La crisis socioambiental en tiempos de pandemia: discutiendo un Green New Deal

Cuaderno No. 3¹

Introducción

Fernando González

Integrante del Colectivo “Crisis socioambiental y despojo”, Oficina Buenos Aires, Instituto Tricontinental de Investigación Social. Investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La pandemia de COVID-19 ha puesto en cuestión algunos aspectos de cómo la transformación del ambiente resulta una cuestión central en la propagación de los virus y la generación de pandemias. Las reflexiones sobre una agenda post-pandémica son por lo tanto una oportunidad para darle mayor relevancia a temas que generalmente quedan relegados de la agenda pública. Algunos de ellos también se encuentran dentro de las causas sistémicas no solo de la crisis sanitaria, sino también de la alimentaria, la energética y la climática. Si bien en algunos sectores sociales se ha logrado poner en cuestión las dinámicas del agronegocio multinacional, promotor de la producción industrial e intensiva de ganado que generó las condiciones para que los virus muten y se propaguen luego hacia los seres humanos, otros temas aún no han sido abordados en los debates post-COVID.

Un ejemplo de ello es la relación entre el agronegocio, la deforestación y la crisis climática. Como pudimos ver durante el mes de agosto de 2021 los incendios forestales fueron nuevamente un tema de actualidad. No solo en Argentina, ni siquiera solamente en la región (con los incendios en “El Pantanal” o en toda la Amazonía), sino en prácticamente todo el mundo. En el Ártico las temperaturas superaron nuevamente los 30°C, produciendo mayor cantidad de incendios. En África también ardieron los bosques tropicales de la región subsahariana, y Asia y Oceanía ya sufrieron grandes incendios a principios de año. California ardió en llamas durante semanas, así como en Europa, países como España, Francia y Grecia lucharon contra incendios de diversa magnitud.

Visto desde una perspectiva de largo plazo, encontramos la relación de estos fenómenos con la crisis climática. La revista Nature publicó un estudio² que señala que la extensión de los incendios ha alcanzado a 29,6 millones de km² (25,3%) de la superficie con vegetación de la Tierra, resultando en un aumento del 18,7% en la duración media mundial de la temporada de incendios entre 1979 y 2013. Este fenómeno se da por el aumento de variables climáticas que el propio sistema ha trastocado (temperaturas, humedad, total de precipitaciones, velocidad de los vientos).

El aumento de los incendios retroalimenta a su vez la propia crisis climática de la que es causa, y nos expone al riesgo de liberar virus sepultados por las frías temperaturas de los hielos en el Ártico (permafrost) y además nos presenta la mayor probabilidad de aparición de enfermedades debido a la modificación de las temperaturas (dengue, zika, etc.).

Y es en esta situación que emergen los debates respecto a la necesaria adaptación al cambio climático. Los mismos vienen siendo abordados en todo el mundo con diferentes enfoques y versiones por parte de organismos internacionales y de algunos estados nacionales. A nivel global podemos escuchar hablar del Green Deal europeo, del Green New Deal estadounidense, o del Global Green New Deal. Por otro lado, en Latinoamérica se comienza a hablar tanto en esos términos como también de Pacto Ecosocial o de Plan Ecosocial. Diferentes narrativas para intervenir en una misma discusión.

Mientras tanto, en Argentina la discusión incluso permea a sectores del gobierno nacional, que buscan abordar temas como la transición energética, la apuesta por una industrialización “verde” y otros. Por otro lado, los movimientos populares y distintos actores de la sociedad civil se han posicionado al respecto y han comenzado a debatir las implicaciones de esta trama de políticas. Tanto movimientos socioambientales, campesinos y de agricultores, sindicatos —que ven modificadas sus condiciones de trabajo y de vida— así como investigadores comprometidos, que han forjado en el pasado una rica experiencia de prácticas y programas alternativos se ven hoy inmersos en esta discusión. Por último, algunos de los ejes que abordan estos debates son parte también de otras propuestas, como sucede en Argentina con el Plan de Desarrollo Humano Integral, presentado por un conjunto de organizaciones sociales y sindicales y que plantea como eje transversal la transición ecológica. Consideramos que esta publicación puede contribuir a nutrir esos debates.

Es en ese sentido que desde el Colectivo de Investigación sobre “Crisis socioambiental y despojo” de la Oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social decidimos producir este material. Lo pensamos como una primera aproximación orientada a recoger diferentes opiniones de quienes están inmersos en el debate y la acción en torno a estas cuestiones, y particularmente sobre las significaciones y efectos del llamado Green New Deal y los debates que sobre éste se plantean. Abre el cuaderno el artículo de José Seoane, investigador y activista, e integrante del Instituto Tricontinental y de este Colectivo, y además convocamos a Thea Riofrancos (Estados Unidos) y Sabrina Fernandes (Brasil), que son referentas del campo del ecosocialismo en sus respectivos países.

A todes les agradecemos por participar con sus reflexiones y esperamos que estos textos sirvan a robustecer los debates imprescindibles para la producción colectiva de las teorías y prácticas revolucionarias.

Las alternativas socioambientales frente a la pandemia y la crisis
Discutiendo el Green New Deal

José Seoane

Sociólogo y Dr. en Ciencias Sociales. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Es miembro del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha publicado, entre otros, Extractivismo, despojo y crisis climática (en colaboración, 2013);  Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental (2017); y, como co-compilador, La potencia de la vida frente a la producción de muerte. El proyecto neoliberal y las resistencias (2020).

La pandemia de COVID-19 ha profundizado, en algunos casos de modo dramático, la dinámica múltiple de la crisis civilizatoria que ha caracterizado el despliegue de la neoliberalización capitalista en las últimas décadas. Por contrapartida, la gravedad de  la situación sanitaria, social y económica ha puesto en evidencia los efectos catastróficos sobre la salud y la precarización de la vida de los sectores populares gestados por estas mismas políticas.

En esta misma dirección, la expansión del virus y la reactualización de la amenaza de muerte como problemática de gobierno de las poblaciones, más allá de los intentos de naturalización biologicista de estos procesos, orienta la atención pública sobre las condiciones socioambientales y las formas que adopta la reproducción de las relaciones sociales y de la vida amenazadas por la mercantilización y el despojo. Por otra parte, el examen de las causas de los ciclos reiterados de epidemias y pandemias que atraviesan pueblos y regiones en las últimas décadas señala justamente a estos procesos y, en particular, a la responsabilidad que en ello le cabe a la producción neoliberal de los alimentos y los efectos destructivos sobre los bosques y selvas nativos del extractivismo contemporáneo.

En ambos sentidos, el debate sobre las causas efectivas de la actual crisis y sobre las alternativas a la misma ponen el acento en la significación que tiene en ello la problemática y perspectiva socioambiental. De cierto modo ello apareció en la práctica de los movimientos populares y sus respuestas a la catástrofe sanitaria y social que afecta a los sujetos subalternos en Nuestra América retomando y renovando los programas de la ecología popular y del vivir bien que marcaron los ciclos más álgidos de luchas y rebeldías populares en la región.

En el mismo sentido, en el debate sobre las alternativas de políticas públicas ha resurgido y tomado nueva actualidad la propuesta de un Green New Deal o Nuevo Acuerdo (o Pacto) Verde. El término New Deal hace referencia al nombre que recibió la política socioeconómica desarrollada por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933 en respuesta a los efectos en ese país del crack bursátil de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión que le siguió. Una política caracterizada por una fuerte intervención estatal en la economía orientada a aminorar los efectos del desempleo de masas y la crisis social y reanimar la actividad económica a partir del  empleo público, las políticas sociales y el estímulo al consumo, entre otros ítems, en lo que resulta, podríamos decir, un keynesianismo años antes de que Keynes publicara su Teoría General. El agregado actual del acápite “verde” (green) se entiende en general como un modo de resaltar la necesidad de considerar la dimensión ecológica de la recuperación económica a estimular a partir de esta política de intervención estatal y de inversión pública. Ciertamente, la difusión y uso que adquirió en nuestros ámbitos esta nominación del Green New Deal nos interroga sobre cuáles son o pueden ser los efectos de considerar y restringir nuestro horizonte de cambio a esta perspectiva e, incluso, sobre el significado y las consecuencias que ello puede tener para el Sur del Mundo y para los pueblos de Nuestra América y, en particular, para los desafíos que enfrentan los sujetos subalternos y su central papel en la gestación de estas alternativas de transformación social que son hoy tan urgentes. Responder a estas cuestiones ciertamente plantea comenzar por conocer la trama discursiva y extradiscursiva en la que emerge la noción de Green New Deal y las diferentes significaciones e implicaciones que la misma tuvo y tiene. Sobre ello en particular quiere aportar algunas reflexiones el presente artículo.

Un Green New Deal con historia

Una de las primeras formulaciones del Green New Deal nos conduce al trabajo preparado por el economista ambiental Edward Barbier en 2009 por encargo del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en el contexto de la crisis económica internacional desplegada desde 2008³. Ese informe argumentaba que “una inversión del uno por ciento del PIB global en los próximos dos años [equivalente a un cuarto del monto total de los incentivos fiscales que se proponían en ese tiempo frente a la crisis] …. podría proporcionar la masa crítica de infraestructura verde que se necesita para promover una tendencia significativa hacia lo ‘verde’ en la economía global”. Se trataba así de reorientar parte de la inversión pública anunciada a nivel internacional para promover actividades económicas “verdes” que a la par de “contribuir significativamente a la reactivación de la economía mundial, a la conservación y creación de empleos, y a la protección de los grupos vulnerables… debe promover el crecimiento sostenible”. Una iniciativa planteada “a favor de la ‘ecologización’ activa de los paquetes de incentivos fiscales propuestos”⁴. Ciertamente, estos objetivos no parecen, a primera vista, muy distantes del sentido que adopta hoy en muchos casos la propuesta de un Green New Deal frente a las crisis desatadas o profundizadas por la COVID-19.

La propuesta formulada por Barbier y adoptada y promovida por el PNUMA a partir de esos años se inscribía en la llamada “economía verde”. El propio Barbier había formado parte del equipo que, encabezado por David Pearce e integrado por Anil Markandya, escribiera en 1989 el informe y luego libro Blueprint for a Green Economy publicado en 1989⁵ que se constituiría en la primera formulación consistente de esta propuesta. La economía verde se planteaba así como la resolución de una serie de contraposiciones o contradicciones que habían cruzado el debate y las políticas ambientales desde los años 70 y 90 y que contraponían, por ejemplo, el desarrollo económico o la economía a la conservación o protección de la naturaleza. Esta contraposición entre economía y naturaleza —la forma de expresión que adoptó la problemática socioambiental en esos años— aparecía superada ahora mediante la integración de la segunda a la primera, reduciendo el tratamiento de la problemática ambiental a la promoción de ciertas actividades económicas consideradas “verdes” en desmedro de otras consideradas como dañinas del ambiente. Como ha sido señalado muchas veces, de esta manera, la economía verde significaba reconsiderar el tratamiento de la cuestión  ambiental a la sola modificación en la distribución entre distintas formas de capital; es decir, de pasar de privilegiar la economía “marrón” a priorizar la “verde” confirmando así la racionalidad del lucro, la competencia y el mercado; las propias relaciones sociales capitalistas; y, en definitiva, haciendo de la atención a la problemática “ambiental” una forma de hacer buenos negocios.

En términos de la disputa global por el tratamiento de la cuestión ambiental, las propuestas del Global Green New Deal y de la economía verde y su adopción por parte del PNUMA expresaron en esos años una tentativa de reformular y superar la referencia al desarrollo sustentable que todavía orientaba los acuerdos de los organismos internacionales y que suponía admitir algún tipo de regulación o limitación de la actividad económica con el objetivo de preservar la naturaleza o la reproducción del capital natural. De esta manera, como se graficó en las discusiones en la preparación y realización de la Cumbre Mundial de Río+20 en 2012, la promoción de la economía verde resultaba el nuevo paradigma neoliberal para el tratamiento de la cuestión ambiental. No es fruto de la casualidad que ello coincidiera, en esos años en Nuestra América, con una renovada ofensiva de apropiación transnacional de los bienes naturales y de profundización del extractivismo.

Ecos y desafíos del Green New Deal en Nuestra América

Puesto a rodar, el uso de la referencia a un Green New Deal fue extendiéndose a la par de las crisis neoliberales, incluso abarcando a sectores progresistas y críticos de Estados Unidos y Europa. Por otra parte, el agravamiento de la dinámica de la crisis climática con sus perspectivas catastróficas y la creciente importancia de sus efectos presentes con la intensificación y extensión de fenómenos climáticos extremos supuso incluso que el tratamiento de esta dimensión de la cuestión socioambiental se transformara en temática de consideración central por parte de las élites mundiales. Con sólo releer los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés), insospechado de parcialidad política, puede comprenderse el panorama terrorífico que se aproxima en el futuro inmediato de no producirse cambios significativos. Simultáneamente, los datos suministrados por la Organización Metereológica Mundial (OMM) muestran como en las últimas décadas, mientras progresaban los acuerdos y políticas ambientales, proseguía también el incremento de los llamados “gases de efecto invernadero” en la atmósfera.

En este sentido, tanto como hubo una preocupación burguesa respecto de la preservación de la naturaleza en los siglos XVIII y XIX, existen hoy diferentes tradiciones de una ecología liberal e, incluso, neoliberal. En este contexto, la gravedad de la crisis climática ha sido también uno de los ejes de la disputa entre diferentes fracciones de las elites globales e, incluso, al interior de los EE. UU. Así, la política negacionista de las causas antropogénicas del cambio climático enarbolada por Trump y su decisión de retirar a los EE. UU. de los llamados “Acuerdos de París”, se contrapone a la política impulsada por su predecesor Obama favorable a dichos acuerdos y al impulso de las energías renovables y la economía verde —acuerdo y políticas cuestionados por los movimientos populares. Desde la campaña contra el cambio climático impulsada por Al Gore —vicepresidente estadounidense bajo el mandato de Bill Clinton 1993-2001, y por la que recibió incluso el Premio Nobel de la Paz en 2007— a la reciente obra de Jeremy Rifkin, asesor de Al Gore, titulada justamente The Green New Deal, sectores dirigentes del partido demócrata adoptaron esta propuesta de un “acuerdo verde”.

La significación aparece clara en el libro de Rifkin mencionado —aunque como autor es más conocido por aquel publicado en 1995 bajo el nombre de El fin del trabajo— donde el reconocimiento de la amenaza de una sexta extinción de la vida en la tierra y  de la significación que tiene la movilización de los jóvenes en relación con estas cuestiones concluye con el señalamiento de la necesidad de un plan económico audaz que asegure la transición efectiva de una civilización basada en los combustibles fósiles al uso de las energías renovables. Un cambio que se asienta en que estas últimas resultan cada vez más un negocio atractivo y rentable marcando que el “mercado está hablando y los gobiernos deberán responder si quieren sobrevivir y prosperar”.

Es en este contexto que tendrán lugar, en 2016 y 2017 en la provincia argentina de Córdoba, el núcleo del agronegocio, las dos primeras cumbres latinoamericanas de la economía verde organizadas por la Advanced Leadership Foundation, una fundación estadounidense vinculada al Partido Demócrata.  Como lo señalaba con claridad el gobernador Juan Schiaretti en la inauguración de la II Cumbre “en ningún lado está escrito que tenga que estar reñido el cuidado del medio ambiente… con el avance productivo… es hora de que ambos se fundan…que hay oportunidad de negocios en la economía sustentable… se está probando con la cantidad de empresas de economía verde que tiene el propio EE. UU…. que es absolutamente compatible y es rentable el trabajar en la economía verde…para el sector empresario”⁶. La presencia del propio Obama en esta segunda cumbre marcaba la relevancia imperial corporativa de esta iniciativa, así como la participación del entonces presidente Mauricio Macri y de muchos de sus funcionarios daban cuenta de su influencia en la política neoliberal del gobierno.

Es en este sentido que hay que comprender las razones de que haya sido el gobierno de Cambiemos el que instalara el tema de las energías renovables en la agenda pública con las licitaciones para estos emprendimientos comprendidas en las convocatorias Renovar I, II y III. La propuesta de hacer buenos negocios con las energías renovables fue bien entendida por el propio presidente que, actuando al mismo tiempo como empresario, obtuvo a través del Grupo Macri pingües ganancias con la compra —tras una concesión sin licitación— y luego reventa de seis parques eólicos, obteniendo en meses una diferencia de al menos US$ 15 millones y con un perjuicio para el Estado de varios cientos de millones, maniobra por la que existe una causa judicial abierta.

Pero, más allá de este ejemplo de los efectos del lucro sobre la legalidad y los activos públicos comunes, el desarrollo de las energías renovables bajo control corporativo replica los procesos de apropiación privada de los bienes naturales y sus efectos de despojo, deterioro ambiental y dependencia sin asegurar efectivamente la transición energética. Similar ejemplo, más dramático aún, podría señalarse respecto de los intereses corporativos de controlar las reservas de litio detrás del golpe de Estado de 2019 en Bolivia y los avances del auto eléctrico anunciados en ese momento por Tesla y Elon Musk. En esta dirección, la llamada economía verde y el Green New Deal expresan también la emergencia de un poder corporativo empresarial que busca controlar y desarrollar estas actividades.

La construcción de lo “verde”, inflexiones neoliberales de la cuestión ambiental

Como hemos señalado, la economía verde más que consagrar un “enverdecimiento” de la economía supone en realidad una economización de lo “verde”. Impulsa así los procesos de valorización monetaria del ambiente y la naturaleza y que se expresa en la importancia que le otorga a la contabilidad ambiental, la construcción del capital natural, la extensión de los servicios ecosistémicos y de los mecanismos de mercado en el tratamiento de las problemáticas ambientales como, por ejemplo, los mercados de carbono respecto del cambio climático. Se trata de la mercantilización o capitalización de la naturaleza y el ambiente; que, como ya hemos dicho, no se contrapone con las significaciones del Green New Deal que hemos examinado.

La otra dimensión que constituye el tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental refiere justamente a lo que en otra oportunidad llamamos la naturalización o biologización del ambiente. Este proceso que se remonta a las intervenciones desplegadas desde la primera cumbre mundial convocada sobre estas cuestiones por Naciones Unidas en 1972, la denominada Conferencia de Estocolmo, supone un conjunto de dispositivos orientados a desocializar y deshistorizar la cuestión socioambiental. La propia noción de “medio ambiente” constituida en los años 90 como referencia a un mundo físico y natural no humano en el contexto de la narrativa del desarrollo sostenible y en reemplazo de las “problemáticas del medio humano” constituye un acontecimiento en este largo proceso que incluso se remonta a la dualización sociedad naturaleza propia de la modernidad colonial capitalista⁷. Hoy, la construcción de lo “verde” (green) y la reducción de la problemática socioambiental a dicha referencia supone un nuevo paso en este proceso de despojar al ambiente de su dimensión social e histórica; en este caso, incluso, bajo la forma de la reproducción (artificial) de ciertos procesos biológicos. Es esa reducción “verde” del ambiente, de la diversidad de las formas de vida humana y no humana y sus ecosistemas, y de la naturaleza, la que puede ser integrada dentro de la dinámica económica del mercado y la producción capitalista.

Estos señalamientos alertan sobre la adopción de esta nominación de lo “verde” por parte de perspectivas críticas y progresistas. Asimismo, debe alertarnos también la visión de la crisis actual en términos de oportunidad. Una de las características del arte de gobierno neoliberal reside justamente en esta capacidad de hacer de las crisis que el mismo despliega un catalizador para la profundización de sus propias transformaciones. Y, trágicamente, este es el resultado inmediato que ha gestado la pandemia de COVID-19. Una profundización dramática de las dinámicas de desigualación social, deterioro o destrucción de las condiciones de vida de amplias porciones de la población, extractivismo y autoritarismo que caracteriza la neoliberalización capitalista en general y, en particular, la ofensiva neoliberal que se despliega en la región desde 2015. En cierta medida, podríamos decir que se trata de una agudización y naturalización de una dinámica de crisis que estaba ya presente en la “normalidad” anterior.

Las alternativas desde los pueblos

En el contexto actual de pandemia y de la crisis civilizatoria que la misma profundiza, las ideas de un Green New Deal han tomado nueva fuerza en el campo progresista y crítico. La demanda de que la inversión pública anticíclica considere la cuestión ecológica y que la resolución de la urgencia social incorpore la preocupación de lo ambiental resultan buenas intenciones. Pero ello exige justamente conocer las significaciones en que se inscriben estas nociones de un Nuevo Acuerdo o Pacto Verde y los efectos que ello tiene o puede tener sobre las prácticas y horizontes emancipatorios.

En Nuestra América, la acción de los sujetos subalternos y los movimientos populares en las últimas décadas han forjado una diversidad de prácticas y programas que construyeron potentes articulaciones entre lo social y lo ambiental en una perspectiva de cambio social. Las referencias a los bienes comunes naturales y sociales, la justicia social y ambiental, el convivir bien o buen vivir, la reforma agraria integral o popular, son ejemplo de ello.

También lo son las reformulaciones democrático populares de la soberanía y sus expresiones en términos de soberanía alimentaria —con sus articulaciones entre la producción agrícola campesina, indígena y familiar; la agroecología, los mercados comunitarios y el acceso popular a alimentos en cantidad y calidad suficientes— o de soberanía energética —con el desarrollo de las energías renovables bajo modelos comunales de producción y distribución y control público estatal— que hoy se vuelven más significativas ante la crisis social y de la reproducción que acentúa la pandemia. Incluso, respecto de la crisis climática no podemos sino partir de las contribuciones planteadas por las redes y plataformas globales, así como de los acuerdos alcanzados en las dos Conferencias Mundiales de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizadas en 2010 y 2015 en Tiquipaya, Bolivia. Ante el deterioro y destrucción de las condiciones de existencia de la vida humana y no humana que despliega y conlleva la fase actual neoliberal del capitalismo, todas estas propuestas y experiencias son las que alumbran el camino de las alternativas que son imprescindibles de construir colectivamente.

El Green New Deal Ecosocialista en EE. UU: Entrevista a Thea Riofrancos

Desde el Colectivo sobre “Crisis socioambiental y despojo” del Instituto Tricontinental de Investigación Social entrevistamos en 2020 a Thea Riofrancos, integrante del Comité Directivo del Grupo de Trabajo Ecosocialista de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por su sigla en inglés). Thea es profesora de Ciencias Políticas del Providence College y becaria del Radcliffe Institute; colabora habitualmente con The Guardian, Jacobin y otros medios. Entre sus publicaciones se cuentan A Planet to Win: Why we need a Green New Deal? (2019, en colaboración) y Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador (2020).

Instituto Tricontinental: ¿Cómo surge la propuesta de elaborar una política sobre la crisis ambiental llamada Green New Deal (GND) entre los Socialistas Democráticos de América (DSA)?

Thea Riofrancos: En 2017, un grupo de miembros de los DSA estableció el Grupo de Trabajo Ecosocialista para trabajar los temas de la crisis climática y ambiental. Desde entonces, el grupo ha crecido bastante y ahora es uno de los más grandes de la organización, contando con más de mil miembros (la organización en total cuenta con 70.000 miembros). En el primer año del grupo, trabajamos mucho en el ámbito de “democracia energética”: la propuesta de “democratizar” las empresas de luz, desprivatizarlas y desmercantilizarlas (establecer empresas y servicios públicos). Ahora, contamos con alrededor de 15 capítulos locales con campañas de “democracia energética”. Cuando el tema del Green New Deal surgió a fines de 2018, empezamos a desarrollar los “Principios para un Green New Deal Ecosocialista”, que se publicaron en febrero de 2019. Los principios retoman el paradigma del GND a la vez que lo radicalizan, declarando que la raíz de la crisis climática es el capitalismo global y que hay que reconstruir nuestra sociedad para valorizar las necesidades humanas y la salud planetaria en vez de las ganancias de la clase dominante. Nuestro próximo paso fue elaborar una propuesta para priorizar el GND Ecosocialista como una campaña central del DSA. Eso lo logramos en nuestra convención de 2019. Allí, más de 1.000 delegados representando los capítulos locales tomaron decisiones para guiar los siguientes dos años de actividad de la organización y para elegir el nuevo Comité Nacional Político. Una de esas decisiones, con votación casi unánime, fue adoptar una campaña promoviendo el Green New Deal Ecosocialista. Desde ese momento, hemos trabajado dentro del Grupo de Trabajo para implementar esa resolución, apoyando los capítulos locales con su trabajo ecosocialista, diseñando nuevas plataformas para facilitar la coordinación entre los capítulos y desarrollando estrategias con la participación de nuestros miembros.

Instituto Tricontinental: ¿En términos sintéticos cuáles serían los rasgos fundamentales de la propuesta de un GND?

Thea Riofrancos: Primero, el GND propone descarbonizar la economía dentro del plazo que la ciencia climática nos presenta; ello significa reducir a la mitad las emisiones globales en 2030. Para ello planteamos que los países del Norte Global las reduzcan aún más rápido, dado su rol histórico en la acumulación de emisiones. Para lograr este objetivo, hay que transformar la matriz energética (de hidrocarburos a energía renovable), electrificar muchos procesos (transporte, calefacción/refrigeración, actividades industriales, etc.), cambiar el sistema agrícola (desde un sistema intensivo en energía y contaminante hacia la agroecología), entre otros cambios profundos.

Por otra parte, proponemos impulsar esta transición, que ocurriría en muchos ámbitos sociales y económicos, con una intervención e inversión pública a una escala masiva, comparable con la movilización de recursos que se realizó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El tipo y ritmo de transformación que se requiere no se puede llevar a cabo desde los mecanismos del mercado ni desde las empresas privadas y, mucho menos, por cambios individuales de las personas. Por el contrario, requiere la planificación y coordinación del Estado en todos sus niveles de gobierno, el financiamiento con recursos públicos y el empuje de la movilización social y la acción colectiva.

Y finalmente, el paradigma del GND Ecosocialista vincula fuertemente el tema de cambio climático con el tema de la desigualdad socioeconómica. Entonces, el paradigma no solamente habla de la reducción de emisiones, sino también de la garantía de seguro médico, empleo, vivienda, transporte público y el derecho a sindicalizarse. Contempla una gran transformación en la planificación urbana, suburbana y rural para hacer esos ámbitos más igualitarios, más democráticos, con un hábitat que integre más espacios verdes públicos y que sea guiado por el bienestar social y del planeta, y no por el lucro inmobiliario.

Desde el principio, la política alrededor del GND ha sido marcada por un proceso dinámico entre movimientos sociales y políticos progresistas. En noviembre del 2018, Alexandria Ocasio-Cortez, la joven congresista del socialismo democrático, se juntó con miembros del Sunrise Movement, un movimiento de jóvenes que se movilizan alrededor del tema de cambio climático, en la ocupación de la oficina de Nancy Pelosi, congresista del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes.

Este hecho nos mostró como el GND ha provocado una pelea dentro del propio Partido Demócrata, entre las tendencias más de izquierda y las más centristas. Los demócratas más centristas, y obviamente el Partido Republicano, rechazan el vínculo que se plantea en este GND entre el cambio climático y la desigualdad social, y también rechazan la escala masiva de inversión pública que se formula.

Pero cabe destacar que Ocasio-Cortez no inventó el paradigma del GND. Por años, los movimientos de justicia ambiental han ligado el cambio climático y los impactos ambientales con la estructura desigual de nuestras sociedades. De hecho, Ocasio-Cortez atribuye su compromiso con la política climática (y su decisión de postularse para el Congreso) a uno de esos movimientos: la movilización de naciones indígenas y sus aliados contra el oleoducto “Dakota Access” en Standing Rock, North Dakota. Esos movimientos señalan que, por un lado, las clases y los países ricos son los que tienen mayor responsabilidad por las emisiones y por el daño ambiental, y, por otro lado, que las víctimas del calentamiento global son las comunidades indígenas, los afroamericanos, la clase trabajadora, y, en general, los sectores marginalizados.

Instituto Tricontinental: Desde acá (al sur del sur) se tiene la idea de que el GND está vinculado a las propuestas del capitalismo verde o la economía verde, al menos en sus primeras formulaciones. ¿En qué medida este GND se diferencia de las propuestas impulsadas por la economía verde? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que lo pueden enfrentar a ese paradigma?

Thea Riofrancos: El “capitalismo verde” pretende mitigar los síntomas del capitalismo —el calentamiento global, la extinción masiva de especies, la destrucción de ecosistemas— sin transformar el modelo de acumulación y consumo que ha causado la crisis climática en primer lugar. Es una “tecno-solución”, la fantasía de cambiar todo sin cambiar nada. Vemos ese tipo de propuesta ahora en el “Green Deal” en Europa. También lo vemos en, por ejemplo, el modelo de electromovilidad de empresas como Tesla. En esta visión, no cambiaría nada aparte de un intercambio de nuestros vehículos tradicionales por vehículos electrónicos, mientras mantenemos el dominio de las autopistas y los automóviles sobre nuestros espacios urbanos y suburbanos, y, además, reproducimos un patrón de extractivismo insostenible (porque para producir un auto eléctrico se requiere más de 80 kilogramos de cobre y además litio, cobalto, níquel y otros recursos de la tierra).

En fuerte contraste con esta falsa solución, el ecosocialismo entiende que la crisis ambiental radica en el capitalismo en sí.  Por eso, los DSA desarrollamos el GND Ecosocialista. Esta visión reconoce los límites físicos del planeta, la imposibilidad del “crecimiento verde” y la urgencia de cambiar no solo el modo de acumulación sino también: a) los patrones diarios de consumo, trabajo, transporte, vivienda, planificación, alimentación y más, con el fin de garantizar una vida digna a todos; b) desmercantilizar los servicios básicos de supervivencia y bienestar; cambiar de un modelo privatizado, individual y desigual de consumo hacia un modelo de consumo colectivo y democrático, dentro de los límites planetarios; c) democratizar la economía y el control sobre recursos naturales y sobre la tecnología (incluyendo tecnologías verdes, como la electromovilidad o paneles solares); d) transformar nuestras comunidades para servir  a los sectores populares, los ecosistemas y el planeta y no a las ganancias de la clase dominante; y, por último, e) desmilitarizar, descolonizar, y trabajar para un futuro de cooperación y solidaridad planetaria.

Instituto Tricontinental: ¿En su opinión cuáles serían los primeros pasos por dar en el corto plazo hacia la construcción de un GND?

Thea Riofrancos: En Estados Unidos, los primeros pasos en términos de la política pública hacia a un GND serían: (1) desmantelar el sector de hidrocarburos, acabar con los subsidios al sector; mantener el petróleo, carbón, y gas bajo el suelo (a través de reglamentos fuertes) y nacionalizar las empresas petroleras; (2) invertir masivamente desde el sector público en descarbonizar la matriz energética; y (3) garantizar trabajo a todas las personas, con un enfoque en los sectores verdes.

Pero no vamos a ganar eso sin una movilización social fuerte, constante, y en todos los ámbitos de la vida. En 2019 vimos una escala de movilización histórica en los EE. UU. contra la brutalidad policial sobre las comunidades afroamericanas, y en 2018 una ola histórica de huelgas de maestras y enfermeras, entre otros sectores. Necesitaríamos algo parecido en magnitud y militancia para las propuestas del GND. Sabemos que no hay progreso social sin lucha social, desde abajo y con el protagonismo de los sectores populares. Y podemos ver en la historia de los gobiernos de izquierda que las luchas pueden, aunque siempre provisionalmente, institucionalizarse en políticas públicas.

Ahora, cabe mencionar que nos encontramos en la actualidad en el cruce de múltiples crisis. Enfrentamos una pandemia, una crisis económica y también la crisis climática. Además, en EE. UU. estamos viendo una rebelión no sólo contra la violencia policial en las comunidades afroamericanas sino también contra una sociedad basada en la opresión racial y contra un gobierno que no invierte en las necesidades básicas de las comunidades, mientras sí lo hace en policías, cárceles, y guerras.

Entonces, es importantísimo que los próximos pasos hacia un GND aborden los problemas concretos que las clases populares están enfrentando en su vida diaria. Con este objetivo, hemos estado trabajando en una propuesta llamada el “Green Stimulus” o estímulo verde, una plataforma que aplica los principios del GND a la crisis inmediata que enfrentamos.

Es una propuesta de usar dinero público para catalizar la transición energética y, a la vez, crear millones de trabajos dignos en sectores económicos con menor impacto ambiental o incluso con impacto positivo, una propuesta que beneficiaría a las comunidades marginalizadas que están sufriendo no solo la pandemia sino también la desesperación económica. La idea del estímulo verde no es impulsar un “crecimiento verde”, sino aprovechar el momento para ponernos en camino hacia una sociedad social y ambientalmente justa, con una economía con bajas emisiones, una planificación más sustentable y con soberanía alimentaria.

Instituto Tricontinental: ¿En qué sujetos sociales descansa la posibilidad de ponerlo en marcha? ¿Qué alianzas cree que son necesarias?

Thea Riofrancos: Sabemos que la transformación social solo viene del poder popular. Este poder popular viene de las organizaciones sociales: sindicatos, organizaciones de campesinos, movimientos indígenas, organizaciones barriales. En el caso de los EE. UU. la fuerza social para lograr un GND viene de las luchas urbanas por el derecho de vivienda, el transporte público, a los espacios verdes y públicos. Los sindicatos del sector de la educación, la salud y del trabajo de “cuidados” son esenciales: la mayoría de esos trabajadores son mujeres racializadas y migrantes y por eso su trabajo es marginalizado y subvalorado. En general sus sindicatos apoyan al GND y tienen una visión del bienestar colectivo. El trabajo de cuidados —entendido de una manera amplia— es clave en una sociedad ecosocialista. Hay que cuidar las comunidades y cuidar el planeta. También, cabe destacar que la movilización de jóvenes es súper importante. En general, la juventud hoy no solo reconoce la emergencia ambiental y es protagonista en el movimiento de justicia climática, sino que también se ha radicalizado por vivir una crisis tras otra. Por otra parte, están los movimientos indígenas y los movimientos aliados en la lucha contra el extractivismo que amenaza sus territorios y derechos colectivos. Y también los movimientos de “justicia ambiental” que luchan en contra de la contaminación tóxica (de fábricas, centrales eléctricas, plantas petroquímicas, etc.) que afecta principalmente a comunidades de afroamericanos y otros sectores marginados.

Finalmente, el DSA juega un rol importante en movilizar a la juventud de izquierdas, radicalizar el debate público sobre el medio ambiente y reclutar candidatos para las campañas electorales. En muchos estados y ciudades de EE.UU. hay funcionarios elegidos que son miembros de DSA y ellos están empujando el GND, entre otras políticas transformadoras. Incluso en el Congreso mismo hay dos integrantes del DSA: Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib.

Instituto Tricontinental: Teniendo como objetivos una sociedad ecosocialista ¿Cómo piensan esa transición desde el DSA? ¿Puede ser el GND una oportunidad para ello? ¿Qué rol tiene que jugar la clase trabajadora en ese proceso?

Thea Riofrancos: Primero la organización sindical es importante, y en los EE. UU. hubo recientemente una ola de huelgas, especialmente en el sector de la educación, pero también en la salud, en los supermercados y más. Estamos viendo nuevos vínculos entre los movimientos sindical y ambiental. Por ejemplo, en enero de 2019, la huelga histórica de treinta mil maestros en Los Ángeles donde se conquistó —entre otras demandas— espacios verdes para las escuelas. Previamente, maestras en huelga en West Virginia demandaban a las empresas de carbón que tienen minas en su estado que pagaran más impuestos. Más allá de esas demandas específicas, cabe enfatizar que los sectores de la educación y la salud son absolutamente esenciales para un mundo más igual y sostenible. Entonces, las otras victorias de esas huelgas, como un aumento en el presupuesto para la educación pública, son también victorias “verdes,” y esenciales para un GND. Y cabe mencionar que sindicatos en los sectores de servicios y de enfermería han señalado su apoyo a un GND. Obviamente, los sectores de trabajadores más complicados en términos de una transición energética son aquellos que trabajaban en hidrocarburos. Es un tema increíblemente complicado, pero el paradigma más importante en este ámbito es el de la “transición justa” que enfatiza que hay que proteger a las y los trabajadores que perderían su trabajo por la transición energética.

Instituto Tricontinental:  Con otros autores has publicado recientemente un libro sobre el tema (A Planet to Win: Why We Need a Green New Deal). En el libro hacen un llamado a construir un “internacionalismo recargado” ¿Qué nos puedes decir de esta propuesta?

Thea Riofrancos: En este libro que publicamos, declaramos que la crisis climática es una crisis planetaria y, por lo tanto, los horizontes del GND deberían ser planetarios también. Pero no nos referimos al Acuerdo de París u otros acuerdos entre elites que son demasiado débiles y van muy lento, protegiendo los intereses de las economías y empresas más poderosas. En cambio, hablamos de un nuevo tipo de “internacionalismo”, proponemos un internacionalismo desde abajo y a la izquierda y nos enfocamos en el tema de las cadenas globales de producción de las tecnologías verdes y, particularmente, de las baterías de litio. Esas baterías son clave para la transición energética. Son necesarias para cargar autos, buses, bicicletas, escúteres eléctricos y más; y son necesarias para acumular energía en redes renovables, porque la energía solar y eólica son intermitentes y variables. Por esos motivos, en términos mundiales, la demanda de litio va a aumentar mucho, principalmente dado el crecimiento del mercado de la electro-movilidad (particularmente, autos eléctricos personales). Chile es uno de los primeros exportadores de litio en el mundo y los salares andinos en Chile, Argentina, y Bolivia tienen más del 50% de las reservas conocidas en el mundo. Aunque el litio es esencial para combatir la crisis climática, en Chile la extracción del litio conlleva una serie de impactos socioambientales para los ecosistemas y las comunidades indígenas que viven alrededor del Salar de Atacama, el mayor de ese país. La combinación del sector del litio y del cobre han resultado en un fuerte desbalance hídrico en el Salar, y también ha disminuido la población de especies como el flamenco andino. Se han vulnerado los derechos colectivos y territoriales de las comunidades indígenas y sus otros sustentos de vida, y la producción de litio ha estado marcada por la represión laboral.

Dado esos impactos, y los movimientos locales en contra del “extractivismo verde” (como el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos), el GND no puede reproducir los mismos patrones de producción y consumo que el capitalismo actual. En el libro, enfatizamos que hay que cambiar desde un modelo auto-céntrico en el que cada persona tiene su propio auto privado, hacia un sistema de tránsito público, que usa recursos en una manera mucho más racional, bajo un modelo de consumo colectivo (un bus eléctrico tiene mucho más sentido ecológico y social que millones de Teslas). También hay que transformar el modelo de comercio internacional. Rechazamos los tratados de “libre comercio” y favorecemos modelos de trato justo y verde que priorizan los derechos laborales e indígenas y protegen los ecosistemas. Y, porque no creemos que el cambio viene “desde arriba”, proponemos nuevas relaciones de solidaridad que cruzan fronteras, entre trabajadores y comunidades que trabajan y viven en los nodos de las cadenas de producción, reclamando sus derechos y articulando visiones de un mundo alternativo.

Una visión ecosocialista para la descarbonización en América Latina

Sabrina Fernandes

Doctora en sociología y militante ecosocialista en Brasil; es editora de Jacobin Brasil e investigadora del “Grupo de investigación internacional sobre autoritarismo y contra-estrategias” (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Estamos en una lucha contrarreloj contra el cambio climático. Para frenarlo, es necesario luchar por otro tipo de cambio. Hay que cambiar el sistema en que vivimos, pero esta no es una tarea simple. No basta una posición anticapitalista sin un plan para lo que queremos en el futuro. Sin embargo, tenemos un problema de tiempo. Para evitar el cambio climático, hay que cambiar el sistema, pero las condiciones políticas de nuestros días no son las mejores. La derecha está fuerte en muchos países y la negación de la ciencia climática sigue firme. Necesitamos pensar un plan que vuelva posibles los cambios en la matriz energética, en las ciudades, el transporte y la producción de alimentos, listo para los próximos años. Un plan de descarbonización crearía las condiciones necesarias para cambios más profundos en otra coyuntura política, pues retrasaría nuestra carrera contra el tiempo.

Es imposible pensar la descarbonización sin considerar las condiciones históricas de América Latina y el papel de los procesos de desarrollo y extractivismo que impactan en la región y su ciclo de producción capitalista. Si intentamos cambiar el mundo hacia una sociedad ecosocialista, es imperativo que empecemos desde el Sur.

Un Nuevo Acuerdo Verde que vaya hasta la raíz

El debate acerca de un Nuevo Acuerdo Verde (GND por su sigla en inglés), sea el que se da en Estados Unidos o las propuestas que se plantean en América Latina, es muy diverso. Aunque todos hablen de descarbonización e inversión en energía renovable, lo que ello significa varía de acuerdo con quien lo propone.

Cuando pienso en un GND, pienso en un plan de descarbonización que es urgente en esta década y en la próxima. Es un plan que demanda audacia. Entonces, se trate del GND en Estados Unidos o un proyecto similar que con otro nombre se plantee en el contexto de otros países, el imperativo es que no es posible hablar de descarbonización como si ello implicara solamente algunos ajustes aquí y allá. Tampoco debemos aceptar que los términos sean dados por grandes corporaciones que ven los planes “verdes” como una oportunidad de lucrar y reposicionarse en el mercado.

La crisis climática resulta de un largo proceso de expansión económica y de sus impactos ambientales. En el capitalismo, la naturaleza es tratada como fuente de recursos y hasta su protección tiene que ser legitimada por el lucro o tiene que armonizar con los intereses del capital. En ese sentido, no sorprende que muchas iniciativas de “compensación de carbono” cumplan una función en el mercado financiero y que puedan ser usadas para justificar emisiones en otras áreas. Mientras los fondos públicos pueden ayudar a la preservación de los biomas, el mercado insiste en promover soluciones que vuelven al Estado socio de las empresas, de la bolsa de valores, y de los sistemas de crédito y préstamos. Por ello, decimos que la ecología capitalista es una falsa ecología, pues falla en la tarea de identificar la raíz de la crisis climática y ecológica en general.

Por eso, los ecosocialistas, pensamos en la importancia de regular a la vez el metabolismo social y el metabolismo de la naturaleza, de modo que no nos olvidemos que somos también naturaleza, y por eso intentamos disputar las direcciones de los proyectos de transición climática. Esto incluye al GND y a otros planes. Así como planteamos la necesidad de hacer estas construcciones de abajo hacia arriba.

Las organizaciones populares deben estar en el centro de los planes de descarbonización. Si ello no ocurre, seremos testigos de proyectos insuficientes, lentos y que retrasan la transición al subordinarla al interés de mercado. Los capitalistas saben que el petróleo no durará para siempre y por eso una parte de ellos también se compromete con la búsqueda de alternativas. Por eso buscan lograr la descarbonización, pero bajo condiciones que garanticen la soberanía del sector privado y una velocidad conveniente para garantizar el lucro hasta la última gota. Un buen plan de transición debe trabajar con reformas importantes, pero siempre atento a las condiciones necesarias para cambiar todo el sistema y garantizar uno nuevo que, como proponemos los ecosocialistas, no copie las tendencias productivistas del capitalismo.

La respuesta está en la solidaridad entre pueblos explotados

Es indiscutible que no hay tiempo para lograr primero el socialismo y luego invertir en los cambios ecológicos que necesitamos. Hay poco tiempo para modificar las emisiones de gases de efecto invernadero antes de que los daños sean irreparables. Para los pueblos explotados hay incluso menos tiempo. Son aquellos que ya viven bajo duras condiciones los que sufrirán aún más los impactos de la crisis climática. Nuevos estudios apuntan a que la temperatura media subirá un 3ºC, y es posible que el incremento llegue hasta 6ºC en muchos lugares. Quien tenga más dinero, podrá pagar por la instalación de aire acondicionado en sus casas y oficinas, que también incrementarán la demanda de energía eléctrica. Quienes trabajan bajo el sol; como los campesinos, barrenderos, vendedores ambulantes, repartidores, trabajadores de la construcción y muchos otros, tendrán serias dificultades para trabajar, a riesgo de contraer enfermedades e incluso morir.

Por ello, las organizaciones sindicales deben cumplir un papel fundamental en la construcción de la descarbonización. Sabemos bien como los bienes naturales de América Latina son vistos como simples recursos por el sistema capitalista. Las y los trabajadores de las empresas petroleras y mineras estatales luchan todo el tiempo contra los intentos de privatización. En términos de la lucha contra el cambio climático, no hay garantía de que una empresa estatal en el sector de energía sucia será más sustentable. Son necesarios muchos cambios para transformar el sector de energía contaminante, que ya es obsoleto, pero las empresas estatales deben ser protegidas. Primero porque las y los trabajadores organizados consiguen hacer valer sus demandas con más fuerza en el sector público. Segundo porque un gran plan de descarbonización exige mayor control del sector energético (y ello no será posible desde la esfera privada). Así, es posible que aquellas personas que más conocen el sector, pues trabajan allí, se transformen también en luchadores por el clima ya que su inclusión es fundamental para una transición justa, con más empleos y fortaleciendo el accionar público.

Transición justa es, de hecho, un concepto que debe ser abordado siempre en el debate por un acuerdo verde. Si garantizamos que las y los trabajadores organizados sean parte de los debates, es más probable que la transición justa sea discutida. ¿O acaso las empresas capitalistas que dicen comprometerse con el planeta promoverán la creación de empleos verdes en el sector de renovables? ¿Son estos buenos empleos? ¿Las empresas renunciarán a sus ganancias para garantizar empleos y harán las inversiones necesarias aun cuando de ello resulte un perjuicio económico? Claro que no, pues el sector privado se mueve alrededor del lucro. El “verde” de estos “empleos verdes” en las grandes empresas solamente se refiere a las tecnologías verdes empleadas y no significa, necesariamente, una preocupación genuina por la naturaleza.

En este punto y en nuestra región es necesario que comprendamos la gran importancia que en esta tarea tienen los pueblos indígenas latinoamericanos y los movimientos campesinos. Estos movimientos han alertado acerca de la crisis ecológica desde mucho antes de que los gobiernos empezaran a actuar. Es por ello que las enseñanzas del buen vivir y del teko porã tradicionales inspiran hoy a investigadores y luchadores socioambientales en todo el mundo. Pero no se puede permitir que estas perspectivas sean reducidas a simples palabras agradables. Hablar de buen vivir hoy exige atención a las demandas de los pueblos originarios y respeto a sus conocimientos; pero también asumir que no basta hablar y que es necesario crear las condiciones para un cambio radical en la sociedad, porque para ellos queda menos tiempo aún. Por supuesto, esto significa analizar también las contradicciones económicas que están presentes en América Latina y las demandas por desarrollo y proyectar otra concepción del desarrollo que garantice calidad de vida en un paradigma de sustentabilidad.

Las mujeres trabajadoras también deben ser incluidas en la discusión de la descarbonización. No es posible hablar de transición justa sin reconocer el papel fundamental de las mujeres en el cuidado familiar y de la naturaleza. Cuando no hay agua, es común que las mujeres tengan que buscarla. Cuando los niños se enferman, nuestra sociedad todavía espera que las mujeres los cuiden. Las mujeres son mayoría en sectores de servicio estratégicos en muchos países, sobre todo en la salud y la educación. Las inversiones en estos sectores pueden contribuir a aliviar la sobrecarga laboral que las mujeres tienen en el terreno de la reproducción social, mientras se produce valor social con menor impacto ambiental. Además, este tipo de inversiones tienen mayor impacto en cualquier grupo de aquellos excluidos de los planes convencionales de desarrollo. La población negra en muchos países de América Latina no tiene acceso adecuado a la salud y sufrirá más con las consecuencias climáticas a partir de su vulnerabilidad social. La propuesta para nuestra descarbonización debe plantear también, sin duda, un combate contra el racismo ambiental.

Un plan de descarbonización construido desde abajo es de vital interés para los pueblos explotados, ya que confronta tanto la crisis climática como sus condiciones materiales de vida bajo el capitalismo. Sabemos que el sector privado de las energías renovables y otras tecnologías verdes, con la fuerza económica que tiene, será una parte central de la transición. Sin embargo, estos sectores no pueden ser los líderes de este proceso.

La solidaridad popular es clave para conectar las luchas contra los impactos del cambio climático, desde los millones de refugiados, a las dificultades para el cultivo de alimentos, los problemas para trabajar y las nuevas enfermedades. Un pueblo no necesita pasar por lo mismo que otro para reconocer la importancia de esas luchas. En este sentido, un plan de descarbonización global debe ser capaz de producir cambios que no favorezcan solamente a los ricos o que simplemente quieran tapar el sol con un dedo.

Por eso, los debates inmediatos por la descarbonización deberían incluir asambleas populares que traten las demandas de una transición justa, desde la necesidad de empleos a la lucha por los territorios, para que las personas responsables de escribir los proyectos de ley y los planes de acción lo hagan en sintonía con los protagonistas de estas demandas. Esto es importante para no producir un plan solamente tecnocrático que puede ser fácilmente apropiado por el capital y, en especial, para que tengamos la fuerza política capaz para presionar a los gobiernos de derecha o moderados (a veces hasta a los de izquierda) por una transición justa y lo más rápido posible.

Las asambleas populares son un elemento muy común de las organizaciones populares y de las luchas en América Latina. Experiencias recientes como del Foro Alternativo Mundial del Agua (2018), la Cumbre de los Pueblos (2017) y el Foro Popular de la Naturaleza (2020) nos sirven de ejemplo sobre la importancia de sumar grupos diversos; desde activistas socioambientales a organizaciones indígenas. Los ecosocialistas en Brasil y en otros países apostamos a la construcción de espacios así porque sabemos que las posibilidades de cambio radical dependen de la organización colectiva.

¿Qué podemos hacer hoy?

La pandemia del coronavirus ha afectado las dinámicas de producción de mercancías y de organización de la vida. Sobre todo en los países empobrecidos y que viven bajo gobiernos de extrema derecha, la pandemia significa muerte por el virus o muerte por hambre. En Brasil, por ejemplo, el desempleo afecta a cerca del 12,6% de la clase trabajadora. Por otra parte, el trabajo informal es la única opción para muchos trabajadores, así, si se quedan en casa durante la pandemia, no tienen cómo pagar el alquiler ni la comida para poner en la mesa. La situación es peor para la población negra. El gobierno de Bolsonaro ha aprovechado esta situación para promover la intervención del sector privado en el sistema de saneamiento y la deforestación que sigue a una velocidad muy preocupante. En Chile, la pandemia significa más represión contra la población con reglas muy duras de confinamiento mientras tiene lugar una crisis hídrica en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso.

La pandemia desenmascara las inequidades sociales que muchos escogen ignorar en el día a día. Son muchas crisis juntas, no nos podemos engañar con la solución. No debemos volver a lo “normal”, como promueven los gobiernos y las corporaciones. Lo normal es parte del problema. Por eso, es hora de demandar algunos cambios estratégicos, con respuestas más radicales que creen condiciones para otros cambios en el futuro. Una gran descarbonización puede ayudarnos hoy. Sin embargo, sin una movilización por parte de la clase trabajadora, tampoco será fácil exigir reformas estructurales. Aquí vemos el importante papel de los movimientos sociales en América Latina para demandar lo imposible; en especial, cuando cualquier otra perspectiva puede empujarnos todavía más al abismo.

Partir del debate sobre la cuestión del empleo puede ayudar a interpelar a más personas, aún más si las demandas principales incluyen mejoras rápidas y simples en su calidad de vida. Si el desempleo es un problema, la tarea de los gobiernos es invertir en la creación de empleos, pero no cualquier tipo de empleo. Es posible crear nuevos empleos que paguen mejor, obliguen a menos horas de trabajo y contribuyan en los sectores donde se necesita crecer. Si tenemos prisa, debemos trabajar tanto con metas de largo como de corto plazo. En el contexto de corto plazo, eso significa inversiones inmediatas cuyos resultados podrán ser vistos en unos pocos años, en al menos tres sectores: la energía, el transporte y los alimentos.

Los países del Sur, con una economía dependiente, exportan materias primas e importan manufacturas, incluso el combustible de refinerías extranjeras. Entonces, si hacemos lo contrario e impulsamos los proyectos de energía renovable, pueden crearse nuevos empleos y mejorar la distribución de la energía mientras se combate la dependencia económica y el déficit comercial que torna a nuestras naciones más vulnerables a las voluntades del capital internacional.

Hay que mencionar que una transición energética en América Latina exige que abordemos no solamente la problemática de la industria petrolera o del gas natural, sino también la de la gran industria minera, nacional o extranjera. En este campo, se requiere una reglamentación y protecciones locales y de inversión para las empresas estatales con el objetivo de que la demanda no dependa de las presiones del mercado mundial de minerales y combustibles fósiles, sino de una lógica social que orienta la extracción de aquellos bienes por su valor de uso y no por el de cambio.

Las energías renovables no son una panacea. No hay solución perfecta, que no implique ningún impacto sobre la naturaleza; pero con una buena planificación e inversiones del sector público, es posible fijar metas viables de transición de la matriz energética, mientras se promueven también investigaciones en ciencia y tecnología que puedan ayudar con los desafíos planteados en términos de eficiencia y residuos.

Este proceso debe incluir la discusión sobre el decrecimiento estratégico; o sea, no se trata de decrecer como norma, ya que esto empeoraría la vida en nuestro continente, pero si plantear perspectivas que destinen la producción energética para actividades que mejoren nuestra calidad de vida, como salud, educación, cultura y recreación, así como para el cambio en el transporte y en la producción de alimentos. Y, al mismo tiempo, tienen que ser combatidos el consumo de productos perjudiciales para el medio ambiente y el consumo desenfrenado estimulado por el marketing.

Sabemos que las tasas más grandes de consumo se registran en los países más ricos, pero la gran industria sabe que debe empujar en similar dirección a los consumidores del Sur si quiere lucrar más. Cambios en los sectores de producción locales, así como en las regulaciones de la publicidad, pueden ayudar a que las clases medias y altas no consuman en los niveles problemáticos de países como Estados Unidos. Simultáneamente, se puede garantizar mejor calidad de vida para los más pobres, sobre todo para las personas que hoy en día no tienen acceso a bienes básicos como refrigeradores y computadoras o a la salud y viviendas asequibles y de calidad.

La inversión estatal en el transporte público en las ciudades es una manera de cambiar el patrón de autos particulares a favor de peatones, ciclistas y autobuses. Es posible crear nuevos empleos de calidad cuando se tienen más autobuses en las calles, así como también con la producción de autobuses eléctricos o la construcción de líneas de subterráneo. Un plan de descarbonización para las ciudades será también un plan de buenos empleos. Es claro que muchos “empleos verdes” también necesitan de trabajadores con conocimiento específico y, por lo tanto, se refuerza la necesidad de invertir en educación.

Por otra parte, el sector de producción de alimentos es estratégico en la lucha contra el cambio climático, así como para el ecosocialismo, pues la soberanía alimentaria debe ser prioridad de cualquier sociedad sustentable. La deforestación que resulta de las prácticas del agronegocio se combina con los impactos del uso de abonos y fertilizantes químicos. Juntos, estos elementos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además, el avance del agronegocio destruye los modos de vida tradicionales y cumple un papel activo en la violencia contra indígenas y campesinos.

Cualquier “plan verde” en América Latina que se proponga radical y se considere una alternativa a los planes del “capitalismo verde” (conocido también como “economía verde”) tiene la obligación de abordar la cuestión de la reforma agraria. La concentración de tierras en la región es responsable por la destrucción de la naturaleza y por la gran inequidad entre las clases. Las voces de los movimientos que luchan por la reforma agraria agroecológica y popular deben ser oídas y sus líderes incluidos en las formulaciones y políticas públicas. Solamente así un “Nuevo Acuerdo Verde” en la región tendrá éxito en conectar las luchas, desde aquellos que claman por tierra hasta quienes viven en las grandes ciudades y anhelan alimentos saludables y sin agroquímicos.

Un gran “plan verde” en América Latina puede ser la respuesta necesaria de los pueblos para los días de hoy. Aunque hay muchos golpes a los que resistir, los movimientos tienen más fuerza cuando plantean demandas constructivas que son capaces de propagar lazos de solidaridad que van más allá de los momentos defensivos.

La combinación entre las resistencias de nuestro tiempo con las demandas radicales contra el cambio climático tendrá mucha potencia. Ciertamente, sería mucho más fácil si la mayoría de los países en nuestra región no se encontraran en circunstancias tan duras. Sin embargo, no hay tiempo que perder y todas las respuestas a las crisis deben ser también respuestas para salir de un sistema de crisis.

Pero cuidado, lo que tenemos hoy no es una ventana de oportunidad, pues una política y un escenario global de muerte no ofrecen oportunidades. Son demasiado cínicos quienes desde una ideología capitalista hablan así. Hay, no obstante, una ventana de responsabilidades y depende de nosotros luchar por cambios estratégicos frente a las crisis sanitaria y económica y que aborden también la crisis ecológica. Al fin y al cabo, cualquier política que no haga frente a la crisis climática es también una política de muerte.

Notas de pie

¹ Una versión anterior de este cuaderno fue publicada en septiembre de 2020 por la oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Los datos que contiene corresponden a la fecha de la publicación original. Fue editado y posteriormente traducido al inglés y al portugués en junio-julio de 2022.

² Jolly, W., Cochrane, M., Freeborn, P. et al. ‘Climate-induced variations in global wildfire danger from 1979 to 2013’. Nature, 14 de julio de 2015.

³ Barbier, Edward 2009 A Global Green New Deal. Report prepared for the Green Economy Initiative of UNEP (Washington: PNUMA)

⁴ Todas las citas en PNUMA 2009 Un Nuevo Acuerdo Verde Global – Informe de Política (Nairobi: PNUMA) pp. 4.

⁵ Pearce, David; Markandya, Anil y Barbier, Edward 1989 Blueprint for a Green Economy (Londres: Earthscan)

⁶ Citado en Seoane, José 2017 “Obama, Macri y la economía verde: la neoliberalización de la cuestión ambiental”, en Portal OPSUR. Disponible en https://www.opsur.org.ar/blog/2017/10/09/obama-macri-y-la-economia-verde-la-neoliberalizacion-de-la-cuestion-ambiental/

⁷ Sobre ello puede consultarse Seoane, José 2017 Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental. Una arqueología de los documentos de Naciones Unidas sobre el ambiente 1972-2012 (Buenos Aires: Ed. Luxemburg – IEALC) Puede descargarse gratuitamente en  http://gealyc.blogspot.com.ar/