La criminalización de los cultivadores como coartada imperialista: economía política de las drogas en Colombia

Presentación

Encontrar una solución definitiva al problema de la tierra y los cultivos de uso ilícito, la producción y comercialización de drogas ilícitas es un punto fundamental del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre las FARC-EP y el Estado colombiano, para contribuir al propósito de cimentar las bases de una paz estable y duradera en Colombia, pero también en América Latina y el Caribe. Este fenómeno incide en graves y específicas formas de violencia que afectan de manera especial al campesinado, así como a mujeres y jóvenes víctimas de la trata de personas, explotación sexual y violencia derivada del consumo en zonas tanto urbanas como rurales.

La producción de hoja de coca en Colombia presenta unas particularidades que refieren a la conexión entre los cultivos, la falta de desarrollo rural y el conflicto armado. Estos no son resultado de una asociación criminal entre narcotraficantes y comunidades rurales, sino que se originan en condiciones de acceso limitado a derechos, pobreza, marginación, débil presencia institucional y ausencia del Estado, a causa de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y como consecuencia de la implementación de políticas de carácter imperialista que expanden la militarización.

Aunque el país parece haber hecho esfuerzos para responder al fenómeno de las drogas ilícitas y el narcotráfico, el desafío persiste con profundas secuelas para la construcción de paz, en territorios y comunidades campesinas y en la ciudad. Ciertas dificultades se reflejan en la deficiente articulación de las políticas e instrumentos de planeación nacional con el Acuerdo Final de Paz (AFP), en su implementación integral y en el escaso desarrollo de alternativas y proyectos productivos de largo plazo para el fortalecimiento de las economías locales y regionales. También en la corrupción pública, la destrucción del tejido social y en la derivación de problemas ambientales.

En efecto, estos y otros factores han atravesado, alimentado y financiado el conflicto armado en el país, que escala en las regiones cocaleras con el denominado Plan Colombia, a causa del especial peso en su componente militar y por su dedicación exclusiva a la destrucción de cultivos ilícitos con una amplificada, dramática y grave violación a los Derechos Humanos. Política contrainsurgente que fue diseñada y dirigida por Estados Unidos, pensada a partir de la necesidad de renovar la excusa para intervenir la soberanía e independencia de nuestros pueblos y territorios y no sobre el objetivo de derrotar el narcotráfico, la cual, produjo muerte, violencia, desplazamiento y migraciones forzadas.

Las poblaciones que dependen del cultivo de hoja de coca, marihuana y amapola y sobre las cuales han recaído los impactos negativos —tanto de la economía ilícita como de las intervenciones que infructuosamente se han desplegado para contenerla— son las mayores víctimas y no los victimarios. Reclaman reconocimiento de sus derechos, proyecciones económicas, solidarias y de carácter colectivo, pues la “Guerra” debe ser, más que contra las drogas, frente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la injusticia y la violencia. Solo interviniendo sobre las causas de origen del conflicto, derrotando el narcotráfico y transformando las condiciones de vida del campesinado, los cultivos declarados de uso ilícito se reducirán o cambiarán su utilización.

Hoy continúa representando un desafío lograr un tratamiento diferencial de los campesinos trabajadores y cultivadores y de las personas que consumen drogas ilícitas, al igual que mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas y la posibilidad de la utilización para fines médicos, científicos y otros usos lícitos que se establezcan. Abordar el fenómeno obliga a contar con un nuevo paradigma, que apueste por la flexibilización en las políticas públicas y centre la lucha contra el narcotráfico, eslabón de la cadena productiva que realmente sustenta la economía criminal y garantiza extraordinarias ganancias.

La sustitución implica, por una parte, detectar costos y daños no deseados ajustados en el tiempo, con base en la evidencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y por otra, tener en cuenta las lecciones de buenas prácticas, las recomendaciones de las comunidades en territorios afectados, la experiencia de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y las sugerencias técnicas de organizaciones nacionales e internacionales, así como asegurar la acción coordinada de la cooperación internacional. En todo caso, la solución definitiva es un proceso dinámico.

Depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de los Estados con responsabilidad colectiva, en particular de aquellos que de manera directa o indirecta se han visto perjudicados por este problema de carácter transnacional como Colombia, Perú y Bolivia, caracterizados por sus altos índices en la producción, procesamiento y comercialización, que satisfacen la demanda de Estados Unidos y más recientemente de Europa Occidental, África y partes de Asia. También, sobresalen países de tránsito como Brasil, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Argentina, Guatemala y Honduras, donde se han encontrado laboratorios; y México, que interviene en el control de la mayor parte del comercio ilegal y los corredores de tráfico a través de la frontera.

“La criminalización a los cultivadores como coartada imperialista: economía política de las drogas en Colombia” hace parte del trabajo mancomunado entre el Instituto Tricontinental de Investigación Social, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) y el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), caracteriza, cuestiona y expone en siete capítulos los problemas estructurales de la tierra en Colombia, la dinámica económica de los cultivos de coca y la actividad cocalera, una historiografía de las luchas agrarias y el reconocimiento de los derechos del campesinado, las condiciones de vida de las comunidades campesinas y su participación en la producción de cultivos de uso ilícito.

Este trabajo también explora las ideas centrales en torno al contexto del desarrollo de cultivos de uso ilícito, el Plan Colombia y sus nocivos efectos, como parte de los fracasos de más de cinco décadas de la política contrainsurgente. Al mismo tiempo, analiza la falta de resultados respecto a las organizaciones narcotraficantes colombianas, mientras continúa el ataque a las familias campesinas. En ese sentido, puntualiza sobre una serie de operativos de erradicación forzada, entre los cuales revisa específicamente la operación Artemisa, uno de los últimos grandes operativos del gobierno de Iván Duque, desarrollada entre los años 2019 y 2022.

Además, el informe plantea e intenta responder la pregunta sobre por qué la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva —que son los campesinos trabajadores y cultivadores de hoja de coca— y no en los narcotraficantes o en sus carteles transnacionales. Asimismo, aborda la necesidad e importancia que revisten, en la lucha por la paz, la resolución integral y definitiva del problema de las drogas ilícitas y la sustitución de cultivos. Por último, presenta postulados para la elaboración de un nuevo paradigma en la política de drogas.

Desde una perspectiva crítica, el cuaderno hace énfasis y permite conocer sobre los procesos productivos de la hoja de coca, bajo el contexto histórico de dinámicas cambiantes. Presenta posturas y prácticas concretas que dan cuenta de los dilemas, conflictos, limitaciones y desafíos en torno de la “Guerra” y criminalización hacia el campesinado que subsiste de la economía de la hoja de coca. De esta manera, se problematizan las particularidades del fenómeno en cuestión y se alimentan horizontes de cambio en Nuestra América. No se trata solamente de un diagnóstico, sino de una investigación para aportar a la construcción de alternativas locales y para la región.

La tierra y la economía campesina en zonas productoras de hoja de coca

En los distintos países de la región de América Latina y el Caribe, históricamente y con la profundización del modelo neoliberal, pueblos y movimientos agrarios han dado luchas por la tierra y el territorio, con un fuerte componente reivindicativo sobre los bienes comunes. Desde sus diferencias y particularidades, las organizaciones campesinas denuncian distintas caras de un mismo problema: la falta de acceso y tenencia de las tierras, la exclusión social y económica, la desocupación, la opresión y la marginación, que se conjugan con la falta de políticas públicas, de salud y educación rural, así como con la imposibilidad de contar y acceder a una vivienda digna. Estas circunstancias han creado los motivos para generar movimientos y organizaciones sociales agrarias que han ido delineando su accionar en medio de este malestar de injusticia e inconformismo.

En Colombia, el acaparamiento, la usurpación y legalización de la tierra se ha dado con ayuda de diversos medios estatales, en un proceso que ha incluido medios civiles y militares y que ha contado con la participación y el apoyo de empresas transnacionales e inversionistas de otras partes del mundo, al igual que ha sido aceptada por quienes están vinculados al comercio inmobiliario, las actividades de economías extractivistas y la expansión de la agroindustria o sistemas agroforestales basados en modelos a gran escala, por ejemplo el sorgo, la soya, el trigo, la palma, el algodón, el maíz tecnificado y el arroz de riego. Se trata de comercios rentables, intensivos y depredadores, más relacionados con la especulación que con iniciativas productivas. Estos negocios contribuyen muy poco al desarrollo rural y al contrario, impiden la gestión colectiva de la tierra.

De igual forma, las tácticas de despojo en el país sobrepasan marcos formales, que son alterados, redefinidos o reinterpretados para dar la apariencia de legalidad a la transferencia de derechos de propiedad. Cabe pensar que se suman a las prácticas viejas y nuevas avaladas por notarios y registradores de instrumentos públicos toleradas socialmente. Asimismo, se emplean métodos corruptos sin la debida participación democrática para garantizar formas de acceso a la tierra y a otros recursos naturales asociados como el agua, los minerales o los bosques, entre otros, con el fin de dominar los beneficios de su explotación.

Tácticas para el despojo de tierras

En Colombia, la titulación y el acaparamiento de tierras inició con la demarcación de terrenos baldíos ocupados y cultivados por colonos, hecho que en la primera mitad del siglo XX dio lugar a grandes pleitos con concesionarios y entre hacendados y campesinos. Sobre este tema existe la falta de una estadística histórica del reparto, aunque, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), se cuenta con referentes como Catherine Legrand, Mariano Arango, Absalon Machado, Marco Palacios, compilaciones y estudios jurídicos que datan del siglo XX, así como el censo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), que abarca el período de 1901 hasta 2012.

La apropiación de la tierra orquestada por actores “invisibles” no inició en el siglo XX: desde 1591 —durante el proceso de invasión de la corona española— fue adjudicada en subasta pública al remate del mejor postor. Recientemente, se privilegia con la excusa de la globalización, la atracción de capitales extranjeros, quienes se hacen de la tenencia de la tierra para impulsar negocios extractivistas en grandes extensiones. Las condiciones económicas actuales muestran de forma desconcertante la privatización de la tierra y la confluencia sistémica de las crisis alimentaria, energética, climática y financiera. Escenarios cambiantes que plantean enormes desafíos a las fuerzas y movimientos agrarios, populares, progresistas y de izquierda.

También el paramilitarismo hace parte de los problemas de tierras y los conflictos rurales, con un papel protagónico como mecanismo de despojo, en un proceso que no fue homogéneo. Contó con un fuerte apoyo institucional, y recibió el respaldo y financiamiento de empresarios y terratenientes.¹ Algunos de estos grupos entablaron relaciones no institucionales con el Ejército para realizar operaciones de exterminio como masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En efecto, se estableció un ambiente favorable para el desarrollo de problemáticas como el narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad alimentaria, poblaciones por debajo de la línea de indigencia, el desplazamiento forzado y el abandono de tierras.

Las prácticas de despojo de grupos paramilitares refieren a dos alarmantes tendencias: (1) Donde hubo alianzas entre élites legales (políticas o económicas) o ilegales (narcotraficantes) y grupos paramilitares, sumadas a condiciones organizacionales favorables como el tamaño del grupo paramilitar, la probabilidad de despojo masivo de tierras aumentaba, como en el caso del Bloque Centauros de las milicias paramilitares de las AUC en los departamentos del Meta y Guaviare; y (2) la actividad de despojo del grupo paramilitar fue menor o desaparece por completo en territorios disputados con las guerrillas, pero no necesariamente con otros paramilitares (Mercado, 2017).

Las motivaciones que se relacionan con el abandono forzado y el despojo de tierras refieren a diferentes causas: (a) cuando la tierra tiene un valor militar o económico, por ejemplo, un predio que busca ser destinado como campo de entrenamiento, para fines de obras de infraestructura o un corredor para el transporte de drogas; (b) cuando la élite política o económica regional requiere obtener un usufructo, que puede ser agrícola o de otro tipo; (c) cuando los grupos paramilitares buscan un beneficio propio para sus redes de familiares o amigos y/o como castigo a los propietarios que se negaron a pagar las extorsiones o que denunciaron públicamente amenazas e intimidaciones (Mercado, 2017). Infortunadamente, en Colombia se identifica más guerra y condiciones adversas para la ruralidad que producción agrícola nacional.

Aunque existen algunas zonas donde se presentaron desplazamientos masivos pero que no implican despojos masivos de tierras, sí pueden mencionarse muchos ataques paramilitares contra los campesinos y campesinas a través de los cuales se perpetraron masacres con el objetivo específico de la apropiación violenta de tierras. Entre ellas destacamos tres: a) la masacre de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca) —proceso que tuvo lugar a través de ataques realizados entre 1986 y 1994—, con un saldo de 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada; b) la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997; y c) la masacre de El Salado (Bolívar), cometida entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, que consistió en torturas, degollamientos, decapitaciones y violaciones de un número de personas aún sin determinar, entre otras (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011; Comisión de la Verdad, s.f).

Uso y desigualdad en la distribución de la tierra

Otra cuestión importante se relaciona con el modelo de propiedad sostenido desde hace décadas, que consiste en concentrar de manera desigual y en pocos propietarios grandes extensiones de tierra. La existencia de una clase terrateniente poderosa en Colombia es uno de los mayores obstáculos para consolidar un sistema político democrático. La situación resulta más desigual si se considera que estas pocas personas no son solamente dueñas de la mayor parte de la tierra sino que poseen la de mejor calidad. Según el informe Características Agroculturales de los Cultivos de Coca en Colombia y de acuerdo con información catastral, Colombia adjudicó en 112 años —desde inicios del siglo XX hasta 2012—, aproximadamente 23 millones de hectáreas a particulares, es decir que el 0,4 % de los propietarios de tierra, equivalentes a 15.273 personas, tenían el 61 % de la superficie de la propiedad privada rural registrada en 2009 (UNODC, 2006; IGAC, 2012).

Sobre este tema, la fuente principal es el Censo Agropecuario que se realizó en Colombia en 2014, producto de los diálogos de paz y cuyos resultados fueron publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016). También, se cuenta con el  primer censo agropecuario que se llevó a cabo en 1951, en el departamento del Valle del Cauca, y se enfocó en las industrias del tabaco y la caña de azúcar y con los censos de 1960 y 1970. Esta información se complementa con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de 2010 y 2019 (DANE, 2010, 2019).

El censo estableció que en 2014 el país tenía 111,5 millones de hectáreas (ha), de las cuales 63,2 millones pertenecen a bosques naturales. Analizando las restantes 48,3 millones de hectáreas que se explotan económicamente, se encuentra que 34,4 millones ha, más del doble de lo recomendado, se dedican a explotación ganadera, que además están de forma desconcertante en zonas de pastos mejorados.² Tan solo 8,6 millones son de uso agrícola; otras 2,5 millones de hectáreas son uso del suelo no agropecuario y 2,8 millones ha concierne a infraestructura u otros. El informe estadístico también muestra que la población rural ha envejecido y disminuido en los últimos años, así como la persistencia de la pobreza y las brechas de desigualdad con las zonas urbanas.

De acuerdo con el análisis de Oxfam (2017), en 1960 el 29 % de la superficie productiva de Colombia era ocupada por Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) de más de 500 ha, en el 2002 la cifra aumentó a 46 % y en 2014 alcanzó al 68 %. En contraste, los minifundios de menos de cinco hectáreas en 1970 representaban el 64 % del total de las UPAs y ocupaban el 5 % de la superficie censada; y en 2014 alcanzan el 70,5 % de las unidades pero apenas manejan el 2,7 % de la tierra productiva. Mientras las grandes unidades de producción se han expandido, las pequeñas se han dividido y han perdido terreno.

El coeficiente de Gini para medir la desigualdad en la distribución de la tierra obtuvo como resultado que en Colombia el 1 % de las fincas —las de mayor tamaño: de más de 100 hectáreas— tienen en su poder el 81 % de la tierra productiva. Pero además, al interior de ese 1 % también se registra un gran proceso de concentración: las unidades productivas de 100 a 500 ha poseen el 12,4 % de la superficie productiva; las de 500 a 2000 ha, el 9,5 % de la superficie productiva y las de más de 2000 ha, que son el 0,1 % de las unidades productivas, apenas 2362 fincas, concentran el 58,7 % de la superficie productiva.

El 19 % restante de la superficie se divide entre el 99 % de los propietarios, lo que significa que un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.³ Inmersos en este contexto, no sorprende saber que el 42,7 % de los dueños de los predios más grandes (unidades productivas de más de 2000 ha) dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras manejadas por personas naturales con menos de cinco hectáreas y los monocultivos predominan. Por ejemplo, el 30 % de las áreas sembradas en el departamento del Meta corresponden a palma aceitera (Oxfam, 2017).

Aunque no se puede generalizar la relación entre palma de aceite, conflicto armado y usos del suelo, lo cierto es que en Colombia este cultivo —impulsado por el Estado desde 1957, en el marco de la política de sustitución de importaciones, y consolidado desde la década de 1980 con el fin de incrementar la producción de aceite vegetal y el reemplazo del combustible fósil por biocombustible (CONPES 3510 de 2008)—⁴ llevó a aumentar el acaparamiento de tierras, las dinámicas de concentración, los cordones de pobreza en campos y ciudades y condujo a procesos complejos de desplazamiento forzado, despojo con fines económicos y migración, que van más allá de la usurpación de la tierra. Hay que mencionar que el 80 % de las unidades productivas relacionadas con la palma de aceite tienen cultivos inferiores a 50 ha y representan el 4,7 % del cultivo total. Por su parte, el 1,5 % cuenta con más de 2000 ha y participan con el 41,2 % del área cultivada (Kalmanovitz y López, 2006).

Sucesos específicos que ocasionaron el abandono y la posterior compra de predios para el cultivo de palma de aceite abarcan la inversión directa por parte de paramilitares o de empresarios que tienen vínculos con estos grupos y en otras ocasiones se identifican introducidos cambios ambientales y ecológicos. En este sentido, se reconocen patrones que evidencian procesos de despojo como sucede en los casos de María La Baja, comunidad de Cucal y Cascajalito, Hacienda Las Pavas y El Peñón (Bolívar); Bajo Atrato Chocuano; Zona Bananera y Ciénaga (Magdalena); El Copey, Curumaní – Pitalito, La Gloria, Pelaya y Tamalameque (Cesar) y Ronda del Río Mira (Nariño) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

La sustitución de cultivos de pancoger —es decir, los destinados al autoconsumo familiar, que pueden ser transitorios y permanentes—⁵, típicos o tradicionales de la economía campesina, por otros que son predominantemente capitalistas —como la palma de aceite, el banano de exportación y la caña de azúcar, por mencionar algunos— implican disputas y resistencias relacionadas con el agua, la soberanía, el trabajo del campo, las prácticas agrícolas, la participación en la producción y el uso de suelo para siembra de alimentos. Al respecto, se reconocen impactos ambientales a causa de la deforestación, la pérdida de bosques, humedales, biodiversidad y servicios ecosistémicos, plagas y variación en la calidad del suelo. Esto considerando, por una parte, la transformación de los ecosistemas producto de los monocultivos y por otra, los cambios en las prácticas de producción pero no en la demanda energética, desarrollo y consumo.

Adicionalmente, el país presenta un desequilibrio entre uso adecuado y uso real del suelo,⁶ que refiere a una discrepancia entre el uso actual y el que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y económicas, que se debe tanto a los altos niveles de concentración como a la falta de adecuación de tierras y pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y productiva. Sobre esta tendencia, inciden variables macroeconómicas como la inflación, la tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto (PIB) y políticas económicas internas, que incorporan crecimiento, inversión extranjera y transformación productiva.

Entender y analizar los patrones marcados y generalizados que no favorecen la ruralidad —no sólo el asedio económico y/o paramilitar, sino también el desequilibrio de usos, con ecosistemas de páramos, pantanos, humedales, ciénagas y zonas de manejo ambiental utilizadas para usos agropecuarios, obras civiles y urbanas, y ríos para minería— conlleva a pensar en la urgencia de transformar la tenencia y uso de la tierra. Esto involucra, por un lado, las fincas de grandes extensiones que dedican gran parte de su superficie a pastos que utilizan para ganadería extensiva, y por otro, los predios pequeños y medianos que dirigen sus esfuerzos con grandes dificultades al uso agrícola, pero que también tienen la tendencia a la ganadería sobre otras formas de utilización de la tierra.

El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 ha ocupan el 60 % de la tierra. Los predios de más de 1000 ha dedican 87 % del terreno a ganadería y solo el 13 % a la agricultura. En los predios más pequeños, es decir, los menores a 5 ha, el 55 % del predio se dedica a ganadería y el 45 % a agricultura (Oxfam, 2017).

Estas circunstancias de desigualdad en el acceso a la tierra ayudan a entender las luchas agrarias y el surgimiento de zonas cocaleras o con influencia de cultivos de uso ilícito. Tan importantes son estos asuntos en el país que fueron el primero y cuarto punto en el Acuerdo Final de Paz (AFP), firmado en el 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Una perspectiva de análisis incluye pensar la “Guerra” contra las drogas en relación con la cuestión no resuelta de la posesión, propiedad, uso y concentración de la tierra, la criminalización y la exclusión del campesinado, que a su vez se conecta con cambios demográficos y el proceso de ampliación de tierras cultivables, como una de las principales causas del conflicto político, social y armado.

La economía de la coca

Las actividades ilícitas en torno a la hoja de coca comenzaron antes de 1950 y se acentuaron en la década de 1970 a causa de la demanda de la cocaína en el mercado internacional, en forma paralela a lo que se conoce como el período de “bonanza marimbera”. Para entonces el país se convirtió en el principal exportador de marihuana y de cocaína, lo que provocó una gran afluencia de capital que convulsionó y transformó a Colombia de manera radical, porque entró de lleno en la fase de procesamiento y comercio internacional, que mantiene y de la cual aún no sale.

En la década de 1980 cae la importancia de la marihuana y se mantiene en ascenso el tráfico de cocaína. Durante este tiempo comienza un periodo que se extendió hasta principios de siglo XXI, en el que fueron silenciadas las vidas de miles de ciudadanos, entre ellos periodistas, más de 5000 policías, 1000 jueces y 2000 dirigentes del partido Unión Patriótica, mientras que muchas otras personas se vieron obligadas a exiliarse (Samper, 2013; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2022).

En la década de 1990 los cultivos tuvieron una amplia expansión geográfica, acompañada de las disminuciones en Perú y Bolivia.⁷ Colombia pasó de 50.900 ha en 1995 a 136.200 ha en 2000 (UNODCCP, 2001). Esto ocasionó entre los años 1994 y 2005 un aumento de los conflictos internos, la ampliación de la frontera agrícola, la alteración del ritmo de crecimiento de la población, el incremento de la desigualdad, cambios culturales —asociados a diferentes formas de relación campo / ciudad, migraciones internas, variación en la siembra y producción de los cultivos— y el crecimiento de la vinculación de menores a la guerra. Además, se potenció la creación de nuevos asentamientos humanos y la formación de pequeños centros urbanos.

Entre 1984 y 1994 se crearon grandes grupos narcotraficantes organizados en dos principales ciudades, Medellín y Cali, que desempeñaron un papel clave debido a la riqueza y al poder que acumularon. El negocio se ubicó principalmente en los departamentos del Cauca, Guaviare, Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y en otros lugares de la zona y región andina. La persecución coordinada entre el Estado colombiano y los Estados Unidos, que consistió en militarizar y criminalizar al campesinado y todas sus actividades, comenzó durante la “bonanza marimbera”⁸ y continuó con el supuesto combate a la cocaína en estos años.

La primera década del siglo XXI reflejó el impacto de la economía ilícita sostenida en el tiempo. En estos años escaló el conflicto político, social y militar debido a la implementación de las políticas imperialistas del Plan Colombia, impulsado por el presidente Bill Clinton y desde finales de la década de 1990, por el Director de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas, Barry McCaffrey. En particular, durante la primera y segunda etapa de la llamada “seguridad democrática” (promovida por el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez)⁹ y el Plan Patriota, que duplicó los encargados en operaciones bélicas y el pie de fuerza durante la administración del presidente George Walker Bush.¹⁰ Después sucedió una nueva expansión de la hoja de coca, entre los años 2013 y 2017, con una estabilización en 2018 (Ver Tabla 1). Durante este periodo las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos adelantaron los diálogos de paz.

Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) y en coincidencia con cifras del UNODC (2020), las principales variaciones departamentales entre el año 2018 (cuando se sembraron 169 mil ha de coca en Colombia) y el año 2019 (cuando hubo una reducción a 154 mil ha) se dieron en el Caquetá (-62 %), Antioquia (-29 %), Nariño (-12 %), Bolívar (-7,5 %) y Putumayo (-5 %), con incrementos en Norte de Santander (+24 %) y Valle del Cauca (+82 %).

Regionalmente la siembra en 2022 se distribuyó así: (1) Región Pacifico (37,3 %); (2) Región Putumayo – Caquetá (21,4 %); (3) Región del Catatumbo (19,3 %); (4) Región Central – Sur de Bolívar (18,7 %); (5) Región Meta – Guaviare (3,2 %); (6) Región Orinoquia (0,10 %); (7) Región de la Amazonia (0,08 %); y (8) Región Sierra Nevada (0 % menos de 6 ha) (UNODC, 2023).

La tendencia de crecimiento, aunque constante, ha venido perdiendo fuerza. Para explicar su comportamiento no hay razones únicas ni sencillas. Por el contrario, se encuentran múltiples causas, con diferencias por región y de acuerdo a los momentos históricos del país, por ello es importante observar en mayor detalle la evolución de las zonas con plantaciones y de producción en los últimos años, ya que han tenido ciclos de aumento y de declive, al igual que modificación en los puntos de compra, venta y consumo.¹¹

No obstante, se pueden asociar motivos como la recomposición del narcotráfico en las zonas de influencia de las FARC-EP. Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP), ingresaron grupos de microtráfico de corte urbano a comprar la producción, imponiendo un precio inferior. Al mismo tiempo se da un crecimiento en la participación de mafias mexicanas, que llevan el precio a 1000 dólares por kilo en puerto de salida (Redacción Colombia +20, 2023), estimulando un ascenso de la cocaína, que puede estar o no vinculada con una eventual ampliación de siembra.

Otras razones por las cuales se pudo generar el aumento en algunas regiones son la reducción de la aspersión aérea, la expansión y los máximos rendimientos de los cultivos entre 2013 y 2017,¹² los bajos niveles de erradicación manual y sustitución que no llegaron a producir un descenso, las sólidas redes financieras, la resiembra en zonas sin la intervención de alternativas de desarrollo y finalmente, los problemas en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) y en particular del  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Tras la pandemia del Covid-19 se provocó una inusual caída global en los precios de la coca, ocasionada porque la producción de cocaína se aceleró más que la demanda, que en el caso colombiano proviene principalmente de Estados Unidos donde el consumo de cocaína fue superado por los opioides como la heroína y el fentanilo (sintético). Esto trajo consigo una recesión y una crisis humanitaria para las zonas rurales ya empobrecidas de Nariño, Norte de Santander y Putumayo (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023), que incluyó un aumento en la inseguridad alimentaria, porque a la fecha los resultados del programa de sustitución son marginales, así como nuevos desplazamientos.

El declive del precio de la coca, aunque significativo, generó poco impacto en las tendencias a largo plazo, porque la producción de drogas ilegales se mantiene en sus máximos históricos, la demanda mundial de viejas y nuevas sustancias psicoactivas se ha incrementado y las redes criminales continúan expandiendo sus ganancias. El Reporte Global de Cocaína de UNODC, citado por el Ministerio de Justicia y del Derecho (2023), señala que “los precios del mercado transnacional de la cocaína ajustados a pureza han permanecido estables tanto en el mercado norteamericano como en el europeo y la demanda ha aumentado, con un estimado de 22 millones de consumidores y un potencial de 55 millones de usuarios en los próximos años”.

Sin embargo, esta situación de crisis de los precios de la hoja de coca sí afectó los ingresos de aquellos que subsisten directamente de la actividad de siembra y cosecha, como los cultivadores, transformadores y recolectores. Asimismo, repercute en las economías legales locales —establecimientos comerciales, entidades bancarias y la recaudación de impuestos—, que se nutren del flujo de dinero proveniente de los primeros segmentos de los circuitos del narcotráfico.

En el fenómeno de la crisis cocalera también incide la captura o muerte de quienes regulan las transacciones —como “Otoniel” (jefe del Clan del Golfo)—, la destrucción de laboratorios y pistas de aterrizaje claves para transportar la coca, la ausencia de comerciantes de pasta base y la falta de compradores por las disputas territoriales entre estructuras, que a su vez generan miedo en el campesinado trabajador y cultivador que subsiste de la economía de hoja de coca, debido a posibles represalias por venta a otros agentes y extorsiones.

Se suman factores como las acciones del nuevo gobierno de Colombia en pos de desincentivar la coca en el desarrollo de su política de “Paz Total”, el incremento de la competencia en el mercado regional, el aumento en la producción al sur de América, así como la falta de capacidad de las rutas de exportación para recibir mayor producción.

En la actualidad, Colombia produce amapola, marihuana y hoja de coca y es —por un amplio margen— el mayor productor y centro de exportación de cocaína de la región andina. El país fue responsable del 65 % de la superficie total de cultivo de coca en 2022, con 230.000 ha asignadas a la actividad. Perú se situó en segundo lugar con 95.000 ha (27 %) y Bolivia ocupó el tercer puesto con 30.000 ha (8 %) (Melo, 2024). El crecimiento de los cultivos se estabilizó en el año 2018, pero la producción de cocaína continúa en aumento por las mejoras que han tenido las manufacturas en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína (Yañez, Córdoba y Niño, 19 de mayo de 2021).

Particularmente, según la medición de Naciones Unidas y como se observa en la Tabla 2, el país en el año 2016 consiguió 1053 toneladas de producción de clorhidrato de cocaína y en 2021 alcanzó 1400 toneladas métricas, así como 204.000 hectáreas de coca sembradas (UNODC, 2022). En 2022 llegó a 230.000 ha, concentrando el mayor crecimiento en Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Cauca y Antioquia, mientras que la producción potencial de clorhidrato de cocaína alcanzó a las 1738 toneladas métricas (UNODC, 2023).

En 2023, Colombia arribó a las 259.000 ha cultivadas pero esta superficie disminuyó a 246.000 ha en diciembre del mismo año. Según el Ministerio de Defensa, se destacan en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Marquez importantes incautaciones, que alcanzan las 739,5 toneladas de cocaína, 450 de las cuales se confiscaron en territorios internacionales. Esto supone un aumento del 12,1 % respecto a las 659 toneladas incautadas en 2022 (Newton y Manjarrés, 2024) y es resultado de la nueva política de drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico 2023-2033” que ha dado prioridad a la incautación de cargamentos y a la captura de miembros clave de las redes del narcotráfico. Sin embargo, hay que señalar que dentro de cada período se presentan momentos de desaceleración.

Hoy, medido en tiempos largos, continúa la tendencia al aumento de producción potencial de cocaína, como resultado de más hectáreas sembradas con coca y de fincas con cultivos en edades productivas ubicados en zonas de mayor concentración. También porque se contempla la reactivación de viejas tácticas de tráfico, junto con la aparición de sofisticados métodos para transportar la droga y llevarla hasta los sitios de embarque y distribución.

Dejando de lado por un momento las cifras y las históricas complejas relaciones de siembra y producción, los cultivos de coca tienen dos características principales: están concentrados y son persistentes en el tiempo. En su mayoría hacen parte de una extensión más grande de tierra donde se desarrollan otras actividades lícitas, es decir que el lote de hoja de coca no corresponde al tamaño total del predio o finca del campesinado trabajador y cultivador. Sin embargo, el conjunto de la finca es afectada por las políticas prohibicionistas y de erradicación forzada.

En razón de su ubicación para el año 2022, el 49 % de 230.000 hectáreas estaban cultivadas en áreas ambientales estratégicas y de manejo especial. Como se puede ver en la Figura 1, 10.626 ha (5 % del total) se encuentran en 13 de las 59 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, entre las que se destacan la Sierra de La Macarena, Paramillo, Nukak y Catatumbo Barí; otras 34.680 ha (15 %) en zonas de reserva forestal (según Ley 2da de 1959); otras 23.794 ha (10 %) en resguardos indígenas y finalmente 44.817 ha (19 %) en territorios colectivos de las comunidades negras (UNODC, 2023).

Figura 1: Ubicación de los cultivos de uso ilícito en Áreas de Manejo Especial

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2023)

Como se puede ver en la Figura 2 entre los 1123 municipios que dividen el territorio colombiano 185 tienen cultivos de coca. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho (2023) se puede hacer una distinción en dos tipos de zonas:

• Zonas de concentración, que ocupan el 82 % del área con coca, según datos de 2022. Estas presentan un incremento del 12 % respecto de 2021 y parecen responder a una estrategia del narcotráfico, porque se caracterizan por tener acceso a ríos, rutas clave de tráfico, adquisición de insumos y proximidad a fronteras. Además, definen una posición estratégica de los enclaves en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
• Zonas de desconcentración, con el 4 % del área con coca en 2022. Estas, que registraron un aumento del 20 % en comparación con el año 2021, tienen una ventaja para una mayor posibilidad de negociación y participación comunitaria en escenarios de sustitución. Se encuentran localizadas en Caquetá, Guaviare, Meta y Chocó.

Figura 2: Zonas de concentración, desconcentración y puntos emergentes 2013-2022

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2023)

Un dato importante es que el 32 % de los cultivos ilícitos han persistido allí por más de una década. Igualmente, el 25 % de los territorios han sido intermitentemente afectados los últimos 10 años. Además, entre 2020 y 2022 el 5 % ha sido perjudicado por primera vez con este tipo de plantaciones y el 38 % corresponde a lugares abandonados (Ministerio de Justicia y del Derecho 2023). (Ver Figura 3).

De acuerdo a nuestro relevamiento de información, los aspectos más influyentes para la continuidad de los cultivos son: (1) a pesar de los años, el narcotráfico no ha disminuido; (2) las organizaciones criminales no se han debilitado; (3) la política nacional ha sido infiltrada por corrupción y dineros del mismo narcotráfico, (4) la ausencia de instituciones genera espacios que aprovechan los grupos criminales, y (5) los carteles transnacionales se benefician de la posición estratégica del país como punto equidistante de los centros de producción y destino internacional y de la existencia de una poderosa red de contactos con Estados Unidos. Recientemente, se suman los problemas que ha tenido la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP).

Figura 3: Permanencia de los cultivos de hoja de coca

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2023)

El peso de la coca en la economía afecta entre un 2 % y 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, lo que equivale a alrededor de $19,5 billones de pesos (Becerra, 2019). Específicamente, la superficie cultivada es semejante al 1 % del área bajo uso agrícola. Su desarrollo es de muy pequeña escala, aunque no son todos pequeños propietarios. En el caso de los predios de los pobladores rurales, el tamaño promedio de la finca es de 9,4 ha. El mínimo valor de siembra de coca es de 0,25 ha y el máximo de 95,6 ha (UNODC, 2006).

Lo anterior guarda relación con el 88 % de los lotes detectados con hoja de coca en 2016 que registra un área igual o inferior a 1,78 ha (UNODC y FIP, 2018) y está en acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario del 2014, que muestra que el 65 % de los productores que cultivan y viven en su tierra están en predios de menos de 5 ha.

La producción de hoja de coca tiene como una de sus consecuencias la pérdida de fertilidad de la tierra, que es un tema de especial preocupación. Efectivamente, los cultivos se han convertido en una de las principales amenazas para la conservación de áreas ambientales estratégicas, al igual que, los incendios intencionados y la ganadería (FIP, 2020). Esta realidad refleja el impacto ambiental y da cuenta de las fallidas políticas de erradicación forzada y por aspersión aérea. Diferentes testimonios dan cuenta de esta realidad:

La naturaleza nos está castigando, nos estamos quedando sin agua, las tierras ya no son fértiles (…) esto se tiene que acabar (…) el mismo glifosato ha esterilizado tanto la tierra que el campesino ha tenido pérdidas (Yañez, R. Córdoba, C. y Niño, D.,19 de mayo de 2021).

La situación de falta de derechos de propiedad se constituye en otro factor de conflicto y de alta vulnerabilidad para la población rural. Diferentes estudios, como el realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2018) muestran que en las zonas con cultivos de coca no solo hay altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra, sino que también faltan acciones de impulso por parte del Estado para aclarar la situación legal de estos predios.

Asimismo, señalan que en las zonas de presencia de cultivos de coca, las familias asumen la titulación de tierras como un factor de temporalidad, es decir, los años de posesión son considerados como tenencia y no la figura jurídica de propiedad ante el Estado “apenas el 13 % de las personas acredita ser dueño de su predio por medio de escritura pública o sentencia judicial”. En este sentido, como se observa en la Figura 4, declaran ser poseedor, tenedor y en otros casos solo se reconocen como arrendatarios (UNODC y FIP, 2018).

Figura 4: Relación de tenencia de la tierra: Posesión y propiedad de la tierra

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2018)

Valoraciones finales

Del estudio realizado, surge que la economía de la coca se consolida en regiones con presencia histórica del componente militar y con ausencia de institucionalidad estatal más allá del aspecto coercitivo. Las zonas cocaleras tienen la característica de presentar grandes vulnerabilidades económicas, dificultades sociales y elevados índices de violencia, que justifican la permanencia de los cultivos de uso ilícito como la opción más inmediata y rentable de vida y supervivencia. Pero en consecuencia las poblaciones son altamente dependientes de las economías ilícitas y mantienen un nivel de pobreza mayor, con bajos ingresos fiscales y limitada conectividad.¹³ Por otra parte, las zonas donde se presenta el fenómeno de los cultivos ilícitos se han caracterizado por el conflicto por la tierra, producto de la marcada incidencia de la informalidad en los derechos de propiedad y de intereses diversos sobre la misma.

Para el desarrollo de otras economías y de los procesos de sustitución es requisito avanzar en la formalización de la propiedad y que el mayor número posible de personas sin tierra o con tierra insuficiente pueda acceder a una parcela. La disminución sostenible de los cultivos de coca requiere de recursos, liderazgo y tiempo. La reducción en el número de hectáreas será producto de la aplicación de múltiples herramientas coordinadas de larga duración, capacidades permanentes y de un esfuerzo significativo por parte del Estado. Se trata de construir instituciones, generar cambios y transformaciones en las zonas rurales con la participación y decisión de las comunidades.

El gobierno tiene el desafío de superar las respuestas que producen resultados transitorios y construir una política de acción pública, que logre economías lícitas a partir de solucionar el problema de la tierra y potenciar las fortalezas locales con criterios de vocación del uso adecuado del suelo para el desarrollo y ordenamiento territorial. Otros compromisos consisten en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP), que incluye aumentar la conexión a través de la construcción de vías terciarias y el mejoramiento de la red existente en conjunto con las cadenas de comercialización y distribución, al igual que la ejecución de programas de asistencia social, formativos y especialmente productivos, acompañado de proyectos de salud.

El cambio agrario, la sustitución de cultivos declarados ilícitos y las posibles rutas para lograrlo siguen siendo el mayor aspecto problemático en el país y son grandes propósitos del Acuerdo Final de Paz (AFP). En particular el “Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, que incluye de manera puntual los pilares “1.1.1. Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral” (3 millones de ha) y “1.1.5. Formalización masiva de la Propiedad Rural” (7 millones de ha); y el “Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. La implementación integral de ambos puntos representaría quizás la más importante y justa solución al problema de la tierra y las drogas, porque conlleva la acción urgente de políticas agrarias redistributivas que reconozcan los derechos del campesinado.

Luchas agrarias y derechos del campesinado

El campesinado está formado por toda persona que se dedica de manera individual o en asociación a la siembra de cultivos, es decir a la producción agrícola, artesanal o en pequeña escala, a la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura y la caza o la recolección, entre otras ocupaciones conexas, en una zona rural, para subsistir, distribuir o comercializar. Incluye a pueblos indígenas, comunidades locales, trashumantes, nómadas y seminómadas que trabajan la tierra, trabajadores asalariados, migrantes y temporales que estén empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, de acuicultura, bosques, empresas agroindustriales familiares y a personas sin tierra que realizan tales actividades (La Vía Campesina, 2020).

Aunque no de manera exclusiva, el campesinado recurre en gran medida a la mano de obra de los miembros de su familia u hogar y a otras formas no monetarias de organización del trabajo, con vínculo especial de dependencia y arraigo a la tierra. De acuerdo con la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales (UNDROP por sus siglas en inglés: United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas), aprobada el 28 de septiembre de 2018:

Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos que no puedan garantizarse de forma inmediata.

Propiedad de la tierra y condiciones de trabajo

En Colombia se reconocen décadas de resistencias y luchas agrarias por la tierra y los derechos del campesinado. Fueron pocas las opciones que tuvo para la organización colectiva a inicios del siglo XX, luego de terminarse la Guerra de los Mil Días, que se desarrolló entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. En este tiempo las familias campesinas permanecieron bajo el riesgo de las amenazas y prácticas represivas de grandes terratenientes y tuvieron que aceptar formas de explotación con contratos de arrendamiento en condiciones desfavorables. Fue alrededor de 1920 cuando se organizaron los primeros movimientos, no solo por la crisis económica tras el fin de la primera guerra mundial y la progresiva modernización de las explotaciones agrícolas, sino también por el reclamo de la abolición del pago en especie y la libertad de cultivos por parte de los arrendatarios.

En este período, las reivindicaciones giraron en torno a dos asuntos: (1) el reclamo y la exigencia de propiedad de la tierra en terrenos baldíos cultivados por campesinos pero que eran reclamados como propios por los hacendados, y (2) la lucha por el régimen laboral de las haciendas. Básicamente, los campesinos y las campesinas pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio y propiedad de la tierra. Estos dos objetivos se convirtieron en la bandera principal del movimiento agrarista.

Conviene subrayar que en 1913 se creó el primer Ministerio de Agricultura, que hasta entonces dependía del Ministerio de Obras Públicas. En los años siguientes se registraron motines, protestas y huelgas. La primera inició en 1924 en la Hacienda Tocarema, en el municipio de Anolaima, en el departamento de Cundinamarca, y luego se extendió a otros municipios de este y de otros departamentos, como Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Atlántico, así como la zona bananera en el Magdalena Medio, bajo Sinú, en Córdoba y Barranca de Loba, en Bolívar (Gilhodes, 1989).

En la historia de la lucha agraria sobresalen las regiones de Sumapaz y Tequendama, y los municipios: El Colegio, Quipile, Viotá, La Mesa, Fusagasugá, Silvania, Tena, así como Inzá, Belalcazar, Icononzo, Buga y Roldanillo, entre otros. Además, también se destacan los liderazgos de Juan De La Cruz Varela,¹⁴ Manuel Quintin Lame,¹⁵ Gonzalo Sánchez (dirigente indígena de la etnia Totoró) y Eutiquio Timoté.¹⁶ Entre 1926 y 1928, por su parte, resaltan la fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR) —entre sus figuras se encontraba Maria Cano—¹⁷ y el Partido Agrario Nacional (PAN), encabezado por Erasmo Valencia.¹⁸

El año 1928 culminó con la Masacre de las Bananeras, un hito en la historia agraria, que tuvo lugar en Ciénaga, Magdalena, entre el 5 y el 6 de diciembre. El hecho consistió en el cruel asesinato de un número indeterminado de trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company, que protestaban por mejores condiciones laborales. Los trabajadores fueron asesinados por efectivos del Ejército colombiano, tras la decisión del gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez.¹⁹

En 1929 comenzó la gran depresión o crisis financiera mundial que frenó los flujos de préstamo, por el incremento de las tasas de interés del mercado, tras la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. Esto ocasionó endeudamiento, pobreza y una reducción en los precios internacionales del café, que era un producto esencial en la economía colombiana. Los efectos negativos se prolongaron durante la década de 1930, años previos a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En efecto, hubo desempleo y pauperización de las condiciones de vida rural, lo que a su vez ocasionó movilizaciones a favor del campesinado en todo el país.

Consiguientemente, suceden cambios significativos, que modifican e incorporan otros elementos sobre la cuestión agraria, entre ellos el fin de la hegemonía conservadora (1886-1930), la llegada al gobierno del Partido Liberal, la fundación en 1930 del Partido Comunista Colombiano (PCC) y las huelgas de hambre que llevaron a cabo obreros desocupados en Calarcá, Armenia, Palmira, Girardot y Cunday. Además de la guerra con Perú (1932-1933) y el surgimiento de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), creada en 1933 por Jorge Eliécer Gaitán y otros liberales de izquierda.

Se suma a estos elementos el reformismo del gobierno de Olaya Herrera (1930-1934). En 1931, a pesar de los cuestionamientos y el rechazo por la derecha y de la Iglesia Católica, se sancionó la Ley 83, que reconoció el derecho de organización y el derecho de huelga. Durante su mandato fue atacado por el propio Partido Liberal, que contradijo sus propuestas porque vio afectados sus intereses: muchos propietarios de tierras eran de esta organización.

Años más tarde, en septiembre de 1934, apareció el Código de Trabajo Rural y una propuesta de reforma constitucional, que incluía la garantía del derecho de propiedad, limitaciones que conviniera al interés público y el uso obligatorio de la tierra. En respuesta, el Partido Comunista publicó una crítica a través de un memorial donde expresa la alternativa de expropiación sin indemnización y el reparto gratuito de la tierra. En esta época hay crisis y divisiones dentro de los movimientos de izquierda que debilitan la lucha agrarista, al igual que publicaciones y campañas alarmistas en medios de comunicación.

En 1934, el tiempo transcurrido entre la elección (10 de febrero) y la posesión del nuevo presidente (7 de agosto) estuvo marcado por manifestaciones y el recrudecimiento de la rivalidad entre gaitanistas (Alfonso López Pumarejo) y comunistas (Eutiquio Timoté). Al final, se obtuvo como resultado una concertación Liberal-Conservadora que dió inicio al primer mandato de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), llamado “La Revolución en Marcha”. La abstención conservadora del momento benefició al Partido Libreral, que además de la presidencia logró mayorías en el Congreso y con ello, la posibilidad de adelantar cambios legislativos.

En 1935 terminó la crisis, mejoró la economía cafetera, se reactivó la contratación de mano de obra, aumentó el salario en las ciudades y campos. La discusión agraria para entonces concluyó con la aprobación de la Ley 200 del 10 de diciembre de 1936, que no impuso un cambio radical pero reconoció los derechos de los poseedores y ocupantes. El gobierno, a pesar de la oposición, impulsó la iniciativa de compra y parcelación de hectáreas de tierra para otorgar derechos a pequeños y medianos productores, colonos y aparceros y buscó sanear títulos y contratos entre propietarios y trabajadores, pero a su vez reprimió a los campesinos que consideró “radicales” porque continuaban reclamando e invadiendo tierras.

En el segundo gobierno de López Pumarejo, entre 1942 y 1945, el campesinado impulsó movilizaciones en contra de la Ley 100 de 1944, por medio de la cual se acogieron las formas de producción propias de las haciendas y se declaró la conveniencia pública de explotar las tierras mediante contratos de aparcería, al igual que se alargó de diez a quince años el plazo para la extinción de dominio de los predios inexplotados (Albán, 2011). A pesar de todo ello, la ley incorporó en su artículo 18 la utilidad pública, el interés social de la tierra y la adquisición por el Estado de predios incultos o insuficientemente explotados, pertenecientes a particulares, para ser parcelados y utilizados con finalidades económicas y sociales.

Reformas agrarias y movilización social

En la segunda mitad de la década de 1940 se vivió una época de represión de la propuesta social y el debilitamiento de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). En 1946, antes de la llegada del conservador Mariano Ospina Perez a la presidencia, se creó la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), con el objetivo de contrarrestar la influencia comunista en la clase obrera y el campesinado, compuesta en su mayoría por sindicatos antioqueños. Dos años después, el 9 de abril de 1948, se produjo el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, que ocasionó un importante levantamiento popular en la historia del país. En la década siguiente se desarrolló la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).²⁰

En este contexto de problemática rural, represión y violencia partidista nacen las primeras guerrillas de autodefensa, con una orientación liberal y luego comunista. Se inicia también el proceso de colonización armada, que sentó las bases para la consolidación del movimiento del que nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de la Operación Marquetalia en 1964 y de la agresión contra el campesinado del sur del Tolima (Thahir Silva, 2008).

Desde este momento a las peticiones sobre la tierra se añadieron las reivindicaciones relativas al acceso a servicios y bienes públicos como escuelas, hospitales y centros de salud, caminos, carreteras e infraestructura vial, que han tenido una muy demorada expansión en el país, tramitadas en gran parte por las Juntas de Acción Comunal (JAC), creadas por la Ley 19 de 1958 en el gobierno presidido por Alberto Lleras Camargo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

La reforma social y agraria también estuvo presente durante el proceso de pacificación impulsado por los primeros gobiernos del Frente Nacional, un pacto que consistió en el reparto de poder entre liberales y conservadores, vigente para los años de 1958 a 1974, que generó la desmovilización de las guerrillas liberales y se agotó porque el país reclamaba participación y apertura democrática.²¹

Más adelante surgieron grupos heterogéneos, como la Unión Nacional de Oposición (UNO), FIRMES, el Frente Democrático y el Frente Amplio del Magdalena Medio. El 7 de enero de 1965 nació el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL). En 1973, surgió el Movimiento 19 de abril (M-19) y desde 1984 tuvo lugar el movimiento indigena armado liderado por Quintin Lame (MAQL), hasta su desmovilización en 1991.

Paralelamente se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fundada durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo por el Decreto 755 de 1967, puesta a andar con la Resolución 61 del 7 de febrero de 1968 y oficializada su creación en el primer Congreso Nacional, que tuvo lugar en julio de 1970. Una iniciativa del Estado y al mismo tiempo un movimiento social, que permitió organizar y capacitar para elevar el conocimiento político del campesinado (Comisión de la Verdad, s.f).

La ANUC dirigió y organizó olas de invasiones de tierras, rechazó los programas de colonización del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA),²² pidió la reducción del plazo y exigió entrega de predios baldíos a los campesinos sin tierra. También solicitó el reconocimiento de la expropiación como modo de adquirir tierras para la reforma agraria sin indemnización del latifundista y buscó la creación de “explotaciones agrarias colectivas”. Además, promulgó una alianza entre el campesinado y la clase obrera, reclamó la utilidad pública de la tierra y estimuló la creación de instancias de participación en los procesos de planeación y decisión de los programas de reforma agraria que se consideraban, para la época, debían ser voluntarios, gratuitos y apolíticos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

En la presidencia del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), último presidente del Frente Nacional, a causa de la amenaza del gobierno de revertir la ya demorada reforma agraria con una “contrarreforma”, miles de campesinos recuperaron tierras de forma organizada con el fin de acelerar la ejecución de los programas. En respuesta, el 26 de febrero de 1971, a través del Decreto 250, el gobierno declaró el estado de sitio, que duró 3848 días e implicó controles a la radio, ley seca y medidas de militarización. Los medios de comunicación señalaban en sus titulares «invasión orquestada de predios», «plan subversivo» y «brotes de anarquía» (Comisión de la Verdad, s.f).²³

En agosto de 1971, el movimiento agrario publicó “El mandato campesino”, un documento que sienta posición de total independencia frente al Estado, rechaza las políticas de la época y concede prioridad a las cooperativas y recuperación de tierras. Ante la pretendida “radicalización” de la ANUC y beneficiándose de sus tensiones internas, el gobierno promovió su división. Consecuentemente, el 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, gremios del sector agropecuario y congresistas de los partidos Liberal y Conservador pactaron una reforma a la Ley 135 de 1961,²⁴ que estructuró la tenencia de la tierra en favor de los terratenientes y alteró por completo su esencia, eliminó la expropiación del latifundio improductivo y priorizo la explotación empresarial agraria capitalista por encima del campesinado (Comisión de la Verdad, s.f).

Dado este panorama, en febrero de 1972 se llevó a cabo el paro cívico campesino, con bloqueos de carreteras, toma de oficinas estatales e incluso la conformación de una guardia cívica. En el presente existen guardias indígenas y cimarronas, con autonomía y autoridad territorial, reconocidas formalmente por el Estado colombiano. Menor visibilidad han recibido las guardias campesinas, una figura comunitaria que actúa en defensa de los Derechos Humanos y el territorio.²⁵

Las luchas de este periodo no alteraron de manera significativa la estructura agraria, hubo mejoras pero no las suficientes, por ejemplo, los campesinos obtuvieron triunfos importantes como la expropiación y parcelación de haciendas que no pudieron acreditar títulos legítimos sobre todas las tierras que reclamaban de su propiedad, el aumento considerable de la titulación de tierras a campesinos y colonos y el declive del régimen laboral de las haciendas basado en el arrendamiento de servicios.

Crisis, represión y descentralización

En la década de 1970 se mantuvo el alto costo y la falta de condiciones de vida digna. La inflación pasó de 6,83 % en 1970 a 28,30 % en 1977 (Comisión de la Verdad, s.f). El malestar social, al igual que las protestas, fueron en ascenso, a causa de la emergencia económica decretada en 1974, que repercutió en la falta de servicios públicos y vivienda, altos precios en el transporte y la reducción de subsidios. Debido a estas circunstancias, el 14 de septiembre de 1977 inició el Paro Cívico Nacional convocado por el movimiento sindical, las juventudes y estudiantes fueron los principales aliados, junto con el movimiento campesino. En este período, la radicalización de las personas pertenecientes al movimiento social, la influencia de la revolución cubana y la importante diversidad de las organizaciones sociales que, aunque valiosa, no logró consolidarse en un movimiento social unificado, llevó a una fragmentación de sus esfuerzos, abriendo espacio para que las expresiones guerrilleras crecieran.

La situación se complejizó el 13 de septiembre de 1978, cuando un mes después de posesionarse como presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), expidió el Decreto 1923, a través del cual adoptó el Estatuto de Seguridad que su antecesor, Alfonso López Michelsen (1974-1978), se había negado a aprobar. Sin embargo, no pudo desactivar el auge de la protesta: los movimientos sociales lucharon por la inclusión, bienes públicos, políticas de igualdad, derechos políticos y en contra de la impunidad (Comisión de la Verdad, s.f).

En este escenario, Colombia reunió condiciones óptimas para toda la cadena de producción del narcotráfico, por lo que los complejos cocaleros proliferaron, aún después de la declaración que realizó Richard Nixon en 1971, señalando a las drogas como el “enemigo público” de los Estados Unidos. Esto se convirtió en un factor de crisis del sistema, que se apoyó en las armas y en los dineros ilícitos y llevó a una tolerancia de los partidos con las mafias, que compraron campañas, seguridad privada, jueces y militares. Su desarrollo puede relacionarse con las siguientes razones:

(1) tierras baldías habitadas por campesinos sin oportunidades, quienes encontraron en la marihuana, la coca y la amapola (dependiendo de la región) mejores ingresos que con otros cultivos; (2) territorios que por el modelo de desarrollo no estaban integrados ni tenían presencia efectiva y/o legítima del Estado; (3) una dinámica de ilegalidad que trazaron a lo largo del tiempo rutas de contrabando y otras actividades ilícitas; y (4) la crisis social y económica que lanzó a la informalidad a miles de personas que viven del “rebusque” (Comisión de la Verdad, s.f).

Ciertamente, aparecen múltiples denuncias de violaciones de Derechos Humanos —la peor parte la llevó el campesinado—, los territorios, a su vez, fueron estigmatizados con la designación de “zona roja”, denominadas de esta manera porque había presencia insurgente y cultivos de hoja de coca. En estos lugares las Fuerzas Militares tenían la potestad de controlar la vida cotidiana de las personas. Allí además el paramilitarismo se hizo más fuerte, al igual que la noción del “enemigo interno” y las prácticas de guerra sucia.

A comienzos de la década de 1980, el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) propuso la adquisición y asignación de tierras a los amnistiados (Ley 35 de 1982) y diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que se conoce como los diálogos de la Uribe – Meta. En el marco de este proceso, el 28 de mayo de 1985 fue creada la Unión Patriótica (UP). Sin embargo, la guerra continuó: el paramilitarismo y el narcotráfico desplegaron una brutal violencia,²⁶ disputaron el poder local y regional y en complicidad del Estado perpetraron el genocidio de la organización naciente.²⁷

En esta década también se intentaron —sin éxito— conversaciones con el Movimiento 19 de abril (M-19)²⁸ y con el Ejército Popular de Liberación (EPL). Dentro de los hechos a destacar está la toma del Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985 y el desarrollo de la I Conferencia Bolivariana el 27 de septiembre de 1987, que creó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). A esto se sumó la división del Partido Liberal y la pérdida de influencia del Partido Conservador.

La descentralización fiscal y política (expresada en la Ley 78 de 1986) impactó de manera significativa en la época, marcada por el neoliberalismo y por grandes cambios a nivel mundial, como el giro en la orientación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y luego la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas en Europa Oriental.

Posteriormente Virgilio Barco (1986-1990) puso en marcha en 1988 el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) como opción económica para los cultivadores de hoja de coca. También anunció que impulsaría la extradición de narcotraficantes solicitados por Estados Unidos. En reacción, se conformó el grupo de “Los Extraditables” y el narcotraficante Pablo Escobar emprendió una guerra contra el Estado.²⁹ Trágicamente, en agosto de 1989, este grupo de la mafia en alianza con los paramilitares del Magdalena Medio llevaron a cabo el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Conflicto armado, narcotráfico y apertura democrática

En medio del conflicto interno colombiano se produjo una nueva Constitución, que buscaba implantar pilares más democráticos e incluyentes. En 1990 se logró el acuerdo de paz con la insurgencia del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Quintín Lame. Para ello fue fundamental la continuidad en las conversaciones que garantizaron el gobierno de Virgilio Barco y el de su sucesor, César Gaviria (1990-1994). Sin embargo, las guerrillas de las FARC-EP y del ELN quedaron afuera.

Más tarde, avanzaron otros diálogos, con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que dejó las armas el 9 de abril de 1994 y el “Acuerdo Final para la Paz y la Convivencia, Gobierno Nacional, departamental y municipal y milicias de Medellín”, firmado el 26 de mayo de ese mismo año.³⁰ Hay que señalar que quienes buscaron una integración política a la sociedad no encontraron un contexto favorable: muchos fueron asesinados o desaparecidos. Al respecto, se puede profundizar en los trabajos de la Comisión de la Verdad (s.f) y del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, 2016 y 2017).

La década de 1990 también planteó temas y retos ante los cuales el campesinado debía pronunciarse. Uno de ellos fue la Constitución de 1991. La nueva carta, promulgada el 4 de julio, significó un salto cualitativo de la democracia en Colombia y a su vez marca una serie de asuntos en materia política y social aún por resolver. El movimiento campesino se movilizó para ordenar al gobierno garantizar la igualdad y su reconocimiento como actores políticos y sujetos de derechos y logró ser incluido parcialmente en el artículo 64, que estipula:

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos.

Más adelante, el 2 de diciembre de 1993, asesinan a Pablo Escobar, luego de que el Estado colombiano y las agencias de Estados Unidos acordaron una injustificable alianza con el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), dirigido por los narcotraficantes hermanos Castaño, creado a raíz de la batalla de los carteles Medellín y Cali. Después de este hecho se fortaleció el paramilitarismo y se crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)³¹ y en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dominaron el narcotráfico desde el Nudo de Paramillo hasta el Catatumbo; corredor que les permitió exportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Los militares hicieron parte esencial de estas alianzas (Comisión de la Verdad, s.f).

En este ámbito de confrontación y en el marco de la llamada “apertura económica” que desplegó el neoliberalismo se promulgó la Ley 160 de 1994, que implicó la entrada del sector agropecuario al régimen de las leyes del mercado (CLACSO, 2012). En este período sobresalen el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC), orientada a  evitar la concentración de la tierra en áreas de colonización, que significó un freno al latifundio, particularmente en baldíos y áreas de especial manejo ambiental. El fracaso está relacionado con el hecho de que no hubo cambios de poder al interior de la estructura agraria, ni promoción al ascenso social y político de los pobladores rurales. Colombia se urbanizó antes que solucionar su problema agrario y dejó un sector rural propicio a los conflictos, con una agricultura de baja competitividad (Machado, 2017).

Marchas campesinas: cultivadores y trabajadores de la hoja de coca

El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998)³² aprobó la aspersión con glifosato³³ a cultivos que excedieran las 2 hectáreas, decisión que tuvo impactos en los pequeños cultivadores de Caquetá (CNMH, 2017), Putumayo y Guaviare (CNMH, 2015). En respuesta, entre noviembre y diciembre de 1994 hubo grandes movilizaciones en Puerto Asís (Putumayo).³⁴ Para entonces, el gobierno declaró que no suspendería los programas de erradicación. También estableció en 1995 el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)³⁵ y los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada (Convivir), que fueron restringidos en 1997 porque se habían convertido en más muerte, paramilitarismo y guerra.

En su mandato, Samper creó la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz (Ley 418 de 1997) y el 2 de noviembre de 1995 decretó por segunda vez en la historia de Colombia y por un periodo de ocho meses el Estado de Conmoción interior, a causa del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado³⁶. Durante ese tiempo brindó amplias facultades a la Fuerza Pública para controlar los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá. Por estos tiempos, Estados Unidos comenzaba una intervención en la política de Colombia, mucho más evidente que en el pasado. El gobierno de Bill Clinton incidió directamente en el nombramiento del comandante de la Policía, el general Rosso José Serrano, y del fiscal general, Alfonso Valdivieso (Comisión de la Verdad, s.f).

En 1996 se creó un programa denominado Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE)³⁷ y en julio del mismo año, ante incumplimientos del gobierno,  campesinos, raspachines³⁸ y recolectores, comerciantes, colonos y jornaleros dieron inicio a las marchas cocaleras,³⁹ que impulsaron al movimiento social de los noventa. Dentro del pliego de peticiones se encontraba la suspensión de las fumigaciones, el establecimiento de un plazo de diez años para eliminar los cultivos de uso ilícito, nuevas carreteras, programas de electrificación y la construcción de hospitales y puestos de salud. Las partes llegaron a un acuerdo que incluía la sustitución voluntaria, el establecimiento de mesas para tratar temas de desarrollo rural y  la  creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en cumplimiento de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996.

En constancia se firmó el Pacto de Orito y el acta “Por un Putumayo sin coca y sustentado en la economía solidaria – Plan de Desarrollo Integral de Emergencia” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). De esta manera los cultivadores de coca lograron ser reconocidos como interlocutores del Estado. Sin embargo, en su afán por obtener de Estados Unidos la certificación de lucha contra el narcotráfico —que nunca llegó—, el gobierno incumplió lo acordado y continuó con la erradicación forzada y las violaciones a los Derechos Humanos.

En medio de la incertidumbre política, la recesión económica, la tragedia y la violencia que no cesaba fue elegido el conservador Andres Pastrana (1998-2002), que intentó conversaciones de paz con las FARC-EP en San Vicente de Caguán⁴⁰ mientras al mismo tiempo impulsaba el Plan Colombia, representativo de los intereses de Estados Unidos. A través de este plan, Pastrana emprendió una guerra antinarcóticos y especialmente contrainsurgente, para ello el país “cooperante” aprobó en julio del año 2000, US $1300 millones, de los cuales un 80 % estarían destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y sólo un 20 % a la asistencia económica y social (Comisión de la Verdad, s.f). En su mandato también sobresale el acuerdo de Santa Fe Ralito, firmado por políticos y paramilitares para “refundar la patria”.

Luego de la apertura política y económica que implicó la Constitución de 1991 y que convocó a distintas fuerzas políticas, movimientos sociales e insurgencia y permitió el ingreso de capitales nacionales y extranjeros, legales e ilegales, quedó en evidencia que detrás de los cultivos de hoja de coca no solo estaban las mafias, paramilitares y guerrillas sino una población de alrededor de un millón de personas, que habitaban en Guaviare, Putumayo, Caquetá, Meta, Catatumbo y la Bota Caucana: cultivadores, raspadores, recolectores, cocineros, entre otros, que sobreviven a condiciones hostiles de constante disputa entre actores armados y precarias condiciones de vida.

De esta manera, emergió un nuevo actor en los territorios: el campesinado cocalero, que creció de manera constante, producto de la migración de trabajadores agrarios. Este actor, en consecuencia de su actividad de subsistencia, sufrió escenarios de represión, a raíz de la intensificación del conflicto armado, luego de una escalada militar y la expansión de todos los grupos que están al margen de la ley, así como por la disputa territorial y la cooptación del poder político por parte del narcotráfico. Se trata de un problema que ha sido tratado como un tema de orden público y no como un asunto de política pública.

Parapolítica y “seguridad democrática”

Terminada la Guerra Fría, Washington y El Pentágono trabajaron en —la Iniciativa Andina contra las Drogas—, que planteaba el problema del narcotráfico como un asunto de seguridad nacional el cual debía ser resuelto mediante el ámbito militar con la autorización y participación de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Al principio, Colombia no definía cómo concretar esta estrategia porque el país estaba implementando la ruta de sometimiento a la justicia, que incluía la extradición a Estados Unidos (Comisión de la Verdad, s.f). Sin embargo, el reconocimiento de las FARC-EP como una organización terrorista por parte de 33 Estados —entre ellos Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea— marcó en los primeros años del siglo XXI el inicio de una nueva etapa sobre el conflicto armado.⁴¹

Tras haber terminado el mandato Pastrana, el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a decir que Colombia era un Estado semi fallido porque había perdido presencia, legitimidad y autoridad en gran parte del territorio nacional, que no tenía seguridad sino altos índices de violencia. Justificaba así la continuidad de las políticas de guerra del Plan Colombia (2000-2015). En este tiempo, el país era el segundo con la mayor crisis humanitaria del mundo, después de Sudán.

Los grupos paramilitares volvieron a la población civil objetivo militar, empleando acciones de estigmatización, hostigamiento y persecución, particularmente hacia la considerada base social de las FARC-EP, estrategia conocida como Operación Orión, esto con el fin de dominar los territorios cocaleros y las rutas de salida del narcotráfico, que fueron su fuente de financiamiento de 1997 al 2005, año de su desarme, y al mismo tiempo evitar cualquier tipo de apoyo a las organizaciones insurgentes.

En consecuencia, los paramilitares impusieron a las comunidades diferentes dispositivos de control social, político y económico. El paramilitarismo se transformó y pasó de un accionar volátil y expedicionario al posicionamiento y control territorial en diferentes regiones del país donde inició un descomunal despojo de tierras mediante masacres que se incrementaron entre 1994 al 2002, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, saqueos, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos de población (aproximadamente 6 millones de personas). El resultado fue la usurpación de alrededor de 8 millones de hectáreas de tierra en operaciones en las que el Estado actuó en conveniencia o dejó operar impunemente (Comisión de la Verdad, s.f).

Integrantes de los grupos paramilitares encontraban en el narcotráfico una forma de financiación que les favorecia al momento de consolidar un proyecto político de derecha, el cual permitía su participación camuflada al sistema económico, por medio de la legalización del despojo y de sus riquezas, y al sistema político conocido como la parapolítica, que consistió en la consolidación del poder narco-paramilitar a través del asesinato de opositores, asegurando el apoyo electoral de la ciudadania con actos de violencia intimidatorios. En general, “la relación entre política y paramilitarismo fue tan estrecha que en ocasiones los paramilitares ejercieron como políticos y en otras los políticos fueron paramilitares” (Comisión de la Verdad, s.f).

Álvaro Uribe llegó a la presidencia de Colombia en el 2002 con el 54 % de los votos en primera vuelta por el movimiento “Primero Colombia” y no por el sistema bipartidista liberal-conservador. Su estrategia consistió en expulsar a la guerrilla hacia lo profundo de la selva, donde desarrollaría el conflicto durante sus dos periodos de gobierno. Al día siguiente de su posesión, inició la construcción de una red de informantes, así como la ejecución del Plan Meteoro, con el que sacó a los soldados de los cuarteles para las carreteras junto a la campaña publicitaria “vive Colombia, viaja por ella”. El compromiso de devolverle la “seguridad” al país le sirvió para constituir un supuesto “consenso” en torno a la guerra (Comisión de la Verdad, s.f).

En diciembre de 2001 se creó una comisión exploradora para el diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en 2002 se sancionó la Ley que le permitía abrir negociaciones con los paramilitares otorgándoles tratamiento político⁴², aunque en  realidad no se les había perseguido ni militar, ni judicial ni políticamente. Una de las razones por las que era necesario desmantelar los grupos paramilitares fue que el Plan Colombia ya estaba en pleno funcionamiento y garantizaba un aumento en las capacidades y tamaño de la Fuerza Pública. Esto provocó guerras internas entre los mismos grupos paramilitares que llevaron a cabo falsas desmovilizaciones, estrategia que les permitió mantener activas algunas de sus estructuras, así como la configuración de nuevos grupos sucesores, por ejemplo el Clan del Golfo⁴³. Otros abandonaron tempranamente las negociaciones (Comisión de la Verdad, s.f).

Las AUC estaban dispuestas a dejar las armas siempre que se legalizara parte de su fortuna, su poder político y no ser extraditados a los Estados Unidos⁴⁴. En convenio con el gobierno se firmó en julio de 2003 el Acuerdo de Santafé Ralito, en Tierralta, Córdoba, en el que los jefes paramilitares se comprometieron a un desarme por etapas hasta diciembre de 2005 y a un cese del fuego. Sin embargo lo que sucedió fue que disminuyeron las masacres, mientras se mantuvieron muy altos los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas. También persistieron las violencias sexuales, el reclutamiento y el secuestro (Comisión de la Verdad, s.f). Al final quedaron asuntos pendientes y no resueltos sobre las víctimas, la justicia, la verdad, la integración a la vida civil y la contribución al desmonte del narcotráfico.

El 7 de octubre de 2004, mediante una declaración denominada «Acto de fe por la paz», los paramilitares reiteraron su voluntad de dejar las armas e iniciaron una serie de desmovilizaciones colectivas que se extendieron hasta el 11 de abril de 2006. El último grupo se desarmó en Urabá, justo un mes antes de la reelección del presidente. Al final se disolvieron 36 estructuras armadas entre bloques y frentes, para un total de 30.944 hombres y mujeres en todo el territorio nacional (…) La desmovilización paramilitar significó un alivio para la mayoría de los territorios, aunque el reciclaje y el rearme fue veloz, en parte por las irregularidades que hubo en el proceso (Comisión de la Verdad, s.f).

La seguridad democrática encajó perfectamente en la agenda de Estados Unidos, ahora en cabeza de George Bush hijo. Consistió en una estrategia militar para dar golpes contundentes a mandos medios y altos, desarticular las comunicaciones, la movilidad y las finanzas de las FARC-EP. Esto a través de la creación de más batallones de alta montaña y de la articulación y coordinación del conjunto de fuerzas armadas, que contó con la constante presencia de miembros del Ejército de Estados Unidos en diferentes locaciones militares y policiales. También suscitó cambios en la forma en que se medía el “progreso” en la guerra. Se expresa incluso en el impuesto de pago al patrimonio por el cual se recaudaron a lo largo de los dos gobiernos 800 millones de dólares (Comisión de la Verdad, s.f).

Tras haber logrado la aprobación de la reforma constitucional de 2005, Álvaro Uribe Vélez fue reelegido para el período 2006-2010. En el año 2006 nombró como ministro de Defensa a Juan Manuel Santos quien amplió la financiación del Plan Colombia por tres años más con 728 millones de dólares en 2006 y 739 millones en 2007, presupuesto que mantuvo las políticas de “seguridad democrática”, la modernización del aparato militar y por lo tanto la continuidad de la “Guerra” contra las drogas. El periodo entre 1996 al 2006 merece una especial aproximación, ya que en este tiempo se cometieron el 70 % de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con responsabilidades compartidas entre comandantes, jueces penales militares y agentes de inteligencia. También esta fue la década con mayor injerencia de los métodos, estrategias y recursos de guerra de Estados Unidos (Comisión de la Verdad, s.f).

Dos años más tarde, la relación de Uribe con la Corte Suprema de Justicia se volvió más tensa ante los intentos de utilizar el poder presidencial para ocultar los vínculos del gobierno y su coalición política con el paramilitarismo que crearon una crisis institucional. En 2008 también pasaron importantes hechos en el conflicto armado de Colombia: (1) en febrero, millones de colombianos salieron a manifestarse contra el secuestro; (2) a principios de marzo se puso en marcha la operación Fénix, mediante la cual el Ejército de Colombia bombardeó —en territorio ecuatoriano— el campamento de Raúl Reyes, integrante del secretariado de las FARC-EP. A fin de este mes, además, murió Manuel Marulanda, comandante de esta organización por más de medio siglo. Esto coincidió con un contexto político de difíciles relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador y (3) en julio se llevó a cabo la operación Jaque, que logró el rescate de tres contratistas de Estados Unidos, 11 militares e Ingrid Betancourt (Comisión de la Verdad, s.f).

Además, salió a la luz pública la forma macabra de medir los resultados de la guerra a través de las “bajas” que se le causaron al enemigo, que se convirtieron en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Fue noticia el caso de 19 jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) y de la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad de Bogotá, que habían sido encontrados en una fosa común en Ocaña, municipio de Norte de Santander, luego de ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por parte del Ejército.

Las ejecuciones extrajudiciales implican el sostenimiento de una escalada militar y políticas de incentivos profesionales, de bienestar y económicos, relacionados por ejemplo, con ascensos, que derivaron en violaciones a los Derechos Humanos y en acciones contra la población civil. En su momento, la postura gubernamental sobre los “falsos positivos” seguía siendo negacionista, sugiriendo que era una intención de desprestigio hacia las fuerzas militares y que no se trataba de un fenómeno generalizado sino de casos aislados (Comisión de la Verdad, s.f). Sobre el tema vale la pena recordar que:

En Vietnam los estadounidenses pusieron en marcha más de 100 indicadores, dentro de los que estaban las deserciones, la fortaleza de unidades de combate, el porcentaje de tropas enemigas destruidas, el promedio de días utilizados en operaciones ofensivas, entre otros. La cuantificación del avance militar giraba en torno a los daños causados a la contraparte. Estos datos se comunicaban a través de reportes semanales y mensuales que terminaron basándose únicamente en las cifras. Los números se convirtieron en un fin en sí mismo. Las métricas eran la base de la doctrina militar (Comisión de la Verdad, s.f).

Más adelante, en febrero de 2010, la Corte Constitucional negó a Uribe la posibilidad de otra reelección con el argumento de que habría una ruptura del equilibrio de poderes y vicios en el trámite. De esta manera, finaliza su mandato en medio de una de las peores crisis diplomáticas de la historia en materia de Derechos Humanos con Venezuela, Ecuador y el resto de la región agrupada en UNASUR⁴⁵. Hace falta mencionar que las izquierdas estuvieron en constante movilización y crearon un bloque de unidad conocido como “Polo Democrático Independiente” que junto a una parte del Partido Liberal fueron los principales opositores del gobierno de Uribe.

En síntesis el doble período presidencial de Uribe Vélez lo dejó inmerso en escándalos como la Yidispolítica,⁴⁶ Agro Ingreso Seguro,⁴⁷ las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)⁴⁸ y los falsos positivos.⁴⁹ Además, en 2024 fue llamado a juicio por la Fiscalía por soborno y fraude procesal.

Diálogos y Acuerdo Final de Paz (AFP)

Juan Manuel Santos, luego de llegar a la presidencia, tomó medidas con el manejo de la política exterior del gobierno y la paz, que lo distanciaron de Uribe. “Insistió que Colombia podía ser un país sin guerrilla y que había que demostrarlo por la razón o por la fuerza” (Comisión de la Verdad, s.f). En efecto, las Fuerzas Militares y la Policía llevaron a cabo la Operación Sodoma en la que resultó abatido Jorge Briceño junto a 20 guerrilleros más.

Después, mientras se llevaban a cabo los diálogos de paz en la Habana (Cuba) en torno a la Reforma Rural Integral (RRI), se inició el paro agrario más importante de las últimas décadas en Colombia. Entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013, en gran parte del país se presentaron bloqueos, mítines, marchas, cacerolazos y otras expresiones de protesta, debido a la situación de vida del campesinado, a causa de los altos precios de los insumos agrícolas, los Tratados de Libre Comercio (TLC), por las dificultades de acceso al crédito y ante la falta de propiedad y tenencia de la tierra.

Resultado de la movilización social, el campesinado logró incluir en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz (AFP) las siguientes propuestas: acceso y uso de la tierra; tierras improductivas; formalización de la propiedad; frontera agrícola; protección de Zonas de Reserva Campesina (ZRC); Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Planes Nacionales para la Reforma Rural, que incorporan, infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social (salud, educación, vivienda, agua potable y erradicación de la pobreza); estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa (asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral) y un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación.

Además, las organizaciones campesinas llegaron a los siguientes acuerdos con el gobierno nacional de Juan Manuel Santos: (1) congelar la norma ICA 970 del 2010, que penaliza a los campesinos que no utilizan semillas certificadas, sino que reutilizaban las de su propia cosecha; (2) salvaguardar por el término de dos años la importación de papa fresca, precocida y congelada; cebolla cabezona; fríjol; arveja; tomate; pera; leche en polvo; quesos y lactosueros de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)⁵⁰ y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)⁵¹ y (3) aplicar las condiciones y tratamientos especiales en los acuerdos comerciales futuros para la protección de los productos antes mencionados. También se lograron acuerdos regionales y sobre el precio del ACPM con el sector de camioneros.

De igual manera, en el Acuerdo Final de Paz (AFP) se reconoce la necesidad de encontrar una solución definitiva e integral al problema de drogas ilícitas que incluya, por un lado, al campesinado como sujeto de derechos y por otro, la formulación y el desarrollo de políticas públicas con enfoques diferenciales. Sobre este tema, el Punto 4 considera tres pilares: (1) Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS): un componente de la Reforma Rural Integral (RRI), (2) Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y (3) Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. A pesar de los esfuerzos y a causa del incumplimiento en lo acordado, las comunidades productoras, sus familias y los territorios, aún hoy, mantienen condiciones de vida igual o mucho más difíciles que años atrás.

Después de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP), en el año 2017 la Corte Constitucional, en sentencia C-077-2017, consideró que los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente. Tras la decisión judicial, en el año 2018, el Estado colombiano se vio obligado a definir el concepto de campesinado como:

Un sujeto que se identifica como tal, involucrado vital y directamente en el trabajo con la tierra (agropecuario) y la naturaleza, pero no solo a este, también a la comercialización y distribución, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo, en cabeceras municipales o en la ruralidad dispersa, en veredas y corregimientos. Además, tienen una identidad cultural propia (Comisión de Expertos, 2018).

Ese mismo año la Corte Constitucional falla a favor de la Sentencia 2028, luego de que 1770 campesinos interpusieron una acción de tutela con la petición de que el Censo Poblacional y de Vivienda (DANE, 2018a) incluyera preguntas relacionadas con esta población, que permitieran al Estado recoger información para formular políticas públicas específicas en su beneficio sobre temas como propiedad rural en Colombia, mujer rural, mercado laboral de la población campesina, bienestar y calidad de vida (DANE, 2020).

Resultado de décadas de movilizaciones, organización y lucha para contrarrestar la creciente expansión del capital y por la defensa de los derechos del campesinado a sus territorios, semillas, agua y bosques, el 5 de julio de 2023, con 149 votos por el Sí y ninguno por el No, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio un respaldo unánime y aprobó el Acto Legislativo 01 de 2023, por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

La decisión ocasionó la reforma del artículo 64 de la Constitución Política, el cual reconocía como derechos el acceso a la tierra, los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, entre otros, pero se limitaba a los trabajadores agrarios (y no incluía al campesinado). Dentro de los aspectos a destacar de la reforma de 2023, está el enfoque de género, el derecho al ambiente sano, a la conectividad digital y el acceso a los recursos naturales, al agua y la diversidad biológica. Asimismo, la norma dispone, que la ley deberá reglamentar dicho artículo con el objetivo de garantizar todos los derechos del campesinado (Soto, 2023).

Valoraciones finales

En la historia, se reconoce el valor del movimiento campesino y las luchas agrarias en Colombia, sus múltiples facetas, violentas y no violentas, jurídicas o por vía de hecho, en la defensa del derecho y la función social de la tierra, que repercute en la inversión productiva pública y privada, como base fundamental del desarrollo social y económico del país. También se distingue el Acuerdo Final de Paz (AFP) y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) de derechos de campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, como instrumentos estratégicos para fortalecer las luchas y propuestas de los movimientos rurales, que sientan una jurisprudencia y una perspectiva jurídica internacional en el marco de orientar la creación normativa y las políticas públicas.

Específicamente sobre las zonas cocaleras, se puede señalar que surgen por la incapacidad o la falta de voluntad de los gobiernos para entregar tierras a los campesinos. Las mafias del narcotráfico llevaron la propuesta de producción de hoja de coca al campesinado e introdujeron en los territorios esta actividad de economía ilícita, que luego se convirtió en una problemática política y social para el país, y no en una solución para las familias que viven allí, abandonadas, estigmatizadas por el conflicto, perseguidas y tratadas cruelmente tanto por la fuerza pública y el Estado como por distintos actores armados y paramilitares.

En sentido general, la producción de coca a la fecha no se suprimió, sino que se convirtió en una fuente de muchas perturbaciones macroeconómicas, que se conjuga con el desafío permanente de la violencia que ocasionan los carteles y las mafias vinculadas al narcotráfico. Estas han logrado corromper las instituciones, influir en la política y las elecciones, degradar el Estado Social de Derecho, provocar el desplazamiento de millones de personas y la pérdida de la vida de otros miles, mientras que las comunidades campesinas permanecen en la pobreza.

En respuesta, el campesinado ha creado pliegos de peticiones que se han convertido en una ruta de trabajo y en documentos guía para la negociación con el Estado, al tiempo que se han movilizado para reclamar y exigir inversión en el campo, respeto a la vida, garantía de los derechos sociales, económicos, cuidado del ambiente y el reconocimiento de las formas de desarrollo del territorio rural, así como soluciones productivas para no depender exclusivamente de la coca. Lamentablemente, las mesas de negociación y los acuerdos firmados han terminado siempre en incumplimiento.

A lo largo de las últimas décadas, se evidencia que la política para combatir las drogas a través de la estrategia prohibicionista de Estados Unidos no solo es el método más costoso y el menos efectivo, sino que contrario a los objetivos propuestos consiguió profundizar el conflicto militar, social y político, que se nutre de sus recursos, incrementando las violaciones a los Derechos Humanos y perjudicando a las personas pobres de las zonas rurales.

En Colombia el campesinado durante la “seguridad democrática” no mejoró su economía, por el contrario: sufrió atentados, homicidios, secuestros, estigmatización y amenazas. Además del temor, el desplazamiento y el exilio. La tendencia continuó siendo, como en el pasado, la titulación de baldíos, ampliación de la frontera agrícola, deforestación y ausencia de infraestructura productiva, social y política. Esto ha sucedido en parte por la injerencia de Estados Unidos pero también porque las instituciones agrarias son del reparto burocrático y están manejadas por cuotas políticas ligadas al paramilitarismo, el narcotráfico y los “gamonales” regionales.

Para finalizar, conviene dejar de presente algunos de los retos actuales para el desarrollo rural y la construcción de la paz. Por una parte, es fundamental definir y crear directrices específicas para implementar el Acuerdo Final de Paz (AFP) y el nuevo mandato constitucional sobre la protección y el reconocimiento de los derechos del campesinado. Por otra parte, destinar recursos para transformar las condiciones de vida y dificultades en materia de igualdad y equidad, tenencia y propiedad de la tierra, reparación integral de las víctimas de despojo y abandono forzado, no estigmatización y discriminación, seguridad, alimentación, tratamiento penal diferencial y persistencia de los saberes culturales y ancestrales tradicionales.

Condiciones de vida en zonas productoras de hoja de coca

En Colombia, el desarrollo y la implementación del modelo económico agropecuario presenta grandes brechas históricas, sociales, económicas, étnicas y de género, por tanto, las familias que viven en zonas cocaleras y derivan su sustento del trabajo del cultivo de hoja de coca enfrentan múltiples y mayores condiciones de vulneración de derechos en comparación con las demás áreas rurales, altas carencias en los indicadores de calidad de vida⁵² y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (DANE, 2018),⁵³ fundamentalmente como consecuencia de la violencia, el despojo y el acaparamiento de tierras.

En muchos casos, debido a que la población campesina fue obligada a emigrar del centro del país a territorios inhóspitos, han ido perdiendo sus formas de economía, convirtiéndose en el eslabón más débil de la cadena de valor del narcotráfico, que continúa desplazando y destruyendo los proyectos de vida del campesinado, en tanto crea, organiza, sostiene y potencia nuevas y viejas formas de desigualdad. En las regiones afectadas por cultivos de uso ilícito se suma la corrupción al momento de acceder a bienes públicos, la débil oferta institucional, la poca confianza que siente la población hacia las instituciones, la escasa apropiación de los programas de sustitución implementados por el Estado y los reducidos o inexistentes espacios de participación.

Aspectos distintivos de las relaciones socioeconómicas

La producción de coca genera dependencia y trabajo con un alto grado de informalidad durante todo el año y particularmente cada tres meses, cuando se da la recolección de la hoja madura (Ver Tabla 3). Además, logra rápida producción con bajos costos, pronta comercialización y un ingreso promedio mensual equivalente al 56 % de un salario mínimo⁵⁴ por hectárea cultivada (UNODC y FIP, 2018).

Es importante entender que la hoja de coca tiene no solo rentabilidad, sino que permite acceder a fuentes de ingreso en contextos de altos costos del transporte fluvial y terrestre, largas distancias y tiempos de desplazamiento, ausencia de instalaciones para el acopio y almacenamiento de la producción agropecuaria, falta de cadenas de comercialización para la venta de los productos a un precio remunerativo, pagos excesivos a los intermediarios y difícil acceso a crédito. Es decir que las motivaciones son de tipo económico, ligadas a estrategias de sobrevivencia (UNODC y FIP, 2018). Esto se puede ver en la Tabla 4.

De esta manera, el fenómeno persiste y la comunidad rural sigue involucrada en un ciclo de pobreza y exclusión. Se ha mostrado que los territorios cultivadores de hoja de coca son más pobres, están más aislados y tienen menor acceso a bienes y servicios públicos, en comparación con el resto del país. Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), se establece que un hogar es pobre si está privado de un tercio de las dimensiones de los indicadores ponderados: educación, salud, infancia y adolescencia y condiciones de la vivienda.

Las actividades productivas vinculadas con la hoja de coca no requieren de mayor cualificación técnica o de habilidades físicas, por lo tanto, son compatibles con las edades tempranas en las que se inicia (por lo general, población infantil entre 6 y 9 años), cuestión que se relaciona con los altos índices de deserción escolar. En torno a la educación se presenta población analfabeta, niños, niñas y adolescentes que pueden estudiar y no lo hacen, además de rezago escolar y educativo (UNODC y FIP, 2018).

Los efectos sobre la salud, vinculados a las tareas realizadas en cultivos ilícitos, van más allá de los asociados al trabajo agrícola. Se suman los daños que surgen de los productos usados para el tratamiento de las plantaciones y por la institucionalidad en las medidas para la erradicación, al igual que los impactos a causa de la deforestación para ampliar la frontera agrícola.⁵⁶ También es importante tener en cuenta que las personas tienen limitado acceso al sistema médico, servicios públicos y una de cada cuatro vive en hacinamiento. Además existe una sobresaliente tasa de natalidad y de migración adulta, tendencias que no suelen tenerse en cuenta en los programas de sustitución y desarrollo alternativo.

Finalmente, está el problema de la vivienda rural en el país, que refiere a las carencias y necesidades de las personas que no cuentan con seguridad jurídica para su tenencia, ni con adecuadas condiciones de estructura física e infraestructura. El Censo Agropecuario 2014 muestra que a nivel nacional la tapia pisada, el adobe y el bahareque son materiales usados en un 25,6 % de las viviendas rurales ocupadas; la madera burda o tablón son usados en un 18,9 % y la guadua, la caña, la esterilla u otros materiales se utilizan en un 3,4 % de los casos (DANE citado en Dejusticia, 2018). En ese contexto, las condiciones de pobreza y precariedad prevalecen y los recursos para comprar un predio en donde construir o acceder a una vivienda digna son muy escasos.⁵⁷

Mujeres, juventudes y coca

Predominantemente, las familias que viven en las zonas con cultivos de coca se integran de jóvenes y mujeres cabeza de hogar. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2014, el 36 % de la población es femenina y participa en tareas de cocina y cuidado, al igual que tiene un papel activo en la cadena de cultivo (UNODC y FIP, 2018). Sobre el tema, una dirigente de la COCCAM señala: “¡Las mujeres se han empoderado!”. También expresa que la participación no solo es en la economía de la hoja de coca, sino en la cultura e identidad campesina que sostiene la vida. Complementa lo dicho con la siguiente intervención:

Nosotras siempre hemos estado luchando para que se puedan reconocer nuestros derechos y por la apertura de espacios de participación, poniendo en peligro hasta la vida, en distintas ocasiones, siendo manipuladas por grupos armados ilegales, vulneradas en nuestro ser (mujeres como botín de guerra) y víctimas de la represión de los fuerzas armadas legales. Desde las organizaciones sociales hemos visto y buscado estrategias de solución para que las mujeres campesinas y lideresas puedan adquirir herramientas y estrategias para la siembra y la protección de la tierra, el territorio y las semillas. Hoy en día es muy agradable ver muchos liderazgos de mujeres comprometidas, poniéndole el pecho a la lucha y trabajando por la construcción de paz (…). La realidad es que la mayoría de las vidas que se han perdido en todos estos años de conflicto han sido masculinas y entonces nos ha tocado asumir las banderas de nuestros muertos, así como cuidar y mantener nuestros hijos (jefas de hogares), poniéndonos siempre al frente de todas estas necesidades y la protección. Detrás de nosotras han llegado otras compañeras. Esto nos ha motivado a que sigamos permaneciendo en el territorio. Sin embargo, no nos sirven palabras bonitas, necesitamos inversión y el reconocimiento de nuestras luchas como lideresas y defensoras de los Derechos Humanos (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

La perspectiva de las mujeres cocaleras permite percibir y entender que la “Guerra” contra las drogas ha tenido impactos de género específicos. Actualmente diferentes procesos sociales y entidades han llamado la atención sobre el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, buscando estrategias de acercamiento para fomentar la formación política y minimizar las violencias, fortalecer el liderazgo y la autonomía en el campo, incrementar la asistencia escolar y el acceso a los servicios de salud y disminuir el trabajo infantil.

El panorama de desigualdad y violencias de las mujeres campesinas también incluye matrimonio infantil, uniones y fecundidad tempranas, estereotipos de género, acceso a tierras y control sobre la misma, financiamiento, seguridad alimentaria y nutricional, atención a población de niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores, brechas en niveles educativos y pobreza monetaria por insuficiencia de ingresos, entre otros aspectos. En promedio, las mujeres rurales trabajan diariamente 14 horas y reciben remuneración por el 39 % del tiempo (5 horas y 28 minutos), el restante corresponde a trabajo no remunerado. Asimismo, dedican alrededor de 2 horas y 25 minutos a actividades de suministro de alimentos (DANE, 2020a-2020b).

Dentro de los aspectos positivos está la colaboración y las buenas relaciones comunitarias fundamentales para centrar esfuerzos asociativos y cooperativos que contribuyan al mejoramiento de vida de la población campesina.⁵⁸ No obstante, la falta de escenarios efectivos de participación también es percibido como un factor de riesgo e incluso como un incentivo para involucrarse no solo en actividades relacionadas con los cultivos de coca, sino además en otras acciones delictivas vinculadas a grupos armados. En línea con lo anterior, se muestra el siguiente testimonio,

Hemos sido excluidos de toda participación real en el poder político y social, es allí donde nos articulamos con el conflicto armado y la lucha social (…) El gobierno no tiene presente la participación comunitaria y la manera en la que se puede llegar a transformar las economías rurales a través de proyectos que nos brinden buen acceso a estar y vivir dignamente (Joven de 25 años) (Yañez, Córdoba y Niño, 2021).

En suma, las mujeres campesinas tienen un rol protagónico en todas las actividades agropecuarias, la alimentación de sus familias y el liderazgo en las comunidades. Actualmente afrontan problemáticas y desigualdades en su acceso completo a la economía rural y a las inversiones e institucionalidad necesarias para su desarrollo. A pesar de que para muchas familias la coca significa una supuesta salida a las condiciones de precariedad y pobreza en las que habitan, su producción y comercialización trae al territorio pocas ganancias económicas y al mismo tiempo guerra, riesgos, angustia y mucho dolor.

El impacto de la violencia y la criminalización

Antes del Acuerdo Final de Paz (AFP), los territorios productores de hoja de coca ya habitaban el conflicto, sin embargo, este no desaparece luego de la firma, sino que se configura nuevamente. Como efecto negativo, los narcotraficantes se han fortalecido, se han vuelto más violentos y continúan sobrepasando la capacidad del gobierno y de las instituciones del Estado.

De igual modo, las comunidades han perdido autonomía, poder de decisión y control sobre sus territorios y siguen con gran desconcierto enfrentando graves riesgos de seguridad, que se acrecientan con el aumento en el número de homicidios y a causa de otros hechos que vulneran la vida. El estudio “Cifras de violencia en Colombia 2016-2023”, realizado por Indepaz, registra que en el primer trimestre del año 2023 hubo treinta y cinco líderes y cinco Firmantes de Paz asesinados; veintisiete masacres y doce eventos de desplazamientos forzados masivos. En la Tabla 5 se pueden encontrar algunos testimonios sobre la situación.

En Colombia no solo se ha perseguido al campesino cultivador, sino que la criminalización del consumo, el porte y el comercio de estupefacientes, establecida en la Ley 30 de 1986,⁵⁹ ha derivado en que las cárceles estén llenas de personas con delitos menores por porte o venta de drogas, incluida la base de coca, cuya privación de la libertad en nada ha contribuido a proteger la salud pública, ni tampoco a desmontar las organizaciones delictivas del narcotráfico que controlan las redes de producción, tráfico y distribución de sustancias ilícitas. Desde 1994 la Corte Constitucional declaró legal el porte de la dosis mínima pero en la práctica se ha hecho difícil diferenciar esto del comercio al menudeo (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017; Comisión de la Verdad, s.f).

En la ruta de criminalización, la primera etapa es la captura, esta puede ser realizada por distintas entidades, como la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y, con mayor frecuencia a partir del Plan Colombia, por “La Brigada contra el Narcotráfico del Ejército Nacional”. Concretamente, se reconoce una tendencia de la Policía Nacional a centralizarse en la persecución por tráfico, porte o fabricación (art. 376 del Código Penal) y no en el lavado de activos o el concierto para delinquir, como se observa en la Figura 5, al igual que patrones de concentración geográfica (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017; Comisión de la Verdad, s.f).

En el caso del tráfico y el lavado de activos hay una alta concentración de capturas en los departamentos donde están ubicadas las tres principales ciudades del país. Para el caso de las conductas de tráfico para procesamiento y conservación de plantaciones destaca el peso de departamentos del sur del país que de forma persistente han tenido cultivos de usos declarados ilícitos como es el caso del Cauca, Nariño y Caquetá (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017).

Figura 5: Capturas por tráfico, porte o fabricación en comparación con otros delitos 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con base a Uprimny, Chaparro y Cruz (2017)

En cifras específicas, la población carcelaria aumentó entre el 2000 al 2015 en 141,8 % y creció en número de privaciones de la libertad por drogas en 289,2 % alcanzando 24.374 personas. Según la medición del Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones (ICPS por sus siglas en inglés: International Centre for Prison Studies) en junio de 2016 estaban en prisión 121.778 personas. El país también registra para el mismo periodo de tiempo la tasa de crecimiento de población carcelaria y de presos por drogas más alta en comparación con Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Estados Unidos (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017).

Recientemente el Ministerio de Justicia y del Derecho ha señalado que, a agosto de 2023, 17.670 personas están encarceladas por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esto corresponde al 17 % de la población penitenciaria del país. Sin embargo, gran parte de las personas privadas de libertad por delitos de drogas no cometieron crímenes violentos y corresponden principalmente a pequeños cultivadores, recolectores, transportistas o consumidores. No obstante, las sanciones establecidas se acercan a las de crímenes graves como el homicidio, la desaparición forzada y la violencia sexual.

El carácter indiferenciado de la penalización de los delitos de drogas,  —tanto por el tipo de actividad, como por la escala en que se realizan—  ha conllevado a la aplicación de castigos muy severos, que afectan tanto a las personas detenidas como a sus familias en su mayoría pobres y con escasas oportunidades (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017), como se puede ver en la Tabla 6 y Figura 6.

Figura 6: Promedio de penas asociadas a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) por delitos relacionados con drogas

Fuente: Elaboración propia con base a Ministerio de Justicia y del Derecho (2023)

El impacto de estas políticas también ha tenido una afectación dirigida a las mujeres. En Colombia, desde 1991, el número de mujeres encarceladas se ha multiplicado de manera acelerada, pasando de 1500 mujeres a 8351 en 2015. Particularmente, en el periodo 2010-2012 más de la mitad de las mujeres en cárceles llegó a estarlo por delitos de drogas. De estas, solo una ha cometido conducta violenta o pertenece a una organización criminal (Uprimny, Chaparro y Cruz, 2017; Comisión de la Verdad, s.f).

La “Guerra” contra las drogas ha contribuido a la sobrepoblación carcelaria y ha generado un aumento de la criminalización de la pobreza, con consecuencias desproporcionadas para comunidades campesinas, étnicas, minoritarias y de bajos recursos (Amnistía Internacional, s.f). Esta situación no solo perpetúa las desigualdades sociales, sino que también vulnera los derechos fundamentales de las personas.

Investigadores como Uprimny, Chaparro y Cruz (2017) proponen descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel e implementar alternativas a las penas privativas de la libertad.

Valoraciones finales

Las condiciones descritas en las regiones con cultivos de uso ilícito afianzan la salida, expulsión y la poca población en el campo. Además, son un elemento central para entender por qué el campesinado vende su fuerza laboral en el mercado para cultivar, cosechar y raspar la coca. Es evidente que el abandono estatal, la falta de infraestructura, la violencia, entre distintos factores estructurales han forzado a gran parte de la población rural a involucrarse en la cadena productiva del narcotráfico.

Conscientes de que es otra la cara de esta realidad y que la mejor política se hace a través del diálogo, es posible imaginar nuevas respuestas, distintas a la guerra, para solucionar el problema de las drogas. Por una parte, es fundamental avanzar en contener y reducir la influencia de los grupos criminales en zonas afectadas por el narcotráfico, y por otra, brindar incentivos y alternativas de producción a largo plazo para las personas que dependen de esta economía ilícita. Esto incluye el acceso a tierras, políticas públicas y programas de desarrollo rural con enfoques diferenciales.

Además está pendiente avanzar con el tratamiento penal diferencial para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados a actividades relacionadas con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y/o que estén siendo procesados o hayan sido condenados por los delitos tipificados en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000; y que cumplan con los requisitos para acceder al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), en el marco del Acuerdo Final de Paz (AFP).

La superación de estos problemas no compete solo al gobierno nacional, sino que debe involucrar la diversidad de actores y factores políticos, sociales y culturales que dibujan a las regiones, en un mundo rural que se desenvuelve más allá de la comprensión tradicional de las prácticas agrícolas. En este sentido, es clave no perder de vista cuatro aspectos centrales, que cuentan con una relación estrecha y resultan primordiales para encontrar soluciones: (1) la tierra, las capacidades locales existentes y el ambiente que incorpora el suelo y los ecosistemas; (2) los grupos armados, carteles y mafias, además de quienes se ven obligados a pertenecer a ellos; (3) el trabajo con comunidades afectadas, autoridades locales y sector privado y (4) la implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP) que busca expandir y asegurar derechos al campesinado.

También, se requiere aprovechar la participación y el liderazgo de las mujeres, las buenas relaciones comunitarias y la baja rentabilidad de los cultivos de hoja de coca a partir de la caída de los precios desde 2022 —ya analizada en el capítulo 1— para transformar las condiciones de vida de las comunidades, que han estructurado una economía alrededor de su producción. De ahí la necesidad de involucrar la mayor participación social para alcanzar la combinación de condiciones económicas, sociopolíticas y agroecológicas, que puedan controvertir el narcotráfico y el agresivo modelo neoliberal.

El fracaso del Plan Colombia

La relación estrecha y desigual que se ha cimentado a lo largo de los años entre Colombia y Estados Unidos pasa por diferentes intereses, económicos, políticos, geográficos, ambientales, hasta lo cultural, determinando un engranaje de violencia focalizada, mayoritariamente en el campo y dirigida a quienes habitan sus territorios. Desde la década de 1940, Estados Unidos ha tenido injerencia en el modelo de seguridad de Colombia, que es el primer país en firmar un programa de asistencia militar en 1952, el cual sirvió como base para futuros acuerdos y misiones de cooperación estratégica. Se añaden los tratados de extradición de 1979 y el de asistencia mutua de 1980, así como la fiscalización internacional.⁶⁰

Se puede decir que a partir del auge en la venta y el consumo de narcóticos en Estados Unidos, con los gobiernos de Nixon (1969-1973) y Reagan (1981-1985 / 1985-1989) se fue perfilando una política exterior de intervención imperialista de este país hacia América Latina, basada en la política de “Guerra” contra las drogas más de carácter contrainsurgente y en Tratados de Libre Comercio (TLC). En el marco de esta estrategia, Colombia se convertiría en un aliado que permitiría afincar los intereses expansionistas de Estados Unidos en la región. Si bien los antecedentes de la vinculación de Colombia con la economía internacional del narcotráfico datan de comienzos de la década de 1930 (Museo Nacional de Colombia, 2014) es a finales de 1960 cuando ingresa en su producción, procesamiento, y comercialización.

La relación bilateral Colombia-Estados Unidos se intensifica en la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) a pesar de los presuntos nexos del mandatario con el narcotráfico (Spitaletta, 2024). En este periodo se avanza en el desarrollo de la doctrina del “Respice Polum” acuñada por Marco Fidel Suarez (1918-1921), que había surtido efectos desde inicios del siglo XX.⁶¹ Esta consistió en adoptar una posición de subordinación y alineamiento incondicional, más que de cooperación, en pro de los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. De esta manera se cimentaron las bases de la política exterior colombiana, que buscó y consiguió de forma creciente la presencia de capital estadounidense en el país. Esta orientación terminó de consolidarse luego de que Reagan impuso la certificación como un mecanismo de presión y control sobre los países donde se producen drogas de uso ilícito, acompañada en abril de 1986 por la firma de la Decisión Directiva 221, a partir de la cual, el narcotráfico pasó a considerarse legalmente una amenaza a la seguridad nacional (Dawn Paley, citado en Arias y Romano, 2022).

Enemigo interno: Una herramienta de persecución política

Simultáneamente al proceso de criminalización y expansión imperialista por parte de Estados Unidos se constituía en el imaginario colectivo la figura del “enemigo interno”, que amenazaba la seguridad de la nación. Este se trasladó del ámbito internacional al local, a partir de la lucha occidental en contra del florecimiento comunista, que tenía como agentes principales a los movimientos y organizaciones de izquierda. Según la Comisión de la Verdad, esta noción “opera como un estigma contra los opositores del orden cristalizado. Aludiendo a su articulación con el ‘comunismo internacional’, su objetivo es establecer un sistema de propaganda y organización contrainsurgente que repercuta en la psique de la ciudadanía” (s.f).

La “Guerra” contra las drogas no solo creó una nueva representación estratégica de la amenaza, sino que buscó despolitizar a los movimientos comunistas, a partir de un relato de deslegitimación que les asociaba criminalmente y judicialmente al narcotráfico. De esta manera, el “enemigo interno” se trasladó discursivamente del campo ideológico al delictivo. Esta Iniciativa no solo buscó restarle legitimidad a las luchas guerrilleras por la reforma agraria y contra la intervención extranjera, sino que también tuvo el propósito de darle más insumos argumentativos a definiciones en torno al traslado de tropas, programas de espionaje y acciones directas de Estados Unidos sobre Colombia.

Por otra parte, la proliferación de carteles de tráfico de drogas ilegales propició el espacio para instalar el discurso de las «narcoguerrillas» (Arias y Romano, 2022), con el que se señala el empleo del narcotráfico como fuente de financiación pero a la vez se conserva la amenaza subversiva. Durante la coyuntura político-militar de la década de 1990, que produjo un recrudecimiento y degradación del conflicto interno colombiano —y se caracterizó por la alianza de terratenientes, élites político-económicas y miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares, delincuencia organizada y mafias—, emergió el componente «terrorista», que años más tarde termina por instalarse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Ante este panorama, si para el Departamento de Estado de Estados Unidos se trataba de una “Guerra” contra las drogas, para el Departamento de Defensa del mismo país era una “Guerra” contra el terrorismo. De esta línea delgada, para los hacedores de la política exterior estadounidense surge la noción de “guerra ambigua” (Pizarro y Gaitán, 2010), que es el preámbulo o la puerta de entrada para lo que finalmente venía a desarrollar el Plan Colombia: una estrategia ideológicamente anticomunista y antinarcóticos, que no afecta necesariamente el negocio capitalista transnacional de carácter criminal y con astronómicas ganancias del narcotráfico.

El Plan Colombia es un programa de asistencia que nació en el gobierno de Andrés Pastrana. Redactado inicialmente en inglés y disponible luego en castellano, fue presentado por los senadores Mike DeWine, Charles Grassley y Paul Coverdell el 20 de octubre de 1999 y aprobado luego en el Congreso de Estados Unidos en junio de 2002, a través del “Acta de Alianza” (Fajardo, s.f, 2018). Precisamente, el cambio en la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) por Pastrana (1998-2002) representó una oportunidad para normalizar las relaciones con Estados Unidos y continuar avanzando en su agenda expansiva.

A partir de este pacto, Colombia se perfiló como uno de los principales receptores de equipamiento militar y apoyo en inteligencia y se convirtió en el laboratorio de la guerra contrainsurgente (Fajardo, s.f). Su resultado fue desastroso para las comunidades campesinas, que se quedaron esperando la ayuda prometida que jamás llegó, y en cambio apareció el desplazamiento forzado como una intención no explicitada de esta ofensiva militar antinarcóticos. De acuerdo a los testimonios recopilados por campesinos dedicados al cultivo y el trabajo con la hoja de coca, el Plan Colombia adquirió connotaciones adversas, configurándose como una experiencia nociva para la tierra y el tejido social, las siguientes palabras dan cuenta de esa realidad:

El Plan Colombia, aunque la propaganda que tenía era contra el narcotráfico, fue pensado y ejecutado contra la guerrilla. Efectivamente, las principales víctimas fueron las comunidades en los territorios en donde se sabía que había presencia de las FARC-EP (…) Los territorios fueron impactados por batallones con una tecnología muy sofisticada. Esto nos trajo como consecuencia un gran número de desplazados hacia las ciudades, falsos positivos y muchas violaciones de los Derechos Humanos y daños ambientales (…) En el año 2000 empezamos a sufrir las consecuencias con las fumigaciones. Llegaron operadores a dar carretillas y kits de animales, cerdos, gallinas, pollos y elementos como palas, bombas de fumigar y libras de semilla, para que nos pusiéramos a trabajar, pero por el aire nos fumigaban con glifosato: nos envenenaron los animales criollos que teníamos y las aguas. Las tierras se pusieron infértiles y eso generó mucho desplazamiento de la zona. Recuerdo que finalmente se incrementó el paramilitarismo, éramos setenta familias y quedaron en el corregimiento cuatro. Y así sucesivamente en todas las comunidades. Fue un arrasamiento que se implementó por aire, suelo y con distintos operativos. Muchas organizaciones se pudieron mantener a pesar de estas situaciones (…) También se crearon muchas organizaciones defensoras de derechos humanos (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

Los “apoyos” que fueron determinados por el Plan Colombia estuvieron focalizados en la fumigación de zonas con cultivos de usos ilícitos —a través de la iniciativa denominada “Ofensiva al sur de Colombia”— y en el fortalecimiento irrestricto a las Fuerzas Militares. De hecho, entre estos dos factores, el 81 % del monto de inversión fue dirigido a la cartera de Defensa. Se constituyó así un esquema militarista que centró sus esfuerzos en combatir a las insurgencias y tratar la problemática desde una perspectiva guerrerista. En este sentido, se configuró una política transversal que habilitó la participación creciente de Estados Unidos en la toma de decisiones internas, en clave de “suplir las deficiencias” pues el Ejército colombiano no estaba apto para contener a las fuerzas insurgentes, que poseían mejor armamento y personal.

Las estrategias que guiaron el Plan Colombia —o “Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”—estiman un período de desarrollo inicial de seis años (del 2000 al 2006), en los cuales se proponía como meta la reducción de la producción de cocaína en un 50 %. No obstante, se extendió por quince años. Las siguientes fases fueron la “Estrategia de fortalecimiento de la democracia y del desarrollo social 2007-2009” y “Desarrollo estratégico para Colombia 2010-2015”. A partir de esta intervención, el país se convirtió en el tercer receptor de ayuda por parte de Estados Unidos, después de Israel y Egipto.

La primera fase (2000-2006) tuvo un costo de 7200 millones de dólares, que fueron financiados con recursos propios por un valor de 2400 millones y de la “cooperación internacional”, principalmente con el apoyo de la Iniciativa Andina contra las Drogas, por un valor de 4800 millones, como se puede observar en la Figura 7. En los primeros años el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda por $1300 millones de dólares para el año 2000 y 2001. De estos, US $860 millones estaban destinados para Colombia —adicionales a los US $330 millones que habían sido aprobados previamente como ayuda para esos años— y US $440 millones para los países vecinos: Ecuador, Perú y Bolivia (García, 2015).

Figura 7: Evolución de los recursos para el Plan Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a Ministerio de Defensa y Security Assistance Monitor, Center for International Policy, citado en Departamento Nacional de Planeación (s.f)

En el último año el Plan Colombia llegó a costar 16.940 millones de dólares: US $9940 millones otorgados por Estados Unidos para asistencia militar e institucional y US $7000 millones aportados por Colombia. De los fondos suministrados por Estados Unidos, el 71 % —es decir, US $7060 millones— financió fiscalización de estupefacientes, asistencia antidrogas, fortalecimiento militar, artículos de defensa y el programa antiterrorismo. El 29 % restante —US $2880 millones— se gastó en asistencia institucional: desarrollo alternativo, población vulnerable, reforma judicial, reformas a la seguridad, Derechos Humanos, desplazados, democracia (Delgado, 2016).

Más allá de la narrativa que presenta cada documento, hay tres claves que constituyen los pilares de su desarrollo: (a) la asistencia extranjera, (b) la estrategia contrainsurgente y (c) la mercantilización de la guerra, que trae consigo privatización, tercerización en la provisión de productos y servicios del sector defensa y el empleo de empresas transnacionales de seguridad (Arias y Romano, 2022). Estos elementos son cruciales para entender la financiación estadounidense como catalizadora del proceso favorable a la unipolaridad de la potencia norteamericana y a su demanda de recursos naturales estratégicos, en Colombia, un país que a su vez constituye un potencial de expansión mercantil de sus empresas.

Resulta evidente que la “Guerra” contra las drogas fue más bien una excusa para frenar el avance de las guerrillas, en particular de las FARC-EP. De hecho, durante este proceso se crea el primer batallón antinarcóticos del Ejército colombiano. Esta estructura se presentó como una fuerza de 2300 hombres con la misión de actuar en Putumayo y Caquetá, regiones con mayor presencia insurgente, mientras que los territorios en manos del paramilitarismo, desde los cuales se exportaba la cocaína, fueron obviados.

Después del quiebre del proceso de paz entre el gobierno de Andres Pastrana y las FARC-EP, en febrero de 2002, se retomó en la zona de distensión de San Vicente del Caguán y en 200 municipios del territorio nacional, que estaban sin policía, en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Cauca y Sucre, la ocupación territorial de las Fuerzas Militares aumentando su tamaño en forma exponencial. Este hecho finalmente cristalizó la transformación del enemigo interno hacia el esquema del terrorismo, buscando suprimir el carácter político de la insurgencia.

En este contexto se da la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, con el impulso a su política de la denominada “seguridad democrática”, acompañada del apoyo incondicional de Estados Unidos, que concluye en hacer oficial la redefinición del conflicto como una “amenaza terrorista”.

La “seguridad democrática” alcanzó los mayores niveles de internacionalización del conflicto armado y de sumisión respecto a Estados Unidos.  Siendo complaciente con sus intereses, en 2009 se permitió que en siete bases militares las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tuvieran permiso de aprestamiento logístico, entrenamiento y movilidad. Estas bases se encuentran localizadas en Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga (Martín y Vega, 2016). Además, se brindó acceso al espacio marítimo (embarcaciones) y aéreo (aviones), se les absolvió del pago de impuestos y de derechos de aduana y se le concedió inmunidad.

Álvaro Uribe Vélez, durante su segundo mandato (2006-2010), nuevamente estimuló el conflicto armado y los intereses políticos de Estados Unidos bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Esta vez la estrategia centró sus esfuerzos en la aspersión con glifosato y la erradicación forzada buscando así la supuesta “neutralización de grupos armados ilegales involucrados en cualquiera de las etapas del negocio del narcotráfico; [la] ubicación, identificación y neutralización de objetivos de alto valor; [y el] apoyo a operaciones militares sostenidas en zonas de retaguardia de los grupos terroristas” (DNP, 2007). En realidad, quienes fueron afectados son las comunidades campesinas, trabajadores y cultivadores de hoja de coca.

Este modelo de la “Guerra” contra las drogas posee además numerosos aspectos negativos, como el impacto ambiental y social de la fumigación aérea. Es importante resaltar sobre este aspecto que, a pesar de que para el 2006 la cantidad de hectáreas de cultivo de coca no superaba las 80.000 ha, hubo una aspersión mayor, equivalente a un 120 % en relación con el número de plantaciones. Esto quiere decir que no solo se realizaba dicho mecanismo ecocida sobre los cultivos detectados, sino que también se hacía sobre áreas “sospechosas” o “potenciales” (UNODC, 2010). Los niveles de aspersión con glifosato pasaron de 130.364 ha en el año 2002 a 172.026 ha en el 2006 (dosis muy por encima de las máximas recomendadas). En la Figura 8 se presentan datos sobre la política de erradicación forzada en esta etapa.

Figura 8: Erradicación de cultivos de coca 2001-2009

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2010)

Cambios en el comportamiento de los cultivos de hoja de coca

Entender las consecuencias del Plan Colombia y la política de “Guerra” contra las drogas implica analizar las hectáreas cultivadas por departamentos entre el 2002 y el 2022, período en el que se sucedieron los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) e Iván Duque (2018-2022) y el comportamiento de los cultivos ilícitos en relación con la meta de reducción del 50 % entre los años 2000 y 2006, así como, su continuidad en las fases II y III. (Ver Figura 11).

En Colombia las zonas afectadas con cultivos de uso ilícito presentan particularidades y dinámicas diversas, con contextos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que las diferencian —ya analizadas en los capítulos anteriores—. Algunos departamentos tienen tradición cocalera y procesos de colonización, como es el caso de Putumayo, Caquetá y Guaviare; y otros llevan un proceso de consolidación más reciente, como Nariño y Norte de Santander. Se puede añadir que en la última década, en el país se han detectado cultivos de hoja de coca en 23 de los 32 departamentos (UNODC, 2006).

A nivel departamental, aparentemente tras la ejecución del Plan Colombia, se advierte una reducción significativa en la extensión de los cultivos de hoja de coca en Guaviare, Bolívar, Caquetá y Vichada. En otros casos, como se observa en la Figura 9, aunque en los primeros años hay decrecimiento, el cultivo vuelve a incrementarse, como sucede por ejemplo en el Putumayo —que contaba con 41.050 ha en el año 2002 y pasó a tener 48.034 ha en el año 2022— y en Norte de Santander —con 11.719 ha cultivadas en el 2002 y 42.034 ha en el 2022—. También resulta notable el incremento de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Meta.

En concordancia, la reducción de la producción que se registra es temporal y el resultado final es que el cultivo se desplaza a otras zonas. Resulta importante tener en cuenta que en las mediciones y en el reporte de datos de siembra de hoja de coca influyen variables como las tecnologías para cultivar y procesar la hoja de coca, toda vez que condicionan los rendimientos, los patrones de tamaño de los lotes, los ciclos de producción, la frecuencia de la cosecha, factores climáticos, la aspersión aérea, los mecanismos de erradicación y los tipos o las variedades sembradas.

Figura 9: Hectáreas de coca por departamentos

Fuente: Elaboración propia con base a Datos Abiertos (s.f.)

Durante los primeros años del Plan Colombia, el país experimentó una disminución en la siembra de coca, pasando de 163.000 ha en el año 2000 a 78.000 ha en 2006, lo que representa una reducción del 52 %. Por otra parte, finalizada la primera fase, en el año 2007, se registró un incremento en la siembra de 21.000 ha más que el año anterior, alcanzando un total de 99.000 ha. En los siguientes años, entre 2008 y 2012 volvió a descender, luego se estabilizó en 2013 con 48.189 hectáreas y volvió a ascender hasta 2017 cuando alcanzó 171.495 hectáreas (UNODC, 2003, 2007-2008, 2010, 2011-2014, 2017-2018). (Ver Figura 10). En el análisis es importante tener en cuenta que durante las conversaciones en el Caguán (1998-2002), los cultivos de coca registraron una disminución tanto en las hectáreas como en los rendimientos de la cocaína (Uribe, 2019).

Las altas y bajas en los cultivos de uso ilícito han suscitado debates sobre la efectividad del programa, siendo catalogado por instancias del alto gobierno estadounidense como un fracaso pues, a pesar de los esfuerzos y el considerable aporte económico, el problema se mantiene y resulta una preocupación latente en el país. Según el informe de la Western Hemisphere Drug Policy Commission (2020) “mientras que el Plan Colombia fue un éxito en la lucha contra la insurgencia, fue un fracaso en la lucha contra el narcotráfico, porque Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo”.

Figura 10: Cultivos de coca en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2003, 2005, 2007-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022)

En el periodo de Uribe Velez la aceleración de la aspersión aérea dejó graves daños ambientales en comunidades y Parques Nacionales Naturales (PNN) y por este motivo los rendimientos siguieron bajando, pese al aumento que se presentó en la cantidad de hoja por hectárea en los años 2005 (86.000 ha) y 2007 (99.000 ha) (UNODC, 2007-2008). El régimen fue “Fumigar, fumigar y fumigar”. En consecuencia, desplazó y despojó comunidades enteras, al igual que promovió acuerdos y leyes para el acaparamiento de tierra, las aguas y los bosques. Luego expidió licencias exprés a las explotaciones mineras (Mamacoca, s.f).

En este tiempo, John Walters, responsable antidrogas norteamericano, señalaba complacencia y justificaba el supuesto “éxito” de Uribe Vélez en la reducción de la coca que se cultiva en Colombia. Al respecto dijo: “Los esfuerzos del mandatario contra el narcotráfico están acabando con las fuentes de financiamiento que usan los narcoterroristas y golpeando el mercado internacional de la cocaína” (Armada de Colombia, s.f).

En el mandato de Juan Manuel Santos, de manera particular, se dio un incremento sustancial de los cultivos de coca. El país pasó de tener 62.000 ha en 2010 a 169.019 ha en 2018, lo cual equivale a un aumento del 272 % (UNODC, 2011, 2019), motivado en parte por la expectativa de que el Acuerdo Final de Paz (AFP) beneficiaría a los cultivadores de coca que se comprometieran a sustituir. Esto no sucedió, porque son más los incumplimientos que los avances en la implementación.

De manera precisa, el campesinado exigió en el Paro Agrario del 2013, la modificación de la política antidrogas y solicitó con urgencia una sustitución gradual y concertada que diera fin a las fumigaciones y a la “Guerra” contra las drogas, sin embargo, el gobierno extendió –contrario a lo acordado– su campaña de erradicación forzosa con el respaldo de Estados Unidos. Esto produjo que luego de la firma nuevos grupos armados controlen la cadena de suministro y compitan por el control de la compra, el procesamiento de la coca y las rutas de tráfico hacia el exterior del país (International Crisis Group, 2021).

En los quince años que se desarrolló el Plan Colombia (2000-2015), hasta el primer periodo de Santos, 2,2 millones de hectáreas fueron erradicadas, lo que equivale a la extensión del Departamento de Cundinamarca. En ese período se incautaron 2381 toneladas de cocaína, lo que corresponde a cinco años del potencial de producción para el año 2016. También se confiscaron 1873 aeronaves y 5636 embarcaciones del narcotráfico. Sin embargo, el país continuó enfrentando una grave situación en materia económica y el deterioro de las condiciones de seguridad (DNP, s.f).

Más adelante, en el período de gobierno de Iván Duque (2018-2022), existió un incremento del 36 % en los cultivos de hoja de coca, pasando de 169.019 hectáreas en 2018 o a un máximo histórico de 230.028 ha en 2022. Esta cifra además va acompañada de un potencial de producción de 1220 toneladas métricas de cocaína en 2018 a 1738 toneladas métricas de cocaína en 2022 (UNODC, 2019 y 2023).

Dentro de las políticas llevadas a cabo por Duque sobresale la operación Artemisa, una campaña militar impulsada entre los años 2019 y 2022 para supuestamente “combatir” la deforestación en distintos territorios con interés ambiental, principalmente en los Parques Nacionales Naturales (PNN): Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Picachos, Puré y la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía. Según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública, “apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, es decir que pasó de 158.894 ha deforestadas en Colombia en 2019 a 174.103 ha en 2021 y costó más de 3400 millones de pesos (unos 700.000 dólares)” (Tarazona y Parra, 2022). Al final, la deforestación no paró de crecer.

A pesar de que las Fuerzas Militares presumieron de erradicar cultivos ilícitos y destruir laboratorios, no solo la producción y la exportación se mantuvo en crecida, sino que tampoco se frenó la deforestación en Colombia. Mientras tanto, se desarrolló una persecución judicial contra campesinos y pueblos étnicos. De hecho, distintos operativos causaron daños ambientales y a las casas de las personas que habitaban los territorios, que fueron dinamitadas. La operación Artemisa también fue un aliciente para un nuevo escenario de terror en el que los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto y con siembra de hoja de coca vivieron capturas ilegales y el asedio violento del Estado.

Finalmente, el periodo del mandato presidencial de Duque, al igual que los anteriores  fue una nueva etapa de violencia, criminalización y odio hacia las personas que habitan el campo y cultivan sus tierras. De manera específica, representó un retroceso en los avances que el campesinado había alcanzado a través de la movilización y el Acuerdo Final de Paz (AFP).

Figura 11: Hectáreas de coca por periodos de gobierno

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2003, 2005, 2007-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022)

Valoraciones finales

La “Guerra” contra las drogas lleva décadas y miles de millones de dólares en asistencia militar, técnica y económica. Sin embargo, los resultados distan bastante de los objetivos declarados. Uno de sus más grandes equívocos ha sido considerar el problema como un asunto militar. Ese enfoque bélico y punitivo ha decantado, entre otras cosas, en la creación y consolidación de un Estado que convive con el poder de la economía del narcotráfico mientras dice combatirlo y promueve la persecución a los pequeños cultivadores, trabajadores de la hoja de coca y consumidores.

El narcotráfico ha impuesto sus complejas y difíciles lógicas en las zonas que ocupa, sean estas de campesinos, comunidades indígenas o pueblos afrodescendientes, utilizados para sus fines lucrativos. La dinámica socio-económica de las regiones se ha organizado en función y en clave de su mercancía. Un fenómeno que no corresponde únicamente a la política criminal sino que involucra a las instituciones, a la economía y a las bases sociales del país, que han sido permeadas por el avance de la droga, la violencia y la corrupción. Además, la militarización que implica la puesta en práctica de la “Guerra” contra las drogas ha provocado un aumento del conflicto armado.

El poder de la economía del narcotráfico es tal que no solamente afecta a las regiones en donde los narcotraficantes acceden a tierras de muy bajo costo y mano de obra barata empobrecida, lejos del control del Estado, sino que además construyen redes de influencia y poder con la capacidad de disponer de jueces, magistrados, senadores, concejales, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes. Además, el régimen de los gobiernos que se ha caracterizado por un enfoque sancionador y de coerción ha mostrado ser inefectivo y cuyos efectos han sido contraproducentes, generando incluso más daños que el problema que busca resolver.

La injerencia de Estados Unidos en el conflicto social y armado de Colombia ha sido constante y directa en la destrucción de las economías campesinas, víctimas de fumigaciones, bombardeos y de la persecución oficial y paraoficial. Los sucesivos gobiernos del período 2002-2022 son responsables de la prolongación del conflicto armado en el país, en la medida que han promovido la doctrina del “enemigo interno” y la guerra contrainsurgente, en todas sus manifestaciones, y con este objetivo han estimulado y entrenado a las Fuerzas Armadas de Colombia. En este sentido, construir una sociedad en paz y democrática implica replantear las relaciones entre Colombia y Estados Unidos de manera que se recupere la soberanía nacional: es imprescindible que el país maneje de forma autónoma sus asuntos internos para que respondan a los intereses de la población colombiana, el campesinado, la ciudadanía y no a los de Washington.

Cultivadores de hoja de coca: Eslabón más débil en la cadena del narcotráfico

¿Por qué la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva que es el campesino cultivador y trabajador de la hoja de coca y no en los narcotraficantes o sus carteles transnacionales? Responder a esta pregunta requiere entender cómo funciona y se estructura el circuito del narcotráfico, ya que son distintos los niveles que determinan el mercado de la cocaína. Evidentemente, la hoja de coca no es ni la pasta ni el producto final que mayoritariamente es vendido en Estados Unidos. También es fundamental conocer que la distribución de las ganancias no se distribuyen de la misma forma.

Circuito coca – cocaína

Todo inicia en los bosques húmedos subtropicales, espesos ecosistemas que bañan las montañas de Colombia y propician las condiciones óptimas para el crecimiento de la planta de hoja de coca. Una especie originaria de los Andes y con una profunda carga espiritual y cultural para los pueblos nativos, que miles de años atrás ya hacían uso de esta. Según  Morello y Matteucci (2001), la hoja de coca se siembra en terrenos frágiles que no deberían ser usados para la producción agrícola y en los que es necesario que se cumplan al menos tres condiciones: (a) pendientes superiores a 45 grados; (b) suelos franco-arcillosos que estén bien drenados y (c) tierras “limpiadas” por prácticas como la quema, tumba y roza.

Una vez que ha crecido la planta, los recolectores se encargan de realizar todo el proceso de levantamiento o cosecha de la hoja.⁶² Estos trabajadores desarrollan dicha actividad de forma grupal, tanto en terrenos propios como de terceros. De hecho, diferentes testimonios sugieren que, en caso de ser propietarios, pueden desarrollar esta actividad de manera individual. Una vez que se ha realizado el proceso de recolección, el producto es vendido a las personas identificadas como “compradores, traficantes o intermediarios”. En la Figura 12 se ilustra la secuencia que sigue el circuito desde el cultivo hasta el procesamiento en un nivel inicial, hasta convertir la hoja de coca en pasta base.

Figura 12: Cultivo, cosecha y procesamiento de la hoja de coca en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) (2023)

Después, la hoja de coca es trasladada a un “laboratorio”⁶³ y allí los campesinos, en muy malas condiciones, prestan su fuerza de trabajo para realizar todo el proceso, que consiste en: (1) preparación de la soda a altas temperaturas; (2) trituración de la hoja; (3) aplicación de Cal (10 kilogramos), amoníaco (1 litro) y permanganato de potasio (200 gramos); (4) traslado a tambores donde se aplica la gasolina (60-80 litros); (5) proceso de filtrado; (6) mezcla de ácido clorhídrico; (7) nuevo filtrado y (8) exprimido hasta que queda la pasta base de cocaína. El producto que se obtiene es vendido desde las montañas de Colombia por un valor aproximado de 600 dólares y cuenta con suficiente demanda (International Crisis Group, 2021; Museo Nacional de Colombia, 2014).

En esta fase los cultivadores pueden diferenciarse así: (a) los que cultivan y venden —a compradores también conocidos como intermediarios o “químicos”— la hoja de coca fresca, que finalmente se emplea para el proceso de extracción en las mismas regiones o en otras regiones fuera del país; (b) los que cultivan la hoja de coca y la procesan hasta obtener pasta base, actividad que se realiza generalmente en las mismas fincas o en sitios cercanos a los cultivos y (c) los que cultivan la hoja de coca y producen base de cocaína, proceso que requiere más insumos químicos y presión en la elaboración (UNODC, 2006).

De acuerdo con el partido Comunes (2021) la relación económica existente entre la actividad ilícita y la subsistencia de la población campesina, que está vinculada a actividades relacionadas con el cultivo de plantaciones de uso ilícito se establecen de conformidad con los siguientes vínculos:

• Amediero: persona o núcleo familiar que realiza cultivo, conservación o financiación de plantas o semillas de uso ilícito, previo acuerdo con quien ostenta alguna relación jurídica con el predio (propietarios, poseedores y/o tenedores).
• Cuidandero: persona o núcleo familiar que se encarga de la guarda, protección y conservación de la plantación ilícita o sus semillas.
• Cultivador: persona o núcleo familiar que siembra el cultivo de uso ilícito en su finca y, en el caso de la hoja de coca, la transforma en pasta base.
• Recolector: persona o núcleo familiar que vende su mano de obra para cosechar plantaciones de uso ilícito que no le pertenecen.
• Trabajadores domésticos: persona o núcleo familiar que realiza la preparación de alimentos a las demás personas y desarrolla tareas de asistencia doméstica.

Enseguida, el producto es comprado y transportado por distintos medios: mar, tierra y aire, para ser convertido en clorhidrato de cocaína. Uno de los factores que determinan los lugares y la forma en que se desarrolla la producción de coca es la ubicación geográfica en cercanía a las fronteras, puntos estratégicos en términos de transporte (exportación) y expansión de mercados. Además, estas localizaciones tienden a ofrecer mejores oportunidades para llevar a cabo la actividad ilegal, debido a la facilidad de ingreso de insumos químicos, fragilidad institucional y dominio de grupos criminales (UNODC, 2023).

En la Figura 13 se muestran los departamentos con producción de coca en Colombia, la densidad de los cultivos ilícitos, los enclaves y las rutas de salida. Todos ellos son elementos clave para comprender la cadena de valor del narcotráfico y su dinámica territorial en el país.

Figura 13: Circuito productivo de la coca en Colombia 2020

Fuente: Elaboración propia con base a El Orden Mundial (2022)

El circuito de la coca continúa y en este punto los carteles de droga locales e internacionales, grupos armados sucesores del paramilitarismo y organizaciones criminales ya hacen parte del control total del mercado.  Para analizar la cadena de valor se puede consultar la Figura 14, la cual constata que los campesinos y recolectores forzados al cultivo y la recolección quedan anclados en la primera etapa del proceso y reciben por kilogramo de hoja de coca tan solo el 0,75 del valor de un dólar, mientras que el producto vendido en países como Estados Unidos y Europa alcanza un pago entre US 60.000 a US 90.000 por kilogramo. Muestra además que el valor de 1 kilogramo de cocaína en un laboratorio colombiano tiene un costo aproximado de US $1500, más del doble de la pasta base (International Crisis Group, 2021).

Figura 14: Cadena de suministro de coca en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a International Crisis Group (2021)

Después de que el producto es recibido por las mafias y carteles del narcotráfico, estos se encargan de hacerlo llegar a los países más ricos del planeta. Según la UNODC, citado por Florencia Melo en Statista (2023), tan solo un gramo de cocaína puede alcanzar el valor de US $110 en el Reino Unido y US $286 en los Emiratos Árabes Unidos. Esto quiere decir que 1 kilogramo puede alcanzar un costo de US $286.000 en el mercado internacional, lo que significa un incremento de 47.566,7 % en comparación con el valor de la pasta base. Estos cambios de valor se pueden observar en la Figura 15.

Figura 15: Consumo de drogas: El precio de un gramo de cocaína

Fuente: Elaboración propia con base a Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) citado por Florencia Melo en Statista (2023)

En el negocio existen profundos nexos del narcotráfico con políticos, militares, policías, élites económicas y países occidentales. Como menciona Vargas (2010) en la revista Nueva Sociedad, es bien sabido que organizaciones paramilitares relacionadas con el narcotráfico han llegado a influenciar y controlar distintas instancias del Estado y el alto gobierno. Además, existen diversas evidencias, señaladas por InSight Crime (2021), sobre la articulación entre el narcotráfico y altos mandos de la policía colombiana que han cooperado en ciertos casos con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés: Drug Enforcement Administration).

Valoraciones finales

Si bien la cadena de valor del narcotráfico es un tema complejo y multifacético, que ha evolucionado a lo largo de las décadas, es evidente que la política de “Guerra” contra las drogas se centró en el primer eslabón, justificando falsos avances con las fumigaciones, erradicación de cultivos y capturas a los campesinos cultivadores y trabajadores de la hoja de coca, sin afectar los intereses de las mafias transnacionales y otros interesados como altos funcionarios del gobierno, empresas privadas y miembros de las Fuerzas Militares. De esta manera, se entregan resultados a Estados Unidos, se mantiene el conflicto sin resolver las causas estructurales de la desigualdad en la tierra y a su vez se sostiene la razón para que se mantenga la intervención estadounidense. Sobre este tema, una lideresa de la COCCAM señala lo siguiente:

A la fecha es el campesinado quien recibe el peso de las condiciones impuestas por los Estados Unidos, las dinámicas de violencia y el control de los grupos armados. La revictimización se encuentra a la orden del día y como si fuera poco, arrebata el sueño de un campo en el que florezca la paz y la vida. Asimismo, para los intereses expansionistas de Estados Unidos, es beneficioso mantener vigente un enemigo común, que permita continuar con sus políticas económicas extractivistas que imponen el sistema capitalista y el modelo neoliberal. Esto añadido al hecho de que las empresas encargadas de producir glifosato o armas son aliadas de las instancias tomadoras de decisiones públicas (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

Algunas investigaciones —entre ellas la de Carlos Toranzo Roca (1996)— afirman que para analizar la problemática derivada del negocio de la cocaína es necesario priorizar el punto de vista de los productores. En este sentido, es central entender la necesidad de un cambio estructural dentro del contexto social y económico que ha llevado al campesinado a la ilegalidad. Esto desafía a los Estados a asumir su responsabilidad en el deterioro de las comunidades y a abordar las causas subyacentes, yendo a la raíz del problema en lugar de centrarse en la siembra y cultivo de las plantaciones ilícitas.

En lugar de abordar la crisis de las drogas como un problema del lado de la demanda, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales pretenden enfocarse en el lado de la oferta y tratarlo mediante el uso de la fuerza militar ejercida contra pequeños campesinos que cultivan y comercializan la planta de coca. Otra de las razones por las cuales no se ha podido menguar el fenómeno en más de sesenta años es porque la aplicación de la política de “Guerra” contra las drogas no afecta las rutas de comercio por donde se mueve el dinero de las mafias, puertos, aeropuertos y rutas nacionales.

Se observa en años recientes, a diferencia de los anteriores gobiernos que Gustavo Petro está interviniendo las rutas de comercio de la economía del narcotráfico. Como resultado se están presentando una serie de incautaciones de coca. Sin embargo, en el territorio, respecto a las causas estructurales de infraestructura, educación y vivienda no se ven suficientes avances. Se percibe el esfuerzo, sobre todo en el tema de controlar a los narcotraficantes y al comercio, pero continúa pendiente la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) para conseguir el bienestar de las comunidades rurales. Al respecto, menciona una lideresa de la COCCAM:

Las familias campesinas están recibiendo las consecuencias nuevamente, porque debido a las incautaciones no hay compradores y además llevamos siete años sin una iniciativa que motive la agricultura. No se ha implementado la Reforma Rural Integral (RRI), el acceso a la tierra y no se han impactado los territorios con la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) para que puedan empezar a cambiar las economías (…) Pues obviamente la gente, después del fracaso en la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) vuelve a la siembra de la coca (CEPDIPO – COCCAM, 14 de marzo de 2024).

Sobre el tema Gustavo Petro, ha dicho en el discurso ante las Naciones Unidas, que la “Guerra” contra las drogas se ha desarrollado contra el campesinado colombiano y las personas pobres de los países occidentales. En su lugar, hay que luchar por construir una sociedad pacífica, que no le quite el sentido a las personas, quienes son tratadas como un excedente para la lógica de la sociedad (La Silla Vacía, 2024).

Finalmente, el circuito del narcotráfico evidencia las lógicas del enfoque capitalista y expansionista de Estados Unidos, que determina dinámicas de mercado que no solo explotan la fuerza laboral del campesinado en zonas cocaleras, sino que también estimulan las causas de falta de equidad que los obligan a cultivar este tipo de plantas. En tal sentido, Estados Unidos que determina las políticas antidrogas evade su responsabilidad con el deterioro del tejido social, que pasa del narcotráfico del cultivo de hoja de coca al consumo de cocaína. Asimismo, asume un enfoque guerrerista, coercitivo y de prohibicionismo que afecta negativamente y no contribuye a apoyar al campesinado en la transición hacia economías lícitas.

Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito

En la última década, la cantidad de hectáreas con cultivos de coca en Colombia ha dejado en suspenso las posibilidades de lograr una paz completa y duradera. El fracaso de la estrategia antinarcóticos ha favorecido la aparición de políticas basadas en la idea de que los cultivos ilícitos son un problema de criminalidad y no de desarrollo rural. El conjunto de acciones destinadas a disminuir la dependencia de las economías ilícitas asociadas a las drogas han recurrido principalmente a programas de sustitución de cultivos, sin embargo, esta metodología ha demostrado limitaciones, ya que se ha centrado en intervenciones individuales, con acuerdos de alcance reducido y temporal, ignorando la compleja variedad de factores que contribuyen a la dependencia de las actividades ilícitas.

Propuestas en los gobiernos de Virgilio Barco y Samper

El programa de Desarrollo Alternativo de Virgilio Barco (1986-1990) tiene sus antecedentes en el año de 1986, cuando las Naciones Unidas ejecutaron pequeños proyectos en los departamentos de Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Nariño. Estableció las bases para la implementación, en áreas libres de ilícitos, de las políticas sectoriales de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, para ello, centró su acción en la promoción, gestión y apoyo a proyectos productivos y de generación de empleo, ingresos y valorización patrimonial, a través del Plan Nacional de Rehabilitación, puso en marcha algunas obras de infraestructura y dio impulso a la sustitución de cultivos ilícitos con un enfoque a corto plazo y un fuerte sesgo económico (Giraldo y Lozada, 2008; DNP, 2023).

Por su parte, el gobierno de Samper (1994-1998) intentó, en teoría, brindar una atención diferenciada al pequeño cultivador de marihuana, coca y amapola, a quien le ofrecía la sustitución, a través del Programa de Desarrollo Alternativo (PLANTE) que tenía por objeto «emprender acciones para la generación de opciones productivas lícitas, rentables y ambientalmente viables, para campesinos e indígenas, en orden a superar las condiciones que facilitaron el establecimiento de cultivos ilícitos« (Decreto 472 de 1996) pero al tiempo hizo fumigación a escala masiva con una ofensiva militar en la que toda la coca era tratada como un problema insurgente. La aspersión fue la estrategia que se impuso, dado que la sustitución requería un esfuerzo en desarrollo rural que el Estado nunca hizo. Algunos de los argumentos históricos a favor de esta medida han consistido en que, como el campesinado no tiene títulos de tierra, el Estado no puede sustentar sus proyectos.

Recientemente, en septiembre de 2023, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) elaboró para la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) el  informe “Focalización de los Programas de Desarrollo Alternativo en la Última Década: balance y recomendaciones”. Dentro de los hallazgos que presenta está la focalización de los programas: Modelo Posterradicación y Contención (MPC) (2012-2016); Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) (2017-presente); y el Programa Formalizar para Sustituir (2016-presente) en zonas con baja cantidad de cultivos de coca o de “contención” y no en las áreas de mayor persistencia y producción.

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)

El Acuerdo Final de Paz (AFP) plantea la necesidad de encontrar una solución definitiva e integral al problema de drogas ilícitas, a partir de la formulación y desarrollo de políticas públicas con enfoques diferenciales. Conforme con la información registrada en el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto (SIIPO, s.f) está presupuestada una inversión para la paz de 129,5 billones de pesos siendo las principales fuentes de financiación: el presupuesto general de la nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, los recursos propios de las entidades territoriales, cooperación internacional e inversión privada. Específicamente, el punto 4 tiene proyectado una inversión de 7,9 billones de pesos, es decir, el 6,1 % del total de los recursos financieros.

El punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas” en sincronía con el punto 1 de Reforma Rural Integral (RRI) en 10 años debería haber avanzado en reducir “las causas estructurales que explican la presencia y persistencia de los cultivos ilícitos” (Rueda, 2023) a partir del desarrollo de tres pilares: (1) Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); (2) Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública y (3) Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Sobresale, la importancia de reconocer los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca como parte de la identidad indígena; las investigaciones científicas para un uso lícito de la hoja; la industrialización del campo buscando generar condiciones óptimas para el desarrollo rural y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores relacionados a cultivos de uso ilícito.

El primer pilar está dirigido: a pequeños campesinos, cultivadores y recolectores en zonas con acuerdos colectivos y en 14 departamentos⁶⁴, 56 municipios y 88 núcleos con acuerdos individuales.⁶⁵ También incorpora los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial);⁶⁶ 48 municipios PNIS-PDET que corresponden a los territorios PISDA (Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo);⁶⁷ zonas afectadas por cultivos de uso ilícito en Parques Nacionales Naturales (PNN);⁶⁸ zonas PATR (Planes de Acción para la Transformación Regional);⁶⁹ comunidades indígenas y NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros); municipios con posibles artefactos explosivos y comunidades que se acojan al tratamiento penal diferenciado. Además, de los territorios priorizados en el capítulo étnico, en el numeral 4.1.3.3 del Acuerdo Final de Paz (AFP) y en el Artículo 7 del Decreto Ley 896 de 2017. (Ver Figura 16).

Figura 16: (1) Municipios PNIS y territorios PDET; (2) lotes con compromiso, Ley Segunda de 1959 y Áreas Ambientales

Fuente: Elaboración propia con base a Encuentro Nacional de Comunidades PDET (s.f) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022)

En el caso del segundo pilar, se dirige a personas consumidoras, en condición de calle, con conductas suicidas y al colectivo de personas sin hogares, incluye enfoque de género y étnico y priorización de población vulnerable en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y con alertas tempranas en consumo de sustancias psicoactivas.

Por su parte, el pilar tres involucra personas con sentencia condenatoria y con sentencia absolutoria en departamentos priorizados como: Antioquia, Córdoba, Nariño y Putumayo, al igual que, organizaciones contra la Droga y el Delito. También, compromete al Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Transparencia, el Observatorio de Drogas de Colombia, el Consejo Superior de Política Criminal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sobre el proceso de monitoreo y verificación, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realiza cuatro etapas: (1) caracterización de los cultivos ilícitos sembrados por los cultivadores inscritos como beneficiarios en el programa; (2) verificación de la erradicación voluntaria en los lotes comprometidos; (3) verificación del cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo individual y evidencia de los avances en la implementación de los componentes del Plan de Atención Inmediata (PAI) y (4) obtención de información para la elaboración de la línea final que permita evaluar los resultados y la efectividad de la intervención.

La implementación del punto 4 del Acuerdo Final de Paz (AFP) tiene pocos avances en su mayoría de gestión, con rezagos en su cumplimiento, que refieren: al desarrollo de convocatorias, ejecución de reuniones, sesiones presenciales y virtuales, comisiones y mesas técnicas intersectoriales, espacios para potenciar la integralidad de las políticas bajo el abordaje territorial coordinado; firma de convenios, cumplimiento de misiones, espacios institucionales, capacitaciones de proveedores, articulación de estrategias, definición de rutas de trabajo, foros, estudios, revisión y desarrollo de metodologías, implementación de módulos de formación, talleres, acompañamiento a instancias, asistencias técnicas territoriales, formulación de planes y procesos de adopción, diagnósticos, caracterizaciones, recolección y análisis de información, desarrollo de capacidades, inscripción y certificación de participantes, jornada con equipos y pagos parciales del Plan de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI).

Otros adelantos relacionan actividades de alistamiento operativo de equipos técnicos, presentación con las Corporaciones Autónomas, firmas de actas con nuevos operadores del  Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), socialización a los beneficiarios priorizados en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Cauca, Valle del Cauca, Antioquía, Bolívar y Córdoba de los modelos a implementar en las zonas ambientalmente estratégicas,⁷⁰ aclaraciones correspondientes a la ruta de atención de contratos de derecho de uso con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre las posibles líneas productivas que se pueden implementar así como las restricciones.

En cuestión ambiental, Parques Nacionales Naturales (PNN) en 2021, informó la existencia de los lineamientos técnicos para la implementación diferencial en las áreas de protección ambiental o de importancia ecológica contenidos en: (1) Guía para la Asistencia Técnica Integral diferenciada en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y (2) Ruta interinstitucional para viabilizar el componente de auto sostenimiento y seguridad alimentaria de hogares vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), que se ubican en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC).

Además, reportó el desarrollo de capacitaciones a proveedores encargados de la ejecución de contratos de derechos de uso, aprovechamiento del bosque, ecoturismo, acuerdos de conservación y Plan de Seguridad Alimentaria (PSA) para familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) en los Parques de Fragua Indi Wasi, Paramillo, Tinigua, Sierra de la Macarena y Farallones de Cali.

Al balance se suman los informes de la Procuraduría General de la Nación (2023) que incluyen como resultado, la estructuración y desarrollo del Proyecto de Cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Gobernación de Antioquia “La paz se construye con las mujeres”, al igual que la adopción de los documentos PISDA de las diez subregiones donde se localizan los 48 municipios PNIS que coinciden con los territorios PDET.

Otro punto es el número acumulado de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas de forma voluntaria y asistida que para diciembre de 2022 fue de 46.008 ha lo cual corresponde a un avance de 98 % frente a la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 de 50 mil hectáreas (Procuraduría General de la Nación, 2023).

De acuerdo con lo anterior, 40.776,83 ha fueron erradicadas voluntariamente y verificadas por UNODC y otros mecanismos; 5374 ha fueron por erradicación asistida reportada por Fuerza Pública en zonas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); 1203,4 ha corresponden a la estrategia de erradicación voluntaria ejecutada por la ONG Global Mercy Corps (DNP, 2022). Del total de hectáreas, 13.563 ha fueron erradicadas por familias con mujeres titulares; 4285 ha se asocian a familias pertenecientes a comunidades indígenas y 3325 ha a comunidades NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros).

Los actos de corrupción han colocado en riesgo la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP). El caso más conocido son los Ocad Paz que consistieron en sobornos para adjudicar contratos a través de las regalías, en los municipios más afectados por el conflicto armado (Transparencia por Colombia, 2020; Prieto, 2022; Idrobo, 2022). Se suman, acciones acompañadas de burocracia, de falta de supervisión y delegación de responsabilidades a operadores sin la capacidad adecuada que llevaron a un incremento en los costos de operación y a la subcontratación de entidades poco preparadas. También, se añade la deficiente articulación con las estrategias que desarrolla el sector de agricultura en cuanto a comercialización, compras públicas y extensión agropecuaria.

En el actual gobierno de Gustavo Petro, por mandato nacional se ha disminuido la erradicación forzada, porque se espera que los campesinos dueños de los cultivos hayan sustituido antes de proceder con operativos policiales. En concordancia con lo anterior se ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, que incrementen la interdicción o incautación de la droga en las rutas a nivel nacional y de los insumos que se implementan en su producción, provocando un cambio en la estrategia contra las drogas.

Impactos de la aspersión aérea con glifosato

Los cultivos de coca, amapola y marihuana suelen cultivarse en áreas de gran valor ecológico, como bosques tropicales y páramos. La deforestación y la expansión de la frontera agrícola —para dar paso a los cultivos— y el uso intensivo de químicos en la producción y el proceso de extracción de drogas tienen un impacto devastador en los ecosistemas locales “ha generado alteración de las coberturas vegetales, interrupción de corredores biológicos, contaminación y degradación de los recursos naturales, así como fragmentación de los ecosistemas estratégicos y el subsecuente desplazamiento de la fauna silvestre” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Específicamente, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG), concede autorizaciones para la destrucción de cultivos ilícitos en el país, a través del método de aspersión en área controlada. Esto ha generado conforme a lo planteado por Arévalo y Cuartas (2020) efectos en la salud humana, el ambiente, comunidades étnicas, así como penas y multas para cultivadores, un reflejo del enfoque prohibicionista hacia las drogas proveniente de las políticas estadounidense y colombianas implementadas por medio de convenios de cooperación económica, técnica, y militar.

El glifosato es un polvo cristalino blanco y sin olor, altamente soluble en agua. No obstante, su eficacia como herbicida de amplio espectro conlleva a que no discrimine entre los cultivos de coca y otras plantaciones herbáceas. Cuando se realiza la aspersión desde los aviones, este producto químico afecta negativamente a todo el ecosistema, dañando los cultivos, la biomasa, el suelo y los recursos hídricos circundantes.

Una vez en el agua, la vida útil del glifosato es relativamente corta, de hasta 60 días. Sin embargo, su alta movilidad en líquidos facilita su adhesión a los sedimentos del fondo. Su vida media puede aumentar drásticamente, pasando de semanas a meses cuando se encuentra en sólidos como el suelo terrestre o los sedimentos de ríos, lagos o estanques. Las condiciones climáticas de Colombia, caracterizadas por épocas de fuertes lluvias, complican aún más el panorama. Durante estos períodos, el glifosato adherido al suelo puede moverse con facilidad hacia otros recursos hídricos y suelos cercanos, aumentando el área de contaminación y el riesgo para la vida silvestre y humana. (Ver Figura 17).

Figura 17: Efectos ambientales del glifosato

Fuente: Elaboración propia con base a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (2021)

Igualmente, la contaminación tiene un impacto devastador en las comunidades campesinas que se ven obligadas a cultivar coca como una forma de subsistencia. Son víctimas de un veneno silencioso que carcome sus cuerpos, tierras, recursos hídricos y aire. La distribución geográfica dispersa de las poblaciones rurales también dificulta el acceso a servicios de salud, exacerbando los efectos negativos del glifosato. De hecho, la Organización Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) (2015) declaró al glifosato como altamente cancerígeno en humanos “esta sustancia, utilizada para erradicar los cultivos de coca, está generando repercusiones por medio de abortos espontáneos, enfermedades hepáticas y pancreáticas, entre otros problemas”.

La situación descrita se ve además enriquecida por el testimonio de José, un habitante de 25 años de Puerto Asís (Putumayo), quien señala que la estrategia de erradicación forzada no es efectiva, ya que se concentra en las áreas más accesibles y deja pendientes zonas de difícil acceso. Además, explica como la fumigación afecta no solo los cultivos de coca, sino también otros cultivos, lo que agrava aún más el impacto no solo ambiental sino en la economía local y regional.

Pues yo puedo decir que prácticamente no sirve [la erradicación], porque hay partes donde ellos no entran, o sea, ellos entran a las partes más fáciles, más accesibles. Y de por sí pues pongamos hay diez cocales y ellos erradican por ahí cinco y cinco quedan pendientes (…) Eso afecta mucho, pongamos que solamente en una finca también se da plátano, yuca, muchas cosas, créame que ya ha pasado en partes que no mata la coca y mata los otros cultivos. (Yañez, Córdoba y Niño, 19 de mayo de 2021).

Para concluir, es relevante destacar que, según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y el Centro de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, centrar los esfuerzos en la erradicación y aspersión conlleva al fracaso en la lucha contra las drogas. Por el contrario, se debería plantear el foco en la reducción de la oferta mundial de la coca por medio de incautaciones y acciones directas contra el eslabón más alto y no el más débil de la cadena productiva (Mejía y Gaviria, 2011; Zuleta, 2017).

Valoraciones finales

La sustitución requiere una estrategia más allá de la sola transición en los cultivos, necesita cambios profundos que aborden las vulnerabilidades estructurales subyacentes que han contribuido a esta dependencia. Por otro lado, los programas actuales han enfocado su atención únicamente en los individuos directamente involucrados en las plantaciones de uso ilícito, descuidando a aquellos que dependen indirectamente de esta economía o que, debido a su situación de vulnerabilidad, corren el riesgo de verse involucrados. Estas economías ilícitas han creado incentivos que podrían llevar a más personas a unirse motivadas por la expectativa de recibir algún tipo de beneficio (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y su relación con el Acuerdo Final de Paz (AFP), en este caso con el punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas” lleva a una conclusión inevitable: aunque se han realizado esfuerzos significativos para abordar las causas estructurales de los cultivos de uso ilícito y reducir la dependencia económica de las comunidades, persisten desafíos importantes de inversión estatal para el desarrollo rural.

Sobre el tema es importante tener en cuenta el enfoque étnico. Específicamente la Sentencia C-882-11 de la Corte Constitucional determinó en el año 2009 que “la persecución del narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la identidad cultural de las comunidades indígenas, protegida por la Constitución”. Sin embargo, en Colombia la planta de coca ha sido equiparada con la cocaína, lo que evita la investigación científica al mismo tiempo que persigue y estigmatiza a los pueblos étnicos en sus tradiciones y prácticas ancestrales.

Es evidente que se necesita una estrategia más integral y profunda que no solo se enfoque en la sustitución de cultivos, sino que aborde las causas profundas de la vinculación económica de las comunidades en las actividades ilícitas. Esto implica acciones a nivel individual y también cambios a nivel estructural que promuevan el bienestar, la Reforma Rural Integral (RRI), la inclusión social y económica, la salud, la vivienda, la educación, la infraestructura vial y la protección de los Derechos Humanos a nivel nacional y global.

Además, resulta fundamental la colaboración internacional y el enfoque en la responsabilidad compartida para abordar los problemas asociados al mercado de drogas de manera efectiva y justa, así como voluntad política de los gobiernos para la implementación dejando de lado intereses particulares que impidan y desconozcan lo pactado en el Acuerdo Final de Paz (AFP).

Pensar un nuevo paradigma de las drogas

La historia de las comunidades afectadas por la política de “Guerra” contra las drogas muestra como la lucha por los Derechos Humanos y la búsqueda de soluciones económicas se configuró en una constante a lo largo de décadas. En este sentido, las protestas y movilizaciones han sido herramientas importantes para llamar la atención de los gobiernos. Del mismo modo, es fundamental comprender que la población campesina cultivadora de coca no es responsable única ni principal del problema de las drogas. Estas comunidades han sido presionadas por la presencia de grupos armados ilegales y la ausencia del Estado, que debe apoyar para que se puedan desarrollar alternativas lícitas de producción (Thoumi, 2022).

Es esencial reconocer dentro de la problemática de las drogas que en Colombia, el 10,3 % de la población en edades entre 12 y 65 años ha consumido sustancias psicoactivas ilícitas alguna vez en la vida y cerca de 800 mil personas (3,4 %) reportan consumo en el último año. La edad de inicio promedio se sitúa a los 14 años, que corresponde a la intersección entre la adolescencia y la juventud (ODC, 2019). Se estima que alrededor de 8 mil personas que se inyectan drogas (PID) no solo presentan altas prevalencias de VIH (entre 3,2 % y 23,9 %) y hepatitis C (entre 10,7 % y 80,2 %), sino que también se ven afectadas por sobredosis y diversas afectaciones físicas y mentales (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Los resultados del estudio de consumo de sustancias psicoactivas 2019, en comparación con 2008 y 2013, muestran una disminución en el uso de cualquier sustancia ilícita como: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína. Sin embargo, el consumo en mujeres no disminuyó, sino que se mantuvo estable o aumentó. Sobresale, que por primera vez se incluyeron preguntas de orientación sexual e identidad de género, con el fin de contar con una aproximación de enfoque diferencial. Particularmente, el porcentaje de encuestados LGBTIQ+ fue del 1,2% (ODC, 2019).

Paradigma dominante en las políticas de drogas

La problemática de las políticas de drogas en Colombia y en la región latinoamericana y caribeña revela en los capítulos anteriores una serie de fallos sistémicos que han generado un debate constante y de gran relevancia, especialmente para el campesinado que se dedica al cultivo y trabajo de la hoja de coca. En las últimas décadas se ha evidenciado la ineficacia y los efectos perjudiciales de las estrategias imperialistas de Estados Unidos basadas en la prohibición y la represión, las cuales, han sido contraproducentes porque han fracasado en sus objetivos de reducir el consumo y la producción de drogas y por el contrario han afectado a estas comunidades con desplazamientos forzados, violencia estatal y violación de los Derechos Humanos, creando en consecuencia graves situaciones de vulnerabilidad (Raffo y Segura, 2018).

Conforme a lo planteado por la Comisión Asesora para la política de drogas en Colombia, vinculada al Ministerio de Justicia y del Derecho (2015), los principales afectados son aquellos asociados al primer eslabón de la cadena de producción de drogas, quienes se dedican al cultivo de hoja de coca o de su transformación en pasta base, ya que existe alto riesgo de vulneración de los Derechos Humanos, la vida, la libertad y la dignidad de las personas y comunidades cuyos territorios están vinculados a esta franja del mercado del narcotráfico. La siguiente reflexión pone de manifiesto esta realidad:

Estas actividades atraen y perpetúan en el territorio redes criminales organizadas que elevan las tasas de homicidios y de desplazamiento forzado; acentúan el constreñimiento a la libertad política, económica y de movilidad de campesinos; intensifican la instrumentación de las organizaciones sociales y campesinas; y conllevan a la descomposición del capital social en las comunidades afectadas (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015).

Por otro lado, la militarización de las estrategias antidrogas ha tenido un alto costo humano y económico, sin lograr reducir de manera significativa la oferta y la demanda de drogas. Los recursos destinados a la erradicación forzada de cultivos y la persecución de “traficantes” podrían haberse invertido de manera más efectiva en programas de prevención, tratamiento y reducción de daños.

La prohibición también ha creado incentivos económicos que dificultan la identificación de los productores y distribuidores. Además, el precio en el mercado ha generado ganancias enormes a los grupos criminales que invierten en comprar armas, contratar “seguridad” que defienda su negocio y sobornar a funcionarios públicos (Shultz y Aspe, 2021). Además, tiene efectos devastadores en términos de estigmatización y marginalización.

Igualmente, la estrategia de criminalización y represión de la producción y consumo de sustancias psicoactivas ha alimentado un ciclo de violencia en las regiones donde se cultiva y trafica drogas. En el caso de Colombia, un país históricamente marcado por el conflicto armado, la política de “Guerra” contra las drogas ha contribuido significativamente al fortalecimiento de grupos armados organizados sucesores del paramilitarismo, quienes se benefician económicamente del control de las rutas del narcotráfico. Esta dinámica ha dificultado la consolidación de la paz y la estabilidad en el país.

Es momento de dejar de lado los enfoques unilaterales y represivos de Estados Unidos y avanzar hacia políticas más justas, humanitarias, colaborativas, de responsabilidad compartida y basadas en la evidencia científica. En definitiva, la prohibición, la represión y la criminalización no han dado resultados satisfactorios, por eso a través de un cambio de paradigma, será posible desmantelar las redes criminales que se benefician del narcotráfico y construir un futuro más digno para las personas afectadas por el fenómeno de las drogas.

Política nacional de drogas: Sembrando vida desterramos el narcotráfico (2023-2033)

Luego de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se iniciaron una serie de consultas e investigaciones para elaborar una nueva política de drogas. Planteó la necesidad de un cambio luego de comprender que la “Guerra” contra las drogas ha fracasado: ha producido un genocidio en el continente y en Colombia ha condenado a las cárceles a millones de personas y consumidores. Después de casi un año publicó la ​​Política Nacional de Drogas 2023-2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Su elaboración consistió en un ejercicio de deliberación, diálogo y participación. Sembrar vida significa cuidar el ambiente, conservar y restaurar las áreas afectadas por las economías asociadas a cultivos de uso ilícito, se trata de oxigenar los territorios, personas y ecosistemas que se han visto desproporcionadamente afectados por el mercado de drogas ilícitas y de asfixiar estratégicamente los nodos del sistema criminal, que generan violencia y se lucran en mayor proporción. El actual gobierno busca afectar las capacidades y rentas de las organizaciones criminales respetando los derechos humanos (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” se formularán y ejecutarán programas de manera articulada con los lineamientos tanto de la política de drogas como de paz total, que tendrán enfoque diferencial, de género, territorial, participativo, descentralizado, y gradual; y se desarrollarán en el marco de la economía popular, el respeto ambiental y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito⁷¹ (DNP,2023).

Específicamente, el Plan Plurianual de Inversiones (DNP, 2023) incluye un proyecto regional para los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Magdalena, Meta, Sucre, y Valle del Cauca denominado “Política de Drogas desde el Territorio» que busca implementar el nuevo paradigma con una focalización para la transformación territorial y productiva.

El paradigma propuesto en la nueva política de drogas pretende llamar la atención y el interés global y la voluntad de América Latina y el Caribe para transitar hacia una agenda concertada, que permita avanzar en la solución al fenómeno de las drogas y la construcción de paz estable y duradera, respetando los Derechos Humanos. Se pretende repensar el fenómeno de las drogas bajo el principio de responsabilidad común y compartida, cuestionando los discursos estigmatizantes y aperturando la posibilidad de los usos alternativos de las plantas, la regulación justa y responsable y los usos no psicoactivos (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).

Valoraciones finales

La producción y el consumo de drogas es un fenómeno complejo y multifacético, que requiere respuestas integrales y contextualizadas para que se pueda atender el problema de las organizaciones criminales ligadas a poderes económicos y políticos que controlan el mercado de distribución y venta. Sobre el tema, Pacheco (2014) explora nuevas alternativas desde un enfoque basado en los principios de la salud pública, reducción de daños, derechos humanos y desarrollo sostenible, que incluyen las siguientes propuestas:

• Legalización, despenalización, regulación y no criminalización: consiste en desmantelar el mercado ilegal, reducir la violencia asociada al narcotráfico y garantizar control en la distribución y acceso seguro a los usuarios, para ello, necesita caracterizar e identificar las condiciones socioeconómicas de los consumidores y hacer seguimiento a los casos de consumo que requieren atención dentro del sistema de salud. Hace énfasis en la importancia de concentrar la capacidad represiva del Estado en la desestructuración de las organizaciones criminales.
• Enfoque en la reducción de daños: prioriza políticas y programas orientados a reducir los riesgos y los daños asociados al consumo de drogas, incluyendo la promoción de prácticas de consumo más seguras, la distribución de material educativo y la implementación de servicios de salud pública especializados.
• Conservación y restauración de ecosistemas: conlleva trabajar en la restauración de áreas estratégicas naturales afectadas por cultivos de uso ilícito. Esto puede implicar la creación de reservas, la reforestación de áreas deforestadas y la implementación de prácticas de manejo sostenible de tierras.
• Sustitución de cultivos y enfoque en el desarrollo alternativo: las políticas de desarrollo económico y social en las zonas afectadas por plantaciones ilícitas deben ser diseñadas de manera participativa teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Promover alternativas económicas y brindar apoyo técnico y financiero para diversificar los cultivos y acceder a mercados legales son medidas clave para romper el ciclo de la economía ilegal.
• Cooperación internacional: Fundamental para abordar de manera integral y efectiva el problema de las drogas. La implementación coordinada de políticas y programas de drogas permitirá desmantelar redes asociadas al crimen organizado vinculado con el narcotráfico y el lavado de activos, fortalecer las capacidades institucionales y promover enfoques más colaborativos y solidarios entre los países.

Se añaden, a continuación, recomendaciones conjuntas diseñadas por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político con liderazgos de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) (CEPDIPO, 14 de marzo de 2024).

• Suspensión de la fumigación área y promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.
• Aumento en la vinculación y el reconocimiento de las mujeres como partícipes y beneficiarias en los programas de sustitución por su labor en la economía campesina y en las actividades productivas relacionadas con el cultivo de hoja de coca.
• Inversión estatal directa sin intermediarios ni operadores para que los recursos destinados a la ejecución de los programas de sustitución lleguen con mayor facilidad al campesinado.
• Planes de infraestructura vial y para el desarrollo local y regional que impulsen la producción de alimentos, así como políticas para el fortalecimiento de la economía campesina, respetuosas con el ambiente, que se cumplan al 100 % y brinden garantías para la producción, transformación de productos, comercialización y sostenimiento de la vida. Con destinación presupuestal en los Planes de Desarrollo Nacional, departamentales y municipales (territoriales).
• Ejecución de la política nacional de drogas “Sembrando vida desterramos el narcotráfico (2023-2033)” que implica un cambio en la estrategia de combatir el narcotráfico, no desde la persecución al campesinado sino de los cárteles y grupos armados. Sobre este planteamiento es relevante recordar que la política viene dando importantes resultados en incautaciones y desmantelamientos, aunque las familias han vuelto a ser afectadas, porque están a la espera de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y en este sentido su economía que aún depende de la comercialización de hoja de coca se ve afectada.
• Implementación integral del Acuerdo Final de Paz (AFP) con prioridad en el punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral (RRI)” y en el punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Resolver el problema agrario permitirá la formalización de la tierra y dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito y las drogas.
• Voluntad política y mayor esfuerzo en la articulación y presencia institucional, al igual que, reducción de los trámites burocráticos para la participación y ejecución de los programas de sustitución.
• Espacios de formación y capacitación técnica periódica y/o continua.
• Permanente movilización social y funcionamiento de mesas de diálogo para la toma de decisiones, que incluyan la participación de mujeres, jóvenes, entidades del Estado, comunidad internacional y sociedad en general en territorios afectados por el conflicto armado y el narcotráfico.
• Reconocimiento de los usos y saberes ancestrales y científicos de la hoja de coca y otras plantaciones ilícitas.
• Cumplimiento de los programas “Jóvenes para la paz” y “Gestores de paz”, que ayudan a reducir el número de población de menores de 28 años vinculados con grupos criminales y fortalecen el proceso de sustitución de los cultivos de uso ilícito.
• Impulso de los instrumentos de planificación y gestión contemplados en el Acuerdo Final de Paz (AFP) como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para 170 municipios afectados por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas.
• Hacer control y veeduría al uso de recursos para la paz, evitando casos de corrupción como sucedió con los Ocad Paz, instancia liderada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, encargada de priorizar y aprobar los proyectos de inversión para impulsar la implementación de la política de paz con recursos de regalías, que adjudicó contratos a partir de sobornos.
• Desmilitarización de los territorios en las zonas donde se implementan programas de sustitución voluntaria.
• Reorientación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Incorporar componentes como: el ordenamiento territorial, el ambiente, la vida en comunidad y las prácticas agrícolas.
• Impulso de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en territorios afectados por plantaciones de uso ilícito.

Finalmente, el Observatorio de Drogas de Colombia (2023) señala la importancia de invertir en programas de prevención y educación que brinden información veraz sobre los riesgos del consumo de drogas y que fomenten estilos de vida saludables. Esto implica garantizar el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la infraestructura.

Equipo de trabajo

Referencias

Notas