El caso Vicentín. Debates sobre agronegocios y soberanía alimentaria

1. Introducción
2. La intervención de Vicentín: ¿definición por penales o muerte súbita? por Patricio Vértiz, Colectivo “Crisis socioambiental y despojo”, Instituto Tricontinental de Investigación Social
3. Vicentín y el rol del Estado para definir el modelo agropecuario en Argentina por María Eugenia Ambort, Integrante de la Coordinación Nacional del MTE Rural
4. Vicentín y la historia del saqueo en Argentina por Ing. Leonardo Bianchi y Oscar Soto, Ingeniero y militante social / Politólogo e integrante del Centro de Educación Formación e Investigación Campesina de la UST, MNCI Somos Tierra
5. “Nosotros vemos muy bien la intervención de Vicentín por el sólo hecho de garantizar los puestos de trabajo y el cobro de los salarios” Entrevista a Daniel Yofra, Secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, desmotadores de algodon y afines
6. El antes y después de Vicentín por Omar Príncipe; Integrante de la la Federación Agraria Argentina (FAA)
7. Vicentín y la posibilidad de intervenir en la cadena alimentaria. Hacia la soberanía alimentaria. Una empresa pública de alimentos por Ain Mora, Damaris Pacchiotti, Jesica Pellegrini y Natalia Pérez Barreda, Integrantes de Ciudad Futura, Rosario y Santa Fe

Introducción

Los resultados de las elecciones primarias de agosto del año pasado anti­ciparon en nuestro país una serie de debates sobre el tipo de orientación que debería asumir el próximo gobierno para enfrentar la delicada situa­ción económica tras cuatro años de políticas neoliberales. Luego de la derrota definitiva del macrismo en octubre y, fundamentalmente, tras el cambio de mando en diciembre, estas discusiones comenzaron a intensi­ficarse entre los movimientos populares e, incluso, al interior del Frente de Todos. La magnitud de la crisis económica planteaba con urgencia la necesidad de resolver las políticas efectivas para sortear la situación y, en particular, la pregunta sobre las espaldas de quiénes debería recaer ese esfuerzo.

La llegada de la COVID-19 a mediados de marzo reconfiguró este cua­dro de situación y, a medida que la expansión de la pandemia se agravaba en diferentes puntos del globo, fue ocupando un lugar central en la agen­da. Simultáneamente, la crisis internacional, potenciada por los efectos del virus, asestó un duro golpe a la ya crítica economía nacional. No obs­tante, el correcto abordaje inicial de la pandemia por parte del ejecutivo nacional, que puso por delante la salud de la población, tiñó de una gran legitimidad al gobierno de Alberto Fernández y sirvió como un período de gracia para posponer algunos debates.

Por otra parte, los impactos de la pandemia abrieron una serie de dis­cusiones sobre los posibles cambios en el orden global una vez que se lograse controlar la COVID-19. Asimismo, las regresivas consecuencias que deparó la manera de enfrentar la enfermedad por parte de los mejo­res alumnos del Consenso de Washington puso en jaque parte del ideario neoliberal, reactivando viejos debates sobre cuál debe ser el lugar que ocu­pen los Estados en diferentes aspectos de la vida social; entre ellos, el rol que deben asumir en la economía.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández propuso la intervención de la firma Vicentín SAIC, una de las principales compañías agroex­portadoras de Argentina, y el envío de un proyecto de expropiación al Congreso Nacional. Las razones para ello son muchas, sólo basta revisar los informes elaborados por Claudio Lozano, uno de los actuales directo­res del Banco Nación, para escandalizarse por la magnitud de semejante estafa que golpea a miles de productores, cooperativas, centros de acopio, bancos públicos y privados y, en un plano general, a la sociedad toda.

La medida fue recibida como una declaración de guerra por buena parte de las clases dominantes, quienes rápidamente en defensa de la propiedad privada, salieron a repudiar la expropiación activando su poderío mediáti­co y judicial. Una demostración de que estos sectores no están dispuestos a “poner el hombro”, ni a resignar minimamente sus privilegios ni a acep­tar el avance de una regulación público estatal en pos del bien común y de las mayorías. Repasando la historia argentina podría decirse que por más que se les hable con el corazón, siempre responderán con el bolsillo.

Sin embargo, la propuesta de la intervención público estatal en el cora­zón de los agronegocios no nace de la nada. Existe en nuestro país un heterogéneo y amplio conjunto de fuerzas político-sociales que ya habían planteado desde hace tiempo medidas en esa dirección. Organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas de pequeños y medianos chachareros, federaciones de trabajadores agroindustriales, sectores de la academia y de las instituciones públicas vinculadas al agro, entre otros, desde hace tiempo vienen planteando la necesidad de impul­sar una serie de transformaciones estructurales en el funcionamiento del sistema agroalimentario argentino. En esta historia vale la pena resaltar los debates, acuerdos y propuestas que surgieron del Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular realizado en mayo de 2019. Una de ellas justamente se refiere al planteo de que el Estado nacional participe y ejerza algún tipo de control en el comercio exterior de granos, aceites y derivados.

En este sentido, las contribuciones que componen este cuaderno bus­can poner el foco en estas reflexiones y experiencias de los protagonistas directamente afectados para abordar este debate que puso en vilo a la sociedad argentina durante las últimas semanas. Este criterio es el que orienta la labor del Colectivo de Investigación sobre “Crisis socioambien­tal y despojo” de la Oficina Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social en el que se inscribe la elaboración de este material. Así, luego de una contribución introductoria propia, pueden escuchar­se algunas voces de organizaciones representativas de estos sectores que plantean su visión sobre las propuestas de intervención y expropiación del grupo Vicentín, el tipo de modalidad de gestión que debería asu­mir la firma en un futuro, las implicancias que tendría en términos de la soberanía alimentaria, las alternativas planteadas, entre otras cuestiones. Agradecemos a todxs ellxs por haber acercado sus consideraciones y espe­ramos que este material contribuya a fortalecer los debates y las prácticas transformadoras.