Adictos al imperialismo
La guerra contra las drogas, tal como la ha denominado Estados Unidos, ha fracasado rotundamente, dejando atrás más de un millón de personas asesinadas en nuestro continente por efecto de su implementación y de los mayores volúmenes de producción de narcóticos. En más de cinco décadas, no ha conseguido ninguno de sus supuestos objetivos originales de “enfrentar y acabar con el enemigo” como caracterizaba al consumo de drogas ilícitas. Sin embargo, ha sido efectiva para profundizar la intervención imperialista en América Latina y el Caribe, expandiendo la militarización e intensificando la liberalización económica.
Desde las oficinas Argentina y Brasil del Instituto Tricontinental de Investigación Social, junto al Centro de Pensamiento y Diálogo Político – CEPDIPO y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola COCCAM de Colombia, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), y el investigador colombiano Fredy Escobar Moncada, nos proponemos profundizar en la tarea de evidenciar desde una perspectiva crítica las consecuencias de la política de guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, demostrando la vinculación entre dicha política con la intervención de carácter imperialista sobre la región. Buscamos aportar en una lectura del fenómeno del narcotráfico desde una voz problematizadora, generando un material de utilidad para las comunidades campesinas, urbanas y las organizaciones sociales, quienes sufren de forma cotidiana los efectos de esta guerra, para superar el diagnóstico y producir un material que aporte a la transformación de esas realidades.
Hace 52 años, el 17 de junio de 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, señaló a través de una conferencia de prensa al consumo de drogas ilícitas como el enemigo público Nº1 del país. Con lenguaje militar, anunció lo que sería la “ofensiva total” contra las drogas, con la creación de una oficina especializada para tal fin con un presupuesto inicial de 150 millones de dólares.
Así, inauguró con eufemismos y categorías militares, como le suele gustar a Estados Unidos, una nueva política de guerra contra un enemigo que se encontraba tanto dentro como fuera de sus fronteras. Detrás del lema de “enfrentar y acabar” con la amenaza declarada, adelantó una nueva intervención de carácter imperialista sobre América Latina y el Caribe que después se expandiría por el sur global; aunque ya venía desarrollándose una política contrainsurgente desde 1960 bajo la presidencia de Kennedy y luego con Johnson.
¿El enemigo? Invisible, subterráneo, pero a la vez claro e identificado: el narcotráfico como maquinaria que envenenaba a los ciudadanos estadounidenses. ¿La solución para detener al enemigo? Una política de mano dura contra los países productores, con un fuerte eje en el financiamiento militar, junto a la promoción de una infraestructura de asistencia para el desarrollo que proveyera el andamiaje suficiente para poder implementarlo.
Sin embargo, lo que realmente sucedió muestra los límites y efectos del diseño de la propia política de guerra contra las drogas diseñada desde Washington. Después de las más de cinco décadas que lleva sobre nuestro continente, no sólo ha sido un rotundo fracaso en la reducción de la producción y el consumo, sino que sus orientaciones y financiaciones han convertido a nuestros territorios en verdaderos valles de guerra y muerte. Así lo señaló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Conferencia sobre Drogas en América Latina y el Caribe citada en septiembre de 2023 junto al presidente López Obrador de México, donde además planteó que esta política “ha significado una experiencia sanguinaria y feroz […] donde las sociedades latinoamericanas y caribeñas somos las mayores víctimas, y no los victimarios”.
La política de guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, en palabras de Petro, ha ocasionado un “genocidio en nuestros países”. Este se ha llevado a cabo con la militarización y financiamiento de aparatos bélicos que han causado dramáticas violaciones a los derechos humanos, incrementado la violencia social, así como generado desplazamientos y migraciones forzadas. También, ha generado estigmatización y endurecimiento de penas contra quienes consumen, especialmente en las ciudades, y ha tenido efectos perniciosos en las tierras, las economías y las vidas de las comunidades campesinas por la implementación de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. Mientras todo esto ocurre, la estructura económica criminal que sustenta las redes de narcotráfico y que garantiza sus extraordinarias ganancias, así como sus vínculos en el circuito financiero que permite realizar transacciones para el lavado de dinero, se encuentra intacta.
El proyecto Adictos al Imperialismo: Estados Unidos y la política de Guerra contra las Drogas sobre Nuestra América investiga en torno a cinco dimensiones fundamentales para comprender los efectos de la guerra contra las drogas en nuestra región. No se trata solamente de un diagnóstico, sino de una investigación para generar alternativas en el diseño de políticas públicas que se puedan llevar adelante en los países que abordamos.
Entendemos que lo que públicamente se denominó como “guerra contra las drogas” estaba realmente diseñado para convertirse en una guerra contra los pueblos de nuestra región y cualquiera de las experiencias de soberanía e independencia que se levantaran frente al avance imperialista, que buscaba asegurar nuestro continente como parte de su zona de influencia después del fin de la URSS y respecto de la necesidad de renovar la excusa para intervenir. Así entonces, buscamos dar cuenta de las consecuencias de la política de guerra contra las drogas en la región, a través de las que consideramos las reales guerras que generó Estados Unidos en nuestro continente con la excusa del narcotráfico, y que se abordan a través de las siguientes dimensiones:
La guerra contra los productores, en la que trabajamos junto al CEPDIPO y la COCCAM, caracteriza los problemas estructurales de la tierra en la región y en particular en el caso de Colombia expone la lucha por el reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto político, las condiciones materiales, económicas, de vida de las comunidades campesinas y su participación en la producción de cultivos de uso ilícito. Este punto plantea y responde a la siguiente pregunta: ¿Por qué la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva que son las comunidades cultivadoras y no en los narcotraficantes o sus carteles transnacionales?, y aborda la lucha por la paz, la sustitución de cultivos, la experiencia organizativa y algunas propuestas para la elaboración de un nuevo paradigma de la política de drogas: de Colombia a la región.
La guerra contra las naciones, en la que trabajamos junto a CELAG el pasado y presente de la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, desentraña el carácter de intervención imperialista de esta política, aborda la arquitectura institucional del financiamiento de la guerra contra las drogas, preguntando quiénes son los responsables, cómo se permite y legaliza ese traspaso de dinero y cuál es el rol de los aparatos de seguridad y defensa en esta guerra. Asimismo, buscamos dilucidar cómo funciona el circuito de acumulación en Estados Unidos –con complicidades y responsabilidades internas siempre ocultadas–, el caso del Plan Colombia y la pregunta sobre cuáles son los desafíos para las alternativas populares en la región en la materia.
La guerra contra las ciudades, en la que trabajamos las transformaciones que ha implicado para las ciudades el desembarco del fenómeno del narcotráfico y la materialización de las políticas de guerra contra las drogas como dispositivos de disciplinamiento social a partir de la militarización, la securitización, el punitivismo, y la circulación de dinero vinculada a las prácticas de violencia y sicariato. Asimismo, nos interesa conocer cómo opera este dispositivo de control y disciplinamiento social y territorial con relación a las mujeres y la población LGTTBIQ+. Esto implica, por un lado, indagar en el proceso de feminización de la guerra contra las drogas desde una perspectiva latinoamericana. Y, por el otro, trabajar sobre la redefinición de las relaciones sociales y lógicas de construcción de poder, autoridad y género en los territorios afectados. Aquí nos interesa profundizar en las diversas experiencias de organización social surgidas en esos procesos de redefinición.
Finalmente, en una segunda entrega del proyecto, buscaremos abordar las dimensiones de los impactos de la política de guerra contra las drogas en la salud pública, así como en los consumidores.
Invitamos a leer, hacer circular y debatir este material, que busca dialogar y enriquecerse con otras reflexiones sobre un tema estratégico para los pueblos de América Latina, el Caribe y el mundo.
