No es no. La megaminería no tiene licencia social en Chubut

Una historia de lucha

Chubut es cuna de la resistencia contra la megaminería. Desde el 2001 en adelante una gran parte de los ciudadanos chubutenses nos encontramos en estado de lucha permanente contra cualquier intento de imponer estos proyectos megamineros. Podemos citar como precursores de esta lucha a los vecinos auto-convocados del “No a la mina” de la ciudad de Esquel; un ejemplo seguido por referentes y comunidades de los pueblos originarios, por las asambleas por el agua, las asambleas ciudadanas, los movimientos sociales y ambientales, los vecinos auto-convocados con diferentes denominaciones, así como también por los sindicatos nucleados en la Mesa de Unidad Sindical de la Provincia; entre ellos nuestro Sindicato de Salud Pública (SISAP)

Esta Mesa de Unidad Sindical surgió en noviembre del 2017 en rechazo a las reformas laboral, fiscal, previsional y educativa promovidas por el gobierno de Macri y luego, ante la profundización de la crisis económica e institucional en la provincia bajo la gestión de Arcioni, se manifestó en defensa de los derechos de los trabajadores y contra la megaminería así como impulsó alternativas como el proyecto de ley tributaria extraordinaria. Integrada inicialmente por las representaciones provinciales de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y delegaciones locales de la CGT, durante la pandemia fue perdiendo fuerza así como las presiones político partidarias resquebrajaron la unidad lograda y favorecieron acuerdos salariales particulares. A pesar de ello el 4 de marzo una mayoría de gremios integrantes de la Mesa junto a otras organizaciones populares realizaron un nuevo “paro ambiental con movilizaciones” contra la megaminería y la corrupción en la provincia.

Así la lucha y resistencia provienen de distintas realidades, orígenes, situaciones, posiciones y circunstancias, lo cual  aportó una riqueza y renovación constante, necesarias para el mantenimiento de la resistencia pero también como modo de fundamentación de que “No es No”. En ese sentido, a lo largo de estos 20 años se ha mantenido de forma contante la posición anti-megaminera de la mano del pueblo  por medio de marchas, foros, documentos, acciones judiciales, talleres, charlas, disertaciones, eventos culturales y hasta cortes de rutas; todo como un mecanismo de democracia semidirecta en pos de la defensa del territorio, el medio ambiente, el agua y, por ende, de la salud pública.

El Proyecto Navidad

Al reciente gran proyecto extractivista, de megaminería a cielo abierto, en la provincia de Chubut se  lo conoce como Proyecto Navidad. Situado en la localidad de Gastre, al norte y centro de  nuestra provincia, en plena meseta de la Patagonia; distintas fuentes aseguran que se trata del depósito de plata conocido más grande del mundo sin explotar aún.

La forma en la que se intentó avanzar con este proyecto de explotación no respetó la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios de la zona, que es de carácter obligatorio a partir del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. En ese sentido, distintas comunidades Mapuche-Tehuelche de la meseta donde se ubica el yacimiento demandaron que no se tratara por verse vulnerados sus derechos como comunidades indígenas. Por otra parte, la posibilidad de poner operativo el emprendimiento se encontraba impedida por la vigencia de la Ley N° 5.001 que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto con utilización de cianuro en los procesos productivos en toda nuestra provincia.

Ante la dificultad de llevar adelante el Proyecto Navidad, los grupos económicos y sus aliados oficiales intentaron imponer una serie de modificatorias a la Ley N° 5.001 en el seno de la Legislatura provincial a partir del 2018, concluyendo en la actualidad con el impulso al proyecto de zonificación minera que, con muchas idas y vueltas, sigue latente como idea oficial para implementar si o si la megaminería en los Departamentos de Telsen y Gastre. Una zona de meseta, desértica y con una actividad ganadera que ya fue castigada por muchas pérdidas de animales producto de las inclemencias del tiempo, las nevadas, y las cenizas; y que ahora se ve amenazada por este proyecto megaminero.

El principal lobby detrás de esta embestida lo realiza la gigante corporación canadiense Pan American Silver (PAS). Esta transnacional busca avanzar con el Proyecto Navidad que supondría la extracción de plata, plomo y cobre bajo una minería a cielo abierto que tendría unos 18 años de vida útil. Desde que adquirió el proyecto en 2010, PAS lidera los esfuerzos de juntar voluntades para derogar la ley antiminera que lograron los vecinos de Esquel en 2003, movilizados contra la también canadiense Meridian Gold. Sólo en 2019, de acuerdo a una denuncia de la organización Mining Watch, Pan American Silver habría gastado seis millones de dólares en “actividades comunitarias” y “cuidado y mantenimiento”, sin ofrecer mayores detalles de estos egresos según el informe. Sin embargo, los reportes de transparencia que la empresa presenta en Canadá no dan cuenta de estos gastos.

En el 2020 y en lo que va del 2021 se produjo un recrudecimiento de la acción del gobierno provincial encabezado por el gobernador Arcioni, con el apoyo de diputados provinciales, del gobierno nacional, de algunos gremios como la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y los petroleros, y de otros lobistas. Aprovechando la crisis económica que afecta al Estado provincial y la necesidad de la gente,  por todos los medios, arremetieron nuevamente con el  proyecto de zonificación minera en la meseta en el centro de Chubut. Un momento de crisis social, política y económica profunda en la provincia, una crisis económica producto de las malas y corruptas administraciones que se profundizó en estos últimos años, quiere ser utilizado por el propio gobierno para avanzar con el proyecto extractivista. Asimismo, el gobierno provincial desplegó una política represiva intentando contener al pueblo chubutense .En este sentido, durante la cuarentena hubo 4.551 detenciones incluyendo vecinas por baldear la vereda o valerosos enfrentamientos a balazos con repartidores de comida. La policía obligó a desnudarse a mujeres demoradas, se abrió un gimnasio municipal como centro de detención en Trelew, hasta que los recursos de amparo y hábeas corpus hicieron que el Poder Judicial ordenase detener esas muestras de violencia institucional contra la población.

La lucha y resistencia del pueblo

Ante esta situación, el pueblo, desde sus diferentes organizaciones y posiciones  demostró en las calles en innumerables marchas que la megaminería no tiene licencia social. En este sentido, convocadas por las asambleas locales se realizaron marchas, incluso en todo el país, bajo el lema #ChubutAGUAzo y #NoEsNo. Estas masivas movilizaciones —como las de Mendoza de fines de 2019— son el más claro indicio de la sensibilidad ecosocial que crece y se consolida en Argentina. El desarrollo infinito basado en el modelo extractivista se demostró injusto e insostenible. El pueblo lo sabe y le pone un límite claro. La respuesta del gobierno de Chubut fue y sigue siendo la persecución y la represión de asambleístas, de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que siguen defendiendo la vida.

Además de las marchas, los cortes de ruta, los recursos de amparo, se presentó ante la Legislatura Provincial el proyecto conocido como “iniciativa popular”, que con más de 30.000 firmas impulsaba una ley que ratificaba y precisaba la prohibición de la megaminería contaminante. Pero, frente a un proyecto de origen social, popular, democrático y constitucional; los legisladores, que debieran ser representantes del pueblo, lo desestimaron desconociendo la voluntad popular.

El tiempo es un bien preciado. El impacto de avalar la avanzada extractiva vulnerando derechos y en contra del pueblo movilizado podría ser enorme y pone en difícil situación no sólo al gobierno de Chubut sino también al nacional.

En cuanto a nuestro participación en la lucha contra la megaminería, referentes, dirigentes y afiliados/as de nuestro sindicato han sido y siguen siendo activos manifestantes junto al pueblo, participando en marchas, asambleas y distintas actividades sociales y culturales. En una Provincia con  una deuda salarial acumulada desde el año 2019; donde el  gobierno congeló las paritarias en 2020 y votó en la legislatura en diciembre del 2020 un nuevo congelamiento salarial por 180 días; con un presupuesto para el 2021 que redujo las partidas de salud y educación, mientras subió las destinadas al pago de la deuda externa; el pueblo sigue de pie  y nuestro sindicato sigue luchando también por salarios dignos en tiempo y forma; cancelación de la deuda salarial en un solo pago; recomposición salarial del 50%; pago de retroactivos; recategorización; y paritarias ya. No cambiamos  salarios por megaminería; queremos  la tierra, el agua, y nuestra vida libre de despojos y saqueos.

Referencias

[2] Puede verse en https://www.facebook.com/SISAPSALUDPUBLICA/videos/680297869521013/