Migración en América Latina y el Caribe: Haití, Colombia y Venezuela
En las últimas décadas asistimos al incremento de los flujos migratorios en América Latina y el Caribe. En 2022 el número de personas en situación de movilidad humana en la región alcanzó los 15 millones, encontrándose entre las principales causas para migrar la pobreza, la violencia, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria, las dificultades económicas y los fenómenos ambientales (ONU, 2022). A estas causas recientemente se han sumado dos nuevos factores que escasamente han sido mencionados, como lo son la desestabilización de las economías internas y las políticas de promoción migratoria hacia determinados países por parte de gobiernos e instancias internacionales, con el propósito de originar nuevos flujos migratorios para avanzar en agendas particulares que en poco o nada benefician a estas comunidades.
En este texto presentamos los rasgos generales de tres patrones migratorios en la región como lo son los procedentes de Haití, Colombia y Venezuela, cuyo tratamiento en el relato mediático ha sido diferenciado en tanto unos, de data histórica y de grandes magnitudes, son invisibilizados en detrimento de otros, los cuales son exacerbados por razones exclusivamente políticas y económicas.
Migración haitiana
Los procesos migratorios haitianos, tanto los antiguos como los más recientes, están marcados por la violencia política, los desastres naturales, los profundos niveles de pobreza y la discriminación racial. Si bien Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en independizarse de Europa, su población ha sufrido las secuelas de la colonización e intervencionismo extranjero, que han hecho de este país el más pobre de la región y uno de los países del mundo con los índices de desarrollo humano más bajo (Ceja, 2015; Bernal, 2014).
Se pueden rastrear movimientos poblacionales provenientes de Haití durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, período en el que los haitianos migraban como jornaleros temporales a Cuba y República Dominicana para trabajar en los enclaves azucareros. Se estima que entre 1913 y 1931 migraron anualmente entre treinta mil y cuarenta mil haitianos al oriente de Cuba. Con la caída de la industria azucarera, Estados Unidos, Canadá, Francia y las colonias francesas en el Caribe se convirtieron en los nuevos destinos migratorios (Ceja, 2015, p. 2).
En el caso particular de República Dominicana, se trata de un país que ha mantenido históricamente una posición de rechazo hacia los haitianos. En 1937 el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en territorio dominicano. Se estima que entre veinte mil y treinta y cinco mil personas fallecieron en lo que pasó a conocerse como la “Masacre del Perejil” (Bernal, 2014). Este rasgo se mantiene hasta nuestros días; recordemos que hace pocos meses dio inicio la construcción del polémico muro de 160 kilómetros que separará a ambos países, un proyecto del actual presidente dominicano Luis Abinader que se propone para “controlar” el crimen y la migración irregular haitiana (France 24, 2022).
A partir de la década de los sesenta se incrementó el flujo migratorio desde territorio haitiano hacia otros países, proceso que puede situarse en cuatro períodos: el primero ubicado entre 1965 y 1977, compuesto por una clase media profesional que se estableció en Estados Unidos. El segundo, entre 1978 y 1985, se trató de una migración irregular que se extendió hacia otros países. Es la época del crecimiento de los denominados “balseros” y de la incorporación de los campesinos y clases más bajas a la migración. El tercero, entre 1987 y 1992, caracterizado por la respuesta norteamericana al fenómeno[1], otorgando la legalización y un camino a la ciudadanía a cerca de tres millones de inmigrantes en Estados Unidos. La última fase migratoria, y que sigue hasta nuestros días, ha estado marcada por la consolidación de los procesos precedentes: “comunidades en la diáspora [haitiana] que se refuerzan y se estabilizan, aun cuando las características de quienes migran hayan cambiado (de profesionales a campesinos, de jóvenes a personas con más edad” (Saint Hubert en Bernal, 2014, p. 39).
Por otro lado, el terremoto del 12 de enero 2010 originó un nuevo éxodo de haitianos estimado en dos millones de isleños. En la tragedia murieron más de doscientas mil personas, unas trescientas mil resultaron heridas y un millón y medio se vieron obligadas al desplazamiento interno (Bolton, 2011). Un año después del terremoto, unas 810 000 personas seguían viviendo en instalaciones improvisadas en Puerto Príncipe y las provincias (OIM, 2011).
Buena parte de esta nueva oleada migratoria puso sus ojos en Estados Unidos. Sin embargo, ante la falta de opciones para llegar a territorio estadounidense miles de haitianos se asentaron en otros países, como Brasil y Chile, que pasaron a ser los principales destinos de esta población. Para agosto de 2020 la diáspora haitiana en territorio brasileño estaba conformada por más de 143 000 migrantes, y alrededor de 175 000 en Chile (Merola, 2022).
Los efectos de la pandemia en las economías latinoamericanas y el incremento de la desigualdad en la región generaron nuevos desplazamientos migratorios. En 2021 se reportó un aumento del flujo de movilidad humana en el Tapón del Darién, un cruce irregular altamente peligroso que separa a Colombia y Panamá, a través del cual los migrantes haitianos emprenden su trayecto rumbo a Estados Unidos.
Ya sea desde Brasil, Chile o el propio Haití, los haitianos se dirigen hacia Colombia, pasando por Perú y Ecuador para finalmente llegar a Necoclí y de ahí continúan a Acandí, un pequeño pueblo limítrofe con Panamá. Una vez allí se internan a pie en la jungla (Cruz, 2021). Se trata de una de las rutas irregulares más peligrosas del mundo, y es una travesía que puede tomar entre siete y diez días a los migrantes, quienes se enfrentan a situaciones de alto riesgo como amenazas naturales y la violencia de los grupos criminales que actúan en el sector.
Desplazamiento y migración en Colombia
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición halló que los sesenta años de guerra en Colombia dejaron 450 666 personas muertas entre 1986 y 2016, de las cuales el 90 % pertenecían a la población civil.
Detrás de las más de mil masacres, millones de desplazamientos forzados y exilios, decenas de miles de secuestros y torturas o más de 100 mil desaparecidos, hay historias rotas de personas, familias y comunidades cuyas experiencias no tienen cabida en las estadísticas del terror (Comisión, 2022).
Hablar del fenómeno de movilidad humana en Colombia supone hablar del desplazamiento forzoso interno, situación a la que han sido sometidas millones de víctimas a causa del conflicto armado entre poderosos entramados y aparatos políticos y económicos. El Registro Único de Víctimas (RUV) sitúa en 8 273 562 el número de víctimas de desplazamiento para el 31 de mayo de 2022, un delito que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a salir por la fuerza o intimidación de su residencia o de su sitio habitual de trabajo, como resultado de un acto realizado por los actores del conflicto armado, por una violación de derechos humanos o una infracción al derecho humanitario, o para evitar los efectos propios del conflicto armado, siempre y cuando no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (Comisión, 2022).
Colombia figura como el país con mayor número de personas desplazadas en el continente, seguido por países centroamericanos: México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde el fenómeno es agudo por la presencia de carteles de la droga y las pandillas. A nivel global, en materia de desplazamiento interno, Colombia es seguida por Siria, República Democrática del Congo, Yemen, Somalia, Afganistán, Nigeria, Sudán, Etiopía y Sudán del Sur, es decir países de África subsahariana y Medio Oriente marcados por guerras civiles e intervenciones militares.
Este fenómeno ha tenido connotaciones muy específicas sobre los grupos étnicos de ese país, como lo son las comunidades afrocolombianas e indígenas. Son estas poblaciones las que han sufrido, junto al campesinado, los efectos del desgarramiento cultural y psicosocial que produce el proceso de deslocalización y desterritorialización que deja tras de sí la migración forzada. La práctica de este delito responde a una lógica de la concentración de la propiedad agraria y control territorial por parte de latifundistas, grupos armados y bandas organizadas del narcotráfico, así como al desarrollo de megaproyectos, inversión en grandes obras de infraestructuras y explotación de recursos naturales, llevado a cabo por el capital nacional y trasnacional.
En el marco de la larga guerra, Colombia también se ha caracterizado por la expulsión de flujos migratorios, siendo Venezuela, Estados Unidos y Ecuador los principales países receptores de estas corrientes migratorias. El territorio venezolano ha funcionado como receptor de mano de obra calificada, no calificada y campesina proveniente de Colombia, principalmente en sus zonas fronterizas (Álvarez, 2004).
La migración colombiana que ingresó a Venezuela entre 1950 y 1990 lo hizo por motivos laborales y estuvo constituida mayoritariamente por adultos, quienes migraban de forma individual, dejando a sus familiares en sus país de origen, mientras que a partir de 1990 empezó a registrarse un cambio en el perfil de las corrientes migratorias colombianas: apareció la figura del refugiado colombiano a causa de la agudización del conflicto armado interno y a la implementación de programas bilaterales como el Plan Colombia y políticas gubernamentales como la “seguridad democrática”, del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Más recientemente, diversas agencias de las Naciones Unidas han alertado sobre el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, lo que recuerda a las peores épocas del conflicto armado. Contrario a lo que se esperaba tras la firma del Acuerdo de Paz, las poblaciones de varios departamentos del país se vieron de nuevo asediadas por las amenazas, los asesinatos, las masacres, los desplazamientos y los confinamientos producto de las disputas entre diversos grupos armados.
Cifras de Indepaz revelan que entre noviembre de 2016 y noviembre de 2021 un total de 250 000 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado y 1270 líderes sociales y 299 firmantes del Acuerdo fueron víctimas de asesinato (Indepaz, 2021). Se trata de una larga y sostenida crisis humanitaria que ha vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de una amplia proporción de la población colombiana, que intenta ser invisibilizada por el establishment político aun cuando las cifras superan con creces las de otros movimientos poblaciones que se registran en la región.
El caso de Venezuela
La tendencia dominante en las investigaciones en torno a la migración venezolana es la de caracterizar dicho proceso de movilidad humana como una “migración forzada” y como una de las diásporas más grandes del mundo, consecuencia del deterioro de las instituciones democráticas, la violación sistemática de los derechos humanos y una crisis humanitaria inducida por el gobierno nacional. Grosso modo, estos son los argumentos presentados por la mayoría de los especialistas en el campo de estudio y sostenidos por los actores internacionales con vocería en materia migratoria venezolana.
Al revisar con detenimiento los trabajos producidos en los últimos años se observa que un buen número de estos parten de premisas y formulaciones altamente politizadas, denotando ausencia de rigor en la definición de términos y en el empleo de datos. Asimismo, de estos análisis se excluye un elemento de cuantiosa importancia para avanzar en un balance integral de los factores que desencadenaron el flujo emigratorio que se ha atestiguado en los últimos años, como lo es la política coercitiva estadounidense implementada en 2014 contra los sectores económico y financiero nacionales del país, lo que originó la pérdida de más del 90 % de los ingresos nacionales en divisas.
Visto así, puede afirmarse que el flujo emigratorio de personas venezolanas durante los últimos años es el resultado de la precarización de las condiciones de vida a causa de la interrupción abrupta de los ingresos de divisas al Estado venezolano, un proceso inédito de movilidad humana contrario al comportamiento histórico del país como receptor de grandes flujos migratorios. Este fenómeno estuvo acompañado de un discurso de marcado sesgo ideológico que, lejos de contribuir a la comprensión de las diversas causas que lo han originado, se ha instrumentalizado políticamente para alcanzar objetivos que en poco o nada benefician a esta población vulnerabilizada (Argos, 2021).
Se trata también de un discurso político que invisibiliza otros procesos de movilidad humana que durante décadas han alarmado a organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y sectores académicos, como lo son la situación de desplazamiento forzado de más de ocho millones de colombianos y las caravanas de migrantes que transitan por el denominado Triángulo Norte para intentar llegar a Estados Unidos.
Un alto porcentaje de la población venezolana emigrante se instaló en países latinoamericanos, siendo Colombia, Perú y Ecuador los principales países de acogida en la actualidad. Se trata de venezolanos sin relación familiar con los países de destino migratorio que se movilizaron por diversas razones, como lo fue la promoción de desplazamientos internacionales por parte de algunos gobiernos de América del Sur en el marco de enfrentamientos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es el caso del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, cuando en el año 2017 ofreció el permiso temporal de permanencia (PTP), salarios de ley, así como acceso a la salud y a la educación a los inmigrantes venezolanos, aun cuando en realidad tales servicios estaban en crisis y el mercado laboral peruano no estaba en capacidad de absorber esa mano de obra (Mora et al., 2020).
Esta migración también fue promovida por factores políticos venezolanos en el exilio que apostaron a recaudar y controlar recursos para brindar ayuda a los migrantes, de empresarios que ofrecen los servicios relacionados con el desplazamiento, así como con la trata de personas, fundamentalmente para la prostitución y otras formas de explotación. Cabe señalar la participación de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela y en el exterior que captaron y controlaron recursos supuestamente destinados a atender la crisis de los migrantes venezolanos provenientes de donaciones privadas (Mora et al., 2020).
La migración venezolana ha resultado ser económicamente rentable para diversos actores dentro y fuera del país, pero además se ha conjugado con una agenda política de oposición para avanzar en la estrategia estadounidense de “cambio de régimen”. Es esta instrumentalización política la que explica el cuadro humanitario crítico que enfrenta un buen porcentaje de esta población en los países andinos. El más reciente informe de la FAO indica que para julio de 2021 el 64 % de la población migrante venezolana en Colombia enfrentaba inseguridad alimentaria, incluido un 14 % con inseguridad severa, requiriendo de asistencia alimentaria para 2022. Una situación similar se presenta en Perú y Ecuador, donde el 66 % y el 57 % de los venezolanos atraviesa el mismo cuadro humanitario (Sures, 2022).
Estas dificultades han llevado a un grupo cada vez más amplio de migrantes venezolanos a decidir retornar a Venezuela, un fenómeno que se registra desde finales de 2019 y con mayor énfasis desde marzo de 2020, momento de la declaración de la pandemia en la mayoría de los países de la región latinoamericana. Desde entonces un número creciente de venezolanos ha regresado por distintas vías a su país de origen, ya sea por medios propios, haciendo largas caminatas y transitando rutas irregulares de alta peligrosidad, o mediante el plan gubernamental Vuelta a La Patria, un puente aéreo y marítimo implementado por las autoridades venezolanas en 2018. Hasta diciembre de 2021, el Plan Vuelta a la Patria logró la repatriación de 27 816 personas procedentes de 19 países en 159 vuelos y un traslado marítimo; mientras que estimaciones de organizaciones independientes ubican en unas trescientas mil personas las retornadas voluntariamente al país hasta agosto de 2021.
A modo de cierre
Podemos decir que los fenómenos de movilidad humana que se registran en Haití y Colombia son de larga data y responden a causas específicas como la violencia armada y los desastres naturales, mientras que el movimiento poblacional procedente de Venezuela hacia países de la región se trata de una dinámica reciente que obedece a la precarización de las condiciones de vida en el país a causa de la política coercitiva que Estados Unidos ha dirigido contra la economía de este país y a la campaña de promoción de emigración impulsada por administraciones adversas al gobierno venezolano.
En el caso de los dos primeros, son fenómenos a los que escasa atención le dedican los medios de comunicación y los actores internacionales, aun cuando las cifras y las condiciones de vida de estas personas revelan la necesidad de coordinación intergubernamental y ayuda humanitaria que requieren para hacer frente a su situación. No ocurre así con el tercer caso, el cual ha sido instrumentalizado por factores políticos para obtener provecho económico y para avanzar en una agenda política de oposición para avanzar en la estrategia estadounidense de “cambio de régimen”.
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Entrevista a Iber Mamani
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Referencias
Álvarez, Raquel (2004). La dinámica migratoria colombo-venezolana: evolución y perspectiva actual. Geoenseñanza, 9(2),191-202. ISSN: 1316-6077. Disponible en: https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=36090205
Argos (2021). “La movilidad humana en Venezuela, la emigración reciente”. Disponible en: https://www.argosob.org/es/2021/04/la-movilidad-humana-en-venezuela-la-emigracion-reciente/
Bernal, Gabriela (2014). “¿Por qué migrar? Algunos apuntes sobre las viejas y nuevas heridas de Haití”, Cuadernos Migratorios N° 6. Buenos Aires: OIM, 2014. 67-82. Disponible en: https://publications.iom.int/es/books/cuadernos-migratorios-ndeg6-la-migracion-haitiana-hacia-brasil-caracteristicas-oportunidades
Bolton, Matthew (2011). “Human Security After State Collapse: Global Governance in Post-Earthquake Haiti”. LSE Global Governance Working Paper Series. Disponible en: http://eprints.lse.ac.uk/32167/1/After%20State%20Collapse%20Haiti%20Glob%20Gov%20Paper%20Revisedx.pdf
Ceja, Iréri (2015). “Migraciones haitianas en la región andina”, Boletín No. 19, 2-13. Disponible en: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/6772/1/BFLACSO-AM19-01-Ceja.pdf
Comisión de la Verdad de Colombia (2022). “Hallazgos y recomendaciones”, en Hay futuro si hay verdad. Informe Final. Disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-de-la-comision-de-la-verdad-de-colombia
Cruz, Ricardo (2021). “Viajes inconcebibles: los haitianos, el Tapón del Darién y un sueño americano con visos de pesadilla mortal”. Disponible en: https://www.connectas.org/analisis/migrantes-haitianos-tapon-del-darien/
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Merola, Felipe (2022). “La migración haitiana baja la presión en las fronteras americanas tras un 2021 récord”. Disponible en: https://www.unav.edu/web/global-affairs/la-migracion-haitiana-baja-la-presion-en-las-fronteras-americanas-tras-un-2021-de-record
Mora, Luis; Cornieles, Cristóbal; Hernández, Lucrecia (2020). Algunas hipótesis sobre los factores que inciden en la emigración venezolana. Disponible en: https://sures.org.ve/wp-content/uploads/2020/03/ALGUNAS-HIP%C3%93TESIS-2020-1-1.pdf
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Reforma (2022). “Dejó 450 mil muertos conflicto colombiano”. Disponible en: https://lucesdelsiglo.com/2022/06/30/dejo-450-mil-muertos-conflicto-colombiano-internacional/
Sures (2022). “Situación de las personas migrantes venezolanas en América Latina”, en Ida y vuelta. Boletín sobre el proceso de migración venezolano. Disponible en: https://sures.org.ve/wp-content/uploads/2022/05/Ida-y-vuelta-N.5.pdf
Notas
[1] En 1986 Ronald Reagan firmó la Ley de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA). Charles Kamasaki, autor del libro Immigration Reform: The Corpse That Will Not Die, explicó que para la época había “un amplio consenso” sobre la necesidad de hacer algo en el tema migratorio en el Congreso y en el Gobierno estadounidense (EFE, 2021).
