Disputas electorales e intervencionismo imperialista: entre la crisis de legitimidad del neoliberalismo y su reforzamiento autoritario

La disputa en el plano electoral y sobre sus condiciones

Las elecciones parlamentarias de enero en Perú

Producto del cierre del Congreso en septiembre de 2019, que analizamos en informes anteriores, finalmente este 26 de enero se desarrollaron las elecciones parlamentarias como una vía para solventar la tensión que se presentó entre el Ejecutivo y el Legislativo clausurado. La elección, con 130 nuevos congresistas reconfiguró la correlación de fuerzas surgida de las votaciones precedentes del 2016.

Con una participación menor que en 2016, el 74,7% de los votantes habilitados acudió a las urnas, cambiando el mapa político al interior del Congreso. Las mayorías consolidadas de los partidos tradicionales, descendieron en su representatividad, y emergieron nuevos partidos con representación congresal. Así, de los seis partidos con presencia desde 2016, se pasó a nueve.

Más que hablar de grandes ganadores producto de la elección, es posible referirse a aquellos partidos que perdieron de manera importante su representación. Respecto al mapa parlamentario, Fuerza Popular, partido del fujimorismo, pasó de ser la primera fuerza del Congreso en 2016 a ser actualmente la cuarta, con un 7% de los votos, que implica pasar de 73 escaños a 15, descenso atribuido especialmente a los escándalos de corrupción que protagonizó y que ocasionó las movilizaciones populares por el cierre del Congreso.

El tercer puesto fue para el FREPAP, partido sorpresa de estas elecciones con el 8% y que logra igualmente 15 bancas. Respecto del FREPAP es importante mencionar que es la expresión político electoral de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, una comunidad israelita evangélica de corte profundamente conservador y nacionalista que tenía como objetivo llegar al Congreso para consolidar un espacio más para la difusión de su doctrina. En su primera elección logra ser la tercera fuerza política del Congreso y proyectar una posible participación en las elecciones presidenciales del 2021 con su líder espiritual y candidato natural Jonás Atacusi —hijo del fundador Ezequiel Atacusi, fallecido en el 2000—, quien en términos de campaña utiliza la característica religiosa y originaria como garantía de anticorrupción.

Las representaciones mayoritarias se adjudicaron a Alianza Popular (25) y Alianza para el Progreso (22), partidos con gran presencia territorial. Sin embargo, ni aunque las votaciones de ambas bancadas se sumaran para la aprobación o rechazo de alguna ley serían mayoría, ya que no podrían llegar a los 66 votos. Esto abre la posibilidad de que para adelantar cualquier proyecto de ley sea necesaria la alianza de estas con otras fuerzas, por lo que pueden ser importantes los votos que sumarían los congresistas del FREPAP, especialmente ante la reforma política que busca votarse antes del domingo 11 de abril, que podría modificar los reglamentos para las elecciones presidenciales del 2021, y que va a tener poco tiempo de preparación, ya que la fecha donde asume el nuevo congreso es la primera quincena de marzo.

Finalmente, dos datos que nos parecen importantes. El primero, la desaparición de la representación congresal del partido APRA, del ex presidente Alan García, que obtuvo solamente un 2% de los votos. Y el segundo, el insuficiente desempeño de las fuerzas de centro, populares o de izquierda en los comicios, que, aunque se sumaran los votos de los sectores propiamente de izquierda como el Frente Amplio (9), con los votos de las fuerzas del centro liberal de Somos Perú o el Partido Morado no alcanzarían el número suficiente para lograr cualquier mayoría. Juntos por el Perú, alianza protagonizada por el Nuevo Perú de Verónika Mendoza, no logró ingresar al Congreso al obtener un 4,8% de los votos.

Se angosta el camino hacia las elecciones de mayo en Bolivia

Luego del golpe de Estado concretado en noviembre de 2019, los principales acontecimientos de enero y febrero de 2020 tuvieron que ver con los preparativos hacia las elecciones generales del 3 de mayo.

Sin margen para mantenerse en el poder sin votos, la estrategia del bloque derechista se orientó a legitimar el golpe a través de unas elecciones donde el MAS-IPSP concurra en las peores condiciones posibles. En este sentido hay que destacar en el período que va de diciembre a febrero la conformación de un nuevo Tribunal Electoral, el cierre de más de 50 radios comunitarias—que se suma a la salida del aire de los canales de televisión teleSUR y RT— y el acoso judicial a militantes y dirigentes del partido de Evo Morales. Sumado a los conocidos episodios de represión —donde destacan las masacres de Sacaba y Senkata—, la persecución es de tal magnitud que llevó al enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia y más tarde a la propia Comisionada para los Derechos Humanos del organismo, la expresidente chilena Michelle Bachelet, a expresar su preocupación. Pese a todo, la dictadura no solo avanza en el encarcelamiento y el acoso judicial a dirigentes masistas, sino que además concretó la anunciada proscripción electoral del derrocado presidente Evo Morales, incluso impugnando su candidatura a senador.

En este marco, el MAS-IPSP oficializó las candidaturas a presidente y vicepresidente del exministro de Economía Luis Arce y del excanciller David Choquehuanca, respectivamente. Inicialmente, esta postulación fue resistida por los movimientos populares que conforman el Pacto de Unidad, quienes promovían a Choquehuanca como candidato a presidente. Sin embargo, finalmente las organizaciones del MAS cerraron filas en torno a la candidatura de Arce. En el marco de la campaña electoral, y en medio de amenazas contra su propia libertad, el candidato a presidente insistió en apuntar al modelo económico del gobierno de facto como el principal elemento de diferenciación y señaló que el negocio por la explotación del litio está detrás del golpe.

Mientras tanto, los sectores derechistas, unidos estratégicamente en el golpe contra Evo, no lograron articular una candidatura de unidad y al cierre de listas presentaron un panorama de sorprendente fragmentación. A las esperables candidaturas de Carlos Mesa, del cívico cruceño Luis Fernando Camacho y del pastor evangelista de origen coreano Chi Hyun Chung (tercero en la elección de octubre) se sumaron las del expresidente Jorge «Tuto» Quiroga y de la autojuramentada presidenta Jeanine Añez, que representó una sorpresa para quienes hasta entonces eran sus aliados.

De acuerdo a las primeras encuestas conocidas poco después de la oficialización de las candidaturas, hasta el momento la fórmula del MAS-IPSP aparece en posición de liderazgo, reteniendo un apoyo importante. Según los sondeos, detrás de Arce aparecen Mesa y Añez disputándose el segundo lugar. Camacho parece haber perdido fuerza en las últimas semanas, incluso entre sectores históricamente aliados, que han pasado a respaldar a Añez. El panorama, de conjunto, ha puesto en alerta a todos los sectores que adversan al masismo y se alinean con el golpe, por lo que no se descarta que algún o algunos de los candidatos decline su postulación.

A dos meses de las elecciones, la situación es incierta. En un análisis más general, resulta difícil creer que el gobierno norteamericano permita el triunfo electoral del MAS, tras un cruento golpe que expuso con crudeza hasta dónde están dispuestos a llegar los sectores conservadores, en un contexto de disputa abierta a nivel continental. Sin embargo, las diferencias políticas que exhibe el bloque derechista y el apoyo popular al partido que lidera Evo Morales mantienen el escenario abierto.

Para sumar más complejidad al bloque golpista, se acumulan los análisis que sostienen la inexistencia de fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019. La acusación de fraude, sostenida por la OEA y principal justificadora del golpe de Estado, ha sido impugnada por diferentes estudios, el más reciente surgido de una investigación realizada por el Laboratorio de Datos Electorales y Ciencias del MIT (Massachusetts Institute of Technologies). En un detallado artículo publicado en el Washington Post, los investigadores principales sostuvieron que «el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos», señalando además que contactaron al organismo comandado por Luis Almagro «para que nos haga algún comentario; (pero) la OEA no respondió». Sin dudas, esto contribuye a golpear la legitimidad de la dictadura, al menos en el frente internacional.

Elecciones municipales en Costa Rica

Costa Rica eligió el pasado 2 de febrero cargos de alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito, intendentes, viceintendente y concejales municipales de distrito. Estas elecciones municipales expresaron, con un abstencionismo del 74%, las opciones políticas que representan al pueblo del país centroamericano.

Como era de esperarse, según diferentes análisis que mencionamos en informes previos, la política electoral en Costa Rica se encuentra limitada por la continuación de la tradición bipartidista: nuevamente el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se posicionaron como las fuerzas políticas que consiguieron mayor representación municipal. Lo anterior no significa que en la contienda electoral no hubieran participado una diversidad de partidos políticos que se plantean como alternativa al bipartidismo: de hecho, aumentó la cantidad de fuerzas políticas entre las que se repartieron los gobiernos locales, de 12 partidos a 19, que se perfilan hacia adelante como potenciales competidores locales del bipartidismo. Dos de ellos, los Partidos Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PNR), vinculados a la tradición neopentecostal, sorpresivamente no lograron ninguna representación. El Partido de Acción Ciudadana (PAC), del presidente Carlos Alvarado, demostró una vez más la debilidad territorial que ya lo había caracterizado.

Los partidos que tienen mayor presencia territorial son aquellos que continúan fortaleciendo las expresiones de poder local. PLN pasó de 50 a 41 alcaldías, pero continúa siendo una fuerza consolidada a nivel nacional. El PUSC aumentó su representatividad de 14 a 16 alcaldías. El partido de gobierno (PAC) bajó su representación de 6 a 4 alcaldías. Es importante mencionar que este partido es el que ha impulsado el proyecto de ley para restringir el derecho a huelga y además ha llevado adelante una reforma fiscal que atenta contra los y las trabajadoras. A esto se suma el anuncio de la Fiscalía de Costa Rica, a fines de febrero, respecto al inicio de una investigación judicial con orden de allanamiento contra el presidente Alvarado, por presunta violación a la privacidad de ciudadanos y ciudadanas.

Peleas en las filas opositoras hacia las elecciones parlamentarias en Venezuela

Como mencionamos en el informe anterior, durante los primeros días del 2020 ya se vislumbraba la profundización de la división de la oposición venezolana, tensa entre la representación que tienen estas fuerzas hacia el interior del país y la que parecen tener en el exterior. Esto se vio con la división de los partidos de oposición y la consolidación y avance de acuerdos de la Mesa de Negociación, un escenario a tener presente al analizar las elecciones que se proyectan este año en Venezuela.

La primera será la elección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para ello se conformó una Comisión compuesta por las distintas fuerzas políticas: el chavismo, el sector de oposición que responde a Luis Parra —quien hoy preside oficialmente la AN—, los diputados aglutinados alrededor de Guaidó y la sociedad civil. Esta comisión deberá seleccionar los nuevos cinco integrantes de la CNE, que serán quienes hagan la veeduría de los comicios parlamentarios.

Según anuncios oficiales, las elecciones a la Asamblea Nacional deben celebrarse entre noviembre y diciembre del 2020, con el objetivo de lograr la «reinstitucionalización» en 2021. Estas elecciones son otro elemento de tensión dentro del escenario opositor, ya que como se logró evidenciar en los primeros días de enero, las diferentes estrategias para hacerse del poder llegan también al escenario electoral. El sector que reconoce a Luis Parra y que se encuentra sentado en la Mesa de Diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro busca consolidar el camino para las elecciones parlamentarias y fortalecer su presencia en la próxima AN. El sector de Juan Guaidó, por su parte, rechaza un escenario de elecciones parlamentarias si no incluye también las elecciones presidenciales y ha anunciado en diversas ocasiones que no se presentaría a los comicios de ser solamente sobre la nueva composición de la AN. Estas acciones dan continuidad al mandato de los Estados Unidos que circuló meses atrás en una nota diplomática que se titula: «Los Estados Unidos requiere el apoyo para las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2020 en Venezuela», como denunció el canciller Jorge Arreaza.

Suspensión y nueva fecha para elecciones municipales en República Dominicana

Para el 16 de febrero estaban previstas las elecciones municipales en Dominicana. Sin embargo, cuando habían transcurrido cuatro horas de la apertura, la Junta Central Electoral decidió suspender la jornada electoral ante un fallo generalizado en el sistema electrónico de votación. De inmediato aparecieron las acusaciones cruzadas entre partidos políticos y el mismo día comenzaron las protestas en la calle, que abrieron un ciclo de convulsión social que llevó a varios días de masivas movilizaciones. En el medio, el Poder Electoral definió la convocatoria a elecciones para el domingo 15 de marzo, bajo el sistema manual.

La crisis política y electoral sucede cuando faltan menos de tres meses para las elecciones generales del 17 de mayo, donde se elegirán presidente e integrantes del Congreso. Las municipales del 15 de marzo, en este contexto, pueden servir para testear la adhesión o rechazo respecto al gobierno y la posibilidad de capitalizar la situación de descontento por parte de otros partidos. Una de las contiendas claves será la de Santo Domingo, la capital, donde la candidata que aparece con mayores chances es Carolina Mejía, integrante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) e hija del expresidente Hipólito Mejía.

Para las presidenciales, las novedades más importantes respecto a otros momentos políticos son la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) —que enfrenta al actual mandatario Danilo Medina, y a su candidato Gonzalo Castillo con el expresidente Leonel Fernández, quien se presenta con su propio partido, Fuerza del Pueblo— y la presentación como candidato de Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, un pequeño partido de derecha. La división del PLD puede favorecer al candidato del PRM, Luis Abidaner, quien por ahora marcha al frente en los sondeos.

Chile hacia una nueva Constitución

A cuatro meses y medio del inicio de las protestas, la situación en Chile parece lejos de calmarse. En el inicio de 2020, la aprobación del presidente Sebastián Piñera sigue cayendo, alcanzando un nuevo mínimo del 9%, según la consultora CADEM, cercana al gobierno. Como contrapartida, el 84% desaprueba la gestión presidencial.

De cara al plebiscito del 26 de abril, convocado por presión de la movilización popular, la consultora estima en 67% el apoyo a una nueva Constitución y en un 27% el rechazo. En relación a la campaña, lanzada a fines de febrero, la oposición a modificar el orden pinochetista proviene básicamente de los partidos a la derecha del arco político, herederos de la dictadura 1973-1990 en sus diferentes variantes. La posición más radical la lleva adelante el Partido Republicano de José Antonio Kast, una fuerza de extrema derecha fundada a mediados de 2019 y legalizada en enero de 2020. Esta formación aspira a crecer sobre las contradicciones de la coalición de gobierno, llamada Chile Vamos, que agrupa a la UDI (Unión Democrática Independiente) y a Renovación Nacional como fuerzas principales y a Evópoli y al Partido Regionalista Independiente como socios menores. Si bien la mayoría de esta coalición se ha mostrado reticente a los cambios y va a impulsar la papeleta del No, existe un conjunto de sectores que corta transversalmente a la alianza y plantea su apoyo a la reforma constitucional, bajo el nombre de «Elijo aprobar».

En el bloque que pugna por reformar la Carta Magna se anota la oposición desde el centro a la izquierda. Esto incluye al Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical (los tres conforman un espacio llamado Convergencia Progresista, post ruptura de la Nueva Mayoría), Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes y el Partido Liberal (que forman el Frente Amplio, en un proceso de crisis y recomposición), la Democracia Cristiana y las fuerzas políticas que formaron recientemente el Comando Apruebo Chile Digno, que reúne al espacio Unidad para el Cambio (Partido Comunista, Partido Progresista, Federación Regionalista Verde Social) con fuerzas que salieron recientemente del Frente Amplio, como el Partido Igualdad e Izquierda Libertaria, además de Wallmapuwen, movimiento que busca el reconocimiento de la nación mapuche.

Sin embargo, este panorama general adquiere aún mayor complejidad y dinamismo cuando se lo mira un poco más de cerca. A la fragmentación en los partidos que ya venían actuando en el escenario previo al inicio de las movilizaciones, hay que sumarle la aparición de varias fuerzas políticas novedosas. Entre ellas se encuentran Fuerza Cultural, el Movimiento por una Constituyente Democrática, el Partido de la Dignidad, Fuerza Común y hasta un Partido Alternativo Feminista, que aspiran a expresar a independientes, en un contexto de alta movilización y también de cierta dispersión, al menos en esta etapa de la campaña.

El posible triunfo del Sí, en este marco político, no permite hacer previsiones firmes sobre el futuro inmediato, aunque es un hecho que el escenario general de Chile se ha visto conmovido como pocas veces en su historia y es difícil una vuelta atrás en los términos del «oasis» neoliberal reivindicado por Piñera apenas unos días antes del estallido.

Luchas sociales y respuestas autoritarias

El golpe de Bukele al Parlamento en El Salvador

Antes de completar siquiera un año en el gobierno, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pasó de su fuerte imagen de campaña como un hombre joven y moderno, hijo de la «antipolítica» y lejano a las tradiciones partidistas en el país, a ordenar al Ejército del país centroamericano ocupar las instalaciones de la Asamblea Legislativa si los y las diputadas no aprobaban la tercera fase de préstamo que había solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $109 millones de dólares y que había sido aprobado en sus primeras dos fases por la Asamblea Legislativa.

Un financiamiento que corresponde a la tercera fase del Plan de Control Territorial, con el que el presidente ha buscado, a través de créditos externos, fortalecer los mecanismos de seguridad y control con un aumento de inversión en el sector, y sobre todo, con una cualificación y compra de numerosos equipos, patrullas, helicópteros, buques y entrenamiento para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la información de que una empresa mexicana dedicada a la producción de tecnología militar de estas características pagó un viaje del director de Centros Penales de El Salvador llamó la atención de los y las diputadas, por lo que varios habían manifestado que votarían en contra de la aprobación de este tercer préstamo.

Bukele llamó a sesiones extraordinarias para el domingo 3 de febrero invocando su derecho constitucional. En los días previos, diputados y diputadas hicieron declaraciones manifestando la irregularidad de esta convocatoria extraordinaria y su posible inasistencia. De inmediato el presidente ordenó retirarles sus esquemas de seguridad policial y militarizó las adyacencias y el interior del recinto de la Asamblea Legislativa. Según diputados de la oposición, la militarización de la Asamblea no sucedió ni siquiera en los gobiernos de la dictadura militar.

El sector privado y la comunidad internacional manifestaron su rechazo a este procedimiento ilegal e inconstitucional y al día siguiente la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, además de instituciones de la sociedad civil, condenaron de forma unánime los mecanismos amenazantes elegidos por Bukele para garantizar la aprobación del préstamo. La misma Fiscalía se comprometió, por pedido del FMLN, a iniciar una investigación sobre los hechos.

A pesar de ello, simpatizantes y seguidores de Bukele y su partido Nuevas Ideas se concentraron frente a la Asamblea apoyando al presidente y manifestándose en contra de los partidos FMLN y ARENA.

La lucha de las caravanas de migrantes en Mesoamérica

El 15 de Enero de 2020 inició la segunda caravana migrante proveniente desde Honduras con el objetivo de llegar a los Estados Unidos atravesando México. Esta caravana es heredera de la primera, en 2018, cuando miles de personas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala migraron masivamente hacia México con el objetivo de llegar a la frontera con EE. UU. Sin embargo, es la primera caravana de estas proporciones que se organiza después del acuerdo firmado entre México y EE. UU. en materia migratoria.

Un acuerdo similar también fue firmado por EE. UU. con Guatemala, El Salvador y Honduras, que ha puesto una serie de trabas e impedimentos a los migrantes para conseguir su objetivo de llegar a territorio estadounidense. La nueva orientación que subyace a los diferentes acuerdos firmados con los países es detener la migración ya no solamente en la frontera México–EE. UU., sino en la frontera sur de México, que limita con Guatemala, acuerdo sostenido sobre argumentos xenófobos y estigmatizadores hacia la población que decide integrar las caravanas a causa de la profunda crisis social y económica que atraviesan sus países de origen.

A diferencia de la caravana de 2018, y producto del Acuerdo Migratorio, durante enero la policía de las distintas fronteras recrudeció su comportamiento hostil frente a los y las migrantes: golpes, detenciones, disparos de gases lacrimógenos y en el caso de Guatemala, trabajadores de la agencia estadounidense que controla la migración, asesoran a la policía y tienen conocimiento sobre todos sus procedimientos y son mucho más estrictos con los controles de documentos.

La segunda caravana migrante salió el 15 de enero desde San Pedro Sula, en Honduras, con más de cinco mil personas. Además de la dificultad con las autoridades, también se encontraron con que la frontera Guatemala–México es ahora una nueva frontera que busca ser impenetrable, ya que parte del acuerdo firmado por AMLO contempla la militarización de la frontera sur para evitar el paso de los y las migrantes, como sucedió de forma consecutiva cuando migrantes intentaron cruzar a través del Río Suchiate y fueron reprimidos por la Guardia Nacional de México.

Luego de la represión, el presidente Trump publicó en su cuenta de Twitter una felicitación al operativo mexicano: «Apreciamos que México haya hecho más de lo que hicieron el año pasado para interceptar a las caravanas que intentan moverse ilegalmente hacia el norte hacia nuestra frontera sur».

Entre los ecos del Paro Nacional y el récord de asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia

Durante enero y febrero se conocieron varios casos donde altos mandos militares del Ejército Colombiano estuvieron implicados en violaciones de Derechos Humanos. Luego de una investigación por el asesinato de un ex combatiente de las FARC en proceso de reincorporación —cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura en abril de 2019—, la Fiscalía ordenó la captura de los militares involucrados. En la investigación se demostró además que el asesinato de Dimar Torres fue una orden que dio el coronel Pérez Amézquita vía Whatsapp al cabo que cometió el homicidio.

A ello se suman las graves declaraciones del coronel activo Álvaro Amortegui Gallego, quien señaló que el general Mario Montoya le ordenó asesinar a 17 civiles que habían sido capturados, con el objetivo de hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate, ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como «Falsos Positivos» con más de diez mil casos de esa naturaleza. El general Montoya ha sido sistemáticamente denunciado por las mismas razones por otros soldados que estuvieron bajo su mando y por las víctimas de dichas ejecuciones.

Adicionalmente, el nuevo Comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, manifestó que el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP adormeció a las tropas y que su desempeño en el nuevo cargo será formar un «ejército juicioso, con un criterio táctico que mire las cosas con objetividad y con cariño». Esta actitud del Ejército Colombiano y el profundo desinterés que ha demostrado continuamente el gobierno de Iván Duque se constituyen como un ecosistema aún más hostil para la lucha social en el país: según cifras de INDEPAZ, desde el inicio del 2020 a la fecha se registra el asesinato de 64 líderes, lideresas sociales y excombatientes. Esto se suma a los más de 800 líderes y lideresas y a los más de 180 excombatientes en proceso de reincorporación asesinados entre 2016 y 2019.

A esta situación hay que agregarle el tratamiento que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está dando a la protesta social. A pesar de haber construido previamente su imagen desde el progresismo, durante los primeros meses de su mandato López ordenó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), conocido por numerosos casos de violación de Derechos Humanos y asesinatos a manifestantes, intervenga en la dispersión de las manifestaciones contra los «vándalos», llegando a justificar agresiones de este organismo contra estudiantes dentro de la Universidad Pedagógica Nacional.

En materia de luchas sociales, después de las grandes movilizaciones que hubo en el marco del Paro Nacional del pasado 25 de noviembre durante diciembre, enero y febrero se convocaron algunas movilizaciones de menor escala pero que le dieron continuidad a las protestas. A fines de enero, el Comité Nacional del Paro se reunió para concretar una agenda de movilización en las principales ciudades, a la que, en determinadas fechas, se sumarán también organizaciones campesinas con un Paro que dificulte el acceso a vías y transporte de alimentos hacia la capital del país. Las jornadas de movilizaciones a gran escala darán inició el 25 de marzo con un nuevo llamado a movilización de los diferentes sectores que componen el Comité Nacional del Paro, dentro del que se encuentran sindicalistas, docentes, estudiantes, organizaciones sociales y políticas, ambientalistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, artistas, entre otros.

En otra dimensión de la escena política nacional, el 28 de enero fue capturada en Venezuela la excongresista colombiana Aída Merlano, implicada en escándalos de corrupción y compra de votos para llegar al parlamento. Merlano, vinculada políticamente al actual partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez, es también una persona cercana a las familias más poderosas de la costa Caribe colombiana, como las familias Char y Gerlein. La excongresista, en declaraciones brindadas en Venezuela, acusó públicamente a estas familias, al Centro Democrático y personalmente al ex presidente Uribe y al actual presidente Iván Duque de ser cómplices de sus delitos y de querer asesinarla luego de su fuga de prisión, ocurrida el 1º de octubre de 2019. Además, afirmó poseer información que probaría la vinculación de Odebrecht y de otros grandes grupos económicos del país en la compra de votos para garantizar la elección de Iván Duque como presidente. Producto de la inacción de la justicia colombiana en esta materia, el representante a la Cámara David Rocero interpuso una denuncia contra el presidente ante la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes.

Persecución y resistencias de la oposición social y política en el Ecuador

Después de la fuerte represión de octubre de 2019, diferentes organismos nacionales e internacionales denunciaron numerosos casos de represión y persecución política.

Respecto de las denuncias de violaciones de derechos humanos en el marco de esas movilizaciones de octubre, la Asociación de Víctimas del Paro «Inocencio Tucumbi», instancia creada alrededor de la CONAIE, anunció la presentación de un recurso ante la Fiscalía por los delitos cometidos por la fuerza pública, ya que ésta no ha iniciado ningún proceso de investigación en relación a las personas que fallecieron producto de las acciones de los uniformados. Esto se refuerza con el informe de la CIDH sobre las protestas, que señala «detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza». La violación de derechos humanos en Ecuador se presenta también en el plano de la libertad de prensa, ya que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), bajo el argumento de «la prestación de servicios en contra de la seguridad nacional», dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal.

Por otra parte, respecto la persecución a la oposición, tanto la CONAIE como los sectores del correísmo continúan siendo perseguidos por el Estado e inclusive, el ex presidente Rafael Correa denunció la persecución judicial de la que es víctima por un supuesto caso de sobornos por el que buscan llamarlo a juicio junto con 20 exfuncionarios de su gobierno.

Movilización y represión en Chile

Al mismo tiempo que continúan las masivas protestas, la represión ordenada por el presidente Sebastián Piñera no cesa. Más de 30 personas han sido asesinadas y cientos han perdido la visión, en una de las facetas más particulares del enfrentamiento del gobierno contra la población en pie de lucha. Hasta mediados de febrero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos cifraba en 10.000 las personas detenidas desde el 18 de octubre del año pasado.

En los últimos días de febrero llegaron al país vehículos lanzagases blindados de origen israelí, parte del equipamiento que adquirió Carabineros a fines de 2019, que incluye también carros lanza agua, equipos para retenes móviles y furgones de transporte de efectivos. Esta operación es consistente con las últimas declaraciones de Piñera, quien no descartó la posibilidad de declarar un nuevo estado de emergencia. «Tenemos más carabineros, mejor preparados, mejor inteligencia, mejor tecnología, más carros lanza aguas», señaló en una entrevista durante los últimos días de febrero.

Las declaraciones del presidente se dieron en el contexto del Festival de Viña del Mar, que estuvo atravesado por intensas protestas fuera y dentro del recinto, incluso desde el escenario. De acuerdo a CADEM, la trascendencia de los hechos en torno al festival aumentó la identificación con las movilizaciones, hasta alcanzar el 66% de adhesión. La misma consultora, en un informe anterior, difundió que Carabineros alcanzó una aprobación del 34%, su registro histórico más bajo, número que incluso puede haber descendido tras los episodios de represión ocurridos en torno al Festival.

Por si algo faltaba, al clima convulsionado que se vive desde hace meses se le agregó en febrero un atentado contra un acto liderado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista). Por el ataque con bomba molotov fueron detenidos dos activistas de extrema derecha, uno de las cuales es hermano de un concejal de Renovación Nacional, uno de los partidos de gobierno. El hecho se suma a un confuso episodio donde otros simpatizantes derechistas —cuatro de los cuales fueron detenidos— aparecen involucrados en la compra de un fusil de asalto AK47 y con un lanzacohetes en su poder. De acuerdo a las escuchas que dieron origen a las detenciones, cuya transcripción es reproducida por medios chilenos, una de las personas «da cuenta que busca obtener más armas con el objeto, supuestamente, de abastecer a terceros para el mes de marzo por el estallido social»7. Esto coincide, por otra parte, con la aparición de movilizaciones en rechazo a la reforma constitucional protagonizadas por grupos de ultraderecha que reivindican explícitamente a la dictadura de Augusto Pinochet, lo cual abre especulaciones respecto a la posibilidad de utilizar grupos de choque de características paramilitares contra las movilizaciones.

Entre el fin del Parlamento y las nuevas protestas en Haití

Luego de un breve impasse que abarcó diciembre del año pasado y enero de este año, en febrero se reactivó el escenario de conflicto social en el país caribeño. En un contexto de ilegitimidad creciente —agravado por el cese de funciones del parlamento desde enero al terminar su mandato y sin elecciones a la vista— y con una grave crisis económica como telón de fondo, a fines de febrero se produjeron enfrentamientos armados entre sectores de la policía, que protestaban por mejores condiciones de trabajo, y el ejército, que respalda al gobierno de Jovenel Moise.

El saldo de los choques, que se desarrollaron en la capital, fue de un soldado muerto y varios heridos de ambos bandos, tras lo cual se abrió un proceso de negociación que tranquilizó al menos provisoriamente la situación, de todos modos muy inestable.

A principios de marzo el presidente Moise anunció la designación de Joseph Jouthe como nuevo Primer Ministro —el cuarto en dos años—, lo que fue rechazado por partidos políticos de oposición. Luego de varios intentos fracasados durante enero y febrero, se espera que en las próximas semanas se retomen negociaciones entre diferentes fuerzas políticas. La situación social es explosiva y las perspectivas de resolución de la crisis son inciertas. Las principales demandas sociales apuntan a políticas económicas que alivien la extrema pobreza, cambios en la Constitución para garantizar mecanismos democráticos y el fin de la intervención extranjera.

Puerto Rico: sismos y movilizaciones ante falta de asistencia a damnificados

En Puerto Rico, bajo dominio colonial norteamericano desde hace más de un siglo, por segunda vez en menos de un año se genera una crisis política de proporciones importantes. En agosto de 2019 las movilizaciones populares llevaron a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Roselló. En su lugar asumió la actual gobernadora, Wanda Vázquez.

A fines de enero, la población salió a la calle y exigió la renuncia de la mandataria, ante la insuficiente ayuda del Estado a las víctimas de la secuencia de terremotos que sacudieron a la isla hacia fines de 2019 y principios de 2020. Si bien la primera respuesta fue la represión policial, a los pocos días Vázquez anunció asistencia para las familias damnificadas. Para calmar los ánimos, al menos por el momento, en la primera semana de febrero la Cámara de Representantes de EE. UU decidió —con la aprobación del bloque demócrata y la oposición de la mayoría de la bancada republicana y del presidente Donald Trump— decidió ampliar el presupuesto de emergencia destinado a la colonia.

Limitan el derecho a huelga en Costa Rica

Durante enero, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, promulgó una polémica ley —aprobada por el Congreso en medio de numerosas manifestaciones populares de rechazo— que fija límites al derecho a huelga y directamente lo prohíbe en los servicios públicos considerados esenciales.

Producto de una importante huelga en contra de los ajustes propuestos por el FMI que hubo en 2018, y que paralizó el país, se presentó este proyecto, que fue finalmente aprobado. El texto declara las huelgas como ilegales y adicionalmente suspende el pago del salario a quienes participen en estos movimientos. Pese a ello, numerosas organizaciones y sindicatos han salido a manifestarse en contra de la aprobación de esta ley regresiva para los derechos de los y las trabajadoras costarricenses.

«Se acabó el recreo» en Uruguay: Mano dura y más poder militar

De la mano del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, que asumió el 1º de marzo, avanza un ciclo de punitivismo en la República Oriental del Uruguay. Ya en la transición, el nuevo ministro del Interior, Jorge Larrañaga, planteó que se viene una época de mano dura «contra la delincuencia». Durante 2019 Larrañaga había impulsado un conjunto de medidas de endurecimiento de penas, que se plebiscitó sin éxito en las pasadas elecciones.

Sin embargo, es un hecho que la «coalición multicolor» que reúne a la derecha uruguaya tomará a la seguridad como un eje central, al menos discursivo, en los primeros meses de su gobierno. Tomando palabras de Guido Manini Ríos —exjefe del Ejército y líder del partido sorpresa en las elecciones, Cabildo Abierto—, «se acabó el recreo», una expresión que sintetiza la aspiración de los sectores más conservadores del país respecto a poner «orden». En este contexto hay que señalar también el ascenso a cargos claves de militares cercanos a este sector, como es el caso del general Gerardo Fregossi, nuevo comandante en jefe del Ejército; y de Marcelo Montaner, jefe del Estado Mayor de la Defensa.

A esto se suma la concepción desarrollada por el flamante ministro de Defensa, Javier García, quien anticipó pocos días antes de asumir que el gobierno analiza el posible retorno de Uruguay a las maniobras Unitas, ejercicios militares coordinadas por el Comando Sur. De igual modo, el ministro también señaló que se reforzará la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad. «El concepto de que las Fuerzas Armadas son la frontera y nada más que la frontera es un concepto viejo, que hace mucho tiempo se dejó atrás, porque defensa y seguridad son conceptos que van atados de la mano, cada uno dentro de su función y de la misión constitucional y legal que tiene cada cuerpo», expresó. En esa línea, también planteó la necesidad de «una estrecha cooperación» entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, «para el desarrollo de tareas de inteligencia, control de las fronteras, control del espacio aéreo y marítimo, antiterrorismo y ciberseguridad».

En perspectiva

Además del nutrido calendario electoral por delante, la evolución de las luchas sociales y el desarrollo de las contradicciones entre proyectos imperiales y emancipadores con sus expresiones en organismos supranacionales que desarrollamos previamente, otros temas presentan importancia de cara al futuro inmediato.

Argentina y la renegociación de la deuda

Un asunto clave para la región es la renegociación de la abultada deuda externa argentina, principal legado del gobierno de Mauricio Macri y que involucra al Fondo Monetario Internacional y a fondos de inversión que tienen bonos en sus carteras. El resultado de estas discusiones tendrá efectos concretos en las posibilidades de revertir la crítica situación económica y social en que se encuentra el país, un objetivo central para el gobierno encabezado por Alberto Fernández.

A casi tres meses de su asunción, el presidente reiteró en su mensaje al Congreso el 1ª de marzo que «no vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de los sueños de los argentinos y las argentinas». Además, anunció que el Banco Central está investigando el proceso de deuda y fuga de divisas. Todo esto sucede pocos días después que una masiva concentración convocada por movimientos populares planteara que «la deuda es con el pueblo», mientras llegaba al país una misión del FMI2. Por la magnitud de la deuda y los actores involucrados, el desenlace también puede configurar un antecedente importante para otros países en el futuro.

Cambio político en Uruguay

Otro tema en desarrollo tiene que ver con los cambios en las políticas económicas y sociales en Uruguay. El nuevo gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, ya presentó un megaproyecto de ley de «urgente consideración» que contiene 457 artículos sobre un amplio abanicos de temas, en general priorizando políticas dirigidas a beneficiar a sectores del poder económico más concentrado, así como a limitar el ejercicio del derecho a la protesta social y laboral.

Paraguay: Itaipú, causa nacional

En Paraguay, un conjunto de organizaciones gremiales, campesinas, estudiantiles y sociales lanzó en febrero la campaña «Itaipú 2023, Causa Nacional», que plantea la necesidad de una amplia discusión del Tratado de la mayor hidroeléctrica del mundo, que comparten este país y su vecino Brasil.

El debate es crucial para la economía de Paraguay y puede ser relevante también para Brasil, puesto que la represa abastece alrededor del 20% de la energía que consume este país.

Hacia las elecciones presidenciales en EE.UU.

Por último, es evidente que las presidenciales en EE. UU. tienen gran importancia para toda la región. Si bien es pronto para aventurar un escenario preciso para los comicios que se realizarán en noviembre de 2020, en los primeros meses del año ya se han desarrollado acontecimientos interesantes, a medida que avanzan las primarias en los partidos Republicano y Demócrata.

En el caso del partido en el gobierno, es un hecho que el candidato será Donald Trump, que es apoyado por el Comité Nacional Republicano y tiene una enorme ventaja sobre sus contendientes. La interna opositora, en cambio, concentra toda la atención por el grado de disputa y en particular por la performance de Bernie Sanders, un fenómeno político singular en la medida en que sostiene un discurso progresista, raro para el bipartidismo norteamericano. Al cierre de este informe se encuentran contándose los votos del llamado SuperMartes, que parecen dejar en carrera solo a Sanders y al exvicepresidente Joe Biden, que representa un ala moderada, afín al establishment del partido.