Queridos amigos y amigas,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
En su decimoquinta cumbre, celebrada en agosto de 2023, el grupo BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica) adoptó la Declaración de Johannesburgo II, que, entre otras cuestiones, planteaba la reforma de las Naciones Unidas, en particular de su consejo de seguridad. Para que el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) sea “más democrático, representativo, eficaz y eficiente, y para aumentar la representación de los países en desarrollo”, los BRICS instaron a ampliar el número de miembros del consejo para incluir a países de África, Asia y América Latina. La declaración señalaba específicamente que tres países —Brasil, India y Sudáfrica— debían ser incluidos si se ampliaba el número de miembros permanentes del CSNU. Desde hace por lo menos 20 años, estos tres países (todos ellos miembros fundadores de los BRICS) han intentado entrar en el CSNU como miembros permanentes con derecho a veto. A lo largo de las décadas, sus aspiraciones se han visto frustradas, lo que les impulsó primero a crear el grupo IBSA (India-Brasil-Sudáfrica) en 2003 y después el grupo BRICS en 2009.
La composición del Consejo de Seguridad y la cuestión de qué Estados tienen derecho de veto como miembros permanentes han sido temas centrales para la ONU desde su fundación. En 1944, en Dumbarton Oaks, Washington DC, las principales potencias aliadas (Gran Bretaña, China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos) se reunieron para debatir cómo dar forma a la ONU y a sus principales instituciones. Estos Estados —también conocidos como los “Cuatro Grandes”— decidieron que tendrían puestos permanentes en el CSNU y, tras muchas deliberaciones, acordaron que tendrían poder de veto sobre las decisiones del CSNU. Aunque la URSS no estaba dispuesta a incorporar a Francia a sus filas porque el gobierno francés había actuado en connivencia con los nazis de 1940 a 1944, EE. UU. insistió en que Francia se uniera al grupo, que a su vez se conocería como los “Cinco Grandes”. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, establecía en su artículo 23 que el Consejo estaría formado por estos cinco países como miembros permanentes (también conocidos como los “P5”), junto con otros seis miembros no permanentes que serían elegidos por la Asamblea General para mandatos de dos años.
En julio de 2005, un grupo de países conocido como el G4 (Brasil, Alemania, Japón e India) presentó una resolución en la Asamblea General de la ONU que planteaba la cuestión de la reforma del CSNU. El embajador de Brasil ante la ONU, Ronaldo Mota Sardenberg, declaró ante la asamblea que “la experiencia acumulada desde la fundación de las Naciones Unidas demostraba que las realidades de poder de 1945 habían quedado superadas hacía tiempo. La estructura de seguridad entonces establecida ahora resulta manifiestamente obsoleta». El G4 propuso ampliar el CSNU de 15 a 25 miembros, añadiendo seis permanentes y cuatro no permanentes. La mayoría de los miembros que intervinieron en el debate señalaron el hecho de que ningún país de África o América Latina tenía puestos permanentes en el CSNU, lo que sigue siendo cierto hasta la actualidad. Remediar esta situación sería en sí mismo un acto sustancial de equidad para el mundo. Para realizar este cambio, la Carta de la ONU requiere la aprobación de dos tercios de los miembros de la Asamblea General y la ratificación de sus asambleas legislativas, un proceso que solo se ha producido una vez, en 1965, cuando el Consejo se amplió de 11 a 15 miembros. La resolución de 2005 no se sometió a votación y desde entonces ha languidecido, a pesar de la aprobación de una resolución en 2009 sobre “la cuestión de la representación equitativa y el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y cuestiones conexas”. No obstante, estos esfuerzos abrieron un diálogo a largo plazo que continúa vigente.
Los países del G4 no han conseguido reunir el apoyo suficiente para su propuesta porque los actuales miembros permanentes del CSNU (Gran Bretaña, China, Rusia, Estados Unidos y Francia) no se ponen de acuerdo sobre a quién de entre sus aliados se le deben conceder estos puestos. Incluso en 2005, se abrió una brecha entre los países del P5, con EE. UU. y sus aliados del G7 (Gran Bretaña y Francia) actuando como un bloque contra China y Rusia. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a ampliar los puestos permanentes del Consejo, pero solo si ello implica incorporar a más de sus aliados cercanos (Alemania y Japón), lo que permitiría que el CSNU siguiera dominado de hecho por cinco de los siete miembros del G7. Esto, por supuesto, no sería aceptable ni para China ni para Rusia.
Hoy, cuando la cuestión de la reforma integral de la ONU está cobrando impulso, el gobierno de Estados Unidos intenta una vez más cooptar la cuestión, pidiendo la ampliación del CSNU para contrarrestar la influencia china y rusa. Los altos funcionarios del presidente estadounidense Joe Biden han manifestado abiertamente que son partidarios de incorporar a sus aliados para inclinar la balanza del debate y la discusión en el CSNU. Esta actitud hacia la reforma de la ONU no aborda las cuestiones fundamentales planteadas por el Sur Global sobre la democracia internacional y la representación geográfica equitativa, en particular la petición de añadir un miembro permanente de África y uno de América Latina.
En 2005, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, escribió un informe titulado Un concepto más amplio de libertad en el que pedía la ampliación del CSNU de 15 a 24 miembros. Esta ampliación, decía, debe hacerse sobre una base regional, en lugar de asignar los puestos permanentes según ejes históricos de poder (como con los Cinco Grandes). Uno de los modelos propuestos por Annan preveía dos puestos permanentes para África, dos para Asia y el Pacífico, uno para Europa y uno para América. Este reparto representaría más fielmente la distribución regional de la población mundial, con el centro de gravedad del CSNU desplazándose hacia los continentes más poblados de África (1.400 millones de habitantes) y Asia (4.700 millones) y alejándose de Europa (742 millones) y América (1.000 millones).
Mientras tanto, Gran Bretaña y Francia, dos miembros permanentes del CSNU, tienen actualmente poblaciones minúsculas de 67 y 64 millones de habitantes respectivamente. Resulta desconcertante que estos dos países europeos —ninguno de los cuales es el país más poderoso de Europa (que en términos económicos es Alemania)— hayan conservado el poder de veto a pesar de que su protagonismo en el mundo ha disminuido drásticamente. Los recientes reveses sufridos por las ambiciones coloniales de Francia en África, así como su incapacidad para liderar una agenda europea de paz en Ucrania, demuestran hasta qué punto este país europeo se ha vuelto cada vez más irrelevante para los asuntos mundiales.
Del mismo modo, la decadente posición de Gran Bretaña en el mundo tras el Brexit y su fracaso en ofrecer una visión de una Gran Bretaña Global sugieren que, a pesar del enfado del primer ministro Rishi Sunak por el uso del término, es correcto considerarla un “país mediano” con un sentido sobredimensionado de sí mismo.
Los puestos permanentes de Gran Bretaña y Francia en el CSNU ilustran el anacronismo de la arquitectura del Consejo, ya que ninguno de los dos países inspira confianza a la hora de liderar la seguridad y el desarrollo en el mundo.
“El presente es una mentira inocente”, escribió Samih al-Qasim (1939-2014) en el poema “Después del Apocalipsis”. “Para ver el futuro, hay que consultar el pasado”, señalaba, pensando en su Palestina natal y su ocupación por Israel. El pasado colonial pesa sobre el presente. El poder de los colonizadores permanece intacto, con el Banco de Francia y el Banco de Inglaterra como depositarios de la riqueza robada a las colonias. ¿Qué les da permiso a estas viejas potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, para seguir siendo los grandes señores del presente, incluso cuando su base para esta posición hace tiempo que se ha erosionado? (Merece la pena señalar que, además de ser potencias nucleares, estos países también se encuentran entre los principales exportadores de armas del mundo). El poder que estas y otras potencias coloniales han acaparado en el pasado sigue siendo un obstáculo para las necesidades del presente.
Estados Unidos, que ha perdido su puesto como país más poderoso del mundo, intenta aferrarse a ventajas heredadas (como tener aliados cercanos en el CSNU) y gastar cantidades abrumadoras de dinero en guerras (como demuestra el hecho de que, por ejemplo, represente la mitad del gasto mundial en armamento). En lugar de permitir unas Naciones Unidas más democráticas y sólidas, EE. UU. sigue intentando neutralizar esta institución mundial, ya sea dominando sus foros o violando su carta cuando se le antoja. En la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, recientemente concluida, el presidente estadounidense Joe Biden habló de la importancia de “la soberanía, la integridad territorial [y] los derechos humanos”, los tres violados sistemáticamente por Estados Unidos a través de la guerra, las sanciones y su prisión de Guantánamo. A falta de autoridad moral, EE. UU. utiliza la fuerza para bloquear el avance de la democracia en instituciones como las Naciones Unidas.
Hasta ahora, muchas propuestas procedentes de todos los bandos del espectro político han abogado por la ampliación del CSNU, que requiere votaciones tanto en la Asamblea General como en las asambleas legislativas de los Estados miembros. Es mucho más fácil crear equidad en el Consejo si dos de los miembros se retiran del hemiciclo y ceden sus puestos a países de África y América Latina, que siguen sin estar representados entre los miembros permanentes.
Cordialmente,
Vijay