Subiendo por la Cordillera de los Andes: cambios y procesos abiertos en todo el continente

Resumen

Durante los meses de mayo y junio, los cimientos del continente y el mundo continuaron moviéndose en medio de la disputa global entre la primacía de la vida por encima del capital. De esta manera, la multiplicidad de acontecimientos que relevamos en este Informe #13 nos permiten evidenciar los avances y retrocesos que han tenido los procesos emancipatorios y transformadores de algunos países de Nuestra América, en el marco del segundo año de la pandemia que, lejos de cumplir con lo que anunciaban los programas motivacionales de la televisión vespertina, ha evidenciado la desigualdad, la explotación y el egoísmo típicos del sistema capitalista.

En el marco global, durante estos meses continuó el crecimiento de casos de la COVID-19 en el mundo, pero en particular en América Latina y el Caribe. Con segundas o terceras olas, dependiendo el país, han empezado a desarrollarse diversas campañas de vacunación, y con esto, se ha desarrollado un entramado político e ideológico que, como buena muestra del sistema, ha convertido también un bien de la humanidad en una mercancía. Un ejemplo  de ello es la decisión tomada por EE. UU. de donar vacunas a algunos países latinoamericanos, a excepción de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, frente a esto, la isla de la Revolución ha continuado con el desarrollo y aprobación de sus candidatos vacunales, enviando ya primeros cargamentos a estos países excluidos por razones políticas de los beneficiarios del fondo COVAX, e inclusive Argentina ha iniciado con la producción local de Sputnik V producto de un acuerdo con el laboratorio Gamaleya.

“De la pandemia vamos a salir mejores” planteaban los coach emocionales, pero con la perspectiva de un año después, podemos afirmar que se equivocaron. La primacía de las ganancias y las mercancías sobre la vida no se ve solamente en el mundo de las vacunas y sus patentes, sino también en el del espectáculo, porque para el capitalismo “el show debe continuar”. Durante el mes de junio se desarrolló la Copa América, y algunos partidos eliminatorios para el mundial Qatar 2022, en medio de represiones policiales a las afueras de los estadios, y crisis sanitarias del nivel de Brasil donde, a pesar de tener caos político y epidemiológico con miles de muertos diarios, Bolsonaro recibió con beneplácito la solicitud de la CONMEBOL de tomar la sede de la Copa regional, quitándole lo humano —lo bonito— al jogo.

En ese marco, los pueblos del continente vieron con entusiasmo nacer de nuevo, en los altos Andes peruanos, una esperanza que puede modificar de manera radical el escenario continental anotando un gol a la larga tradición neoliberal de los países del Pacífico: Pedro Castillo obtuvo la mayoría de los votos en Perú, y con él, el pueblo continúa esperando, después de casi un mes del resultado de las elecciones, que lo proclamen como próximo presidente, producto de los intentos golpistas del Fujimorismo y la derecha local que quedaron muy nerviosos después de la victoria del profesor a caballo. En Colombia, ante la enorme movilización nacional que cumplió dos meses en la calle exigiendo -y consiguiendo- reformas estructurales, el gobierno de Iván Duque y el uribismo, no encuentran forma alguna de contraargumentar y ganar la batalla sino a través de mecanismos antidemocráticos de esa democracia extraña que defienden, solo hecha a su medida, con la represión y la sistemática violación de derechos humanos. En Bolivia, los jinetes de esa misma democracia quedaron evidenciados ante el mundo con la investigación de The Intercept, en la cual se probó la planificada estrategia golpista cocinada desde Estados Unidos, con la connivencia y apoyo de países vecinos que llegó incluso al envío de armas, como hizo el ex presidente Moreno de Ecuador. Mientras tanto, Venezuela se prepara para las elecciones regionales de noviembre próximo, en medio de una nueva mesa de negociaciones entre el gobierno nacional, el gobierno de EE. UU. y la oposición realmente existente. Esto último vale la pena resaltarlo, en especial por la figura de Juan Guaidó que continúa, sin ninguna representación ni apoyo en lo nacional, presidiendo un país imaginario.

Bajamos por la cordillera de los Andes hacia el Cono Sur y sus grandes protagonistas en esta edición #13: Chile, que después de haber realizado las elecciones convencionales constituyentes para sepultar la constitución pinochetista, definió que la próxima será redactada por 83 mujeres y 72 hombres, con amplia representación de sectores independientes, pueblos originarios entre otros. Continúa el amplio debate sobre el modelo de país para dejar atrás el lastre neoliberal y apenas comienza la carrera presidencial, que se definirá entre noviembre y diciembre de este año.

Por otro lado, el pueblo brasilero le devuelve lo bonito al jogo, por lo menos en la disputa de calle y en la resistencia contra el genocidio perpetrado por Bolsonaro. Durante estos meses hubo numerosas movilizaciones contra las políticas de gobierno exigiendo vacuna para todos y todas, además del ya enraizado Fora Bolsonaro, entre otra enorme cantidad de razones que van surgiendo a diario para combatir su gobierno, como la denuncia de experimentación de inmunidad de rebaño que intentó a hacer con la población de la Amazonía, o el desarrollo mismo de la Copa América mientras mueren por miles de brasileños/as, producto de la gestión que ha tenido el gobierno respecto a la COVID-19.

Antes de subir desde el sur, en esta edición también profundizamos en los escenarios de Paraguay y Uruguay, donde diferentes movilizaciones contra los gobiernos neoliberales organizan las agendas de la clase trabajadora, que también confluyen en rechazo a las políticas de hambre y desigualdad, en medio de cuestionables medidas sanitarias; y de Argentina donde se abre el camino a las elecciones legislativas de septiembre, en el marco del avance del ritmo de vacunación y la llegada de más cargamentos de vacunas al país.

En Mesoamérica, la crisis migratoria sigue siendo la principal protagonista, y en ese sentido se encuentra el importante lugar que ocupa esta región en la geopolítica de EE. UU. para el continente entero. La vicepresidenta Kamala Harris visitó México y Guatemala y haciendo honor al american way of acting de la zanahoria y el garrote, mientras socializaba modificaciones en la política migratoria y financiamiento a ONG privadas para “evitar que las personas migren”, se desarrollaron durante los meses de mayo y junio más de 180 mil detenciones a migrantes, realizadas por las patrullas fronterizas de EE. UU.

Mientras tanto, en el caso de Guatemala continúan las movilizaciones en exigencia de libertad para los presos políticos; en Honduras se preparan para elecciones presidenciales a doce años del golpe de Estado —financiado por EE. UU.— contra Manuel Zelaya, y en El Salvador incrementan las preocupaciones por el golpe al poder judicial hecho por el presidente Nayib Bukele. Otro predicador demócrata de práctica anti demócrata, que no es lo mismo, pero es igual, como sus vecinos de Panamá y Costa Rica, donde importantes miembros de las clases políticas dirigentes, entre ellos ex presidentes como Martinelli y Varela, deben ir a juicio por cargos de corrupción en el famoso caso Odebrecht, otra conducta no precisamente democrática o respetuosa de las instituciones.

Por otro lado, México tuvo sus elecciones intermedias con resultados favorables al proyecto de gobierno de AMLO pero que dejan algunas alarmas encendidas, especialmente teniendo en cuenta el referéndum revocatorio de marzo del 2022 y las elecciones presidenciales del 2024; y Nicaragua, en el camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre, atraviesa una crisis política en el marco una fuerte polarización entre el permanente asedio e intento de intervencionismo norteamericano, y el endurecimiento de las políticas del gobierno contra los opositores —muchos de ellos financiados por EE. UU.— y el encarcelamiento de algunos de ellos. Frente a esto la OEA —ahí sí, después de guardar un silencio ensordecedor respecto la dramática situación humanitaria en Colombia y la evidente preparación de un golpe de Estado en Perú—convocó a una reunión del Consejo Permanente, donde aprobó una resolución no vinculante sobre el país centroamericano.

El Caribe, con Cuba como ejemplo, continúa llenando de esperanzas a nuestra región. A pesar del bloqueo permanente de EE. UU., y el rechazo del mundo a este asedio, como se demostró en la última Asamblea General de la ONU, donde 184 países votaron el cese de estas medidas, Cuba logró la aprobación de dos de sus candidatos vacunales, Abdala y Soberana 02, como vacunas eficientes contra la COVID-19. Es el único país de nuestra región que logrará no sólo vacunar a su población en su totalidad con una vacuna producida por sus propios científicos —a la fecha ya se encuentra vacunada el 20% de su población—, sino enviar vacunas a aquellos países olvidados por la selectiva donación norteamericana, como es el caso de Venezuela.

En Haití, en el marco de su gobierno inconstitucional, Jovenel Moïse fue asesinado la madrugada del 7 de julio en su residencia. Esto se dio en el marco del aplazamiento del referéndum, y de una crisis política protagonizada por los altos niveles de violencia e inseguridad. En el mes de junio decenas de personas fueron asesinadas, entre ellas ellas la militante feminista Antoinette Duclaire y el periodista Diego Charles. Otra situación humanitaria alarmante sobre la que la OEA guarda ruidoso silencio, al igual que sobre la crisis energética en Puerto Rico y la vergonzosa construcción del muro entre República Dominicana y Haití.

Todos estos cimientos continentales se mueven mientras EE. UU. busca desarrollar y asegurar su geopolítica en nuestra región en medio de su urgencia para recuperar la hegemonía perdida en su disputa con China y Rusia, como si fuera un juego de TEG, continuando con los métodos de desestabilización política mediante el financiamiento de la USAID en países como Nicaragua y México, y su permanente asedio sobre Venezuela y Cuba. En ese marco, Joe Biden participó de la Cumbre del G7, y realizó su gira por Europa en la cual se reunió con Vladimir Putin, a quien pasó de llamar asesino al inicio de su gobierno a considerarlo un interlocutor válido unos meses después.

Frente a esto, América Latina y el Caribe continúa buscando escenarios de encuentro y articulación. De esa manera, durante el mes de junio se desarrolló la acción continental en defensa del medio ambiente frente al capitalismo depredador, el Congreso Bicentenario de los pueblos del mundo en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo —que diera la independencia a Venezuela y asegurara un golpe certero en la campaña libertadora de Simón Bolívar en todo el continente— y la Cumbre de Jefes de Estado del ALBA-TCP con la participación por primera vez del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Por ese mapa de navegación elaboramos este informe #13 del OBSAL, entre las Oficinas Sao Paulo y Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Esta vez, con esperanzas y aires de cambio, también con fuertes alertas y preocupaciones, pero con la certeza enraizada en lo que dijera Salvador Allende mientras se desarrollaba el golpe de Estado perpetrado por la CIA en su contra, en 1973: “La historia es nuestra, y la hacen los pueblos”. 48 años después sí que lo vemos.

La crisis pandémica: consecuencias y políticas

Entre el desenvolvimiento de la nueva ola de contagios y los avances de la vacunación

La nueva ola de expansión de la COVID-19 en la región iniciada en los meses pasados, segunda o tercera según los países y la evaluación que se considere, siguió desplegándose en mayo y en junio con niveles significativos, aunque en general no se alcanzaron los picos de contagio que se registraron en los meses anteriores; particularmente en abril, cuando en muchos países se registraron cifras récord, incluso mayores a las máximas de 2020. De todas maneras, el nivel de contagio y de muertes supuso la reiteración de situaciones críticas, así como de momentos de  desborde de los sistemas de salud, con sus trabajadores fragilizados por el prolongado esfuerzo que supuso más de un año de pandemia y por la precarización estructural resultado de las políticas neoliberales.

En este contexto, con el tercer número de contagiados y el segundo de fallecidos a nivel mundial, a fines de junio Brasil llegó a ocupar el primer lugar en el número medio de nuevos contagios, representando en torno a uno de cada cinco reportados mundialmente cada día. Luego de haber anticipado a nivel regional durante marzo la segunda ola de COVID, desde mediados de junio la curva de contagios inició en ese país otra vez una pendiente preocupantemente ascendente, en un contexto en el que el presidente Bolsonaro reiteraba públicamente su discurso negacionista, criticando el uso de mascarillas o barbijos e, incluso, menospreciando el valor de la vacunación. Siendo a nivel regional la voz más importante del negacionismo, ciertamente el gobierno brasileño no es el único en agitar la defensa de la libertad económica y del libre mercado y desvalorizar la significación de la COVID-19, rechazando las medidas de políticas de salud pública que requiere. También, frente a esta nueva ola de contagios reverdecieron en otros países los extremismos libertarios y negacionistas en el contexto de una creciente gravedad sanitaria.

En relación con la problemática de salud, a principios de junio Perú alcanzó una tasa de mortalidad por COVID-19 de las más altas del mundo. También en Uruguay, en mayo, se registraron una cantidad de nuevos enfermos y fallecidos diarios récord, con un nuevo pico en junio. Por otro lado, a pesar de ostentar una de las tasas de vacunación más altas de la región y de las más altas del mundo, el gobierno chileno tuvo que adoptar reiteradas medidas de aislamiento y restricción de la movilidad en Santiago y otras localidades del país entre mayo y junio, ante el crecimiento de contagios y fallecidos.. También en Argentina, en este mismo período, se restablecieron medidas restrictivas ante el alza sustantiva de casos y fallecidos.

A fines de junio, América Latina y el Caribe representaba un 19,6% del total de los contagios a nivel mundial, cuando su población constituye aproximadamente un 10%; en particular, América del Sur registra una media de contagios diarios por millón de 323 contra 40 en América del Norte, 59 en Europa y 29 en Asia lo que, para algunos analistas, la convierte nuevamente en el epicentro global de la pandemia. Los efectos de la COVID-19 resultan más dañinos si consideramos los fallecimientos: toda la región concentra casi el 30% de las muertes, con una tasa de mortalidad del 3,4%, que resulta la más alta del mundo. En este contexto, el cuadro por país, al 30/6, indica que las situaciones más complejas se están viviendo en Cuba (en el pico de contagios), Colombia (con un 99% respecto del último pico registrado en la curva de contagios), Honduras (93%), Guatemala (90%) y Brasil (85%), siendo que en los cuatro primeros casos así como en Ecuador, Panamá, Nicaragua y México la curva es ascendente.

Por otra parte, en relación con las vacunas, la Organización Mundial de la Salud denunció ya en abril la distribución desigual de las vacunas, señalando que mientras los países ricos concentraban más del 87% de las dosis, los países más pobres solo podían acceder al 0,2% de las mismas. Desde esa fecha, los avances de los planes de vacunación han repetido esa desigualdad. Hacia fines de junio, los países con mayor porcentaje de población vacunada —al menos con una dosis— comprendían fundamentalmente a Canadá, algunos países europeos, Israel, EE. UU. y algunas monarquías petroleras árabes. En ese selecto grupo aparecen también Chile y Uruguay, aunque como ya señalamos, por las políticas sanitarias adoptadas y el tipo de vacuna utilizada,  en ambos países, lejos de reducirse, la curva de contagios experimentó alzas significativas en los últimos meses. Un ejemplo de que solo la vacunación no resulta una respuesta suficiente frente a la pandemia. Considerando solamente el porcentaje de vacunados con una sola dosis, el mapa regional concluido junio -según los datos de One World Data– situaba, luego de Chile y Uruguay, a Argentina (37%), Brasil (35%), Costa Rica (32%),  El Salvador (24.7%), Cuba (24,6%),México (24%),Panamá (23%), Colombia (22,3%), Ecuador (15,8%), Perú (13%), Paraguay (6,4%), entre otros.

La región adquirió a gobiernos y empresas una parte significativa de ese lote de vacunas, otra cantidad importante llegó a través del mecanismo COVAX y una porción menor en calidad de donaciones. El mecanismo COVAX —o Fondo de Acceso Global para vacunas COVID-19— es una iniciativa lanzada en abril de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y Francia, que reúne a gobiernos, la industria farmacéutica, laboratorios y ONG, con la intención de facilitar el acceso a las vacunas a los países con menores recursos o con más dificultades. Sin embargo, COVAX estuvo muy lejos de cumplir con los ambiciosos objetivos que se plantearon en su inicio. En una contribución publicada en la prestigiosa revista The Lancet, el investigador Gavin Yamey de la Universidad de Duke, EE. UU., que trabajó en el diseño de Covax, señaló que fue «una hermosa idea, nacida de la solidaridad», que «desafortunadamente» no dio los frutos esperados porque “los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas de cualquier persona». Similar actitud tuvieron estos países en el marco de la OMC, al negarse a liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 a pesar de las enormes presiones y demandas públicas formuladas por los países del Sur, las coaliciones de movimientos populares y ONG, como analizamos en nuestro informe #12.

Finalmente, a principios de mayo el gobierno estadounidense anunció su disposición a liberar transitoriamente dichas patentes y, la Unión Europa, más remisa, concedió estudiar el tema. Sin embargo, hasta fines de junio nada de eso ha sucedido. Por otra parte, ya en junio el presidente Biden avanzó con su plan de intervenir activamente en el escenario internacional de provisión de vacunas —particularmente en el Sur del mundo—, que hasta ahora había sido ocupado, en gran medida, por los gobiernos de Rusia y China. En esta dirección, a) los primeros días de junio anunció la donación de 80 millones de vacunas. El primer paso fue la entrega de 19 millones al fondo COVAX, de las cuales 6 millones corresponderían a América Latina y el Caribe —aunque excluyó de esa donación a Venezuela, Nicaragua y Cuba—; b) en el marco de la reunión del G7, anunció la decisión de comprar 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para desarrollar un plan mundial de distribución en conjunto con el G7; y c) a fines de junio anunció que además de las que donaría al fondo COVAX, distribuiría 14 millones de vacunas más en América Latina y el Caribe, particularmente a aquellos países considerados “prioridades regionales” entre los que mencionó a Colombia, Brasil y Argentina.

Sin embargo, mientras estas promesas recién comienzan a concretarse, un escenario donde la catástrofe sanitaria se agrava como resultado de la imposición de la ganancia empresarial y del control corporativo del conocimiento científico agiganta el valor de las políticas solidarias en marcha y del desarrollo regional de los recursos tecnológicos para enfrentar la pandemia.

En esta dirección, el esfuerzo latinoamericano para la elaboración y producción local de fármacos lo encabeza claramente Cuba, con el desarrollo de cinco vacunas. En este caso, en la segunda mitad de junio, el gobierno cubano anunció los buenos resultados obtenidos por las dos que se encuentran más avanzadas. En la evaluación del corte de la tercera fase de experimentación, la vacuna Soberana 02 —desarrollada por el Instituto Finlay— mostró, con dos dosis, una eficacia del 62%, mientras que la Abdala —desarrollada por el Centro de Ingeniería y Biotecnología de Cuba— alcanzó un 92,2% de eficacia en tres dosis. En el medio de una campaña internacional de solidaridad para enviar las jeringas y agujas a las que el pueblo cubano no puede acceder por un bloqueo económico que lleva más de 60 años, los avances alcanzados por estas primeras dos vacunas nuestroamericanas plantean la proximidad de su uso en las campañas de vacunación de la isla y de toda la región. En esa dirección, ya a fines de junio llegó el primer cargamento de la vacuna Abdala a Venezuela para colaborar en su plan de vacunación.

Otros avances en la producción local de vacunas también se registraron en estos meses. Por una parte, comenzó la distribución de la producción mexicano-argentina de la vacuna de AstraZeneca. Por otra parte, se inició la primera etapa de la producción argentina de la Sputnik V. Con convenios firmados o en negociación, en los próximos meses posiblemente esta experiencia se replique en otros países de la región. Finalmente, en junio, México anunció una nueva donación de la vacuna de AstraZeneca de fabricación regional, en este caso a Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago; reiterando una iniciativa de solidaridad regional. Finalmente, en una dirección que ya habíamos analizado en el informe anterior, la importación de vacunas por parte de las empresas implicó que en junio, en el marco de la iniciativa colombiana “Empresas por la vacunación”, la corporación Rappi de ese país  anunciara que había adquirido 4.000 dosis que asignaría a sus repartidores en función de la extensión de la jornada laboral y la cantidad de entregas que éstos realizaran.

Sin embargo, el progreso de la vacunación a nivel regional —aún desigual— y las expectativas que plantea en relación con controlar medianamente la epidemia y poder retornar a una situación de cierta normalidad y recuperación económica se confrontan hoy con la amenaza de la llegada y efectos de las nuevas cepas del virus; en particular, de aquella llamada Delta —surgida en la India— que ha probado ser mucho más contagiosa e, incluso parece, más letal. Los riesgos de una nueva ola de contagios en los próximos meses de la mano de estas nuevas cepas no solo suponen un desafío a la salud de las poblaciones y al sistema sanitario, sino que, al profundizar el escenario actual de desigualdad social ya de por sí muy grave, plantean interrogantes sobre el hacer de los gobiernos y de las poblaciones más afectadas por este doble vendaval.

Fútbol, pandemia y neoliberalismo

“La pelota no se mancha”, dijo Diego Armando Maradona en 2001, y nos dejó una frase para poner en jaque las intenciones de apoliticidad de las que se quiere revestir al fútbol desde los medios de comunicación hegemónicos en coyunturas como la que se vivió en junio durante el desarrollo de la Copa América.

El campeonato regional de selecciones de fútbol inicialmente estaba citado para realizarse en 2020 pero producto de la emergencia de la pandemia se aplazó para 2021. Sin embargo, a pesar de que las cifras de COVID-19 son dramáticas en nuestra región, como desarrollamos anteriormente, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió confirmar la realización en junio en el país con las peores cifras producto de la pandemia de toda la región: Brasil.

Inicialmente, Colombia y Argentina iban a ser las sedes del evento futbolístico, pero ambos países renunciaron a ser anfitriones de la competición en el mes de junio. El gobierno colombiano quería aplazar el torneo a noviembre de 2021, alegando que la situación política haría imposible la organización del campeonato, propuesta que no fue aceptada por la Conmebol. Aquí es importante recordar que durante el mes de mayo, en medio de las movilizaciones que se realizaban en el país, los partidos de Junior de Barranquilla versus  River Plate de Argentina y Atlético Nacional de Medellín versus Nacional de Montevideo estuvieron marcados por las numerosas veces que fue necesario suspender la competencia debido al ingreso de gases lacrimógenos a la cancha, afectando a los jugadores. Así como suena: puertas adentro se jugaba al fútbol, mientras afuera la Policía reprimía y desaparecía manifestantes, como sucedía en 1978 en Argentina durante la dictadura cívico-militar.

Estas imágenes se repitieron inclusive justo antes del inicio de la Copa en el partido Argentina-Colombia de las eliminatorias de Qatar 2022, donde centenares de manifestantes afuera del Estadio Metropolitano de Barranquilla se concentraron bajo la consigna “Si no hay paz, no hay fútbol”, rechazando el desarrollo del partido mientras eran reprimidos por la Fuerza Pública. Sobre esto, el periodista inglés Carl Worswick, que se encontraba afuera del Estadio, realizó una crónica de los hechos en los que, por estar tomando fotografías, fue reprimido por la policía. El gobierno argentino, por su parte, producto de la grave situación sanitaria, decidió renunciar a ser anfitrión del evento. Los equipos de Qatar y Australia, invitados para la edición de este año, renunciaron a participar en la competición.

Ante la posibilidad real de un nuevo aplazamiento o incluso de su cancelación, la Conmebol pidió a Brasil que fuera la nueva sede de la Copa América. Como publicó el portal Carta Maior, “la Conmebol canceló primero el torneo en Colombia por colapso político y luego en Argentina por colapso sanitario, para llevarlo finalmente a Brasil donde hay colapso político y sanitario”. Jair Bolsonaro, conocido por su negacionismo ante la pandemia, acompañó con entusiasmo la propuesta. El 1º de junio de 2021, el gobierno brasileño confirmó la celebración del torneo en su territorio con la justificación de que el país ya ha acogido partidos de la Copa Libertadores.

A partir de esta confirmación, surgieron una serie de acontecimientos. El primero de ellos fue la posición contraria de algunos jugadores a la realización de la Copa. Sin embargo, a pesar de haberse manifestado en contra, terminaron participando de la competición debido a que no pudieron llegar a un acuerdo para boicotear el torneo: los jugadores que juegan en el fútbol local ven la Copa América como una posibilidad de firmar contratos y escalar en el fútbol internacional. Por su parte, la posición de la gestión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quedó clara. Además de posicionarse a favor del torneo, ignorando los más de 460 mil muertos de la época, el presidente Rogério Caboclo fue acusado formalmente de acoso moral y sexual por una empleada de la institución y finalmente destituido.

La realización de esta Copa América nos muestra que, en nuestro continente, quienes manchan la pelota —a propósito y sin vergüenza alguna— son los dueños del negocio. A pesar de las crisis múltiples, y particularmente de la dramática situación de Brasil, la Conmebol decidió realizar el campeonato a toda costa, poniendo las ganancias y el capital por encima de la vida.

Los Andes mueven los cimientos (neoliberales) del continente

Perú: “Democracia sí, pero no cuando pierdo yo”

La posibilidad que habíamos mencionado en nuestro último informe sobre lo que sucedería en Perú finalmente, como si fuese parte de una especie de justicia poética y política, se cumplió. El maestro rural, Pedro Castillo, fue electo presidente de Perú con un total de 8 836 197 votos y una diferencia de alrededor de 44 mil por sobre Keiko Fujimori, después de unas largas semanas de registro a cuentagotas de los votos que iban llegando de las zonas rurales del país.

Sin embargo, a pesar de haber ganado, a la fecha de redacción de este informe, a casi un mes de las elecciones y a pocas semanas de la fecha de la asunción presidencial, Castillo no ha sido proclamado presidente por el Jurado Nacional Electoral (JNE). Eso es producto de una serie de mecanismos desesperados de último minuto que la institucionalidad y la derecha local buscan desarrollar con tal de evitar a toda costa que el candidato de Perú Libre llegue a la presidencia. Nuevamente la judicialización de la política apunta contra un proceso democrático cuando los resultados no son a conveniencia de las clases poderosas.

Desde el primer momento en que las cifras fueron irreversibles en darle la victoria a Castillo, Fujimori y los sectores políticos alineados con su candidatura fueron, progresivamente, instalando el relato de un supuesto fraude sin ningún tipo de pruebas y tratando de instalar dudas sobre la transparencia del proceso electoral por las rendijas. A pesar de su clara ilegalidad, buscaron que el JNE extendiera el plazo para presentar pedidos de nulidad y reclamos sobre las actas electorales. Al no lograrlo, iniciaron el ya conocido camino de lawfare en nuestro continente, acusando las elecciones de fraudulentas, planteando la necesidad de repetirlas y apañando iniciativas golpistas, como reveló el excandidato Fernando Olivera con la publicación de unos audios de Vladimiro Montesinos, exjefe del Servicio de Inteligencia de Alberto Fujimori, detenido en la Base Naval del Callao. En esos audios se evidencia su intervención mediante sobornos para interferir en las elecciones a favor de la candidata Fujimori. Todo para desconocer, con su concepción racista y colonial de la democracia, la voluntad del Perú rural que votó masivamente a Castillo, dándole la victoria.

Más allá de las artimañas antidemocráticas del fujimorismo y sus aliados, y el difícil escenario al que se va a enfrentar Pedro Castillo en caso de ser finalmente posesionado como presidente —con una oposición de estas características, sumado a un Congreso donde su fuerza política ocupará muchos menos escaños que el fujimorismo—, vale la pena evaluar algunos elementos que nos permitan comprender la importancia de los resultados electorales: por primera vez en un país de larga tradición neoliberal, miembro de la Alianza del Pacífico y alineado históricamente a los intereses de EE. UU., se eligió por vías democráticas una propuesta de profunda extracción popular y de izquierda, y no precisamente una que pueda llamarse progresista o de centro, sino una izquierda que plantea dentro de sus propuestas políticas la Reforma Agraria y la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Para Daniela Ramos, periodista corresponsal del proceso electoral en Perú, algunos elementos clave que influyeron en la victoria de Castillo y Perú Libre tienen que ver con la crisis política agravada por la pandemia, contexto sobre el cual elaboramos el cuaderno #2 del OBSAL; con la figura misma del candidato Pedro Castillo y su extracción popular como maestro rural y rondero, que “sintetiza muchos elementos identitarios de los sectores populares y eso ha sido un hilo conductor de su campaña”; con su partido, Perú Libre y con la base electoral movilizada permanentemente, que además pudimos ver en las calles defendiendo los votos durante más de diez días seguidos de vigilias a las afueras de la Casa del Maestro. Una de las principales claves —y lecciones— que nos deja este proceso electoral es el rol que juega en este nuevo momento continental la polarización y, en ese marco, la subestimación de algunas propuestas políticas por ser «demasiado radicales», como quedó evidenciado en el caso peruano con el contraste de las candidaturas de Verónika Mendoza y Pedro Castillo.

Sin duda, en Perú nació una propuesta popular y de izquierda que movió los cimientos de la coyuntura continental. Con una agenda priorizada sobre aquellos sectores que parecen viejos e invisibilizados por la política de redes sociales y los mass media, como el campesinado y la clase trabajadora de a pie, y no tan enfocada en los temas que parecieran ser inexorables en lo políticamente correcto del discurso progresista. No es menor que el elemento de campaña de Perú Libre haya sido un lápiz, ni más ni menos, que —como si se tratase de un relato quijotesco— se enfrentaba contra una enorme campaña de estigmatización a través de redes sociales y miles de otras pantallas, contra los que finalmente salió triunfador.

El escenario es aún incierto. Fujimori y la derecha local barajan todos los escenarios posibles, quizás no con el objetivo de lograr robarle a Castillo la presidencia que ganó, sino de fabricar una crisis política para ganar tiempo, negociar su futuro, presionar a la institucionalidad nacional y promover su absolución. Recordemos aquí dos elementos importantes: uno, que como mencionamos en los informes de OBSAL de 2019 y 2020, Keiko Fujimori atraviesa un proceso judicial en el cual se encuentra imputada por recibir dinero ilícito de la constructora Odebrecht, un caso de corrupción, esa misma que tanto enfatizó en combatir durante la campaña. El otro: el escenario característicamente inestable de Perú y su frágil institucionalidad, que desde hace años ha destituido presidentes uno tras otro, por haber estado todos involucrados, también, en casos de corrupción.

Por lo pronto, el pueblo peruano celebra y con él toda la región. Los hombres y mujeres del Perú profundo y rural, de sombrero chotano, pieles oscuras y manos de trabajo eligieron a un presidente de la entraña popular. Para nuestro continente es sin duda una noticia alentadora, que ubica de nuevo, dos siglos después, la esperanza para un cambio continental en las estrellas altas de los Andes de Túpac Amaru.

Movilización permanente, violencia estatal y crisis política en Colombia

En Colombia el paro nacional sigue, alcanzando más de dos meses de movilización permanente. Al día de hoy, y con la dificultad de establecer cifras teniendo en cuenta el nivel y tipo de represión que ha desatado la fuerza pública en el país, las ONG Temblores e Indepaz han establecido que desde el inicio del paro se han reportado más de 4285 casos de violencia policial: 1428 víctimas de violencia física, 70 víctimas de agresiones oculares, 215 víctimas de disparos de armas de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias, y 75 víctimas de violencia homicida, entre otros hechos de violencia cometidos por la fuerza pública y por civiles con la connivencia de los uniformados. A estas cifras se suman las más de 93 personas reportadas como desaparecidas, respecto a algunas de las cuales han sido encontrados sus cadáveres desmembrados, dando cuenta del accionar paramilitar y el modus operandi de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones.

Además de las denuncias realizadas por estas entidades colombianas, se han sumado los informes realizados por Humans Rights Watch, la Misión Internacional de Solidaridad y DDHH, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se denuncian y condenan las graves violaciones a los DDHH cometidas por la fuerza pública.

Las movilizaciones y convocatorias continúan, a pesar del intento mediático de mostrar el “fin del paro” producto de las declaraciones de un sector del Comité Nacional de Paro, compuesto por las centrales sindicales que llamaron a cesar con las manifestaciones. Sin embargo, los sectores del CNP compuestos por las organizaciones y movimientos sociales plantearon la continuación de las movilizaciones y presentaron una hoja de ruta a tal fin, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el escenario político de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2022, pero sobre todo exigiendo al presidente que cese la represión y ordene el alto al fuego contra los manifestantes, exigencias a las cuales el gobierno ha hecho oídos sordos.

En este marco, y para sorpresa de nadie, el nivel de desaprobación del gobierno de Iván Duque aumentó al 74%, según la reciente encuesta publicada por Datexco, cifra que evidencia la profunda crisis política que atraviesa no solo el gobierno actual, sino el proyecto político del uribismo. El país, cansado del modelo neoliberal de guerra, construye alternativas para disputar electoralmente la presidencia en 2022. A pesar de esto, Iván Duque continúa con la propuesta de una nueva Reforma Tributaria muy parecida a la que el 28 de abril desató las inmensas movilizaciones, que continúan hasta el día de hoy.

A las escabrosas cifras de violencia que se han presentado durante el paro nacional, se suman —solo en 2021— 79 líderes y lideresas sociales asesinados por su actividad política en todo el país, 27 firmantes de paz, y 43 masacres que han sido perpetradas por grupos paramilitares diferentes puntos del territorio nacional, sin ningún tipo de repudio o acción preventiva por parte del Estado.

Escenarios de disputa en el marco de la lucha contra el bloqueo y la defensa de la Revolución Bolivariana en Venezuela

Para la prensa hegemónica y los lobbies internacionales, pareciera que si en Venezuela no hay declaraciones del imaginario presidente del país, Juan Guaidó, el tema sale de agenda y solo sirve como comodín para aterrorizar al continente con el fantasma del comunismo. En contraparte, a la sombra del mainstream, la realidad exhibe procesos de resistencia y organización frente a las medidas unilaterales de las cuales es víctima el pueblo venezolano, que en el último tiempo se enfrenta a nuevos desafíos con un gobierno recién llegado de Biden y cerca de las elecciones regionales y locales en noviembre próximo.

Al respecto, para este informe #13, desde OBSAL conversamos con Hernán Vargas, militante del Movimiento Pobladoras y Pobladores de Venezuela y de ALBA Movimientos, sobre los principales elementos de la coyuntura venezolana en el tablero de la geopolítica internacional y las proyecciones y los desafíos para el campo popular al interior de la Revolución Bolivariana.

Por supuesto que la asunción del gobierno de Joe Biden en los EE. UU. impacta en la Revolución Bolivariana en la medida en que se abre el juego de posibilidades sobre la continuación del bloqueo impuesto por el país norteamericano —que ahora abre un nuevo capítulo con el empeño en evitar que Venezuela pueda recibir vacunas contra el COVID en el fondo COVAX— , en el marco de un aparente cambio de táctica vinculado a la política respecto al país caribeño.

Con el evidente agotamiento del libreto desarrollado por Trump desde 2019 de sacar la política del debate combinando estrategias de guerra híbrida sin resultados favorables, ahora se plantea un posible escenario de reconocimiento de las instituciones del Estado. Por un lado, se vislumbra el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro como un posible interlocutor, así como un viraje de la exigencia de supuestas «elecciones libres» (es decir controladas por EE. UU.) a un aparente reconocimiento del proceso eleccionario de noviembre.

En ese marco se viene desarrollando el proceso de diálogo entre el gobierno nacional, el gobierno de  EE. UU., y los distintos sectores de la oposición sin que Juan Guaido sea la figura principal, por una razón muy sencilla: no existe. En Venezuela no es la figura que agrupa o representa a la totalidad de los sectores de la oposición, ni a los empresarios, así como tampoco tiene una base social o electoral clara. A pesar de haber contado con el apoyo total de los EE. UU. desde el 2019, algunas apariciones públicas recientes demuestran que su capacidad de convocatoria es pírrica. Es una figura producida para el extranjero, sin fuerza real en Venezuela”.

Producto del escenario de guerra híbrida, plantea Vargas, se exacerban las contradicciones de un Estado que, aunque ha caminado más de 20 años por un proceso de transformación, aún alberga rémoras de los principales defectos del Estado colonial. En ese marco, en los últimos meses el presidente Nicolás Maduro ha anunciado el desarrollo de una serie de medidas institucionales para combatir la corrupción, impulsando una reforma del sistema judicial para darle un golpe a las mafias de administración de la justicia, que continúan operando en función de los intereses del capital y que han tratado de evitar la profundización de los procesos de socialización de la tierra y de los medios de producción planteados por el proyecto bolivariano.

Frente a este escenario local y geopolítico, se abre una serie de desafíos para el campo popular venezolano:

“En el marco de su búsqueda por recomponer hegemonía, EE. UU. va a continuar con el bloqueo porque necesita tomar el control total de lo que Venezuela significa en términos geopolíticos y energéticos. Pero pareciera estar considerando pasar del bloqueo como punta de lanza para la eliminación del chavismo en el poder político al bloqueo como mecanismo para forzar la reversión de las transformaciones impulsadas, es decir, pasar del escenario de intervención forzada al escenario de la disputa política, por supuesto con el desgaste ocasionado.

Así las cosas, el chavismo se enfrenta con el enorme reto de construir un modo de administración nacional sin depender de la renta petrolera, puesto que esta ha sido demolida por las medidas unilaterales norteamericanas. Este nuevo modo está en plena disputa, entre un proyecto de ley de zonas económicas especiales y un proyecto de ley de ciudades comunales; entre apertura económica, profundización del modelo comunal o una mixtura de ambas.

Mientras tanto, de cara a las elecciones de noviembre, el chavismo busca volver a poner la política en el centro, por un lado intenta lograr el reconocimiento internacional de las mismas vía diálogo y paralelamente llama a postular las candidaturas desde sus bases, habilitando en muchos procesos comunales el espíritu de disputa no solo por las instituciones del Estado sino por el horizonte de la revolución”.

Ecuador en el paso de Moreno a Lasso, de mal en peor

 La buena noticia desde Ecuador es que finalmente, después de cuatro años, finalizó el gobierno de Lenin Moreno, y pasará a la historia como un presidente electo por un programa y armado político que ni bien tomó posesión del cargo se dedicó a traicionar de manera permanente. Moreno termina su gestión con más del 90 % de desaprobación, criticado por los elevados niveles de desempleo y pobreza que deja, así como por su mal manejo de la pandemia de coronavirus, y como si fuera poco, con un escándalo golpista que termina de obligarlo a salir por la puerta de atrás.

El 10 de junio, el ministro de Gobierno Boliviano, Eduardo del Castillo, denunció ante la prensa que Moreno facilitó municiones de guerra y elementos de represión —como gases lacrimógenos, balines y otros— para permitir al gobierno de facto de Añez desarrollar el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. La Agencia Boliviana de Información (ABI) publicó un documento oficial del Ministerio de Gobierno de Ecuador, que prueba el aporte de Moreno a Añez en 5500 granadas y 2949 proyectiles en las fechas del golpe. Después de esta denuncia, el asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán denunció a Moreno ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por estos hechos, que fueron confirmados por la propia comandante general de la Policía Nacional de Ecuador.

La mala noticia para Ecuador es que el cambio parece ser para peor. Antes de la posesión, Lasso ya se había reunido con Iván Duque, quien garantizó el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, y también anunció su interés en profundizar la agenda neoliberal: en un evento organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), dirigida por Mario Vargas Llosa, planteó su interés en duplicar la producción petrolera, poner en concesión las refinerías de gasolinas, impulsar la minería y ofrecer a la iniciativa privada varias áreas estatales. Así las cosas, finalmente Guillermo Lasso se posesionó el pasado 24 de mayo como nuevo presidente de Ecuador.

Una de las primeras medidas del nuevo presidente fue la presentación de un proyecto para reemplazar la Ley de Comunicación aprobada durante el gobierno de Rafael Correa en 2013. Esta ley fue producto de una consulta popular y buscó frenar el alto nivel de concentración que había en los medios de comunicación privados, convirtiéndose en un ejemplo a nivel continental en políticas públicas en la materia. Para Lasso, la ley es una “mordaza” porque fijó una nueva distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y comunitarios.

Finalmente, contrario a su discurso de “libertad de expresión”, parece continuar la persecución política en el país a pesar del nuevo mandato. El pasado 20 de junio, la CONAIE dio a conocer que el expresidente de la Confederación, Antonio Vargas, fue detenido en la Amazonía, antes de la realización de su VII Congreso, por un proceso legal que ya había sido concluído y por el cual Vargas se encontraba cumpliendo sentencia con trabajos comunitarios; a su vez la Confederación realizó su congreso, en el que resultó electo Leonidas Iza como nuevo presidente, representando al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Vale la pena recordar que Iza tuvo una fuerte postura frente a la posición de Yaku Pérez en el marco del desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Bolivia y el camino para conocer la verdad detrás del golpe: intervención estadounidense, financiamiento de la derecha regional y procesamiento de los golpistas

 Después de un año y medio del golpe de Estado en Bolivia, quienes planteaban en su momento que lo que sucedía no era un golpe deben estar a diario avergonzados de sus afirmaciones. Con el paso del tiempo, se va conociendo información que demuestra con mayor detalle los diferentes intereses económicos y geopolíticos que estuvieron detrás del gobierno de facto de Jeanine Añez, y prueban la premeditación de las diferentes acciones políticas, policiales y militares en ese marco.

The Intercept publicó recientemente dos investigaciones que evidencian la clara intervención de Estados Unidos en Bolivia durante el derrocamiento de Evo Morales en 2019 y un fallido intento de golpe en 2020. A partir de llamadas y correos electrónicos intercambiados entre el ministro de Defensa del gobierno de facto de Añez, Luis Fernando López y Joe Pereira, un antiguo administrador civil del ejército estadounidense radicado en Bolivia, entre otras personas, The Intercept logró establecer que el gobierno de Donald Trump amenazó a los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que cuestionaban el informe de fraude de la OEA en Bolivia, y también que un alto funcionario boliviano había planificado usar tropas extranjeras para bloquear el regreso del MAS al poder en 2020.

Según información reproducida por ARG Medios, “la hoja de ruta del segundo plan era llevar mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense fuera de Miami. El objetivo era unirlos con las unidades de élite del Ejército boliviano, escuadrones rebeldes de la Policía y colectivos paramilitares”.

Uno de los principales objetivos del gobierno del MAS en Bolivia desde la recuperación de la democracia en 2020 ha sido realizar la debida investigación y procesamiento de todos aquellos que estuvieron involucrados en el golpe de Estado y participaron de las numerosas violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese marco. De esa manera, la Procuraduría General del Estado presentó ante las Naciones Unidas un informe en el que plantea que hay “puntualizaciones que permiten asegurar que el golpe de Estado en Bolivia fue organizado, planificado y ejecutado por los comités cívicos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, por policías militares y la Iglesia católica”. Sobre esta última, se conoció que la misma Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) envió un informe al Papa Francisco, en el que los obispos justifican el golpe citando como fuente el informe de la OEA, comentan una reunión privada que tuvieron con Añez días antes de posesionarse como presidenta de facto y hasta plantean que las masacres de Senkata y Sacaba fueron una especie de daños colaterales de la “pacificación”.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia presentó un listado con los exministros del Gobierno de facto que serán citados a declarar ante el Ministerio Público por los tres decretos firmados para la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y por las masacres cometidas en las protestas durante 2019 y 2020.

El Cono Sur, entre la expectativa por Chile y el asombro permanente por Brasil

En el Cono Sur, los hechos más importantes del período vuelven a estar en Brasil y en Chile. No exentos de acontecimientos políticos, aunque con menor intensidad, también se registran hechos interesantes en Argentina, en Paraguay y en Uruguay.

Brasil en su laberinto

El fortalecimiento de Lula y las manifestaciones

La imagen de Lula ha ganado mucha fuerza en los últimos dos meses. Además de que el tribunal declaró sospechoso a Moro para juzgar los casos del expresidente, Lula fue declarado inocente el 21 de junio en otro caso: la llamada Operación Zelotes. El Ministerio Público denunció que empresas de la industria automovilística habían ofrecido R $6 millones a Lula para la edición de una medida provisional que ampliaba las exenciones fiscales para el sector. Las acusaciones resultaron ser totalmente infundadas y Lula fue declarado libre de otra demanda.

En el escenario electoral, el candidato presidencial brasileño sigue mejorando su desempeño. En una encuesta de Datafolha, publicada el 12 de mayo, en una posible segunda vuelta, Lula aparece con el 55% de los votos contra el 31% de Bolsonaro. En este mismo escenario, la encuesta de XP Investimentos, publicada el 11 de junio, mostró a Lula con un 45% de intención de voto frente al 36% de Bolsonaro, un aumento significativo, ya que en la encuesta de la empresa de mayo, Lula aparecía con un 42% y Bolsonaro con un 40%. La encuesta del IPEC, divulgada el 24 de junio, señaló que Lula sería elegido en primera vuelta con el 49% de las intenciones de voto frente al 23% de Bolsonaro. La misma encuesta mostró que el índice de rechazo a Bolsonaro aumentó del 39% al 49%.

Los resultados de las encuestas coinciden con lo que ha ocurrido en las calles en los últimos dos meses. Por un lado, la manifestación con mayor apoyo a Bolsonaro, una concentración de motos el 12 de junio en São Paulo, no tuvo la adhesión publicitada por los medios de comunicación bolsonaristas. Por otro lado, los actos contra el gobierno tuvieron una adhesión significativa. El 29 de mayo se produjeron protestas por #FORABOLSONARO, que sacaron a la calle a unas 420.000 personas en más de 200 ciudades del país y en otras 14 ciudades del mundo. La agenda fue ganando fuerza con el paso de los días, y el 19 de junio la manifestación fue mayor. Se calcula que tuvo lugar en 427 ciudades brasileñas y en otras 17 ciudades del mundo, sacando a la calle a unas 750.000 personas. La manifestación del 3 de julio no se limitó a los frentes de izquierda, también contó con la adhesión de sectores de centroderecha, como es el caso del PSDB.

La permanente inestabilidad política en Brasil: la CPI y los militares

El debilitamiento de Bolsonaro que muestran las encuestas está en parte relacionado con el desarrollo de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre COVID-19. El gobierno está sufriendo su mayor desgaste hasta ahora, acabando de una vez por todas con la imagen de que sería un gobierno de moralidad, que lucharía contra la corrupción. En el Informe #12 habíamos señalado que la CPI podía funcionar como una ventana para impulsar las luchas en las calles de los grupos progresistas por el #FORABOLSONARO. Podemos decir que esto ocurrió, porque las manifestaciones del 29 de mayo, 19 de junio y 3 de julio fueron numerosas.

Hasta ahora el testimonio de la CPI señaló cosas muy graves. Entre lo que se dijo podemos destacar: el Gobierno de Bolsonaro tenía un concejo paralelo para combatir la pandemia, que no necesariamente siguió a la OMS y a la ciencia en general; el Gobierno de Bolsonaro utilizó el estado de Amazonas como un experimento de inmunidad de rebaño a la COVID-19, también utilizó la cloroquina como un medicamento para el tratamiento temprano y en el tratamiento de la enfermedad en sí. Estas acciones explicarían, en parte, el colapso del sistema de salud pública del Estado (que ocurrió dos veces), la falta de oxígeno y los miles de muertos. La calificación de genocida para Bolsonaro cobró más fuerza después de estos episodios; El gobierno de Bolsonaro intentó cambiar el prospecto de la cloroquina, con la intención de incluirla como tratamiento para la COVID-19, sin evidencia científica; ignoró las cartas y correos electrónicos de Pfizer para la compra de vacunas, que podrían haber anticipado y acelerado el proceso de vacunación en el país; rechazó las ofertas de la vacuna CoronaVac; sabía de antemano de la falta de oxígeno en el estado de Amazonas, pero no hizo ninguna intervención. Además, presuntamente presionó a un servidor para acelerar los procesos de compra de la vacuna india Covaxin. Era la única vacuna que Bolsonaro habría pedido para acelerar la compra. Otros indicios que hacen que el caso sea más sospechoso son que Anvisa no haya autorizado la importación de la vacuna en el periodo de la compra; y que el coste unitario de la vacuna Covaxin sea el más caro entre todos los que compró el gobierno.

El día 28 de junio, algunos senadores pidieron al Supremo Tribunal Federal (STF) que abriera una investigación contra Bolsonaro por un presunto delito de prevaricación. Aquí entra otra «función» de la CPI sobre la COVID-19, que también señalamos en el último informe como una posibilidad de hacerse efectiva. Sería una justificación legal, socialmente aceptada, para la destitución. Esto también se materializó, queda por ver cómo se desarrollarán los próximos episodios, si el caldo de cultivo para el impeachment se fortalece y la Cámara de Representantes abre al menos uno de los más de 120 pedidos de destitución. Como decíamos en el informe #12, las intenciones de las clases dirigentes, en este caso, están ocultas. Aunque se haya adelantado la posibilidad real de la caída de Bolsonaro, aún es demasiado pronto para afirmar que esto realmente ocurrirá.

Otra posibilidad, apuntada por Mauro Iasi en su Café Bolchevique, es pensar a la CPI como herramienta para desgastar a Bolsonaro hasta 2022. La idea es que Bolsonaro llegue debilitado al punto de no llegar a la segunda vuelta. Hasta entonces, se forjaría una candidatura de derecha o centroderecha, al servicio de los intereses de las clases dominantes, pero con una apariencia de orden y control, algo que Bolsonaro no tiene, y precisamente por eso nunca ha sido el candidato preferido del gran capital. Por otro lado, esto no anula la posibilidad de que Bolsonaro resista esta crisis política y llegue con fuerza a 2022. Si la pandemia se enfría y la economía muestra signos de mejora, esto también es plausible.

En el ámbito militar, lo más destacado fue la no sanción al general Eduardo Pazuello, exministro de Salud, por haber participado, el 23 de mayo, en un acto político a favor de Bolsonaro. El hecho supone una infracción de la disciplina, ya que según el Estatuto de las Fuerzas Armadas está prohibido que el personal militar activo se posicione políticamente en público. El 24 de mayo, el vicepresidente Hamilton Mourão dijo que era probable una sanción para Pazuello. Sin embargo, esto no ocurrió. Celso Amorim, exministro de Defensa durante el primer gobierno de Dilma Rousseff, caracterizó la situación como extremadamente grave: «El Ejército es una institución estatal, no gubernamental. Así que la gente de allí tiene que obedecer la Constitución, la ley y los reglamentos. Lo que ocurrió, obviamente, fue una falta de respeto al reglamento”. Este hecho se suma a muchos otros de Bolsonaro faltando al respeto a las instituciones. Todavía no se puede descartar la posibilidad de una mayor actitud de ruptura por parte de Bolsonaro. Sigue defendiendo la papeleta impresa, habla del fraude en las urnas electrónicas y, en este episodio, mostró cierto poder en la relación con los militares. El escenario sigue abierto y las posibilidades están dadas.

El proyecto de destrucción social de Bolsonaro continúa

Un elemento clave para entender el gobierno de Bolsonaro es su objetivo destructivo. Es importante recordar un discurso del actual presidente al inicio de su mandato, el 17 de marzo de 2019 durante una cena con líderes conservadores en EE. UU., en el que dijo: «Brasil no es un terreno abierto donde pretendemos construir muchas cosas (…). Tenemos que des-construir muchas cosas».

Las acciones dirigidas a la destrucción del Estado y a la extinción de cualquier regulación que sea un obstáculo para los deseos del capital son constantes en el gobierno de Bolsonaro. En los últimos dos meses, el área medioambiental volvió a estar en la agenda del proyecto destructivo. Ricardo Salles, entonces ministro de Medio Ambiente, dimitió de su cargo el 23 de junio. Objetivo de investigaciones relacionadas con el comercio ilegal de madera, su gestión estuvo marcada por los registros de deforestación e incendios. A pesar de la dimisión de Salles, en los últimos dos meses se ha avanzado mucho en la destrucción del medio ambiente. El 13 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley (PL) 3.729, que prevé cambios en la Ley de Licencias Ambientales. El proyecto flexibiliza los requisitos de las licencias ambientales para varias actividades. Las obras de mantenimiento de carreteras y puertos, el saneamiento básico y la distribución de electricidad de baja tensión ya no requerirían licencia. Ciertas actividades agrícolas y ganaderas y las actividades mineras en pequeñas presas con fines de riego estarían exentas de licencia. Para entrar en vigor, el proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado.

El mismo día en que Salles renunció, la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara aprobó el proyecto de ley 490/2007, que será enviado a las cámaras legislativas para su votación y, si es aprobado, para la sanción presidencial. El proyecto de ley es un claro ataque a los pueblos nativos y a los bosques. Hace inviable la demarcación de las tierras indígenas, ya que establece una marca temporal, que prevé que las demarcaciones de tierras solo se harán para las ocupadas hasta el 5 de octubre de 1988 (fecha de la promulgación de la Constitución). Las zonas ocupadas después de esa fecha no podrán ser delimitadas.

Las marcas de la destrucción del Estado, en el bimestre mayo/junio, fueron las contingencias y la reducción de fondos para las universidades federales y la aprobación de la privatización de Eletrobrás. Por la ley de presupuestos de 2021, se impuso una reducción del 16,8% de los recursos de las universidades federales, que afecta principalmente a la docencia, a la investigación de interés social, incluida la relacionada con la salud, a las becas para estudiantes de bajos ingresos y al funcionamiento básico de las universidades (luz, agua y limpieza). Además, hubo un bloqueo del 13,8% de los fondos para todas las universidades. En mayo, el decano de la Universidad Federal de Río de Janeiro anunció que la institución cerraría sus puertas debido al recorte. Después de este anuncio, el gobierno liberó 142 millones de reales, que sostienen a la Universidad solo hasta septiembre. El 21 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la privatización de Eletrobrás, la empresa estatal responsable de generar el 30% de la energía del país. La agenda está avanzada, pues ya fue aprobada en el Senado, y solo resta la sanción presidencial. El proyecto de destrucción del Estado tiende a avanzar en los próximos meses. Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, anunció el 24 de junio que su idea es votar la privatización de Correos y la Reforma Administrativa, que entre las cosas previstas hasta ahora, acaba con la estabilidad de los trabajadores.

El ritmo de la marcha del proyecto bolsonarista de destrucción se acelera. A pesar de las buenas noticias para el contexto de las elecciones de 2022, todavía hay un largo camino que recorrer. Si centramos nuestra atención sólo en esto, el proyecto Bolsonaro pasará y no quedará nada al final de este gobierno. De ahí la importancia de las manifestaciones en las calles, porque el juego de las clases dominantes es ahora. Obviamente, también hacen sus cálculos a mediano y largo plazo, pero son plenamente conscientes de las oportunidades institucionales que les ofrece la situación. Para avanzar en sus agendas, el escenario de las crisis políticas repentinas y/o el medio millón de muertes por la pandemia no son necesariamente obstáculos, sino que pueden actuar como cortina de humo para que sus designios pasen desapercibidos.

Chile: de los tres tercios a los cuatro cuartos

La situación política en Chile está atravesada por la continuidad del calendario electoral, a su vez estrechamente vinculado a la crisis política que sacude al país desde octubre de 2019. Así, el fin de semana del 15 y 16 de mayo se realizaron las elecciones para convencionales constituyentes, para gobernaciones y para alcaldías. En el caso de las gobernaciones, en su mayoría debieron concurrir a un balotaje el 13 de junio. De conjunto, la primera conclusión que salta a la vista es que las elecciones confirmaron la baja en popularidad por parte de la derecha. Esto se da en el marco de un fortalecimiento de la izquierda partidaria, la irrupción de un amplio y heterogéneo sector independiente y una crisis no exenta de oportunidad para el centro político, en un contexto de alta incertidumbre y un escenario abierto de cara a las presidenciales y legislativas de noviembre. De manera que el esquema de “tres tercios”, presente en el sistema político chileno desde hace algunos años —a partir de la aparición del Frente Amplio y la ruptura del bipartidismo—, ahora se convierte en uno de “cuatro cuartos”.

En las elecciones para constituyentes, la alianza entre la coalición gobernante Chile Vamos y el Partido Republicano de Kast no logró su objetivo de controlar un tercio de la asamblea y apenas alcanzó 37 escaños, el 21% del total de 155 integrantes de la Convención. Los restantes lugares se los reparten las fuerzas de la izquierda hacia el centro, por lo que cabe suponer que la nueva Constitución que emerja del proceso de debate incluirá modificaciones sustanciales a la norma fundamental. Sin embargo, ese universo está atravesado por diferencias y matices.

De un total de 118 escaños, 28 corresponden a la Lista Apruebo Dignidad, que expresa la alianza de partidos de izquierda (con el Frente Amplio y el Partido Comunista como principales agrupamientos). Otros 25 lugares a la lista del Apruebo, que expresa al espacio de la ex Concertación, con el Partido Socialista y la Democracia Cristiana como las principales formaciones. Por último, y esa es la novedad más importante, hay 65 lugares que no serán ocupados por integrantes del sistema político actual: además de 17 bancas reservadas para los pueblos originarios, otras 48 serán ocupadas por agrupamientos que hasta el momento se presentaron como “independientes”. De ellos, 26 pertenecen a la Lista del Pueblo, que en principio parece ubicarse más a la izquierda, y otros 11 a Independientes por una Nueva Constitución, más hacia el centro político. Los restantes 11 lugares se repartieron entre otras candidaturas independientes, en general con base regional.

En total, la nueva Constitución será escrita por 83 mujeres y 72 hombres. Se espera que el debate incluya los principales problemas de la sociedad chilena, incluyendo algunos temas que han sido dejados de lado por el modelo neoliberal surgido del pinochetismo, como es el caso de los problemas ambientales. Respecto a esto, a principios de junio 33 constituyentes de diferentes orígenes políticos firmaron una declaración común que incluye, entre otros puntos, la “desprivatización de todos los elementos vitales naturales (agua, glaciares, semilla, aire, bosques, mar, subsuelo, entre otros), en particular el agua”, “la defensa de la soberanía alimentaria”, el impulso al “principio de justicia intergeneracional y climática” y el tránsito a “un nuevo modelo económico postneoliberal y post extractivista, en armonía con la naturaleza y al servicio de las comunidades, con medidas concretas de rescate y promoción de las economías locales, solidarias, feministas, territoriales y ancestrales”.

Por otro lado, salvo en el caso de tres regiones —Aysén, Magallanes y Valparaíso—, las gobernaciones tuvieron que ser definidas en una segunda vuelta electoral el 13 de junio. En total, de 16 gobernaciones, la alianza de derecha Chile Vamos solo obtuvo una —la de Araucanía— y con un candidato nominado como independiente. A diferencia de las de constituyentes, en estas elecciones el espacio triunfador fue el identificado con la centroizquierda, con 10 gobernaciones. El Frente Amplio alcanzó dos gobernaciones, entre ellas la de Valparaíso, con el triunfo de Rodrigo Mundaca, conocido militante ambientalista e integrante del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA). Mundaca había ganado como independiente las primarias organizadas como Frente Amplio. El Partido Ecologista Verde, hasta hace unos meses integrante del FA, dio la sorpresa al ganar la gobernación de la región de Coquimbo con la candidata independiente Krist Naranjo. Por último, cabe señalar también que el Frente Amplio estuvo muy cerca de ganar la gobernación de la Región Metropolitana, que concentra aproximadamente el 40% de la población del país: Karina Oliva dio la sorpresa en primera vuelta al ubicarse en segundo lugar; en segunda vuelta hizo una buena elección (47,3%) pero no le alcanzó para derrotar al democristiano Claudio Orrego (52,7%), que concentró los votos desde el centro hacia la derecha. En otro dato significativo, en mayo la población de Santiago de Chile eligió como alcaldesa a Irací Hassler, del Partido Comunista.

De cara a las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre, el escenario está extremadamente abierto, aunque tiene una primera parada en las primarias del 18 de julio. A esta instancia solo han inscripto precandidaturas la derechista Chile Vamos —con Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Independiente)— y la lista Apruebo Dignidad, que lleva como precandidatos a Daniel Jadue (PC) y a Gabriel Boric (Frente Amplio).

En medio de un intenso debate al interior de Unidad Constituyente (ex Concertación), este sector todavía no tiene definida la forma en que resolverá su candidatura. Hasta el momento, se alistan Carlos Maldonado, del Partido Radical; y Paula Narváez, del Partido Socialista, a quien apoyan también el Partido por la Democracia y el Partido Liberal. La otra fuerza importante de este espacio, el Partido Demócrata Cristiano, se encuentra en crisis y debate: luego de intentar la candidatura de Ximena Rincón, declinó tras los malos resultados de mayo. A pesar de esta situación, que se expresa en que no tiene aún candidatura confirmada, podría tener una carta importante a su alcance: la presidenta del Senado, Yasna Provoste, suena como posible candidata y si llega al balotaje puede resultar una adversaria de peso para cualquier otra candidatura, sea porque aglutine a un electorado de derecha contra la posibilidad cierta del triunfo de la izquierda (como pasó en junio con la gobernación de la Región Metropolitana), o por el contrario, que aglutine votos a su izquierda si es que tiene que enfrentar a un candidato de la derecha, escenario que de todos modo hoy parece improbable.

Por otro lado, hay que considerar también la eventual candidatura de la periodista Pamela Jiles, ligada al Partido Humanista. Y además es muy probable que algunos sectores independientes que obtuvieron muy buenos resultados en las elecciones de mayo —como la Lista del Pueblo— presenten candidaturas propias, con alcance electoral incierto pero con segura incidencia, como ya quedó demostrado. De modo que esta trama tiene un proceso muy complejo en cada segmento del sistema político y un objetivo común para todo este arco de candidaturas: alcanzar el primer o el segundo lugar el domingo 21 de noviembre, para llegar a la segunda vuelta del 19 de diciembre.

Se abre —o mejor dicho continúa, desde octubre de 2019— un amplio debate sobre el modelo de país, que también incluye la participación electoral. Con toda su importancia, las elecciones de mayo no lograron la participación de la mitad del padrón (solo el 41,51%), y la segunda vuelta de las elecciones a gobiernos regionales el 13 de junio ni siquiera alcanzó el 20%. Los meses por delante, de plena campaña, estarán además marcados por la dinámica y los debates de la (potencialmente) histórica Asamblea Constituyente, que comenzó a funcionar el 4 de julio. Como un símbolo del nuevo tiempo, la Asamblea eligió como presidenta a una mujer mapuche, Elisa Loncón.

Argentina, hacia las elecciones de medio término

En Argentina, la coyuntura política está cada vez más atravesada por la carrera hacia las legislativas, que fueron postergadas para noviembre, pero que tienen una primera parada en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), en septiembre. De cara a ese cronograma, las fuerzas políticas debaten las listas, que se presentarán el 24 de julio. En el caso del Frente de Todos, por ahora no parece haber grandes conflictos entre sus múltiples agrupamientos. En cuanto a la principal oposición por derecha, Juntos por el Cambio, diferentes sectores internos se disputan las listas y el tono del discurso, que va desde una posición más dialoguista o moderada hasta una más extrema.

En este contexto, desde el comienzo de la pandemia a diario se reproducen polémicas que recorren las redes sociales y los medios de comunicación y tienen que ver con las vacunas y los enfoques geopolíticos, con la oposición realizando abiertamente campaña a favor de la compañía Pfizer, que pretende cambiar una ley para evadir responsabilidad por eventual negligencia. Respecto a la pandemia, la novedad del período es que en medio de fuertes presiones, el gobierno decidió endurecer las restricciones durante los últimos días de mayo, razón por la cual logró bajar los casos, aunque a la fecha de cierre del informe todavía continúan muy elevados. En contrapartida, una buena noticia es el avance en el ritmo de vacunación, que a fines de junio alcanza a alrededor del 35% de la población al menos con una dosis. Se estima que esto se verá reforzado por el comienzo de la producción de Sputnik V en el país, ya en proceso; a lo cual se le suma la posibilidad de convenios entre Cuba y Argentina para producir la vacuna en el país sudamericano.

En el plano económico, la situación de las mayorías populares continúa en terapia intensiva: los salarios pierden contra la inflación desde 2018 y el empobrecimiento general y la pandemia golpearon severamente los ingresos de la economía popular. Por esta razón, uno de los temas principales es controlar los aumentos de precios. El gobierno había previsto el 29% de inflación para este año pero cuando ya pasaron seis meses, este número suena improbable: un estudio calcula que el índice de enero a diciembre de 2021 será del 47%. En este marco, los sindicatos están negociando aumentos nominales superiores al 45% y en general con cláusulas de revisión para prevenir mayores aumentos de precios.

Una de las políticas en este sentido durante el período fue la prohibición de exportar carne, que rigió desde el mes de mayo hasta fines de junio, cuando el gobierno anunció que se flexibilizaría la medida, quedando solo la restricción para los cortes más populares. A su vez, se fortalecieron las medidas de precios promocionales para algunos productos, entre los que también se encuentran algunos cortes de carne.

Las medidas de intervención en el mercado encontraron el rechazo de los medianos y grandes empresarios del sector. Otros productores agropecuarios, en cambio, proponen mecanismos de regulación para priorizar el abastecimiento del mercado interno. Por ejemplo, Elsa Yanaje, del MTE Rural, plantea que “es fundamental que el Estado incida en la producción”. De acuerdo a la referente de esta organización, que agrupa a productores y productoras familiares, hacen falta políticas públicas para el acceso a la tierra, con el objetivo de producir “alimentos sanos, de calidad y que garanticen una vida digna”. El debate es amplio y no se reduce al campo. Respecto a la llamada “Pampa Azul” —el inmenso y poco aprovechado litoral marítimo argentino, que cobra cada vez mayor importancia estratégica aunque está subrepresentada en los principales debates— hay disyuntivas similares, como propone el cuaderno especial ¿Argentina de espaldas al mar? Extractivismo pesquero, imperialismo y soberanía organizado por el Colectivo Socioambiental del Instituto Tricontinental.

La apropiación transnacional y destrucción de los bienes ictícolas comunes es asimismo la contracara de las dificultades de alimentación que sufre buena parte de la población de nuestro país (e incluso, de las condiciones precarias de los trabajadores del sector). En este punto, la cuestión social y la ambiental dejan de configurarse escindidas y opuestas –como lo promueven las racionalidades capitalistas e imperiales- para articularse en la proposición de alternativas a este extractivismo pesquero, y  aportan así una dimensión de programáticas imprescindibles para la soberanía alimentaria.

La situación está atravesada a su vez por el peso de la deuda externa, que el gobierno de Macri dejó a fines de 2019 en el 90% del PBI. En este plano, un dato importante es que a fines de mayo el gobierno anunció un acuerdo con el Club de París respecto a las condiciones del pago de la deuda. Mientras, continúa la negociación con el FMI por la deuda de 46 000 millones de dólares, cifra récord del organismo.

Por otro lado, uno de los debates importantes que amaga con instalarse es sobre la necesidad de reforma del sistema de salud, actualmente basado en la concurrencia fragmentaria entre el sector público, el sector privado y el sistema de obras sociales sindicales. El 14 de junio, Cristina Fernández de Kirchner participó en un acto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y entre otros temas destacó la necesidad de un Sistema de Salud Integral, propuesta que tiene una elaboración programática en sectores cercanos a la ex presidenta (y actual vicepresidenta). De acuerdo a un documento que se conoció a partir de este debate, se trataría de “un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva”, que permita atender nuevas pandemias o emergencias de esa magnitud con mayor coherencia y capacidad de respuesta. Desde el sector privado, voceros ligados a empresas de servicios de salud —algunos que entre sus actividades también poseen medios de comunicación— rechazaron la propuesta.

Respecto a los derechos civiles, a fines de junio se dio un avance importante, con la sanción de la ley de cupo laboral para personas travestis, trans o transgénero, quienes tendrán derecho al menos al 1% de los puestos en el Estado. Su contracara es la continuidad de la prisión política para referentes como Milagro Sala, quien en julio cumple dos mil días presa. Por esta razón, desde la organización Tupac Amaru informaron que realizarán una semana de protestas entre el 6 y el 11 de julio, que consistirá en la instalación de dos mil carpas en plaza de Mayo exigiendo la libertad de la dirigente social y el cese de la persecución por parte del gobierno provincial, encabezado por Gerardo Morales (UCR-Juntos por el Cambio).

En otro tema importante, sobre el cierre de esta edición el gobierno otorgó a un ente estatal, la  Administración General de Puertos (AGP), la concesión de la denominada Hidrovía Paraná Paraguay por 12 meses. Como ya informamos en ediciones anteriores, se trata de un debate estratégico al interior de la coalición gobernante: si el Estado recupera en forma permanente el control de sus vías navegables puede avanzar en otros temas conexos igualmente relevantes, como la fiscalización de las exportaciones. En principio, la medida es temporal: no implica una reestatización, sino una pausa en la concesión “hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada por el Decreto N° 949/20”.

Uruguay: paro y firmas contra la LUC

En Uruguay, en un marco de mayor tranquilidad política, aparecen igualmente señales de rechazo a la política de Luis Lacalle Pou. El 17 de junio el PIT-CNT realizó el primer paro general contra el gobierno de la “coalición multicolor” que agrupa desde el centro hacia la derecha. La central sindical planteó propuestas concretas “contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en solidaridad con 15 profesoras y profesores de San José separados de su cargo y en defensa de la vida”. Entre estas propuestas se encuentran programas para fortalecer el empleo —especialmente el juvenil—, las políticas de cuidado y los ingresos de las pequeñas y medianas empresas nacionales a través de mayor inversión pública y una política que privilegie el “compre nacional”. En la carta, en la cual se analizó la situación del país, la dirigencia gremial incluyó también una crítica a la política de “caminar fuera del MERCOSUR”, entendiendo que esto “profundizaría aún más su especialización primaria y perjudicaría la ya escasa generación de valor a nivel nacional”.

A su vez, el PIT-CNT junto a un amplio arco de espacios políticos y sociales se encuentra en la campaña por un Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), ley ómnibus que organizó las políticas centrales del gobierno desde sus inicios en 2020. En el marco de la jornada de paro general, se instalaron 600 puestos para recolectar firmas. Al 22 de junio, se habían reunido más de 572 mil firmas. El objetivo es alcanzar las 700 mil para el 8 de julio, que habilitaría la convocatoria a un Referéndum en diciembre de 2021. En este contexto, a fines de junio el ex intendente de Rocha, el frenteamplista Aníbal Pereyra, denunció que el día del paro la Policía realizó un operativo ilegal de seguimiento a militantes que participaban en la campaña de juntada de firmas.

Otro tema de importancia en el período es el debate sobre la sanción de una nueva ley de Medios. Su tratamiento estaba previsto para principios de junio pero se pospuso por desacuerdos dentro de la propia coalición de gobierno. El proyecto ha cosechado varias críticas, entre ellas las de el Consejo Directivo de la Universidad de la República, que el 8 de junio aprobó una resolución en la que sostiene que “habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios. Asimismo, afecta derechos ciudadanos consagrados en la normativa vigente”. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por su parte, también rechazó el contenido del proyecto y pidió un debate público de la iniciativa de ley.

Paraguay: conflictos por la tierra y por la energía, en un escenario político marcado por las internas

Por último, en Paraguay, los temas más importantes que aparecen en la coyuntura son la situación sanitaria, con un bajo nivel de vacunación y el cronograma hacia las elecciones municipales previstas para octubre. A estos temas se le suman dos problemas recurrentes, de carácter estructural, como son la disputa por el territorio y la política energética, en particular respecto a Yacyretá e Itaipú.

En relación con las disputas por la tierra, durante mayo el gobierno impulsó la aprobación de una ley que las organizaciones campesinas denominaron como “blanqueo de tierras malhabidas”. “Es un planteamiento descarado de legalizar la corrupción en la que incurrieron funcionarios del INDERT [Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra]”, señalaron desde Unidad de Acción Social, espacio que agrupa a diversas organizaciones campesinas. “El proyecto cuenta con fuerte respaldo de la Asociación Rural (ARP), Unión de Gremios de la Producción (UGP), los ‘brasiguayos’, quienes son los que en forma irregular y corrupta lograron acceder a tierras públicas coimeando a funcionarios”, agregan los movimientos campesinos, quienes informan que “al menos 700 000 hectáreas de tierras del INDERT se encuentran ocupadas ilegalmente por personas que no cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria”. Algunas informaciones incluyen una cantidad mucho mayor. La apropiación privada de tierras “malhabidas” es un proceso cuyo inicio se remonta a la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). En medio de movilizaciones en varios puntos del país, el proyecto de blanqueo finalmente no logró su aprobación.

Los conflictos por la tierra, problema de carácter histórico en Paraguay, se agravan en un contexto de monocultivo sojero, que genera la expulsión del campesinado y configura un patrón de acumulación donde “el empleo agrícola es cada vez más escaso y precarizado”. En ese sentido, la investigación “El trabajo rural en Paraguay. Mitos y verdades sobre el impacto del complejo sojero”, de Sarah Zevaco y Lis García, señala:

Los beneficios de la buena salud del sector sojero no favorecen a las comunidades y precarizan al campesinado, tanto por el acaparamiento de tierra como por la casi nula generación de empleo: la concentración de riqueza (tierra y capital financiero) alcanza niveles tales que es generadora de pobreza para el país en su conjunto.

A esto hay que sumar su baja contribución al sostenimiento de las políticas públicas. El empresariado del agronegocio, de gran poder económico y político, aportó menos del 1% de las recaudaciones directas del Estado para el ejercicio 2020. En los últimos meses circularon varias investigaciones que disgustaron a las cámaras gremiales del sector. La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) intentó censurar a través de una nota a la Unión Europea el documental “Los campos envenenados del Paraguay”, incluido en el catálogo del XII Ciclo de Cine Europeo en Paraguay.

Respecto a Itaipú, diferentes sectores, entre ellos dirigentes del Frente Guasú, continúan planteando la necesidad de debatir el convenio por medio del cual actualmente Paraguay provee energía a precios baratos a Brasil y a Argentina. En particular, la Comisión Especial sobre Hidroeléctricas Binacionales del Parlasur analizó a principios de junio la posición del gobierno paraguayo respecto a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y concluyó que es funcional a los intereses de Brasil, más que a los propios del país.

En el plano estrictamente político se destacaron dos temas. Por un lado, el 20 de junio se realizaron las primarias en la oficialista ANR (coloquialmente, el Partido Colorado), en las cuales el resultado más importante fue el triunfo de Oscar “Nenecho” Rodríguez en las elecciones para definir candidatos a intendente de Asunción. El mismo día también hubo internas en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tradicional espacio de oposición. Allí triunfó ajustadamente Efraín Alegre, quien retuvo el control del directorio del partido, que atraviesa un momento de fragmentación y debate interno. La resolución de una línea unificada puede ser importante hacia las elecciones municipales de octubre de 2021 pero, sobre todo, para las presidenciales de 2023. Si el PLRA decide articular con el Frente Guasú y otros sectores afines, una alianza progresista podría ganar espacio frente al todavía hegemónico Partido Colorado, con una profunda división entre partidarios del expresidente Horacio Cartes y del actual mandatario Mario Abdo y a su vez, repudiado por las movilizaciones populares de marzo.

Por otro lado, a fines de junio también se eligió la nueva directiva del Senado, que terminó con la reelección de Oscar Salomón, del sector Añetete del Partido Colorado (al que pertenece el presidente Abdo Benítez). El trámite mostró las diferencias al interior de la oposición, no solo del PLRA sino también el Frente Guasú, que fue dividido: mientras cuatro senadores, entre ellos Fernando Lugo, votaron la reelección de Salomón, tres —Hugo Richer, Esperanza Martínez y Carlos Filizzola— votaron por el candidato del PLRA, Eusebio Ayala. Como resultado del acuerdo con Salomón, el senador Sixto Pereira del Frente Guasú se quedó con la vicepresidencia primera de la cámara. Este hecho despertó la reacción de los sectores más conservadores, en particular de Honor Colorado —sector “cartista” de la ANR—; del partido de extrema derecha Patria Querida y de asociaciones agroganaderas.

Mesoamérica: atravesada por las crisis migratoria y política, en torno a las elecciones se agudizan las tensiones sociales

Crisis migratoria: visita de Kamala Harris y foco puesto en la corrupción

La cuestión migratoria es uno de los problemas centrales que enfrenta la región mesoamericana. Como hemos venido señalando en anteriores informes, son  varias las causas (económicas, políticas, sociales, ambientales y de género) que generan los procesos migratorios y que se han profundizado a raíz de la COVID-19. Otra de las razones que hacen problemático el asunto es el tema compartido con EE. UU.: su frontera sur con México es donde se produce el mayor flujo de personas que buscan ingresar de manera irregular. Si bien el gobierno de Biden asumió con una retórica que, a diferencia de su antecesor, auguraba cambios en la política interna y externa que apuntaban a regularizar la situación de muchos inmigrantes, esto no fue así. Se reconoce algunos cambios al poner fin a las políticas de “tercer país seguro” y “permanecer en México” o más recientemente, en el mes de mayo, el aumento de la cuota anual para el otorgamiento de estatus de refugiados a 62 500 personas. Pero continúa con la criminalización a los y las migrantes mediante deportaciones y detenciones que han incrementado de manera exponencial en el mes de mayo, con más de 180 mil personas detenidas por las patrullas fronterizas, y con la decisión de que los costos de la crisis migratoria lo paguen los gobiernos de la región, poniendo en peligro la vida de miles de personas que día a día buscan cruzar la frontera. El ejemplo de esto es la continuidad de la medida adoptada por Trump denominada Título 42.

Durante los días 7 y 8 de junio la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, viajó a Guatemala y a México con el objetivo primordial de abordar la agenda migratoria. Se reunió con los presidentes Giammattei y López Obrador y con organizaciones de la sociedad civil de ambos países. Las reuniones giraron en torno a tres ejes, que buscan abordar —según la vicepresidenta — las causas de las migraciones: a) Promoción para la asistencia para el desarrollo, dirigidas principalmente hacia ONG y fundaciones; b) lucha contra la corrupción, mediante la creación de un grupo de trabajo anticorrupción, el reforzamiento a fiscalías y la conformación de listas de funcionarios corruptos a los cuales el gobierno de EE. UU. sancionará; y c) promoción de inversiones privadas. Como señala David Wilson en Truthout, las medidas propuestas por Kamala Harris dan cuenta de la hipocresía con que EE. UU. aborda la problemática migratoria, responsabilizando a los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) sin hacer mella en las consecuencias que tiene la injerencia norteamericana en la realidad interna de estos países. Recientemente, el periodista Aram Aharonian ha señalado como el combate a la corrupción es otra de las formas de injerencia norteamericana en la región. Por último, cabe esperar la repercusión en los gobiernos del Triángulo Norte de la publicación de la lista Engels por parte del Departamento de Estado de EE. UU. que establece un listado de funcionarios acusados de corrupción y pasibles de ser sancionados por el gobierno norteamericano.

Las 4 T de AMLO pasan prueba electoral pero se encienden algunas alarmas

El 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones intermedias en México. Estas se caracterizaron por ser las más grandes de la historia, eligiendo alrededor de 20 mil cargos (500 diputados federales, 15 gobernaciones, 10 congresos locales y cientos de municipios, prefecturas y sindicaturas). La campaña electoral —además del contexto de pandemia—  estuvo signada por la violencia estructural que azota al país, donde casi 100 dirigentes políticos fueron asesinados y 38 de ellos eran candidatos en estas elecciones. Y por la fuerte polarización política entre el oficialismo y la oposición, que rivalizaron conformando grandes bloques de alianzas: Juntos hacemos historia —MORENA, PT Y PVEM— y Va por México —PRI, PAN y PRD—. La concurrencia electoral de la ciudadanía llegó al 52%, por encima de la media de otras elecciones de medio término.

En estas elecciones se puso por primera vez a prueba en las urnas el proyecto político de las 4 T de Andrés Manuel López Obrador, tras ser elegido presidente en 2018 por el 53% de los votos. La figura del presidente cobró una gran centralidad en la campaña electoral: por el lado del oficialismo, debido a la imagen positiva del mandatario que llega a 60%; y por el lado de la oposición, al construir un discurso de unidad sustentado en un fuerte anti-obradorismo. En el plano retórico se pusieron cara a cara dos bloques políticos y sociales que se disputan el presente y el futuro de México.

Los resultados son favorables al proyecto de gobierno de AMLO pero se encienden algunas alertas rojas que deben ser abordadas de cara al referéndum revocatorio de marzo del 2022 y a las presidenciales del 2024: el partido MORENA logra posicionarse como la primera fuerza a nivel nacional, pero necesita de sus aliados para obtener la mayoría absoluta en Diputados y aprobar, por ejemplo, los presupuestos federales. A su vez, no llega a los 334 curules necesarios para tener la mayoría calificada y avanzar en reformas constitucionales, para lo cual tendrá que tejer acuerdos con sectores de la oposición. El saldo positivo es que logra tener una presencia territorial importante al ganar 11 de las 15 gobernaciones en disputa. Como contraparte, el morenismo sufrió importantes derrotas en centros urbanos como Puebla, Toluca, Guadalajara, Nueva León y Ciudad de México. Este último caso —donde solo ganaría 7 de las 16 alcaldías en disputa— es el más llamativo, ya que es un bastión histórico del progresismo y está gobernada por Claudia Sheimbaum, referenta de MORENA y uno de los posibles nombres para suceder a AMLO.

Si el avance territorial del partido de López Obrador se explica por el fuerte apoyo que tiene de los sectores populares en regiones de mayor pobreza y desigualdad social, el retroceso en algunas zonas metropolitanas se debe al voto contrario que recibió por parte de la clase media y la juventud que lo acompañó en 2018. Esto último se debe en parte, como señala el discurso oficial, a una guerra mediática desatada por los medios de comunicación hegemónicos, pero también por una agenda de gobierno que no interpela a estos sectores. Además, la expansión territorial de MORENA trajo como contrapartida el haber llevado candidaturas de dirigentes políticos que expresan la vieja política corrupta y clientelar que AMLO prometió erradicar. Sobre esto John Ackerman ha señalado que “esta imposición unilateral de candidaturas, muchas veces con perfiles totalmente impresentables, generó un terrible malestar. Y la falta de oficio político de la dirigencia para incorporar y dialogar con los grupos desplazados propició un enojo profundo”. Así, la transformación se tendrá que dar también al interior del partido gobernante si no quiere tensar aún más la relación con su base electoral.

El bloque opositor al gobierno parece salir a flote luego de una estrepitosa derrota en las últimas elecciones presidenciales. Reeditando la alianza del “Pacto por México”, el PAN, PRI y PRD se han unido exclusivamente para poner freno al proceso de transformación de AMLO. Contando con el apoyo de los sectores empresariales más poderosos del país y de EE. UU. —tal como se puede observar en la tapa de la revista The Economist—  se han lanzado a una cruzada que a pesar de haber crecido electoralmente y emparejar la partida no parece ser suficiente para detener a las 4 T. López Obrador ha proyectado avanzar en tres reformas de cara a los tres años de mandato que quedan: electoral, eléctrica y seguridad.

Crisis política en Nicaragua: injerencia norteamericana y detención a opositores

Desde 2018 Nicaragua atraviesa una crisis política, como resultado de una fuerte polarización entre quienes apoyan al sandinismo en el gobierno y quienes rechazan el proyecto político liderado por Daniel Ortega. El endurecimiento de las políticas contra la oposición por parte del gobierno, el fuerte apoyo social que tiene el sandinismo, el apoyo y financiamiento extranjero que reciben los grupos opositores y la falta de unidad de estos son algunos elementos que permiten entender el momento político que atraviesa Nicaragua de cara a las presidenciales del 7 de noviembre, que no han hecho más que profundizar las tensiones políticas y sociales.

La serie de detenciones a dirigentes de la oposición, empresarios y periodistas por parte de la Justicia nicaragüense sacudió el mapa político y electoral, teniendo fuertes repercusiones a nivel internacional. Desde el 2 de junio se detuvieron a más de 27 opositores, incluyendo a seis aspirantes a la candidatura presidencial (según el cronograma electoral el periodo de tiempo para presentación de candidaturas va del 28 de julio al 2 de agosto). Las medidas judiciales están amparadas en una serie de legislaciones como la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la ley de ciberdelitos, la ley de agentes externos y la reciente ley electoral sancionada el pasado 4 de mayo.

Los opositores detenidos están acusados de traición a la patria y de atentar contra la soberanía nacional, al permitir la injerencia extranjera o sanciones contra el país, así también como delitos por lavado de dinero. La lista de personas incluye a dirigentes de la derecha como Cristiana Chamorro, quien pertenece a una de las familias más poderosas de Nicaragua. Es la hija de la expresidenta Violeta Barrios y presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que ha sido uno de los canales directos de financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con 7 millones desde 2009. Otro detenido es el periodista Miguel Mora, quien es el director de 100% Noticias y recibió financiamiento del organismo norteamericano por medio de la FVBCH. Es importante señalar el rol desestabilizador y golpista  que jugaron algunos medios de comunicación y en particular 100% Noticias en las movilizaciones del  2018. También se encuentran detenidos ex sandinistas que fueron parte del proceso revolucionario de 1979 y que en la década de 1990 pasaron a la disidencia, como Dora María Tellez y  Hugo Torres, y exfuncionarios del gobierno como Arturo Cruz.

Los hechos mencionados anteriormente, y por los que ha decidido actuar la Justicia, salieron a la luz a partir de una serie de investigaciones realizadas por los periodistas norteamericanos Ben Norton y Max Blumenthal en las que desnudan la injerencia norteamericana y europea para desestabilizar y derrocar al sandinismo. Esto se da por medio de financiamiento a sectores de la oposición y a medios de comunicación mediante agencias estadounidenses y europeas que tienen una historia negra en nuestro continente por ser patrocinadores de guerras no convencionales contra gobiernos latinoamericanos y caribeños. Tanto la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) como las europeas Fundación Soros y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han estado financiando a ONG como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides); y a una red de medios de comunicación como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Artículo 66, Cinco Nicaragua, entre otros.

Ante la situación política que atraviesa el país, la OEA convocó el 16 de junio a una reunión del Consejo Permanente y aprobó una resolución no vinculante de cuatro puntos sobre el país centroamericano. Esto se da al mismo tiempo que el organismo no emite ningún comunicado ante la violación de los derechos humanos en Colombia por parte del gobierno de Duque y calla ante el avasallamiento por parte de la derecha peruana al no reconocer la victoria electoral de Pedro Castillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU (con la firma de 59 países) han solicitado la liberación de los opositores detenidos. Como contraparte, los gobiernos de Argentina y México no han acompañado estas posiciones pero han mostrado su preocupación por la situación política nicaragüense. ALBA – TCP denunció la intromisión norteamericana en el proceso democráico nicaragüense y se posicionó contra las sanciones y bloqueos a este país.

La crisis política en Nicaragua parte aguas en el progresismo latinoamericano: están quienes sostienen que en los últimos años se ha profundizado una faceta autoritaria y la derechización del orteguismo a partir de los acuerdos que ha hecho con el empresariado privado y sectores de la Iglesia católica; y quienes defienden al gobierno de Daniel Ortega, haciendo hincapié en las conquistas sociales del sandinismo y en el lugar geoestratégico que ocupa en la región, denunciando el injerencismo norteamericano y el intento de desestabilización y golpe de Estado.

Honduras: crítica a las ZEDES`s y elecciones presidenciales

El 28 de junio se cumplieron doce años del golpe de Estado a Manuel Zelaya, patrocinado por Estados Unidos y llevado a cabo por la oligarquía hondureña junto a la clase política y las fuerzas represivas del Estado. A partir de entonces se ha instalado en el país un régimen autoritario, neoliberal y extractivista. Lo anterior es necesario para entender la importancia del proceso político que se está viviendo de cara a los comicios presidenciales del 28 de noviembre.

El 25 de mayo se aprobó, con el voto de 104 de los 128 diputados del Congreso Nacional, una nueva ley electoral. Esta normativa había generado expectativas ante la posibilidad de avanzar en una serie de reformas que hagan más transparente y representativo al proceso eleccionario. La legislación que finalmente fue aprobada hace modificaciones cosméticas a la ley que la precede y sigue teniendo una gran deuda: la segunda vuelta. La oposición al Partido Nacional no logró tejer alianzas y unificarse. El candidato a presidente por parte del partido de gobierno es Nasry Asfura, y por el lado de las candidaturas opositoras están Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), Yani Rosenthal del Partido Liberal y Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras.

Uno de los debates centrales con que se abrió la campaña electoral está relacionado con las ZEDE`s (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), tras un fuerte intento del régimen de Juan Orlando Hernandez de reimpulsarlas de cara a las elecciones de noviembre con la promesa de generar empleo y atraer inversión. Los candidatos opositores rechazan la propuesta, y también se ha conformado una importante articulación entre diversas organizaciones sociales que el 16 de junio constituyeron el Movimiento Nacional contra las ZEDEs y por la soberanía nacional y exigen la derogación de su ley orgánica y la restitución de las tierras a quienes pertenecía. En la conferencia de prensa de su lanzamiento, los dirigentes sociales afirmaron que “buscan revertir los cambios inconstitucionales nacidos a la luz de la normativa que las regula y apoyar a las comunidades que han sido afectadas por este proyecto”. A partir de este marco de articulación se llevaron a cabo una serie de movilizaciones en distintas regiones del país para rechazar los proyectos hidroeléctricos y otras formas de saqueo y despojo del territorio que se están produciendo.

El poder absoluto de Bukele tensiona con EE.UU., cooperación con China y ley Bitcoin

El golpe al Poder Judicial del 1 de mayo por parte de Bukele y su partido Nuevas Ideas pone a prueba la firmeza de las decisiones del presidente salvadoreño. Sin dar el brazo a torcer, el mandatario enfrentó las críticas internacionales y sobre todo de EE. UU., que mediante  la visita en los primeros días de mayo de Ricardo Zúñiga —enviado especial para el Triángulo Norte por parte de Estados Unidos—  ha pedido que se retrotraiga la medida.

El 18 de mayo la Asamblea Legislativa ratificó el acuerdo de cooperación económica entre El Salvador y China llevado a cabo en 2019. El acuerdo, se centra principalmente en inversión en infraestructura por parte de la potencia asiática, ronda alrededor de los 400 millones de yuanes (equivalente a 62 millones de dólares). La cooperación con China ha sido vista por algunos analistas como una estrategia para atraer inversiones en un contexto de endeudamiento del país y de tensiones con EE. UU., y ha recibido críticas sobre la forma del acuerdo que ha sido respondido inmediatamente por la embajada de China, afirmando que la cooperación se basa en el respeto de la soberanía y en la cooperación Sur-Sur que promueve el gobierno de Xi Jinping.

El 1 de junio, al cumplirse dos años de su gobierno, Bukele volvió a arremeter con un discurso ofensivo haciendo mención al “quinto paso” para desmantelar el “aparato ideológico” que sostuvo el orden imperante hasta el 2019, sin hacer mención a las desapariciones y violaciones de los derechos humanos de su gobierno. Por último, el pasado 9 de junio se aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley Bitcoin, que establece la circulación legal de la criptomoneda, siendo así el primer país que toma una medida de este estilo. Esto ha tensionado aún más las relaciones con el FMI, en medio de una negociación por un préstamo por 1300 millones de dólares, y ha generado la preocupación de que El Salvador no se convierta en un paraíso de lavado de dinero.

Guatemala: falta de vacunas y caso Diario Militar

En Guatemala, las fuertes críticas contra el gobierno de Giammattei están puestas por la gestión de la pandemia y la escasez de vacunas, a la par que hay un incremento de los casos de contagio de la COVID-19. El pacto de corruptos que manda en el país y la cooptación de las instituciones del Estado hacen que no se pueda poner socialmente en cuestión al poder dominante. A su vez, las organizaciones sociales vienen denunciando la criminalización de los defensores de derechos humanos y ambientalistas, y el 4 de junio se movilizaron pidiendo la liberación de los presos políticos.

El 27 de mayo se detuvo a 11 ex militares de alto rango y se los llevó a juicio acusados de perseguir, torturar y/o desaparecer  a 183 personas entre 1983  y 1985, en lo que se conoce como el caso “Diario Militar”, parte de la guerra interna que las fuerzas represivas del Estado llevaron a cabo contra las organizaciones armadas. Es un hecho importante en el reclamo de justicia ante los delitos de lesa humanidad cometidos durante la década de 1980. Familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos se movilizan para que efectivamente el juicio avance, se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables.

Costa Rica y Panamá: casos de corrupción mueven el mapa político

El contexto político de Costa Rica y Panamá se vio sacudido por casos de corrupción que vinculan a funcionarios y ex funcionarios de estos países a partir de vínculos con empresas privadas. En Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó por el momento la detención de 29 personas ligadas a la presunta red de corrupción para la adjudicación de obras públicas por recibir sobornos de grandes constructoras como MECO y H. Solís. Si bien esto apareció en agenda durante los meses de mayo y junio, es una realidad que atraviesa a distintos gobiernos costarricenses como parte de un modelo neoliberal de imbricación espuria entre sectores del Estado y empresas privadas.

En el caso de Panamá,los ex presidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) van a juicio por el caso Odebrecht. Ambos están acusados de blanqueo de capital ligado a sobornos y financiamiento ilícito de campaña electoral por parte de la constructora brasileña, que llegó a ser la primera contratista del país en el periodo presidencial de la fórmula Martinelli-Varela. En el caso del exvicepresidente y luego presidente de la Nación Juan Carlos Varela, los pagos se triangularon mediante la Fundación Don James.

Por último, en Panamá destacan durante los meses de mayo y junio una serie de movilizaciones contra el proyecto minero impulsado por el gobierno, con el cual busca reactivar la economía post pandemia. Esto es rechazado por una conjunto de organizaciones sociales que sostienen que estos tipos de proyectos dañan el medio ambiente y quiere ser llevado a cabo sin consulta previa con las comunidades que habitan los territorios.

Caribe insular, de los logros de Cuba a la inseguridad en Haití

Cuba: 5 vacunas y un bloqueo condenado por la comunidad internacional

Vacunas

De lo que más se ha hablado en los últimos meses relacionado con Cuba es sobre las vacunas. Y es que, pese al brutal bloqueo y a todos los intentos de la prensa hegemónica mundial por deslegitimar los desarrollos cubanos en este sentido, el país está a punto de ser el primero en Nuestra América en tener listas sus propias vacunas contra la COVID-19.

Durante los últimos días, el gobierno cubano dio dos datos relevantes: el candidato vacunal Abdala ha mostrado un 92,28% de eficacia en su esquema de tres dosis, mientras que la ya famosa Soberana 02 demostró una eficacia del 62% con dos dosis. Pronto estarán disponibles los resultados incluyendo la tercera dosis de refuerzo de Soberana Plus (una inyección de refuerzo para convalecientes de COVID-19, que se planea utilizar para completar el esquema de inmunización).

Mientras los titulares de la prensa hegemónica hacían énfasis en el número 62, sin aclarar que el número no incluía el esquema completo de la vacunación con las tres dosis correspondientes (y tampoco que si ese fuera el número final del esquema completo, sería igual una muy buena noticia y aceptada por la OMS), varios países —especialmente latinoamericanos— estaban reuniéndose e intentando cerrar contratos para poder comprar alguna de las dos vacunas desarrolladas en el subcontinente. Entre ellos se encuentran Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Jamaica, México, Haití, Surinam y algunos Estados de Brasil.

Por su parte, Cuba empezó en mayo la inmunización masiva de su población con sus propias vacunas, que habían comenzado los ensayos en marzo y que, dada la necesidad y urgencia por el aumento de casos, la OMS autorizó el inicio de su utilización luego de analizar los datos del ensayo de la fase 2 de Abdala y Soberana 02 y establecer su seguridad para uso humano.

Al momento del cierre de este informe, Cuba ya lleva vacunada con al menos una dosis al 25% de su población (2 758 893) y a más del 10% con el esquema completo. Además, comenzaron los ensayos de la vacuna Soberana 02 y Soberana Plus en niñas y niños de entre 3 y 18 años.

Además de la Abdala, la Soberana 02 y la Soberana Plus, la isla también está desarrollando otras dos vacunas: Soberana 01 y Mambisa, que es una vacuna en forma de aerosol nasal.

En el marco de la campaña “La solidaridad vence el bloqueo” llevada a cabo en varios países para enviar jeringas a Cuba y seguir haciendo frente al bloqueo, la isla ya recibió los primeros envíos de este insumo.

Bloqueo

Por otra parte, en mayo y junio nuevamente se llevaron a cabo jornadas virtuales y movilizaciones contra el bloqueo a Cuba en más de 70 ciudades del mundo.

Finalmente, el 23 de junio, la Asamblea General de ONU aprobó con 184 votos a favor la resolución contra el bloqueo a Cuba. Los países que votaron en contra fueron EE. UU. e Israel mientras que Colombia, Ucrania y Brasil se abstuvieron. Este tipo de resoluciones viene siendo aprobada desde el año 1992 en la ONU, sin ningún tipo de consecuencias en la política exterior efectiva de Estados Unidos ante la isla.

En respuesta a esta dura política de bloqueo, el Banco Central de Cuba suspendió desde el pasado 21 de junio la posibilidad de aceptar depósitos en efectivo en dólares estadounidenses. Como consecuencia de esta medida, el peso cubano se apreció y muchos tenedores de dólares comenzaron a cambiarlos por euros. Esta medida es transitoria y espera una rectificación de medidas de bloqueo que Cuba viene sufriendo.

Haití: referéndum pospuesto, crisis de violencia y COVID y visita de la OEA

En medio de un aumento exponencial de la violencia y también de los casos de COVID-19, el presidente de facto Jovenel Moïse anunció que pospondría nuevamente el cuestionado referéndum constitucional previsto para el 27 de junio. La nueva fecha anunciada es el 26 de septiembre.

Desde el 24 de mayo, Haití declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio, acompañándolo de un toque de queda. El promedio de casos diarios (tomando los últimos 7 días) aumentó de 10, en el día 10 de mayo, a 190 al 8 de junio. Sin embargo, se cree que las cifras de infecciones y muertes son más altas que las oficiales debido a la escasa cantidad de tests y estadísticas. Además, fueron detectadas en el país las variantes Alfa y Gama del virus.

La situación sanitaria se agrava por la falta de vacunas (el país todavía no ha recibido ninguna) y por la situación de violencia que impide el desarrollo normal de las actividades en los centros de salud.

Respecto de las vacunas, el gobierno inicialmente rechazó la entrada de 756 mil dosis de AstraZeneca que debían llegar por el mecanismo Covax, alegando posibles efectos secundarios y también debido a la gran desconfianza de la población. Lautaro Rivara, periodista que actualmente se encuentra cubriendo la situación en Haití, consultado para este informe afirmó que “el pueblo haitiano en general no tiene confianza en las vacunas dado que en otras oportunidades de la historia ha sido usado como población de ‘prueba’ o ‘experimentos’ científicos”. Esta hipótesis ha sido ratificada por varios especialistas.

Ante el agravamiento de la situación, el país acordó recibir las dosis, y se espera que lleguen 130 mil en las próximas semanas. El gobierno de EE. UU. afirmó que donaría 6 millones, aunque por ahora no hubo más especificaciones ni avances.

La organización Médicos Sin Fronteras afirmó que la escalada de violencia y los enfrentamientos en algunos barrios de Puerto Príncipe limitan el desplazamiento de las personas hacia los centros de salud, a la vez que se hace manifiesta la falta de camas y la insuficiencia del propio sistema sanitario.

Sin embargo, lo más relevante al navegar en las noticias sobre el país caribeño no resulta ser la falta de vacunas ni la cantidad de casos de COVID-19, sino la crisis de violencia e inseguridad que a diario vive su población.

El 1º de junio se inició un enfrentamiento en el barrio de Martissant en Puerto Príncipe, entre dos de los miembros fundadores de la alianza de pandillas G9. Desde entonces, se han registrado brotes frecuentes de violencia en distintas zonas, que provocaron al menos 10 muertos y 10 mil personas debieron huir de sus hogares. Además, 8 comisarías fueron atacadas y saqueadas entre el 1 y el 7 de junio. Según el Instituto Móvil de Educación Democrática (IMED), se trata de “bandidos a sueldo del poder y otros sectores políticos y económicos”.

La periodista María Paula Sáenz afirmó que “la alianza del G9, creada desde 2020, es un nuevo tipo de estructura criminal en Haití, que reúne a algunas de las pandillas más importantes del país a cambio de la impunidad y el apoyo de la política y la policía”. El líder del G9, Jimmy “Barbecue” Cherizier, es un policía exonerado. Un amplio espectro de sectores —desde organizaciones sociales, de derechos humanos hasta partidos políticos— denuncian desde hace años su connivencia con Jovenel Moïse y el partido de gobierno.

Según la Fundación Je Klere y la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), el G9 se creó para asegurar la victoria electoral del partido de Moïse. Los territorios controlados por esta alianza constituyen una gran parte del electorado. Además, “fue Jimmy Cherizier quien puso a disposición del Estado una sala para instalar una sede de la Oficina Nacional de Identificación”, afirmó Pierre Espérance, director ejecutivo de la RNDDH. “En esta zona, las cartillas electorales se fabrican bajo sus órdenes”.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), hoy hay más de 76 pandillas y 500 mil armas ilegales en el país. Esta comisión —que depende directamente del primer ministro— respaldó en su momento la creación del G9.

El G9 controla muchas zonas y accesos a Puerto Príncipe y tiene la capacidad de aislar completamente a la ciudad. Al respecto, cuenta Lautaro Rivara:

Durante las grandes jornadas de movilización nacional las bandas armadas bloquearon los accesos del barrio, impidiendo la libre circulación de las personas y amenazando de muerte a quien pretendiera movilizarse hacia Champ de Mars, centro político del país y epicentro de las protestas.

Además, Rivara refiere a “la utilización del secuestro como forma de financiamiento” de estas bandas, con patrones “azarosos, teniendo por fin último aterrorizar y desmovilizar a la población, la que ha sido forzada a una dinámica de reclusión al caer la luz del sol”.

El 23 de junio pasado, Barbecue apareció en un video en el que anunció el comienzo de una “revolución armada”, “consumando un giro discursivo contra el Estado, el gobierno y la oposición política. Utilizando la simbología nacional y evocando a los héroes de la revolución de independencia invitó a la población a armarse y a incorporarse a su organización”.

Según Rivara:

La performance de Barbecue permite blindar al poder político de los cada vez más claros indicios de connivencia y alianza con el crimen organizado. Pero además, dota de argumentos a quienes pregonan, o bien la instauración de una dictadura de tipo neoduvalierista que “pacifique” el país a la fuerza, o bien la instalación de una nueva misión internacional de ocupación.

Ante este tipo de situaciones, la intervención internacional del llamado Core Group no se hace esperar. Ya el 22 de mayo, el gobierno de Biden había anunciado que le concedía por 18 meses el estatus de protección temporal a las y los ciudadanos haitianos que migraran a EE. UU. El día 7 de junio el presidente anunció el aplazamiento del referéndum. Pero, además, el 8 de junio, después de que Biden se expresara en contra de la consulta, Haití recibió una delegación de la OEA, conformada por representantes de Canadá, Costa Rica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y EE. UU.

La delegación, que tenía el objetivo de “facilitar un diálogo que conduzca a unas elecciones libres y justas” se reunió con el presidente Jovenel Moïse y un sector de la oposición. Sin embargo, algunos sectores de la oposición (el partido político Pitit Dessalines, el Sector Democrático y Popular y el partido Fanmi Lavalas) y organizaciones sociales rechazaron la propuesta de reunirse con la OEA, por considerar que ha venido actuando para sostener al actual gobierno y también por considerar que ha participado en la creación del caos y crisis en el país durante los últimos diez años.

En la madrugada del 30 de junio, quince personas fueron asesinadas en Puerto Príncipe. Todas ellas recibieron disparos desde vehículos, casi al mismo tiempo, en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, había una militante feminista, Antoinette Duclaire, y el periodista Diego Charles. Al cierre de este informe, se dio a conocer la noticia de que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado por hombres armados que atacaron la residencia presidencial.

República Dominicana: conflictos fronterizos con Haití y nuevo Código Penal

A pesar del desacuerdo generalizado de las poblaciones fronterizas de Haití y República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader sigue con su idea de levantar un muro, del que ya existen 23 kilómetros, construidos entre 2019 y 2020 por su predecesor Danilo Medina entre los puntos fronterizos de Jimaní y Elías Piña.

En otro capítulo de conflictos fronterizos en la isla de Quisqueya (rebautizada como “La Española” en la conquista), Haití comenzó a construir un canal de riego en el río Masacre o Dajabón, al que República Dominicana se opone, a pesar que su uso significaría un impacto menor que el uso que actualmente este país hace del mismo. Se trata de un río fronterizo que pertenece a ambas naciones. El Tratado de Paz, Amistad perpetua y Arbitraje de 1929 establece que ambos países tienen derecho a utilizar sus aguas.

Además, en República Dominicana se está debatiendo un proyecto de ley para modificar el Código Penal vigente desde 1884. En él, se tipifican los delitos penales de corrupción y se busca que, en el caso de los más graves, sean imprescriptibles. Pero lo que más ha salido a la luz respecto de este tema es el debate por la despenalización de la interrupción del embarazo. República Dominicana es uno de los tres países de Nuestra América donde la prohibición del aborto es total, junto con El Salvador y Nicaragua. Pero el movimiento feminista logró que el tema se pusiera en agenda. Desde el 11 de marzo instalaron un campamento frente al Palacio Nacional y realizaron actividades en distintas ciudades. Marcharon para pedir la aprobación del aborto por tres causales. Sin embargo, el 28 de abril la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el borrador del Código Penal, que permitiría el aborto en el caso de riesgo de vida para la madre solo cuando antes se hubieran agotado “todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible”. Sin embargo, las tres causales para permitir el aborto siguen estando afuera del texto, que ya fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados con 128 votos a favor y 13 en contra. El proyecto debe pasar al Senado para luego ser sancionado por el presidente. De aprobarse, el aborto pasaría a ser legal en la única causal de riesgo de vida de la madre.

Puerto Rico: privatización de energía eléctrica y apagón

En Puerto Rico, la coyuntura estuvo atravesada principalmente por la energía eléctrica. Tras la firma de un contrato negociado en secreto por el gobierno de Pedro Pierluisi, el pasado 1º de junio la empresa canadiense-estadounidense LUMA Energy se hizo cargo de la gestión. La concesión tiene una duración de 15 años y un costo de 500 mil millones de dólares. Hasta ese momento, la red eléctrica —que había sufrido enormes daños a causa del huracán María en 2017— estaba gestionada por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés).

Solo días después del cambio de gestión, el país sufrió dos apagones que dejaron a centenares de miles de personas sin electricidad. El primero ocurrió el 10 de junio, luego de un incendio en una subestación eléctrica y el segundo en la noche del día 16, a causa de averías en algunas de sus unidades de energía. En total, más de 1 millón de personas se quedaron sin suministro (algunas durante varias semanas) y, si bien el servicio ha sido restablecido, todavía hay cortes parciales en algunas zonas. Se han dañado equipos de salud y de almacenamiento de alimentos, así como discontinuado la atención médica de personas que dependen de respiradores.

Distintos sectores sociales se han manifestado en contra de la privatización, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el colectivo Mujeres contra Luma, así como el Frente Amplio Todo Puerto Rico, que han convocado ya a distintas protestas.

El diputado Luis Raúl Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), recurrió a la Justicia para pedir que la empresa acredite su capacidad de cumplir con el contrato firmado. Ante esto, la empresa acudió al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico para evadir la orden del juez que le ordenó presentar la evidencia.

Imperialismo e integración

El imperialismo bajo el gobierno de Biden

Avanza el plan para Mesoamérica

Como desarrollamos en el punto anterior, y examinamos también en el informe pasado, una de las cuestiones que atraviesa la política de Biden para América Latina y el Caribe se centra en la problemática migratoria y su relación con México y América Central. La masiva migración desde estas regiones, forzada por la devastación de las condiciones de vida que promueven las políticas neoliberales en Mesoamérica, se convirtió así en estos meses en un desafío para un gobierno que intenta diferenciarse de las iniciativas más punitivistas —incluso de la construcción  del Muro fronterizo— de Trump y garantizar, al mismo tiempo, éxito en la contención del flujo migratorio. La gira realizada por la vicepresidenta Kamala Harris en Guatemala y en México de principios de junio, coronación de una serie de visitas de funcionarios estadounidenses a estos países en los últimos meses, llevó la negociación sobre esta nueva agenda estadounidense para estos países, que seguramente se proyectará al resto de la región. Auspiciada por la finalización en junio del programa “Permanecer en México” implementado por Trump (Protocolo de Protección a Migrantes, por el cual los solicitantes de asilo debían permanecer en ese país hasta la concesión de dicho requerimiento), dicha visita se centró en la negociación de acuerdos relativos a: a) financiamiento estadounidense para capacitación, asistencia social y proyectos económicos, canalizado fundamentalmente hacia ONG u organizaciones de la sociedad civil; b) compromisos de acciones contra la corrupción y reforzamiento del sistema judicial; c) operación conjunta de las fuerzas de seguridad en el control de la migración ilegal y el narcotráfico. A las dudas sobre la concreción y efectividad de este financiamiento, se suma ciertamente la crítica al impacto político y social de una política que desde los intereses estadounidenses potencia actores “civiles” y busca rediseñar el funcionamiento estatal. Esta misma cuestión estalló como conflicto entre EE. UU. y México antes de la visita de Harris.

La mano del soft power: reforzando la USAID

A fines de mayo, el presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador en su habitual conferencia matutina señaló: “Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos en México”. Se refería a una nota diplomática presentada a principios de mayo, donde el gobierno mexicano pedía que se dejara de financiar a ONG opositoras como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que, habiendo recibido de la USAID en los tres últimos años 50 millones de pesos, estaba llevando adelante una serie de denuncias por corrupción contra el gobierno mexicano en el contexto de la campaña electoral para las elecciones legislativas y estaduales. “La lucha contra la corrupción es una parte central de la política exterior del presidente Biden (…), debemos alentar la exposición de la corrupción, por eso seguirá financiando a las ONG y a periodistas de investigación para que lo hagan”, indicó en respuesta un funcionario estadounidense. Y días después, el presidente Biden anunció que solicitaría al Congreso un incremento del 11% de los fondos destinados a la USAID. Al frente de este organismo, el presidente Biden designó a Samantha Power, una académica, escritora y diplomática británica nacionalizada estadounidense, que durante el gobierno de Barack Obama fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional y luego embajadora ante las Naciones Unidas; y posee experiencia en la defensa de los derechos humanos, del colectivo LGBT y contra la trata de personas. Fue una figura clave en la intervención en Libia en 2011 y participó de la imposición de sanciones a Corea del Norte y de la intervención de EE. UU. en Ucrania y en Siria, en oposición al papel de Rusia. Justamente Samantha Power recorrió Honduras, Guatemala y El Salvador a mediados de junio, luego de la gira de la vicepresidenta, en las negociación de los financiamientos a la sociedad civil.

La disputa con China

Lejos de diferenciarse del gobierno de Trump, la disputa con China sigue guiando la política internacional de los EE.UU. bajo la administración Biden, aunque adopte ahora otros matices. En este sentido, a fin de mayo, el propio presidente anunció que había ordenado a las 16 agencias de inteligencia del gobierno de los EE. UU. la elaboración de un informe relativo a los orígenes de la COVID-19 para dilucidar si el origen de la pandemia tuvo causas naturales o resultó de la propagación accidental de un vector proveniente de un laboratorio de investigaciones virológicas chino ubicado en Wuhan. Este anuncio se relaciona con la disputa del liderazgo y hegemonía global en el combate de la pandemia y sus efectos. Así, días después, a principios de junio, el gobierno estadounidense anunció que a partir de fines de ese mes comenzaría la donación de 80 millones de vacunas, siendo el primer paso la entrega de 19 millones al fondo COVAX. El anuncio sirvió para enumerar también todo lo hecho por el gobierno estadounidense en los esfuerzos mundiales respecto de la pandemia. Sobre ello, como referimos también en el primer punto de este informe, a principios de junio Biden anunció la decisión de comprar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer, asimilando este hecho con la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Sobre ello, un vocero afirmó que EE. UU. “será el arsenal de vacunas en nuestra lucha contra la COVID-19”.

Ciertamente, las continuidades respecto del gobierno de Trump no se limitan a atribuir a China la responsabilidad de la pandemia. Con la aprobación de Biden, en junio el Senado estadounidense aprobó por amplia mayoría la histórica Ley de innovación y competencia 2021 (USICA, por sus siglas en inglés) que asigna fondos millonarios para subsidiar el desarrollo tecnológico (190 000 millones de dólares para tecnología e investigación y 54 000 millones para aumentar la producción en semiconductores y equipos de telecomunicaciones), al tiempo que bloquea el uso estatal o compra de plataformas y productos tecnológicos fabricados por empresas chinas. Ante la anunciada aprobación de esta ley por la Cámara de Representantes, el senador Schumer —quien presentó el proyecto en abril del 2020— señaló que “cedemos el manto del liderazgo mundial a nuestros adversarios, o preparamos el camino para otra generación de liderazgo estadounidense” y que su próxima sanción desmiente que “las democracias conflictivas como la de Estados Unidos no pueden afrontar el momento e invertir en las prioridades nacionales del modo en que lo hace un gobierno centralizado”.

El G-7, la globalización recortada y la “ruta de la seda” estadounidense

Finalmente, entre el 11 y 13 de junio tuvo lugar una nueva cumbre del llamado G-7 que reunió a los presidentes de  Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y EE. UU. Dicho encuentro sirvió de escenario para que el nuevo gobierno estadounidense lanzara tres grandes  propuestas de acuerdo con su estrategia de reconstruir su hegemonía y promover la unidad con sus aliados de Europa y Japón, de cara a la competencia con China (y, en este caso, en menor medida con Rusia), lo que podríamos llamar su globalización recortada. En ese sentido, Biden propuso: a) el proyecto global de infraestructuras Build back better for the world (Reconstruir mejor para el mundo) como alternativa “de mayor calidad” al One Belt, One Road (Un cinturón, una ruta, de la seda) promovido por China; b) un impuesto mínimo global del 15% sobre las grandes corporaciones multinacionales y para que las mismas  lo paguen no solo en sus casas matrices sino en aquellos países donde venden sus productos; y c) un esfuerzo común en el combate  a la pandemia y la distribución de vacunas y ayuda médica. En particular, en su confrontación con China, Biden “ha presionado al grupo de las democracias más industrializadas del mundo” y, aún frente a la posición alemana y de la Unión Europea de guardar la cooperación esta, logró el acuerdo a su plan global de infraestructura que abarcaría a países de ingresos medios y bajos de América Latina, el Caribe, África y el Indopacífico. Días después y tras la reunión de la OTAN, Biden mantuvo un encuentro en Suiza con el presidente de Rusia Vladimir Putin. Más allá de las distintas interpretaciones que mereció dicha cumbre, el resultado inmediato fue un paso hacia la distensión de las relaciones bilaterales —con el retorno de los embajadores y el inicio de consultas diplomáticas sobre las diferencias—; en el balance propuesto por Biden a ninguno le interesaría “una nueva Guerra Fría», «no hubo amenazas» pero sí «diferencias».

La integración en disputa

En un panorama de enorme fragmentación, aún más al desnudo a causa de la pandemia, los diferentes organismos de articulación entre Estados continúan igualmente desarrollando su dinámica, no siempre convergente.

Continúan los conflictos al interior del Mercosur

En lo que va del 2021, se intensificó la contraposición entre Argentina —que recientemente logró sumar el apoyo de Paraguay— y Brasil —con el apoyo de Uruguay— por la forma y ritmo de las negociaciones de acuerdos comerciales de los países que integran el bloque con otros países y regiones. La falta de acuerdo llevó a la postergación de la reunión de ministros de economía y cancilleres prevista para principios de junio. Asimismo, en relación con este debate, en el último mes tomó estado público un comunicado suscripto por los expresidentes brasileños Luiz  Inacio Lula Da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en el que señalan: “Acordamos con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que este no es el momento para reducciones tarifarias unilaterales por parte del Mercosur, sin ningún beneficio para las exportaciones del bloque”. De esta forma, respaldaron al presidente argentino en su decisión de resistir la iniciativa de Brasil de reducir las tarifas de importación en forma unilateral dentro del Mercosur. Por otra parte, días después, en reunión plenaria, el Consejo Empresarial Brasil-Argentina se pronunció por la defensa del mantenimiento del poder de negociación del Mercosur en la negociación de acuerdos comerciales y a favor de un período de transición coordinada para la reducción arancelaria con una agenda de cooperación para optimizar el comercio bilateral y el marco regulatorio. Finalmente, hacia fin de junio el ministro de Hacienda brasileño Paulo Guedes criticó explícitamente al gobierno argentino en una comisión del Senado, señalando además que ese país “impide la modernización del bloque» y atribuyendo la redacción de la carta firmada por los exmandatarios brasileños Lula y Cardoso a gestiones del embajador argentino en ese país, Daniel Scioli. Este respondió con una carta pública donde, entre otras cuestiones, afirma que “la posición argentina (…) no es ideológica, sino que busca una modernización racional del Mercosur consistente con los tiempos actuales, defendiendo el empleo y desarrollo de las industrias de Argentina y Brasil”. Al cierre de esta edición, el gobierno uruguayo anunció que buscará “negociar acuerdos comerciales extrazona”, es decir, por fuera del Mercosur. Como comentamos en ediciones anteriores, este fue un tema recurrente que impulsó en los últimos meses el presidente Lacalle Pou. Su concreción puede representar un golpe duro al proceso de integración.

En otro orden de cosas muy diferentes, pero igual de importante, el Parlasur (Parlamento del Mercosur, formado por el momento por representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) decidió el 26 de mayo la conformación de una Comisión especial de Verdad y Justicia en relación a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), por medio de la cual se investigarán hechos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. El autor del proyecto, el parlamentario paraguayo Ricardo Canese (Frente Guasú) incluyó entre los argumentos de la propuesta que la confrontación fratricida «significó el genocidio del 90 % de la población masculina adulta en condiciones de trabajar del Paraguay, así como numerosos niños, ancianos y mujeres paraguayos», además de «la esclavitud y el saqueo impune a todo el país».

Entre la OEA y la CELAC

En el caso de la OEA, las últimas novedades tienen que ver con su utilización en la más reciente ofensiva de EE. UU., ahora contra Nicaragua, como se comentó en el apartado correspondiente a Mesoamérica. Tal vez como ningún otro espacio en su tipo, la OEA se ha revelado muy ineficaz para coordinar políticas en torno a la pandemia, tema que prácticamente está ausente en las políticas del organismo, casi por entero dedicado a la injerencia externa en países considerados adversarios por la diplomacia norteamericana.

En un implícito contrapunto, la pandemia de COVID-19 es uno de los principales ejes de articulación de la CELAC. Conducido actualmente por el gobierno de México en calidad de presidente pro tempore, este organismo enfatizó los principios de solidaridad y cooperación en los diferentes foros en los que participó. Y más recientemente, México comenzó a distribuir vacunas a países menos favorecidos, como sucedió en junio. “Hoy se entregaron 150 mil dosis de vacuna AstraZeneca a Guatemala, igual número a Honduras y 100 mil a El Salvador. Hace una semana recibieron Belice, Bolivia y Paraguay. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es la vía más eficaz de cooperación en la región”, sostuvo el 24 de junio el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, desde su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el 30 de junio se realizó la XXXI Reunión de Coordinaciones Nacionales de la CELAC, como parte de la preparación a la XXI Reunión de Cancilleres, que será el 24 de julio, y a la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista de manera presencial para el 18 de diciembre. De concretarse, esta reunión presidencial sería la primera de su tipo desde la V Cumbre realizada en 2017 en Punta Cana, República Dominicana.

En el contexto del bicentenario de la Batalla de Carabobo, el 24 de julio se realizó en forma presencial en Caracas la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, la primera en la que participa Luis Arce Catacora como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En la declaración final se abordaron en general todos los temas emergentes de la geopolítica continental. Entre ellos, se destaca la referencia al sentido del espacio y en particular, la caracterización de los desafíos en este momento político:

Ratificamos nuestro compromiso con la integración genuinamente latinoamericana y caribeña, que nos permita enfrentar unidos las pretensiones de dominación imperialista y las amenazas crecientes a la paz y la estabilidad regionales; con el multilateralismo y conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, en consonancia con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

La articulación de los pueblos

Más allá de la acción estatal, también los movimientos y las organizaciones populares realizan actividades de integración, en ocasiones aliados a gobiernos nacionales o a organismos de integración, como es el caso de ALBA-TCP.

5 de junio: “Una sola Tierra”

Entre estas acciones se destacan, el 5 de junio, la realización de una Jornada Antiimperialista en el Día del Ambiente. El espacio, que agrupa a articulaciones como la Marcha Mundial de Mujeres, la Vía Campesina Internacional, el Foro de Sao Paulo y la Asamblea Internacional de los Pueblos, entre otras, lanzó en esa ocasión el Manifiesto Antiimperialista en Defensa del Medio Ambiente: El planeta por encima de las ganancias – ¡Una sola Tierra!. Reproducimos aquí unos breves fragmentos:

Los seres humanos sólo tenemos un planeta donde vivir. Y solo sobreviviremos en alianza con los demás seres vivos, animales y vegetales. La extracción y explotación desenfrenada de los bienes de la naturaleza, solo en búsqueda de ganancias por parte de grandes corporaciones, y la lógica del sistema capitalista ha llevado a nuestro planeta al agotamiento.

(…) Este camino conducirá inevitablemente a la destrucción de la humanidad y de la naturaleza tal y como la conocemos. Es un proyecto de muerte, dominación y destrucción. La salida está en la reconstrucción de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, donde la vida, el buen vivir colectivo y los tiempos ecológicos guíen a naciones y pueblos, no la codicia, el lucro y la propiedad privada. Es una salida a partir de la producción agroecológica de alimentos, la democratización del acceso a la tierra a partir de la reforma agraria, el cuidado de los bienes comunes como el agua, la biodiversidad y la tierra, y la transición hacia una matriz energética que responda a las necesidades reales de la clase trabajadora con la justicia social y ambiental, de superación del patriarcado y el racismo.

En torno a la fecha, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) difundieron un informe conjunto que advierte duramente sobre la grave situación ambiental en la que vivimos. “El empeoramiento de la contaminación del suelo y la proliferación de desechos amenazan el futuro de la producción alimentaria, la salud humana y el medio ambiente en todo el mundo y requieren una respuesta urgente a escala mundial”, señala en sus primeras líneas el resumen de prensa. Entre las conclusiones, la principal es que “se requieren medidas urgentes que ralenticen la tendencia”:

La contaminación del suelo y del medio ambiente seguiría empeorando a menos que hubiera un cambio en los modelos de producción y consumo y un mayor compromiso político que respaldara la gestión sostenible y respetara plenamente la naturaleza. Con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), al intensificarse la generación de desechos, también ha aumentado la presión sobre el medio ambiente.

Carabobo, doscientos años después

El 24 de junio de 1821 se libró la estratégica batalla de Carabobo, que decidió la independencia de Venezuela y fue un hito importante en el proceso continental de liberación respecto al Reino de España, desarrollado centralmente entre 1810 y 1830.

En este contexto, se realizó con eje en Caracas —en parte virtual, en parte presencial— el Congreso Bicentenario de los pueblos del mundo, que reunió a cientos de organizaciones populares de todo el mundo. Consultada para esta publicación, Paula Klachko —coordinadora del Capítulo Argentina de la Red en Defensa de la Humanidad y participante del Congreso— ofreció su balance:

Con este Congreso, Venezuela vuelve a ser otra vez el centro de encuentro de los pueblos y movimientos populares no solo de Nuestra América sino de todos los continentes, de los revolucionarios y revolucionarias, de las y los militantes por un mundo mejor. Como señala el documento final, que vale la pena leer, la pandemia ha profundizado la crisis civilizatoria y agravado dramáticamente las desigualdades e inequidades mostrando que el capitalismo es inviable. Asimismo, el documento denuncia la intervención imperialista en la región contra los gobiernos revolucionarios y populares y los pueblos, en la disputa de los bienes comunes a los que hay que seguir apoyando y defendiendo; así como señaló la solidaridad con las rebeldías y levantamientos populares que se desarrollan hoy en la región contra las políticas neoliberales y los gobiernos represivos y autoritarios. Finalmente, entre otras propuestas, enfatizó la necesidad de articular y potenciar la comunicación popular y las iniciativas de formación, incluso con la propuesta de la REDH de conformar una Universidad en Defensa de la Humanidad. Deja así una agenda regional y global muy importante para la acción de los movimientos populares hacia adelante.

También nos informó que se realizaron 82 reuniones virtuales previas por sector, donde intervinieron cerca de 30.000 personas de 123 países y 2500 organizaciones; y que entre el 22 y el 25 de junio, 500 delegados y delegadas viajaron a Caracas para participar directamente del evento y muchos otras personas lo hicieron de forma virtual. Una de ellas fue Vijay Prashad, director a nivel global del Instituto Tricontinental, quien consideró que “el Congreso fue muy importante porque reunió a fuerzas políticas claves que creen en el espíritu de Carabobo: soberanía, regionalismo, multipolaridad; y en contra de la fetidez de la Doctrina Monroe, que significa imperialismo, asfixia, sanciones unilaterales e ilegales”.

En perspectiva

Con el bimestre mayo-junio el año 2021 completa su primera mitad. De conjunto, incluso mirado en una temporalidad más larga —al menos desde el segundo semestre de 2019— se ratifica que vivimos un momento político de gran intensidad e incluso de cierta imprevisibilidad.

En el período, el protagonismo de la movilización social y las mayores disputas en el continente están localizados claramente a lo largo de la Cordillera de los Andes: Chile, Perú, Colombia, siempre Venezuela. Pero ningún espacio está vacío de conflicto y de acontecimientos significativos para ese todo que resulta ser América Latina y el Caribe.

Haití en el Caribe insular, México y Nicaragua en Mesoamérica, Brasil en América del Sur, por citar algunos países que mencionamos en el informe —todos por diferentes razones y con sus particularidades, todos con sus elementos parcialmente comunes—, protagonizan situaciones importantes para el devenir de cada sociedad y para ese universo complejo que es la región entera.

Retratar la amplitud y el dinamismo de los principales conflictos sociales es un desafío, en ese contexto. Por ejemplo: sabemos que en Chile el proceso institucional más importante de su historia, surgido de la movilización más importante de su historia, continuará en los próximos meses. En lo inmediato, y además de iniciar las sesiones de la Convención Constituyente desde principios de mes, el 18 de julio habrá elecciones primarias para definir las candidaturas presidenciales y se sabrá quién es el candidato de los dos polos del espacio político. Pero eso es apenas una parte de un escenario múltiple, con varias posibilidades, que ayudarán a configurar luego la continuidad del proceso político. ¿Será electo Lavín por la derecha o le alcanzará al intento de renovación que busca expresar Sebastián Sichel? ¿El candidato de la izquierda será Daniel Jadue o Gabriel Boric? Fuera de las primarias oficiales, pero pocos días después, el centro definirá la suya: ¿será Yasna Provoste o Paula Nárvaez la candidata? Y los independientes, ¿tendrán candidatura propia o articularán con la izquierda? Todo eso pasará en los próximos dos meses.

Y también: ¿cómo se definirá la situación en Perú? El 28 de julio Pedro Castillo debería ser posesionado en el cargo de presidente. ¿Qué pasará con la CPI contra Bolsonaro? ¿Continuarán las movilizaciones y la represión en Colombia? ¿Cómo evolucionará la situación política en Nicaragua? Y así por todo el continente, que estará marcado, además, por la evolución de la situación de salud, y esta a su vez por las campañas de vacunación. A esto le sumamos la situación social y económica global, marco crítico en el que se desarrollan pequeños, medianos y grandes conflictos por ingresos y lugar para vivir y que a su vez se dan no solo después de un año y medio de pandemia sino en un contexto de incremento del precio de las materias primas.

Las próximas semanas y meses traerán novedades en varios planos. Hasta el próximo informe bimestral, a principios de septiembre, intentaremos actualizar esta información por medio de algunos artículos periodísticos y también a través de nuestro podcast audiovisual: Café continental.