Reactivación del conflicto político y social en el pico de la pandemia

Introducción

 La llegada de la pandemia a Nuestra América no solo significó el despliegue de una crisis sanitaria que evidenció las consecuencias sobre la vida de las poblaciones que implican el desmantelamiento de la salud pública y la precarización de las condiciones de vida de las mayorías, gestadas en las décadas pasadas. La extensión de la enfermedad también sirvió para potenciar una agudización crítica de la desigualdad social y —particularmente allí donde primaban gobiernos y políticas neoliberales— el avance de las políticas y reformas pro mercado. De igual modo, sirvió para reforzar su forma autoritaria, presente ya en el carácter de la última ofensiva neoliberal, en curso en la región desde 2015.

En relación con ello, en nuestro último informe —publicado a mediados de junio de este año— señalamos las características que asumían estos procesos en el contexto de la difusión de la pandemia, con la región como epicentro global; y la significación de la crisis sanitaria, económica y social. Señalamos también la creciente importancia que asumían las disputas sociales y políticas, tras un primer período donde las políticas de aislamiento social y la llegada del virus impusieron un relativo bloqueo a la acción colectiva. Los dos meses transcurridos desde esa reflexión han intensificado esos procesos. Lo acontecido en nuestra región desde mediados de junio en adelante ha mostrado la reactivación y crecimiento de la conflictividad sociopolítica y las luchas de los movimientos populares. Pero este ciclo naciente de conflictos se orienta ahora a las condiciones gestadas en el contexto del pico de la pandemia; particularmente, sobre la crítica situación de pauperización y hambre, los cuestionamientos a gobiernos y Estados por su gestión de la crisis y la confrontación con el ajuste neoliberal y las formas antidemocráticas que asume. La batalla en Bolivia contra el gobierno de facto y sus tentativas de prolongarse en el poder evitando convocar a unas elecciones que arriesga perder o amañando y manipulando las mismas es, por su intensidad, un ejemplo de estas confrontaciones, así como de la centralidad que asume la contraposición entre neoliberalismo y democracia (incluso en su formato liberal) en este periodo de catástrofes. El examen de lo sucedido en ese país, así como en Ecuador, Chile, Haití y otros, forma parte de las reflexiones que presentamos en el presente informe, que se inicia con una actualización de la situación sanitaria, económica y social de este último periodo. Por otra parte, también se examinan y repasan las convocatorias electorales en la región.

Asimismo, en las páginas que siguen, se analizan las experiencias de Colombia, Venezuela y otros países haciendo hincapié también en las formas que asume en estos meses la intervención imperialista y, particularmente, el cerco militar, económico y mediático tendido alrededor del proceso bolivariano y las dinámicas de la guerra híbrida que despliega en su interior. Como es habitual, para la preparación de este informe contamos con la colaboración de la Oficina de San Pablo (Brasil) del Instituto Tricontinental, así como de incontables compañeras y compañeros de diferentes países de la región. A todos y a todas les agradecemos sus contribuciones y esperamos que este texto sirva al pensar y hacer crítico y transformador.

COVID-19: Una mirada general

Las dimensiones de la crisis sanitaria y social: presente y perspectivas

En nuestro último informe de mediados de junio pasado hacíamos referencia a la dimensión que adquiría la crisis sanitaria y social en la región y su impacto sobre los sectores populares. Los dos meses que han transcurrido desde esos señalamientos han mostrado el agravamiento de esa situación. A mediados de agosto, cinco países latinoamericanos (Brasil, Perú, México, Colombia y Chile) se ubican entre los diez con más número de contagios a nivel mundial y dos entre los cinco con más fallecidos (Brasil y México). Por otra parte, considerando el porcentaje de enfermos en relación con la población, se destacan las situaciones de Chile, Panamá, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y República Dominicana, donde se han vivido en muchos casos las experiencias dramáticas de colapso del sistema sanitario (ver Cuadro N° 1). Tras estas críticas realidades se encuentran las consecuencias del desmantelamiento y privatización de la salud pública y precarización de las condiciones de vida de los sectores populares, fruto de las transformaciones neoliberales, así como el fracaso de estas políticas para aminorar el impacto de la pandemia.

A siete meses de haberse registrado los primeros casos de contagio en Nuestra América, la región se encuentra aún en el foco de la expansión de la pandemia. Y asimismo, aparece ya con toda su magnitud la profundidad de la polarización y desigualación social que la COVID-19 ha deparado, al agudizar intensamente la crisis económica que ya se desplegaba en muchos de nuestros países el pasado año. En esta dirección, la CEPAL en su último informe de julio ha estimado la retracción económica regional para 2020 en una caída del PBI del 9,1%, previendo las más significativas en algunos países del Caribe (golpeados por el colapso del turismo) y también en Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador y México. Más allá del carácter estimativo de estas cifras, su aproximada magnitud orienta sobre la profundidad del crack económico que, como puede apreciarse en el gráfico que se presenta a continuación, resulta sustantivamente más significativo que las crisis experimentadas en la región entre 1998 y 2003, en 2009 y en los últimos años, incidieron en la conflictividad social y cambios sociopolíticos, particularmente en el primer caso. En esta dirección, para encontrar un crack económico regional comparable al actual hay que remontarse a casi 100 años atrás, a la década de 1930 e, incluso, un poco más atrás.

Los efectos sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador y de los sectores populares están ya a la vista, incluso en el reguero de protestas contra el hambre que vienen atravesando desde los meses pasados a la región, como ya analizamos en el informe anterior.  En las estimaciones de la CEPAL en mayo, cuando la retracción económica regional se preveía en -5,3%, las cifras de la pobreza se elevaban a casi el 36% y la pobreza extrema al 14% (CEPAL, 2020. Ver https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf).

Sobre ello, podemos sumar las previsiones difundidas por UNICEF Argentina a comienzo de agosto, sobre el alcance de la pobreza infantil a fines de 2020 en ese país, que alcanzaría a más de 8 millones de niñas y niños, abarcando a casi el 63% de la población infantil del país (Ver https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/segunda-encuesta-rapida-pobreza).

Gráfico N° 1. Evolución del PBI regional América Latina y el Caribe 1997 – 2020 [Fuente: Informes CEPAL 2020 y 2019]

Femicidios y violencia de género en pandemia

Desde marzo, cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus en América Latina y el Caribe, otra de las cifras preocupantes es la referida a la cantidad de femicidios y asesinatos por razón de género contra miembros de la comunidad LGTBI en toda la región. La necesidad del aislamiento social para prevenir un masivo contagio de COVID-19 ha evidenciado y profundizado aún más la violencia que viven las mujeres y miembros de esta comunidad al interior de sus casas, al pasar el confinamiento junto a sus agresores. Esto puede vincularse con el reforzamiento autoritario que, en varios países del continente, ha caracterizado el tratamiento de la pandemia, donde los niveles de violencia han aumentado considerablemente.

Entre los países con mayores casos de femicidios y denuncias por violencia de género se encuentran Brasil, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia y Colombia, según cifras del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Estas son confirmadas por el Comité Internacional de Rescate, que denuncia un incremento importante en los reportes de violencia de género en América Latina desde el inicio de la pandemia: en El Salvador se ha presentado un aumento del 70% de las denuncias respecto a 2019, en México un 60% de aumento y en Colombia un 51%, llegando a 100 feminicidios solamente en el primer semestre del año^[1].

Según la investigación La pandemia invisible, un proyecto colaborativo de mujeres en 21 países de la región, las mujeres, además de encontrarse encerradas con su agresor, quedaron también con las cargas de los trabajos de cuidado, domésticas y educativas de hijos e hijas, que sumados al teletrabajo y otras formas de trabajo, significó un incremento del trabajo de las mujeres e implosión de los hogares. Este informe destaca que «los reportes diarios de abusos sexuales dentro de las parejas fueron muy frecuentes en Costa Rica, en Brasil, expertas observaron una mayor letalidad en los ataques con «armas blancas» en momentos de confinamiento al utilizar utensilios de cocina, en México las organizaciones feministas denuncian la muerte violenta de 1641 mujeres solo en el primer semestre del año^[2], y en Argentina las llamadas a líneas directas de violencia doméstica crecieron en un 40% después de que el Gobierno instituyó una cuarentena obligatoria.

Es importante destacar el aumento de la violencia hacia la población trans travesti y la invisibilización de la misma como población afectada en la pandemia. Muestra de ello es la profundización de crímenes de odio, como ha sucedido en Argentina donde el asesinato de dos personas travesti trans se suma a las más de 140 muertes violentas de mujeres entre el 1 de enero y el 30 de mayo^{[3] [4]}.

Reactivación del conflicto político y social

Como mencionamos anteriormente, a pesar de la llegada y profundización del coronavirus en América Latina y el Caribe, los acontecimientos de disputa política empezaron a lo largo de estos últimos meses un proceso de reactivación en varios de los países de la región. Especialmente, en aquellos casos donde la crisis del coronavirus vino a potenciar la inestabilidad y la escasa legitimidad política que tenían los gobiernos neoliberales que profundizaron sus medidas en plena pandemia y demostraron de forma sistemática su poca preocupación por los derechos de las clases populares en las diferentes latitudes.

Si bien los conflictos incluyen múltiples aristas y es difícil clasificarlos con precisión, definimos incluirlos en tres categorías: aquellos donde las principales demandas y acontecimientos tienen que ver centralmente con la disputa de la institucionalidad y el poder político; aquellos donde la presencia imperialista condiciona significativamente los acontecimientos; y aquellos donde las demandas populares están puestas con mayor énfasis en el reclamo por el cumplimiento de derechos económicos y sociales.

Conflictos con primacía en lo político

Bolivia

En el informe anterior, con cierre a mediados de junio, señalamos que si bien el Tribunal Supremo Electoral había convocado las elecciones para el 6 de septiembre (ya postergadas desde el 3 de mayo, fecha original), nada estaba descartado. Por entonces ya podía observarse con claridad la pretensión del gobierno de facto, encabezado por Jeanine Añez, de prorrogar al máximo posible los comicios, ante los indicadores sobre el apoyo electoral a la fórmula del MAS-IPSP, compuesta por Luis Arce como candidato a  presidente y David Choquehuanca como candidato a vice.

Durante el período de análisis esta tendencia se profundizó: bajo presión de la dictadura, el Tribunal Supremo Electoral prorrogó las elecciones una vez más, ahora para el 18 de octubre. En respuesta, los movimientos sociales y sindicales se movilizaron y sostuvieron bloqueos durante más de una semana, a principios de agosto^[5]. Se trató de un movimiento diverso en el que tomaron parte organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), las Seis Federaciones del Trópico, la FEJUVE de El Alto, entre muchas otras, por medio de las cuales el pueblo boliviano expresó un nivel importante de rechazo a la dictadura. En este contexto se dio la reaparición del Mallku Felipe Quispe, liderando un sector del histórico movimiento indígena, los Ponchos Rojos de Achacachi.

Esta vez, la dictadura no reprimió masivamente como en noviembre y diciembre pasados. Se desplegó una intensa campaña mediática para culpar a los bloqueos por los problemas sanitarios y en algunas regiones se exhibieron grupos armados de ultraderecha como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, en un contexto de crecimiento de las expresiones racistas. Algunos dirigentes golpistas, como Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz (cargo que hasta hace poco ocupó Luis Fernando Camacho) se refirió a las familias campesinas que participaban de las protestas como «bestias humanas indignos de ser llamadas ciudadanos».

Tras varios días de movilizaciones, que mostraron la fuerza del movimiento popular, el Tribunal Supremo Electoral se vio obligado a dialogar y a dar señales. Luego de una reunión con organizaciones sociales, el TSE firmó un compromiso, con aval de la representante de las Naciones Unidas, en el que se planteó que la fecha  del 18 de octubre es improrrogable. Ante esto, al interior del movimiento de protesta hubo diferentes posiciones en relación con la aceptación de la fecha definida por el TSE, lo que llevó al propio Evo Morales a pedir el levantamiento de los bloqueos^[6]. Finalmente, las organizaciones levantaron las medidas y anunciaron explícitamente que se trataba de una tregua hasta ver concretadas las elecciones en octubre.

La grilla de candidatos, por ahora, sigue intacta. Las especulaciones respecto a los posibles resultados son variadas; y aparecen sondeos con resultados muy diferentes. Una encuesta publicada en julio por CELAG mantiene la tendencia de los primeros meses, en este caso con Luis Arce en primer lugar con un 41,9% de intención de voto, seguido por Carlos Mesa a más de quince puntos (26,8%) y mucho más lejos la presidenta de facto Jeanine Áñez, con 13,3% y el líder de la derecha santacruceña, Luis Fernando Camacho, con 9,1%; en todos los casos incluyendo la proyección de indecisos^[7]. En cambio, la consultora Mercados y Tendencias, que trabaja con el periódico antimasista Página Siete, plantea que Arce y Mesa empatan en un 23%. En este estudio, que tiene 11% de indecisos, Áñez obtiene pierde algunos puntos a favor de Mesa, quien queda mejor parado de cara a un eventual balotaje^[8].

Con este panorama, la posición de EE. UU. es previsible: hay que unir en el plano electoral a las fuerzas que contribuyeron al golpe de Estado. Esto lo expresan con claridad diferentes voceros proxy, habitualmente presentados como expertos, periodistas, defensores de los derechos humanos o una mezcla de todo ello. Sus tribunas no son menores: cuentan con la amplia mayoría de los medios privados de comunicación, que monopolizan la circulación de noticias en todo el continente y por si hiciera falta, pueden apelar incluso a medios de la trascendencia del The New York Times. En este caso, uno de los principales intelectuales bolivianos, que expresa habitualmente los intereses de la política de EE. UU. en la región, publicó a mediados de julio un artículo de opinión cuyo título sintetiza esta aspiración de forma concreta e inequívoca: «Mesa y Añez deben pactar para evitar que el MAS de Evo Morales regrese al poder»^[9].

Sin embargo, contradicciones profundas atraviesan al campo de la derecha en Bolivia y hasta el momento no han podido ser resueltas. La postergación de las elecciones tiene el beneficio de ganar tiempo, útil en función de este objetivo. Por otro lado, la imagen de Áñez se encuentra en caída, tras algunos escándalos de corrupción —que ya desarrollamos en el bimestre anterior— y los efectos de una política insuficiente ante la pandemia, con el sistema sanitario en colapso. En un ambiente de preocupación, nadie duda que serán usadas todas las armas posibles para evitar el regreso de un gobierno de los movimientos sociales.

Son innumerables los actos de represión física y legal que sufre el Movimiento al Socialismo tras el golpe de Estado de noviembre de 2019. Entre los más destacados de los últimos meses señalamos dos. El más dramático es el caso de Patricia Hermosa, abogada de Evo Morales, presa política, quien perdió un bebé a principio de junio en la cárcel^[10]. Ella fue arrestada el 31 de enero de 2020 mientras realizaba trámites para inscribir la candidatura de Evo Morales a las elecciones. Fue acusada de los cargos «terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo». La orden por la que fue detenida por la policía se emitió tres horas después del arresto, que también incluyó la confiscación de los documentos del expresidente. Ninguna palabra fue dicha hasta el momento por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El caso más reciente es una nueva denuncia contra Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, además del secretario ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, por «alentar los bloqueos y cometer delitos de terrorismo y atentados contra la salud pública y el trabajo»^[11].

Al cierre de esta edición, la jerarquía de la Iglesia Católica decidió jugar más fuerte y apuntó contra el padrón electoral. Durante una asamblea virtual de obispos, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Ricardo Centellas, expresó: «Todos queremos participar en las próximas elecciones, pero no hay garantías de una elección transparente con el actual padrón electoral y menos con el silencio de la justicia con relación al fraude de octubre pasado»^[12].

Ecuador

La crisis social y sanitaria que se profundizó en Ecuador, producto de la gestión neoliberal de la COVID-19, ya ha cobrado la vida de más de 6000 personas. Esta situación generó en la población un desacuerdo aún mayor que el que venía presentándose producto de las medidas de ajuste económico que el gobierno de Lenin Moreno propuso en octubre de 2019. Justamente, Moreno aprovechó la coyuntura de la pandemia para poder adelantar aquellas medidas que en su momento se habían frenado producto de la fuerte movilización popular.

Según CELAG, en el país «predomina un clima de sensaciones mayoritariamente negativas sobre la situación nacional: 32,7% incertidumbre, 23,8% manifiesta sentir angustia y 17,0% enojo. La gestión de gobierno de Lenin Moreno registra una evaluación casi unánimemente negativa entre los ecuatorianos y ecuatorianas, con un 83,4% de desaprobación»^[13].

En lugar de concentrarse en buscar soluciones a esta profunda crisis, el gobierno de Moreno ha optado por continuar y fortalecer la persecución política a diferentes líderes de la oposición, entre ellos el expresidente Rafael Correa, contra quienes ha adelantado una serie de acusaciones judiciales en el marco del ya conocido lawfare utilizado en nuestro continente para proscribir las opciones alternativas que amenazan con la continuidad de los gobiernos neoliberales. Dándole continuidad a la persecución política iniciada contra el correísmo en 2017 —que tiene como capítulos la privación de la libertad del vicepresidente Jorge Glas, la detención del Secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana Ricardo Patiño y el procesamiento del propio Correa—, el 20 de julio el Tribunal de Apelaciones de Ecuador ratificó la sentencia a 8 años de prisión para el expresidente y más de 7 funcionarios del gobierno de Correa por la supuesta financiación ilegal de campañas electorales.

Como es propio del mecanismo del lawfare, estas decisiones judiciales se llevan adelante en el marco de un período preelectoral y buscan precisamente impedir la participación de las figuras más importantes del correísmo en las próximas elecciones. Moreno sabe que el retorno del proyecto de la Revolución Ciudadana es una posibilidad real, producto de la profunda crisis a la que las actuales políticas llevaron al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el pasado 7 de agosto la defensa del expresidente Correa presentó un recurso ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) contra la causa ratificada por el Tribunal de Apelaciones, que sería la última opción jurídica antes de que se ejecute la sentencia, un caso que es imposible no hermanar con lo sucedido en Brasil con el expresidente Lula Da Silva en abril de 2018.

De manera simultánea, y producto de las presiones del presidente, el Consejo Nacional Electoral buscó inhabilitar el movimiento nacional Fuerza Compromiso Social del registro de las organizaciones políticas que participarían en las elecciones de 2021. Se trata del espacio político que aglutina a diferentes fuerzas de oposición, incluido el correísmo, que demostró en 2019 ser la primera fuerza política del país, al obtener el 11,26% de los votos totales en los comicios de marzo de ese año^[14]. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto las medidas que suspendían la participación electoral de este movimiento, por «vulnerar los derechos de organización política de miles de ciudadanos que presentaron su apoyo para la conformación de una organización política»^[15].

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón —una de las principales víctimas de la persecución política por su apoyo a las manifestaciones de octubre de 2019 en rechazo al «paquetazo» neoliberal— afirmó que el proceso que se está llevando adelante en Ecuador busca robarle la democracia al pueblo y romper la débil institucionalidad que aún sobrevive. Por eso, además de intentar proscribir las herramientas políticas para aspirar a las elecciones como son el movimiento y el partido Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, buscan inhabilitar al candidato: «Se reformó la Constitución de la República para impedir la candidatura de Rafael Correa y ahora se acelera el proceso para sentenciar, sin los abogados defensores en la audiencia, e impedirle que sea candidato. El proceso judicial debe resolverse en última instancia. Aún hay posibilidades mientras no exista sentencia ejecutoriada»^[16].

A pesar de este contexto de persecución política, finalmente el lunes 18 de agosto se oficializó la fórmula de la coalición Unión por la Esperanza para las elecciones presidenciales, con Andrés Araúz como candidato a la presidencia, acompañado por Rafael Correa en la vicepresidencia. Araúz fue Ministro de Conocimiento y Talento Humano en 2015, durante el gobierno de Correa, y tiene un amplio recorrido en cargos vinculados con la Administración Pública y Planificación, además de una nutrida carrera académica en el área de la Economía Financiera y para el Desarrollo. Actualmente es miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista^[17].

A pesar de que restan pocos meses para las elecciones —previstas para el 7 de febrero de 2021—, el presidente Lenin Moreno continúa profundizando las medidas neoliberales que lo llevaron a la crisis que atraviesa. De esa manera, hacia fines de julio informó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene el objetivo de que Ecuador firme un nuevo acuerdo económico, que reemplazará el programa que fue suspendido en 2019 producto de las movilizaciones sociales^[18]. De esa manera, el Ministerio de Finanzas anunció el pasado 3 de agosto que el país alcanzó la votación necesaria para la reestructuración de la deuda externa, que consiste en una reducción de US$1540 millones del capital de la deuda, además de la disminución de la tasa de interés promedio del 9,2% a 5,3%^[19], y la duplicación del plazo para pagar la deuda, de 6,1 años en promedio a 12,7 años. Aquí es importante recordar que Ecuador alcanzó la cifra de 289 258 personas que perdieron su empleo desde el inicio de la pandemia, entre las cuales se encuentran más de 4000 personas que han sido despedidas del sector público.

Perú – Medidas de prevención contra la propagación de las infecciones por el virus COVID-19. [ Minsa / Fotos Públicas]

Perú

Con el preocupante segundo lugar que ocupa Perú en la cantidad de contagios por COVID-19 en el continente^[20], se evidencia una realidad que el mismo presidente Martín Vizcarra reconoció: el país es uno de los que peor ha manejado la crisis social y sanitaria producto de la pandemia. En sus mismas palabras, «no se consiguieron los resultados que habíamos esperado». El presidente señaló que a pesar de los esfuerzos, el sistema de salud no estuvo y sigue sin estar a la altura de una pandemia de estas características, pues «arrastra falencias desde hace décadas»^[21]. Vale la pena recordar que Perú es uno de los países donde el proyecto neoliberal se enraizó en la institucionalidad del Estado y se utilizó como «modelo» para profundizar las políticas neoliberales en otros países. Entre los 558 000 casos confirmados y las más de 21000 personas fallecidas se encuentran más de 2700 médicos contagiados y 103 médicos que han muerto por esta causa, que el Colegio Médico del Perú vincula a la falta de insumos y medidas de seguridad para el trabajo de los profesionales de la medicina.

En ese contexto, Vizcarra pidió a las fuerzas políticas del país que hasta las elecciones 2021, se sumen al «Pacto Perú», un acuerdo político para afrontar la crisis de la mejor manera. Anunció un presupuesto histórico para el sector de la salud que busca, según sus declaraciones, mejorar la construcción de un sistema unificado de salud, garantizar el derecho a la misma, entre otros objetivos. Afirmó que para el  2021 habrá Seguridad Social para todos y todas las peruanas, y se incrementará la estructura hospitalaria y de Unidades de Cuidados Intensivos^[22]. Sobre las elecciones presidenciales, finalmente firmó el decreto que convoca a las mismas a realizarse el 11 de abril de 2021, en las que se elegirá presidente, vicepresidentes, 130 legisladores y representantes al Parlamento Andino^[23].

El mal manejo del COVID-19 en Perú ocasionó además que el Congreso de la República negara el voto de confianza que necesitaba el jefe del Gabinete ministerial Pedro Cateriano para continuar en funciones. A Cateriano le acusan de no haber diseñado un plan que buscara manejar la crisis sanitaria de la mejor manera. Así las cosas, el presidente Vizcarra juramentó como nuevo jefe del Gabinete al general del Ejército Walter Martos, exministro de Defensa^[24].

Chile

En Chile, el período que va de junio a agosto volvió a confirmar las tendencias previas, consolidadas tras el estallido iniciado en octubre de 2019: movilización social a pesar de la represión permanente, descrédito del gobierno neoliberal de Sebastián Piñera y la posibilidad de plasmar avances en la institucionalidad estatal, como pueden ser la sanción de leyes que den respuesta a demandas populares y la Reforma de la Constitución.

Tras casi un año de crisis política, la aprobación del gobierno oscila alrededor del 10% y la mirada de la mayoría de la población, según los diversos sondeos, es muy crítica respecto a la actualidad y el futuro del país^[25]. A tal punto que incluso sectores influyentes de la derecha plantean dudas respecto a la finalización del mandato presidencial^[26]. Por otro lado, luego de la tregua obligada por la cuarentena, episódicamente reaparece la protesta popular. En este sentido hay que registrar las movilizaciones del 2 y el 3 de julio, que incluyeron barricadas y cacerolazos^[27], así como las realizadas un mes después, a principios de agosto, en rechazo a los actos racistas contra el pueblo mapuche^[28].

La situación de despojo y represión contra los pueblos originarios no es nueva y tiene responsabilidades en varios gobiernos. Esta puede ser una de las causas del silencio de la expresidenta del país y actual comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pasó un momento incómodo al ser abordada en referencia a la huelga de hambre de presos políticos mapuche^[29]. Este episodio se dio, a su vez, a poco de iniciada la huelga de hambre del Machi Celestino Cordova, que duró más de 100 días y se levantó al cierre de este informe tras un acuerdo con el gobierno, lo cual fue interpretado por sectores oficialistas como una cesión ante lo que identifican como «terrorismo» mapuche^[30].

Otro hecho a destacar es la sanción de la ley que permite el retiro por parte de los aportantes del 10% de los fondos de pensión que administran las AFP, el sistema privatizado de gestión de la seguridad social que es uno de los símbolos del modelo neoliberal^[31].

En cuanto al panorama electoral, las miradas están puestas en el plebiscito del próximo 25 de octubre. Los sondeos previos muestran de forma sostenida que una mayoría está a favor de cambiar la Constitución originada en la dictadura de Augusto Pinochet. También una mayoría se inclinaría porque la nueva Constitución sea redactada por constituyentes íntegramente surgidos de una elección popular, en lugar de que la mitad de la Convención surja del actual Parlamento^[32].

En caso de confirmarse estos pronósticos, el 11 de abril de 2021 se elegirán constituyentes. Ese mismo día se realizará la elección para las gobernaciones, alcaldías y concejalías, que tendrá como escala previa a las primarias de noviembre de este año. A su vez, las elecciones presidenciales están previstas para noviembre de 2021, con un eventual balotaje en diciembre. En el primer semestre de 2022, en tanto, se realizaría el plebiscito «de salida» de la Constituyente, para aprobar o rechazar el nuevo texto. De modo que los próximos 18 meses estarán atravesados por un calendario electoral en el que se moldeará el futuro institucional de Chile, un país que continúa convulsionado por la mayor ola de protestas callejeras de su historia^[33].

Haití

En Haití, luego de varios meses de relativa calma, en junio y julio volvió a aflorar la tensión en la escena política, pese a lo cual apenas tuvieron cobertura en los medios de mayor alcance. Entre otras noticias relevantes hay que mencionar diferentes protestas y medidas de fuerza, que no solo incluyeron a los sectores populares^[34] sino que también alcanzaron a sectores como el Poder Judicial^[35] y la Policía^[36].

En este contexto se puede destacar que el 7 de julio, sectores organizados salieron a protestar contra el gobierno y la policía, acusándolos de amparar a bandas armadas. La movilización fue reprimida por la Policía y luego, grupos como los denunciados —vinculados al PHTK— partido del presidente Jovenal Moise, marcharon en distintos sitios del país (Cite Soleil, Portail Leogane, Delmas, Bicentenario y Martissant, entre otros), portando armas de guerra, pistolas y granadas. Esto obligó el cierre de instituciones estatales y privadas y la ruta del Aeropuerto^[37]. La exhibición fue de tal magnitud que el entonces ministro de Justicia, Lucmanne Délille, se vio obligado a plantear en una conferencia de prensa que la policía identificaría y daría con el paradero de los pandilleros. De inmediato fue destituido^[38].

Si bien las acciones de estos grupos paramilitares se habían registrado con anterioridad, en el último período se han intensificado, en particular luego del regreso al país de Emmanuel Constant, uno de los líderes de los escuadrones de la muerte, primero amparado y luego deportado, casualmente en este contexto de crisis política, por EE. UU.^[39]. Una de las acciones de estos grupos incluyó una agresión a campesinas, en el marco de disputa por territorios, situación que involucra indirectamente a Coca Cola^[40].

Por la magnitud e importancia del tema, reproducimos un fragmento de un artículo redactado por el sociólogo y profesor de la Universidad Estatal de Haití, Laënnec Hurbon, con información concreta sobre la acción de las pandillas:

Los detalles de estas pandillas armadas

– 92 secuestros en 6 meses, de enero a junio; durante la primera semana del 14 de julio, numerosas muertes por balas en el distrito de Cité Soleil según la declaración del alcalde, el 13 de julio, y entre las víctimas: un bebé de 18 meses.

– 150 pandillas armadas repartidas por los muchos barrios marginales que rodean la capital; pandillas que se unen para expandir su territorio, por ejemplo hacia la «Cité Soleil»: un barrio marginal de 300 000 habitantes con 25 a 30 colegios electorales; otra área en toda la salida sur de la capital, con 60 mesas electorales bajo control de pandillas dirigidas por un ex policía protegido por la policía nacional, que es el organizador de la federación de 9 pandillas que él llama G-9.

– Del 23 al 25 de junio, 13 líderes de pandillas llevaron a cabo la masacre en Pont Rouge, al norte de la capital. ¿Resultado? 34 muertos, incluidos 4 menores y 6 mujeres. Masacre perpetrada con el apoyo de 5 vehículos blindados policiales Todos estos detalles están documentados por asociaciones de derechos humanos, incluida la fundación Jékléré (u «ojos bien abiertos») (informe del 22 de junio), RNDDH (Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití), el 25 de junio^[41].

A este panorama hay que sumar la dimisión de ocho de los nueve integrantes del Consejo Electoral Provisional, que alegaron la búsqueda de la “normalización institucional iniciada por el poder Ejecutivo”^[42].

Conflictos en un marco de intervención imperial

Venezuela

En medio del avance del COVID-19 en la región, Venezuela llama la atención al ser el país de América del Sur que tiene menos cantidad de contagios y muertes a causa de la enfermedad, comparado con los demás países de la región con densidad poblacional similar^[43]. Con 31 000 contagios y 266 muertes, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado gestionar la expansión de la pandemia de una forma más efectiva que los demás países vecinos, especialmente a partir del trabajo de prevención y salud de las estructuras barriales y comunales que tienen diversas organizaciones en el país y que llevan adelante programas de la mano del gobierno, como mencionamos en informes anteriores.

Con ese marco, las denuncias por el bloqueo de medicinas reportadas por el gobierno bolivariano cobran cada vez más preocupación. Según las palabras del presidente Maduro «órganos de Estados Unidos persiguen la compra de las medicinas que Venezuela necesita y puede adquirir en el mercado internacional»^[44]. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas emitió en julio un documento titulado «Resultados de la investigación de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en la República Bolivariana de Venezuela». En este, a pesar de mostrar de manera inconsistente presuntas situaciones en materia de derechos humanos que no se corresponden con la realidad, admite el impacto negativo que han tenido para el pueblo venezolano las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos^[45].

Como hemos mencionado en informes anteriores, los permanentes intentos de intervención de EE. UU. en Venezuela se diversifican en varias dimensiones. Respecto a las sanciones comerciales y económicas, en el mes de julio la Cancillería rechazó la decisión de un tribunal de Reino Unido que busca despojar a Venezuela de sus reservas de 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra, al reconocer como presidente al autoproclamado Juan Guaidó, quien se encuentra en medio de una investigación por encabezar una organización criminal internacional que busca adelantar un golpe de Estado en Venezuela^[46].

En materia de intervención militar, después del intento de invasión de la Operación Gedeón, en mayo, la Fiscalía de Venezuela anunció que fueron condenados a 20 años de prisión los dos ex militares estadounidenses que fueron capturados en la fallido incursión. Según el fiscal general Tarek William Saab, Luke Denmnan y Airan Berry «admitieron haber cometido delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo»^[47]. Asu vez, el canciller Jorge Arreaza denunció que durante el mes de julio nuevamente  EE. UU. intentó invadir el espacio radioeléctrico del país bolivariano; y también que el gobierno de Guyana «reconoció haber recibido la solicitud de Washington y se negó a prestarse para desestabilizar Venezuela»^[48].

En el terreno de la intervención política, al parecer Juan Guaidó ya no encuentra el apoyo ni siquiera de Donald Trump, quien afirmó en una entrevista para Telemundo que el autoproclamado «está perdiendo cierto poder» y que EE. UU. quiere «a alguien que tenga el apoyo de la gente»^[49]. Sobre esto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. realizó una audiencia sobre la política de Trump hacia Venezuela, con la citación del enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams quien tuvo que recibir cuestionamientos de varios legisladores demócratas por el fracaso en los intentos de «cambio de gobierno» en ese país. Allí, la política de Trump fue calificada como un «desastre absoluto»^[50].

Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció los plazos para la postulación de candidatos y candidatas para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y presentó la lista de los 105 partidos políticos habilitados para presentarse a los comicios. A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) nombró como vicepresidente del CNE a Leonardo Morales Poleo, quien integra el partido Avanzada Progresista (AP), una de las fuerzas que se encuentra en la mesa de diálogo con el gobierno nacional establecida en 2019.

Como viene sucediendo desde el año 2005, una de las estrategias de la derecha venezolana pro imperialista ha sido marginarse de las contiendas electorales con la excusa de que las mismas son «fraudulentas y manipuladas», como lo afirmó Elliot Abrams. Sin embargo, es importante destacar que es solo un sector de la oposición el que no participará, ya que dentro de los 105 partidos habilitados se encuentran grupos de oposición como Avanzada Progresista (AP), Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), entre otros, quienes han afirmado que la constitución del nuevo CNE «ha mostrado signos de inviolabilidad a través de varios procesos de auditorías»^[51].

Colombia

A pesar de lo mencionado anteriormente respecto a Venezuela, Colombia continúa siendo un lugar clave para la política imperialista de intervención. Al respecto, Claudia Blum, canciller de Colombia, declaró que el país sigue apoyando a Juan Guaidó en su «firme propósito de recuperar las libertades y el Estado de derecho en el vecino país»^[52]. Estas afirmaciones llaman particularmente la atención teniendo en cuenta la dramática crisis en materia de Derechos Humanos que atraviesa Colombia históricamente, pero en particular a partir de 2016, cuando inició un recrudecimiento de crímenes en contra de líderes, lideresas sociales y ex combatientes en proceso de reincorporación, con un saldo de más de 1200 personas asesinadas por razones políticas en tan solo cuatro años.

A esta crítica situación humanitaria se suman más de 13 masacres ocurridas en el país solamente en el mes de agosto, llegando a la cifra total de 40 masacres durante el 2020, principalmente en el suroccidente colombiano y en el departamento de Antioquia, cometidas por grupos paramilitares en contra poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes. Entre ellas hay que mencionar: el 3 de agosto fueron asesinadas seis personas en el Área Metropolitana de Cúcuta; el 11 de agosto ocurrió el asesinato y degollamiento de cinco jovenes de entre 15 y 17 años de edad en la ciudad de Cali; el 13 de agosto dos personas asesinadas en Corinto (Cauca); el 16 de agosto, el asesinato de nueve jóvenes en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño al sur del país; el viernes 21 de agosto ocurrieron dos masacres, una en Arauca (cinco personas) y otra en El Tambo, departamento del Cauca (seis personas); el sábado 22 de agosto fueron asesinados seis jóvenes en la Guayacana, zona rural del municipio de Tumaco (Nariño) y el 23 de agosto fueron asesinadas tres personas en Venecia (Antioquia), hechos que cuentan con la absoluta indiferencia del gobierno nacional y la prensa internacional.

A su vez, llama la atención que el apoyo a Guaidó sea con el argumento de la legitimidad, cuando a dos años del gobierno del presidente Iván Duque atraviesa una de las peores crisis de legitimidad e imagen desfavorable, producto de numerosos escándalos de corrupción como mencionamos en informes anteriores, incluídas denuncias por fraude electoral de compra de votos con dinero proveniente del narcotráfico, que lo favorecieron para ganar la presidencia^[53], más el mal manejo de la pandemia que ubican hoy a Colombia en el cuarto lugar por contagios del continente con 445 000 casos, y más de 15 000 muertes.

Esta crisis de legitimidad se ha profundizado también producto de la indignación que desató el secuestro y posterior violación una niña de 12 años perteneciente al pueblo indígena embera-chamí por parte de un grupo de ocho soldados activos del Ejército Nacional y las diferentes manifestaciones de diputados del partido de gobierno Centro Democrático, en las que sugerían que la denuncia realizada por la familia de la menor podía ser un «falso positivo» para dañar la imagen de la institución^[54].

El Ejército Nacional, además, se encuentra reconocido por los Estados Unidos como uno de los principales aliados de la estrategia militar del país en América Latina y el Caribe, a tal nivel que el mismo Craig Faller, jefe del Comando Sur, presentó ante Trump a dos altos oficiales de los ejércitos de Colombia y Brasil como personas que trabajan «directamente para él»^[55]. En ese marco se desarrolló la llegada a Colombia de una misión militar de los Estados Unidos con la vieja excusa de la «lucha contra las drogas», que finalmente terminó siendo suspendida producto de un fallo de tutela, solicitado por el senador de oposición Iván Cepeda, que ordenó esta decisión al presidente Duque, ya que la visita nunca fue aprobada por el Senado de la República, requisito que ordena la Constitución^[56]. Sin embargo, el Ministro de Defensa anunció la impugnación de esta medida con el objetivo de permitir «la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB)^[57]» según sus palabras.

La eufemística «ayuda norteamericana» en Colombia ha sido cuestionada inclusive por la misma Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que condicionó, a través de dos enmiendas —promovidas por los representantes Alexandra Ocasio-Cortez y Jim McGovern en el mes de julio—, la entrega de financiamiento a Colombia hasta que se cumplan los mandatos de la Corte Constitucional de ese país en materia de fumigaciones y que adelanten investigaciones sobre la posible utilización de esos recursos para realizar seguimientos ilegales^[58]. A pesar de esto, el pasado 17 de agosto el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU. Robert O’Brien y el presidente Iván Duque anunciaron la iniciativa «Colombia Crece», un «nuevo Plan Colombia» en palabras del funcionario norteamericano, que constará de un programa de «cooperación para el desarrollo de las regiones y lucha contra las organizaciones criminales»^[59].

Finalmente, para cerrar con broche de oro la profunda crisis social y política por la que atraviesa el presidente Duque y el uribismo del partido de gobierno, el pasado 3 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó por unanimidad una medida de arresto domiciliario contra el expresidente y senador hasta entonces del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, por la compra de testigos para que rindieran falsas versiones y favorecieran al expresidente en investigaciones que lo señalan como creador y financiador de grupos paramilitares^[60].

La detención de Uribe Vélez fue recibida por los sectores de izquierda y progresistas del país como un avance en materia de justicia y como una posibilidad de evitar la impunidad de la que venía gozando el expresidente desde hace más de dos décadas, por su responsabilidad en la comisión de delitos entre los que se encuentran sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, narcotráfico, paramilitarismo, interceptaciones ilegales, entre otros. Al respecto, el presidente Duque, vulnerando la Constitución y pasando por encima de la separación de poderes, declaró en cadena nacional su «profunda fe» en la inocencia del expresidente (y su mentor político) e instó al Parlamento a buscar una reforma a la justicia para lograr revertir la decisión judicial de detención de Uribe. Los seguidores de Uribe Vélez (civiles y armados) anunciaron retaliaciones por la captura del expresidente, amenazas que coinciden con el dramático recrudecimiento de la violencia en el país, que traen al presente una de las épocas más tristes de la historia de Colombia, cuando aumentaron las masacres y atentados por parte de los sicarios de Pablo Escobar exigiendo su liberación.

Vale la pena recordar que el hoy procesado y detenido Álvaro Uribe Vélez es uno de los líderes de la ultraderecha en América Latina y el Caribe, que durante su gobierno y posteriores, ha ofrecido la soberanía de Colombia en bandeja de plata a los Estados Unidos, especialmente sirviendo como pivot contra la República Bolivariana de Venezuela, y ha jugado como aglutinador de los sectores más reaccionarios del continente.

Conflictos con énfasis en lo social

Panamá

El pasado 1 de julio se cumplió un año de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, en medio de una preocupante gestión de la pandemia. Una de sus principales promesas de campaña fue reactivar la economía del país, pero las cifras muestran lo contrario: Panamá enfrenta una caída de 7,4%^[61] en actividad económica producto de la crisis en los sectores de construcción, hotelería, restaurantes, la pérdida de puestos de trabajo y el incremento de la deuda que tiene el país producto de los préstamos solicitados al FMI para el tratamiento del COVID-19^[62].

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral autorizó, en plena pandemia, la suspensión de aproximadamente 300 contratos laborales, lo que ha impactado negativamente en la clase trabajadora del país; y sancionó la ley 157 por la que se aplican modificaciones al Código de Trabajo. Para la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) es urgente que se suspendan dichas medidas para evitar una crisis social y económica mayor a la que están atravesando los y las trabajadoras, que han visto afectados sus puestos de trabajo y su capacidad económica para afrontar la pandemia.

En ese sentido se desarrollaron numerosas protestas en varios puntos del país en exigencia de la derogación de la ley 157, que flexibiliza las condiciones de contratación favoreciendo a los grandes empresarios. Los sindicalistas han insistido en que las medidas van en detrimento de la clase obrera y plantean continuar con las jornadas de movilización. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ha realizado también numerosas convocatorias en rechazo a las medidas del gobierno de Laurentino Cortizo.

Según el historiador Olmedo Beluche, «a los casi 300 mil nuevos desempleados hay que agregar los 146 mil que ya estaban desocupados al iniciar el año 2020 y otros 716 mil que corresponden a quienes sobreviven con un empleo informal. La mitad de la fuerza de trabajo panameña, más de 1 millón de trabajadores, se encuentran en situación dramáticamente precaria. El otro millón de asalariados no está del todo bien pues muchos han visto sus jornadas de trabajo y salarios recortados, y sus pocos ahorros esfumarse»^[63].

Costa Rica

El problema del desempleo, producto de la gestión neoliberal de la pandemia, es dramático en la región mesoamericana. Costa Rica se encuentra a partir de mayo de 2020 con 468 mil personas desempleadas, es decir un 20,1% de la población sin empleos formales, la cifra más alta en la historia del país. A partir de los resultados de la  Encuesta Continua de Empleo (ECE), las mujeres presentan una tasa de desempleo del 26% (237 204 personas), mientras que en los hombres es del 16,3% (230 796 hombres sin empleo)^[64].

En ese marco, y con más de 23 000 personas contagiadas de COVID-19, el Poder Ejecutivo informó que desde la segunda quincena de agosto habrá una reducción salarial a varios ministros y presidentes para «solidarizarse con el esfuerzo y los sacrificios de los costarricenses durante la emergencia provocada por el COVID-19»^[65]. Sin embargo, con ello busca también pedir al Congreso que apruebe un préstamo del BID por US$ 245 millones.

Así las cosas, diferentes sindicatos de agricultores y comerciantes han organizado numerosas movilizaciones en rechazo a la gestión del gobierno de Carlos Alvarado^[66], quien además será investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito^[67]. Las movilizaciones fueron convocadas por la Asociación Nacional de Empleados del Sector Público y Privado (ANEP), que entre otras peticiones exige la constitución de un fondo solidario para el trabajo y alimentación de las personas que se han visto afectadas con la crisis de la COVID-19, eliminación del IVA de la canasta básica, la creación de un «Fondo de Emergencia ya» y gravar grandes fortunas de personas físicas y sectores cuyas ganancias son millonarias^[68].

El Salvador

El caso de El Salvador no dista de la crisis sanitaria de la mayoría de los países de la región mesoamericana. A la permanente represión por parte de las fuerzas policiales a quienes salían a manifestarse contra las medidas neoliberales de Nayib Bukele, mencionadas en informes anteriores, se suma la desidia en la que se encuentra el sistema de salud pública, donde médicos/as, enfermeras/as y personal administrativo y de servicio han estado en permanente exposición al contagio de la COVID-19, producto de la falta de adecuados insumos médicos de cuidado personal.

Desde las organizaciones y movimientos sociales de El Salvador insisten en la importancia de exigir al Estado el cumpliento de sus obligaciones internacionales en materia del respeto a los derechos humanos, permanentemente violentados antes y durante la pandemia^[69].

Honduras

El contagio de profesionales de la medicina en Honduras también es preocupante. En la actualidad hay más de 1600 personas del área de la salud que han dado positivo para COVID-19, producto de las malas condiciones de los hospitales y centros de salud que no dan abasto. En ese sentido, a través del informe la «corrupción en tiempos de COVID», el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) compraron más 800 000 mascarillas sin la calidad requerida e incluso respiradores artificiales incompletos, lo que también contribuyó al contagio del personal de salud^[70].

Mascarillas que no protegen del contagio de la pandemia y pacientes internados en colchonetas tiradas en el piso, o sentados en duras bancas, son algunas imágenes comunes en los hospitales del país.

Por estas razones, miles de personas se movilizaron en diferentes puntos del país para protestar contra la corrupción que, además de ser una característica del gobierno de Juan Orlando Hernández —quien se encuentra investigado en los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico—, ha costado en este contexto de crisis la vida de tantos y tantas hondureñas. Uno de los principales reclamos es por mejores condiciones de salud en los hospitales para evitar un colapso aún mayo. Otro es el esclarecimiento de hechos de corrupción graves, como la compra de siete hospitales móviles que no han sido entregados desde Turquía^[71].

Esto se suma a la grave crisis social que atraviesa el país desde hace décadas, que ha generado la expulsión de miles de migrantes hacia otros países de Mesoamérica con destino a Estados Unidos. Las condiciones de vida son de tal dificultad que incluso en junio y julio, en medio de la pandemia, un contingente de más de 100 personas intentó salir del país desde San Pedro Sula, que finalmente fue dispersado por la policía local^[72].

Finalmente, es importante destacar que el 18 de julio fueron secuestrados en Atlántida, zona norte de Honduras, los defensores del territorio garífuna Junior Rafael Juárez Mejía, Suamy Aparicio Mejía García, Milton Joel Martínez Álvarez y Alberth Sneider Centeno, este último presidente del Patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, quienes continúan desaparecidos. El secuestro fue llevado a cabo por personas que llevaban el uniforme de la Dirección de Investigación Policial de Honduras^[73].

Guatemala

El pasado 15 de agosto se realizó la primera gran manifestación en contra de la administración del presidente Alejandro Giammattei, quien aún no cumplió un año de gobierno. La movilización exigió transparencia en la ejecución de fondos asignados para atender la pandemia, ya que a pesar de haberse aprobado la utilización de 25 mil millones de Quetzales (2600 millones de dólares) para el tratamiento de la COVID-19 en el país, no se ha mejorado el sistema de salud y no se han hecho siquiera testeos masivos para un país de 17 millones de habitantes.

La Plaza de la Constitución, en ciudad de Guatemala, fue el epicentro de la movilización, que fue convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios de la  Universidad de San Carlos (pública autónoma), la organización Otra Guatemala Ya, la Batucada del Pueblo, la Asamblea Social y Popular, la Asamblea Contra el Golpe y la Coordinadora de ONG y Cooperativas, entre otros movimientos, quienes también exigieron la renuncia del presidente, en el marco de los diferentes escándalos de corrupción que caracterizan a su corto gobierno^[74].

Paraguay

Si bien este país no es por el momento uno de los más afectados por la pandemia, con una tasa de mortalidad que al cierre de este informe se encuentra entre las más bajas —aunque en crecimiento—, lo anterior no significa que todo es tranquilidad para el gobierno de Mario Abdo Benítez.

A fines de julio, el pueblo salió a la calle en Ciudad del Este, tras el anuncio de la saturación de camas en la ciudad y el regreso a fase 0, la cuarentena más estricta. Ante esta situación y la ausencia de políticas sociales efectivas, se registraron movilizaciones en las cuales los manifestantes mostraron su hartazgo por la corrupción y la situación económica. El gobierno envió un fuerte contingente policial y detuvo a algunas personas. Para agravar el panorama, pocos días después, en medio de protestas de personal de salud por cobro de salarios, se conoció que la oficina del Ministerio de Salud en la región estaba suministrando medicamentos en mal estado^[75].

También en esta ciudad, ubicada en la Triple Frontera con Brasil y Argentina, a mediados de julio resultó asesinado un marino, en un enfrentamiento con contrabandistas^[76], tras lo cual el Jefe de la Armada, declaró a la prensa que considera «posible» que el Primer Comando de la Capital  se encuentre detrás de los actos de violencia^[77]. El cierre del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu, en Brasil, tiene un fuerte impacto en la economía de frontera, al punto de que el propio intendente de la ciudad consideró que había llevado a «una catástrofe económica»y pidió a principios de agosto reabrir el paso.

Por otro lado, continúan los conflictos relacionados con la tierra. Entre ellos se pueden mencionar la movilización contra el contrabando realizada por cañicultores en Coronel Oviedo^[78] y el desalojo de una comunidad indígena en Caaguazú, realizado por parte de un grupo de civiles armados^[79]. En tanto que también a principios de agosto, la comunidad qom de Cerrito, en la región del Chaco paraguayo, logró detener un proyecto de monocultivo de eucaliptus, tras dos días de protesta: la comunidad denunció deforestación de bosque nativo llevada adelante por la Fundación Paraguaya, una de las principales ONG del continente, fundada y dirigida por Martín Burt, el derechista ex alcalde de Asunción que hoy se presenta a sí mismo como «emprendedor social».

A su vez, la Coordinadora de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (CEUNA) se encuentra en movilización por la aprobación de una ley de «arancel cero». La gratuidad de la enseñanza universitaria es un tema central para el movimiento estudiantil. El 12 de agosto la Cámara de Diputados trató el proyecto de ley que prohíbe el pago de aranceles en ocho universidades públicas. Lo aprobó en general pero decidió no tratarlo punto por punto. En caso de modificarlo, deberá volver al Senado^[80]. El día anterior dos estudiantes habían sido detenidas mientras protestaban frente al Congreso, hecho que ya había ocurrido con un dirigente de la CEUNA a mediados de julio, en el marco de marchas por mayor presupuesto educativo que unieron a estudiantes de los niveles secundario y universitario^[81].

Bolivia – Protestas contra la postergación de las elecciones. [Resumen Latinoamericano]

Panorama electoral

Tiempo de elecciones en varios países. En este informe nos referimos más extensamente a la situación en algunos de ellos: Bolivia (presidenciales el 18 de octubre), Chile (plebiscito constitucional del 25 de octubre), Venezuela (legislativas del 6 de diciembre), Perú (legislativas el 11 de abril de 2021) y Ecuador (presidenciales y legislativas del 7 de febrero de 2021).

Pero además, en los últimos meses se definieron las elecciones presidenciales en República Dominicana, en Guyana, en Surinam y en Trinidad y Tobago. Por otro lado, en los próximos meses habrá instancias de elección en Jamaica, Uruguay, Bermudas, Belice y Puerto Rico. Mientras que en Islas Malvinas, la administración colonial del Reino Unido dispuso la convocatoria a un referendo sobre el sistema electoral.

Elecciones ya definidas

República Dominicana

El 5 de julio se realizaron elecciones presidenciales en República Dominicana y los resultados indicaron un claro triunfo del candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, con el 52,5%, frente al 37,5% de Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El expresidente Leonel Fernández —que salió del PLD enfrentado con el entonces presidente Danilo Medina, mentor de Castillo, y fundó el partido Fuerza del Pueblo, que se presentó en coalición— alcanzó el 8,9%.

El dato clave de la elección fue el deseo de cambio, en un contexto dominado por el desgaste de 16 años de gobierno de PLD y al mismo tiempo, con la pandemia en expansión de forma preocupante, al punto que hacia fines de julio se había saturado el sistema de salud de la capital del país^[82].

Abinader asumió el 16 de agosto. Durante la campaña, compartió un documento sobre su programa de política exterior, que muestra una orientación clara hacia posiciones afines a la política de EE. UU. en la región^[83]. Poco antes de su asunción anunció que nombraría a mujeres en todas las gobernaciones del país, lo que realizó el 18 de agosto^[84]. El nuevo presidente convocó a establecer un acuerdo de unidad nacional ante la pandemia. Ya en el cierre de este informe, el nuevo ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, anunció que las Fuerzas Armadas «reforzarán a la Policía Nacional en los operativos para vigilar el cumplimiento del toque de queda, el distanciamiento social y el uso de mascarillas en los espacios públicos»^[85].

Guyana

A principios de agosto la Comisión Electoral de Guyana declaró ganador de las elecciones presidenciales a Irfaan Ali. Las elecciones habían sido realizadas cinco meses antes, el 2 de marzo, pero tanto Ali, del Partido Progresista del Pueblo (PPP), como el presidente saliente y candidato David Granger, de la Asociación para la Unidad Nacional y la Alianza para el Cambio (ANPU-AFC), se acusaron mutuamente de fraude. Finalmente, la autoridad electoral determinó que el PPP logró 33 bancas en la Asamblea Nacional y la ANPU-AFC, 31^[86].

Este país, que se independizó del Reino Unido de Gran Bretaña hace poco más de cincuenta años, mantiene un diferendo con Venezuela por el Esequibo. Esta región es estratégica por la posición geopolítica y por las riquezas que contiene la zona, incluyendo su litoral marítimo, lugar donde Exxon Mobil descubrió grandes yacimientos de petróleo. Estos se comenzaron a explotar en 2019 y en un país con poca población (alrededor de 800 mil habitantes), prometen hacer crecer exponencialmente su potencial «riqueza per cápita».

Surinam

 Luego de que en las elecciones del 25 de mayo ninguna formación política alcanzara mayoría de bancas en el Parlamento, los partidos debieron negociar alianzas con las fuerzas más pequeñas. El entonces opositor Partido Reformista Progresista (VHP) con 20 escaños (de 51) y el oficialista Partido Nacional Democrático (NDP), de Dési Bouterse (con 16), se disputaban la presidencia.

Finalmente, en julio se concretó la alianza entre el VHP y el Partido de Liberación y Desarrollo (ABOP, 8 asientos), el Partido Nacional de Surinam (NPS, 3) y el Pertjajah Luhur (PL, 2), lo que garantizó la elección como presidente de “Chan” Santokhi, exjefe policial y líder del VHP. Por el mismo acuerdo, el líder de ABOP, Ronnie Brunswijk, fue electo como vicepresidente^[87].

Trinidad y Tobago

El 10 de agosto se celebraron elecciones generales en Trinidad y Tobago. Allí, el gobernante Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), del primer ministro Keith Rowley, consiguió 49% de los votos y 22 de los 41 asientos del parlamento, mientras que los 19 restantes los consiguió el Congreso Nacional Unido (UNC), que alcanzó el 47%^[88]. Otros 18 partidos se distribuyeron, en conjunto, 3%. El 19 de agosto, Rowley asumió su segundo mandato, cuya duración está prevista hasta 2025.

Próximas elecciones

Jamaica

Para el 3 de septiembre están programadas las elecciones generales en Jamaica. El Partido Laborista (en el gobierno) y el Partido Nacional del Pueblo son los principales candidatos a quedarse con la mayoría de la Cámara de Representantes, integrada por 63 escaños, quienes votarán al primer ministro.^[89]

Sobre el cierre de este informe, la Asociación Médica emitió un alerta en relación a las elecciones ante el crecimiento en la cantidad de casos de contagios de COVID-19^[90].

Islas Malvinas

El 26 de septiembre se realizará un referendo sobre el sistema electoral que rige en estas islas del Atlántico Sur, que se encuentran bajo ocupación militar de Gran Bretaña en perjuicio de la soberanía argentina, en uno de los conflictos anticoloniales más sentidos de la región.

Originalmente planteado para el 26 de marzo, y luego postergado por la pandemia, en la jornada se preguntará a los votantes si prefieren mantener por separado las actuales circunscripciones electorales «Stanley» y «Camp», o por el contrario, unificarlas en un solo distrito electoral. Para la aprobación de esta última propuesta se requiere que sea acompañada por al menos los ⅔ de electores/as en cada una de las circunscripciones.

Uruguay

El próximo 27 de septiembre se realizarán las elecciones departamentales en el país oriental. De acuerdo a sondeos previos, la denominada «coalición multicolor» —formada para el balotaje 2019, en el que triunfó el actual presidente Luis Lacalle Pou (Partido Nacional)— puede imponerse en la mayoría de los 19 departamentos, aunque es posible que el Frente Amplio retenga Montevideo, el más importante.

Según una encuesta presentada a principios de agosto, el Partido Nacional (PN) ganaría 14 intendencias (Florida, San José, Flores, Durazno, Maldonado, Lavalleja, Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y Tres, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Artigas) y su aliado, el Partido Colorado (PC), una: Rivera. El Frente Amplio (FA) se quedaría con 4: además de Montevideo, también podría triunfar en los departamentos de Canelones, Rocha y Salto^[91].

Bermudas

El 1 de octubre serán las elecciones generales de este pequeño país insular de 68 000 habitantes, una de las 17 colonias que oficialmente reconoce la ONU en su listado de “territorios no autónomos”, donde más de la mitad están en el Atlántico y el Caribe, entre ellos las Islas Malvinas^[92].

El Partido Laborista Progresista, del primer ministro David Burt, aspira a retener la mayoría de las 36 bancas del Parlamento que están en juego, contra la Alianza Una Bermuda (One Bermuda Aliance).

Belice

Para el 1 de noviembre están previstas las elecciones generales en Belice, que enfrentarán al oficialista Partido Demócrata Unido (UDP), en el poder desde 2008 —y ahora con liderazgo de Patrick Faber— y a su principal opositor, el Partido de Unidad del Pueblo (PUP), comandado por John Briceño.

Puerto Rico

Junto con las elecciones presidenciales de EE. UU., que enfrentarán al actual mandatario Donald Trump con el demócrata Joe Biden, en la isla bajo administración colonial la población de Puerto Rico elegirá al gobernador y la composición de la Asamblea Legislativa.

De cara a estas elecciones, en agosto se realizaron unas controvertidas primarias. Previstas para el 9 de agosto, tuvieron que ser completadas una semana después, luego de irregularidades en varias regiones en las cuales directamente no se pudo concretar la elección por falta de boletas, lo que desató acusaciones cruzadas entre postulantes^[93][94]. Finalmente, el 16 de agosto se completaron los comicios^[95].

En las primarias del oficialista Partido Nuevo Progresista —al que pertenece el destituido gobernador Ricardo Roselló— la actual gobernadora Wanda Vázquez cayó derrotada ante Pedro Pierluisi, quien triunfó con mayor amplitud que la esperada (57,8% a 42,2%). Este partido aboga por la anexión de Puerto Rico como estado número 51 de EE. UU.

En el Partido Popular Democrático, resultó electo como candidato a la gobernación Carlos Delgado Altieri, que alcanzó casi el 63% y superó cómodamente a sus dos contendientes. Delgado Altieri representa un sector más conservador del PPD, que plantea mantener el actual estatus de «Estado Libre Asociado». En esta elección, Carmen Yulin Cruz —alcaldesa de San Juan, la capital del país—, con una mirada más progresista y soberanista, resultó última, apenas superando el 13%.

El Partido Independiente Puertorriqueño (PIP) llevará como candidato a gobernador al actual senador Juan Dalmau Ramírez. De los partidos con representación parlamentaria (el PIP tiene 1 senador y 1 diputado), este es el que más claramente lucha por la soberanía y la independencia del país.

Brasil – El Sindipetro y el MST donan alimentos y gas en Curitiba y Araucária. [Giorgia Prates/Brasil de Fato/Fotos públicas]

Brasil

Hoy asistimos en Nuestra América y a nivel global a la profundización de la crisis sistémica y estructural del capital. En el caso de Brasil, esta crisis se manifiesta en el terreno económico y sanitario pero también en las dimensiones de lo social, lo ambiental y lo político. A continuación expondremos brevemente algunos señalamientos en relación con estas dimensiones.

Por una parte, para este año se pronostica una fuerte caída del Producto Interno Bruto (PIB) en gran parte debido a la pandemia de la COVID-19, una disminución que algunos estiman entre un 5% y un 6%. Como resultado de ello, los problemas sociales como el alto desempleo tenderán a intensificarse. En relación con ello, hoy en día se estima que un 14,2% de la población brasileña está desempleada, lo que es el peor resultado del segundo trimestre.

En este escenario, la agenda del capital ha provocado una profundización de las formas de la explotación y una generalización del trabajo precario, que empieza a sentirse en diversos sectores de la sociedad, incluso entre los trabajadores de ingresos medios. Frente a estos sucesivos avances de la agenda ultraliberal sobre los derechos de los trabajadores, la tendencia es que la defensa de estos derechos se extienda y gane cada vez más peso en la lucha política.

Incluso, este incremento de la precariedad laboral ya despierta importantes reacciones. En este sentido, el mes de julio estuvo marcado por el movimiento «Breque do Apps», que se expresó en dos huelgas nacionales protagonizadas por los trabajadores de reparto en base a aplicaciones. Éstos reclamaron sus derechos a la seguridad en el trabajo (especialmente en este momento de pandemia) y una mayor remuneración por las entregas realizadas.

Sin embargo, la crisis económica y social no ha afectado a todos por igual. Los datos divulgados recientemente por Oxfam dieron cuenta que, por el contrario, los multimillonarios brasileños se enriquecieron durante la pandemia. Así, estos 42 multimillonarios aumentaron su riqueza en $ 34 mil millones durante este último período.

Asimismo, la crisis política también ganó contornos dramáticos en la lucha contra el proyecto neofascista del presidente Jair Bolsonaro y su entorno. Por una parte, por lo menos por ahora, Bolsonaro abandonó el discurso golpista que venía utilizando desde el inicio de su mandato, luego de la detención de su amigo Fabrício Queiroz, interlocutor con las milicias de Río de Janeiro. Según las investigaciones, este sería el operador del esquema de corrupción que se realizó desde las oficinas de Bolsonaro y sus hijos, quienes son también parlamentarios. Sin embargo, la aparente calma en el discurso oficial puede ser solo una retirada táctica, para hacer avanzar aún más su agenda antidemocrática.

En esta dirección, si bien la retórica golpista del presidente se eclipsó, las acciones autoritarias del gobierno no lo hicieron. Recientemente se descubrió que el Ministerio de Justicia elaboró ​​un expediente con nombres y direcciones de servidores públicos identificados con el movimiento antifascista, en una evidente acción para monitorear y perseguir a opositores al gobierno, entre ellos policías y profesores universitarios de todo el país. Asimismo, los militares han ido asumiendo, cada vez más, cargos estratégicos en el gobierno y en el Estado, donde ya detentan alrededor de 8000 puestos.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, responsable de iniciar cualquiera de los más de 50 pedidos de impeachment presentados contra Bolsonaro, no parece dispuesto a seguir adelante con ninguno de ellos. Maia, así como la derecha tradicional que venía liderando la disputa política con el ala bolsonarista, están apostando ahora por el avance de la agenda económica de privatizaciones y reformas neoliberales del Estado; un programa que unifica a toda la burguesía brasileña, independientemente de los arrebatos autoritarios del presidente.

Finalmente, a pesar de las más de 110 mil muertes provocadas por la COVID-19 hasta la primera quincena de agosto y que todas las políticas del gobierno federal contribuyen al agravamiento de este escenario, la popularidad de Bolsonaro es hoy la más alta desde el inicio de su mandato. Una encuesta del 14 de agosto mostró que su grado de aprobación alcanzó al 37% de la población, lo que demuestra una penetración de las ideas bolsonaristas en un amplio sector de la sociedad^[96]. Una de las explicaciones encontradas para ello señala que se debe a la decisión del gobierno de  elevar la política de ayuda de emergencia a R $ 600 mensuales para la población más vulnerable.

Este contexto señala que la lucha contra el proyecto neofascista y ultraliberal será una tarea de largo plazo, que desafiará a las fuerzas de izquierda y progresistas en la construcción de un programa estratégico y de organización popular.

Argentina

La noticia política del período tiene que ver con el acuerdo alcanzado por el Estado argentino y los bonistas privados, tenedores de una porción importante del stock de deuda en dólares. Si bien todavía está pendiente la negociación con otros acreedores, entre ellos el FMI —tema que a su vez puede relacionarse con las disputas en el BID—, con este acuerdo el gobierno logra descomprimir los pagos de los años inmediatos, condición imprescindible para realizar políticas activas, en un contexto de creciente pauperización ocasionada durante el gobierno de Macri y luego agravada con la pandemia. Se abre entonces la pregunta sobre la posibilidad de un nuevo modelo productivo, necesario para desandar el camino del empobrecimiento, la concentración de riqueza y la destrucción del empleo resultantes del período neoliberal^[97].

Mientras continúan creciendo los casos de COVID-19, concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires pero extendiéndose a otras partes del país, la opinión pública se encuentra dividida por el apoyo o no a la cuarentena, vigente –pero con muchas flexibilizaciones— desde mediados de marzo.

A pesar de que diversas encuestas indican el respaldo mayoritario a las políticas de Alberto Fernández ante la pandemia^[98], en los últimos meses las consignas anticuarentena y las críticas al gobierno han movilizado a sectores alineados bien a la derecha del arco político —un diverso entramado que incluye a políticas y actores no siempre coincidentes—, con concentraciones y caravanas con autos en torno al Obelisco, en Capital Federal, y en otros puntos del país. En una de estas protestas —que en teoría era «por la libertad de expresión»— se registraron agresiones a periodistas. Se trata de una intensificación de la presión contra el gobierno, liderado por los sectores más conservadores, que apelan a una receta utilizada en varios países, siempre apoyados con enormes recursos y poder de lobby^[99].

En Argentina, en cada ocasión de movilización, además de su denuncia de una «infectadura» y «la defensa de la libertad», a la que desde su perspectiva se opondrían las políticas sanitarias, también se sumaron otras demandas conservadoras. Por ejemplo, el 20 de junio y el 9 de julio fue el rechazo a la intervención de la empresa Vicentín, comentada en la edición anterior —proyecto que finalmente el gobierno desistió de llevar adelante— y el 17 de agosto, la oposición al proyecto de Reforma Judicial que propone el gobierno, dirigido a modificar la Justicia Federal argentina. Este último proyecto fue presentado en el contexto de un escándalo por revelaciones de espionaje ilegal, extorsiones políticas y aprietes que involucran a altos cargos del gobierno de Mauricio Macri^[100]. Mientras el expresidente derechista viajó a Saint Tropez con su familia, bajo la coartada de su cargo en la FIFA, las causas judiciales siguen creciendo y hasta el momento involucran directamente a su secretario Darío Nieto y al exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia y representante de jugadores Gustavo Arribas, a quien Macri puso en el cargo, según ha confesado, porque es «el más vivo de mis amigos».

Por otra parte, las fuerzas de seguridad de todo el país, en especial las policías provinciales, se encuentran en la mira de la sociedad tras varios actos de violencia y abuso de poder, entre las que cabe destacar por un lado, el asesinato por la espalda de Blas Correa, un joven de 17 años, ocurrido el 6 de agosto en Córdoba y por otro lado el caso de Facundo Astudillo Castro, un joven del sur de la provincia de Buenos Aires, quien desapareció el 30 de abril luego de ser demorado en dos controles policiales. Si bien no está probada la responsabilidad policial específicamente en este caso, el hecho actualiza el debate en un contexto en el que en los cinco meses que van desde el 20 de marzo al 20 de agosto, las fuerzas de seguridad asesinaron a 92 personas, de acuerdo a CORREPI, organismo de derechos humanos abocado a recopilar datos específicos. Casi la mitad de las muertes –45 casos— sucedieron bajo custodia en cárceles o comisarías. Sobre el resto, la organización informa que «34 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 4 femicidios y femicidios relacionados, 3 desapariciones forzadas; dos son consecuencia de otros delitos policiales, dos son otras modalidades, como el uso del patrullero como arma, y un caso es intrafuerza (se mataron entre ellos)»^[101].

Otro tema relevante del período es la existencia de importantes incendios en varias provincias del país, especialmente en la provincia de Córdoba y en la zona del delta del Paraná. Originados en su mayor parte por quemas intencionales, el problema ha crecido al punto de convertirse en una catástrofe ambiental, que perjudica incluso de forma inmediata a la población de las grandes ciudades, por el humo que se desplaza y llega por momentos hasta el propio Área Metropolitana de Buenos Aires.

Al cierre de esta edición, Alberto Fernández anunció la declaración como servicios públicos de la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga, a fin de garantizar el acceso a toda la población, prohibiendo además los aumentos hasta fin de año^[102]. Esta medida afecta principalmente a los oligopolios de las telecomunicaciones, en particular al principal conglomerado de medios del país, el derechista Grupo Clarín.

Pocos días antes, el gobierno había anunciado que junto a México fabricará y distribuirá la vacuna contra la COVID-19 desarrollada en la Universidad de Oxford, en una noticia que trajo un poco de aliento a la lucha contra la pandemia.

México

La situación en México estuvo atravesada en el período por varias circunstancias relevantes, no todas con el mismo sentido político.

Por un lado, como se mencionó anteriormente, la posibilidad de tener disponible la vacuna desarrollada por Oxford, a partir de un convenio con el Estado argentino que también involucra a laboratorios privados y al magnate Carlos Slim. Esa posibilidad, que puede constituir un logro importante para ambas naciones, se suma a la decisión anunciada a fines de julio de crear una empresa pública de distribución de medicamentos. «Esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos, de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto», expresó el presidente en una rueda de prensa^[103]. Mientras tanto, el país se acerca a mediados de agosto a las 60 mil muertes por la pandemia de COVID-19.

En otro orden, la corrupción y la violencia, en particular contra pueblos indígenas, continúan siendo temas importantes en la agenda pública, en un país en el que en 2019 más de 8600 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado^[104] y en momentos en que en Chiapas crecen los ataques a familias campesinas^[105]. En algunas zonas, esto se agrava con megaemprendimientos que amenazan la cultura y la vida campesina.

En julio, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales (LET), ambos con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México, emitieron un informe en el que analizan en detalle el estudio de impacto ambiental del Tren Maya presentado por el gobierno mexicano. De esta evaluación surge la preocupación por el daño ambiental y sociocultural que puede traer el proyecto y se concluye en que el documento no reúne condiciones suficientes para «evitar los daños graves e irreversibles que científicos, estudiosos, sabios comunitarios y un sentido común ampliamente compartido están señalando insistentemente». El equipo, liderado por Ana Esther Ceceña, concluye en que «el proyecto no tiene condiciones para llegar a buen término y que el daño que causará no compensa ninguno de sus buenos propósitos»^[106]. Un panorama similar se desprende de los efectos sobre la población del T-MEC, el nuevo tratado entre México, EE. UU. y Canadá que analizamos en otro apartado.

Sobre el cierre de este informe, el tablero político se vio sacudido por la filtración del contenido de una denuncia presentada ante el Poder Judicial en julio por el expresidente de Pemex (Petróleos Mexicanos) Emilio Lozoya Austin. En ella se acusa a 15 personas de integrar una red de corrupción que actuó durante 12 años, entre 2006 y 2018, e implicó perjuicios millonarios a la petrolera estatal. De acuerdo a Lozoya, el «aparato organizado de poder» —que entre otros actos ilegales recibió sobornos de Odebrecht y sobornó a su vez a parlamentarios para aprobar políticas neoliberales como la llamada reforma energética— incluía en una posición privilegiada a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, además de candidatos a presidentes y otros altos dirigentes del PAN y el PRI, los partidos de derecha que se alternaron en el gobierno durante los sexenios previos al triunfo de López Obrador^[107].

En los mismos días, también circularon imágenes en las que se observa que un funcionario gubernamental entrega dinero al hermano del presidente, Pío López Obrador. Presuntamente, los videos corresponden a la campaña para las elecciones 2018. Ante esta situación, AMLO exigió «ir a fondo» contra la corrupción: aseguró estar dispuesto a comparecer ante la justicia y emplazó a su hermano y al funcionario involucrado a que actúen de igual manera^[108].

Firma del TLC. [REUTERS / Ivan Alvarado]

Cambios en la superestructura continental

Puesta en vigor del T-MEC

El 1 de julio entró en vigor el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, EE. UU. y Canadá), acuerdo que reemplaza al TLCAN (o NAFTA), que estuvo vigente desde 1994.

El nuevo T-MEC (también conocido como USMCA, por sus siglas en inglés: United States-México-Canadá Agreement) surge de una propuesta de renegociación impulsada por el gobierno de Donald Trump, con el objetivo principal de revertir la caída en la producción (y el empleo) industrial en su territorio, muy pronunciada en los últimos 20 años, en el marco de una guerra económica con China donde EE. UU. lleva las de perder^[109]. En este contexto, el nuevo tratado incorpora cláusulas que apuntan a limitar la potestad de México de establecer mecanismos de libre comercio con China, por medio de regulaciones específicas que llegan incluso a la posibilidad de finalizar el T-MEC ante «la suscripción por cualquiera de las Partes de un tratado de libre comercio con un país que no sea de mercado»^[110].

Por otro lado, el presente acuerdo mantiene fuera de sus disposiciones la problemática social de la migración, proceso que aumentó radicalmente a partir del primer Tratado (TLCAN), que perjudicó al agro mexicano y provocó la expulsión masiva de campesinos y campesinas^[111].

A su vez, la Vía Campesina México alertó respecto a que con el T-MEC «el país deberá ratificar o incorporar varios tratados internacionales sobre propiedad intelectual, entre ellos el Tratado de la Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91)». Lo anterior es particularmente preocupante en la medida en que «la UPOV-91 es controlada por ocho corporaciones transnacionales y su imposición en México es un atentado contra nuestra existencia de pequeños productores de alimentos y una amenaza para la propiedad colectiva del conocimiento tradicional», según aseguró la organización en un comunicado de rechazo^[112].

Un posicionamiento similar estableció la Red de Afectados/as por la Minería (REMA), que se refirió al acuerdo en duros términos:

Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

[…] La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales^[113].

En el contexto de la puesta en vigor del Tratado, a principios de julio López Obrador viajó a EE. UU. a encontrarse con Donald Trump. Un vistazo a los artículos de opinión de los principales diarios nacionales da cuenta del impacto político de un viaje que, en principio, no pareció beneficiar a México y tampoco a su presidente. La mayoría de las notas —paradójicamente, disponibles en un sitio oficial del gobierno mexicano— destacan la contradicción entre impulsar una política de mayor soberanía y al mismo tiempo realizar concesiones que afectan dramáticamente a miles de personas del pueblo^{[114] [115]}. En particular, por la política migrante de Trump, alejada de todo principio ético y desapego a los derechos humanos, como lo recordaron organizaciones vinculadas a la lucha de migrantes en EE. UU y en México, quienes apelaron al tema del momento para pedirle: «Quédese en casa, Señor Presidente»^[116].

Senado de Chile aprueba TLC con Brasil

El 11 de agosto, el Senado chileno aprobó por amplia mayoría (23 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones) el Tratado de Libre Comercio con Brasil, acordado entre Sebastián Piñera y Michel Temer en noviembre de 2018 en Santiago.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, celebró la aprobación parlamentaria y destacó que «incorporará nuevas disciplinas de última generación, actualizará las ya existentes y permitirá que las pequeñas y medianas empresas chilenas puedan acceder en igualdad de condiciones al gran mercado de compras públicas brasileño»^[117]. Desde otra mirada, la plataforma Chile Mejor sin TLC recordó los elementos comunes a los Tratados de Libre Comercio, que en general han beneficiado a las corporaciones y no a los pueblos; y señaló que el Tratado se aprobó sin discusión sobre aspectos clave: «estas decisiones están siendo tomadas sin estudios de impacto que puedan explicar cómo las nuevas regulaciones impactarán sobre el medio ambiente, las comunidades, los derechos laborales y los derechos humanos en general», explicaron en un comunicado^[118].

Las disputas de cara a las elecciones en el BID

Un tema que alcanzó voltaje en el período analizado (y promete hacerlo aún más, a medida que se acerque la fecha) tiene que ver con la elección de autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), previstas para el 12 y 13 de septiembre de 2020. Según una regla no escrita, aunque respetada desde su fundación en 1959, la presidencia del BID corresponde a una persona nacida en algún país de América Latina y el Caribe, mientras que EE. UU., el principal aportante de fondos, se queda con el vicepresidente.

Todo cambió a partir de la previa a esta elección, cuando el gobierno de Donald Trump decidió impulsar la candidatura de uno de sus «halcones», el actual subsecretario de Asuntos Hemisféricos Mauricio Claver-Carone, y comenzó a presionar sobre los países de la región para conseguir su voto. Esta candidatura redujo las posibilidades de cualquier otro aspirante, entre los que se cuentan el argentino Gustavo Béliz y la expresidenta costarricense Laura Chinchilla.

Esta disputa está atravesada por varias circunstancias de peso, entre las cuales se pueden destacar por un lado la crisis sobreviniente a la pandemia, que pone al continente en una situación dramática, y por otro lado las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. Una eventual derrota de Trump en los comicios del 3 de noviembre —resultado que es pronosticado por varias encuestas— dejaría no solo la extraña imagen de un presidente del BID de nacionalidad estadounidense, sino que además sería una figura política de afinidad republicana, en un gobierno demócrata.

La ruptura de esta tradición generó fuertes críticas incluso en sectores afines a la derecha política. Entre ellos se cuenta el entonces canciller uruguayo, Ernesto Talvi, quien poco antes de su renuncia, consideró «un error» el apoyo brindado por el gobierno de Luis Lacalle Pou a la candidatura de Claver-Carone^[119].

En este contexto, el gobierno argentino impulsó la postergación de la elección para 2021 y recibió apoyo de algunos países de América Latina y de Europa. Si bien la candidatura de Claver-Carone ya tendría la mayoría de los votos para ser electo, el objetivo, en esa estrategia, es bloquear el quórum para evitar que la elección se haga en septiembre. Esta propuesta fue respondida por el activo lobby norteamericano, por medio de la difusión de una nota donde representantes de varios países «instan a todos los miembros a cumplir en el tiempo indicado y forma»^[120].

En este contexto, un dato significativo es que la candidatura de EE. UU. cosechó rechazo en el gobierno chileno, cuyo ministro de Relaciones Exteriores apoyó la propuesta impulsada por Argentina de postergación de la elección y recibió como respuesta el maltrato del propio Claver Carone. Ante ellos, el canciller Allamand fue respaldado por la totalidad de los ex cancilleres de las últimas tres décadas^[121].

La ofensiva norteamericana se origina de forma inocultable en la preocupación de EE. UU. por el creciente papel de China en América Latina y el Caribe. Como un poderosos símbolo del declive imperial, mientras Claver-Carone aparecía en los medios insultando la institucionalidad de países aliados —como es el caso de Chile—, el canciller de la República Popular China, Wang Yi, aprovechaba una reunión con sus pares latinocaribeños para anunciar que «la vacuna [contra la COVID-19] desarrollada en su país será un bien público de acceso universal y que su país destinará un préstamo de mil millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones de la región al antídoto»^[122].

Articulaciones de movimientos populares

Campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios

Durante el mes de Julio, la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, junto a la CLOC – Vía Campesina, Code Pink, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, entre otros espacios, lanzaron la Campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios.

Se trata de una iniciativa de solidaridad con los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua frente al bloqueo y el asedio económico, comercial, diplomático y político que sufren por parte de los EE. UU. Según la declaración de la Campaña, «Estados Unidos incrementa los bloqueos y sanciones económicas internacionales impuestos a Cuba, Venezuela y Nicaragua, nominado la «troika de tiranía» poniendo en peligro la salud y vida de muchas personas de estos tres pueblos heroicos que luchan para construir una sociedad más justa»^[123].

De esa manera la Campaña busca visibilizar las duras consecuencias que han traído las agresiones del imperialismo para estos países, y la vez busca enaltecer los logros que los mismos tienen en materia social y sanitaria históricamente, y en particular en el contexto de la pandemia, ocupando lugares con muy pocos casos y muertes por COVID-19 comparados con los demás países de la región, a pesar de no poder acceder a medicinas e insumos hospitalarios producto del bloqueo.

Uno de los objetivos de la Campaña es apoyar la nominación de la Brigada Médica Henry Reeve para el Premio Nobel de la Paz, que ha hecho presencia en más de 28 países durante la pandemia con el objetivo de brindar atención médica de primera calidad y acompañar los esfuerzos en materia de salud que han realizado varios países en el marco de la crisis sanitaria.

Como reseñamos en informes anteriores, el aporte de las brigadas médicas cubanas contrasta con el desastre en materia de salud en el propio territorio de EE. UU. A esto puede sumarse el reciente anuncio sobre la posible obtención de una vacuna desarrolla por el sistema científico cubano. Las pruebas en este sentido comenzarán en la última semana de agosto^[124].

Octubre: Semana antiimperialista

Entre el 5 y el 10 de octubre se desarrollarán en todo el mundo actividades que se enmarcan en la Jornada Internacional de Lucha Anti-imperialista, convocada centralmente por organizaciones que se agrupan en la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres y el Foro de Sao Paulo, entre otras articulaciones internacionales.

En la convocatoria se presenta una descripción del contexto geopolítico en que se desarrollan las jornadas. Representa un análisis importante, por cuanto sintetiza el acuerdo básico entre una cantidad importante de organizaciones de base popular de todo el mundo^[125]. Citamos parte del texto:

El imperialismo está poniendo en peligro el futuro de la vida en el planeta, con su política militarista de injerencia y agresión, y causando la degradación catastrófica del medio ambiente. Organizaciones y movimientos populares, sociales, juveniles, de mujeres, de defensa de la paz, organizaciones políticas y sindicales, y redes de intelectuales de todo el mundo nos convocamos para participar en una movilización masiva en la Semana Internacional de Lucha Anti-imperialista, en el segundo semestre de 2020.

Vivimos tiempos de inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro de la humanidad y del planeta Tierra. El capitalismo y su lógica de acumulación están generando una desigualdad entre las personas nunca antes vista. Millones de seres humanos sufren las consecuencias de una crisis que no es sólo económica, sino que es una crisis social, política, ambiental y de los valores. Es una crisis sistémica y civilizatoria.

El capital busca aumentar sus tasas de ganancia atacando los derechos sociales y laborales de los pueblos, de la casa trabajadora, y mediante la apropiación de los recursos naturales y de los avances de la ciencia y de la tecnología, que pertenecen a toda la Humanidad.

[…] El neoliberalismo es una de las formas más violentas y antidemocráticas de dominio del capital transnacional. No representa una esperanza ni ofrece una salida a nuestros pueblos. Imponer salidas a la crisis de carácter autoritario, racista, xenófobo y misógino, manifestadas en los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil y India, entre otros, así como en el avance de la extrema derecha en Europa. Las mujeres y las personas LGTBQI+ son objetivos prioritarios.

La adopción de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los EEUU por la Administración Trump apunta a Rusia y China como objetivos en el campo militar, y consolida la vía de la unilateralidad: la retirada de los EE.UU. de los acuerdos y tratados internacionales, instrumentos fundamentales para la paz mundial, está desencadenando una espiral de tensiones geopolíticas y de rearmes convencionales y nucleares que ponen en riesgo la seguridad humana. La reunión de la OTAN, en su 70 aniversario, confirmó que esta organización sigue siendo una amenaza para la paz mundial y que, incluso, aspira a militarizar el espacio.

Dando continuidad a sus históricas tradiciones de lucha, unidad y movilización, del Movimiento Internacional por la Paz y el Desarme, exigimos la disolución de la OTAN, la retirada de las 800 bases militares de los EEUU, el desarme total, el fin de todas las acciones de injerencia e agresión externa y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional. Todos los recursos mundiales deben ponerse al servicio de la solución de los principales problemas de la humanidad: el hambre, la enfermedad, la pobreza y la desigualdad^[126].

Campaña contra la Nueva Guerra Fría

El 25 de julio un conjunto de organizaciones y personalidades norteamericanas y británicas lanzaron una Campaña contra la Nueva Guerra Fría. La iniciativa, inicialmente impulsada por individualidades, luego fue asumida por reconocidas organizaciones defensoras de la paz, como CodePink y la coalición ANSWER coalition en EE. UU. y la Campaña por el Desarme Nuclear y la coalición Alto a la Guerra en Gran Bretaña^[127].

Al cierre de esta edición, y en el marco de la Jornada Internacional de Lucha Anti-imperialista,  referentes/as de organizaciones de Asia, África y América Latina, junto a otras personalidades, se sumaron a apoyar la Campaña contra la Nueva Guerra Fría, a través de una carta fechada el 18 de agosto de 2020. Entre esas primeras firmas se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, Celso Amorin, Ana Esther Ceceña, Joao Pedro Stedile, Juan Grabois, Jaime Amorim, Vijay Prashad, Gilberto López y Rivas, Ken Loach, el profesor chino Zhang Weiwei y el fundador de Vía Democrática (Marruecos) Abdallah El-Harif.

En perspectiva

La agudización de la crisis sanitaria, económica y social en estos meses y su impacto sobre los sectores populares y de trabajadores ha tensionado los intereses contrapuestos en la distribución de sus consecuencias y potenciado un nuevo periodo de conflictos y disputas sociales y políticas a lo largo de toda Nuestra América. Hemos intentado en las líneas precedentes examinar las diferentes dinámicas que asumen estos procesos en diferentes países de la región.

De esta manera, tras la explosión de la pandemia, se siente y comienza a percibirse la magnitud de la catástrofe social  que la misma deja a su paso. Esta desigualación social ha sido aprovechada también para profundizar la matriz neoliberal, avanzando con las reformas privatizadoras del Estado y la precarización de las condiciones de trabajo y de vida. En ello, la situación de emergencia planteada por la epidemia ha servido la más de las veces de velo naturalizador, de justificación médica, a estas regresivas transformaciones y a las formas autoritarias que las acompañan. La clausura de la democracia; su manipulación y la transgresión de las propias formas liberales de gobierno; el continuado uso de la «guerra judicial» y, en general, de los dispositivos de la «guerra híbrida»; la represión, la difusión de la violencia y del odio social y racial se han extendido en Nuestra América como la respuesta y uso neoliberal de la enfermedad. Frente a ello también las acciones desplegadas por los movimientos populares en la región levantan las banderas de la recuperación de la verdadera democracia.

Una confrontación de similar significación se despliega en Nuestra América en relación con la acción imperialista particularmente centrada en el bloqueo, desestabilización y amenaza de intervención sobre la Venezuela bolivariana y también sobre Cuba y Nicaragua. Y, de diferente modo, también sobre los gobiernos democráticos que desoyen su agenda e intereses. La marcha del último tramo de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo noviembre en EE.UU. y la disputa con la iniciativa económica de China en la región signarán la dinámica que asuma la estrategia imperialista en los próximos meses.

Por contraposición a estos procesos, las prácticas solidarias y de vida, las políticas sociales para aminorar y resolver el impacto de la crisis social y sanitaria, las demandas de una justa distribución de los costos que deja la pandemia en el terreno de la organización popular y las políticas públicas dan cuenta de los contornos de las alternativas que se forjan frente a la enfermedad y la gestión neoliberal de la misma. En esa contraposición se juega el futuro de los pueblos de Nuestra América.

Referencias: