Boletín de Coyuntura | Noviembre y Diciembre

diciembre 16, 2019

Sumario: Alberto Fernández es el nuevo presidente: festejos, discurso inaugural y primeras medidas / Quién es quién en el nuevo equipo de gobierno / Axel Kicillof, nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires / La situación económica pende de un hilo: los anuncios de los primeros días y las presiones del empresariado.

La transición llegó a su fin: tenemos nuevo presidente

Durante los días previos a la asunción Alberto Fernández se dedicó a distender la tensión con el gobierno saliente. Compartió una misa en Luján con Mauricio Macri, en la que estuvieron presente buena parte de ambos gabinetes, y se reunió con Rodríguez Larreta y Diego Santilli para dejar abierto un canal de diálogo. En la misma tónica, todo el dispositivo de pase de mando transcurrió sin las idas y vueltas que se dieron cuatro años atrás. En línea con esta idea de bajarle el tono a las confrontaciones también tuvo un gesto hacia los históricos del radicalismo y del peronismo cuando recibió a Ricardo Alfonsín y se reunió con Eduardo Duhalde en sus oficinas.

Alberto Fernández hará el esfuerzo por presentarse como “el Presidente de la unidad”, incluso fue anunciado así por la locutora oficial el día de su asunción. Ese fue además el eje con el que introdujo su primer discurso ante la Asamble Legislativa el 10 de diciembre.

En esa intervención, que como todo discurso de asunción es una declaración de principios y una hoja de ruta para cualquier gobierno, Alberto Fernández combinó varias de las principales líneas de su discurso de campaña con una serie de énfasis novedosos y algunos anuncios importantes. Su propuesta se organizó sobre un eje de cuestiones más urgentes y otro en el que postuló ideas que hacen a un horizonte más estratégico.

El hambre y la pobreza aparecieron como las cuestiones a priorizar en el tramo inicial del nuevo gobierno. Por un lado, planteó una premisa: “en esta emergencia social, es tiempo de comenzar por los últimos, para después poder llegar a todos”. Y afirmó que sin “sin pan no hay democracia ni libertad”. De ahí el anuncio de que la primera reunión oficial de su equipo estaría dedicada al Plan Integral Argentina Contra el Hambre y la promesa de implementar un sistema masivo de créditos no bancarios para los sectores más vulnerables.

Lo que en la campaña electoral A.F había anunciado como el llamado a un Acuerdo Social entre empresarios, trabajadores y Estado, en este discurso fue formulado como un plan de “Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia”. Plan que incluirá negociaciones respecto de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio. Entretanto, interpeló directamente a quienes no están sufriendo la crisis y atraviesan una “mejor situación económica”. No “existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre”, afirmó. Y advirtió que mientras el hambre sea una realidad su gobierno le pedirá más “esfuerzo solidario” a quienes tengan más capacidad de darlo.

El horizonte más estratégico estuvo enmarcado en dos ideas: un “Nuevo Contrato de Ciudadanía Social” y un “Proyecto Nacional de Desarrollo”. Alberto Fernández se refirió a un contrato social “fraterno” y “solidario”, que implicará romper -lo que llamó- los muros del odio y el rencor y también del hambre. “No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro”, agregó. Y más adelante advirtió que no ignora los conflictos y pujas distributivas que están en juego, pero sostuvo que “si actuamos de buena fe”, podemos identificar prioridades compartidas para acordar las formas que permitan superar esas contradicciones. Más en concreto, esta perspectiva apunta al Estado en tanto articulador de voluntades con “las fuerzas políticas, los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo”, “al entramado científico-tecnológico y a los sectores académicos”.

La idea de un Proyecto Nacional de Desarrollo actúa como marco general tanto para la política macroeconómica como para las medidas más urgentes. Comprende, según lo dicho por el nuevo presidente, a las distintas áreas económicas y el conjunto de las actividades productivas y se propone sumar valor agregado a las materias primas y robustecer el mercado interno. A la vez, Alberto Fernández sostuvo que su gobierno trabajará para transformar la estructura productiva, “con políticas activas que den cuenta del cambio tecnológico vertiginoso que enfrentamos, de la inter-relación entre industrias, recursos naturales y servicios”. En este punto adelantó la institucionalización del Consejo económico y social para el Desarrollo.

Como se sabe, la deuda externa constituye un tema urgente que condiciona el resto de la situación económica. En este punto Alberto Fernández repitió: el país tiene voluntad de pago, pero “para poder pagar hay que crecer”. Luego aseguró: “Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer. Bajo esas premisas asumiremos toda negociación de nuestra deuda”. También advirtió que el país estaba en un virtual default y que buscará una “relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional” y el resto de los acreedores.

Alberto Fernández asume como nuevo presidente de Argentina

Asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente de Argentina

El federalismo fue un tópico importante durante la campaña electoral. Durante el discurso de asunción le dedicó varios pasajes a este tema. Volvió a anunciar que promoverá la creación de capitales alternas a la Caba y se comprometió a descentralizar las sedes de distintos organismos nacionales. También adelantó que los gobernadores serán parte de los Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia.

En materia de política internacional volvió a remarcar su vocación por reconstruir la integración regional y priorizar al MERCOSUR. Habló de priorizar con Brasil una agenda estratégica, más allá de “cualquier diferencia personal”. Habló de una “América Latina unida” como condición para la realización de sus países y remarcó que es posible una inserción en el mundo global defendiendo los “intereses nacionales”. Tal como lo hizo en la presentación de sus ministros, señaló que la Cancillería deberá asumir como tarea central fortalecer el comercio exterior. Y sintetizó los principios rectores en el plano de las relaciones internacionales de esta manera: “En cualquier escenario, la Argentina levantará alto sus principios de paz, de defensa de la democracia, de plena vigencia de los derechos humanos. Defenderemos la libertad y autonomía de los pueblos a decidir sus propios destinos”.

En términos de novedades hay que señalar el lugar otorgado a los movimiento sociales, la Economía Popular y al feminismo. En primer término, como señalamos, fueron mencionados como actores necesarios del denominado Nuevo Contrato de Ciudadanía Social. Además, en el caso de la economía popular, Alberto Fernández señaló que el cooperativismo y la agricultura familiar tendrán un lugar central en las políticas públicas destinadas a atender el hambre y el desempleo. Y se comprometió a “que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo”. En cuanto al feminismo, vale la pena remarcar la utilización en sí de este término como un hecho significativo. En este caso, afirmó que el Estado es responsable de reducir la violencia contra las mujeres “hasta su total erradicación”. Y que atenderá especialmente las cuestiones vinculadas a las tareas de cuidado, que son fuente de mucha desigualdad entre los géneros (1). En este sentido, vale la pena señalar, por un lado, la ausencia de una valoración del papel más estructural que desempeña actualmente la economía popular y, por otro, la falta de mención a la legalización del aborto, que sí había sido enunciada por Alberto Fernández en otras ocasiones.

Las referencias al Poder Judicial y a los servicios de inteligencia fueron los pasajes más cargados del tono refundacional que todo discurso de asunción suele tener. Aquí Alberto Fernández utilizó la expresión “Nunca Más” para cuestionar las arbitrariedades del sistema judicial en los últimos años y señalar los manejos poco transparentes de los organismos de inteligencia. Llamó a construir una Justicia “realmente independiente” y adelantó que enviará al Congreso un proyecto de reforma; y anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar a cabo un proceso de reestructuración. Este fue el pasaje en el que el tono conciliador que estructuró el discurso del nuevo mandatario se puso entre paréntesis.

Finalmente, es importante sistematizar otros anuncios relevantes. En un primer orden, Alberto Fernández señaló que se modificará el régimen de asignación de pauta oficial para pasar a un modelo que reemplace la propaganda estatal clásica por materiales con fines educativos. No dio mayores detalles, aunque será un tema sensible en la relación con los medios de comunicación, que -dicho sea de paso- en todos los casos dependen de lo que reciben del Estado por esa publicidad. En otro orden, ratificó que los jubilados recibirán los medicamentos gratis; anunció la implementación de un Plan de reactivación de obras públicas y se comprometió a desarrollar un plan de regularización del hábitat y de la construcción de viviendas.

Una jornada de festejo popular

La jornada de asunción del nuevo presidente trajo otros datos significativos. Tanto la movilización durante la ceremonia en el Congreso como el festival posterior fueron realmente masivos. Con cifras difíciles de calcular por su extensión, pero que superan los 500.000, como por la circulación constante de gente, la jornada dejó muestras de alivio ante la salida del Gobierno macrista y elevó el piso de expectativas respecto de la fuerza social que puede aglutinar el nuevo gobierno. La movilización contó con organizaciones sociales, políticas y sindicales que nuevamente demostraron su capacidad para ganar la calle y miles de personas sueltas que acudieron a la cita. El arco de sectores sociales y organizaciones que estuvieron presente tuvo mucho de continuidad con lo que fueron las principales iniciativas de resistencia al macrismo.

El festejo callejero que propuso el nuevo gobierno dio pie además para que sus dos principales figuras tuvieran una interlocución directa con su base social. En el caso de Alberto Fernández, volvió a demostrar que es capaz de generar un nivel de empatía hacia esas bases movilizadas que hasta hace apenas unos meses parecía poco probable. Asimismo, le permitió ratificar un elemento fundamental de su rol y de la orientación política que pretende encarnar: el equilibrio entre la firmeza y la apertura, la referencia identitaria al primer kirchnerismo y la capacidad de dialogar con los sujetos colectivos más dinámicos de la etapa. En el caso de Cristina, sirvió para reafirmar que si bien su papel en el nuevo proceso político que se abre estará acotado a un papel institucional en el Senado y, en buena parte estará relegada a un segundo plano, sigue siendo la principal dirigenta del movimiento político que estructuró la coalición de gobierno. El tono de su intervención en la Plaza de Mayo conjugó esas dos cosas en un mensaje claro: el presidente es Alberto, pero yo estoy para marcarle el camino correcto cuando sea necesario.

Acto por la asunción de Alberto Fernandez como presidente de la nación. (Foto: Prensa Alberto Fernández)

El equipo de gobierno

La conformación del equipo ministerial puede ser analizada en función de una serie de dimensiones básicas: qué áreas fueron jerarquizadas dándole esa condición; cuál es la procedencia política de sus responsables; qué equilibrio expresa el Gabinete en el FDT; cuál es el perfil de cada ministrx (2).

En principio hay que decir que las 20 carteras definidas con rango de Ministerio incluyen las principales áreas en las que el candidato del FDT había desplegado sus propuestas de campaña y significan la concreción de varios compromisos asumidos al respecto. En este sentido, Salud, Trabajo, Ciencia y Tecnología, Cultura, Turismo y Deportes, Ambiente vuelven a ser ministerios. Así también se crearon los Ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y el de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En términos generales es un gabinete en el que se evidencia un predominio de dirigentes provenientes de diversos sectores del peronismo, que exceden el núcleo más cercano a CFK, expresan a distintos sectores del justicialismo y mantienen vínculos estrechos con Alberto Fernández. Este primer grupo está compuesto por, además de Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete), Matías Kulfas (Producción), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Felipe Solá (Relaciones Internacionales), Marcela Losardo (Justicia y DDHH), Sabina Frederic (Seguridad), Juan Cabandié (Ambiente), Ginés Gonzalez García (Salud), María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat), Nicolás Trotta (Educación), Claudio Moroni (Trabajo), Gabriel Katopodis (Obras Públicas). El de Mario Meoni (Transporte) es un caso particular, ya que es el único ministro que responde a Sergio Massa.

La influencia de Cristina en el armado del gabinete es innegable y a esta altura conocida. De todos modos, quienes responden directamente a la vicepresidenta son una minoría, aunque ocupan puestos importantes: Wado De Pedro (Interior), Agustín Rossi (Defensa), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Tristán Bauer (Cultura). Hay que agregar en este lote a Carlos Zannini, que estará al frente de la Procuraduría del Tesoro Nacional. En el caso de Luis Basterra (Agricultura), el único ministro ligado a un gobierno provincial, responde a Gildo Insfrán, uno de los gobernadores que mantuvo siempre un buen vínculo con Cristina.

A su vez, otra dimensión interesante a analizar son las trayectorias de lxs nuevxs ministrxs. Hay una preeminencia clara de figuras con una experiencia prolongada en puestos de gestión nacional y/o provincial y legislativa. Las excepciones en este sentido son las de Martín Guzmán (Economía), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), y Sabina Frederic, quienes vienen del ámbito académico/profesional, y Matías Lammens (Turismo y Deportes), que además de haber sido el último candidato a Jefe de Gobierno de la Caba se había desempeñado hasta ahora dirigente deportivo.

La llegada de Guzmán a Economía implica una jugada comprensible (3) pero también audaz (4). Comprensible porque es un especialista en negociaciones de deuda, una de las principales urgencias que tiene el nuevo gobierno, y cuenta con el respaldo (y las vinculaciones) que significa haber trabajado con Joseph Stiglitz y haber sido asesor de la ONU en estos temas. Tampoco hay que perder de vista los contactos que ha cultivado con el Papa Francisco en el último tiempo. Audaz porque será su primera experiencia en tareas de gobierno y porque deberá lidiar con su condición de outsider y recién llegado. Al mismo tiempo, esta condición puede significar menos margen de maniobra y mayor dependencia de la figura presidencial. De hecho es un rasgo que lo diferencia de, Daniel Nielsen, que fue hasta una semana antes de confirmar el gabinete el candidato número uno para ocupar el puesto.

En un contexto caldeado a nivel continental respecto del accionar de las Fuerzas Armadas la decisión de colocar a Rossi en Defensa parece asumir el camino inverso al de Economía: perfil alto y experiencia en el puesto para construir un mando civil que no muestre fisuras ni de lugar a dudas.

Para Justicia y Trabajo Alberto Fernández eligió a dos personas de su máxima confianza. Losardo ocupó otros cargos, pero siempre bajo su ala. Será la impulsora y vocera principal de la reforma anunciada para el sistema judicial. Moroni no es un especialista en el área, su nombramiento prevé más cintura para la negociación que el impulso de grandes planes.

La interlocución con las entidades del agronegocio estará a cargo de Basterra, una figura plagada de matices (5). Fue uno de los impulsores de la Ley de Agricultura Familiar, promulgada en 2014 y también se mostró de acuerdo con modificar la actual Ley de Semillas y avalar un mayor uso de fertilizantes en base a desgravaciones impositivas. Mientras que una parte de la Mesa de Enlace le reconoce la predisposición al diálogo, pero no le perdonan el apoyo a la 125, otras entidades, como Coninagro, celebraron su designación.

La designación de Sabina Frederic supone un giro drástico en materia de seguridad (6). En este sentido, hubo una coherencia contundente entre el discurso de campaña y lo que representa esta decisión. La antropóloga e investigadora del Conicet prevé revisar todas las resoluciones de Bullrich, convertir a la Policïa Federal en una fuerza de investigación y generar un cambio profundo en las condiciones laborales, de salud, vivienda y educación de lxs miembros de las fuerzas de seguridad.

La figura de González García en Salud es un gesto se puede traducir como una señal de que el Estado va a ser un actor central en el sistema sanitario. Además el creador del régimen de medicamentos genéricos durante el gobierno de Néstor Kirchner será un aliado de peso para el movimiento feminista y su agenda referida al derecho al aborto. Una de sus primeras acciones fue de hecho elevar la actualización del Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo no punible que estaba pendiente desde 2015.

Finalmente, el área constituida para atender las problemáticas de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ha implicado una novedad doble. El hecho de haber constituido este Ministerio supone un reconocimiento al auge del movimiento feminista y un desafío crucial a su carácter radical. El nombramiento de Gómez Alcorta es una buena señal en este sentido, ya que goza de un prestigio transversal entre los diversos sectores que componen el FDT y también en el propio movimiento (7). Su arribo al gabinete nacional marca un rasgo de amplitud política e ideológica en el nuevo gobierno. Y es un hecho disruptivo para la administración pública en su conjunto, dado que es una figura que conjuga una trayectoria sobresaliente como abogada de derechos humanos y una inserción militante en la izquierda popular.

La política internacional del nuevo gobierno

La política exterior, y puntualmente la política regional, había sido un eje fundamental en la campaña electoral del candidato del FDT y lo seguirá siendo en su gobierno. Entre las principales medidas de los primeros días de gobierno se encuentra el asilo político de Evo Morales y parte de sus colaboradores más cercanos y la reunión de Daniel Scioli (como embajador de Brasil) con Hamilton Mourão para evaluar proyectos binacionales.

Concretada la victoria del 27 de octubre, Alberto Fernández había viajado a México para reunirse con López Obrador dando una señal fuerte: primero la afinidad política después los socios comerciales. La necesidad de encontrar aliados de peso en el plano regional aparece como un asunto estratégico en un panorama convulsionado y con gobiernos del eje progresista en retroceso o en crisis profundas.

Antes de asumir, Alberto Fernández tuvo que posicionarse y actuar como virtual presidente frente al Golpe de Estado en Bolivia. Fue un factor clave para concretar el traslado de Evo Morales a México. También se involucró de lleno en la disputa electoral en Uruguay, yendo a darle apoyo al candidato del Frente Amplio en los días previos al ballotage que terminaría en derrota.

Hacia el gobierno de Estados Unidos se mostró dispuesto a construir una relación pragmática pero firme. Mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump y días después le envió una carta en la que le agradeció la predisposición que mostró para facilitar un acuerdo con el FMI. El 26 de noviembre recibió en sus oficinas a Edward Prado, embajador estadounidense en el país. En el encuentro también estuvieron el Canciller, Felipe Solá, y dos funcionarios que tienen buenas relaciones con las élites norteamericanas, Gustavo Beliz y Jorge Argüello, que será embajador en Washington. Unos días antes Alberto Fernández había dicho que Estados Unidos retornó a “las peores épocas de los años 70 avalando intervenciones militares contra gobiernos populares”. El mismo día que se reunió con Prado, recibió a Orestes Pérez, embajador de Cuba en el país.

Como toda designación ministerial, la de Solá tiene sus connotaciones. Pretende dar un mensaje de mesura y de disposición al diálogo con todos los actores del escenario internacional. A su vez, también es coherente con la perspectiva de convertir al aparato de Cancillería en un motor del comercio exterior, tal como enunció el propio Fernández.

En la asunción del 10 de diciembre no abundaron las grandes figuras internacionales, más bien todo lo contrario. Las presencias del Ministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, y del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, que fue invitado especialmente, se destacan porque son señales importantes en el escenario regional. Vale agregar que formalmente Rodríguez estaba inhabilitado de entrar al país porque el 3 de diciembre el gobierno saliente firmó una resolución del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que establece que esa prohibición a quienes tienen sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tal es el caso de 28 funcionarios venezolanos.

La comitiva que representó al gobierno de Trump en los actos de asunción se encargó de manifestar su disgusto. Mauricio Claver, asesor presidencial y director de Seguridad para el Hemisferio Occidental, se negó a participar de la ceremonia. Aunque sí lo hicieron Michael Kozak, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y el embajador Prado. De hecho, ambos mantuvieron una reunión formal con Fernández y Solá el 11 de diciembre.

El Frente de Todxs en el congreso

Pasado el 10 de diciembre el Congreso estará en el foco de atención cuando en sesiones extraordinarias trate los proyectos para declarar la Emergencia Económica, Sanitaria y Social.

El mapa del Parlamento quedó delineado con una mayor polarización respecto de años anteriores. Hay dos bloques claramente mayoritarios y pocos agrupamientos menores que seguramente tendrán un peso relativo mayor a la hora de dar quórum y de definir votaciones muy peleadas.

Como parte de los acuerdos preelectorales del FDT, en la Cámara de Diputados, la presidencia quedó en manos de Sergio Massa. El bloque del oficialismo, que suma 120 legisladorxs, estará presidido por Máximo Kirchner. Luego de la sangría de tres integrantes, el Interbloque Juntos x el Cambio, presidido por el radical Mario Negri, quedará con 116.

El escenario se completa con el Interbloque Federal que aglutina a los sectores que apoyaron la candidatura de Roberto Lavagna (más los cordobeses que responden a Schiaretti) y reúne 10 diputadxs; del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo hay 8 legisladorxs con buen diálogo con el oficialismo (ahí se destacan los 3 diputadxs del Frente de la Concordia misionero). Y por último con los dos diputadxs del FIT y una diputada del Frente Popular Neuquino.

En el Senado el oficialismo tendrá una mayoría mucho más clara, heterogénea y polémica. A último momento sumó a Adolfo Rodríguez Saa, confirmó la participación de Carlos Menem y tendrá que atravesar la situación de José Alperovich, quien entró en licencia por seis meses luego de haber sido denunciado por violación. Con mucho más peso del peronismo tradicional que encarna la mayoría de los gobernadores, tendrá quórum propio (42 de 72 senadores) y quedó muy cerca de los dos tercios. La presidencia del bloque quedó a cargo del formoseño José Mayans.

Buenos Aires tiene nuevo gobernador

Luego de la ceremonia nacional también asumió el nuevo Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hasta el momento uno de los más progresistas en la historia reciente de la provincia insignia. Con un acto rodeado de dirigentes bonaerenses y figuras nacionales también se mostró cercano a las multitudes recorriendo la plaza San Martín junto a su esposa y sus hijos. En un discurso muy centrado en la herencia recibida y la crisis económica de la provincia, se comprometió a priorizar el entramado productivo, valorizando el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, hizo hincapié en la importancia de restaurar derechos perdidos y prometió integrar la provincia con sus municipios. Por otro lado, también retomó uno de los temas más sensibles de lo que fue la gestión de Maria Eugenia Vidal: su ataque constante a los y las docentes provinciales. Recuperó la centralidad de la educación pública y la labor de lxs educadores, y homenajeó a Sandra y Rubén, víctimas de la explosión de una garrafa en una escuela de Moreno. Así también anunció suspender el tarifazo eléctrico de última hora que había anunciado la ex-gobernadora durante noviembre y cerró con una cita de un histórico gobernador provincial, Antonio Cafiero: “El que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros, hace historia”. Queda por verse si la convicción y la inteligencia podrá con la provincia que todos sueñan gobernar pero que muy pocos lo lograron con éxito, y que en esta coyuntura específica se encuentra en una crisis estructural severa tras la gestión de Vidal y los ocho años de Daniel Scioli.

El jueves 12, un día después de la asunción del gobernador, juraron los y las ministras del gabinete provincial. Un gabinete con poca incidencia de los intendentes en su conformación (8) y con dos alas muy marcadas: por un lado un grupo – mayoritario – con un perfil joven y universitario, muy cercano al círculo más propio de Kicillof, y por otro lado funcionarios con más recorrido en la gestión pública como es el caso de Sergio Berni, Julio Alak, Daniel Gollan y Teresa García. Algunas fuentes señalan que esta triada, Berni – Alak – Gollan, la armó o sugirió Cristina Fernández de Kirchner, privilegiando sus experiencias previas en la gestión nacional (9).

Este parece ser el caso de Sergio Berni, ex Ministro de Seguridad de la Nación durante los últimos años del gobierno de Cristina, artífice del protocolo antipiquetes, del policiamiento de la seguridad, de la utilización de la gendarmería, entre otras medidas criticadas por parte de la sociedad civil y organizaciones sociales. Un funcionario que desmanteló parte de lo que había sido la gestión de Nilda Garré y se encargó de dejar allanado el camino para lo que luego fue la exacerbación autoritaria de Patricia Bullrich. Berni será el encargado de la gestión de la seguridad, y principalmente de la policía bonaerense, en un contexto social y político delicado: el delito callejero y la violencia interpersonal se mantienen como un problemas importantes, al mismo tiempo que la policía provincial es una de las más grandes del país, y las cárceles están en su máximo histórico de detenidos. Sin ir más lejos la semana en la que asumió el nuevo gobernador los y las detenidas del sistema penitenciario bonaerense se encontraban en huelga de hambre exigiendo mejores condiciones de vida y la aplicación de las leyes que garantizan sus derechos dentro de las cárceles. En parte interpelados por el discurso de las nuevas autoridades nacionales sobre la injusticia que implica la prisión preventiva.

Con este panorama todo parecería indicar que la nueva gestión provincial hizo una apuesta conservadora en el área de Justicia y Seguridad: funcionarios con experiencia en la materia, sin demasiadas nuevas ideas pero leales a la conducción. En un contexto latinoamericano marcado por un protagonismo fuerte de las fuerzas de seguridad parece ser un objetivo mantener leal a la tropa. No siempre la lealtad se logra con dureza, habrá que ver si se tiene el éxito esperado: evitar escándalos de una policía muy involucrada en los mercados ilegales y sortear insubordinaciones. Mientras en este punto parece haber una tendencia a mantener cierto status en el resto de las carteras se muestra una renovación de cuadros importante, ocupadas por profesionales jóvenes cercanos al Gobernador, o dirigentes con trayectorias militante como es el caso de Fernanda Raverta (la cámpora) y Estela Díaz (CTA). La primera encargada de desarrollo comunitario y la segunda al mando del nuevo ministerio de las mujeres y la diversidad, un paso más que importante en el contexto actual (10). Al mismo tiempo, hubo anuncios prometedores en el área productiva y en jerarquizar las necesidades urgentes de los bonaerenses (11). Otro de los puntos importantes anunciados por Kicillof tiene que ver con territorializar la labor de las universidades que se encuentran en Buenos Aires, revalorizando así el sistema educativo universitario mediante la creación del Consejo Interuniversitario Bonaerense, que estará a cargo de Florencia Saintout (12).

Situación económica: lo que Macri nos dejó

Más allá de las potencialidades y las expectativas que se abren en diversas áreas con el nuevo gobierno, el área económica tendrá una importancia decisiva en los próximos meses. Por un lado, porque efectivamente el resultado electoral expresó un descontento con la situación económica concreta y, por otro, porque los condicionamientos que deja el proyecto neoliberal en estos cuatro años, sumado al contexto global de tensión económica entre China y Estados Unidos, será un lastre significativo.

Uno de los saldos que deja el gobierno de Macri es la profundización de la recesión y la orientación pro financiera del modelo económico. La actividad económica se redujo sistemáticamente a lo largo del año y llegamos a fin de año con niveles de recesión, es decir caída del PBI, de alrededor de 3% (13). Si tomamos como referencia el año 2015, la caída del producto en todo el mandato de Cambiemos se acerca al 5%. Claro que esta caída sostenida de la economía tiene su explicación en base al modelo excluyente que el gobierno saliente llevó adelante donde los sectores vinculados a la energía, las finanzas y servicios públicos (agua, luz y gas) fueron los grandes beneficiarios, mientras que los sectores productores de bienes y servicios fueron los perjudicados al interior del empresariado (14). Evidentemente, dentro de este último sector, las empresas pequeñas y medianas son aquellas que representan la mayor parte del empleo en el país, sufrieron las pérdidas más significativas.

La contracara de esta caída de la producción es, por supuesto, el derrumbe de las variables de la demanda interna: consumo e inversión. Todo el período de Cambiemos es una muestra clara de que la estrategia de reducción del consumo popular y la supuesta salida inversora-exportadora para crecer no es más que un cuento neoliberal repetidamente refutado por la historia. El consumo cayó 6% desde 2015, la inversión productiva un 13% y las exportaciones crecieron sólo un 4% de la mano de la venta de commodities que facilitaron tanto la baja de retenciones como las sucesivas devaluaciones del peso (15). La política “amigable” a los inversores, no fue asumida de esa manera por el propio empresariado y la recesión acentuó cada vez el consumo que, en lo que va del año cayó un 12% en relación a 2018. En definitiva, la estrategia de crecimiento de Cambiemos fue un fracaso en sus propios términos y deja el saldo de un tejido industrial deteriorado, con problemas de competitividad acentuados por los aumentos de tarifas y el encarecimiento constante del crédito, una reducción notable del mercado interno y la inversión productiva.

La causa de este deterioro del mercado interno hay que buscarla, por supuesto, en la cuestión distributiva: si algo dejó como herencia el proyecto económico de Cambiemos es una caída sostenido de los ingresos del pueblo trabajador. La acentuación inflacionaria de los últimos meses de gobierno, producto de la convalidación de las corridas cambiarias post-PASO, con tasas por encima del 4% por mes desde agosto a noviembre, situó al salario real y otros ingresos fijos en niveles cada vez más bajos. Lxs trabajadorxs perdieron más de 7,5% de su capacidad de compra entre septiembre de este año y septiembre del año pasado, a causa de los incrementos de precios que, sobre todo, se concentraron en la segunda mitad del año (16). Aún más visible es el dato para los sectores más vulnerables dentro de la clase trabajadora asalariada, los sectores informales, que tuvieron impactos aún mayores sobre su poder compra. Por su parte, las jubilaciones y pensiones tuvieron aumentos que las dejarán 4% por debajo de la inflación proyectada para el año, que se estima en un 55%. En todo el período de gobierno de Cambiemos, tuvimos una caída promedio de los salarios en blanco de más de 20%, lo cual muestra a las claras el carácter regresivo del modelo económico neoliberal.

Dos datos por demás importantes aquí son los resultados en términos de pobreza y, de un fenómeno que se acentuó en los últimos años, el de lxs trabajadorxs asalariados pobres. La pobreza estimada de acuerdo a la Canasta Básica Total superó en la última medición publicada al mismo momento en que Macri se despedía de la presidencia, superó el 40% de los hogares de la Argentina. A su vez, un número de trabajadores asalariados significativo (también un 40%) recibe un ingreso que no le permite llegar a fin de mes, lo cual implica que esas familias trabajadoras recurren a otras estrategias de financiamiento de su consumo necesario (deudas de corto plazo o consumo de los ahorros familiares) (17).

Esta parte de la herencia tiene al menos tres puntos importantes que aparecen como desafíos para el nuevo gobierno. En primer lugar, si tal como lo planteó en su discurso de asunción Alberto Fernández la recuperación de los ingresos de lxs trabajadorxs, y en particular de los más postergados, es una prioridad, el deterioro salarial y de ingresos de sectores empobrecidos es tan importante que requerirá de: por un lado, una gran masa de recursos fiscales, con los que no cuenta de manera efectiva, para sanear los ingresos de lxs trabajadorxs estatales, los sectores pobres sin empleo o con empleo precario y las jubilaciones; por otro, una reactivación de los convenios colectivos donde primen nuevamente las necesidades de lxs trabajadorxs frente a las demandas empresariales de reducción de costos laborales. En segundo lugar, el control de la inflación en un contexto en el cual la inercia y la dispersión de precios relativos se presenta en toda su dimensión, en particular en los bienes de la canasta básica. Sobre esto, el plan AlimentAR, lanzado por estos días desde el Ministerio de Desarrollo Social, representa una medida urgente que muestra la voluntad de comenzar a restablecer precios de referencias en los bienes de primera necesidad. En tercer lugar, la tensión cambiaria latente representa un aspecto que no puede descuidarse en relación a la evolución de los precios internos que se acoplan a las variaciones del tipo de cambio. En este sentido, el gobierno de Mauricio Macri deja un acumulado de devaluación de 450% del peso respecto al dólar en los cuatro años de gobierno, lo cual dificulta las chances para mejorar la balanza comercial a través de un simple movimiento del tipo de cambio sin acentuar aún más la presión inflacionaria. Claro que la estabilidad actual sostenida en un control de cambios muy irrestricto representa una preocupación para el gobierno de Fernández. El ministro Martín Guzmán planteó con cierta claridad que no es posible ni deseable liberalizar el mercado cambiario en el corto plazo, pero a su vez las presiones del gran empresariado para que esto ocurra serán crecientes.

Por último, y quizá es el elemento que más atención se ha llevado en los últimos meses y por el cual tuvo peso específico la decisión de Alberto Fernández de volcarse por Guzmán como Ministro de Economía, tiene que ver con el tratamiento que se le va a dar al endeudamiento público. El peso de la deuda con privados y con el FMI que deja el gobierno de Macri se encuentra alrededor del 100% del PBI, con un perfil de vencimientos de corto plazo y con tasas de interés muy elevadas. En este marco, el nuevo gobierno planteó desde el inicio la necesidad de acoplar la capacidad de pago del Estado a la dinámica de crecimiento económico, retomando la idea que tuvo lugar en su momento como eje de la renegociación de deuda del 2005 (18). El problema central pasa por la capacidad efectiva de suspender los pagos de intereses y capital temporalmente, cambiar el perfil de vencimientos y especificar montos de quita de esta deuda. Estos elementos aún se desconocen en detalle, más allá de que las negociaciones tanto con los acreedores privados como con el FMI se iniciaron incluso antes de la asunción de Alberto Fernández.

Pujas e intento de condicionamientos

A pesar del periodo de gracia que tiene todo nuevo gobierno, la situación actual es tan delicada que no se sabe si ese momento existirá o será la calma que antecede al huracán. Los actores principales del empresariado local todavía se están reacomodando frente a las novedades políticas y las demandas que ya planteó el nuevo gobierno. Algunos más esperanzados (19) y otros más distantes (20), todos esperan alertas los pasos de Alberto y su gabinete económico. El frente más difícil está en el sector agroexportador. Durante los meses de transición quedó bastante claro que sería uno de los sectores privilegiados para ir a buscar parte de las divisas que escasean y desde la sociedad rural fueron dando algunas señales confrontativas frente al nuevo gobierno.Durante noviembre la Sociedad Rural Argentina emitió un comunicado (21) con la finalidad de marcarle la cancha a la gestión de Alberto Fernández al rechazar una eventual suba de retenciones a las exportaciones y cuestionar, a la vez, el déficit de las cuentas públicas. Por su parte, el nuevo presidente de la nación remarcó en su discurso inaugural que los sectores que mejor están deben hacer un esfuerzo para “poner a la argentina de pie”. Tal es así que a pocos días de asumir la nueva administración decidió subir, por decreto, las retenciones a los productos agrícolas: gravando una alícuota de 9% para la mayoría de los productos y de 27% para la soja. A pesar de la novedad de la noticia los porcentajes no son más elevados de los que había colocado Macri durante su gestión, a diferencia de que en ese caso se cobraba una parte del total en pesos, que con las sucesivas devaluaciones quedó sumamente desfasado.

Al momento del cierre de este boletín los sectores del agro todavía no habían emitido declaraciones en conjunto, aunque la mesa de enlace se reunió de inmediato. Algunos voceros aislados señalaron no haber sido consultados e indicaron el impacto negativo que va a tener sobre la rentabilidad. Así también se encargaron de señalar de que la del próximo año será una cosecha complicada (22). A esta situación se le suma, una baja en los precios de los granos a nivel internacional y una situación en tensión con nuestro vecino Jair Bolsonaro quien, para complacer a Donald Trump, ha aumentado la compra de trigo a EEUU, reduciendo las compras nacionales (y yendo en contra de los acuerdos del Mercosur). Lo cual puede traducirse en más aumentos de precios o mayor especulación en la liquidación de dólares.

Por otro lado, el banco privado más importante del país también viene dando señales de presión frente al nuevo gobierno. Con un ex ceo abiertamente a favor de Mauricio Macri y habiéndose involucrado en la campaña electoral, la nueva gestión del banco, que en principio parecía más dispuesta a negociar, pateó el tablero y anunció un aumento importante (50 al 90% anual) en las tasas de interés por financiar compras con tarjeta de crédito. Luego, casi inmediatamente se le sumaron el BBVA y el Galicia. Este tipo de medidas entorpecieron los convenios que había vigentes con las cadenas comerciales para ofrecer productos y servicios en cuotas sin interés, lo cual seguramente tenga consecuencias en las ventas comerciales (que ya están en picada) y en la tan buscada reactivación del consumo.

La industria, por su parte, aparece más alineada a las intenciones del gobierno entrante de crecer mediante la producción, aun cuando los aplausos para el presidente electo fueron un poco tímidos en la última Conferencia Anual de la UIA. El problema, prevén, será con los productores y exportadores de cereales y oleaginosas. En las retenciones y en Bienes Personales pueden que estén los cambios necesarios para aumentar la recaudación y es probable que sea un frente de conflicto con estos sectores.

A modo de cierre

Después de una transición más larga de lo habitual, Alberto Fernández asumió la presidencia y concluyó la experiencia de la Alianza Cambiemos en el Gobierno Nacional. La llegada del nuevo gobierno se vivió como una bocanada de aire fresco, no sólo por lo que se termina sino también porque despierta esperanzas en una parte importante de la población. El festejo enorme que se vivió en Plaza de Mayo da cuenta de esto.
Si nos guiamos por sus propuestas de campaña, su discurso inaugural y sus primeros movimientos, Alberto Fernández intentará poner en primer plano las necesidades urgentes del país, colocando en el centro a los sectores que más padecieron las políticas macristas y la crisis económica en curso. Y apuntará a poner en marcha su propuesta de largo plazo sintetizada en las nociones de Nuevo Contrato de Ciudadanía Social y Proyecto de Desarrollo Nacional, cuyos pilares aparecen más difusos.
El nuevo gobierno ya tomó algunas medidas importantes que marcan la impronta inicial, al menos en algunas áreas relevantes que lo diferencian claramente de su antecesor. Actualizó el protocolo de acción para la Interrupción voluntaria del embarazo, le otorgó refugio político a Evo Morales, presentó los criterios más generales que guiarán su política económica, subió retenciones al agro, decretó la doble indemnización para frenar los despidos, y se reunió con supermercadistas para comenzar a regular los precios en góndola. También derogó el decreto, firmado por Macri a último momento, que modificaba la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas.
El anuncio de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia para establecer un proceso de reestructuración y enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema judicial es otro dato saliente. El hecho de proponerse avanzar con reformas que tocan intereses de estas verdaderas corporaciones -actores poderosos pero también sumamente desprestigiados- adelanta conflictos muy probables. A su vez, esta línea de acción supone un balance crítico respecto del período anterior y de los fallidos intentos referidos a estos temas encarados por la administración encabezada por Cristina.
El movimiento feminista y el de la economía popular tienen un lugar significativo en el discurso del nuevo presidente. Referentes de esos sectores también ocuparán espacios relevantes en el organigrama estatal. Es de esperar que los sujetos emergentes y más dinámicos de la etapa anterior también tengan un papel importante en la etapa que se abre. Como parte de ese proceso, el 21 de diciembre se lanzará oficialmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una herramienta gremial que nucleara a las organizaciones de más peso en el sector: CTEP, Barrios de Pie, CCC y el Frente Popular Darío Santillán. Este paso significa, en lo formal, la unificación de sus personerías. En lo político-sindical, un salto de crecimiento e intentar rubricar la integración a la CGT.
En medio de un escenario regional y mundial convulsionado, atravesado por disputas de magnitud, la política exterior es y será un frente fundamental del desempeño del gobierno que comienza. En este punto esa política se ha movido en función de una serie de principios: defensa de la democracia y de la autodeterminación. Y se ha traducido en posturas y acciones concretas. Condena activa al golpe de Estado en Bolivia y denuncia de las políticas de guerra judicial contra opositores. Queda clara la necesidad de construir un eje “progresista” con México y apuntar a una relación lo más seria posible con Brasil, Pragmatismo con EEUU, tratando de mostrar firmeza pero también vocación de diálogo (de ahí por ejemplo el anuncio de mantenerse en el Grupo de Lima). Sostener y consolidar los vínculos con China y Rusia.
En el plano económico y financiero el gran desafío que se propuso el gobierno es romper la dinámica de recesión/ajuste/endeudamiento que caracterizó el período anterior y reactivar la economía para generar empleo, mejorar el esquema distributivo y afrontar los compromisos con los acreedores. Se sabe que la negociación con el FMI es fundamental. La estrategia prevee un tiempo de moratoria al menos por dos años. El gran interrogante es si, en un marco internacional poco favorable, eso será suficiente para afrontar esas obligaciones y dar respuesta a las urgencias sociales que el propio presidente ha señalado como parte de su hoja de ruta.
En el discurso inaugural y los anuncios posteriores hubo algunos silencios importantes. La política hacia el sector energético y minero, específicamente que se hará con Vaca Muerta y con el modelo de megaminería, suponen asuntos estratégicos, sobre los cuales todavía -más allá de algunas señales- no hubo gestos claros. No solo por el carácter de esos bienes comunes sino por la posibilidad que tienen esas actividades de generar las divisas que tanto escasean. Las que sí se pronunciaron al respecto fueron las asambleas anti megaminería que le enviaron una carta a Alberto Fernández cuestionando la designación del secretario de minería y exigiendo que se respeten los territorios.
En un escenario todavía muy abierto, es muy probable que las pujas “por arriba” no tarden en ponerse de manifiesto más abiertamente. En el gran empresariado hay sectores expectantes, dispuestos a acompañar, y otros claramente están en guardia. Qué pasará por abajo es una gran incógnita. No es de esperar ni un ciclo de conflictividad creciente que tenga como protagonistas a las organizaciones sindicales, pero tampoco la inexistencia de confrontaciones más o menos importantes. El punto será cómo se termine de procesar (y donde quedará establecido) el piso del proceso de retroceso que han sufrido lxs trabajadorxs y qué condiciones habrá para apuntar a un ciclo de nuevas conquistas. En este terreno se escribirá un capítulo clave de la etapa que se abre.