¿Cambio de etapa? Avances contra el imperialismo y aumento de la movilización popular

Introducción

En el informe anterior planteamos como ejes centrales, por un lado, la reactivación del conflicto político y social, vinculado al marco de intervención imperial y a las disputas de los diferentes sectores sociales en cada uno de los países, y por otro lado, los procesos electorales que se avecinaban y que hoy tienen un saldo que por lo menos permite establecer una serie de posibilidades, preguntas, y por qué no, esperanzas. Todo en el marco de una pandemia que significó la profundización de las diferentes crisis en América Latina y el Caribe.

De agosto a noviembre se desarrollaron una serie de acontecimientos que modificaron el mapa regional y con ellos queremos iniciar los debates del presente informe. Por un lado, priorizamos el análisis de estas victorias institucionales —logradas a su vez como producto de la movilización masiva de importantes sectores sociales en campos y ciudades, con el rol protagónico de los y las jóvenes, el movimiento de mujeres y el sector indígena-campesino—, que marcaron contundentes derrotas del proyecto neoliberal y colonial en Nuestra América. Por otro lado, abordamos las dinámicas geopolíticas en aquellos países donde se profundiza la disputa: entre ellos se pueden mencionar la intervención imperial en Venezuela a través de la instrumentalización de Colombia, (mientras este último país vive una profunda crisis humanitaria de la que poco se habla); las próximas disputas electorales en Ecuador y en Perú, que pueden incidir en el mapa continental; la lucha contra la represión y el fascismo en Brasil; y la migración en Mesoamérica, región en la que —producto de la pobreza, acentuada durante la pandemia— miles de personas salen de sus hogares dispuestas a atravesar países en búsqueda de un futuro digno.

A su vez, los últimos movimientos de las estructuras y organismos internacionales plantean también su importancia en esta coyuntura actual: el lugar de Luis Almagro como secretario general de la OEA, tras el fracaso golpista en Bolivia; y la elección por primera vez de un norteamericano en la presidencia del BID —que además es un hombre de Trump— son parte de una agenda global en movimiento. Esto incluye, por supuesto, a las históricas elecciones en EE. UU., que protagonizaron los noticieros durante la primera semana de noviembre y que pusieron en evidencia la debilidad del sistema político y democrático del país que se autoproclama ejemplo indiscutible de la democracia. ¿Qué hubiera pasado en esas circunstancias si en EE. UU. hubiera una embajada de los EE. UU.? ¿A quién hubieran “invitado” a retirarse, como suelen hacen en el resto del mundo cuando hay algo de la democracia que no encaja con sus intereses?

La coyuntura general del continente, con un panorama atravesado por el reciente ciclo electoral en América Latina y el Caribe y también con nuevas formas y combinaciones de lucha que toma la disputa política, nos plantean una serie de interrogantes. ¿Cuáles son las nuevas acepciones o contenidos de la democracia, a partir de los recientes ejemplos que nos brindan los pueblos de la región? ¿La democracia liberal terminó siendo incompatible con el modelo neoliberal, que aparece con formas cada vez más autoritarias y conservadoras? ¿Una democracia manipulada y donde la represión, la violencia y el odio son moneda corriente, sigue siendo democracia? ¿Cuál debe ser el contenido de esa democracia y cómo deben ser esas instituciones para que tengan como protagonistas a la población, en particular a los sectores más postergados por este sistema desigual? Algunas claves para pensar el devenir de una región en la cual la lucha popular, así como la acción de las derechas, ha ampliado el panorama de posibilidades hasta llevarlo a un alto grado de imprevisibilidad.

Como siempre, agradecemos la colaboración que tuvimos por parte de numerosos compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe —y por supuesto de la oficina en Brasil del Instituto Tricontinental— para aproximarnos al análisis de lo que sucede en esta parte del mundo que habitamos. Con este informe, esperamos aportar desde una perspectiva continental a la reflexión para la transformación colectiva, en el momento histórico que vivimos.

La crisis múltiple como telón de fondo

Como mencionamos anteriormente, la situación política, social y económica —que ya venía sufriendo el continente producto de la crisis neoliberal— se potenció y agravó con la pandemia. A más de seis meses de la llegada del COVID-19 a nuestra región, a inicios de noviembre se registraron más de 11 millones de contagios y 403 000 personas fallecidas. Al momento de publicación de este informe, América Latina y el Caribe es la región con más muertes por cantidad de habitantes. Según las estadísticas de la Universidad John Hopkins, esto se debe a factores pre-pandémicos como “la alta informalidad laboral, hacinamiento y densidad poblacional, baja infraestructura hospitalaria e incapacidad de los sistemas sanitarios para desplegar mecanismos de testeo y trazabilidad tempranamente”^[1].

La economía de la región, castigada por la herencia neoliberal y el recrudecimiento de las políticas de ajuste producto del endeudamiento de la mayoría de los países, entre otras causas, también se ha visto gravemente afectada. Según indican los estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la superación de la crisis económica está estrictamente ligada a la contención y planificación para evitar el aumento de contagios en todo el continente. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, planteó que la recuperación económica después de la pandemia debe ser “transformadora, lo cual se traduce en poner la igualdad y la sostenibilidad en el centro del desarrollo”^[2]. El estudio brinda elementos para comprender que tanto la crisis como la recuperación serán prolongadas, e inclusive que esta es una situación más difícil que la última crisis financiera de 2008, dejando una cifra de 11 millones de personas desempleadas y 231 millones de personas en la pobreza en la región. Sin embargo, sugieren que iniciativas como aliviar el pago de los intereses de la deuda externa serían buenas medidas para paliar los efectos de esta crisis^[3].

En el contexto de la pandemia, también ha seguido profundizándose la dimensión socioambiental de la crisis civilizatoria. Esta dimensión no solo señala las consecuencias que la pandemia descargó sobre las poblaciones urbanas y, particularmente, sobre los sectores populares, afectados por la precarización de sus condiciones de vida. También plantea la responsabilidad que les cabe en el origen de estas pandemias a los procesos contemporáneos de cría industrial de animales y destrucción de selvas y bosques nativos. El carácter catastrófico de la crisis actual también se ha visto agravado en estos meses por los voraces y extendidos incendios que consumieron a nuestra región, particularmente en la región de los humedales en Argentina, Paraguay y Brasil y en los límites de la selva amazónica. Por ejemplo, en el caso de Brasil, según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), este año ha sido el que más focos de incendios ha presentado desde que se empezaron a hacer las mediciones en el 2012 y el Pantanal brasileño —el humedal más grande del mundo— ha perdido producto de los mismos en los últimos meses cerca del 30% de su biomasa. Estos fuegos excepcionales, que también afectaron a otras regiones del mundo como California o Australia, tienen una de sus causas en las sequías y elevación de la temperatura resultado del cambio climático. Recordemos que la región sufre este año la segunda mayor sequía desde 2002. Pero la extensión de estos incendios reconoce además otra causa social: la de los productores agrícolas, el agronegocio y los promotores políticos del extractivismo, que encuentran en la quema el recurso más sencillo para desmalezar y apropiarse de territorios naturales, agravando bárbaramente en la misma acción las propias causas del cambio global del cima.

Finalmente, respecto la dimensión ambiental, vale la pena destacar que durante los meses anteriores hubo una serie de manifestaciones de algunos países de la región que decidieron no ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que fue promovido desde el 2018 en la ONU. Este tratado consiste en una serie de protocolos para la protección del ambiente y la difusión de información sobre la situación ambiental, que a la fecha han firmado 24 países de la región. En septiembre y octubre, los gobiernos de Chile y Perú no ratificaron el acuerdo bajo argumentos de intromisión en los marcos legales nacionales. En septiembre, el parlamento argentino lo ratificó, pero para entrar en vigencia es necesario que por lo menos un país más de la región lo ratifique.

Esta situación de crisis múltiple (sanitaria, económica, ambiental, social), común en mayor o menor medida a todos los países de la región, es el escenario en el que transcurren una serie de procesos políticos que por un lado tienen su especificidad local o regional y al mismo tiempo tributan a la dinámica general que atraviesa al continente.

Bolivia y Chile hacen historia

En solo una semana —entre el 18 y el 25 de octubre— los pueblos de Bolivia y de Chile brindaron a la historia de Nuestra América dos acontecimientos muy importantes. Estos hechos vienen a coronar, al menos momentáneamente, procesos políticos de larga duración, con un efecto inmediato en la situación política de sus países y además con la posibilidad de aportar a un cambio de etapa a nivel continental.

Bolivia: la participación y la lucha

En el caso de Bolivia, el 18 de octubre la fórmula del MAS-IPSP logró un rotundo triunfo en primera vuelta, con el 55,11% de los votos. La diferencia con el candidato de derecha más moderado, Carlos Mesa (28,83%), fue superior a 26 puntos. Tercero, uno de los protagonistas públicos del golpe de noviembre de 2019: Luis Fernando Camacho, con el 14% de los votos. La enorme ventaja del MAS, en un marco de alta participación (88,42%), desarmó cualquier posibilidad de manipulación de los resultados por parte de la dictadura apoyada por EE. UU. y el Grupo de Lima^[4].

Para favorecer las posibilidades de Mesa, en las semanas previas se había bajado de la carrera electoral la presidenta de facto, Jeanine Añez, quien oscilaba entre el tercer y cuarto lugar en las encuestas, con un rechazo creciente por parte de la población. Idéntica decisión tomaron otros candidatos, como el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien bajó su candidatura cuando los sondeos lo ubicaban en un 2% de adhesión. Alentados por los sondeos previos, los medios de comunicación que apoyaron el golpe de Estado instalaron la idea de que era posible una segunda vuelta^[5], o incluso —con total descaro— que estaban empatados^[6]. En los últimos días, Camacho soportó la presión para que resigne su candidatura^[7]. Obtuvo un claro triunfo en su zona, Santa Cruz de la Sierra, donde alcanzó el 45%, pero no logró consolidarse en el resto del país, con resultados entre el 1 y el 2% en departamentos como La Paz y Cochabamba. Mesa, con una votación más pareja en general,  ganó en Tarija (50%) y en Beni (39%). La fórmula Arce – Choquehuanca ganó en La Paz (68%, con una participación electoral del 92%), en Cochabamba (66%),  en Oruro (63%), en Potosí (58%), en Chuquisaca (49%) y en Pando (46%). También triunfó ampliamente en el exterior (69%).

El abogado y periodista Hugo Moldiz —quien fue ministro de Gobierno de Evo en 2015– explicó esta victoria como una combinación de factores, entre los que incluyó “el desgaste y desprestigio acelerado del gobierno de facto de Jeannine Añez y del bloque cívico-político que participó del golpe de Estado de noviembre de 2019, una profundización de la triple crisis (política, sanitaria y económica), el comportamiento amorfo y errático del candidato Carlos Mesa”, por parte del bloque derechista, “y una nueva emergencia indígena campesina y popular desde la mitad de año, que tuvo en el bloqueo nacional de caminos de agosto su más alta expresión, y la presentación de un binomio atractivo electoralmente”, por parte del Movimiento Al Socialismo^[8]. Para no perder perspectiva, es importante destacar que la campaña electoral se realizó de forma totalmente condicionada por el golpe de Estado. En ese contexto hubo momentos de conflictividad, como se describe en el mismo artículo:

… La expresión más alta de la modificación de la relación de fuerzas sociales y políticas se tradujo, de manera clara, en agosto, cuando el Pacto de Unidad (espacio de articulación de las organizaciones indígenas campesinas) y la Central Obrera Boliviana (COB) lanzaron, tras una masiva marcha y cabildo en la ciudad de El Alto, el bloqueo nacional de caminos y la huelga general en demanda de ¡elecciones ya! Arrancar el corte de rutas con 70 puntos en todo el país y llegar en una semana a más de 160 es algo que no se había visto siquiera en 1979, cuando el gobierno militar de Natusch Busch fue derrocado a diecisiete días de su instalación. Las medidas de presión no lograron que las elecciones se llevaran a cabo el 3 de septiembre como establecía la ley de convocatoria, pero sí garantizaron que el 18 de octubre sea la fecha inamovible. Pero el tema de fondo no consistía en la fecha, sino que mostraba el cuadro de situación de ese momento. El bloque indígena campesino y popular demandó la renuncia de Añez ante la negativa del TSE de no hacer las elecciones en septiembre, pero la medida más que materializar la fecha de las elecciones estaba destinada a lanzar el mensaje inequívoco de que la iniciativa política estaba de nuevo de lado del pueblo. El gobierno pensó, en un desconocimiento de la historia de lucha de los movimientos sociales, que los había derrotado. Lo que no se percató es que los movimientos sociales le perdonaron la vida al régimen en agosto, pues la dimisión de Añez hubiera planteado más problemas que beneficios. El MAS hubiera tenido que asumir la presidencia a través de la senadora Eva Copa y al mismo tiempo ser partido en campaña; conflicto que la izquierda supo sortear con inteligencia.

Además de la presidencia, el MAS-IPSP obtuvo mayoría absoluta en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional, pero perdió los dos tercios: alcanzó 21 bancas (de 36) en el Senado y 75 (de 130) en Diputados. El presidente del Senado será Andrónico Rodríguez, joven dirigente cocalero y licenciado en Ciencia Política, una de las principales referencias emergentes en el MAS en los últimos años, con destacada participación en la resistencia al golpe de Estado desde la vicepresidencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. El presidente de la Cámara de Diputados será Freddy Mamani Laura, que en los últimos años fue secretario de la Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz y luego de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. Otra noticia relevante tiene que ver con que por primera vez las mujeres serán mayoría en el Senado (20 de 36).

Tras la elección, la mayoría especial que todavía tiene el MAS modificó el reglamento del Senado para habilitar la posibilidad de decidir con mayoría absoluta sobre 11 temas, entre ellos dos muy importantes: los ascensos a grados máximos de las Fuerzas Armadas y la Policía y, ratificar los nombramientos de embajadores propuestos por el Poder Ejecutivo^[9].

Otro tema relevante de cara al futuro inmediato es la sanción penal a quienes tienen responsabilidad por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los últimos días de octubre, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, entre otros hechos de violencia, y recomendó un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez “por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas”. También recomendó procesos penales contra once ministros y exministros: Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (ministro de Justicia), María Elva Pinckert (ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación), por la vulneración de derechos y garantías constitucionales, que derivó en muertes, heridas y detenciones en represiones policiales y militares tras el golpe de Estado de noviembre de 2019^[10].

Pocos días después de la elección, el dirigente de los trabajadores mineros Orlando Gutiérrez fue atacado en la vía pública. A causa de las heridas, murió el 28 de octubre. Tenía 36 años. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia acusó a activistas de derecha por los ataques. Orlando Gutiérrez ya había recibido amenazas de parte de sectores golpistas. Desde la secretaría ejecutiva de la FSTMB, su participación fue clave en las jornadas de agosto, cuando las organizaciones populares se movilizaron contra la última postergación de las elecciones, en lo que constituyó una decisiva muestra de fuerza por parte del MAS, que impidió la eterna prórroga de la dictadura bajo la excusa de la emergencia sanitaria.

El resultado electoral implica una dura derrota para el entramado de intereses liderado por EE. UU. En particular, desacredita aún más al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la OEA como organización, que queda expuesta en su rol de complicidad con el golpe de 2019^[11], que articuló la movilización de calle de los sectores “cívicos” de algunas regiones con la intervención política nacional e internacional y la decisiva participación de policías y militares. La abrumadora mayoría que apoyó el regreso del MAS se constituyó en un freno a los intentos intentos de prolongar la dictadura como sea.

Igualmente, mientras se redacta este informe todavía en Santa Cruz y en Chuquisaca algunos sectores insisten con la violencia y el desconocimiento de los resultados. Las acciones golpistas se basan exclusivamente en acciones de calle, dado que por ahora ninguna de las instituciones, incluso las de facto, convalidan esa estrategia. La magnitud de la votación no deja lugar a dudas. Esto no es obstáculo para que algunos grupos radicales apuesten a reeditar un escenario similar al 2019. Las protestas se dan sobre todo en el oriente, donde algunos actos tuvieron masividad. El caudillo de la región, Luis Fernando Camacho, tardó casi una semana en reconocer el triunfo de Arce; y cuando lo hizo dejó en claro que buscaba impunidad para los responsables de los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado: “No permitiremos que nuestro pueblo sea procesado ni perseguido por levantarse contra la tiranía”, expresó^[12]. Ese reconocimiento tardío, de todas maneras, se complementa con el acompañamiento —tácito al principio, explícito con el correr de los días— a los grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceña.

En las primeras dos semanas luego de la votación, las protestas alcanzaron más rechazo que adhesión. Incluso, en algunas zonas, la población se enfrentó a los grupos de choque que sostenían bloqueos o intentaban imponer un paro^[13]. Pero continúan vigentes los intentos de crear un clima que habilite un nuevo golpe. Si bien el escenario es diferente, es inevitable el recuerdo de lo sucedido entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 2019.

En Cochabamba —donde votó el 90% del padrón y dos de cada tres votos fueron para Arce—, las acciones más violentas corren por cuenta de la Resistencia Juvenil Cochala. A fines de octubre un grupo de jóvenes fue reprimido cuando intentó ingresar por la fuerza a dependencias policiales, en reclamo de que los efectivos se amotinen y realicen un nuevo golpe de Estado^[14]. En Santa Cruz, el 2 de noviembre, la Unión Juvenil Cruceña encabezó un acto masivo —al que denominaron Cabildo— con la exigencia de anular las elecciones y frenar la posesión prevista para el 8 de noviembre. Para estos fines, anunciaron bloqueos en instituciones y vigilias fuera de las sedes de la Policía y las Fuerzas Armadas, en exigencia de un nuevo golpe de Estado^[15].

Si las fuerzas golpistas no logran su objetivo, a partir del 8 de noviembre de 2020 —casi exactamente un año después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales de la presidencia— comienza en Bolivia una nueva etapa política. Diferentes voceros del MAS, entre ellos el propio Evo Morales, la han identificado como “de reconciliación”^[16]. Luis Arce plantea la necesidad de “estabilidad y paz”. Queda por ver si estas expresiones de deseos se materializarán, con una extrema derecha que en algunas regiones no parece estar dispuesta a asumir su derrota y con el previsible intento, acompañado por EE. UU., de que el nuevo gobierno afronte la mayor conflictividad posible desde el primer día. Pero ahora el pueblo boliviano festeja el regreso de la democracia y del Estado plurinacional: su propio regreso al gobierno.

Chile: adiós a la Constitución (¿y al modelo?) de Pinochet

Como se esperaba, en el plebiscito del 25 de octubre una amplia mayoría de votantes (78% a 22%) se expresó a favor de una nueva Constitución política para Chile^[17].

Este país fue el primero en el que se puso en práctica el experimento económico previamente teorizado por los Chicago Boys —con Milton Friedman a la cabeza—, que después sería la base de los programas de Margaret Tatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en EE. UU. En Chile, primero fue impuesto por el terrorismo de Estado y luego continuado con las llamadas “democracias de baja intensidad”.

Desde el golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, hasta la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019, el país estuvo gobernado por un modelo neoliberal, considerado oficialmente como estable y exitoso. Diez días antes, el 8 de octubre de 2019, el presidente Sebastián Piñera había planteado que Chile estaba en un “oasis” de estabilidad, “en medio de esta América Latina convulsionada”. Sin embargo, la irrupción de la juventud en el espacio público —primero para rechazar un nuevo abuso en los precios del transporte, después para definir cambiar todo lo que se pueda— implicó el comienzo de una crisis política que aún no se agota y se encamina a sus primeros cambios institucionales.

Hoy, transcurrido un año de ininterrumpida movilización, las propias encuestadoras cercanas al ideario neoliberal registran el malestar social generalizado con los fundamentos del modelo pinochetista. De acuerdo a CADEM, “el 60% cree que la principal causa del estallido social es la desigualdad en pensiones, salud y educación, seguido por los bajos sueldos y el alto costo de la vida (32%)”^[18]. La exigencia social mayoritaria es cambiar esta realidad y se expresó electoralmente de forma contundente, incluso por más diferencia que la esperada. Un dato importante es que en el plebiscito participó el 51% del padrón electoral, un número que es bajo en relación con otros países pero que en el caso de Chile, donde el voto es voluntario, es la mayor participación de la historia^[19].

La otra decisión importante del 25 de octubre era sobre el “Tipo de órgano” constituyente. Para esa pregunta, ganó la opción de que la totalidad de convencionales surjan de la elección popular, por mucha diferencia: 79% a 21%. La otra opción era una “Convención Mixta Constitucional”: mitad electa por voto popular y mitad electa por el actual Parlamento^[20].

Los resultados, si bien estaban dentro del marco de posibilidades, sorprendieron por su contundencia^[21] y están en sintonía con el amplio rechazo al gobierno de Piñera y en general, al modelo neoliberal. Durante el largo año que va desde octubre de 2019 a octubre de 2020, el Estado chileno mostró todo su poder represivo, con decenas de personas asesinadas y más de cuatrocientas cincuenta con heridas en sus ojos^[22]. En estos meses, fueron recopiladas más de ocho mil personas que sufrieron de violaciones a los derechos humanos^[23]. Esa fue la respuesta a un proceso de lucha que incluyó un sinnúmero de acciones directas por parte de la población, entre ellas masivas movilizaciones —las más grandes de la historia del país— en las enfrentó a la represión.

El nuevo escenario deja al gobierno en la cuerda floja, tanto por su impopularidad como por los conflictos al interior de la coalición oficialista Chile Vamos^[24]. Como contrapartida, los movimientos progresistas y de izquierda tienen la oportunidad histórica de dar vuelta definitivamente la página del pinochetismo. En este contexto hay gestos de unidad entre el Frente Amplio y la coalición Apruebo Chile Digno, liderada por el Partido Comunista, y debates en torno a cómo abordar las próximas campañas al interior del campo del “Apruebo”, que va desde el centro a la izquierda: también incluye a Unidad Constituyente, el nuevo nombre del histórico espacio de la Concertación que nuclea al Partido Socialista, la Democracia Cristiana y aliados menores^[25].

El 11 de abril de 2021 el pueblo chileno irá nuevamente a las urnas, esta vez para decidir quiénes serán los/las convencionales que redactarán la nueva Constitución. Ese día se elegirán también gobernadores/as y alcaldes(as), proceso que iniciará el próximo domingo 29 de noviembre con las primarias. En noviembre de 2021, con la Constituyente instalada, será el turno de la elección presidencial y las parlamentarias. Y en los primeros meses de 2022 se realizará el Plebiscito “de salida”, donde se pondrá en consideración el nuevo texto constitucional^[26]. Este calendario electoral se complementará con un intenso activismo social. Los próximos meses dirán hasta dónde es posible llegar en los cambios institucionales, emergentes de un proceso de lucha generalizada que continúa y que ya entró en la historia de este pueblo.

Región Andina

En la región Andina, encontramos dos principales ejes de conflicto durante los últimos meses. En primera medida, la dinámica geopolítica vinculada a las relaciones Colombia-Venezuela respecto el lugar que ocupan ambos países en la dinámica continental en general, atravesada en particular por la dinámica imperialista. Allí estos componentes más geopolíticos se combinan con diferentes elementos concretos dentro de los dos países. Por otro lado encontramos los acontecimientos vinculados a la estabilidad política de los gobiernos en materia de escándalos de corrupción, y el rechazo popular por medidas económicas que profundizan las medidas neoliberales, como sucede en Perú y Ecuador. También se aborda el vínculo de esta dimensión política con los cercanos escenarios electorales y en ese contexto, los intentos de proscripción y los ataques judiciales para evitar que los sectores progresistas puedan acceder a los comicios.

Eje Colombia-Venezuela

La dinámica política en Colombia tuvo importantes novedades en materia de retrocesos y avances del movimiento social, y el lugar que estaba ocupando la derecha del uribismo y el partido de gobierno. Durante el mes de octubre, producto de una decisión judicial, el ex presidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez fue dejado en libertad. La jueza Clara Salcedo anunció que Uribe deberá enfrentar el proceso judicial en su contra sin estar sujeto a la detención domiciliaria en la que se encontraba desde agosto. Después de hacerse efectiva su libertad, el líder del uribismo publicó un “Manual de instrucciones para ganar la presidencia en 2022”, donde menciona como puntos principales la lucha contra el socialismo y el castrochavismo; la necesidad de derogar el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial de Paz producto de este, fortalecer la imagen del Centro Democrático, partido de gobierno, como el partido de las Fuerzas Militares; y denominar al Senador Gustavo Petro como el principal enemigo del proyecto uribista, entre otros^[27].

Estas “instrucciones” son preocupantes, especialmente teniendo en cuenta el contexto de crisis violenta que atraviesa el país. El mes de septiembre estuvo caracterizado por grandes movilizaciones en rechazo a la violencia policial en las principales ciudades del país, producto de la tortura y asesinato por parte de la Policía del ciudadano Javier Ordóñez. Estas movilizaciones fueron respondidas por la institución con una fuerte represión, que dejó como saldo 13 ciudadanos asesinados por parte de la Policía, en claros episodios de extralimitación de sus funciones y violación de los derechos humanos^[28]. Adicional a ello, las cifras del asesinato de líderes, lideresas y excombatientes de las FARC siguen en aumento: según INDEPAZ, al 2 de noviembre se reportaron 247 líderes y lideresas sociales y 230 excombatientes asesinados solamente en 2020, lo que lleva las cifras totales desde 2016 a más de 1300 personas asesinadas por razones políticas vinculadas a la defensa de los territorios y a la exigencia de implementación de los Acuerdos de Paz. A la fecha, también se han cometido 71 masacres en diversas regiones del país, que suman 200 personas más asesinadas^[29].

Sin embargo, en el país la movilización social se fortaleció de forma importante. Del 9 al 21 de octubre miles de campesinos, indígenas y diversos sectores sociales se movilizaron desde el suroccidente colombiano —específicamente el departamento del Cauca, el más golpeado por la violencia política— rumbo hacia Bogotá, en la “Minga Social y Comunitaria. En defensa de la Democracia, la Paz, y el Territorio”, con el objetivo de exigirle al presidente Duque medidas reales de protección para los y las lideresas, además del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esta movilización tuvo un amplio apoyo por parte de la ciudadanía. El 21 de octubre se realizó un nuevo paro nacional el 21 de octubre, mientras la Minga estaba en Bogotá. A pesar de haber llegado a la capital, y de estar a una cuadra del palacio presidencial, Duque decidió no acudir a conversar con los sectores sociales movilizados. A esta movilización siguió una Peregrinación por la Vida y por la Paz, movilización de carácter nacional por parte de los y las firmantes de paz del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), también hacia Bogotá, con el mismo objetivo: protección de la vida y cumplimiento de los Acuerdos, a lo que nuevamente el presidente reaccionó con la negativa de conversar y escuchar a los y las ex combatientes. Aquí vale la pena mencionar que la imagen de Iván Duque, según la consultora Cifras y Conceptos, cuenta al 28 de octubre con una desaprobación del 63%^[30].

A esta compleja situación social y política se suma la denuncia de la bancada de oposición contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los abusos cometidos por parte de la Fuerza Pública; su nula gestión respecto las masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales; y la injustificada presencia que ha realizado la Brigada de Asistencia Fuerza de Seguridad de los Estados Unidos (SFAB, por sus siglas en inglés) en el territorio colombiano, que ha sido autorizada por el Ministro y continúa a pesar de que un tribunal ordenara suspender las acciones de estas tropas en territorio nacional^[31]. Es importante recordar que entre mayo y junio de 2020 llegaron al país 53 militares a fortalecer la nueva fase del Plan Colombia, y a finales del mes de octubre, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) recibió la primera de varias aeronaves de transporte militar Hércules C-130 que donará Estados Unidos dentro de estos acuerdos bilaterales.

Este panorama, sin dudas, potencia el asedio que viene sufriendo la República Bolivariana de Venezuela por parte de EE. UU. a través de sus aliados regionales y su principal “amigo” en la región, como ha llamado a Colombia el todavía secretario de Estado, Mike Pompeo, en su reciente visita al país.  Para la muestra, un botón: el presidente Nicolás Maduro denunció que Iván Duque y Álvaro Uribe tuvieron relación con los los recientes ataques terroristas contra el Complejo Refinador de Amuay, ubicado en la Península de Paraguaná, en el caribe venezolano^[32][33].

Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones en informes previos, Venezuela atraviesa un asedio político, diplomático, económico y militar promovido por Estados Unidos, con el objetivo de reducir la fuerza de la Revolución Bolivariana y derrotar la molestia política que le significa a EE. UU. que siga vigente un proceso de las características venezolanas, en la región que pretende que continúe como su “patio trasero”. Estas medidas coercitivas unilaterales han afectado la vida del pueblo venezolano en todas sus dimensiones, buscando allanar el terreno para una intervención extranjera anunciada en reiteradas ocasiones por el presidente Donald Trump, que se justificaría por una supuesta “defensa de los derechos humanos” utilizada, paradójicamente, como arma de guerra.

El capítulo más reciente de este asedio diplomático se dio en el mes de octubre, cuando en medio de la sesión de la 45° Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), se debatió la continuidad de la Misión Paralela de Observación promovida por el Grupo de Lima. Este grupo de países, con la presentación de un informe claramente sesgado y favorable a los intereses estadounidenses —contestado por la Cancillería venezolana^[34]—, buscaba que la misión hiciera la veeduría de derechos humanos en el país, superponiendose con el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, iniciado en 2019 y que ha trabajado a partir de relaciones formales y diplomáticas con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Con los votos de los países del Grupo de Lima y aliados, se avaló la continuación de esta Misión Paralela, con el objetivo principal de desplazar la presencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de ello, con votos como el de México, también se avaló la continuidad de la Misión de la Oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, única reconocida por el gobierno venezolano^[35]. Como respuesta en materia de derechos humanos, la Cancillería también elaboró el  informe “La verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio”^[36].

Ante el bloqueo económico, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la llamada “Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos”, con el objetivo de permitir al gobierno crear maniobras de protección al país, y en especial a su economía, ante las sanciones impuestas por EE. UU. La Ley, entre otras medidas, implica la protección de los activos internos y externos, la realización de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas y la profundización de las relaciones financieras con Rusia y China, entre otras^[37], y asegura que los recursos que se generan con estas medidas sean destinados a compensar el salario de los trabajadores, financiar el sistema de protección social y los servicios públicos de calidad e impulsar las industrias estratégicas, entre otras aspiraciones. A pesar del bloqueo y de las dificultades para desarrollar áreas como la ciencia y la técnica, Venezuela anunció el hallazgo de un medicamento que anula al cien por ciento el virus Covid-19, sin ningún tipo de toxicidad que afecte las moléculas sanas para generar efectos colaterales negativos, según declaraciones del presidente Maduro^[38].

Es muy importante destacar que el asedio se profundiza también en su rostro diplomático, en particular respecto a las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, que se realizarán el 6 de diciembre. Varios de los países aliados a EE. UU. han insistido en “no reconocer” y cuestionar su legitimidad, impulsados por el lobby internacional a favor del autoproclamado presidente “encargado” Juan Guaidó, quien intenta invalidar los comicios. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por convocar a estas elecciones una gran misión de acompañamiento y observación: a la fecha hay más de 300 acompañantes internacionales confirmados^[39]. Al respecto, los sectores de oposición que se encuentran en Venezuela, como la coalición opositora Alianza Democrática, presentarán candidatos y, a diferencia de Guaidó o del mismo Leopoldo López, buscarán llegar al poder a través de las vías democráticas.

Eje Ecuador – Perú

La crisis política y económica que atraviesan Perú y Ecuador está estrechamente vinculada a su relación con el Fondo Monetario Internacional y a los numerosos casos de corrupción en los que se encuentran implicados miembros de ambos gobiernos. En el caso de Ecuador, se cumplió un año de las inmensas movilizaciones en rechazo al primer paquetazo neoliberal que buscó implementar Lenin Moreno, a partir de las condiciones puestas por el FMI para desembolsar el préstamo pedido por el gobierno. Hoy, el presidente Moreno vuelve a acudir nuevamente al organismo financiero para solicitarle otro préstamo por 7500 millones de dólares, equivalente al 8% del PIB del país, profundizando aún más la enorme deuda externa que ha caracterizado su política económica.

Según los cálculos que realiza el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el presidente Moreno cerrará su período con una deuda externa superior al 50% del PIB, sin haber invertido los préstamos en obras públicas o grandes gestiones de inversión social, lo que abre la pregunta sobre cuál fue el destino de los más de 27 000 millones de dólares que acumuló en los cuatro años de gobierno. A partir de las cifras de CELAG, la deuda externa contratada sirvió para repagar la deuda adquirida, y para financiar la fuga del sector privado^[40]. Con este último préstamo, en total Moreno habrá adquirido en su gobierno una deuda de 35 mil millones de dólares. Una semana después del anuncio de la aprobación de este nuevo préstamo del FMI, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, presentó su renuncia para poder asumir el cargo de vicepresidente de países de la nueva gestión del Banco Interamericano de Desarrollo BID, en cabeza del estadounidense Claver Carone, recientemente elegido.

Producto de las medidas económicas, más la represión y persecución contra las organizaciones sociales que se han manifestado contra las medidas de profundización neoliberal, y en particular por la mala gestión de la pandemia, Lenin Moreno enfrenta una crisis política que pareciera afectar la continuidad de su proyecto neoliberal durante el próximo período presidencial. A pesar de haber logrado evitar —a través de la activación de un feroz mecanismo de lawfare y montajes judiciales— la presentación de Rafael Correa como fórmula vicepresidencial de Andrés Arauz en los comicios, Moreno y las fuerzas antidemocráticas no pudieron detener la inscripción en la contienda electoral del binomio de Unión por la Esperanza (UNES), el frente político heredero del correísmo, que se perfila como posible ganador de la presidencia, mientras las encuestas arrojan un 83,4% de desaprobación del gobierno actual^[41].

El camino para consolidar la presentación del binomio Arauz-Rabascall no fue sencillo, ya que un movimiento opositor presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la figura del candidato a vicepresidente. Sin embargo, el Tribunal se pronunció en contra de este recurso y ratificó la habilitación de la fórmula de UNES ante el Consejo Nacional Electoral.

Las elecciones se avecinan en un contexto de gran movilización social por parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Sindicato Único de Obreros Municipales de Babahoyo (Suomb), la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), el Sindicato de Obreros al Servicio de la U.T.B, entre otras organizaciones, quienes se han movilizado contra los permanente acuerdos del gobierno de Moreno con el FMI, el aumento de impuestos como el IVA, los numerosos despidos y recortes a los salarios de docentes, entre otras medidas neoliberales.

Por otro lado, Perú atraviesa una nueva crisis política^[42], producto del escándalo de corrupción en el que se vio involucrado el presidente Martín Vizcarra, sucesor de Pedro Pablo Kuczynski (quien renunció al cargo por estar vinculado también a un proceso de corrupción —por el caso Odebrecht—). A mediados de septiembre, el Congreso investigó y desarrolló un primer juicio político contra el presidente Vizcarra por irregularidades en contrataciones de su cartera, pero no se alcanzaron los 87 votos necesarios para consolidar la solicitada vacancia presidencial. Finalmente, el 9 de noviembre, en la segunda convocatoria de juicio, se aprobó en el Congreso la moción de vacancia por inmoralidad, con el que lograron la destitución presidencial y el nombramiento de Manuel Merino, hasta ahora presidente del parlamento y principal impulsor de la destitución^[43].

Frente a esta destitución, diversos movimientos sociales de Perú se han manifestado masivamente en las calles contra lo que denominaron un “Golpe de Estado Parlamentario”, orquestado e instrumentalizado por un Congreso ilegítimo cuyos integrantes, paradójicamente, afrontan en su mayoría investigaciones en materia de corrupción. Para las organizaciones, la vacancia presidencial busca favorecer al empresariado y el proyecto neoliberal, y se enfrentan con el temor de que este nuevo gobierno, busque aplazar las elecciones a realizarse en 2021.

Este juicio se da en el marco de cuestionamientos a la política respecto la crisis sanitaria producto de la pandemia, teniendo en cuenta que Perú es uno de los países de la región con más muertes por COVID-19 en relación a la cantidad de habitantes. Una de las principales críticas ha sido que el gobierno de Vizcarra no solamente no fortaleció el sistema de salud para evitar su colapso sino que —producto de su alineamiento con el gremio empresarial— aceleró la reapertura de actividades, lo que terminó significando un aumento en la curva de contagios, sumados a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que debieron salir del aislamiento al no aprobarse finalmente el subsidio de ingreso básico universal por parte del Ministerio de Economía.

Respecto las elecciones presidenciales de abril de 2021, ya se han anunciado precandidaturas por parte del Partido Nacionalista —con el expresidente Ollanta Humala, quien cumplió 9 meses de prisión preventiva por el delito de lavado de activos de Odebrecht—; Alianza para el Progreso (APP) —con César Acuña— y el Partido Morado —con Carolina Lizárraga—. A través del inicio de un nuevo período presidencial, se buscará una salida a la fuerte crisis que atraviesa hoy el país, que hasta el momento no tiene claras posibilidades de ser resuelta de otra manera, ya que la movilización social ha estado bastante reducida, producto de las condiciones de la pandemia y también de las dificultades de movilización y organización política de una sociedad con tan fuerte y antigua impronta neoliberal.

Como respuesta a esta nueva profundización de la crisis política instalada hace décadas, movimientos sociales como La Junta, Nuevo Perú y lideresas como Verónika Mendoza plantean como alternativa la necesidad de una Asamblea Constituyente que priorice los intereses de la mayoría y ponga fin a las políticas neoliberales en el Perú.

Cono Sur

La otra disputa electoral en el Cono Sur durante este período, eclipsada en parte por las desarrolladas en Chile y Bolivia, fue en Uruguay. Allí, el 27 de septiembre se eligieron autoridades departamentales y municipales. Como abordamos en el informe especial sobre el tema^[44], los resultados favorecieron en general al bloque de derecha en el gobierno, la llamada “coalición multicolor”. En particular, el Partido Nacional obtuvo el triunfo en 15 de los 19 departamentos (en otros países se los denomina provincias o estados). Entre ellos se cuentan Paysandú, Rocha y Río Negro, que hasta ahora estaban gobernados por el Frente Amplio. Este frente que va desde el centro a la izquierda retuvo tres gobiernos departamentales: Montevideo, Canelones y Salto, donde habitan dos tercios de la población. El Partido Colorado mantuvo su fuerza en Rivera.

Los números respaldan al nuevo gobierno de derecha, encabezado por Luis Lacalle Pou, que asumió en marzo, y representan un llamado de atención a las fuerzas progresistas y de izquierda, que sufren una segunda derrota consecutiva tras las presidenciales de 2019. Lo anterior abre un proceso de debate al interior del Frente Amplio, que se encuentra a las puertas del proceso de renovación más importante de las últimas dos décadas.

En Argentina, mientras tanto, las fuerzas de derecha aparecieron en este período con mayor iniciativa política que el gobierno encabezado por Alberto Fernández. Uno de los conflictos más impactantes fue la revuelta policial de principios de septiembre, en la que un grupo de efectivos llegó a rodear la quinta presidencial, exigiendo mejoras salariales, que fueron atendidas tras varias horas de relativa tensión política^[45]. En otro plano, la demora para la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, desde hace meses en debate, es indicador del poder de los sectores económicos más concentrados, que parecieran casi intocables aun en situación de crisis pandémica. El frente económico es clave, por la crisis en que dejó la economía el gobierno de Macri, sumado a la caída de la actividad en medio de la pandemia. La situación está atravesada por la escasez de dólares en la economía, en un contexto de alto endeudamiento y presiones empresariales por una mayor devaluación, lo cual impactaría en una pérdida —aún mayor— del poder adquisitivo del salario y de las ayudas sociales. Si bien el gobierno intenta algunas medidas redistributivas, hasta el momento se desarrolla una crisis general que golpea a los sectores más pobres^[46].

En este contexto, otra de las situaciones críticas del país tiene que ver con la falta de tierra y vivienda. La respuesta oficial combina un poco de asistencia social directa y renovados programas de vivienda para sectores medios, en general progresivos, con represión a las tomas de tierras familias sin techo, como sucedió a fines de octubre en Guernica, una localidad del populoso (y empobrecido) conurbano bonaerense, gobernado por el Frente de Todxs, y en otras partes de la provincia y el país^[47]. Este hecho fue repudiado por una parte de la militancia que apoya al gobierno y generó amplio debate en redes sociales. Una polémica similar se dio en el plano de la política exterior, aunque con mayores consecuencias, cuando el representante argentino votó en la ONU la propuesta impulsada por EE. UU contra Venezuela^[48]. Esto ocasionó la inmediata renuncia de Alicia Castro —ex embajadora en Venezuela y en Gran Bretaña— como representante oficial en Rusia^[49].

Otro de los temas de relaciones exteriores que incluyen a Argentina tiene que ver con un hecho sucedido en Paraguay, de extrema gravedad aunque parece haber desaparecido de la agenda. El 2 de septiembre, efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta asesinaron a dos niñas argentinas de 11 años, quienes —según informó el gobierno paraguayo— estaban en un campo del grupo guerrillero EPP. El hecho recibió el repudio y la condena nacional^[50] e internacional^[51]. También la destrucción de evidencias^[52] y el intento del gobierno de Mario Abdo por presentar a las niñas como combatientes^[53], versión que fue acompañada casi sin fisuras por parte de los principales medios privados de comunicación^[54]. Horas después, el EPP secuestró al exvicepresidente Óscar Denis y a uno de sus colaboradores, Adelio Mendoza, quien fue liberado pocos días después. Hasta el momento, no hay noticias sobre la vida de Denis. Según informó el gobierno, se encuentran secuestrados también el oficial del Ejército Edelio Morínigo y el ganadero Félix Urbieta.

En los últimos meses, Paraguay ha visto agravar también su situación sanitaria, económica y social. Al igual que en otros países de la región, la tierra y la vivienda hacen parte de una agenda impostergable. La respuesta del Estado es la represión, como sucedió en Limpio, ciudad cercana a Asunción a principios de noviembre, cuando un megaoperativo desalojó a unas dos mil personas sin techo que ocupaban terrenos^[55].

Otro de los temas que comparten Argentina y Paraguay, junto a Bolivia, Brasil y en menor magnitud, a otros países de América del Sur^[56], es la catástrofe ecológica ocasionada por los incendios. Entre otras zonas, afecta gravemente a los ecosistemas del Delta del Paraná y de las sierras de Córdoba, en Argentina; y de Pantanal —el humedal más grande del mundo—, en Matto Grosso, Brasil, en la frontera con Bolivia y Paraguay^[57].

Por sus características, Brasil merece un análisis más específico, en el cierre de un año muy dinámico y a las puertas de las elecciones municipales.

Un análisis particular de Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro

Ante un escenario signado por el crecimiento del desempleo, una economía débil, la degradación ambiental y el aumento de los fallecimientos por Covid-19 que ya indicamos en informes anteriores; el presidente Jair Bolsonaro ha venido utilizando una estrategia basada en cuestionar la importancia de la enfermedad, ampliando así el ataque a las instituciones al refutar los enormes riesgos para la salud pública que trae el virus. En esta dirección, el gobierno buscó construir una falsa dicotomía entre las medidas para controlar la pandemia y la preservación de la economía. Era una apuesta riesgosa que, además de asumir el costo de la propagación de la enfermedad, no garantizaba una mejora en la actividad económica. Por el contrario, existía el riesgo de una caída de la actividad y un aumento del desempleo que impactara en la vida de las personas lo que podría permitir a la oposición cuestionarlo por su abandono de la defensa de la vida y de la economía también.

En este contexto, aunque los datos económicos del país no arrojan buenos resultados y la tasa de desempleo ya llega al 14,4% (en el último informe era del 14,2%), la respuesta positiva de importantes sectores económicos impidió que las previsiones más catastróficas se cumplieran. Por otra parte, la popularidad del presidente creció, alcanzando su mayor tasa de aprobación desde la toma de posesión. En este sentido,  según una reciente investigación de Datafolha, el 37% de los brasileños considera que el gobierno de Bolsonaro es excelente o bueno y el rechazo al mismo —los que lo consideran malo o muy malo— disminuyó del 44% al 34%^[58].

Para tratar de explicar este crecimiento de la aprobación a Bolsonaro y su resiliencia frente a la situación de crisis que se vive es importante tener en cuenta dos movimientos principales realizados por el gobierno en el campo económico y en el político. El primero refiere al aumento del gasto fiscal —que alcanzó al 18% del PIB,  según el FMI—, orientado a sostener las medidas de emergencia adoptadas para apoyar el empleo y los ingresos. Medidas que solo fueron posibles por la fuerte presión de las organizaciones opositoras, pero que Bolsonaro supo incorporar y presentar como propuestas suyas. El segundo movimiento fue el fortalecimiento de las propuestas de reformas neoliberales que, contradictorias con lo primero, prosiguen y profundizan el vaciamiento del Estado.

En relación al primer movimiento, la aprobación de ayudas de emergencia a los sectores más pobres de la población benefició a más de 65 millones de personas, con concesiones reales a ese grupo; manteniendo sus ingresos, aumentando el consumo de las familias y mitigando el impacto de la crisis en los más castigados y pobres y sobre la actividad económica, sin tener que romper con el mercado. Por otra parte, en la defensa de las políticas neoliberales lideradas por su ministro de Economía Paulo Guedes, Bolsonaro logró articular a las fuerzas políticas tradicionales de la derecha —como ya habíamos señalado en el último informe—, lo que permitió que se abandonaran los procesos de juicio político en su contra presentados en el Congreso Nacional y que se modificara la postura de los políticos del Centrão (centro) y de la prensa burguesa, en una dirección de menor confrontación. Esto mostró que la posible unidad entre las fuerzas políticas de la oposición —que podría llevar a la destitución del presidente— y la clase dominante apuntaba solo a la domesticación del gobierno, posibilitando así las políticas que apuntan al objetivo de la austeridad fiscal.

Además de estas dos cuestiones que presentamos anteriormente, otros elementos estructurales de la conformación de la sociedad brasileña refuerzan la aprobación actual que recoge el gobierno. Entre los principales elementos a destacar, hay que mencionar desde la tolerancia a un alto grado de desigualdad social —donde la ayuda de emergencia se justifica por la amenaza del hambre— hasta la violencia selectiva del Estado —con el exterminio permanente de pobres y negros y la licencia para matar mujeres—, que se radicalizó aún más durante la pandemia. Con esto, la estrategia de Bolsonaro de postular la falsa opción de elegir entre la vida y la economía, dadas las medidas mencionadas anteriormente, no solo ganó espacio en la sociedad, sino que se impuso como la interpretación dominante. La expectativa de la oposición de que la pandemia diera fuerza a un mayor enfrentamiento con Bolsonaro y política de negación de la crisis de salud pública lamentablemente no se cumplió.

Sin embargo, los acontecimientos políticos futuros aún están abiertos, dada la imposibilidad del gobierno federal de mantener indefinidamente los dos movimientos con los que por ahora garantizó su avance. El impasse entre el mantenimiento de las políticas neoliberales, por un lado, y las políticas de transferencia de ingresos, por el otro —dado que la ayuda de emergencia y todas las demás políticas para combatir la pandemia acaban en diciembre de 2020—, pone al gobierno en el próximo año una vez más en una posición delicada para mantener su aprobación y sus alianzas, ante una situación de alto desempleo e incapacidad para volver a la normalización de las actividades económicas.

Los desafíos son aún mayores para las fuerzas de la oposición, en un entorno donde los elementos fascistas están cada vez más presentes y las acciones para combatirlos son muy bajas y puntuales. Si la pandemia abrió una posibilidad para la lucha contra el proyecto autoritario de Bolsonaro, el desgaste de la sociedad en relación a una cuarentena que se ha alargado por falta de medidas adecuadas puede desviar el foco de la lucha contra la pandemia. Las formas para enfrentar el nuevo tipo de neofascismo que supone el bolsonarismo aún no aparecen en la lucha. Es fundamental ciertamente que puedan encontrarse estos caminos. En esa dirección, las próximas elecciones municipales, cuya primera vuelta se realizará a mediados de noviembre, pueden ofrecer un panorama más preciso sobre la fuerza del gobierno y de los diferentes partidos políticos en el ámbito institucional y sobre las posibilidades de construir las necesarias y efectivas alianzas en defensa de la vida y del pueblo.

Mesoamérica

La movilización social continúa siendo protagonista en la región que va desde Panamá hasta México. Con masivas movilizaciones y bloqueos de vías impulsadas por centrales sindicales y organizaciones sociales y políticas, han sido fuertemente rechazados los nuevos acuerdos económicos de los diferentes gobiernos con el FMI, a los que han acudido para poder financiar la crisis potenciada por la pandemia, en perjuicio de la clase trabajadora.

En Panamá se desarrollaron numerosas movilizaciones de estudiantes en rechazo a los recortes presupuestarios de 91 millones de dólares para la Universidad de Panamá, anunciados para 2021; de centrales de trabajadores y sindicatos contra las modificaciones del Código del Trabajo, que alientan la flexibilización laboral en plena crisis sanitaria; y de habitantes de las comunidades en la periferia de la capital del país, exigiendo el acceso a tierras y servicios básicos y esenciales.

En el caso de Costa Rica, el mes de octubre estuvo protagonizado por grandes movilizaciones callejeras que no se veían hace años. Producto del descontento social por las medidas del presidente Carlos Alvarado frente a una posibilidad de negociación con el Fondo Monetario Internacional, diversos sectores sociales convocaron movilizaciones que duraron más de tres semanas. La economía del país atraviesa una importante crisis que prevé un déficit fiscal de 10% del PIB al cierre de 2020. La pandemia agudizó la crisis en la que ya se venía adentrando el país, especialmente por la caída del sector turismo, uno de los principales sectores de la economía nacional, que hasta la fecha ha dejado la cifra de 24% de desempleo^[59]. En ese marco, el gobierno de Alvarado inició acercamientos con el FMI para solicitar un crédito por 1750 millones de dólares, que para ser aprobado necesitaría las ya conocidas medidas solicitadas por el organismo en otros países de la región: aumento de impuestos, recortes en el gasto público, privatización y fusión de empresas estatales, entre otras.

Frente a esta posibilidad, el movimiento sindical y universitario rechazaron los acercamientos y se movilizaron masivamente a pesar de diversos episodios de violencia policial e infiltración de las movilizaciones. De esta manera lograron que el presidente retirara el plan inicial junto al Fondo Monetario y convocara a un escenario de diálogo nacional con las organizaciones que se manifestaron, para construir de conjunto un plan de salida de la crisis fiscal. El primero de los encuentros se dio el pasado 23 de octubre con representantes de más de 60 sectores, de los 70 que fueron convocados. La meta de estos diálogos es concluir el 20 de noviembre con un pliego de propuestas para presentarlas ante el parlamento^[60]. Sin embargo, el presidente Alvarado continúa sin descartar un posible préstamo del FMI^[61].

Por otro lado, Nicaragua continúa enfrentando las medidas coercitivas impuestas por la Unión Europea en su contra, dentro de las que se encuentra el congelamiento de sus activos en la UE afectando su economía en plena pandemia^[62]. En el caso de El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y numerosas organizaciones sociales condenaron la obstrucción que ha realizado el ministerio de Defensa del país para acceder a los archivos militares y de inteligencia para el esclarecimiento de la masacre de El Mozote, cometida por el batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador en 1981^[63].

Respecto a la problemática de la migración en la región, que ya hemos trabajado en informes anteriores, durante los últimos meses ha habido una reactivación de las caravanas migrantes, especialmente de Honduras y El Salvador con destino a Guatemala, para pasar a México y finalmente llegar a Estados Unidos. La crisis sanitaria y económica, profundizada por la pandemia, generó una situación social aún más compleja en estos países, que obliga a las grandes mayorías a considerar migrar hacia EE. UU. en busca de trabajo y condiciones de vida mínimas. Sin embargo, los diferentes tratados migratorios de Honduras, El Salvador y Guatemala con EE.UU. han creado un sinnúmero de dificultades para los y las migrantes. Solamente en octubre, una caravana de 704 migrantes hondureños que se encontraba en Guatemala fue obligada a regresar a Honduras, igual que otras decenas de migrantes que fueron capturados por funcionarios del Deàrtamento de Seguridad Nacional de EE. UU^[64].

En este contexto, el 27 de octubre se reunieron delegaciones de Honduras, Guatemala y Estados Unidos para coordinar acciones conjuntas para prevenir la migración “irregular”. Esta reunión se da después de la visita que realizó el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, a los tres países centroamericanos entre el 19 y el 21 de octubre, con los objetivos declarados de “fortalecer los lazos de cooperación y amistad y combatir el crimen organizado y el narcotráfico”, según comunicados de las diferentes reuniones^[65], declaraciones que llaman la atención teniendo en cuenta el procesamiento por delitos vinculados justamente al narcotráfico de funcionarios de los gobiernos de la región, en especial del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Mientras tanto, en un México atravesado por la migración, el narcotráfico y la violencia —todos temas vinculados a la relación con EE. UU.—, parecen concretarse algunos avances en la búsqueda de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa^[66]. Esto incluye órdenes de detención libradas para efectivos militares, la mayoría retirados, y también contra policías locales y federales acusados de participar en alianza con grupos criminales^[67][68]. En el terreno político, la derecha intenta rearmarse contra AMLO y una de estas expresiones es la llamada Alianza Federalista, que se creó a principios de año y hoy articula a gobernadores de diez estados: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango^[69]. En septiembre, los gobernadores decidieron salir de la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores^[70]. Además de la eventual proyección electoral de estos movimientos, la pelea de fondo es por recursos federales, en el contexto de la peor caída económica desde la década de 1930^[71]. En el plano de la política exterior, y con la excepción de la asistencia a EE. UU. en la represión a las familias migrantes, México continúa en la construcción de una política de mayor soberanía e integración, con un papel destacado en el impulso a la CELAC. En los últimos días, la Cancillería mexicana manifestó “su profundo descontento” de manera verbal y por escrito al gobierno de EE. UU., luego de la detención en este país del exsecretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, sin informarle al gobierno mexicano^[72].

Finalmente, la difícil situación que atraviesa Mesoamérica se profundizó en la primera semana de noviembre con el paso del huracán Eta, una depresión tropical que afectó las costas de toda la región e inclusive también algunas islas del Caribe. Hasta el cierre de este informe, en Honduras había 338 563 personas afectadas, 2764 evacuadas y 2675 albergadas; en El Salvador hubo 26 derrumbes y 1190 personas evacuadas; en Costa Rica 1361 personas estaban albergadas por las inundaciones^[73]; y en Nicaragua, uno de los países más afectados, 20 mil residentes se encontraban en refugios^[74]. En total, se han reportado 18 personas fallecidas e innumerables daños materiales.

Caribe, frontera imperial

El panorama en el Caribe está atravesado por las consecuencias de la pandemia, que golpea fuerte en el sector del turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la región^[75]. Con la caída de la actividad, se estima que la pérdida de empleos en el año alcanza un millón de personas^[76]. Pese a este panorama, en términos relativos predomina la estabilidad política y social, pero hay excepciones o situaciones particulares a destacar.

Cuba, en este contexto, se enfrenta a las consecuencias del bloqueo, con importantes afectaciones en el comercio exterior, las finanzas, el transporte —desde diciembre de 2019 EE. UU. suspendió todos los vuelos desde su territorio y sancionó a 54 embarcaciones—, la salud y la agricultura, entre otros sectores^[77].

En Haití continúa la crisis política y se acentúa la violencia, con participación de criminales, grupos paramilitares afines al gobierno de Jovenel Möise y los propios cuerpos de seguridad. A finales de agosto fue asesinado a balazos Monferrier Dorval, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, en un hecho que no está esclarecido. Además, en un enfrentamiento entre pandillas/grupos paramilitares, se produjo una masacre donde fueron asesinadas más de 20 personas, incluyendo niños^[78]. Entre principios de octubre y principios de noviembre resurgieron las protestas ante asesinatos de estudiantes por parte de fuerzas estatales^[79]. Al cierre de este reporte, el país se encuentra movilizado por el secuestro, violación y brutal asesinato de la estudiante Evelyne Sincère^[80]. También continúan las grietas al interior del propio aparato oficial, lo cual se expresó en este período en violentas manifestaciones de policías en reclamo de la excarcelación de Jean Pascal Alexandre, detenido en mayo por acusaciones de de asesinato, incendio, destrucción de bienes públicos y atentado contra la seguridad del Estado^[81].

En medio de esta situación, el presidente Möise propuso no convocar elecciones —que debían realizarse en 2019— hasta después de reformar la Constitución^[82]. En septiembre, además, nombró a los integrantes del Consejo Electoral pese al rechazo de la oposición^[83]. El 15 de octubre, la ONU prorrogó por un año el mandato de la BINUH (Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití)^[84], que es la continuidad de la MINUSJUSTH y esta a su vez de la MINUSTAH, por medio de las cuales once países latinoamericanos —junto a países de otros continentes— intervinieron militarmente en Haití^[85]. La ocupación trajo graves consecuencias, entre ellas el abuso sistemático de mujeres y niñas y una epidemia de cólera que provocó más de 10 mil muertes, razón por las cuales organizaciones demandan a la ONU una indemnización^[86].

El Caribe insular comparte una larga historia de intervención extranjera y opresión colonial. El 23 de agosto, en el marco del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, el presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Ralph Gonsalves —también primer ministro de San Vicente y las Granadinas— exigió a los países colonialistas justicia reparadora para la región^[87].

Panorama electoral

Jamaica

El 3 de septiembre se realizaron las elecciones generales en Jamaica, donde resultó triunfador el Partido Laborista (57% de los votos y 49 asientos en el Parlamento) sobre el Partido Nacional del Pueblo 42% de los votos y 14 bancas). Fue una elección con muy baja participación: el 37% del registro, once puntos menos que en la anterior, realizada en 2016, donde también ganó el laborismo pero la diferencia entre ambos partidos fue de solo el 0,4% (50,1% a 49,7%)^[88].

Bermudas

El 1 de octubre se realizaron las elecciones generales en esta colonia británica y resultó triunfador el Partido Laborista Progresista, con casi el 59% de los votos, que le otorgaron 24 bancas. Con estos números, el actual primer ministro David Burt se aseguró la reelección. Su contendiente Alianza Una Bermuda alcanzó el 41% y los 12 escaños restantes.

Puerto Rico

El 3 de noviembre —como parte de las elecciones de EE. UU.— en Puerto Rico se eligió gobernador de la isla. De acuerdo a datos oficiales (aunque no definitivos hasta el 5 de noviembre), el candidato del oficialista Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, con el 32,74%, ganó por escaso margen sobre Charlie Delgado Altieri, del Partido Popular Democrátic, que alcanzó el 31,49%^[89]. Si bien esos fueron los dos partidos más votados, en términos generales la elección representó un retroceso para ambos: comparado con la elección anterior, en 2016, el PNP y el PPD sumados perdieron 16 puntos porcentuales. Una parte de ese porcentaje se lo quedó la empresaria Alexandra Lugaro, que mantuvo y acrecentó un poco su caudal en estos cuatro años (de 11,13% a 14,33%). El candidato del Partido Independiente Puertorriqueño (PIP) alcanzó un 13,79% y capitalizó gran parte del descontento popular con las gobernaciones anteriores. En 2016 había conseguido el 2,1%. Por otro lado, también se votó por el estatus jurídico político de la isla, bajo administración colonial de EE. UU. La pregunta era si la población quiere o no ser el estado número 51 de EE. UU. El sí (a favor de la estadidad) alcanzó el 52,28% y el No el 47,72%^[90]. Pese al triunfo, el resultado implicó una pérdida de votos respecto al anterior referéndum, celebrado en 2012, cuando la opción “estadidad” alcanzó el 62,16%.

San Vicente y las Granadinas

En el cierre de este informe, el 5 de noviembre, la población de San Vicente y las Granadinas respaldó la reelección de Ralph Gonsalves como primer ministro. El partido de la Unidad Laborista (ULP) alcanzó 9 de los 15 asientos del Parlamento —contra 6 del Nuevo Partido Democrático (NDP)— y se garantizó un quinto mandato al frente del país^[91].

11 de noviembre, Belice

El ciclo electoral se completará con elecciones para la Cámara de Representantes en Belice, el 11 de noviembre. Allí se enfrentarán el Partido Demócrata Unido (UDP), en el poder desde 2008, y el Partido de Unidad del Pueblo (PUP).

Las disputas en el plano regional

La excepcional agresividad de la intervención imperial estadounidense sobre Nuestra América sumó en estos meses varios acontecimientos. En un contexto de acentuación del bloqueo económico y diplomático sobre Venezuela y Cuba y de los permanentes intentos de generar campañas de desprestigio y amenaza sobre estos países y Nicaragua, la visita del secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo a Brasil a mediados de septiembre fue la ocasión elegida para realizar un ejercicio militar de guerra selvática sin precedentes por parte del ejército brasileño en el estado norteño de Amazonas, fronterizo con Venezuela, que costó 1,1 millones de dólares y que involucró a 3600 hombres y el lanzamiento de cohetes de artillería con alcance de 80 kilómetros, según se informó oficialmente. También en Colombia, la gira de Pompeo coincidió con la realización de un ejercicio de entrenamiento militar conjunto entre el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) y la Fuerza Aérea Colombiana en el área marítima de la localidad caribeña de Coveñas. Reavivando la estrategia de una intervención militar regional sobre Venezuela, la gira incluyó también a Surinam y Guyana.

Otro hecho relevante del carácter inusual que asumió la intervención imperial en estos meses resultó la ofensiva llevada adelante por el gobierno de Trump sobre la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID, creado en el marco de la OEA en abril de 1959, a meses del triunfo de la Revolución cubana, tuvo un papel en la respuesta estadounidense al impacto regional de dicha revolución canalizando financiamiento para proyectos de desarrollo económico, social e institucional. Desde su creación, hace sesenta años, la presidencia estuvo en manos de un latinoamericano; sin embargo, en esta oportunidad el gobierno estadounidense propuso y finalmente logró la elección de Mauricio Claver-Carone, un anticastrista de línea dura que se desempeñaba como asesor especial de Donald Trump en asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional^[92]. Esta decisión, junto con la creación a principios de año de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, da cuenta de la marcha de la iniciativa estadounidense reseñada en la Estrategia de Seguridad Nacional promulgada en 2017 y con el lanzamiento en 2019 del proyecto “América Crece”. Todas estas políticas apuntan a limitar la creciente presencia de China en obras de infraestructura y conectividad que forman parte de la llamada Nueva Ruta de la Seda y que proyectan incrementarse en el futuro.

También en un hecho sin precedentes en varias décadas, a fines de agosto el secretario general de la OEA Luis Almagro vetó la renovación del mandato del jurista brasileño Paulo Abrao al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que dicha renovación era solicitada por la propia Comisión. Desoyendo además los reclamos presentados por la alta comisionada de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la decisión de Almagro significó el alejamiento de Abrao a mediados de septiembre y la designación interina de la secretaria adjunta de la CIDH, la colombiana María Claudia Pulido, hasta que se efectúe la nueva designación.

También en este organismo tuvo sus efectos el aplastante triunfo del MAS en Bolivia en las elecciones del 18 de octubre. Por una parte, el resultado dejó al descubierto las maniobras realizadas por los veedores enviados por la OEA para las elecciones de noviembre de 2019 que fundamentaron en sus informes —luego refutados por estudios de diversos centros de investigación regionales— la existencia de un fraude en la reelección de Evo Morales y legitimaron así, tanto a nivel interno como global, el golpe de Estado que desalojó a Morales de la presidencia. Por otra parte, el regreso del MAS al gobierno boliviano dio nuevos aires a las críticas respecto del papel proimperialista de Almagro al frente de la OEA, así como a las exigencias de su renuncia.

En la disputa de las instituciones regionales, el nuevo gobierno boliviano, sumado a la posibilidad de que en las próximas elecciones presidenciales de febrero del 2021 en Ecuador triunfe la coalición identificada con Rafael Correa, vuelven a plantear en el horizonte la reconstrucción y revitalización del proyecto de la UNASUR y de los procesos de integración regional promovidos por los gobiernos de cambio o progresistas en el ciclo anterior. Estos cambios en el orden regional e internacional y en las instituciones que lo acompañan aparecen en este periodo con más urgencia, en el contexto de la crisis económica y sanitaria que profundizó y promueve el COVID-19, considerando a su vez las amenazas que corporaciones extranjeras formularon en estos meses de recurrir a los sistemas internacionales de arbitraje y protección las inversiones extranjeras frente a ciertas decisiones regulatorias decididas por algunos gobiernos de la región ante la emergencia social y económica planteada por la pandemia^[93].

Articulaciones

Durante estos meses las distintas articulaciones de movimientos populares y progresistas de la región y el mundo desarrollaron una serie de iniciativas para visibilizar los efectos de la crisis actual que atraviesa el capitalismo y que se ha visto potenciada por la pandemia. En el terreno global, en la semana del 5 al 10 de octubre movimientos y organizaciones articuladas en la Asamblea Internacional de los Pueblos, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), el Partido Izquierda Europea (PIE), la Vía Campesina, el Foro de Sao Paulo, entre otras articulaciones, convocaron la Jornada de Lucha Antiimperialista, para visibilizar los efectos del imperialismo sobre los pueblos del mundo. En la semana hubo intervenciones políticas y artísticas tanto presenciales como virtuales^[94].

Poco antes, entre el 18 y el 20 de septiembre, se realizó la cumbre inaugural de la Internacional Progresista, con discursos de apertura de Noam Chomsky, Naomi Klein y Yanis Varoufakis en los que se resaltó la necesidad de formar una “alternativa progresista internacionalista frente a la globalización” y a las iniciativas reaccionarias de corte fascista que están desarrollándose en distintos lugares del mundo^[95].

Impulsados por ALBA Movimientos y por otras organizaciones continentales, también se realizaron banderazos en defensa de la Revolución Bolivariana de Venezuela, la Revolución Cubana y los procesos antiimperialistas de la región. Desde la articulación de movimientos —junto al Instituto Tricontinental y a otros espacios— se impulsaron iniciativas de formación política orientadas al análisis de la geopolítica imperial, como el Seminario Internacional “Nuevas doctrinas de intervención: geopolítica e imperialismo en América Latina y el Caribe”, y talleres de investigación y trabajo sobre los mecanismos y efectos del imperialismo estadounidense, como el Taller sobre Washington Bullets, inspirado en el libro homónimo de Vijay Prashad.

Elecciones en EE. UU.: Trump, Biden y lo que vendrá

Al cierre de este informe, el demócrata Joe Biden se encamina a alcanzar los 270 votos en el Colegio Electoral, en el marco de unas elecciones que ya pueden ser calificadas de las más escandalosas, al menos desde la polémica elección de George W. Bush en 2000. A diferencia de aquellas, el actual presidente Donald Trump ha cumplido con las previsiones, denunció fraude y está decidido a recurrir a la judicialización para empantanar la proclamación de Biden. Si bien en las primeras horas no parece encontrar el respaldo necesario, incluso en su propio partido, el escenario está abierto, en la medida en que los sectores conservadores controlan 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema, tres de los cuales fueron nombrados por el propio Trump en estos últimos años. Un elemento que puede ser importante, a su vez, es el despliegue de milicias de ultraderecha, que en la campaña —e incluso fuera de los recintos donde se hacía el recuento— mostraban abiertamente sus armas largas.

La situación, de ribetes tragicómicos, evidencia por un lado la hipocresía de los grandes medios privados de comunicación —a quienes parecería inadmisible ver escenas así en países que adversan a EE. UU—, al mismo tiempo que simboliza el declive de la principal potencia imperial. Mientras intenta dirigir los procesos políticos en el resto del mundo, a su interior cuenta un sistema electoral por lo menos polémico, al punto de que su propio presidente alega fraude y sus partidarios se movilizan armados con rifles de asalto “para defender el voto legal” y para “que no cuenten el voto ilegal”, según sus palabras.

En el escenario más probable —que se confirme la elección de Biden—, es muy posible que esto implique algunos matices, incluso cambios, en relación con América Latina y el Caribe. Como mínimo, traerá un casi seguro enfriamiento en la relación con Brasil. En septiembre, las propuestas de Biden en el debate presidencial, en el sentido de impulsar la protección de la Amazonía, fueron duramente respondidas por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, a través de un hilo desde su cuenta de Twitter^[96]. Biden ya anunció que bajo su mandato EE. UU. se reintegraría al Acuerdo de París, tras la salida que decidió la Administración Trump y se concretó a principios de noviembre. Una mala relación entre el actual gobierno de Brasil y el de EE. UU. puede colaborar en el aislamiento, al menos momentáneo, del bloque más duro de ultraderecha, ayudado también por la derrota electoral del golpe en Bolivia y un eventual ciclo de ascenso del progresismo y los movimientos populares. Sin embargo, la política es dinámica y lo que está en juego es importante. Por ejemplo, la utilización de la base aeroespacial de Alcántara, acordada entre Trump y Bolsonaro. No hay que descartar en ningún caso que prime el interés del llamado Estado Profundo (Deep State) y puedan sortearse de manera pragmática algunas contradicciones que aparecen en la superficie.

En un sentido más general, hay que recordar que la política imperial de EE. UU. hacia la región ha sido históricamente sostenida por el bipartidismo con pequeños matices. Incluso Obama, un presidente identificado con una política más “amable” hacia la región, dejó entre sus legados la declaración de la República Bolivariana de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para EE.UU”, estatus que se mantiene hasta hoy y que habilitó en estos últimos cinco años una agresiva política de injerencia para el cambio de régimen. Lo cual no significa que no tengan importancia los matices que pueda haber entre una administración u otra, y que se podrán analizar junto con el ejercicio del gobierno.

Por último, este proceso se da en un contexto de decadencia del imperio estadounidense, que Ramón Grosfoguel describe como “una buena noticia para el mundo en el largo plazo pero una mala noticia en el corto plazo para América Latina”. El sociólogo puertorriqueño analiza que

Luego de haber perdido las guerras en el Medio Oriente, y luego de haber perdido la guerra comercial con China en África y en Asia, el imperio se repliega en lo único que le queda que es su periferia histórica: América Latina y el Caribe. Esto significa que la política estadounidense en nuestra región se hará más agresiva y más belicista mientras más se acelere la caída del imperio. El imperio busca monopolizar los recursos naturales y los mercados de la región y busca recuperar los países perdidos para preservar su estatus imperial en el mundo. De ahí la ola de golpes de Estado blandos y duros en la última década, el último contra el gobierno de Evo en Bolivia el pasado noviembre [de 2019], y de ahí la guerra de cuarta generación contra Venezuela^[97].

¿Cambio de etapa? Interrogantes que quedan sobre la mesa

Los triunfos populares en las elecciones en Bolivia y en Chile —sumados a la derrota de Trump en EE. UU.— han renovado las expectativas de encontrarnos al comienzo de un cambio de tendencia a nivel regional, marcado por el relanzamiento de los movimientos populares. En esta perspectiva, la continuidad del ciclo electoral latinoamericano con las elecciones municipales en Brasil en noviembre, las legislativas en Venezuela en diciembre y las presidenciales en Ecuador en febrero plantean el interrogante sobre si se prolongarán en esos países los vientos de cambio. En particular, la posibilidad del triunfo de la fórmula encabezada por Andres Arauz, en Ecuador —identificada con el ex presidente Rafael Correa, impedido lawfare mediante de presentarse— plantea la posibilidad de un nuevo bloque progresista en la región.

Estas posibilidades reaniman ciertamente los debates y balances necesarios respecto de la experiencia pasada del ciclo de gobiernos no neoliberales y de cambio en Nuestra América; tanto sobre sus límites y falencias a evitar como sobre sus aciertos y proyectos que quedaron pendientes. Como ya señalamos en este informe, estas previsiones alumbran también la posibilidad de retomar los procesos de una integración regional soberana y popular. Sobre ello, Emir Sader señaló recientemente una serie de desafíos:

Los nuevos gobiernos tendrán que afrontar problemas que no se pudieron afrontar en el primer ciclo, como encontrar la vía de la democratización de los medios, la democratización del Poder Judicial, una reforma fiscal socialmente justa, la prioridad de la lucha de ideas, de elaboración de una política económica de integración regional, la búsqueda de nuevas alianzas a nivel internacional. Es una agenda densa y difícil, pero sin la cual el segundo ciclo enfrentará los mismos obstáculos que el primero^[98].

Por otra parte, los cambios en curso interrogan también sobre la especificidad del contexto social, económico y geopolítico y las particulares relaciones de fuerza y desafíos que caracterizan a este momento regional y lo distinguen de aquel abierto en los primeros años del siglo XXI. En esta dirección, la profundidad que plantean las crisis económica, social y ambiental actual —dimensiones de la crisis civilizatoria del capital— señalan tanto las dificultades que afrontan los pueblos como la radicalidad de los cambios urgentes.

En otro sentido, el triunfo popular electoral en Chile y Bolivia ha resaltado la contraposición entre democracia y capitalismo neoliberal, como hemos señalado al comienzo de este informe, particularmente acentuado frente al carácter profundamente autoritario y conservador de la última ola neoliberal profundizado bajo la pandemia. Pero se trata de un proceso de democratización estrechamente vinculado a la acción y lucha de los movimientos populares. No solo hacia el pasado, en relación con los procesos de movilización y conflicto que posibilitaron, defendieron y conquistaron estas elecciones y que se expresó, entre otras dimensiones, en la ganada e histórica representación de las mujeres en la futura Asamblea Constituyente en Chile y en el próximo parlamento en Bolivia. Sino también hacia adelante, en la perspectiva de la continuidad de esos procesos de movilización popular como impulso y garantía de la continuidad de los cambios. En este sentido, ambas elecciones refieren también a un ciclo de conflictividad social regional, aquel que emergió en octubre y noviembre de 2019 y que tiene su prolongación en los últimos meses a nivel regional, como hemos examinado en informes anteriores.

Finalmente, los interrogantes sobre la posibilidad de encontrarnos ante los comienzos de una nueva etapa a nivel regional no pueden ocultar el hecho de que, simultáneamente, en otros países de Nuestra América la agenda neoliberal sigue progresando con sus contrarreformas promercado, sus políticas privatizadoras y de ajuste y sus formas autoritarias y conservadoras. Incluso, como lo señalamos en este informe para el caso de Brasil, los avances de estas regresivas transformaciones en los últimos meses y de la crisis de la salud bajo la pandemia tuvieron lugar con un crecimiento de la aprobación social del gobierno de Bolsonaro y el alejamiento de las amenazas de juicio político que lo cuestionaban. En estas páginas pueden seguirse este y otros procesos donde las políticas neoliberales avanzan, así como las dimensiones que alcanza hoy la crisis social y ambiental que afecta gravemente a los sectores populares.

Esto refleja la complejidad del escenario que atraviesa el presente de Nuestra América, signado por esas luces y estas oscuridades, por esas esperanzas y estos pesares, o para ser más precisos, por la nueva dinámica que asume hoy la confrontación entre las transformaciones del capitalismo neoliberal en su etapa barbárica y las prácticas y programáticas de los movimientos populares y las perspectivas emancipatorias.

Referencias