Colectivo Culturas Vivas, Senderos latinos, Honduras, 2019

Estimados amigos y amigas,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

La noche del domingo 21 de marzo de 2021, hombres armados interceptaron a Juan Carlos Cerros Escalante (41 años) mientras caminaba a su casa junto a su madre en el pueblo de Nueva Granada, cerca de San Antonio de Cortés (Honduras). Los atacantes abrieron fuego frente a una iglesia católica, matando al líder de Comunidades Unidas en frente de sus hijos. Se encontraron cuarenta balas en el sitio. 

Jorge Vásquez de la Plataforma Nacional de Pueblos Indígenas dijo que Juan Carlos Cerros había sido amenazado por ser líder del pueblo Lenca y por su lucha para proteger la tierra. Carlos Cerros fue asesinado “por los trabajos que hacemos”, dijo Vásquez. Ninguno de los asesinos ha sido detenido.

Dos semanas y media más tarde, el 6 de abril, Roberto David Castillo Mejía entró a la Corte Suprema de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Castillo, ex presidente de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa tras el proyecto de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, fue a enfrentar los cargos que lo imputan de ser el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres en 2016, la líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Al día siguiente, por pedido de la defensa, la Corte decidió suspender el juicio por cuarta vez. 

Antes de la suspensión, el equipo legal que representa a Berta y su familia presentó nueva evidencia que establece una conspiración más amplia, que involucra a la familia Atala Zablah. Los abogados presentaron los documentos que confirman el pago de 1.254.000 dólares de DESA a Potencia y Energía de Mesoamérica S. A. (PEMSA). Este dinero pasó del gerente financiero de DESA, Daniel Atala Midence, a Daniel Castillo, que luego lo hizo llegar al militar Douglas Bustillo, quien coordinó el asesinato de Berta.

En 2013 DESA había iniciado la construcción de una represa hidroeléctrica sin consultar a la comunidad lenca, que considera que el río es sagrado y un bien común. Berta Cáceres se opuso a la represa de Agua Zarca y defendió la tierra del pueblo lenca. Como dijo Vásquez por el asesinato de Carlos Cerros, a Berta la mataron por el trabajo que hacía. Su familia sostiene que fue asesinada en una conspiración en la que estaba implicada la familia Atala Zablah, los principales financistas del proyecto de represa. La empresa de dicha familia, Inversiones Las Jacarandá, recaudó dinero —a pesar de las protestas de Berta— de FMO (un banco de desarrollo holandés), FinnFund (un inversionista de desarrollo finlandés) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (una institución de desarrollo multilateral).

Bertha y Laura Zúniga Cáceres en el mural hecho por el Colectivo Culturas Vivas, Tegucigalpa, Honduras, 2021.

“Estamos con mucha incertidumbre”, me dijo Bertha Zúniga Cáceres, la hija de Berta Cáceres, “al sistema de justicia en Honduras nunca le ha importado esto”. “Esto” es el rol de DESA y sus ejecutivos. Las autoridades han estado protegiendo a la familia Atala Zablah y al partido gobernante, que a su vez trató de coludirse en el encubrimiento.

En 2009, el gobierno estadounidense participó activamente e incitó a la oligarquía a realizar un golpe de Estado contra el gobierno de izquierda de Manuel Zelaya. Desde entonces, Honduras ha sido gobernada por el Partido Nacional, de ultraderecha, cuyo actual líder y presidente del país es Juan Orlando Hernández (JOH). Después del asesinato de Berta Cáceres, el ministro de Seguridad del presidente Hernández, Julián Pacheco Tinoco, escribió a Pedro Atala Zablah, uno de los líderes de la familia y miembro del directorio de DESA. Quería asegurar a dicha familia que el gobierno no perseguiría el caso con seriedad. El caso sería visto como un “crimen pasional”, dijo. Zúñiga Cáceres me dijo que “ni el ejército ni tampoco la empresa actuaron solos”. Ella sostiene que hay “una coordinación entre los centros de poder militar y económico, que es la esencia de la dictadura bajo la cual se vive en Honduras”.

Esta semana, el Instituto Tricontinental de Investigación Social publicó un dossier sobre el golpe de 2009 y sobre el régimen de JOH. Allí se analiza cómo estos procesos han creado un clima de impunidad para la violencia de clase de las élites —como la familia Atala Zablah— contra líderes como Berta Cáceres y Carlos Cerros, personas valientes que defienden la dignidad y la tierra de los pueblos en Honduras. Investigamos y escribimos el texto junto a COPINH y Peoples Dispatch (agradecemos especialmente a Zoe Alexandra). El dossier, Una nación lastimada: Honduras devorada por dentro y por fuera, consta de tres partes:

1. La parte 1 detalla los acontecimientos del golpe de 2009, autorizado por el gobierno estadounidense de Barack Obama y su secretaria de Estado Hillary Clinton.
2. La parte 2 desenmascara la estructura de terror de la extrema derecha observada durante el régimen golpista, que hunde sus tentáculos en las profundidades del mundo del narcotráfico.
3. La parte 3 ofrece tres ejemplos del amplio ataque contra la izquierda hondureña: el asesinato de Berta, el ataque contra los sindicatos, y la desaparición forzada de líderes garífuna en julio de 2020.

La tercera sección termina con una cita de Miriam Miranda, una líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH): “Estamos cansados de recibir mentiras del gobierno. [Los informes del gobierno] no tienen sustancia, no dicen nada, y además se burlan de nosotros, el pueblo garífuna. Se burlan de las familias, se burlan de la organización, se burlan del pueblo garífuna. Eso es lo que está haciendo el Estado: y como sabemos que están escuchando, queremos decirle que ya no queremos mentiras. Queremos verdad. Por eso estamos buscando la verdad y la justicia”.

En Yoro, Honduras, el pueblo habla de la “lluvia de peces”, que conmemoran con un festival durante la temporada de lluvias. Se espera que milagros como ese rescaten al pueblo de las zozobras del hambre. Roberto Sosa (1930-2011), uno de los grandes poetas del país, nació en Yoro, pero se alejó de lo milagroso y se acercó a la política popular y de izquierda. En 1968, publicó su mejor poemario, Los pobres, que ganó el Premio Adonáis. El título de este boletín viene de uno de los poemas de ese libro, “La casa de la justicia”. Aquí un fragmento:

Entré
en la Casa de la Justica
de mi país
y comprobé
que es un templo
de encantadores de serpientes.
….
Jueces sombríos
hablan de pureza
con palabras
que han adquirido
el brillo
de un arma blanca. Las víctimas –en contenido espacio–
miden el terror de un solo golpe.

El verso de Roberto Sosa, “Entré en la Casa de la Justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes”, ha sido citado muchas veces tras el golpe de 2009. Sosa dijo que después del golpe Honduras se había convertido “en un país cárcel”. “Hoy todo el territorio está militarizado”, dijo, pero se refugió en la “resistencia masiva y organizada que no ha dejado de manifestarse contra el gobierno golpista; una resistencia que no baja los brazos”.

Incluso hoy, no hay posibilidad de bajar los brazos. No para el pueblo de Honduras.

Cordialmente, 

Vijay