La interna sindical y el rol de los movimientos sociales
La agudización de la crisis económica, social y sanitaria producto de la pandemia profundiza las tensiones y discusiones al interior del sindicalismo y de las organizaciones sociales acerca del papel que debería tener el movimiento obrero frente a esta coyuntura.
Durante los meses iniciales de la pandemia la CGT avaló el pedido de la UIA y otras entidades patronales para reducir salarios a cambio de mantener los puestos de trabajo en los sectores cuya actividad quedó paralizada. Con la rebaja salarial del 25%, se aceptó también el cobro del aguinaldo diferido y en cuotas. Estas dos cuestiones, que significan un retroceso sobre derechos conquistados por lxs trabajadorxs, no derivaron en una confrontación abierta aunque fueron minando la unidad sindical a la que se aspira desde el oficialismo y que tiene a Alberto Fernández a un impulsor activo.
Los últimos meses pusieron de manifiesto distintos roles y estrategias dentro del mundo del sindicalismo que ya se habían evidenciado durante el Gobierno de Cambiemos. Una parte del sindicalismo tradicional tiende insistentemente a la negociación con objetivos y logros a la baja. Otra parte, propone una línea de mayor confrontación. La mayoría alterna entre ambos polos. La pugna por reabrir las paritarias y la actitud frente a las consecuencias directas de la pandemia en las condiciones laborales de sectores que nunca detuvieron su funcionamiento (salud, comercio, alimentación) constituyen los dos terrenos principales en donde esas diferencias se han manifestado, pero no las únicas.
Mientras que la conducción de la CGT encarna la primera de las posturas -con los “gordos” e “independientes” a la cabeza-, otros sectores como Camioneros, Aceiteros y Bancarios, mantienen una línea de acción diferenciada. Si sumamos a los principales sindicatos de la CTA-A (estatales y los trabajadores de la salud nucleados en Fesprosa) y a la CTA-T, tenemos el arco desde el que, a partir fundamentalmente de acciones puntuales y posicionamientos fragmentados, se viene planteando una discusión respecto del modelo de sindicalismo en esta nueva etapa. Una perspectiva que consiste en un apoyo político al gobierno de Alberto Fernández, con autonomía sindical de cara a la disputa abierta con el poder económico respecto de la agenda de la pos-pandemia, para enfrentar la actual crisis sanitaria, social y económica.
Aunque existen varios y significativos antecedentes de coordinación de esos sectores en el marco de la resistencia a las políticas más regresivas del gobierno macrista, los niveles de articulación, y sobre todo de iniciativa unitaria, de esos sectores no se mantuvo en el tiempo. Habrá que ver si la proximidad de la renovación de autoridades en la CGT -postergada para inicios del año que viene- facilita una dinámica común o termina de alejar posiciones.
En los últimos meses también se reavivaron ciertas discusiones presentes durante los últimos años en relación a la posible adecuación de la CGT a las nuevas realidades del mundo del trabajo. El debate sobre la necesidad de readecuar la central sindical para poder contemplar a todos los sujetos trabajadores y sus herramientas gremiales, -lo que implica la posible reincorporación de las dos CTA y la integración de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)-, se amplifican en medio del escenario pre-electoral que atraviesa la CGT.
Esta discusión es fuertemente resistida por amplios sectores dentro de la CGT, por cuestiones ideológicas y otras de carácter pragmático. En términos ideológicos dentro de la CGT, los principales gremios continúan apegados a una idea de sociedad salarial fordista que ya no existe, lo que se traduce en la imposibilidad de pensar el trabajo por fuera del empleo y reconocer las redefiniciones entre lo productivo y reproductivo. En este sentido, el grueso de los dirigentes actuales se niegan a ser quienes presten legitimidad de la precariedad del mundo del trabajo, lo que implica de algún modo el reconocimiento de su propio fracaso. En cuanto a lo pragmático se niegan a la incorporación de un universo que se estima que abarca a alrededor de 6 millones de personas en nuestro país, con el desbalance que eso podría ocasionar en la relaciones de fuerzas internas dentro de la CGT.
En lo que sigue ponemos el foco en algunos hechos clave que muestran cómo está evolucionando la disputa por la agenda del movimiento obrero en la crisis actual.
Mercado Libre
Mercado Libre se transformó en los últimos años en uno de los grupos empresarios más importantes del país y la región. Durante el gobierno de Cambiemos fue beneficiado por privilegios impositivos y formas de contratación y flexibilización ad-hoc de la fuerza de trabajo.
Desde hace más de un año la empresa sostiene un conflicto abierto con el Sindicato de Camioneros por el encuadramiento laboral de 1200 trabajadorxs de un centro de distribución que la compañía opera en el Mercado Central. De manera unilateral, esos trabajadorxs fueron afiliadxs al Sindicato de Carga y Descarga con un convenio laboral hecho a medida de la empresa.
El sindicato de Camioneros, viene denunciando que esxs trabajadorxs –el 46% son mujeres- realizan tareas propias de su rubro y asegura que existe una flexibilización laboral encubierta detrás del convenio que la empresa firmó con el Sindicato de Carga y Descarga. En julio de este año y en medio de la pandemia el conflicto escaló con el bloqueo, por parte del sindicato conducido por Hugo y Pablo Moyano, de cinco centros logísticos de la red de distribución de Mercado Libre. Estas medidas fueron duramente criticadas desde los medios y entidades empresarias y se presentó como un conflicto intersindical. En ese marco, se convocó a la mediación de la propia CGT, que intervino en favor del Sindicato de Carga y Descarga, de Mercado Libre y en detrimento de lxs trabajadorxs.
Moyano no es el único que tiene un conflicto abierto con Mercado Libre. Desde 2019 y a partir de la ampliación hacia el segmento de las finanzas, Marcos Galperín se encuentra en un conflicto de similares características con la Asociación Bancaria. La bancaria reclama el encuadramiento de los trabajadores de servicios de finanzas digitales dentro del convenio colectivo de trabajo de lxs bancarixs. Y acusa a la empresa Fintech de llevar delante de este modo una reforma laboral encubierta.
La CGT de los empresarios
Una semana después del conflicto entre el Sindicato de Camioneros y Mercado Libre, la conducción de la CGT –“Gordos” e “Independientes”- se reunió con los propietarios más poderosos del país, nucleados en la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA). Entre los empresarios más destacados estuvieron presente Marcos Galperín (Mercado Libre), Héctor Magnetto (Grupo Clarín) y Paolo Rocca (Grupo Techint); todos destacados propulsores durante el gobierno de Mauricio Macri de una reforma laboral que no lograron cristalizar sino de manera encubierta por segmento de la producción, como mencionamos más arriba en relación al caso Mercado Libre.
Luego de este encuentro se elaboró de manera conjunta un documento con los acuerdos respecto de las tareas para la recuperación económica, en sintonía con la agenda empresarial. En otras cosas, el texto remarca “la necesidad de un mayor despliegue de la actividad privada en la salida a la crisis”, “la reducción gradual de la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”, “el equilibrio fiscal”, “políticas públicas para movilizar la capacidad productiva y la exportación”, y “la inserción inteligente en el mundo a través de la negociación con los acreedores externos”.
El encuentro y la declaración citada, generaron ruidos importantes que trascendieron el mundo sindical. Hubo incluso cruces públicos protagonizados por miembros de la conducción cegetista y Máximo Kirchner, quien a su vez tuvo el respaldo de dirigentes sindicales de peso, como el Secretario General del Smata, Ricardo Pignarelli.
Paritarias
Con lxs trabajadorxs del sector público como grandes y notables ausentes, en los últimos meses un puñado de sindicatos ha reabierto la discusión de sus negociaciones paritarias. Entre las organizaciones implicadas, se destaca como denominador común los rubros que no tuvieron interrupciones por considerarse esenciales, pero las condiciones y los montos varían.
Desde el Ministerio de Trabajo se informó que para fines de agosto se habían cerrado 23 acuerdos paritarios que abarcan a un poco más de un millón de trabajadorxs registrados del sector privado. Una cifra que representa un 19% del total y apenas un 8,5% si se contabiliza todo el universo de lxs trabajadorxs formales, que sumando sector privado y público rondan los 11 millones de personas.
Por su importancia numérica y su significado político podemos destacar los acuerdos firmados por Camioneros, la Bancaria y la UOM. Los primeros acordaron una suba del 30% con revisión en febrero, bancarios 26% con revisión en noviembre y la UOM cerró un incremento sobre la base de una suma fija de $ 30 mil divididos en cinco cuotas no remunerativas.
Por su parte, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina volvió a quedar entre las paritarias cerradas con mejores resultados para sus trabajadores, al rubricar un aumento promedio del 30%.
En las próximas semanas habrá que prestar mucha atención a lo que ocurra con las negociaciones que va a llevar adelante el Sindicato de Empleados de Comercio. El sindicato encabezado por Armando Cavalleri, históricamente dispuesto a adaptarse a las demandas empresariales, representa a más de un millón de trabajadorxs, cuya situación durante la pandemia ha diferido mucho según la actividad y el tipo de establecimiento.
Por una agenda de lxs trabajadores: Plan de Desarrollo Humano Integral
Impulsado originariamente por Juan Grabois (Mte-Utep), durante el mes de agosto se presentó el Plan de Desarrollo Humano Integral. El mismo contempla la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la Economía Popular y más de cien mil en sectores formales bajo convenio, a partir de proyectar la construcción de comunidades rurales, cinturones hortícolas y polos industriales, y la reconstrucción de una red ferroviaria y de transporte multimodal, entre otras cuestiones. El programa, que recoge el proyecto de las tres T (tierra, techo y trabajo), inspirado en la propuesta del Papa Francisco, apunta a un plan integral para garantizar la integración urbana, el acceso al suelo y la vivienda social.
Más allá de esos contenidos, que de por sí hablan de una propuesta que de aplicarse tendría efectos distributivos de relevancia y generaría experiencias que pueden apuntalar una perspectiva productiva alternativa a la hege,mónica, vale destacar algunas cuestiones. Este plan ha constituido una de las pocas iniciativas de carácter programático, surgidas desde lxs trabajadorxs en el contexto de la crisis en curso. A su vez, al respaldo dado por las organizaciones que integran la Utep se le sumó el de algunos sindicatos importantes de la CGT, la mayoría con llegada directa al Vaticano: Camioneros, Smata, Uocra, Unión Ferroviaria, Dragado y Balizamiento. Un dato importante, si tenemos en cuenta los reordenamientos que están en marcha en el escenario de disputas que hemos descrito anteriormente y que marcarán la dinámica sindical de los próximos meses.
