Del 8M a las crisis del coronavirus: Movilización social, gobiernos en tensión y neoliberalismo en tiempos de pandemia

Conocemos bien que en la historia de los pueblos pueden identificarse momentos que marcan un punto de inflexión, de reconfiguración en el corto y largo plazo, de las tendencias y dinámicas societales. En Nuestra América, particularmente en varios de nuestros países, por ejemplo, el mes de octubre de 2019 signó la reemergencia o intensificación de la movilización popular y de la crisis de legitimidad de las políticas neoliberales. Las manifestaciones de las mujeres que recorrieron el continente alrededor del 8 de marzo pasado demostraron esa vitalidad popular y las particularidades de este ciclo de luchas populares y de sus sujetos, prácticas y programáticas. Con el análisis de estas experiencias comienza el presente informe.

Pero el mes de marzo está marcado también y principalmente por la expansión global y regional de la pandemia del COVID-19 (o coronavirus, o SARS-CoV-2) y de sus efectos. Las consecuencias de esta crisis de alcance inédito se relacionan no solo con la salud de las poblaciones, sino también con: a) los gobiernos y las políticas públicas; b) los modos de dominación y gestión de la ofensiva neoliberal; c) las disputas geopolíticas y la intervención imperialista; d) la marcha de la economía y de la cuestión social; e) la acción de los movimientos populares y las resistencias y alternativas al neoliberalismo. De esta manera, las consecuencias que despierta la pandemia y las intervenciones que sobre la misma se despliegan atraviesan la multiplicidad de las dimensiones de la vida social en todos los territorios, en una mutación que es más sencilla de estimar en el corto plazo y que plantea interrogantes sobre el sentido que terminará adoptando en el largo plazo. Una definición que ciertamente está sujeta a los resultados de las intensas disputas que se libran hoy. En la segunda parte del presente informe intentamos aportar a estas cuestiones y debates, con el análisis de los hechos sucedidos en América Latina y el Caribe en el contexto de la expansión de la pandemia a partir de la segunda semana del mes de marzo.

Como lo hicimos para el informe anterior, contamos también en esta ocasión con la colaboración de la Oficina São Paulo del Instituto Tricontinental, que preparó las reflexiones relativas a lo sucedido en Brasil en este mes. Queremos agradecer especialmente esta contribución, así como esperamos que las informaciones y reflexiones que componen este documento aporten efectivamente al necesario debate y comprensión de la actual coyuntura nuestroamericana y de los desafíos que afrontamos.

Como hemos señalado en informes anteriores, las movilizaciones populares, sumadas a los triunfos electorales, han marcado una ruta de rechazo al neoliberalismo en el marco de la crisis social, económica y política que atraviesa América Latina y el Caribe. Esas manifestaciones que han sucedido en varios países de nuestro continente evidenciaron la disputa que existe entre la agenda neoliberal y los proyectos alternativos, dinamizados por fuerzas sociales con el objetivo de transformar el actual estado de cosas en una oportunidad de cambio para los y las latinoamericanas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 y el 9 de Marzo millones de mujeres se convocaron en las plazas de las principales ciudades del continente, con un Paro Internacional de Mujeres y el grito común del rechazo a la violencia, a la desigualdad y a la exclusión que supone el neoliberalismo sobre las mujeres del continente.

En el caso de Chile, aproximadamente un millón y medio de mujeres se convocaron en Plaza Italia en Santiago, más conocida a partir de las movilizaciones de 2019 como «Plaza Dignidad». Allí, con un discurso vinculado a las exigencias del movimiento social y callejero en ese país, levantaron una bandera gigante que exigía «Fuera Piñera» y buscaba rechazar y denunciar de forma masiva el tratamiento violento que la fuerza pública chilena ha dado a las protestas durante los últimos meses. La denuncia de los sistemáticos abusos sexuales que Carabineros ha perpetrado contra las mujeres detenidas en el marco de las protestas y la exigencia de una Nueva constitución que contemple al movimiento de mujeres desde una perspectiva feminista, fueron las protagonistas de la jornada.

Por su parte, más de ochenta mil mujeres mexicanas se citaron en el Monumento a la Revolución y el Zócalo para exigir al Estado mexicano condiciones de igualdad en el mercado laboral, en un país donde el 40% de la fuerza de trabajo son mujeres y perciben un 34% menos de pago por los mismos trabajos según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Las movilizaciones expresaron también un tajante rechazo a los femicidios, que en 2019 se cobraron la vida de más de mil mujeres y que en 2020 tomaron numerosas nuevas víctimas, como fue el caso del abuso sexual y asesinato de Fátima Aldrighett, una menor de siete años de edad.

En Bolivia, las mujeres campesinas e indígenas fueron protagonistas en distintos lugares del país de movilizaciones con un carácter profundamente antigolpista contra la dictadura encabezada por Jeanine Añez, quien en discursos durante el 8 de marzo buscó empatizar con el movimiento de mujeres pero fue repudiada por las mujeres movilizadas. Estas señalaron que en el movimiento de mujeres no hay lugar para los discursos racistas y fundamentalistas estructurales de la derecha boliviana, que en las diferentes masacres han sido responsables del asesinato de cientos de mujeres y hombres de las clases populares que se manifestaban en contra del Golpe de Estado1.

Bajo la consigna «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos», miles de mujeres en Argentina se movilizaron en contra de las violencias y desigualdades y principalmente en contra de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Mauricio Macri, que asciende a más de 310 000 millones de dólares, el 90% del PBI. «La deuda histórica, hoy más que nunca, es la legalización del aborto seguro y gratuito», plantearon las mujeres en la movilización y afirmaron que el Paro se realiza porque «no hay deuda pública y externa que no se traduzca en deuda doméstica y en ajuste», ubicando al movimiento feminista de masas en Argentina como antineoliberal, que busca, además del incremento de derechos para las mujeres y las diversidades, una salida contra la deuda para el conjunto de la sociedad.

Desde los primeros casos identificados en diciembre de 2019 en Wuhan (Hubei, China) hasta su consideración como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, el virus conocido como COVID-19 no ha dejado de expandirse a nivel global. Esto ya es un acontecimiento histórico, que promete reconfigurar profundamente la dinámica del sistema mundo, intensificando las diferentes dimensiones de la crisis civilizatoria desplegada por la neoliberalización capitalista y urgiendo por transformaciones que avancen en un camino alternativo.

Nuestra América no es ciertamente ajena a estas convulsiones, efectos y disputas. En esta dirección, las tendencias y procesos que venimos reseñando en informes anteriores en relación con: a) los avances de la ofensiva neoliberal y su reforzamiento autoritario; b) la desaceleración económica y la crisis de legitimidad que cuestiona progresivamente a los regímenes neoliberales; y c) la agresividad de la intervención imperialista, están siendo tanto reformuladas como potenciadas en este período. Así, podemos identificar, tanto a nivel regional como global, efectos y usos neoliberales de la pandemia; como también procesos, iniciativas y demandas orientadas en una perspectiva alternativa. Examinemos entonces más de cerca lo sucedido en relación con estas cuestiones en el mes de marzo.

A) La llegada del coronavirus a Nuestra América y sus efectos socioeconómicos: del derrumbe de Wall Street a la recesión global

El 26 de febrero se confirmó en Brasil el primer enfermo de COVID-19 identificado oficialmente en América Latina2. El 28 de febrero se sumó uno más en México y al día siguiente otro en Ecuador. El 7 de marzo se registró en Argentina el primer fallecido a nivel regional y el 10 de marzo, en Panamá, el segundo. A esta última fecha los enfermos reconocidos sumaban 141, en 15 países, y si bien la región cuenta con el menor número de infectados a nivel mundial luego de África, hacia mediados de marzo la cuestión de cómo enfrentar la pandemia se convirtió de manera creciente en el centro de la atención de los gobiernos, de las elites y de los movimientos populares. Sin duda a ello contribuyó, además de otros factores, el espejo europeo y particularmente la evolución de la situación en Italia y en España, que para esa fecha ya alertaban sobre las consecuencias de la extensión del virus. Recordemos que el 8 de marzo el gobierno italiano decidió extender la cuarentena a toda la región norte, que alberga un cuarto de la población nacional; que a partir del 13 de marzo el número de contagiados en Europa se duplicó cada tres o dos días y que el gobierno español decretó finalmente el 14 de marzo el estado de alarma en todo su territorio. En torno a estas mismas fechas, la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe comenzaron a adoptar medidas respecto del control de la enfermedad. También por estos días se hicieron sentir sus efectos en los terrenos económico y geopolítico a nivel mundial y también en América Latina y el Caribe.

En el plano económico global, el mes de marzo fue ciertamente clave. El lunes 9 de marzo la bolsa de valores de Wall Street se derrumbó, con una de las más importantes caídas de su historia en el precio de sus acciones —por su velocidad, la más importante—, profundizando la retracción ya registrada a fines de febrero. Ese «lunes negro» resultó también del impacto de la disminución drástica del precio del petróleo, precipitada por la disputa abierta entre Rusia y Arabia Saudita. En términos generales, esta debacle financiera prolongada durante marzo y la caída de los precios de los bienes naturales (mal llamados «commodities») expresaban las previsiones especulativas respecto del impacto económico y productivo a nivel global que ya tenía e iba a tener la pandemia en la economía china en particular y asiática en general. Asimismo, la expansión del virus a Europa y los EE. UU. y el impacto económico de las medidas de cuarentena adoptadas por los gobiernos acentuaron los pronósticos sobre la llegada de una profunda recesión global3 con graves efectos sobre la cuestión laboral y social [4]. En esta dirección, en la reunión (telefónica) de los ministros de Finanzas del G20 del 23 de marzo, el FMI y el Banco Mundial advirtieron que esta recesión podría ser peor que la del 2008 y que requeriría una respuesta sin precedentes [5]. La magnitud de la crisis que se abre puede apreciarse al considerar que el propio FMI comprometió su fondo de 1 billón de dólares para apoyar «a las economías de mercados emergentes y en desarrollo» y «reforzar la liquidez mundial» con otros instrumentos financieros [6] e, incluso, que ambas instituciones internacionales el 25 de marzo pidieron a los acreedores oficiales que suspendan el pago de las deudas que tienen con ellos «los países pobres» [7].

Como fue señalado por diferentes analistas en estos días, la pandemia no puede ser considerada la causa de esta crisis económica sino en todo caso su detonante. El estallido de esta crisis expresa una serie de procesos y contradicciones que se prolongan irresueltos desde la crisis del 2008-2009 e incluso que caracterizan la dinámica del capitalismo neoliberal. En esta dirección, en nuestro informe de fines del año 2019 referíamos a las sombrías previsiones económicas de los propios organismos internacionales y a la variedad de problemas acumulados que podían plantear en cualquier momento la apertura de un nuevo episodio de recesión global [8].

En esta dirección, las perspectivas para América Latina y el Caribe no son nada halagüeñas: su economía está afectada por la disminución de la demanda y del precio de los bienes naturales que exporta la región [9], por la parálisis del turismo y por la reorientación de los flujos financieros hacia el norte [10]; cuestiones que se hicieron sentir en marzo con las caídas de las bolsas de valores, el incremento del riesgo país y las devaluaciones generalizadas. En una reciente intervención, la secretaria general de la CEPAL estimó «una contracción de 1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales» así como a un incremento significativo de la pobreza y la indigencia [11]. Como mencionamos en nuestro informe de diciembre, el año 2019 fue de desaceleración o para ciertos países, incluso de crisis económica [12]. Esa cuestión jugó sin duda un papel en la amplitud del descrédito que cuestionó a diferentes gobiernos de la región que implementaron la agenda de la ofensiva neoliberal. Un escenario presente y futuro de recesión regional y sus efectos previsibles de mayor deterioro social y pobreza interrogan sobre las consecuencias que este escenario tendrá sobre la gobernabilidad neoliberal, la conflictividad social y la acción de los sectores populares, en muchos casos a través de sus movimientos.

Por otra parte, los requerimientos crecientes de políticas públicas que plantea la expansión de la pandemia, en orden de salvaguardar la salud de la población, también tiene efectos sobre las políticas y modelos económicos. La crisis muestra que es preciso garantizar la asistencia del sistema público de salud y a su vez plantea restricciones a la vida social y económica, expresadas en la política de la cuarentena. En esta dirección, la intervención de los gobiernos de la región ha sido comprendida a la luz de la tensión entre priorizar la defensa de la vida y la salud, por una parte, y la economía y las ganancias empresarias, por la otra. En este contexto, la creciente intervención estatal desplegada como respuesta a la pandemia se expresó también en otra tensión entre la intervención autoritaria represiva en el control de las poblaciones y el fortalecimiento del Estado social y el sistema público de salud. Examinamos en detalle cómo se manifestaron estas contradicciones en el punto siguiente.

B) Gobiernos y clases en tensión: entre la vida y el capital, entre las políticas sociales y la intervención autoritaria

Sin centros articuladores sólidos, la respuesta de los gobiernos en América Latina y el Caribe fue fragmentada y heterogénea. En líneas generales, para sus políticas internas se pueden establecer dos grandes orientaciones: a) los gobiernos que decidieron seguir las recomendaciones de la OMS, de restringir al mínimo la circulación y el contacto, para priorizar la vida; desde ya, esto implica una afectación enorme al nivel de actividad; y b) quienes intentaron (o intentan) negar la gravedad de los efectos sobre la salud de las personas y priorizan «la marcha de la economía», permitiendo (o estimulando) la realización de una vida «normal» a nivel laboral.

A su vez, al interior de esos dos grandes grupos existen diferencias que exceden las posibilidades de abordar en este informe, aunque son significativas y las mencionaremos brevemente. Con el panorama desarrollado a lo largo de marzo, y si bien en ocasiones hay elementos cruzados de ambos enfoques, dentro de los gobiernos alineados a la derecha del arco político se pueden identificar políticas más orientadas al mercado y otras que abordan la pandemia enfatizando los rasgos autoritarios y aprovechando la situación para promover medidas de mayor represión. En cualquier caso, lo que queda claro es que los países donde mayor gravedad adquirió la crisis durante marzo están gobernados por proyectos neoliberales, como en los casos de Ecuador, Brasil y Chile, que replicaron la actitud asumida por los gobiernos de EE. UU y el Reino Unido, con graves consecuencias. En general, de todas formas han tenido que impulsar un progresivo viraje hacia medidas un poco más fuertes, a medida que la enfermedad comenzó a impactar masivamente y la situación se tornó insostenible.

Por su parte, en el caso de los gobiernos progresistas y los movimientos populares, aún con matices, hacen foco en la necesidad de seguir los lineamientos de la OMS en relación al distanciamiento. Como desarrollamos en el apartado correspondiente, la excepción dentro de este último grupo es el caso de México.

De todas maneras, hacemos notar que se trata de un momento de enorme complejidad y dinamismo, por lo cual es posible esperar cambios en los comportamientos de la población, así como en las políticas de los gobiernos.

I) Políticas neoliberales en el marco de la pandemia

Ecuador: del ajuste neoliberal al colapso sanitario

El gobierno de Lenin Moreno ha tomado el camino de los países más neoliberales de la región, utilizando la pandemia del COVID-19 para implementar una serie de medidas económicas —orientadas a partir del préstamos del FMI— conocidas como «paquetazo», que en octubre del 2019 generaron numerosas movilizaciones en rechazo. El Movimiento Compromiso Social de la Revolución Ciudadana (MCSRC) y la bancada del Partido de la Revolución Ciudadana en Ecuador denunciaron que Moreno sigue la receta del Fondo al afrontar la crisis de salud con mayor privatización, flexibilización laboral y reducción de la inversión pública13. Prueba de ello es la denuncia de los más de 458 despidos desde el inicio de la vigencia del estado de excepción declarado por el gobierno nacional. Ante esto, también organizaciones de Derechos Humanos han denunciado abusos por parte de la fuerza pública en medio del cumplimiento de las medidas de estado de excepción, entre los que se encuentran maltratos físicos y detenciones arbitrarias, especialmente contra personas de los sectores populares [14].

En este marco, el gobierno anunció el pago de 325 millones de dólares de capital de sus bonos 2020, y la firma de un nuevo acuerdo con el FMI por 2 500 millones de dólares «para afrontar la pandemia». Según una reciente encuesta de Pulso Ciudadano, el 96% de la población considera como malo el desempeño de Moreno respecto el tratamiento del virus en Ecuador.

Patricia Sánchez, coordinadora de organizaciones sociales en Guayaquil, denuncia que el 72% de los casos positivos de COVID-19 se encuentran en la provincia de Guayas, cuya capital es esa ciudad, donde se presenta la mayor tasa de mortalidad, a causa del muy mal estado en el que se encuentran los hospitales públicos. La ausencia de recursos públicos para tratar la pandemia ha generado una emergencia sanitaria tal que numerosos medios de comunicación alternativos y otros internacionales han denunciado las pilas de cadáveres en hospitales y en las calles de Guayaquil. Según numerosas denuncias, las muertes trascienden la cifra oficial reportada por el gobierno, de 93 fallecidos a fines de marzo. Frente a esto, Gustavo Zúñiga, director municipal de Aseo Cantonal y Mercado, planteó la intención de sepultar a las personas fallecidas en una fosa común que convertiría en Mausoleo15. Al difundirse esta disposición, el presidente Moreno prometió «entierros dignos».

Brasil: una tragedia anunciada*

La pandemia del coronavirus en Brasil continúa a un ritmo alto y constante y ya ha llegado a todos los estados brasileños. Si se compara el primer mes de la evolución de la pandemia en Brasil con lo que sucedió en Italia, la situación en el país sudamericano es similar a la del país europeo. Desde el principio, el Ministerio de Salud ha tomado medidas razonables para tratar de contener la propagación de la enfermedad, siguiendo la mayoría de las recomendaciones hechas por la OMS y trabajando desde la perspectiva de una política gradual que presupone la progresiva adopción de medidas sanitarias de contención a medida que avanza el COVID-19.

La mayoría de los gobiernos estaduales y municipales, especialmente los de los grandes centros urbanos, tanto de derecha como de izquierda, adoptaron estas medidas preventivas, siguiendo la línea promovida por el Ministerio de Salud y comenzando con un proceso gradual de paralización de actividades y aislamiento de personas.

Sin embargo, contradictoriamente, desde el principio el presidente Jair Bolsonaro adoptó la línea de subestimar los posibles efectos de la pandemia, mostrándose más preocupado por sus consecuencias sobre la economía y sobre el desgaste que ello podría causar en su gobierno a raíz del impacto que estas políticas preventivas iban a tener en la población. Frente a esto, Bolsonaro calificó repetidamente estas reacciones al coronavirus como fruto de la «histeria», así como afirmó que los líderes políticos que las promueven estarían interesados en la bancarrota de la economía como una forma de desestabilizar a su gobierno. Esta insistencia en afirmar que todo sería una gran exageración hizo que Bolsonaro quedara aislado de la mayoría de las instituciones y poderes del Estado y de las diferentes corrientes político-ideológicas, incluida una buena parte de la derecha.

Al principio, la respuesta económica del gobierno fue la de aprovechar la situación para avanzar con la aprobación de las políticas de austeridad ya promovidas desde antes por el Ministro de Economía, Paulo Guedes, con un paquete de emergencia basado en gran medida en un cambio presupuestario que no inyectaba nuevos recursos para las demandas que surgen en este nuevo escenario. Con respecto a la protección de los trabajadores más vulnerables, Bolsonaro incluso presentó una medida provisional que solo tenía en cuenta los intereses de los empleadores y que incluía la posibilidad de que estos suspendieran el pago de los salarios durante 4 meses sin ninguna compensación. La recepción fue tan negativa que obligó al gobierno a retroceder en este punto. Sin embargo, una nueva medida está por ser presentada que representa una vez más los intereses de los empleadores, al hacer que los contratos laborales sean más flexibles sin asegurar el apoyo económico necesario para los trabajadores. Pero en una dirección opuesta, gracias a la movilización de la oposición, el Congreso Nacional aprobó un ingreso básico que asigna R$ 600 a la población que gana hasta tres salarios mínimos, prevé la posibilidad de pagar hasta dos beneficios por familia y establece el pago de R$ 1 200 a las familias encabezadas por mujeres.

Sin embargo, Bolsonaro sigue con la postura de negar los profundos impactos que significará la extensión del coronavirus, lo que lo deja cada vez más aislado. La estrategia gubernamental parece ser la de polarizar el debate para consolidar a su electorado más leal, que había sido interpelado por la amenaza de la pandemia en las últimas semanas. Ciertamente, con esta política, Bolsonaro hace una apuesta arriesgada. Si las medidas de los gobiernos estaduales inhiben efectivamente el avance exponencial de la pandemia, Bolsonaro validaría su discurso de que el coronavirus no era más que un resfriado. Si salen mal, responsabilizaría a los gobiernos estaduales de la desaceleración de la economía y, en consecuencia, del aumento del desempleo.

Al adoptar esa postura, Bolsonaro propone una guerra no contra el coronavirus sino contra los otros poderes institucionales, situándose como el antisistema que está a punto de sufrir un golpe de la clase política tradicional. Lo que le importa es avanzar en consolidar su poder y el de las fracciones burguesas que representa sobre el Estado brasileño. Evidentemente, Bolsonaro no está solo. Adopta el mismo discurso que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y coincide con los intereses de parte de la burguesía interna brasileña que no admite tener pérdidas momentáneas, incluso si eso significa miles de muertes.

Dentro de este contexto, se ha ido construyendo un consenso al interior de la clase política sobre la incapacidad de Bolsonaro de mantenerse al frente de la Presidencia. Muchas salidas a ello comienzan a sondearse en diferentes ámbitos institucionales y en la esfera pública, como la posibilidad de destitución del presidente. Aunque no faltan razones legales y políticas para ello, estas soluciones tienen consigo una serie de límites, ya que colocarían al vicepresidente Hamilton Mourão en la presidencia. La presencia de Mourão, un general de reserva, solo reforzaría la presencia militar en el gobierno y le daría a la derecha aún más oportunidades de reorganizarse y avanzar en sus políticas de austeridad y desmantelamiento del Estado brasileño.

En este sentido, la angustia legítima frente a la situación no puede conducir a respuestas inmediatas e impulsivas. La política requiere frialdad y la capacidad de mirar hacia adelante. El momento actual plantea el desafío de acumular fuerzas, discutir con los colectivos y tener la paciencia necesaria para desarrollar y mantener un prolongado trabajo de base. Se trata de construir y estimular el espíritu de solidaridad entre las personas y observar el movimiento de la sociedad, al mismo tiempo que se denuncian las atrocidades del gobierno actual y se proponen soluciones concretas a la crisis. Aparentemente, se está produciendo un desgaste del gobierno y la popularidad del presidente está disminuyendo. Aunque trágica, la pandemia abrió una ventana histórica que dejó al modelo hegemónico del neoliberalismo al desnudo. En los próximos meses se verá si existe capacidad para aprovechar esta oportunidad o la ventana se vuelve a cerrar.

Colombia: negacionismo y violencia en el marco de la pandemia

En el caso de Colombia, hay más personas que han perdido su vida por ser líderes o lideresas sociales en los territorios que por haber contraído COVID-19. Desde la llegada de la pandemia, 9 líderes y lideresas sociales del país han sido asesinadas, la mayoría de ellos mientras cumplían la cuarentena dentro de sus domicilios. Inclusive la fuerza pública asesinó más de 23 prisioneros e hirió a más de 80 en el contexto de un amotinamiento de presos en diversas cárceles del país en exigencia de mejores condiciones de salud en medio de la pandemia, además de otra serie de reclamos en materia de derechos. Estas son cifras superiores, nuevamente, a las víctimas de la pandemia en ese país.

En medio de un fuerte escándalo de corrupción que vincula al presidente al «Ñeñe Hernández» un reconocido narcotraficante colombiano, la reacción del gobierno de Iván Duque a la pandemia fue la de decretar la centralización de recursos de las regiones y pensionales en beneficio del sector bancario, además de avalar la finalización de contratos de trabajadores y trabajadoras en el marco de la pandemia. Después de una fuerte presión de la población y de gobernadores de los distintos departamentos, particularmente de la alcaldía de Bogotá, finalmente se decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. Según una encuesta de Polimétrica de Cifras y Conceptos, los mandatarios regionales están mejor calificados que Duque en el manejo del coronavirus [16].

Costa Rica y quien paga los costos del crack turístico

Por su parte, Costa Rica atraviesa una difícil situación económica en este marco, especialmente en el sector del turismo, que se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia. Meseros y meseras, personal de la gastronomía y hotelería en general son sectores de la sociedad que están desprotegidos económicamente en un contexto de emergencia sanitaria como el que declaró el presidente Carlos Alvarado. De esa manera, la Cámara de Comercio de ese país, junto a la Cámara de Turismo, negociaron una serie de medidas con carácter de ley con el gobierno nacional con el argumento de evitar un perjuicio aún mayor para los y las trabajadoras.

Entre ellas está el acuerdo de reducir la jornada laboral y el salario a la mitad —para evitar la terminación de los contratos laborales y el despido del personal—, rebajar las tarifas de servicios públicos como la electricidad, los alquileres, y una moratoria para el pago de las cuotas de Seguro Social y el impuesto territorial.

Chile: de la movilización social a la pandemia

El caso de Chile es particular, porque ciertamente la situación de pandemia contribuyó a aplacar los niveles de movilización sostenidos desde octubre de 2019. Aún así continúan existiendo acciones de protesta y también la represión [17], con consecuencias graves en la población [18] y con un gobierno errático y desacreditado [19].

Entre los efectos políticos de la pandemia hay que contabilizar en primer lugar a la postergación del plebiscito por la constituyente, principal logro institucional de las protestas del #ChileDespertó, que estaba previsto para el 26 de abril y se postergó para el 25 de octubre. Pero en el terreno donde más se ha caracterizado el gobierno de Sebastián Piñera es en las medidas de apoyo a los empresarios, entre las que se encuentra especialmente un dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo que permite que los empleadores puedan no cancelar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras si no asisten al lugar de trabajo por la cuarentena, toque de queda o fuerza mayor [20]. Este es uno de los gobiernos que hasta el momento más se ha resistido a tomar medidas drásticas para no afectar la actividad económica. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha minimizado la pandemia al declarar insólitamente que el virus podría mutar y «convertirse en buena persona» [21] y más recientemente, ante las demandas de alcaldes y la críticas de la población en general, mintió abiertamente al señalar que los países que han intentado hacer la cuarentena —«me refiero a Italia, España», aclaró— «han fracasado estruendosamente» [22]. Es conocido que la expansión del COVID-19 en el sur de Europa fue previa a las medidas de aislamiento social, precisamente la demora en determinar la cuarentena obligatoria es la principal crítica que se hace respecto a la situación en estos países.

Aunque Chile detectó su primer caso el mismo día que la Argentina (3 de marzo) [23], al cierre del mes la situación en el país es crítica. Chile es el segundo país de América Latina con mayor número de casos (solo lo supera Brasil) y cuarto en el continente (EE. UU. y Canadá). La cuarentena recién se estableció el 25 de marzo, con 1 142 casos diagnosticados y tres muertes. Una semana después, el 1 de abril, el registro era de 3 031 personas enfermas y 16 muertes [24]. El único dato positivo es que tiene un índice de mortalidad respecto a los casos de contagio muy bajo (0,5% aproximadamente), aunque es una cifra que ha sufrido cuestionamientos y en cualquier caso, significaría un consuelo pequeño en un panorama muy malo que además promete empeorar a partir de abril, con una curva en pleno ascenso. Según un grupo de científicos, «el colapso del sistema sanitario es inevitable». Los investigadores critican la inacción del gobierno y plantean que «si vemos la proyección de infectados en el tiempo, seguimos creciendo de manera exponencial, por lo tanto, la proyección de que el sistema colapsaría entre mayo y junio es totalmente válida» [25].

II) La intervención autoritaria del control poblacional

Bolivia: la dictadura y el coronavirus

En Bolivia, la población enfrenta la pandemia bajo un gobierno no electo, surgido de un golpe de Estado. Como primer efecto, las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo se postergaron, con fecha todavía indefinida. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió congelar el calendario y envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el que propone establecer la próxima fecha entre el 7 de junio y el 6 de septiembre [26].

Este proceso se da en un contexto sumamente irregular: con un gobierno no electo, surgido de un golpe de Estado tras una rebelión policial y militar, que como ya hemos comentado en informes previos, a poco de asumir reprimió duramente a la población e impulsó la persecución a las voces disidentes, en particular a personas vinculadas al MAS-IPSP y a medios de comunicación, proceso que continuó durante marzo [27]. En este escenario general, ahora afectado por la llegada de la pandemia, los primeros sondeos hasta la primera quincena de marzo ubicaban al candidato masista Luis Arce con posibilidades de encabezar la primera vuelta, seguido de Carlos Mesa y de Jeanine Añez (que estaban en segundo o tercer lugar según la encuesta) [28 29]. En este contexto es significativo el anuncio respecto a la posibilidad de no computar el voto de la comunidad boliviana en el exterior, realizado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, nombrado en su cargo luego del golpe de Estado [30].

Ante la pandemia, luego de algunas medidas restrictivas tomadas el 15 de marzo, la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, declaró cuarentena nacional el 22 de marzo y profundizó la militarización. Junto con ello decidió otorgar una ayuda económica a las familias más pobres, subsidiar el costo de algunos servicios y la reducción temporaria de otros, como la electricidad y el agua. A pesar de todo, en los últimos días de marzo se registraron movilizaciones de personas que exigieron alimentos, ante la crítica situación social [31]. Al menos en el caso de las protestas en Beni, la respuesta del gobierno de facto fue la represión. Los detenidos fueron imputados por «atentado la contra la salud pública, instigación pública a delinquir y sedición». En general, los principales medios del país legitiman las acciones de la dictadura en este sentido, al normalizar desde sus titulares la criminalización de las actividades políticas [32].

Perú: entre las políticas sanitarias y la preparación represiva

En el caso de Perú, en medio de la indefinición de la fecha en que asumirá el nuevo parlamento electo en los comicios de enero, el presidente Martín Vizcarra ha publicado una serie de medidas para afrontar los crecientes casos de COVID-19. Anunció la destinación de más de 670 millones de dólares para atender la crisis sanitaria en los frentes de la asistencia en salud y la asistencia económica de las familias más vulnerables, además de pequeñas empresas.

El Ministerio de trabajo emitió directrices sobre la necesidad de que las empresas implementen el trabajo remoto para que los y las trabajadoras puedan desarrollar sus labores desde sus casas, y el Ministerio de Economía anunció un bono extraordinario de 106 dólares para los trabajadores y trabajadoras independientes [33].

Sin embargo, hacia fines de marzo se conoció una ley aprobada por el Congreso que otorga protección y exime de responsabilidad a miembros de la Fuerza Pública que «en ejercicio regular de su función constitucional, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte», medida fuertemente rechazada por Organizaciones de Derechos Humanos y vista como preocupante por la CIDH [34] y Amnistía Internacional.

Panamá se arma para salvaguardar el orden público

En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo, además de decretar la emergencia sanitaria, y emitir el Decreto Ejecutivo 81 que habilitaba a los empleadores a cancelar contratos de los y las trabajadoras, adelantó una compra a la sociedad Inmunex en 7,1 millones de dólares para adquirir municiones de distintos calibres, cápsulas y granadas lacrimógenas, gas irritante y proyectiles, contemplados como parte de los gastos del Estado para afrontar la pandemia. Sobre la vinculación de este armamento con el tratamiento de la enfermedad, el ministro de Seguridad, Juan Pino, declaró que «el Estado panameño tiene que prepararse en cuanto a orden público y tomar todas las medidas de ley y orden» [35].

El Salvador y el régimen de excepción

Como mencionamos en nuestro informe anterior, a pesar de que Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador como un joven independiente y outsider de la política tradicional de ese país, con el paso del tiempo ha ido evidenciando rasgos más militaristas y autoritarios típicos de la vieja derecha latinoamericana. Esa clave autoritaria fue manifiesta durante el mes de febrero, a partir de la orden de Bukele de militarizar el recinto del Congreso para aprobar la fase III del proyecto eje de su gobierno, el Plan de Control Territorial. Y es la misma clave a través de la cual ha decidido dar tratamiento al COVID-19 durante el mes de marzo, como una expresión más de esta forma de hacer política [36]. Así, después de incumplir el compromiso de entregar 300 dólares a las familias más necesitadas en el marco de la pandemia, Bukele ordenó reprimir fuertemente a aquellas personas que fueron a reclamar el subsidio que resultó no ser cierto [37].

Mientras hay denuncias por la ausencia condiciones de salubridad básicas en centros hospitalarios, el Ejecutivo ordenó en un primer momento la declaración de un régimen de excepción y de emergencia nacional, cuando en el país no se presentaba ningún caso positivo para la pandemia, medidas que no han estado acompañadas de ninguna política de inversión social o asistencia para quienes dependen de la economía informal para su sustento. Es importante mencionar que el desarrollo de la pandemia en el país centroamericano se dió también en el marco de la aprobación de una ley de reconciliación que plantea la reducción de las penas de hasta un 75% de los responsables de crímenes durante el conflicto, y permite a jueces conmutar las condenas por razones de edad o salud, ley que las distintas organizaciones de víctimas en El Salvador ven como una aprobación legal de la impunidad [38].

Honduras y la crisis social

Por la misma línea, en el marco de una crisis migratoria que ha dejado el saldo de 16 mil personas deportadas de los Estados Unidos a Honduras, en el país hay numerosas protestas por falta de suministros para afrontar la pandemia, desde insumos médicos y sanitarios hasta escasez de alimentos para las personas que se ven más afectadas por la cuarentena obligatoria que rige en el país. Los conductores y distribuidores que se nuclean en el sector del transporte público, impulsor de las protestas, aseguraron en el marco de las manifestaciones que no tienen manera de conseguir alimento para sus familias si no se les permite trabajar.

A esto se suma la exigencia al gobierno del sector de la salud de comprar insumos y garantizar la seguridad básica para los y las trabajadoras sanitarias, ya que aunque el gobierno aprobó 4 millones de dólares para evitar la propagación del coronavirus, no se ha realizado ninguna inversión en el sector, ni en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (Tórax) de Tegucigalpa, institución seleccionada para tratar los casos positivos de la pandemia en ese país.

Guatemala en toque de queda

En Guatemala, ya antes de la emergencia sanitaria por la pandemia, había restricciones para el uso del espacio cívico, y de libertad de reunión, específicamente para las ONG. Por ello, el gobierno de Alejandro Giammattei ha recibido fuertes críticas de expertos de Naciones Unidas por estas medidas que plantea la Ley de Organizaciones no Gubernamentales. En dicho texto se solicitan requisitos y controles para el trabajo que realizan estas organizaciones que son contrarias a la normativa internacional en la materia, y las denuncias plantean que son medidas orientadas a limitar el trabajo de los y las defensoras de Derechos Humanos y de criminalizar a las personas vinculadas a estas ONG.

En ese marco, ya posterior a la aparición de casos del COVID-19, el gobierno ha dado tratamiento ordenando un toque de queda parcial y solicitando al Congreso la aprobación final de un préstamo por 200 millones de dólares al Banco Mundial y otro por 250 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para evitar la propagación mayor de la pandemia que todavía se encuentra en fuertes debates en el parlamento.

III) Gobiernos y movimientos populares

Considerados globalmente, los gobiernos más identificados con posiciones progresistas o de izquierda adoptaron un enfoque activo para contener la pandemia, en línea con las recomendaciones de la OMS. Esto tuvo como efecto general que por el momento no se han disparado la cantidad de casos, como sí sucedió en países que no tomaron medidas restrictivas. La contracara negativa es la afectación al nivel de actividad. Esto golpea particularmente en los sectores de trabajo asalariado bajo condiciones precarias y de la economía popular, que alcanzan magnitudes importantes en toda la región.

Argentina: aislamiento social obligatorio y tensiones sociales

Desde el comienzo de la crisis, el presidente Alberto Fernández se configuró como una de las principales referencias de las políticas de protección a la salud. El 15 de marzo decidió la suspensión de las clases y el 20 de marzo severas medidas de distanciamiento social, con cuarentena total y reducción al mínimo de la circulación. En un balance inicial y provisorio, esto parece haber impactado positivamente en frenar la expansión del virus, en comparación con la progresión que se da en otros países.

Al 1 de abril, Argentina cuenta con 1054 casos diagnosticados, 28 de los cuales murieron. Además de estas personas, también hay que contabilizar como primeras víctimas indirectas del coronavirus a Beatriz Mechato Flores, una vendedora ambulante de 75 años, que murió atropellada por un automóvil mientras era perseguida por inspectores del gobierno de la ciudad, dirigido por el Pro, partido del expresidente Macri; y a cinco internos asesinados en cárceles mientras se producían motines, en el marco de críticas condiciones de detención [40].

En el plano económico, el Estado orientó progresivamente sus políticas a compensar a los sectores populares a través de bonos y asignaciones para jubilados, hijos e hijas, desempleados y trabajadores informales. También estableció líneas de crédito para reparación y construcción de viviendas, programas de auxilio financiero (subsidios al salario y créditos) para pequeñas y medianas empresas, un aumento del 40% en el presupuesto de la obra pública. De conjunto, las políticas de redistribución impactan en un 2,2% del producto bruto interno [41]. A su vez, el presidente fijó precios máximos en productos considerados básicos y a fines de marzo decretó la prohibición de despidos. En medio de estas políticas,

Como se menciona más adelante, el peso de la deuda externa es un tema de primer orden para el conjunto de las economías dependientes, por esta razón cobra fuerza una convocatoria por la condonación, acompañada por movimientos populares de todo el mundo. En el caso de Argentina, se encuentra abierto un proceso de negociación con bonistas privados previo a la crisis de salud. En este cuadro, el 31 de marzo el gobierno decidió afrontar el pago de 250 millones de dólares en concepto de intereses, tal vez el último pago antes del acuerdo o el default [42]. De la resolución de esta disputa con los acreedores dependerá en gran medida las posibilidades de superar la difícil situación que vive el país, tras cuatro años del gobierno de Macri y, de inmediato, el impacto de la pandemia.

De acuerdo a las encuestas, la amplia mayoría de la población respalda las políticas llevadas adelante por el gobierno [43], que incluso han sido elogiadas por la Organización Mundial de la Salud [44]. Sin embargo, en los últimos días de marzo se desarrollaron cacerolazos por parte de opositores al gobierno nacional, coordinados principalmente a través de las redes sociales, en demanda del ajuste sobre los funcionarios políticos y el Estado. Esto se dio en simultáneo con la aparición pública de una disputa entre el gobierno y sectores del gran empresariado, quienes amenazan con suspensiones y despidos como forma de presión para que se flexibilice la cuarentena. Esta se encuentra vigente hasta mediados de abril y es de alcance general, aunque tiene excepciones respecto a diferentes actividades, que han variado a lo largo del período de restricción.

Venezuela: la respuesta unida de pueblo y Estado

En el caso de Venezuela, fue uno de los primeros países del continente en decretar medidas para evitar una mayor propagación de la Pandemia, y una asistencia a quienes viven de la economía informal a través de las redes comunitarias y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Por su parte, las Fuerzas Armadas han iniciado la confección de cientos de barbijos necesarios para las personas que, a pesar de la cuarentena obligatoria, deban salir a la calle por pertenecer a rubros específicos de la producción. También las redes médicas locales en Venezuela, más la solidaridad de los contingentes médicos que han llegado de Cuba, han sido claves para hacer un control más pormenorizado de la circulación de la pandemia, y han sido fundamentales para evitar su mayor propagación. A su vez, se emitió un decreto que ratifica la inamovilidad laboral en defensa de los trabajadores hasta el 31 de diciembre de este año, y «establece la supresión inmediata por seis meses del pago de alquileres de comercio y viviendas», según palabras del mismo presidente Maduro.

Es importante destacar que Venezuela busca combatir la pandemia en el marco de un bloqueo asfixiante, que —además de tener medidas coercitivas económicas que agravan particularmente la economía venezolana en un contexto de fuerte caída de los precios del petróleo— no cesa en amenazar con intervenciones militares y judiciales contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Cuba: avances farmacológicos y actualidad de la tradición internacionalista

Si bien demoró hasta el 20 marzo en limitar la circulación de personas [45], por las afectaciones que eso trae al turismo –y por lo tanto, al ingreso de divisas en un contexto de bloqueo—, Cuba activó desde el primer momento un importante esfuerzo en las actividades del personal médico y de su industria farmacéutica. Entre estas últimas se destaca la amplia utilización del Interferón Alfa 2B, uno de los medicamentos que aparecen como potenciales inhibidores de los efectos del virus.

Al 1 de abril hubo en la isla 212 casos diagnosticados, que incluyen 6 muertes. Ambos números contrastan con los de Puerto Rico, territorio vecino que tiene tres veces menos de población y donde se registraron 286 personas enfermas y 11 muertas, pese a estar tutelado por el país más poderoso del planeta.

A este esfuerzo hay que sumarle especialmente el papel de las brigadas médicas cubanas en otros países, del que hablamos más adelante.

México: minimización y bajo contagio

Un comportamiento particular al interior del campo progresista es el encarnado hasta el momento por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien desmereció la magnitud del impacto en la salud que podría ocasionar el virus COVID-19. «La honestidad es lo que protege, el no permitir la corrupción», fue una de las frases con las que AMLO intentó minimizar la pandemia, mientras mostraba estampitas religiosas [46]. También aseguró que «los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes», justo antes de alentar a que las familias salgan a la calle. Sin embargo, hacia fin de mes este discurso comenzó a ser relativizado, ante el progresivo despliegue de la enfermedad en el país.

Frente a esta situación, hay que decir sin embargo que la cantidad de casos —al menos por el momento— se encuentra dentro de los parámetros de los países que tomaron medidas más restrictivas. Al 1 de abril, México se encontraba en el sexto lugar en cuanto a casos de contagio en el continente, con 1215, menos de la mitad que países de menor población como Chile y Ecuador, aunque con 29 muertes y una tasa de mortalidad solo superada en la región por Brasil y Ecuador [47].

Cambios y continuidades en la acción de los movimientos populares

Uno de los rasgos de la coyuntura regional que se potenció desde octubre del año pasado fue el de la acción de los movimientos populares, en el contexto de un ciclo de conflictos que recorrió diferentes países de la región hasta principios de marzo, en algunos casos como el de Chile sin discontinuidad. Comenzamos este informe justamente con el análisis de esa dimensión, refiriéndonos a las manifestaciones de los movimientos de mujeres que recorrieron Nuestra América alrededor del 8M. La extensión de la pandemia no eliminó la conflictividad social, sino que modificó la práctica y programática de los movimientos. Las dinámicas de ocupación y disputa de las calles y el espacio público fueron reemplazadas crecientemente por los cacerolazos y ruidazos. En la región, estas manifestaciones no solo se generalizaron en apoyo a los médicos y enfermeras que llevan el principal esfuerzo humano en el tratamiento de la enfermedad como sucede en Europa, sino que también se usaron, como en otras ocasiones, como cuestionamiento y apoyo de los gobiernos. Así, «panelazos» masivos contra el gobierno de Bolsonaro en Brasil, y también contra los gobiernos de Bolivia y Ecuador recorrieron la última semana de marzo y los primeros días de abril.

Esta modificación de las prácticas de la confrontación también se manifestó en el involucramiento de los movimientos populares en el apoyo a las tareas de prevención, cuidado y abastecimiento de alimentos y medicamentos a los sectores populares. Estas acciones se expresaron en la nueva programática levantada por estos movimientos en demanda de políticas públicas de fortalecimiento del sector de salud, de compensaciones económicas a la caída de los ingresos y el incremento de la pobreza, de detención de los despidos y las suspensiones, e incluso en un terreno más general de transformación del modelo económico neoliberal, el planteo de no pago de la deuda externa y el rechazo —o demanda de dimisión— de los gobiernos. Examinemos en esta dirección algunas de las experiencias más significativas acontecidas en este mes en relación con ello.

En el caso de Brasil, desde mediados de marzo se desarrollaron cacerolazos en todo el país. A través de ellos, grandes sectores de la población exigieron cambios en las políticas gubernamentales e incluso la renuncia del presidente Bolsonaro [48]. En este marco, en los últimos días de marzo se destaca el proceso de articulación de los dos espacios más importantes de unidad de movimientos populares; es decir, entre el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, que lanzaron la Plataforma Emergencial para Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e da Crise Brasileira: las organizaciones plantean 60 propuestas para la coyuntura, entre ellas «la promoción y el fortalecimiento de la salud pública; garantía de empleo y renta para los trabajadores; protección social, derecho a la alimentación y a la vivienda para todos, y reorientación de la economía y el destino de los recursos públicos [49].

En Chile, además de las movilizaciones de protesta identificadas con el #ChileDespertó, que continuaron [50] —si bien lógicamente menguadas por la pandemia—, con el correr de marzo comenzaron a crecer las críticas a la política sanitaria del gobierno, que se materializaron desde la tercera semana de marzo en cacerolazos exigiendo al presidente Piñera la declaración de cuarentena. El gobierno la descartó hasta finales de mes, mientras el ministro de Salud decía que se trataba de «una insensatez completa» [52].

En Argentina, donde los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal tienen un alto grado de organización, desde diferentes espacios —en general articulados en la flamante UTEP, el nuevo sindicato de la economía popular— se impulsan circuitos de cuidado y de distribución de alimentos para sus integrantes, así como iniciativas de solidaridad con la población en general [53].

En Paraguay, mientras al cierre de marzo el gobierno maniobra para no tratar un proyecto del Frente Guasú para gravar las rentas extraordinarias de los productores de soja y tabaco, diferentes espacios sociales, entre ellos la FENAES-Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, impulsan campañas informativas sobre este tipo de medidas, apuntando al bajo nivel de tributación de los sectores económicos poderosos, que además en algunos casos —como el tabaco, por ejemplo— generan gastos al Estado, que debe atender los problemas de salud derivados de su consumo [54].

En Ecuador, la CONAIE, el FUT y el Frente Popular, organizaciones sociales agrupadas en el Colectivo Nacional frente a la Emergencia Sanitaria en Ecuador elaboraron un pliego de exigencias al gobierno nacional que incluye puntos como la exigencia del cese del pago de la deuda externa, la suspensión de los despidos masivos en sectores público y privado, el detenimiento de las actividades extractivas ilegales que se continúan realizando a pesar del toque de queda, y convocan al pueblo ecuatoriano a rechazar el tratamiento que ha hecho el gobierno de Moreno de la pandemia con un cacerolazo para el viernes 03 de abril.

En Colombia han habido numerosas expresiones populares de solidaridad en el marco del coronavirus dada la poca asistencia que brinda el Estado al respecto. Son numerosas las denuncias de sectores populares sobre la negación de las diferentes obras sociales de atender los llamados de emergencia por no haber pagado cuotas mensuales previas, o por vivir en zonas muy alejadas del centro de las diferentes ciudades. Frente a esto distintas organizaciones sociales como el Comité Nacional del Paro, Defendamos la Paz, Marcha Patriótica, entre otras, han publicado exigencias al gobierno de afrontar seriamente el tratamiento de la crisis sanitaria, acompañadas de convocatorias a cacerolazos durante el pasado 25 de marzo contra las políticas de Iván Duque, fecha en la que originalmente estaba citada una movilización de carácter nacional en continuidad al Paro de noviembre pasado. Vale la pena mencionar el protagonismo de las organizaciones en la prevención del contagio de la pandemia, y las decisiones políticas que esto conlleva, como expresa la producción de tapabocas para distribución nacional realizada por ex combatientes y hoy miembros del partido FARC, la distribución de alimentos en los distintos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, entre otras acciones, e inclusive la decisión de la insurgencia del ELN de realizar un cese al fuego del 1 al 30 de abril por la crisis social agravada por el COVID-19.

En Bolivia, en Cochabamba y en Beni se registraron movilizaciones en reclamo de alimentos, que desbordaron el control policial. Como mencionamos anteriormente, al menos en Beni fueron reprimidos y acusados de atentar contra el Estado, en el marco de la militarización que promueve la dictadura que derrocó al presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

En el plano global, el 21 de marzo la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP) y el Instituto Tricontinental de Investigación Social difundieron un documento titulado «A la luz de la pandemia global, pongamos la vida antes que el capital» [55]. Tras una caracterización del proceso abierto por la expansión de la pandemia, el texto concluye promoviendo 16 puntos, bases para «formular y debatir un programa de cambio estructural que nos permita ganar esta lucha y reconfigurar el mundo». Entre estas propuestas se plantea una parálisis de las actividades económicas no esenciales, el aislamiento social y la generalización de los test, la socialización de los hospitales y centros de salud, la nacionalización de las compañías farmacéuticas, el cierre de los mercados financieros, el levantamiento de las sanciones sobre Venezuela, Cuba e Irán y la condonación de las deudas, entre otras medidas.

En similar dirección, a fines de marzo el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), acompañado por expresidentes y referentes políticos latinoamericanos —entre ellos, Evo Morales, Álvaro García Linera, Rafael Correa, Gustavo Petro, Dilma Roussef, Jorge Taiana—, lanzó una convocatoria pública para demandar la condonación de la deuda externa soberana que los países de la región tienen con los organismos multilaterales y una reestructuración de la pendiente con acreedores privados basada en una mora absoluta de dos años sin interés [56].

Con muchas coincidencias con los planteos anteriores, a principios de abril la articulación ALBA Movimientos —integrante de la AIP— promovió una declaración llamada «Es tiempo de que pongamos la vida antes que el capital», donde a la pregunta de «¿qué hacer desde abajo?» responde que es tiempo de: a) evidenciar los intereses del capital y denunciar a los gobiernos neoliberales; b) solidaridad entre pueblos y cuidados comunitarios; c) levantar los bloqueos y condenar al imperialismo; d) un programa de los pueblos para proteger la vida; e) darle vida a un proyecto político desde abajo [57].

C) La disputa geopolítica sobre la pandemia y sus alternativas a nivel global

I) Novedades en la transición de la hegemonía global y modelos de intervención: ¿imperialismo o solidaridad?

La situación abierta con la expansión del COVID-19 se da en el marco de una intensa disputa por el liderazgo mundial. En este terreno, aparecieron notorias divergencias en la forma de afrontar la pandemia por parte de los dos principales competidores globales, tanto fronteras adentro como en su política exterior.

Con un posible origen y un efecto inicial muy fuerte en China, este país afrontó la expansión del virus con medidas restrictivas que lograron controlar la pandemia hacia mediados de marzo. De inmediato, el gobierno chino se abocó a auxiliar a otros Estados afectados, como es el caso de varios países europeos que solicitaron su asistencia, en un contexto de «sálvese quien pueda». Al menos en este período inicial de la crisis, la Unión Europea no se verificó como un mecanismo eficaz para promover la solidaridad efectiva entre sus Estados miembros.

En el caso de EE. UU., mientras el presidente Donald Trump relativizaba los alcances del COVID-19, durante el mes de marzo sufrió un crecimiento exponencial, hasta alcanzar hacia fines de mes el primer lugar a nivel mundial en cantidad de contagios, provocando una situación explosiva a nivel interno. Al 1 de abril, los casos diagnosticados alcanzaron a 198 193, con 4 347 personas fallecidas. Mientras se desnudaban las insuficiencias en las políticas de salud norteamericanas, los decisores de la política exterior de EE. UU. parecieron operar en otro contexto: continuaron los ataques contra los países considerados «hostiles», en particular contra Cuba y Venezuela, a través de un agresivo bloqueo comercial, financiero y diplomático ejercido de forma unilateral, por fuera de toda norma internacional.

Al respecto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet ha instado a los Estados Unidos a interrumpir las llamadas «sanciones económicas» que tiene actualmente contra Venezuela y Cuba, ya que tienen un impacto directo en el sector de la salud al no permitir a otros países la exportación de insumos médicos para el tratamiento de la pandemia si el lugar de destino son estos países. También desde la Unión Europea se apoya esta iniciativa [58].

Por esa misma línea, los gobiernos de China, Rusia, Irán, Siria, RPD de Corea, Cuba, Nicaragua y Venezuela enviaron una comunicación formal pública al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, por la que denuncian las medidas coercitivas ilegales que actualmente tiene EE. UU contra estos países, y le piden al Secretario General una intervención al respecto.

En contraste, la crisis global de salud mostró una vez más el enfoque priorizado por Cuba ante un evento de estas características. Como sucedió hace poco tiempo con la epidemia de ébola, de inmediato las brigadas médicas cubanas partieron a colaborar en otros países. Entre ellos, por primera vez brindaron asistencia en Italia, en el pico de la crisis ocurrida hacia mediados de marzo. Si bien es conocida esa tarea de solidaridad internacional, tal vez nunca como antes quedó tan claro el contraste entre la política de una pequeña nación, bloqueada por razones ideológicas desde hace seis décadas pero que —así y todo— apuesta por la cooperación y la amistad entre los pueblos; y la política de la principal potencia militar del globo, quien no solo es incapaz de contener la epidemia dentro de sus fronteras sino que además, mantiene el bloqueo y pide a terceros países que no soliciten la asistencia de Cuba.

En el caso de Venezuela, la amenaza de EE. UU. toma una forma cada vez más concreta, con movimientos de tropas e instrumentos para la guerra.

II) La arremetida agresiva del imperialismo: entre los intentos de no ceder terreno y la maniobra distractiva respecto de la crisis sanitaria en EE. UU.

El 23 de marzo, la Policía colombiana detuvo en Santa Marta a un vehículo que iba camino a La Guajira con 26 fusiles de asalto AR-15, 30 miras láser, 37 visores nocturnos, ocho silenciadores, chalecos antibalas, cascos y otros elementos para la guerra [59]. Dos días después, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que EE. UU adelantaba planes con el gobierno de Iván Duque en Colombia para trasladar un arsenal de guerra valorado en 500 mil dólares para ser usado en acciones terroristas contra Venezuela. Al día siguiente, Clíver Alcalá, quien fue mayor general del ejército venezolano, confesó en una entrevista para una radio colombiana tener un contrato firmado con J. J. Rendón, Juan Guaidó y funcionarios norteamericanos, donde se acordaba la compra de las armas que fueron incautadas [60]. El arsenal estaba dirigido a Robert Colina, alias Pantera, responsable de hacer llegar las armas a territorio venezolano por el estado de Zulia con el objetivo de «liberar» asesinar con ellas a altos funcionarios del Gobierno Bolivariano.

En simultáneo, el 26 de marzo el fiscal general de EE. UU, William Barr, presentó cargos formales por narcoterrorismo y otros supuestos delitos contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por quienes el Departamento de Estado ofreció 15 y 12 millones de dólares, respectivamente, por «información que permita su captura» [61]. Pero en el listado se encontraban con pedido de captura también el vicepresidente Tarek El Aissami y dos ex militares chavistas: Hugo el Pollo Carvajal y Clíver Alcalá, inclusiones que llaman particularmente la atención después de las denuncias mencionadas anteriormente. Frente este escenario, el 30 de Marzo el presidente Maduro publicó una carta a los líderes políticos del mundo, solicitando su «apoyo ante esta insólita y arbitraria persecución, ejecutada mediante una refrescada versión de aquel rancio Macarthismo desatado tras la II Guerra Mundial» [62].

Hacia fin de marzo, Mike Pompeo y Elliot Abrams, secretario de Estado y representante para Venezuela de EE. UU., respectivamente, anunciaron un «nuevo plan de transición» de ese país, que sujeta el levantamiento del bloqueo a que el presidente Nicolás Maduro, y Juan Guaidó «se hagan a un lado y permitan la conformación del gobierno de transición, a lo que el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza respondió con la reiteración de que Gobierno Bolivariano no acepta de ninguna manera, tutelaje extranjero, ya que las decisiones sobre Venezuela «se toman en Caracas, en el Palacio de Miraflores, bajo la Constitución venezolana» [63].

Posterior a ello, el gobierno de EE. UU. anunció que desplegará buques del Comando Sur en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, para «controlar y evitar el contrabando de estupefacientes», lo que es una amenaza militar directa cerca de la frontera marítima de ese país con la excusa de la causa abierta contra el presidente Maduro y otras 12 personas del gobierno bolivariano.

III) El escenario en los organismos de integración regional

En plena expansión de la pandemia, el 20 de marzo la OEA realizó la anunciada votación de secretario general, a la que finalmente llegaron solo dos postulaciones: la del uruguayo Luis Almagro, secretario general desde 2015 y la de María Fernanda Espinosa, ex canciller de Ecuador durante parte del gobierno de Rafael Correa, hoy enfrentada al expresidente. Pocos días antes había desistido de su postulación el tercer inscripto, el diplomático peruano Hugo de Zela. En la elección resultó reelecto Almagro, con 23 votos —que incluyeron los del gobierno de facto de Bolivia y los de la oposición venezolana—, mientras que a Espinosa la apoyaron las cancillerías de 10 países [64]. Fuera de esto —y del ya tradicional ataque a Venezuela, en sintonía con la estrategia de EE. UU.—, el papel de la OEA respecto a la crisis del coronavirus es hasta el momento casi inexistente.

En un panorama de fragmentación general, una de las pocas instancias que atinó a generar una apariencia de coordinación fue Prosur, que a iniciativa de su titular protempore, Lenin Moreno, se reunió el 15 de marzo por videoconferencia. La reunión excluyó al gobierno de Venezuela y más allá del gesto simbólico, no representó un salto en la coordinación de acciones a nivel regional [65].

Conclusiones e interrogantes abiertos

El mes de marzo presenta un panorama político en Nuestra América que comienza con la movilización de las mujeres en defensa de sus derechos y en cuestionamiento al régimen patriarcal para luego reconfigurarse bajo la expansión de la pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos, sociales y políticos. Ciertamente, uno y otro hecho señalan desde perspectivas distintas la centralidad que asume en estos tiempos neoliberales el ámbito de las relaciones orientadas a la reproducción social y de la vida.

Sobre los efectos políticos que traerá la pandemia —y sobre los horizontes que plantea— en las últimas semanas han sido propuestas una amplia serie de reflexiones en el campo del pensamiento crítico65. Entre las mismas se ha explicitado un debate respecto a si la crisis actual potenciará la solidaridad y la regulación socio-estatal de la economía y de los servicios públicos en el marco de un cambio emancipatorio o si reforzará el individualismo, el autoritarismo —con mayor control estatal digital de la vida de las poblaciones— y la desigualdad. Existe en este debate un mayor acuerdo sobre la magnitud de la crisis que potencia o desata la epidemia y la profundidad de la mutación societal que acarreará, pero la dirección de los cambios está en discusión, tanto en el plano del pensamiento como en el seno de la disputa social.

En el terreno civilizatorio, la expansión del virus ha acentuado las contradicciones propias del neoliberalismo capitalista, así como las dimensiones sociales de la crisis que éste acarrea. En particular, en el campo económico, el previsible escenario de recesión global que ya puede estimarse interroga sobre su extensión temporal y su profundidad, que para muchos analistas y organismos internacionales tendrá una significación igual o mayor que la crisis del 2008/2009 e, incluso, que la de 1930. En este terreno, las perspectivas para Nuestra América también resultan sombrías. Con la esperada caída del PBI regional, otro de los aspectos a considerar es la magnitud de su impacto en la desigualdad social y el incremento de la precariedad de la vida, de la pobreza y de la indigencia.

Como hemos reseñado en este informe, los movimientos populares en cada uno de nuestros países y a nivel regional y global han realizado propuestas orientadas a aliviar el impacto social de la cuarentena y a fortalecer el sistema público de salud, en el camino de la defensa de los derechos de los trabajadores y sectores populares y de avanzar en transformaciones más profundas. Hemos hecho en este informe un señalamiento de las principales experiencias en relación con esto, incluidas algunas iniciativas locales y regionales que promueven la defensa de la vida en detrimento de los intereses del capital. En este campo, como suele suceder particularmente en los momentos de crisis, se desarrolla una verdadera y más o menos explícita lucha de clases alrededor de cómo se distribuyen los costos económicos y sociales que implica la pandemia, donde los sectores dominantes del poder económico presionan en pos de sus privilegios y ganancias —e, incluso, disputan entre sí— con todas sus herramientas, incluyendo los medios masivos.

En la perspectiva de mediano plazo, con la expansión de la pandemia y sus efectos recesivos, los impactos en términos de pauperización amenazan con ser profundos y extendidos en el tiempo. Como señalamos en este informe y en anteriores, los crecientes cuestionamientos a la legitimidad de las políticas neoliberales en nuestra región desplegados durante 2019 no pueden desligarse de la situación de desaceleración —o directamente crisis– económica imperante. Los más difíciles escenarios actuales y futuros nos interrogan nuevamente sobre en qué medida se profundizarán (o no) dichos cuestionamientos y conflictos, y cuáles son las alternativas que se levantarán desde los pueblos para afrontar esta situación.

Por otra parte, en el terreno de los gobiernos las experiencias que hemos analizado a lo largo del mes de marzo, tanto a nivel regional como global, señalan el fracaso absoluto de las políticas neoliberales en la gestión de la pandemia. Del negacionismo inicial a los intentos de aprovechar el contexto para proseguir con las reformas neoliberales o privilegiar los subsidios al gran capital -como fue la experiencia en Ecuador que concluye trágicamente en un colapso sanitario-; la mayoría de los gobiernos neoliberales han debido ir adoptando —incluso a cuentagotas o parcialmente— políticas sanitarias de aislamiento social, fortalecimiento del sistema público de salud y alguna compensación económica a los sectores populares. Muchas veces estas políticas fueron implementadas primero por los gobiernos municipales o provinciales —o estaduales o regionales— desplegándose una serie de conflictos institucionales o intraestatales. Ciertamente, el ejemplo regional más significativo de ello ha sido la experiencia reciente en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Como se señala en este informe, la actitud presidencial profundizó su aislamiento institucional, político y social e incrementó las demandas de su alejamiento incluso con rumores de que el poder real podría estar pasando a manos de los militares que ya detentan un lugar central en el gobierno.

Por otra parte, la respuesta frente a la pandemia ha puesto en el centro de la escena a las capacidades y la acción del sistema público de salud, tan castigado por las olas neoliberales pasadas como amenazado por la reciente ofensiva conservadora que se despliega desde 2015. La creciente necesidad de un control estatal-público del sistema sanitario, la urgencia por reorientar parte del sistema productivo hacia la elaboración de los insumos médicos y asistenciales para tratar la epidemia, los requerimientos de medidas económicas para evitar el crack y ayudar a los sectores más castigados; todos estos procesos parecen otorgar nueva significación a la regulación o intervención estatal nacional -incluso reavivando las propuestas de gestión público estatal de sectores económicos claves- aunque resulta más difícil estimar sobre el avance efectivo y/o la perdurabilidad de estos cambios. Asimismo, la lucha contra la pandemia y contra los efectos de la crisis económica sobre los sectores populares han puesto a médicxs y enfermerxs en la primera línea, reavivando las ideas de solidaridad y planteando nuevos desafíos a las organizaciones sociales. Con sus escasos recursos y dificultades, los mecanismos colectivos de resolución de las necesidades, particularmente urgentes en las barriadas populares, ponen sobre la mesa el significado y la potencialidad (política) de estas dinámicas comunitarias y de organización popular, frente al individualismo egoísta que el temor al contagio —y a lo «otro»— puede estimular.

La pregunta por el fortalecimiento del Estado también ha aparecido en otra dirección: potenciando un proceso que también venía gestándose en el pasado y que incluso hemos reseñado en estos informes bajo el tópico de «la respuesta autoritaria». La aparición y extensión del virus ha justificado o motivado políticas más represivas, de militarización de la vida pública y de control de la población, generando nuevas condiciones para la extensión del «estado de excepción», como lo señalamos en páginas anteriores. Una nueva evidencia de que las transformaciones neoliberales pueden implicar y han supuesto —particularmente en las últimas décadas— un reforzamiento de la capacidad punitiva del Estado.

En el plano regional y global, la pandemia ha acentuado las disputas por la hegemonía global e intensificado, por lo menos en un primer momento, las tendencias en desarrollo en los últimos años. En esta dirección, se profundizó la crisis de la Unión Europea; se desplegó una política de cooperación característica de China, basada en su potencia económica; así como presenciamos la respuesta autoritaria y militarista del gobierno estadounidense, sustentada en su ventaja militar. En esta dirección, muchos analistas han visto en estos procesos una aceleración de la transición hegemónica global de Occidente a Oriente que habrá de tener importantes efectos en el futuro próximo. También como venía sucediendo en el último período, el retroceso en el terreno mundial ha intensificado la agresividad de EE. UU. sobre Nuestra América y no es descabellado imaginar una escalada militar. Además de los objetivos estratégicos implicados, la invención de una guerra puede ser para Trump una conjura propagandística muy útil de las dificultades inesperadas que la crisis sanitaria y económica le imponen a su campaña electoral hacia las presidenciales de noviembre. La serie de acusaciones lanzadas contra el presidente venezolano Maduro por narcotráfico, la promoción de un gobierno colegiado de transición y la movilización naval y aérea en el Caribe venezolano vuelven a intensificar los tambores imperiales de guerra y muerte y alertan sobre el peligro de que se traduzcan en una intervención militar directa sobre territorio nuestroamericano.

Marzo cierra un primer período de la expansión de la epidemia en la región —desde su llegada via pacientes contagiados en el exterior, a los primeros circuitos de contagio local— pero nuestros pueblos se encuentran aún lejos de haber transitado el pico del brote de infectados y fallecidos. Dicha intensificación —similar pero posiblemente más grave que la que se presenció en marzo en Italia y España— se espera posiblemente para alrededor del mes de mayo. Los pueblos de Nuestra América afrontarán en ese momento una situación más difícil, en la que se intensificarán las tendencias y disputas que atraviesan estos idus de marzo y que hemos intentado reseñar en estas páginas. Los acontecimientos y resultados que jalonen este nuevo período que ahora comienza condicionarán significativamente los más lejanos escenarios del post-coronavirus.