Política exterior de Brasil en 2023: desafíos ante un mundo en transformación
Brasil y América Latina en la escena política internacional
La política internacional contemporánea atraviesa un momento de gran transformación y fuertes tensiones entre los Estados. Desde el punto de vista de las relaciones de producción y el avance de la tecnología, hay una fuerte aceleración de lo que se llama convencionalmente Revolución 4.0, que incluye el proceso de robotización, el comercio electrónico y las formas de contratación laboral a través de plataformas como Uber. Este proceso conlleva cambios en la economía, en la política y en la ideología y se entrelaza con el modelo neoliberal. La crisis financiera de 2008 aceleró este proceso y la disputa política en torno a la tecnología y el control de las rutas comerciales, y los flujos de inversión y de capital. Esto está relacionado con el nuevo papel de China en la economía política internacional. Estados Unidos y China también han agudizado los conflictos político militares.
La financiarización, entendida aquí como la hegemonía del capital rentista (fondos de pensiones, acciones, bonos del tesoro y compañías de seguros), más el avance de la privatización de los servicios públicos, y el debilitamiento del sindicalismo a través de los ataques a los derechos laborales, el derecho de huelga y la uberización, acabaron por cambiar la organización y la conciencia política e ideológica de los trabajadores. Esto ha intensificado la lógica del individualismo, el espíritu empresarial y la financiarización.
El matrimonio entre neoliberalismo, democracia y derechos humanos ha encontrado un punto de inflexión desde 2008. Hemos visto el fortalecimiento de los movimientos neofascistas y la elección de gobiernos de extrema derecha en muchos países, en particular en Hungría, Polonia, Ucrania, India, Estados Unidos y Brasil. Estos movimientos tienen como fuerza social, en general, a la clase media conservadora y elitista y a una parte de los trabajadores desilusionados por la falta de empleo y el empeoramiento de las condiciones de vida.
El nuevo nacionalismo de extrema derecha y/o neofascista se apoyó en la articulación transnacional y consiguió extenderse por todo el mundo. Con ello, la disputa entre los Estados imperialistas ha alcanzado otro nivel. En primer lugar, como consecuencia de la crisis y el conflicto entre Estados Unidos y China. Luego, con la reacción en Europa que llevó al Reino Unido a pedir a la Unión Europea su salida del bloque. Esto colocó a Alemania en una posición aún más especial dentro del bloque y en la región, buscando nuevos acuerdos económicos birregionales, por ejemplo. Los partidos de extrema derecha en Italia, en Francia y en la propia Alemania —en este caso, junto a los Verdes— se vieron reforzados.
La política de ampliación de la Unión Europea y de la OTAN y la guerra de Siria llevaron al Estado ruso a adoptar una política exterior más agresiva que culminó con la guerra contra Ucrania a principios de 2022. La guerra amenaza el suministro de alimentos y gas en Europa y ha colocado a China en una posición más activa en la escena política internacional.
América Latina, que había presentado una forma alternativa de enfrentar y reformar el neoliberalismo en la década de 2000, experimentó un giro con golpes y elecciones de gobiernos neoliberales y de extrema derecha o neofascistas entre 2012 y 2020 en Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. Cabe decir que el ciclo de la llamada Marea Rosa de los años 2000 encontró límites para superar el neoliberalismo y las contradicciones entre las políticas desarrollistas y la sostenibilidad y/o el respeto a los pueblos originarios. Pero además, y sobre todo, fue el objetivo de una ofensiva imperialista que articuló intereses y actores internos como la Operación Lava Jato en Brasil, que se extendió a Perú, por ejemplo, y los golpes de Estado en Paraguay y en Bolivia y la crisis política y ofensiva contra Venezuela.
El Estado brasileño, que había jugado un papel importante con el fortalecimiento del Mercosur y la creación de la Unasur y la CELAC, se convirtió entonces en el epicentro de la ofensiva imperialista. A nivel regional, el objetivo estratégico de EE. UU. era la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Para eso fueron creados el Grupo de Lima y PROSUR. El Mercosur, que había generado mecanismos de compromiso político y social como el Parlamento, el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y la Unidad de Participación Social, ha adoptado esquemas gerencialistas y un perfil estrictamente económico y abierto. Unasur fue desmantelada.
La región volvió entonces a una posición de subordinación pasiva al imperialismo. Implementación de un neoliberalismo 2.0 que, además de avanzar contra los sistemas de seguridad social y los derechos laborales, profundizó el carácter extractivista de las economías y la posibilidad de desnacionalización y pérdida de control de los recursos estratégicos, especialmente el petróleo en el caso de Brasil, y el agua y los minerales en otros países.
La política exterior del gobierno de Bolsonaro
Bajo el gobierno de Bolsonaro, la posición del Estado brasileño en la región ha avanzado hacia el debilitamiento de los procesos de integración regional de carácter más autonomista, como el Mercosur y la Unasur. Y a través de su alianza con la administración Trump, Brasil ha adoptado una política exterior neofascista de explícita subordinación pasiva al imperialismo. La agenda antiglobalista de ataque al multilateralismo, los derechos humanos y el medio ambiente se ha configurado como un punto de inflexión en la historia de la política exterior brasileña.
Cabe destacar el reconocimiento del gobierno golpista de Bolivia en 2020, el gesto de no saludar al presidente Alberto Fernandes al ser electo en 2019 y muchas otras acciones que distanciaron al Estado brasileño de sus vecinos y socios estratégicos. Optó por una alianza con gobiernos de extrema derecha y por agendas como el traslado de la embajada a Israel, entre otras. Además de una posición de distanciamiento (relativo) del Estado chino y una política negacionista en relación con la pandemia de Covid-19.
La política exterior fue guiada por la firma de acuerdos que lesionan la soberanía nacional y avanzan en la consolidación del neoliberalismo en el país. En particular, el programa de privatizaciones, el acuerdo de salvaguardias tecnológicas para la cesión de la base aeroespacial de Alcântara en Maranhão, la solicitud de adhesión a la OCDE, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la revisión del arancel externo común del Mercosur.
La ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea ha sido objeto de resistencia por parte de sectores sociales como sindicalistas, ecologistas y pequeños productores europeos que se oponen al modelo de agronegocio brasileño, basado en el uso de agrotóxicos y transgénicos, y, especialmente, cuestionan las políticas ambientales y de derechos humanos del gobierno de Bolsonaro. Además, en octubre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una Ley Antideforestación que regula la compra de productos procedentes de regiones que carecen de control y compromiso medioambiental, mientras avanza el Pacto Verde Europeo que profundiza en esta orientación.
Con la elección de Joe Biden en EE. UU. en 2020, las relaciones bilaterales también comenzaron a encontrar conflictos, especialmente en relación con la política medioambiental. Biden y el Partido Demócrata han actuado con firmeza al condenar la política de deforestación, proponiendo leyes que restringen la compra de productos brasileños procedentes de regiones incendiadas y donde se falta de respeto a los pueblos indígenas y quilombolas. Asimismo, a través de la articulación de un grupo de brasileños y brasileñas residentes en Estados Unidos, la institución independiente Washington Brazil Office logró presentar, a través del congresista Bernie Sanders, una resolución para el reconocimiento inmediato del resultado de las elecciones brasileñas, con el objetivo de contribuir a frenar las acciones golpistas de Bolsonaro inspiradas en Trump. Finalmente, el reconocimiento se hizo el mismo 30 de octubre, cuando se dio a conocer el resultado del Tribunal Superior Electoral.
También está pendiente la candidatura a la OCDE, el grupo que reúne a los Estados imperialistas. Necesita apoyo externo y avanzar en la aprobación de reformas administrativas y fiscales, así como más compromisos con el medio ambiente.
Llegamos así al final de un mandato con poco apoyo de los Estados imperialistas y con escasos resultados en cuanto a la estrategia de garantizar un entorno que atraiga al capital extranjero, excepto al capital financiarizado, orientado a las inversiones de cartera y de valores que se beneficiaron de la política de aumento de los tipos de interés, especialmente en 2022.
China fue la asociación que más controversias y zigzags encontró a lo largo de los cuatro años de gobierno de Bolsonaro. Se adoptó una política ofensiva, basada en la sinofobia del trumpismo, pero siguió buscando inversiones en sectores energéticos y estratégicos y también se mantuvo la exportación de materias primas. La participación del Estado brasileño en los BRICS se ha vuelto pragmática y el papel del grupo ha cambiado en el actual contexto internacional.
Las candidaturas de Lula y Bolsonaro presentaron propuestas muy diferentes de inserción económica internacional y de política exterior. Este tema estuvo muy presente en los debates electorales y en las fake news utilizadas por el candidato derechista. La base social del Bolsonarismo, especialmente la clase media alta, desde el impeachment se ha pronunciado contra la política exterior del PT, especialmente la relación con Venezuela y con Cuba, el papel del BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social], etcétera. En ocasiones, a Lula se le preguntó por el gobierno de Nicaragua y por el de otros estados. Es evidente que la ideología meritocrática que guía a este estrato social está umbilicalmente ligada a una posición de idolatría a EE. UU., tanto al ideal que predica el modo de vida —el llamado «American Way of Life«— como a la subordinación en política exterior.
El programa del gobierno del PT
El programa de gobierno del candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se basa en la comprensión de que la política exterior brasileña debe priorizar el multilateralismo y las relaciones Sur-Sur, con el fin de contribuir a la construcción de un nuevo orden internacional basado en la paz, la justicia, la igualdad entre las naciones y la sostenibilidad ambiental. La reanudación de una política exterior orgullosa y activa presupone el protagonismo, el respeto y el reconocimiento internacional y la defensa de la soberanía. Esto no solo está relacionado con la inversión en las fuerzas armadas, sino que también tiene en cuenta la idea de cooperación. Por ello, la política de defensa apunta a una estrategia disuasoria y, al mismo tiempo, afirma que las fuerzas armadas deben garantizar la soberanía territorial, aérea y marítima.
La prioridad otorgada a las relaciones con América Latina (a través del Mercosur, Unasur y la CELAC) apunta a la búsqueda del desarrollo integrado y de la complementariedad productiva entre los países de la región. Sostiene que las asociaciones internacionales deben basarse en la búsqueda de la autonomía nacional y regional y no en posiciones de sumisión al imperialismo. Además, el programa de desarrollo presupone la inversión pública en ciencia y tecnología, la búsqueda del fortalecimiento de la industria, un plan de nacionalización de sectores estratégicos, una política energética que genere fondos para la inversión en políticas públicas y la búsqueda de la soberanía alimentaria, asegurando que no haya hambre en un país como Brasil.
Las perspectivas del futuro gobierno
En los últimos dos años han surgido procesos de resistencia de las luchas en América Latina. México, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia eligieron presidentes que presentaron programas que combinan la lucha por los derechos sociales y colectivos con la lucha de las mujeres contra el aborto, la lucha de la comunidad LGBTQI+, y buscan de manera sutil no subordinarse a EE. UU. Por lo tanto, se espera que el nuevo gobierno de Lula en Brasil refuerce este nuevo ciclo político, que debería tratar de reposicionar a la región en la escena política internacional.
La tarea más inmediata es la reactivación de Unasur, buscando avanzar en proyectos de infraestructura, cooperación sanitaria y creación de cadenas de valor regionales. Es decir: buscar la integración productiva en la región. Además, es urgente dar un nuevo significado al Mercosur. Priorizar la construcción de consensos internos y revisar algunos de los acuerdos birregionales, como el Mercosur-Unión Europea.
También será fundamental reanudar la asociación con África. Reactivar las iniciativas de cooperación Sur-Sur y las coaliciones multilaterales.
Los puntos principales de la inserción internacional de Brasil serán la búsqueda de desarrollo, sostenibilidad y equilibrio en la relación entre Estados Unidos y China. Dado el conflicto entre los dos Estados, y sus intereses en la región, se puede reactivar la idea de una política de negociación o equidistancia pragmática. Partiendo del proyecto de desarrollo, buscando lograr un mayor margen de maniobra en el ámbito internacional y disminuir la dependencia económica y tecnológica, especialmente después de más tres décadas de neoliberalismo global. Ha llegado el momento de tener un proyecto estratégico y jugar en la escena internacional buscando alcanzar objetivos claros.
Un gran reto será la defensa del medio ambiente. Tanto en lo que se refiere a los proyectos en Sudamérica y el conflicto con los pueblos originarios, como a la política de control de la deforestación y a la presión y resistencia externa de los bolsonaristas armados en el Amazonas. Esta tríada (presión externa, control de la deforestación y bolsonarismo) choca con la complejidad de la defensa de la soberanía, el reconocimiento del desarrollo desigual y combinado a nivel internacional y la necesidad de una política de sostenibilidad. Es necesario alejarse de la ingenuidad y de la injerencia externa y tratar de construir una alianza nacional en torno a un proyecto de desarrollo soberano, democrático y sostenible, centrado en la lucha contra las desigualdades de clase, raza y género.
