Nuestra América en disputa: entre la respuesta autoritaria y el rechazo popular al neoliberalismo
Introducción
La afirmación de que América Latina y el Caribe es un escenario de disputa, abierta y dinámica, se comprueba mes a mes. Tanto las movilizaciones del campo popular como la contraofensiva del imperialismo y el gran capital han tensado la realidad cotidiana del continente y planteado una serie de preguntas y desafíos sobre las características, potencia y estrategias de las fuerzas que se enfrentan y sobre los potenciales devenires de la coyuntura.
En el tablero regional se mueven fichas de un lado y del otro. Septiembre y, particularmente, octubre, fueron meses de grandes movilizaciones y protestas en las calles contra las medidas neoliberales que marcaron la amplitud del rechazo y de la crisis de legitimidad que cuestiona a este modelo. Por contraposición, noviembre estuvo signado por una nueva arremetida de la ofensiva neoliberal conservadora que respondió incluso con la aplicación de métodos que —aun con elementos de las guerras híbridas— remiten a viejas recetas como lo fue el golpe de Estado en Bolivia, signado por una «sugerencia» de renuncia del Ejército a Evo Morales, la quema de símbolos de los pueblos originarios como la Whipala y una autoproclamada presidenta afirmando el regreso de Dios a Bolivia con una gran Biblia en la mano.
Al cierre del informe de octubre nos preguntábamos si estaba comenzando un nuevo momento para las fuerzas progresistas de América Latina y el Caribe y en qué medida podía plantearse un repliegue de la ofensiva conservadora y neoliberal. La respuesta continúa en construcción, pero este mes nos permitió dilucidar en alguna medida lo que el Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, llamó la disputa entre el «americanismo de los Halcones versus el americanismo de la Paz». Y los halcones, cómo se ve, están dispuestos a usar todos sus recursos.
Sin embargo, la conflictividad del movimiento popular del continente continúa e, incluso, se extiende a lugares clave: al sostenimiento por más de dos meses de las manifestaciones en Chile, se sumó en el mes de noviembre el Paro Nacional en Colombia, otra de las zonas de confort del imperialismo y uno de los principales laboratorios del neoliberalismo, donde las movilizaciones no solo fueron contra el modelo económico de Iván Duque sino también contra el proyecto neoliberal conservador del uribismo en materia de medio ambiente, derechos humanos y guerra. A estas luchas de calle, además, se sumó la libertad de Lula, un hecho político que puede tener trascendencia para el futuro inmediato de Brasil y del continente. Estos y otros sucesos que también se destacan en la coyuntura latinoamericana durante noviembre son analizados en el presente informe.
La ofensiva neoliberal conservadora
Golpe de Estado en Bolivia
El 10 de noviembre, la articulación de fuerzas conservadoras consumó el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, luego de su triunfo en primera vuelta en las elecciones celebradas tres semanas antes, el domingo 20 de octubre. La estocada final la dio el comandante de las Fuerzas Armadas, quien «sugirió» la renuncia del presidente, dando lugar a la instalación de una dictadura que combina características clásicas de los golpes de Estado del siglo XX junto a elementos propios de la guerras híbridas del siglo XXI.
En primer lugar, hay que decir que existen fuertes indicios de un plan preparado durante meses, asentado a su vez durante un trabajo sistemático de largo aliento. Esto incluyó dispositivos en todos los planos, que se desarrollaron con alto nivel de articulación hasta provocar la ruptura constitucional de una forma impensada pocas semanas atrás. Por un lado, la consolidación de una base política fuerte en el oriente del país, donde destaca el Comité Cívico de Santa Cruz, una entidad que expresa políticamente a las fuerzas empresariales de la región y cuyo líder, Luis Fernando Camacho, abogado y asesor de empresas, encabezó el llamado al derrocamiento. Por otro lado, el peso que el evangelismo ha ganado en la región se muestra con toda crudeza en el caso boliviano, con pastores y líderes jugando abiertamente un rol de desestabilización del gobierno de Evo Morales. A su vez, también hay que tener en cuenta el rol de los medios de comunicación que amplificaron e instalaron las denuncias de fraude, aún sin tener elementos concretos, así como la participación de ONGs en la construcción de un discurso deslegitimador del gobierno objetivo. A las operaciones mediáticas habituales de desgaste se sumó especialmente el papel de la OEA, quien de forma inusual emitió al día siguiente de las elecciones un reporte donde equiparó su conteo al del Tribunal Electoral soberano de Bolivia. De esta manera amplificó las denuncias de fraude, culminando con la elaboración de un reporte que sospechosamente, se anticipó tres días a la fecha de presentación y coincidió con el momento elegido para la consumación del golpe por parte del comandante de las Fuerzas Armadas. De nada valió que Evo Morales hubiera anunciado que convocaría a nuevas elecciones: el objetivo era concretar el cambio de régimen y la retoma del Estado. En el medio, la rebelión del oriente estuvo protagonizada por grupos de choque que atacaron a dirigentes del MAS y a sus familias en los días previos y los primeros posteriores a la renuncia obligada del presidente Morales. Las acciones violentas, que tuvieron un peso decisivo en el «calentamiento» de la calle, contaron con una actitud cómplice de la Policía, que con su pasividad se plegó al desarrollo del golpe. Entre los hechos más conocidos protagonizados por grupos de choque fascistas, se encuentran los ataques a las viviendas de la hermana de Evo Morales y las agresiones a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. De estos episodios hubo decenas, ocultados sistemáticamente por la mayoría de los medios privados de comunicación.
Según se afirma a nivel propagandístico, la destitución de Evo Morales tenía el objetivo de «restaurar la democracia», que habría sido vulnerada por el supuesto fraude que la OEA contribuyó a «confirmar». Sin embargo, a pocos analistas se les escapan las razones profundas del cambio de régimen. «Bolivia tiene un alto potencial para ser crucial en el desarrollo de litio. (…) el mayor inhibidor de la inversión extranjera es la reputación de Bolivia que tiene un clima de inversión inseguro. Después de asumir el cargo en 2006, Morales nacionalizó la industria de hidrocarburos de Bolivia, despojando la propiedad de compañías extranjeras. (…) El litio puede convertirse en un problema geopolítico. China ya tiene una producción nacional significativa y ha comprado una gran parte de la compañía de litio más grande de Chile, consolidando cierto control sobre el suministro de litio», señala un análisis del Atlantic Council por demás elocuente, reproducido en un artículo elaborado por CELAG, de referencia para analizar más en detalle múltiples variables que contiene el proceso que culmina en la dictadura, hoy bajo el mando formal de Jeanine Añez.
Las primeras semanas del gobierno golpista mostraron graves acciones represivas sumamente violentas contra la población, en particular las masacres de Sacaba (Cochabamba) y de Senkata (en El Alto), en las que perdieron la vida al menos quince personas. Estos hechos se combinaron con numerosas acciones represivas menores, entre las que cabe contar también el férreo control ejercido sobre la prensa; llegando al punto de que la propia designada ministra de Comunicación, amenazara a periodistas extranjeros por incitar a «la sedición» por informar sobre la resistencia al golpe. Sucede que tras algunas demoras iniciales, el movimiento popular, impulsado por organizaciones como la FEJUVE de El Alto y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, mostraron toda su vitalidad y radicalidad, enfrentando con decisión a las fuerzas represivas, que cometieron gran cantidad de crímenes. De acuerdo al informe preliminar de la Delegación de solidaridad argentina con Bolivia, que se hizo presente en el país entre el 28 y el 30 de noviembre, de los testimonios surge que además de asesinatos se registraron torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y delitos como el abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.
Si bien hacia fin de noviembre el régimen surgido del golpe en Bolivia parece haber logrado estabilizar relativamente la situación de cara a las prometidas elecciones —en un sentido análogo a lo sucedido en Honduras tras el golpe liderado por Micheletti en 2009—, aún restan por definirse las candidaturas y en particular, si los dos grandes bloques políticos en pugna concurren a elecciones con fórmulas unificadas y que sucede en este contexto tanto con los movimientos populares como con la disposición efectiva del gobierno golpista de cumplir con elecciones con cierta legitimidad. Esa cuestión fue el centro de las negociaciones entre parte de la dirigencia del MAS y el gobierno de facto que se expresó en la aprobación parlamentaria de una convocatoria electoral para los primeros meses de 2020 que excluye las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera lo que implica para las filas masistas un claro condicionamiento. Desde este espacio, las figuras con posibilidades de ser candidatos a presidente serían: el joven dirigente de las Seis Federaciones del Trópico, Andrónico Rodríguez; del ex canciller y secretario de ALBA – TCP, David Choquehuanca y del ex ministro de Economía, Luis Arce. Estos nombres fueron considerados como precandidatos en el plenario ampliado del MAS – IPSP, ocurrido el 7 de diciembre en Cochabamba, fuera de los límites temporales de este informe pero de gran trascendencia para el análisis del período, tanto por los debates y tensiones que se plantearon como por la decisión adoptada de resistir a la legitimación electoral del golpe. En ese contexto, el ampliado decidió nominar a Evo Morales como jefe de campaña y aprobó una serie de resoluciones entre las que se encuentra la exigencia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de «instalar juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez e interpelar a ministros, policías y militares por genocidio y crímenes de lesa humanidad».
En el campo de la derecha, ya se han lanzado como candidatos para esa posible elección Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, —referente del Comité cívico de Potosí—, el excandidato Carlos Mesa y también la sorpresa de la elección del 20 de octubre, el pastor evangelista coreano Chi Yung Chang. Resta por verse qué hará Añez, quien suena como candidata a presidente o a vice aunque negó esas aspiraciones. En la danza de nombres también se encuentran dirigentes históricos de la derecha como Jorge «Tuto» Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa.
Uruguay: derrota del Frente Amplio y giro a la derecha
A partir del 1º de marzo de 2020 la presidencia de Uruguay sera ejercida por Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional. En el balotaje celebrado el domingo 24 de noviembre, el dirigente de la derecha uruguaya triunfó con el 48,88% sobre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que obtuvo el 47,36%. La diferencia estuvo por debajo de los pronósticos, que le daban a Lacalle una ventaja de entre 5 y 10 puntos hasta pocos días antes de la elección.
Este triunfo del Partido Nacional corta un ciclo de tres períodos de gobierno del Frente Amplio. Lacalle arriba a la presidencia a partir de una alianza de segunda vuelta que reúne a todas las formaciones derechistas del país, entre ellas Cabildo Abierto, una de las sorpresas de la elección. Formada en marzo de 2019, este espacio político está liderado por Guido Manini Ríos, ex comandante del Ejército durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Su emergencia expresa la aparición en escena, después de muchos años, de un sector político afín a las dictaduras del siglo XX. En los días previos a la segunda vuelta, una publicación del Centro Militar expresó sus ideas en forma descarnada: «Hay que cambiar en serio. Hay que cerrarle claramente el paso al comunismo, a la ideología de género, a la inseguridad y a todos los cómplices activos o pasivos que el Frente Amplio ha conseguido en estos 15 años de ejercicio arbitrario del poder, de la Constitución y de los principios rectores de la tradición y de la patria». «El próximo domingo hay que sellar el camino de un nuevo amanecer. El Marxismo debe empezar a ser definitivamente extirpado del horizonte de nuestro destino nacional», señalaron en un texto llamado «El pueblo oriental tiene un solo clamor: FUERA EL COMUNISMO DEL URUGUAY» (mayúsculas en el original).
El nuevo gobierno ya ha anunciado un giro en su política exterior, que lo acercará a las posiciones orientadas por EE.UU. En principio, ya adelantó su predisposición para que Luis Almagro continúe al frente de la secretaría general de la OEA y señaló que «mayoritariamente» coincide con las políticas impulsadas desde este organismo por el excanciller de Pepe Mujica.
Tensión política en Dominica
En el contexto de la campaña electoral hacia las elecciones del 6 de diciembre, el Primer Ministro y candidato a la presidencia, Roosevelt Skerrit, acusó directamente a la OEA de intervenir en los asuntos internos del país. Las declaraciones tuvieron lugar luego del apoyo de Luis Almagro al candidato opositor, Lennox Linton, para una reforma electoral. Por esta razón, el gobierno tomó la decisión de no invitar a la OEA para observar las elecciones. Skerrit señaló que el organismo podría intentar deslegitimar el proceso, como sucedió en Bolivia.
Finalmente, las elecciones fueron ganadas por el actual Primer Ministro, quien triunfó en 17 de los 21 distritos electorales, alcanzando el 80% de los votos. El candidato opositor anunció de inmediato el desconocimiento de los resultados, en un conflicto que al cierre de este informe continúa abierto.
México: «Tan lejos de Dios…»
Impulsado por dos hechos de enorme transcendencia, entre octubre y noviembre se reactivó con fuerza la discusión sobre la seguridad pública, la violencia y el narcotráfico. El primero de los hechos tiene que ver con la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, ocurrida el 17 de octubre en la ciudad de Culiacán. Guzmán fue recuperado por una banda de sicarios del Cártel de Sinaloa, que superó en poder de fuego a las fuerzas federales mexicanas. De inmediato, las figuras más conservadoras lo utilizaron para atacar la gestión de AMLO. López Obrador defendió un cambio de estrategia en la seguridad, alejándose del paradigma de los gobiernos anteriores, basados en la llamada «guerra al narco» y defendió la acción de la Guardia Nacional, que decidió liberar a Ovidio Guzmán para evitar que continuara la violencia en la ciudad, que causó ocho muertes en menos de cuatro horas de retención. Días después, López Obrador reiteró que su estrategia de seguridad es diferente a la de las pasadas administraciones. «Es otra estrategia, ya no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, queremos la paz y la paz es fruto de la justicia, aquí sí es un nuevo paradigma», afirmó.
El segundo episodio ocurrió el 4 de noviembre en Sonora, frontera con Arizona y tiene que ver con el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón: tres mujeres y seis menores de edad, presumiblemente a manos de un grupo vinculado al Cártel de Juárez, en un territorio disputado con una banda del Cártel de Sinaloa. Todas las personas asesinadas eran de nacionalidad estadounidense. Luego del episodio, el presidente de EE. UU. dijo que «si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. El nuevo gran presidente de México ha hecho un gran trabajo, pero los carteles se han hecho tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército!». López Obrador agradeció a Trump pero marcó distancia al señalar que «no necesitamos de la intervención de un gobierno extranjero (…). Somos un país libre y soberano. No puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio, si no existe un acuerdo y la solicitud expresa de nuestro gobierno».
En la investigación se hallaron evidencias de la participación de armas de origen estadounidense. En informes anteriores ya habíamos relevado que este es un tema central para el enfoque de seguridad y de política exterior de AMLO, quien viene exigiendo —en contrapartida por su ayuda para frenar la migración mesoamericana— que EE.UU. controle el lucrativo tráfico de armas desde su país.
Pocas semanas después del asesinato de la familia LeBarón, Trump anunció que luego de un tiempo de estudio largo, se encuentra avanzado el proceso para designar como «organizaciones terroristas» a los cárteles del narcotráfico, aunque al cierre de esta edición esto no se había concretado por pedido del gobierno mexicano, quien se mostró en alerta. «Cooperación sí, intervencionismo, no. Y ahí lo dejamos», fueron las inmediatas palabras del presidente de México. Su canciller, Marcelo Ebrard, señaló que nunca se permitirá alguna acción que implique violación a la soberanía del país y poco después, en comparecencia ante el Senado, afirmó que «México no se asusta frente a EE.UU», en un nuevo episodio que indica la tensión subyacente a la nueva relación entre ambos países, en un contexto donde el narcoparamilitarismo puede ser usado como un dispositivo para la guerra híbrida.
La movilización popular continúa
Chile: habrá nueva Constitución y siguen las movilizaciones
Durante todo el mes de noviembre continuaron en Chile las movilizaciones iniciadas a mediados de octubre. De igual forma continuó la represión policial. A principios de diciembre, el saldo contabilizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial, alcanzaba a seis personas asesinadas —aunque existen diversas fuentes que aumentan varias veces este número—, más de 500 casos de torturas y tratos crueles, más de 100 casos de violencia sexual y al menos 240 personas con graves lesiones oculares. Estos dos temas han sido los que mayor repudio social y atención periodística han merecido. En relación a las agresiones sexuales, una intervención callejera basada en la canción «Un violador en tu camino» se viralizó en Chile y trascendió las fronteras, al punto que en varios países miles de mujeres se encuentran reproduciendo ese contenido en sus manifestaciones.
Impulsado por las movilizaciones, el debate sobre la reforma de la Constitución creció hasta instalarse como un problema central de la escena política y social del país andino. En este contexto, en la madrugada del 15 de noviembre el oficialismo y un sector amplio de la oposición parlamentaria —con excepción del Partido Comunista, el Partido Progresista, el Partido Humanista y el Partido Regionalista Verde— firmaron un «acuerdo de restablecimiento de paz y orden público» que incluye la convocatoria a un plebiscito que se prevé realizar en abril de 2020. En él, la ciudadanía está convocada a responder dos preguntas: «¿Quiere usted una nueva Constitución? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?». Respecto a esta segunda pregunta, las alternativas serán una Convención Mixta Constitucional —formada en un 50% por ciudadanos y otro 50% por parlamentarios que deberán abandonar su cargo— o una Convención Constitucional.
El acuerdo fue denunciado de inmediato por movimientos populares agrupados en la llamada Unidad Social, que articula a «más de 200 organizaciones sociales, sindicales, de DDHH, ambientales, pueblos originarios, poblador@s, migrantes, del sector salud, de personas con discapacidad, feministas, de la educación universitaria y secundaria, profesores y académic@s». «Este acuerdo de madrugada entre Partidos Políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba sistemáticamente los Derechos Humanos, se hizo entre en cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales», criticaron desde Unidad Social. Según afirmaron, el acuerdo incluye «mecanismos que rechazamos enfáticamente: 1) Un quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías. 2) Discrimina menores de 18 años. 3) No contempla mecanismos de participación Plurinacional y de Paridad de Género. 4) Establece un mecanismo de representación y elección funcional a los partidos políticos que han sido responsables de la actual crisis político y social».
En los próximos días se definirá el alcance de la reforma constitucional, así como su mecanismo. La consultora CADEM también ha relevado esta cuestión y en su informe del 15 de noviembre señaló que el 82% está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución. El 60% prefiere que la Constitución sea cambiada solo por ciudadanos electos directamente por la población para esa tarea y el 35% que el ámbito constituyente esté integrado por mitad ciudadanos electos y mitad parlamentarios.
En este contexto, y si bien tendieron a reducirse un poco, las movilizaciones continuaron teniendo una gran masividad. Con el escenario aún abierto en torno a cuáles son los saldos concretos de las protestas que sacudieron el panorama político del país en los últimos 45 días, un primer saldo político evidente es la caída de popularidad del gobierno de Sebastián Piñera. Y de inmediato, la afectación del «modelo chileno» como el símbolo de un capitalismo neoliberal exitoso. Muy lejos quedan aquellas declaraciones del presidente, realizadas pocos días antes del comienzo de las protestas, respecto a que «Chile es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada».
En el plano local, la encuesta semanal de CADEM publicada el 29 de noviembre señala que la aprobación de Piñera se sitúa en un mínimo histórico del 10%, cuatro puntos por debajo de lo registrado a fines de octubre. El mismo informe sostiene que «el 67% está de acuerdo con que continúen las marchas y las movilizaciones» y que casi el 90% cree que retomar la normalidad va a demorar meses o incluso que «será muy difícil que todo vuelva a la normalidad». Chile despertó y no parece tan fácil que vuelva a prestar consenso pasivo al neoliberalismo.
Se enciende Colombia
Durante el mes de Noviembre, Colombia se sumó a la iniciativa de ocupar las calles de las principales ciudades del país en rechazo al gobierno de Iván Duque, como sucedió en varios países del continente desde el mes de septiembre.
En este caso, producto de una multiplicidad de factores. Destacan las razones políticas orientadas a un fuerte rechazo de la sociedad civil a la no implementación de los Acuerdos de Paz y a la falta de acciones concretas en la protección la vida de los líderes y lideresas sociales cuya cifra de víctimas asciende a los 900 desde diciembre de 2016. En definitiva, un rechazo al modelo de guerra, militarización y asesinatos selectivos. A ello se suman las razones económicas, entre las que se encuentran las medidas neoliberales del gobierno de Iván Duque con propuestas de Reforma Tributaria, Reforma Previsional y todo lo que deriva del modelo económico del gobierno de Duque en materia de derechos sociales y ambientales.
Para el 21 de noviembre diferentes sectores sociales, sindicales y políticos programaron un Paro de carácter nacional con un pliego de peticiones orientadas sobre los puntos mencionados anteriormente. Por primera vez en años hubo movilizaciones masivas en las ciudades principales del país, protagonizados por una diversidad de sectores sociales y no solamente por los movimientos sociales, quienes han sostenido de manera constante las movilizaciones callejeras.
El Paro fue fuertemente reprimido por el Escuadrón Móvil Anti Distrurbios (ESMAD) de la Policía Nacional por orden del presidente Duque y la noche del mismo 21N en diversos lugares del país se adelantaron cacerolazos desde las calles y las casas en contra de las medidas represivas y criminalizadoras hacia quienes decidieron manifestarse. Los días siguientes estuvieron protagonizados por la decisión de diferentes gobiernos locales de decretar toques de queda, específicamente en Cali y Medellín, así como en Bogotá por orden presidencial. El Paro se sostuvo durante los siguientes días de noviembre, tomando mucha más fuerza posterior al asesinato de un estudiante menor de edad a manos del ESMAD.
Durante la última semana fueron diversos los sectores sociales que se sumaron al Paro, especialmente la Guardia Indígena que se trasladó desde el departamento del Cauca en el suroccidente del país, hacía la capital con el objetivo de acompañar las movilizaciones diarias desde el 21N.
Es importante mencionar que así como sucedió con el caso de Chile, Colombia ha funcionado como otro de los modelos del funcionamiento del neoliberalismo que la derecha continental toma como ejemplo. Tener una movilización de esa envergadura y características da cuenta de un reposicionamiento del uribismo y de su pérdida de legitimidad, como lo comentamos en informes anteriores. A la derrota electoral en sus principales centros políticos en el mes de octubre, siguió el enfrentamiento y la oposición en las calles al modelo político y económico del Centro Democrático.
Haití: ¿la calma antes de una nueva tormenta?
Tras más de sesenta días de conflicto en las calles, a mediados de noviembre comenzó a descender la protesta social activa. Esto le da un respiro al gobierno de Jovenel Möise, a quien todos los sectores de oposición piden la renuncia y que solo ha logrado mantenerse en el cargo por el respaldo de EE.UU y el llamado Core Group (Grupo Central), que orienta este país. Sin embargo, este alivio para el gobierno no debe entenderse como el comienzo de un período de calma y estabilidad.
Durante las últimas semanas, diferentes sectores de oposición comenzaron a dialogar hasta alcanzar un acuerdo, que se sustenta en tres puntos: la renuncia del presidente Jovenel Moise, un proceso anticorrupción y un cambio radical del sistema. En el encuentro que selló la alianza estuvieron presentes las organizaciones que componen el Foro Patriótico, Mache Kontre, Pasarelle y la Alternativa Consensual para la Refundación de Haití, así como la Oposición Institucional. El documento elaborado propone la preparación y votación de una nueva Constitución, la creación de una conferencia nacional soberana, llamado a elecciones, una reforma judicial y organizar juicios por malversación de fondos públicos, entre otros temas. Se espera que esta plataforma pueda capitalizar el nuevo ciclo de protestas que posiblemente se despliegue en los próximos meses, en un marco de enorme precariedad institucional, económica y social.
En este contexto, las organizaciones populares impulsan el debate sobre la intervención extranjera en el país bajo la fachada de la Misión multinacional: «Ocupación, Soberanía, Solidaridad: Hacia un Tribunal Popular sobre los Crímenes de la MINUSTAH en Haití» es el nombre elegido para un encuentro que se realizará entre el 7 y el 10 de diciembre y en el que se espera la participación de más de 100 organizaciones haitianas y 25 invitados internacionales que arriban desde Argentina, Brasil, Cuba, EE. UU., Francia, Martinica, México, Nepal, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela, entre otros países.
Al mismo tiempo, desde otras miradas comienzan a aparecer las voces que reclaman una mayor presencia de las Fuerzas Armadas de EE.UU, bajo la bandera de la «ayuda humanitaria». Entre ellas, en los últimos días se difundió la declaración de Eduard Mulet, diplomático guatemalteco que estuvo encargado de la Minustah entre 2010 y 2011 y luego fue subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de las operaciones de Mantenimiento de la Paz. Al ser consultado por la crisis en Haití, Mulet consideró que el Comando Sur de Estados Unidos debe llegar con sus fuerzas militares a instalarse para que asuma «la acción urgente que se requiere en este momento, de darle comida a toda esa gente». «En este momento tiene que haber una acción inmediata, y yo no veo a nadie más con la capacidad logística para poder hacerlo», señaló.
Movilización y Migración en Mesoamérica
En materia de movilización social en rechazo al modelo neoliberal, Mesoamérica también fue escenario de manifestaciones y disputas políticas en las calles. En el caso de Panamá, como mencionamos en informes anteriores, se ha acrecentado el rechazo popular a las reformas constitucionales que impulsa el presidente Cortizo a través de una Asamblea Constituyente que los movimientos sociales definen como ilegítima. Costa Rica tuvo distintas movilizaciones contra el recorte presupuestario a la educación pública, teniendo como principal foco en la Universidad de Costa Rica.
En Honduras, Guatemala y El Salvador cobra protagonismo también la problemática de la migración, como venimos señalando en informes previos. En el caso de El Salvador y Guatemala, sus respectivos gobiernos han manifestado el interés de adelantar los acuerdos migratorios propuestos por el gobierno de Donald Trump. Dichos acuerdos establecen que, a cambio de financiamiento, estos países se comprometen a recibir migrantes en calidad de «asilados». Por otra parte, el Movimiento de Migrantes Mesoamericanos inició el 15 de noviembre un recorrido con la Caravana de madres de migrantes que recorrerá cinco mil kilómetros en busca de las personas de su familia que han migrado y de las cuales no tienen información.
A esta orientación pro-estadounidense se suman además las recientes declaraciones tanto de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, como de Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, quienes instaron públicamente a los demás presidentes de América Latina a expulsar las delegaciones diplomáticas de Venezuela y a romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
En Honduras se mantuvieron los niveles de movilización en exigencia de la renuncia de Juan Orlando Hernández, producto del proceso judicial de narcotráfico en los Estados Unidos en el que tanto él como su hermano Tony están inmersos. El Partido Libre y otros sectores sociales tienen el objetivo de convocar proximamente a un Paro Nacional contra el gobierno de JOH.
Los escenarios abiertos
El panorama en Brasil, complejo y dinámico
Sin dudas, la noticia del mes en Brasil fue la libertad de Lula, luego de que el Tribunal Supremo Federal, en fallo dividido, votara contra la prisión en los casos en los que no está confirmada la sentencia por una tercera instancia judicial.
Apenas salió en libertad, el 8 de noviembre, Lula anunció que comenzaría a recorrer el país denunciando la pérdida de soberanía que implican las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro. Ante esto, altos voceros oficiales reactivaron un discurso amenazante hacia Lula e incluso hacia las propias normas democráticas. Comenzando por el propio presidente, quien advirtió que desde el gobierno le podía pedir al Poder Judicial que aplique la Ley de Seguridad Nacional para detener a Lula. «Algunos creen que los pronunciamientos de este elemento, que por ahora está suelto, infringen la ley», dijo Bolsonaro. En una derivación más peligrosa se manifestó algunos días después el ministro de Economía, Paulo Guedes, desde Washington, mientras se encontraba en gira para reunirse con directivos de empresas norteamericanas. «No se asusten si alguien pide el AI-5», afirmó, en referencia al Acta Institucional Número 5, sancionada por la última dictadura cívico militar en 1968, que cerró el Congreso y prohibió los partidos políticos. El justificativo de Guedes fue que Lula «está llevando al pueblo a las calles para romper todo». Si bien el ministro de Economía consideró de inmediato que tal medida no podría aplicarse y que él no la apoyaría, la mención al AI-5 se produce algunas semanas después de que uno de los hijos del presidente la instalara como posibilidad, ante una posible «radicalización de izquierda».
En todos estos discursos el análisis gira explícitamente en torno a la disputa geopolítica. Bolsonaro considera que «Brasil es la cereza del postre» para la izquierda en Sudamérica. «Estos días vimos al Grupo de Puebla, que es el Foro de San Pablo con otro nombre, reunirse en la Argentina. Estaba Dilma Rousseff, buscan por medio de la Argentina seguir con esta política de la gran patria bolivariana o una sola Sudamérica. El objetivo siempre es el mismo», consideró.
En el plano judicial, la libertad de Lula no implica el fin de la ofensiva en su contra. A pocos días de su salida de la cárcel, el Tribunal Federal Regional 4º, con sede en Porto Alegre, confirmó la sentencia de primera instancia por la causa Atibaia y elevó la pena de 12 a 17 años. Otra noticia significativa, aunque no directamente relacionada, es que el juez brasileño Marcelo Bretas pidió la captura del expresidente de Paraguay Horacio Cartes, en el marco del caso Lava Jato.
En paralelo, y al mismo tiempo que el Congreso promulgaba la Reforma Previsional —que eleva la edad de la jubilación a 65 años para varones y 62 años para mujeres— se conoció que la extrema pobreza alcanzó a fines de 2018 a las 13,5 millones de personas, el número más alto desde 2012.
Pocos días después, un grupo de diputados encabezados por Rodrigo Maia, presidente de la Cámara y líder del partido Demócratas, presentó un conjunto de propuestas llamada Agenda Social, entre las que se incluyen «garantías de ingresos para personas vulnerables, inclusión productiva de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad; desarrollar una red de protección laboral e incentivo de formalidad; acceso universal al agua y saneamiento, y una Ley de responsabilidad social». De esta manera, sectores de derecha que son aliados del gobierno de Bolsonaro intentan diferenciarse instalándose en un carril más moderado.
El panorama político está por demás dinámico. Tras pelearse con la dirigencia del PSL (Partido Social Liberal), el 21 de noviembre el presidente Bolsonaro lanzó desde Brasilia su nueva formación, llamada Alianza por Brasil. Se trata del noveno partido político en el que participa y el primero que funda directamente. En el acto, el presidente acusó a «la izquierda» de querer involucrar a su familia en el asesinato de Marielle Franco. Según una radio del grupo Globo, la policía de Río de Janeiro trabaja sobre la hipótesis de que su hijo Carlos Bolsonaro puede estar vinculado al crimen. En el plano económico, preocupado por la posibilidad de movilizaciones como las que se desarrollan en Chile o en Colombia, el gobierno decidió aplazar un paquete de medidas de recortes y privatizaciones, al menos parcialmente.
Un último tema de relevancia para Brasil y para el continente fue la realización de la Cumbre de los BRICS, en Brasilia, entre el 13 y el 14 de noviembre. En la declaración final, de consenso, el bloque que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica propuso la modificación de todo el sistema multilateral, incluyendo a la ONU, la OMC y el FMI, además de condenar el establecimiento unilateral de políticas proteccionistas. En esta oportunidad, el gobierno de Bolsonaro apareció por primera vez alineado con las posiciones de China, en contraposición a las políticas de EE.UU. en la era Trump.
Venezuela entre la negociación interna y el asedio imperialista
En Venezuela continúa el proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y un sector de la oposición, a pesar de las presiones externas y los constantes llamamientos a la desestabilización del país. En una comunicación oficial, el vocero de la oposición, Claudio Fermín, dio a conocer que se ha logrado avanzar en acuerdo durante los dos meses que ya lleva instalada la Mesa de Diálogo, y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez difundió los principales puntos de acuerdo, entre los que se encuentran, «a) El establecimiento de garantías electorales para el evento electoral de 2020, que implica una renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), b) Acuerdos en materia económica y social, como el intercambio de petróleo por medicina y alimentos a nivel internacional y eliminar los impuestos a una gran cantidad de rubros, para que la población tenga acceso a ellos bajo un menor precio a los actuales influidos por la inflación inducida y c) El reconocimiento de quien haya sido victimario contra una persona o contra bienes públicos o privados».
En cuanto al escenario regional, durante el mes se filtraron audios del Embajador de Colombia en EE. UU., Francisco Santos, con la nueva Canciller de Colombia, Claudia Blum, donde textualmente se refería a que su principal misión en los Estados Unidos era inventar cosas para mantener «en el top of mind» el tema Venezuela. En los audios se escucha también la vinculación con los intentos de Golpe en Venezuela, mencionando que «eso por ahora está detenido» porque la idea de la intervención militar fue apoyada por el Departamento de Estado, pero no por la Casa Blanca.
Una de las primeras declaraciones de Blum al asumir a inicios de noviembre el cargo como Canciller de Colombia fue la demostración de apoyo a Juan Guaidó y el interés por continuar con la activación del TIAR como había sucedido en el mes de Septiembre. El 3 de Diciembre se reunieron en Bogotá los países que son miembros de este Tratado para «evaluar la situación de Venezuela».
En materia de movilización, el sector de la población identificado con Juan Guaidó adelantó una concentración el 16 de noviembre que había sido difundida como una de las más grandes movilizaciones contra el chavismo. Sin embargo, no tuvo la recepción esperada por el autoproclamado presidente y por el contrario, consiguió que se movilizaran las fuerzas del chavismo de base en una movilización en defensa de la Revolución Bolivariana.
Crisis en Perú: Rearme del escenario político de cara a las elecciones
La crisis política e institucional de Perú producto del cierre del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, se canalizó hacia el llamado a elecciones parlamentarias para enero próximo. Si bien la movilización social fue una fuerza fundamental para la visibilización de la corrupción que estaba enquistada en el Congreso de la República, y para su posterior cierre, los sectores de la derecha representados en el actual presidente lograron, con el llamado a elecciones en el 2020, disminuir los niveles de movilización callejera que estaba en alza en el país, en el marco de rechazo social a los altos índices de corrupción que tenían principalmente los parlamentarios de las bancadas del Partido APRA, del cual era miembro el ex presidente Alan García, y Fuerza Popular, el partido del Fujimorismo.
El Jurado Nacional de Elecciones presentó el listado final de inscripciones para las elecciones parlamentarias de Enero próximo con 23 listas presentadas. Dado el contexto de disolución del Congreso, es posible que la mayoría de las votaciones estén orientadas hacia candidatos nuevos en la contienda electoral, principalmente de Acción Popular con mayor intención de votos según la encuestadora Datum, seguidos por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Morado, todos partidos de derecha.
Durante noviembre, después de una intensa batalla judicial durante meses, finalmente Keiko Fujimori, la hija del ex presidente Alberto Fujimori, fue dejada en libertad por orden del Tribunal Constitucional, siendo absuelta de los cargos de corrupción que se elevaron contra ella. Estando en libertad, Fujimori vuelve a jugar un papel central en la derecha peruana de cara a las elecciones parlamentarias próximas, donde el ala aprista y fujimorista busca no solo mantener sino aumentar sus escaños de participación.
En el escenario internacional, a fin de noviembre el presidente Vizcarra propuso para la elección del nuevo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al actual embajador Hugo Zela de Martínez. Según expresó, la propuesta tiene el objetivo de «contribuir al fortalecimiento de la Organización como una instancia de diálogo, generadora de consensos, y que contribuya a encontrar soluciones efectivas a los principales conflictos que aquejan al hemisferio».
Ecuador: Continuación del plan económico de Lenin Moreno
Después del fuerte rechazo popular del pueblo ecuatoriano hacia las medidas que buscaba implementar Lenin Moreno en materia económica, para complacer las exigencias puestas por el Fondo Monetario Internacional, el presidente Lenin Moreno presentó un proyecto de Ley de «Crecimiento Económico» ante el Parlamento. Dicho proyecto fue rechazado por los parlamentarios, obligando al presidente a presentar otro nuevo proyecto de reforma tributaria.
Producto del fuerte rechazo social al gobierno de Lenin Moreno, sus medidas económicas y su tratamiento a las propuestas ocurridas durante todo el mes de octubre —donde hubo registro de varias violaciones de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública—, diversos sectores, incluyendo dos funcionarios del Ejecutivo, Raúl Ledesma de la cartera de Medio Ambiente, y Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, han afirmado que es necesario un adelanto de las elecciones para superar la crisis institucional. Por su parte, el FMI manifestó nuevamente su confianza en el gobierno ecuatoriano y en las medidas que tome el Ejecutivo.
Producto de las manifestaciones de octubre contra el «paquetazo», el gobierno de Moreno adelantó una campaña de persecución política contra las principales figuras del correísmo, llevando a algunos asambleístas a solicitar asilo en la Embajada de México, y encarcelando a líderes sociales y dirigentes vinculados a esta fuerza política. La prefecta del municipio de Pichincha Paola Pachón y el ex asambleísta Virgilio Hernández continúan en prisión preventiva luego de que la Corte Suprema negara el Habeas Corpus solicitado por la defensa. Se les acusa del delito de Rebelión por su participación en las protestas de Octubre.
Articulaciones internacionales del movimiento popular
El 1, 2 y 3 de noviembre, en Cuba, se realizó el Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo. El evento reunió a delegaciones de varias articulaciones continentales como la CLOC-Vía Campesina, la Confederación Sindical de las Américas y la Articulación de Movimientos hacia el ALBA. Este último espacio, además, tuvo su reunión de coordinación en La Habana, luego del Encuentro Antiimperialista.
Entre el 8 y el 10 de noviembre se desarrolló en Buenos Aires la reunión del grupo Puebla, donde la figura central fue el electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien fue anfitrión de dirigentes como Pepe Mujica, Dilma Roussef, Ernesto Samper, Marco Enríquez-Ominami, entre otros.
El 11 y el 12 de noviembre, previo a la reunión de presidentes del bloque, se realizó en Brasilia el Seminario «BRICS de los pueblos», un encuentro que reunió a delegaciones de movimientos populares de nueve países. Como cierre del evento, los participantes difundieron un documento donde denuncian la posición del gobierno de Brasil en torno al bloqueo de EE. UU a Cuba, el golpe de Estado en Bolivia, la persecución a Venezuela y al ex presidente Lula Da Silva, la destrucción ambiental creciente y los ataques a los derechos de los trabajadores.
Al cierre
Cumbre de Mercosur
En los primeros días de diciembre se realizó en Bento Goncalves, Rio Grande do Sul, la 55 Cumbre presidencial del Mercosur, con la participación del jefe de Estado del país anfitrión, Jair Bolsonaro, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, el mandatario saliente de Argentina Mauricio Macri y la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, en representación del gobierno de Tabaré Vázquez, también en sus últimos días de gobierno.
El evento, de relativa trascendencia en la medida en que se da inmediatamente antes del recambio presidencial en ambos países del Río de la Plata, implicó el comienzo de la presidencia pro tempore de Paraguay, que recibió de Brasil y ejercerá hasta mediados de 2020. Venezuela no estuvo invitada. En la reunión, Macri llamó «presidenta electa» a la presidenta de facto Jeanine Añez. Uruguay, en cambio, la calificó como autoridad de facto y pidió el cese de la represión. En la reunión previa de cancilleres, el uruguayo Rodolfo Nin Novoa solicitó a la presidencia Protempore la activación del Protocolo de Ushuaia, que eventualmente podría culminar con la exclusión de Bolivia, aunque este hecho se enfrenta con un probable giro en la política exterior de Uruguay, ya mencionada.
TIAR, amenaza sobre Venezuela
A posteriori de la posesión de Claudia Blum como nueva canciller de Colombia durante noviembre, se adelantó una nueva reunión de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para conversar una vez más sobre las posibilidades de reactivación del Tratado con el objetivo de asediar económica y diplomáticamente el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Con este objetivo se dieron cita en Bogotá el 3 de diciembre representantes diplomáticos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Trinidad y Tobago para acordar nuevas medidas coercitivas contra Venezuela, dentro de las que destacan sanciones diplomáticas y económicas contra 29 miembros del gobierno de Maduro, como prohibir su presencia en los 26 países miembros y no permitirles realizar operaciones bancarias que utilicen entidades financieras en estos países.
En perspectiva
Además de los desarrollados con anterioridad, otros temas merecen la atención en el último tramo del 2019 y principios de 2020.
El 10 de diciembre asumió Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en Argentina. La fórmula Fernández – Fernández fue apoyada en las elecciones por un amplio arco político, que incluye y a la vez excede al peronismo, principal partido político del país, lo cual le permitió el triunfo en primera vuelta sobre el presidente en ejercicio, un hecho inédito. Por su peso relativo, el cambio de signo político ya implica un movimiento importante en el tablero continental. El gobierno de Macri cumplió un papel destacado acompañando plenamente la política exterior norteamericana en la región y su derrota es un duro revés para el bloque neoliberal.
El canciller elegido para la primera etapa de gobierno es Felipe Solá. En los días previos a su asunción como ministro de Relaciones Exteriores, Solá se manifestó a favor de la continuidad de Argentina en el grupo de Lima, el espacio que articula a los gobiernos más cercanos a EE.UU. Estas declaraciones son contradictorias con los gestos desarrollados por Alberto Fernández en relación al Grupo de Puebla y a un posible eje progresista, articulado centralmente en la relación con AMLO. Por otro lado, el presidente electó condenó en varias ocasiones el golpe de estado en Bolivia así como el propio Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y parte de su gabinete se trasladó a la Argentina luego de la asunción del nuevo gobierno y solicitó asilo y refugio. Habrá que esperar la marcha del gobierno para estimar las orientaciones precisas de su politica exterior aunque ciertamente es de prever una perpectiva mas soberana y nuestro americana.
A nivel regional, la etapa que se abre luego de las manifestaciones de octubre y el golpe de noviembre cuenta aún con muchos elementos en pleno proceso de desarrollo. Tales son los casos de los conflictos que listamos en los primeros dos apartados de este informe, que influirán en la configuración general del tablero político. Sin embargo, un tema que emerge como una tendencia consolidada durante los últimos meses refiere al creciente papel de la militarización en la región, en particular en América del Sur. Al evidente papel que las jerarquías militares juegan en el gobierno de Brasil y en el golpe en Bolivia, entre octubre y noviembre hay que sumar también la utilización de las fuerzas armadas para la represión del conflicto social en Ecuador, en Chile y en Colombia. lncluso en Uruguay sectores del Ejército han mostrado un grado mayor de activismo político, reivindicando viejos discursos, que recuerdan a las dictaduras del siglo XX.
En este sentido, cabe preguntarse sobre los vínculos entre sí y el rol que pueden jugar las fuerzas armadas en un contexto en el que aparece con claridad una creciente polarización entre los proyectos de autonomía y subordinación a escala regional, al mismo tiempo que se tensa la situación social y política en la mayoría de los países del continente.
Con este panorama, también vuelve a cobrar relevancia la posibilidad de reimpulsar la CELAC en 2020, de la mano de México, con su aspiración de mantener a América Latina y el Caribe como zona de paz. De igual forma será relevante la sucesión en la secretaría general de la OEA, prevista para mayo de 2020.
