han tratado de ignorar como las razones para el golpe de Estado civil-militar.

En la inauguración de la UNCTAD III en 1972, Allende pronunció un discurso monumental. La misión básica de la conferencia, dijo, era:

sustituir un orden económico-comercial caduco y profundamente injusto por uno equitativo que se funde en un nuevo concepto del hombre y de su dignidad, y reformular una división internacional del trabajo intolerable para los países retrasados, porque detiene su progreso, mientras favorece únicamente a las naciones opulentas (1972: 16).

Las naciones ricas defienden sus privilegios con “infatigable tenacidad”, dijo Allende, y es por esto que las naciones pobres tienen que unirse y ser claras sobre sus objetivos. Los países presentes no tienen elección porque “Si se perpetúa el actual estado de cosas, 15% de los habitantes del Tercer Mundo está condenado a morir de hambre” (2-3). Allende planteó cinco cuestiones clave que, en su opinión, debían ser abordadas para la transformación del orden mundial capitalista neocolonial en otro basado en el progreso de humanidad:

1. Reformar los sistemas monetarios y comerciales. Los Estados del Tercer Mundo tuvieron una representación mínima en la Conferencia de Bretton Woods de 1944 en EE. UU., donde se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y estuvieron totalmente ausentes (con la excepción de algunas colonias) cuando los países occidentales crearon el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT por su sigla en inglés) en 1947. Como resultado, estos sistemas monetarios y de comercio fueron diseñados para beneficiar a las naciones ricas. El Tercer Mundo creó la UNCTAD como plataforma para replantear estos sistemas, pero, desde su fundación en 1964, Occidente intentó marginarla e impedir que los Estados poscoloniales introduzcan sus perspectivas en el debate sobre la política monetaria y de comercio. En 1971, Estados Unidos abandonó unilateralmente el patrón oro, consagrando el dólar como la moneda fiduciaria mundial, y para 1973 en la ronda de negociaciones del GATT en Tokio, EE. UU., la Comunidad Económica Europea y Japón habían comenzado a reconsiderar el sistema monetario y comercial sin considerar en absoluto los aportes del Tercer Mundo. Ante este escenario, dijo Allende, la UNCTAD necesita construir un sistema de comercio que de prioridad al aumento del consumo popular, a la erradicación del hambre y el analfabetismo, y a la regulación del poder de las empresas transnacionales.

2. Anular la carga de la deuda. En la reunión del Banco Mundial en Nairobi (Kenia) en 1973, alrededor de un año después del discurso de Allende en la UNCTAD III, el presidente del banco, Robert McNamara, argumentó que la “esencia del problema de la deuda” no es su volumen, sino que “la deuda y los pagos de la deuda están creciendo más rápido que los ingresos necesarios para cubrirlos”. Los países del mundo en desarrollo están intentando atraer financiamiento no para la inversión de capital, sino para pagar el servicio de su deuda (McNamara, 1973: 8).

En la UNCTAD III, Allende señaló que la deuda de los países en desarrollo ya había alcanzado 70.000 millones de dólares. Estas deudas son, dijo: “contraídas, en gran parte, para compensar los perjuicios de un injusto intercambio comercial, para costear el establecimiento de empresas extranjeras en nuestro territorio, para hacer frente a especulaciones con nuestras reservas” (1972: 10).

Documentos clave, como la Declaración de Lima del G77 y la resolución de la Asamblea General de la ONU Aumento de la carga del servicio de la deuda (ambos publicados en 1971), ya habían planteado esta noción, urgiendo a los acreedores a reconsiderar sus acciones “a fin de evitar a largo plazo las crisis relacionadas con la deuda” como lo puso Naciones Unidas (ONU, Asamblea General, 1971).

3. Consolidar el control sobre los recursos naturales. En mayo de 1969 en Viña del Mar (Chile), los gobiernos de América Latina subrayaron la necesidad de hacerse con el control de sus propios recursos naturales. El texto que surgió de esta reunión, el Consenso de Viña del Mar, influyó en la Declaración de Lima de 1971, la que Allende citó literalmente durante la UNCTAD III:

El reconocimiento de que todo país tiene derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales en pro del desarrollo económico y del bienestar de su pueblo; toda medida o presión externa, política o económica, que se aplique contra el ejercicio de este derecho es una flagrante violación de los principios de libre determinación y de no intervención, según los define la Carta de las Naciones Unidas y, de aplicarse, podría constituir una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales (Allende, 1972: 11).

“Chile ha nacionalizado el cobre”, dijo Allende (Ibid. 11), y esta nacionalización se ha pagado con las ganancias excesivas robadas por el conglomerado del cobre. El gobierno de la Unidad Popular no se limitó a afirmar ideales, dijo Allende, sino que había puesto estas ideas en práctica “con profunda convicción” (Ibid. 4).

4. Afirmar el derecho de las naciones a la ciencia y la tecnología. “Dejaron también al Tercer Mundo al margen del avance científico y nos exportaron una tecnología que muchas veces constituyó un medio de alienación cultural y de incremento de la dependencia”, planteó Allende (1972: 6). Países como Chile necesitan desarrollar su propia capacidad científica y tecnológica y necesitan colaborar con otros países para crear “seleccionar la tecnología en función de nuestras necesidades y nuestros planes de desarrollo” ( 13).

5. Construir una economía de paz. La necesidad del momento, dijo Allende, “sería reconvertir una economía de guerra en una economía de paz”, utilizar el desperdicio gastado en guerra y armamento para “cimentar una economía mundial solidaria” (14). En 1970, el Stockholm International Peace Research Institute [Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz] señaló que el 7% del PIB mundial se destinaba a gasto militar, “equivalente al ingreso total de la mitad más pobre de la población mundial” (1970: 3). Un recorte en el gasto en armas, dijo Allende, financiaría grandes obras y programas destinados a estos países [del Tercer Mundo] (1972: 14).

En abril de 1972, William Jorden, el asistente para asuntos latinoamericanos del Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, escribió que Allende estaba “posicionándose cada vez más como líder del Tercer Mundo” (Harmer, 2011: 61). El ejemplo de “la vía chilena al socialismo”, proyectado por la agresiva nacionalización chilena de sus reservas de metales, proporcionó a Allende el prestigio necesario para erigirse como una voz clara del Tercer Mundo a medida que impulsaba el NOEI. Como resultado, el liderazgo de Chile junto con la persistente labor diplomática de otros Estados del Tercer Mundo, incluido México, empujó a la UNCTAD III a aprobar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que fue eventualmente adoptada por la Asamblea General de la ONU como una resolución en diciembre de 1974.³

A pesar de que los ejemplos de avance en la UNCTAD III fueron mínimos, la sensación general en el Tercer Mundo era que el cambio era inevitable.⁴ La Tríada (Estados Unidos, Europa y Japón) hizo todo lo posible para detener el NOEI y con ese fin formó el G7 en 1973. En la primera reunión del G7, Helmut Schmidt de Alemania Occidental dijo que los líderes occidentales no pueden permitir que “funcionarios en algún lugar de África o en alguna capital asiática” tomen decisiones sobre la economía mundial. El primer ministro del Reino Unido, Harold Wilson, concordó, añadiendo que tales decisiones deben ser tomadas por “el tipo de personas sentadas alrededor de esta mesa” (Prashad, 2013: 53-54).

Arriba: Luis Poirot (Chile), Presidente Salvador Allende y Hortensia Bussi, 1970. Fotografía, 20 x 30 cm. Abajo: Luis Poirot (Chile), Balcón del Palacio de La Moneda, septiembre de 1973, 1973. Fotografía, 20 x 30 cm.

Qué hacen los golpes

El 5 de agosto de 1970, un mes antes de que Allende ganara las elecciones presidenciales, el gobierno estadounidense ya estaba pensando en “tomar medidas para derrocar a Allende”, como escribió el subsecretario de Estado, John Crimmins, al embajador de EE. UU. Edward Korry (Kornbluh, 2013: 7). Doscientos años antes, en 1823, Estados Unidos promulgó la Doctrina Monroe, que establece claramente que Europa no debe interferir en las Américas porque el hemisferio era el “patio trasero” de Estados Unidos.⁵ Las intervenciones en América Latina, desde la apropiación de un poco más de la mitad de los territorios de México en 1848, pasando por la anexión de Cuba y Puerto Rico en 1898 hasta el derrocamiento de una serie de gobiernos en todo el hemisferio, se convirtieron en algo habitual. En 1964, el gobierno de Estados Unidos ayudó abiertamente a los militares brasileños a derrocar el gobierno democráticamente elegido de João Goulart, estableciendo una dictadura militar que duró 21 años y que instigó al gobierno estadounidense a instaurar dictaduras militares en toda Sudamérica (Bolivia, 1971; Uruguay, 1973; Chile, 1973; Perú, 1975; Argentina, 1976) a través de lo que se conoce como Operación Cóndor.

A pesar de gastar millones de dólares en la Democracia Cristiana en la década de 1960, el gobierno de Estados Unidos no pudo evitar la victoria de Allende. Trece días después de las elecciones, el gobierno estadounidense estableció el Proyecto FUBELT para intentar impedir que Allende tomara posesión y en caso de hacerlo, desestabilizar a Chile y destituirlo. Como señaló el Grupo de Trabajo sobre Chile de la CIA en el Informe de situación N^o 2, “hay ahora una posibilidad de golpe de Estado en el viento” (Kornbluh, 2013: 2).

El gobierno de Estados Unidos intentó por todos los medios derrocar a Allende. Esto incluyó un complot militar que resultó en el asesinato del oficial militar de más alto rango de Chile, el general René Schneider, así como una campaña de presión para que el predecesor de Allende, el ex presidente Frei, anulara las elecciones y tomara el poder. El embajador de EE. UU., Eduard Korry, reunió a líderes empresariales en la embajada y les dijo que “ni una tuerca ni un tornillo podrán llegar a Chile bajo Allende” (Ibid. 17). Korry y su sucesor Nathaniel Davis trabajaron cercanamente con miembros del Club de los Lunes, un grupo de líderes empresariales chilenos, propietarios de periódicos, en especial El Mercurio, y políticos de derecha, que se reunían todos los lunes en el despacho de Hernán Cubillos (que sería el ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet entre 1978 y 1980), en la calle Lord Cochrane, en Santiago. Korry, que lideraba el club, no perdió tiempo en poner en práctica la instrucción del presidente Nixon del 15 de septiembre de 1970, de “hacer chillar la economía” (Ibid. 36).

El gobierno estadounidense impidió que Chile accediera a dólares a través de los canales comerciales y cortó la ayuda; además, presionó a las compañías navieras para aumentar el precio de los fletes, y animó a las empresas transnacionales expropiadas a apoderarse de activos chilenos en el extranjero. No ayudó al gobierno de Allende que los precios del cobre se desplomaran en 1971.

El gobierno de la Unidad Popular sufrió con este estrangulamiento económico, pero se las arregló para mantenerse. De hecho, como un indicador de su resistencia política, la UP ganó el 43,39% de los votos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, una votación mayor que la de Allende en 1970 y mucho mayor de lo que esperaba el propio partido o el gobierno estadounidense. Como le dijo el embajador Nathaniel Davis a Washington, las políticas del gobierno de Allende han hecho que la población esté “materialmente mejor” y “sin duda dispuesta a pagar algún precio económico” por un “mayor sentido de la dignidad y la satisfacción de derrotar a las clases altas” (Harmer, 2011: 205).

Un mes después, Frei y otras fuerzas políticas pro capitalistas, como las describió la CIA:

…llegaron a la conclusión de que en todo el llamado Tercer Mundo, el sistema capitalista tradicional no es capaz de hacer realidad las aspiraciones y metas de desarrollo. Frei también ha quedado impresionado por el relativo éxito y la velocidad con que Allende (…) ha desmantelado los bastiones existentes de poder económico existentes hasta entonces (…) y reconoce que él no puede revertir mucho de lo que la UP [Unidad Popular] ha hecho” (205-206).

Ximena Armas (Chile),Golpe, 1973. Collage sobre papel, 60 x 40 cm.

En otras palabras, los partidos clásicos de la derecha chilena había reconocido su derrota, entonces, había que convocar a otras fuerzas —más duras— para aplastar “la vía chilena” y el proyecto del Tercer Mundo. Estas fuerzas se agruparon alrededor de Pinochet, que el 11 de septiembre envió sus tanques fuera de los cuarteles para derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Dos años después, el papel de Estados Unidos en la organización del golpe quedó a la vista de todos debido a las revelaciones del informe del Comité Church (Senado de Estados Unidos, 1976), aunque las implicaciones del informe no se han digerido completamente en todo el mundo.⁶

Antes del golpe, grupos de extrema derecha pintaron la ominosa consigna “Ya viene Yakarta” en paredes por todo Santiago (Corvalán, 2003: 247), conjurando la memoria de la muerte de más de un millón de comunistas, sindicalistas, campesinos organizados, artistas y simpatizantes de la izquierda en Indonesia a manos del régimen golpista del General Suharto, instalado en 1965 para desplazar al gobierno de izquierda del Presidente Sukarno (Bevins, 2020). Las palabras en los muros de Santiago anticipaban la violencia que se repetiría en todo el país, cuando el régimen golpista de Pinochet asesinó a miles de personas, encarceló a decenas de miles más y exilió a cientos de miles, trabajando en estrecha colaboración con la CIA para acabar clínicamente con la izquierda del país y enviar una lección a cualquier proyecto del Tercer Mundo que intentara establecer su soberanía y autodeterminación.⁷

La violencia del régimen golpista dio forma a las instituciones estatales de Chile y a la impunidad de la policía de seguridad, los carabineros, en las décadas siguientes. El brutal asesinato de artistas de fama mundial como Pablo Neruda y Víctor Jara ilustró el profundo odio del régimen hacia la izquierda y nula preocupación por la condena internacional a su violencia. La Constitución de 1980 de Pinochet —que sigue vigente a pesar de la vuelta a la democracia en 1990 y los esfuerzos posteriores por cambiarla—continúa dando al Ejecutivo poderes de emergencia para suspender los derechos civiles, que utilizó con efecto letal contra las protestas de 2011-2013 y 2019.

En 1969, un grupo de economistas en Chile elaboró el informe El ladrillo.⁸ Su prólogo fue escrito por Sergio de Castro, formado en la Universidad de Chicago, que llegaría a ser ministro de Hacienda de Pinochet. Junto con Carlos Massad (director del Banco Central de 1967 a 1970 y de 1996 a 2003), De Castro fue a Chicago como parte de un programa establecido por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller (Campos, 2013; Edwards, 2023). De Castro, Massad y el resto de los Chicago Boys impulsaron una agenda de terapia de shock, que incluyó severos recortes al gasto gubernamental, liberalizar las importaciones y utilizar las instituciones estatales para dar ventajas a los grandes conglomerados empresariales.

Estos conglomerados incluían corporaciones transnacionales y empresas de propiedad de personas del círculo cercano a Pinochet, como el Banco Hipotecario y de Fomento de Chile y el imperio Cruzat-Larraín, conocidos colectivamente como “los Pirañas”. Para 1978, Cruzat-Larraín controlaba 37 de las 250 empresas más importantes de Chile, mientras que Vial controlaba 25 de ellas (Monckeberg, 1980: 25-29). José Piñera, uno de los Chicago Boys y hermano mayor de Sebastián Piñera (quien fue presidente de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022), se propuso destruir las leyes laborales y desmovilizar a los sindicatos a través de su posición como ministro de Trabajo. Los Chicago Boys utilizaron a Chile como un laboratorio para su religión neoliberal, invitando a dos sacerdotes del neoliberalismo a Chile para reunirse con Pinochet: Milton Friedman en 1975, que fue junto con el economista del régimen golpista brasileño Carlos Langoni; y Friedrich Hayek en 1977.⁹Las políticas de Pinochet produjeron un boom para los ricos, junto con profundo sufrimiento para la vasta mayoría de la población.

A pesar de la brutal y sistemática represión del régimen golpista, las tradiciones políticas que provenían de la experiencia de la Unidad Popular se reconstituyeron y comenzaron un proceso de resistencia que —finalmente— derrotaría el golpe. El Partido Comunista (cuya dirección había sido asesinada cuatro veces), el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otras agrupaciones de izquierda valientemente juntaron sus filas y comenzaron un proceso de organización y sabotaje, así como de socorro a una población desesperada y aterrorizada. Un golpeado movimiento sindical, que durante mucho tiempo había sido la columna vertebral de la izquierda chilena, encontró su empuje con nuevos líderes como Óscar Piño en la fábrica de Goodyear en Santiago. Precisamente a causa de estos avances, varios de estos líderes fueron luego asesinados, como Tucapel Jiménez, fundador de la federación sindical Grupo de los Diez, que representaba 500.000 trabajadores cuando fue asesinado en 1982.

Con el impulso de las organizaciones populares de subsistencia que se formaron rápidamente tras el golpe —como ollas comunes, bolsas de cesantes y comedores infantiles—, y de movimientos sociales pioneros como el sindical y el de derechos humanos —liderado por diversas agrupaciones de familiares de víctimas de la represión—, la sociedad civil fue reconstruyendo los lazos sociales y las solidaridades políticas. Socorro y resistencia iban de la mano, un pueblo valiente que se mantenía firme contra el régimen golpista que le habían impuesto. Pronto también tomaron forma el movimiento de mujeres y el movimiento de pobladores. Una década después del golpe, el pueblo volvió a las calles para luchar contra la dictadura y por una vida digna. Resulta significativo que la primera Jornada Nacional de Protesta, el 11 de mayo de 1983, se inspirara en la huelga de los mineros del cobre de ese año y estuviera dirigido por el resurgente movimiento sindical.

Innumerables actos de solidaridad con las y los trabajadores chilenos se difundieron por todo el mundo, diversos sindicatos y organizaciones participaron en un movimiento internacionalista solo comparable con el movimiento por la paz y contra la guerra estadounidense contra Vietnam. Los gobiernos y movimientos políticos de los países no alineados mantuvieron una actitud de simpatía y colaboración con las fuerzas democráticas de Chile y del mundo. Este movimiento de solidaridad internacional, incluso en el Tercer Mundo, nunca dejó que Pinochet lograra respetabilidad.

Si la consigna del bloque imperialista en anticipación del golpe era “ Ya viene Yakarta” la consigna para cualquier proyecto que quiera establecer la soberanía del Tercer Mundo y la dignidad de los pueblos es “Ya viene Chile”.

Alejandro “Mono” González, Brigada Ramona Parra (Chile), La mirada de las anchas alamedas, 2005. Mural, 150 x 384,5 cm.

Notas

Prólogo

Referencias bibliográficas