La doble cara de las políticas migratorias del Norte hacia el Sur Global

Las relaciones desiguales entre el Norte y el Sur

Los desplazamientos migratorios que se dan desde los países del Sur a los del Norte Global encierran una paradoja importante, pocas veces trabajada: los mismos países que son destinatarios de los principales movimientos migrantes —tanto regulares como irregularizados— son los responsables de las condiciones estructurales de dependencia y crisis permanente en que se encuentran muchos países del Sur Global. Los países del Norte, considerados desarrollados, sostienen la asimetría de poder mediante la extracción de conocimiento y riqueza de los países periféricos, y de la explotación de trabajo precarizado de los y las inmigrantes en sus economías. Los países europeos y Estados Unidos son mayormente los destinatarios y responsables de los principales flujos migratorios contemporáneos, provenientes del Mediterráneo, África, los Balcanes, Asia y América Latina y el Caribe.

El proceso de desigualdad global entre el Sur y el Norte genera dinámicas de exclusiones y opresiones —de clase, género, raza y nacionalidad— que son causantes de los desplazamientos de miles de personas en todo el mundo. Los datos muestran que el sistema capitalista ha profundizado la desigualdad mundial en los últimos años. El 1 % de la población mundial más rica —que se encuentra mayoritariamente en Estados Unidos y en menor medida en Europa— posee más del doble de riqueza que 6900 millones de personas, según datos de OXFAM. El 85 % de la población más pobre del mundo vive en Asia Meridional y África subsahariana, siendo América Latina la región más desigual. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que profundizar estas desigualdades entre el Norte y el Sur. Los más ricos vieron acrecentar sus ganancias —su riqueza total equivale actualmente al 13,9 % del PIB mundial— mientras que en 2021 el 40 % más pobre de la humanidad sufrió el declive más pronunciado en ingresos: cayó en promedio un 6,7 %. Esto ha generado, en 2020, un aumento del 0,3% de la desigualdad de ingresos entre las economías emergentes y en desarrollo, según el índice de Gini (OXFAM, 23/05/2022).

Las consecuencias de las desigualdades y del proceso de pauperización y despojo que sufren los países del Sur Global ponen en riesgo la subsistencia de sus poblaciones. La crisis de la reproducción social —de la vida y la naturaleza— generada por el capitalismo neoliberal produce las condiciones estructurales y coyunturales de las migraciones forzadas. Las potencias imperialistas, que impulsan estas políticas depredatorias sobre el Sur y fuerzan a desplazarse a miles de personas, son quienes construyen un paradigma securitario, de control fronterizo y criminalización hacia los y las inmigrantes.  Harsha Walia (2021) denomina “imperialismo de fronteras” al proceso por el cual las personas desplazadas por las políticas del Norte Global se vuelven “ilegales” ante  la multiplicación de tecnologías que actúan como un muro para la migración, incluidas las restricciones de visado, los acuerdos de terceros países seguros, la detención en altamar, la deportación, la militarización de las fronteras, etc. Esta lógica imperial, al tiempo que criminaliza a los y las migrantes y restringe su circulación, los incluye de manera subordinada en el mercado laboral precario (Yerko Castro, 2021). Si bien la lógica imperial del control fronterizo y migratorio no se reduce solamente a las políticas antimigratorias de los países europeos y América del Norte, hace referencia también a un paradigma que es impuesto a los países del Sur, sobre todo en contextos de crisis económica, social y política.

Migración en Europa: doble vara y discriminación racial

Además de la imposibilidad de vivir en condiciones dignas en sus países de orígen —por la destrucción y el deterioro de las condiciones de vida— una de las principales razones de los flujos migratorios en el caso de África hacia Europa es el desarrollo de los conflictos bélicos que las potencias europeas han impulsado en sus territorios. Así sucedió en 2015 con la guerra en Siria: más de 900 000 refugiados que, al intentar tocar las puertas de los países europeos, se encontraron con políticas migratorias expulsivas y tratamientos deficientes o violatorios en materia de derechos humanos. Con algunas excepciones, el continente entero les cerró las puertas, a pesar de la circulación de imágenes como la del cuerpo del Aylan Kurdi, un niño sirio de orígen kurdo que murió ahogado en las playas de Turquía.

Con el inicio de la guerra en Ucrania, en marzo de 2022, cerca de dos millones de ciudadanos ucranianos emprendieron la salida del país y se encontraron con una situación particularmente diferente: la apertura de los países europeos a recibir esta migración masiva, haciendo un énfasis en las condiciones físicas de quienes se estaban trasladando. De esta manera, la guerra en Ucrania permitió ver de qué forma la llamada “comunidad internacional” y la “comunidad europea” tienen una política migratoria de doble rasero con base en el orígen étnico e incluso el color de piel de quienes migran hacia los países europeos. Una muestra evidente de ello fue la cobertura periodística de los principales medios de comunicación del continente durante los primeros días de salida masiva de ucranianos del país.

En el caso de la cadena NBC, su corresponsal en Polonia, Kelly Cobiella, afirmó en uno de sus reportes que “estos no son refugiados de Siria, estos son refugiados de la vecina Ucrania. Son cristianos, blancos, muy similares a la gente que vive en Polonia» (Télam, 03/03/2022). De la misma forma, el medio británico The Telegraph publicó una nota en la que se afirma lo siguiente sobre la migración ucraniana: “Se parecen tanto a nosotros. Eso es lo que lo hace tan impactante. La guerra ya no es algo que afecta a las poblaciones empobrecidas y remotas. Le puede pasar a cualquiera”. El alto corresponsal extranjero de CBS News, Charlie D’Agata afirmó que “Ucrania no es un lugar, con el debido respeto, como Irak o Afganistán, que ha sido testigo de un conflicto durante décadas. Esta es una ciudad relativamente civilizada, relativamente europea”. De la misma forma, el presentador

Peter Dobbie, de la cadena Al Jazeera, dijo al aire que

lo que resulta conmovedor es mirarlos, la forma en que están vestidos. Estas son personas prósperas de clase media. No se trata de refugiados obvios que intentan escapar de Oriente Medio […] o del norte de África. Se ven como cualquier familia europea con la que vivirías al lado (White, 15/03 2022).

Más que un dato de color, la cobertura periodística dio cuenta de una realidad que efectivamente se estaba presentando en las distintas fronteras ucranianas, donde el paso se habilitaba dependiendo del fenotipo y la nacionalidad de las personas, y no de la situación de la cual estaban escapando. Sobre este tema se presentaron numerosas denuncias, acompañadas por la misma Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 03/03/2022), en las que se señalaba la aceptación de ingreso a los países dependiendo del color de piel y el orígen nacional de las personas (BBC, 01/03/2022) teniendo en cuenta que así como nativos ucranianos, numerosos trabajadores migrantes también buscaban huir de la guerra.

Esta realidad contrasta con la masacre de Melilla, ocurrida en el mes de junio en la frontera entre Marruecos y España. Allí, cerca de dos mil migrantes intentaron cruzar la frontera y la policía fronteriza asesinó y se negó a prestar ayuda humanitaria a más de 37 migrantes, según han denunciado diversas ONG. Las imágenes de los cuerpos amontonados fueron apenas una noticia menor para los principales medios de comunicación y la comunidad internacional no se escandalizó cuando el presidente de España, Pedro Sánchez, calificó el problema como “bien resuelto” (Fuentes, 28/06/22).

Este paso es uno de los más transitados por los migrantes que buscan ir del norte de África hacia Europa. Las fronteras entre estos dos países se cerraron en 2020 y después, con la postura de Sánchez de no respetar la posición de las Naciones Unidas en el conflicto saharaui-marroquí al tomar partido por Marruecos, las relaciones entre los dos países se estrecharon en una alianza táctica para los principales objetivos tanto de Marruecos —en su represión contra el pueblo saharaui— como de España —en lo que considera el problema de la migración desde el país africano—. De esa manera, las fuerzas marroquíes iniciaron una cacería contra los migrantes que se dirigían a España.

Actualmente, la política migratoria de la Unión Europea (materializada en el Acuerdo de Schengen, que brinda un instrumento jurídico para que los países europeos tengan procedimientos fronterizos comunes) está custodiada por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas —Frontex—, que durante los últimos cinco años ha presentado una serie de modificaciones que han profundizado su visión racista y aporofóbica, según el Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS:

De Acuerdo con la red Abolición de Frontex, se estima que unas 45 mil personas han fallecido entre 1993 y 2021 debido, directa o indirectamente, a las acciones de esta agencia, así como de los cuerpos de seguridad asociados en cada país miembro (…) en casos de personas ahogadas en el mar Mediterráneo o en el Egeo debido a la combinación de factores como el uso de embarcaciones inadecuadas, la negativa a prestar apoyo o coordinar acciones de salvamento marítimo, o los suicidios que muchas personas cometen debido a las situaciones desesperadas en las que se ven envueltos como consecuencia de las devoluciones en condiciones de elevada vulnerabilidad y el internamiento en centros de detención (17/08/2021).

Las potencias europeas se interesan en el continente africano para extraer y explotar sus recursos naturales y niegan la entrada a sus países de cientos de personas que son víctimas de sus propias políticas coloniales. La doble vara se hace evidente: por un lado está la libertad y acumulación desenfrenada del capital, y por otro la prohibición de la libertad de tránsito de seres humanos de los países del Sur.

Estados Unidos: la política (anti)migratoria como consenso bipartidista

El doble rasero con la que las distintas administraciones de la Casa Blanca han tratado la agenda migratoria se debe a que la política injerencista de Estados Unidos es responsable de la crisis social y política de los países latinocaribeños. Sin embargo, afronta este problema como damnificado: responsabiliza y criminaliza a la población migrante y exige a sus países de origen respuestas contundentes de carácter represivo. Los y las inmigrantes cumplen un rol fundamental para el modelo económico norteamericano: ejercen presión sobre el mercado laboral y actúan como fuerza de trabajo en rubros donde la mano de obra es precarizada y tiene bajos salarios. Los principales rubros de trabajo están relacionados al trabajo agrícola, cuidados, servicios y construcción.

Durante los años 80 y 90 del siglo pasado se produjeron miles migraciones forzadas debido a los conflictos sociales y políticos resultantes de la política contrainsurgente de las administraciones de Ronald Reagan (1981-1989) y George Bush (1989-1993) sobre Centroamérica (Panamá, Granada, Nicaragua, El Salvador y Guatemala) y el ataque permanente a Cuba y la intervención en Haití, que lleva más de un siglo. Y de las transformaciones neoliberales —privatización y mercantilización de los servicios básicos y bienes comunes, la desregulación financiera y flexibilización laboral— que generaron a comienzos del siglo XXI que el 78 % de la población centroamericana se encontrara por debajo de la línea de pobreza, como consecuencia de los ajustes impuestos por el FMI y las catástrofes naturales que azotaron a las poblaciones (Revelli, 2003). Fue Bill Clinton (1993-2001) quien en 1996, llevó a cabo una importante reforma migratoria que reforzó el control fronterizo, limitando el pedido de asilo, incrementando las sanciones a extranjeros que extendían su estancia más allá de lo autorizado, aumentando de manera considerable el presupuesto destinado a personal y tecnología para patrullar la frontera y habilitando deportaciones de manera arbitraria (Alzugaray, 2004 y García, 2010).

A la par del avance del proceso globalizador y de la imposición en Occidente de las políticas económicas del libre mercado y la libre circulación de capitales, se establece una relación inversa obstruyendo el libre movimiento de personas entre los países. Samir Amin denomina a este proceso como la “naturaleza truncada del mercado mundial” (Domínguez Martín, 2019), es decir, un mercado de bienes y capitales en constante ampliación, mientras que las migraciones internacionales son controladas estrechamente. Con la arremetida de la agenda neoliberal, la cuestión migratoria se vuelve parte importante de los Tratados de Libre Comercio (TLC) promovidos por EE. UU. El caso mexicano es paradigmático, porque en 1994, el mismo año en el que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA) se comienzan a construir las primeras barreras físicas en la frontera entre EE. UU. y México, con el objetivo de frenar el paso migratorio irregular.

La caída de la Unión Soviética (1989-1991) y el ataque a las Torres Gemelas (11 de septiembre de  2001) son acontecimientos determinantes para la reconfiguración de la política exterior norteamericana y la problemática migratoria (García, 2010). Tras el 11S la denominada “guerra contra el terrorismo” pasa a ser el eje ordenador de la política internacional estadounidense y de sus aliados. La migración, y en particular los y las inmigrantes irregularizados se vuelven un problema de seguridad nacional y su tratamiento bajo una política securitaria y antimigrante forma parte de los consensos bipartidistas entre los demócratas y republicanos. Durante la administración de George W. Bush (2001-2009) se sancionan una serie de medidas destinadas al control de los extranjeros catalogados como terroristas, mediante la Ley patriótica (USA Patriot Act – 26 de octubre de 2001-). Otras, como Ley de Control de la Inmigración Ilegal, Antiterrorismo y Protección Fronteriza (Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act of 2005) y la Real ID Act of 2005, profundizaron la criminalización hacia los y las migrantes y buscaban su disciplinamiento. Esta política fue de la mano con el incremento del financiamiento armamentístico para la frontera sur con México, cuya militarización se profundizó en 2006. Ese mismo año Felipe Calderón declara la “guerra contra el narcotráfico” y dos años más tarde, el presidente mexicano y su par estadounidense firman el acuerdo de cooperación militar (Iniciativa Mérida —2008—), que traería enormes consecuencias sociales para la población mexicana, sobre todo rural e indígena, a partir de la militarización y la violencia estructural.

Tanto la lucha contra el terrorismo como la lucha contra el narcotráfico impuesto por EE. UU. a los países del continente —en particular a los de la región mesoamericana— provocaron miles de muertes, violaciones de derechos humanos y un importante gasto fiscal para estos Estados. En 2014, durante la presidencia de Obama (2009-2017), el Gobierno de México implementa el Plan Frontera Sur, profundizando la militarización^[1] hasta Guatemala. Bajo este sistema, los migrantes sufrieron mayores situaciones de persecución, detención y deportación (ARGOS, 09/04/2021). La continuidad del paradigma securitario por parte de la administración de Obama echó por tierra su promesa de regularizar la situación de millones de migrantes y una política migratoria más inclusiva. Por el contrario, las visas, muros, mayor control en las aduanas y aumento del número de efectivos en las fronteras fueron algunas de las medidas que se tomaron. El bloqueo del Congreso por parte de los republicanos hizo que no se pueda avanzar en la discusión de una reforma migratoria, lo que llevó al presidente a tener que aplicar acciones ejecutivas que carecieron de eficacia. Entre ellas se destaca el Programa Acción Diferida para Niños Inmigrantes (Deferred Action for Childhood Arrivals-DACA). Este instrumento suspende de manera temporal la deportación de ciertos migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños (menores de 15 años) —los denominados dreamers— y les da derecho a solicitar autorización para trabajar (Ensino, 2017). La administración Obama terminó con números históricos de deportación, llegando a aproximadamente a 2800 millones de migrantes deportados, superando a Bush, quien deportó a 2200 millones de personas inmigrantes.

La victoria electoral de Donald Trump (2017-2021) implicó una radicalización del discurso de odio de distintos sectores de la sociedad estadounidense hacia la población migrante, a la vez que el nuevo mandatario llevó a cabo una política migratoria racial y xenófoba (Hines, 2019). La promesa de la construcción del muro fronterizo, la  eliminación del  DACA en 2017, la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de centroamericanos y haitianos, la reducción de la cifra de refugiados a 18 mil, la separación forzosa de niños y niñas de sus padres y el hacinamiento inhumano en los centros de detención migrantes son algunas de las políticas que ha tomado su administración^[2]. Además, tercerizó la protección de asilo en otros países, como fueron los casos de México mediante el programa “Permanecer en México” y de El Salvador, Guatemala y Honduras con el “Tercer país seguro”^[3]. Otra de las políticas inhumanas de la gestión Trump fue Título 42 (aún vigente), creada al inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020, a partir de la cual se detenía y expulsaba a las personas migrantes y se suspendían los asilos por razones sanitarias.

El deterioro de las condiciones de vida en los países del Sur producto de los efectos de la crisis capitalista en su fase neoliberal, profundizado por las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia, hicieron que los flujos migratorios no se detengan, y las caravanas migrantes tomen cada vez más visibilidad pública. La llegada a la presidencia de Joe Biden (2021) representó una esperanza de terminar con las políticas trumpistas, pero el continuum de lógica securitaria aplacó toda expectativa. Si bien puso fin a programas como “Tercer país seguro” y “Permanecer en México” (esta política es nuevamente implementada a fines del 2021) y se aumentó la cuota anual para el otorgamiento de estatus de refugiados a 62 500 personas, las deportaciones y detenciones están en aumento. Desde octubre de 2020 a septiembre de 2021 se registraron más de 1 700 000 detenciones por parte de autoridades norteamericanas. Y según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se reportaron la presencia de  209 906 migrantes en dicha frontera, alcanzando una cifra histórica.

La principal política antimigratoria estadounidense es Título 42 (ARGOS,08/06/2021), vigente con Biden y sostenida por el poder judicial estadounidense. Desde su creación se expulsaron a más de un millón de migrantes. En el primer cuatrimestre de este año, 386 434 personas han sido expulsadas por esta medida (Animal político, 08/06/2022). El “trumpismo sin Trump” de Biden se complementa con la presión ejercida por la Casa Blanca a los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para que refuercen el control en sus fronteras y tengan una política de “disuasión” de las caravanas migrantes. La consecuencia de esto es la militarización de las fronteras y la represión a quienes intenten cruzarlas, forzando a los migrantes a transitar de un país a otro de manera ilícita y peligrosa para sus vidas.^[4]

Los fallidos intentos de construir una agenda común ante la problemática migratoria entre EE. UU., México y los países del Triángulo Norte se debe a que las consecuencias estructurales que fuerzan a migrar a miles de centroamericanos no son abordadas, y los diagnósticos y soluciones son impuestas por las sucesivas administraciones estadounidenses sin contemplar las realidades que atraviesan los países latinoamericanos y caribeños, y sin hacer mella en las consecuencias que tiene la injerencia norteamericana en la realidad interna de estos países (Wilson, 2021). Aram Aharonian ha mostrado como el combate a la corrupción —denunciado por EE. UU. como la principal causa de las migraciones— es otra de las formas de injerencia norteamericana en la región:

Ahora EE. UU. combatirá la corrupción (obviamente no la propia), como antes tuvo como pretexto de injerencismo el destino manifiesto, la lucha contra el comunismo, la guerra contra las drogas, el impulso al progreso y el desarrollo y el combate al terrorismo (07/06/2021).

Actualmente, los principales flujos migratorios que se dan hacia el norte y el sur del continente americano tienen una relación directa con la política imperialista norteamericana y las recetas neoliberales impuestas por este. Las medidas coercitivas contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como el financiamiento a ONG, medios de comunicación y partidos políticos para desestabilizar a estos gobiernos,  la permanente injerencia y desestabilización en Haití y el sostenimiento de gobiernos corruptos —como los que representaban Juan Orlando Hernandez en Honduras (2014-2022) y actualmente Giammatei en Guatemala— impactan drásticamente en sus poblaciones. A esto se suman las migraciones producidas por los efectos de las políticas neoliberales en Ecuador y el neoliberalismo de guerra impulsado por el uribismo en Colombia. A su vez, las políticas de asilo y los Estatus de Protección Temporal son usadas políticamente para beneficiar a unos migrantes sobre otros, tal es el caso de la migración venezolana o como sucede actualmente, privilegiando a la migración ucraniana por sobre los miles de centroamericanos y caribeños que esperan en las zonas fronterizas.

Reflexiones finales

A lo largo del artículo analizamos la relación entre las desigualdades globales, las consecuencias de las políticas neoliberales y las migraciones forzadas contemporáneas. Mostramos cómo la asimetría de poder entre los países del Norte y Sur Global y las políticas imperialistas y coloniales de los primeros sobre los segundos generan las condiciones de crisis social, económica, política y ambiental que fuerzan a millones de personas a desplazarse de una frontera a otra. No lo hacen en busca del sueño americano o de los estándares de vida promovidos por la cultura globalizadora de los países “centrales”, sino escapando del permanente deterioro de las condiciones de vida a las que les somete el capitalismo neoliberal.

Actualmente, las consecuencias de la guerra en Ucrania —aumento en el precio de los alimentos y la energía— y el boicot de EE. UU. a Rusia pueden derivar en una posible recesión global, que junto a otros efectos de la crisis capitalista, como la crisis climática, amenazan con profundizar la pauperización de amplias poblaciones del Sur, y proyectan un sostenido y trágico crecimiento de las migraciones forzadas. Las luchas migrantes representan una de las batallas fundamentales contra las políticas imperialistas y el capitalismo neoliberal que nos están llevando a una crisis civilizatoria sin precedentes. Proyectar desde las luchas de nuestro presente otro mundo posible, donde las fronteras dejen de ser armas letales, es fundamental.

Continuar a “Cruzar la frontera y ponerse un pantalón”: mujeres migrantes en América Latina y el Caribe
por Leticia Garziglia

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Referencias

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Animal Político (8/06/2022). A dos años de su aplicación en EU y sin fin próximo, el Título 42 acrecienta la crisis migratoria. Animal político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2022/06/titulo-42-dos-anos-eu-mexico-crisis-migrante/ Último acceso: 26 de junio de 2022.

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Notas

^[1] Con el Plan Frontera Sur el gobierno mexicano contrató cuadrillas de seguridad privada, vigilancia mediante drones y cámaras instaladas en trenes y sistemas de geolocalización para las fronteras norte y sur de México (Argos, 09/04/2021).

^[2] Muchas de las políticas habían sido promovidas por dirigentes del Partido Republicano en otros años, y fueron avaladas durante su gestión por la Corte Suprema, de claro carácter conservador.

^[3] El programa “Permanecer en México” obligaba a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México sus citas en los tribunales estadounidenses, y el “Tercer país seguro” permitía deportar a los migrantes llegados a la frontera sur de EE. UU. hacia El Salvador, Guatemala u Honduras.

^[4] Recientemente vimos algunas consecuencias ante dos tragedias. Una es la del  9 de diciembre de 2021, cuando fallecieron 55 personas y más de cien resultaron heridas al accidentarse un tráiler en Chiapas, México. Y el pasado 27 de junio se repitió un hecho similar en EE. UU., cuando más de cincuenta  personas migrantes fallecieron en un  camión en Texas.