Segunda ola, crisis económica y cambios políticos: ¿qué 2021 proyecta el año que pasó?

Introducción

Cuando iniciamos el año 2020 apenas podíamos imaginar que aquel virus que comenzaba a mencionarse en los noticieros fuera a afectar de una manera tan drástica a la dinámica social, política y económica del continente y del mundo entero. Sin embargo, con el paso de los meses y particularmente con la deficitaria infraestructura sanitaria y social que caracteriza a nuestra región, fuimos tomando dimensión de que la palabra COVID-19 no solo iba a ser una gran protagonista del análisis local y global en materia de cifras, medidas de cuidado y actividades económicas afectadas, sino que también sería un potenciador de una crisis multidimensional ya existente generada por el capitalismo en su etapa neoliberal. Las clases populares fueron y continúan siendo las principales víctimas de un virus que ingresó a la región por aeropuertos y vuelos provenientes de Europa. Las condiciones de hacinamiento, el desfinanciamiento de la salud pública y la flexibilización laboral, entre otros elementos, condimentaron un cóctel mortal para los sectores más postergados, quienes ya venían hace décadas resistiendo contra los efectos sociales y políticos de un sistema desigual y excluyente.

Así las cosas, durante todo el año nuestros informes estuvieron protagonizados por los terribles efectos de ambas “pandemias” en nuestra región. En este contexto, de inmediato apareció en el centro de la escena el rol urgente y necesario que finalmente tiene el Estado en el manejo de una situación de estas características. En paralelo, en algunos países sirvió como excusa para aumentar las medidas autoritarias, permitir la represión y el abuso de las fuerzas de seguridad y solicitar aún más préstamos a la banca internacional, en un proceso de incremento de la ya enorme deuda pública.

A pesar de la represión, y en un marco de crisis económica y social sin precedentes, los pueblos de América Latina y el Caribe mantuvieron prendido el “motor de la historia”. Hubo movilizaciones inmensas en varios países, protagonizadas por sectores sociales diversos que se convocaron bajo una misma bandera: en defensa del derecho a la vida, frente a la voluntad de los capitalistas de garantizar su acumulación. Así, Mesoamérica se levantó contra los gobiernos represivos y los nuevos acuerdos con el FMI, en medio de permanentes caravanas migrantes; el Caribe continuó resistiendo y en lucha, en el caso de Cuba con notables logros médicos y brigadas de solidaridad en medio del bloqueo; la región Andina tuvo la satisfacción de lograr tumbar una dictadura con una votación aplastante y también la dignidad de levantarse contra el abuso de las fuerzas policiales a pesar de dejar centenares de muertos en el camino y el Cono Sur llenó de esperanza el futuro del continente con una histórica votación en Chile para dejar atrás cualquier resquicio de la dictadura pinochetista. Sin olvidar que en medio de una situación extrema, en todo el continente emergió nuevamente una organización social y popular que mayoritariamente tiene rostro de mujer y lucha para garantizar —con comedores comunitarios, ollas populares, redes de producción y distribución alternativas— que ningún niño o niña se vaya a la cama sin comer.

Cerramos el 2020 con la amenaza y en algunos casos la triste realidad de una “segunda ola” pandémica en la región; y ya tuvimos una muestra de lo que implica tanto para los pueblos como para los sectores económicamente más poderosos. En este informe examinamos algunos datos sobre la disputa global alrededor de la vacuna y presentamos algunos indicadores económicos que emergen en este contexto. También repasamos la crítica situación humanitaria en Colombia y las movilizaciones sociales en Mesoamérica en contra de las políticas económicas, el calendario electoral que se abre en el 2021 en Ecuador y Perú, las disputas en el Caribe y la situación que atraviesa Cuba, y retomamos los principales elementos de la victoria electoral de la Asamblea Nacional en Venezuela. Por último, repasamos algunos aspectos de la integración estatal y popular, entre los que destacamos algunas de las articulaciones más activas, en un intento por comentar lo que pasó en este cierre de año y proyectar el 2021, por estas horas aún por venir.

COVID-19: La segunda ola y la vacuna en disputa

Sin duda alguna, la aparición a finales de 2019 de la COVID-19 transformó por completo la realidad del mundo entero. Con más de 77 millones de personas contagiadas y más de 1 millón fallecidas en el mundo a causa del virus, en diciembre el mundo volvió a encender las alarmas frente a la reciente aparición de una nueva cepa en Gran Bretaña, que amenaza con tener mayor velocidad de propagación; lo cual se sumó al incremento de casos en Europa y en varios países de América Latina y el Caribe. En este continente los contagios alcanzaron a 15 millones de personas y el número de muertes a 485 mil. En este panorama se destaca negativamente la situación de Brasil, con más de 7,2 millones de contagios y al menos 186 mil muertes.

En ese contexto, una serie de intereses políticos y económicos atravesaron las decisiones y los debates sobre la inversión pública o privada para conseguir la vacuna. Como si fuera un viaje al pasado, se actualizó una disputa pública impulsada por EE. UU. contra Rusia y contra China en la carrera por ser el primero en conseguir la vacuna y cumplir todas las fases de pruebas necesarias para estar en condiciones de proveerla a su población y venderla a los demás países.

De esta manera, en los meses de noviembre y diciembre las diferentes vacunas que se encontraban en etapa de prueba —dentro de las que se encontraban las producidas en nuestra región—, empezaron a cumplir los requisitos mínimos de efectividad y a ser comercializadas en el mercado global. Según un estudio publicado por Oxfam, Amnistía Internacional, Frontline AIDS y Global Justice Now, “las naciones ricas —que representan solo el 14% de la población mundial— han comprado el 53% de todas las vacunas más prometedoras hasta ahora”^[1]. Se refiere a que han comprado las vacunas desarrolladas por Occidente (Pfizer de Alemania y Moderna/Oxford/AstraZeneca de Estados Unidos y el Reino Unido) para proveer a su población vacunas hasta por segunda o tercera vez.

Mientras tanto, según indica el estudio de People’s Vaccine Alliance, “9 de cada 10 personas viviendo en los países pobres no podrá recibir ninguna inmunización frente al COVID-19 el próximo año”^[2]. Precisamente los países más pobres y con poblaciones más vulnerables al virus por sus condiciones de vida, hacinamiento y condiciones de vida carenciadas, muchas veces sin acceso a agua potable, han adquirido las vacunas Sinopharm de China y Sputnik V de Rusia^[3]. En América Latina, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela impulsó en la XVIII Cumbre del ALBA-TCP que Venezuela y Cuba se encarguen de la creación de un banco de vacunas para garantizar su distribución en toda la región.

A la fecha, países como México, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y otros han firmado contratos con algunos de los laboratorios que producen la vacuna para proveerse de una cantidad de las mismas, pero ello no garantiza la cobertura al 100% de la población, dentro de los cuales se encuentran los sectores más vulnerables. Para estos sectores, siempre postergados por la priorización del capital por encima de la vida, inclusive en una pandemia, se creará el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid19 propuesto por la OMS, que buscará tener 2000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, proyectadas para ser efectivamente aplicadas recién en 2022^[4].

Como mencionamos en los primeros informes del 2020, uno de los principales debates que se abrieron con la emergencia de la pandemia fue la importancia del rol del Estado y de la inversión pública en el fortalecimiento de los sistemas de salud y de seguridad social y laboral. Cerramos este año afirmando que sin el rol activo por parte del Estado, tan rechazado por el modelo neoliberal, no hubiera sido posible desarrollar ninguna de las vacunas. Según un estudio de AirFinity, publicado por la BBC, “la mayoría de los proyectos, incluidos el de Pfizer o Moderna, han dependido del dinero público”^[5]. En el caso de Pfizer, por lo menos dos tercios de los US$ 440 millones invertidos en la vacuna provenían de organismos públicos. En el caso de Moderna, cerca de  US$ 2500 millones provienen de distintos departamentos gubernamentales^[6].

De la crisis económica y la catástrofe social a la disputa de la reactivación

También en el terreno económico, la pandemia profundizó un período de desaceleración y estancamiento, transformándolo en crisis abierta. Como señalamos en informes anteriores, el PBI regional entre 2014 y 2019 solo se había incrementado un 0,3% —en 2019 solo un 0,1%—^[7]; mientras que en el 2020 se precipitó cuesta abajo, dando lugar a uno de los cracks económicos más profundos de la historia regional. Con un pico marcado alrededor del segundo trimestre y una pequeña recuperación entre el tercero y el cuarto, las últimas previsiones de la CEPAL estiman  para América Latina y el Caribe un retroceso global del PBI del orden 7,7% en este año. Aunque menor a la estimada meses atrás, esta medición  sigue siendo “la mayor contracción desde que se inician los registros en 1900”^[8].

En términos nacionales, el PIB retrocede prácticamente en todos los países de la región, y a nivel de agregados, la CEPAL pronostica una contracción promedio para América del Sur del 7,3%, para América Central y México del 8,5% y para el Caribe del 7,9%. Por otra parte, afecta negativamente a todos los sectores de la actividad económica, aunque sus efectos son más intensos en la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte.

La profundidad de esta crisis asume un rasgo particularmente significativo para los sectores populares, que resultan diferencialmente afectados por la misma. Como sucede también con los ciclos de crecimiento —particularmente en el régimen neoliberal—; también los períodos de crisis golpean de manera desigual y profundizan los procesos de distribución regresiva de los ingresos y riquezas marcando ganadores (el gran capital en general, y, en particular, las compañías tecnológicas, farmacéuticas y el sector financiero) y perdedores (el pueblo trabajador y sectores medios, pero particularmente los más precarios y pobres). Sobre ello, el propio Banco Mundial alerta en su último informe que entre 88 y 115 millones de personas a nivel global han sido empujados a la pobreza extrema bajo la pandemia^[9] mientras que el PNUD eleva la estimación a más de 200 millones^[10]. Por otra parte, tanto el PNUD como OXFAM han estimado que más de mil millones de personas van a vivir en la pobreza extrema durante la próxima década^[11].

Los países de América Latina y el Caribe están lejos de ser excepción a esta tendencia: los datos que comienzan a suministrar los organismos de estadísticas nacionales ya señalan la magnitud de esta catástrofe. Consideremos, por ejemplo, que las mediciones oficiales para el primer semestre en Argentina señalaron un incremento de la pobreza, que ya alcanzaba al 40,9% de la población; y que observatorios privados la elevan para el 2020 al 44,2% (y para la franja de edad entre 0 y 17 años, al 64,1%)^[12].

En similar dirección, para el plano regional, la CEPAL estima que la tasa de desempleo regional llegaría al 10,7% en 2020, lo que supone un incremento de 5,39 millones de personas desempleadas; pero si sumamos a este conjunto a aquellos que abandonaron la búsqueda de trabajo —particularmente importante entre los trabajadores precarios o informales—, el crecimiento del número de desempleados debería estirarse a  31,2 millones de personas^[13]. Sin duda, la magnitud de esta catástrofe social resulta una de las causas que anima el ciclo de protestas y movilizaciones populares que hemos reseñado en este y en anteriores informes del OBSAL.

A su vez, los efectos sobre el empleo de la pequeña recuperación de la actividad económica registrada en los últimos meses del año parecen estar acompañados por la profundización de la precarización laboral. Aún así, esta recuperación y la prevista para 2021 —de no mediar una tercera ola pandémica de consecuencias extendidas— pueden traer cierto alivio de las tensiones sociales. Sin embargo, aún considerando un repunte del crecimiento del 3,7% a nivel regional para el año próximo, como lo estima la CEPAL (lo que sería la mayor tasa de crecimiento de los últimos años) ello sería, en gran medida, resultado “de un efecto de arrastre o rebote estadístico y no será suficiente para recuperar los niveles de PIB perdidos en 2020”^[14]. Alterar este horizonte, modificar el patrón desigual en la distribución de los ingresos, plantea la necesidad de políticas públicas activas y dinámicas de protagonismo popular. Las propuestas y avances en algunos países de la región en torno a la imposición de tributos especiales a los sectores de altos ingresos para sostener políticas sociales^[15] es un paso en esta dirección, que alumbra un amplio campo de disputa respecto del acceso, cuidado, distribución, disfrute de una amplia dimensión de bienes sociales y naturales materiales e inmateriales.

La región Andina

Colombia y Venezuela: Asesinatos y entrega imperialista, todo vale para atacar a la Revolución Bolivariana

El 2020 fue un año en el que la geopolítica continental tuvo de nuevo en la mira la frontera colombo-venezolana, las relaciones políticas y diplomáticas de estos dos países y los proyectos políticos que ambos representan a nivel regional. De esta manera, Colombia a pesar de tener un dramático año con una profunda crisis humanitaria y sanitaria, no cesó—y muy por el contrario, incrementó— la ofensiva contra Venezuela, ofreciendo su territorio para estrategias terroristas de invasión al país hermano organizadas por mercenarios, como sucedió en la Operación Gedeón y en una numerosa cantidad de planes orquestados en Colombia, denunciados por el gobierno bolivariano en los diferentes meses del año.

En ese marco general, el gobierno de Iván Duque actualizó y fortaleció el ya conocido Plan Colombia, con el llamado “Plan Colombia Crece”, un tratado económico y militar con Estados Unidos que, con el ya viejo libreto de la fracasada guerra contra las drogas busca equipar y entrenar a las fuerzas militares en función de objetivos de EE. UU. A esto se suma al permanente incumplimiento por parte del Estado colombiano de los Acuerdos de Paz. Sin duda alguna, la política del gobierno Duque estuvo este año con los ojos puestos en Miraflores por órdenes sin Washington, sin ocuparse siquiera de lo que sucedió en el territorio nacional.

Como mencionamos en informes anteriores, la crisis humanitaria en Colombia incrementa a diario. Para nosotros y nosotras  es estremecedor saber que con cada nuevo informe de Coyuntura del OBSAL, tenemos que actualizar un número cada vez mayor de personas asesinadas por razones políticas en Colombia. De esa manera, a la fecha de cierre de este informe el 2020 deja un saldo de 84 masacres y el asesinato de al menos 344 líderes y lideresas sociales, ademásde  150 firmantes de paz de las extintas FARC-EP. Según INDEPAZ en su informe “Posacuerdo Traumático”, solo en el gobierno de Iván Duque —de agosto de 2018 a la fecha, es decir en los últimos 28 meses— han sido asesinados 692 liderazgos sociales^[16], lo que da un promedio de casi una persona por día.

Gracias al silencio atronador de los medios privados de comunicación, lo anterior no es obstáculo para que Duque y el uribismo en bloque planteen su preocupación por los derechos humanos, siempre como insumo discursivo para atacar a la Revolución Bolivariana. Para disipar las dudas del lugar fundamental que ocupa Colombia en la disputa imperialista sobre Venezuela, en diciembre el líder opositor venezolano Leopoldo López realizó una gira en Colombia que incluyó una visita a la casa de campo personal del expresidente Álvaro Uribe Vélez y un acto público en Bogotá junto a la Alcaldía y colectividades migrantes venezolanas que viven en la capital colombiana.

A pesar del asedio, de gran intensidad en los últimos años, y de una crítica situación económica, al otro lado de la frontera el 2020 se cierra con la debilidad de las fuerzas de derecha y la victoria del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en las elecciones a la Asamblea Nacional realizadas el 6 de diciembre, con un 69%, obteniendo la mayoría en el poder legislativo que habían perdido en las elecciones anteriores. Sin embargo, elementos como la pandemia y las dificultades materiales que a diario enfrenta el pueblo venezolano impactaron en la asistencia electoral: votaron aproximadamente 5,2 millones de ciudadanos y ciudadanas, una cifra inferior a las elecciones presidenciales de 2018.

Esta nueva Asamblea Nacional está compuesta también por sectores de la oposición —los expresados por Henri Falcon, Javier Bertucci, Timoteo Zambrano, Luis Parra, entre otros— que se presentaron a las elecciones y también por un diputado del Partido Comunista de Venezuela, que esta vez compitió con el Gran Polo Patriótico y se presentó con la APR (Alternativa Popular Revolucionaria), alcanzando el 2,73% de los votos emitidos. El sector de la oposición mayoritario, todavía liderado por Juan Guaidó, convocó a una consulta virtual que sin veeduría internacional ni registro de votantes alguno afirma que le ganó en participación a las elecciones de la Asamblea, anticipando una nueva autoproclamación como presidente de unos cuantos votantes imaginarios.

Por otro lado, más allá de las disputas electorales, el asedio contra Venezuela no cesa. El bloqueo económico y financiero continúa afectando la vida de la población, de igual forma que los intentos de afectar la infraestructura del país a través de actos terroristas, como denunció el 11 de diciembre el Ministro del Poder Popular para el Petróleo Tareck El Aissami, quien informó que se incautaron explosivos que pretendían destruir varios ductos de la refinería El Palito —emblema del triunfo chavista durante la disputa conocida como paro petrolero de 2002-2003—, hechos sobre los cuales la oposición guarda un especial silencio.

Finalmente, un hecho que estremeció al país y que intentó ser instrumentalizado por la derecha local, fue el naufragio de un bote que se dirigía hacia Trinidad y Tobago en el que murieron al menos 31 personas. En las investigaciones preliminares se estableció la existencia de mafias vinculadas al tráfico de personas en ambos países y se procedió a la captura de varios de los miembros de esta red que promueven el delito de trata, entre ellos dos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana^[17].

Ecuador y Perú: Crisis política e institucional, en el camino electoral para 2021

La crisis e inestabilidad política que mencionábamos en el informe anterior respecto a Ecuador y a Perú no solo continuó, sino que se profundizó, especialmente después del poco efectivo manejo de la pandemia por parte de los gobiernos de Moreno y de Vizcarra, ya que ambos países estuvieron y continúan entre los países de la región con mayor cantidad de muertes y contagios de COVID-19.

En el caso de Ecuador, el escenario está marcado por el camino hacia las elecciones del 7 de febrero de 2021. De cara a esa instancia, continúan los intentos de la oposición anticorreísta por proscribir la candidatura del movimiento UNES, que aglutina a los partidarios de la Revolución Ciudadana que lidera el ex presidente Correa, sometido a persecución. Ya han sido varios los recursos que diferentes fuerzas políticas han presentado ante el Tribunal Contencioso Electoral, buscando la inhabilidad del binomio compuesto con Andres Aráuz y Carlos Rabascall. El ensañamiento en contra de la candidatura del movimiento Unión por la Esperanza se da en momentos en que las encuestas indican que encabeza la intención de voto. Según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Arauz lidera con el 36,5% y una amplia ventaja sobre el segundo^[18].

Esta disputa electoral se da en el marco de un conflicto entre el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y el Consejo Nacional Electoral (CNE), por la convocatoria a los comicios. A menos de dos meses para la realización de las elecciones presidenciales, aún no se ha cerrado la lista de candidatos, ya que el presidente del TCE ordenó registrar después del plazo establecido al movimiento Justicia Social, que tiene como candidato del empresario Álvaro Novoa —una figura que podría disputar algunos votos del correísmo—, pero el CNE se negó a hacerlo efectivo^[19].

El expresidente Rafael Correa ha denunciado permanentemente que se están orquestando manipulaciones y jugadas burocráticas, con el objetivo de aplazar las elecciones y afectar la posible victoria del correísmo en febrero.

En el caso de Perú, noviembre llegó con una crisis política que dejó afuera de la presidencia al presidente Martín Vizcarra. Producto de un proceso por corrupción, el Congreso aprobó su vacancia. Frente esto, y sin implicar una defensa a Vizcarra, hubo importantes movilizaciones de rechazo, al considerarlo un golpe parlamentario. En medio de una fuerte represión a las movilizaciones —las más importantes de los últimos años en Perú—, emergió como una de las principales banderas la propuesta de una nueva Constitución. Para conocer en profundidad la situación y las perspectivas, desde el OBSAL publicamos el Cuaderno #2, llamado: “Y Perú despertó. Crisis institucional, movilización antineoliberal y propuesta constituyente”^[20].

Bolivia y la recuperación democrática

En Bolivia, tras algunas semanas de intentos de desconocer los resultados por parte de sectores de ultraderecha e impedir la asunción del presidente Luis Arce, finalmente el gobierno se instaló a principios de noviembre y comenzó a delinear su hoja de ruta. Uno de los temas más importantes tiene que ver con el reclamo de justicia ante los crímenes de la dictadura encabezada por Jeanine Añez y su “hombre fuerte”, Arturo Murillo, en particular las masacres de Senkata y de Sacaba. Por estos hechos se encuentran con orden de captura, prófugos, tanto  Murillo —exministro de Gobierno, hoy en Panamá— como Fernando López, exministro de Defensa, que estaría escondido en Brasil. Por la masacre de Sacaba, desde fines de noviembre se encuentra con arresto domiciliario el general Alfredo Cuellar, en ese momento a cargo de la guarnición militar de Cochabamba. Luego del pedido de Arce, las Fuerzas Armadas manifestaron que brindarán información sobre los operativos de represión.

En otra decisión judicial de trascendencia, la juez Claudia Castro anuló el proceso contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y exministros de su gobierno por la denuncia de supuesto fraude electoral en las elecciones de 2019, abierto en el contexto del golpe de Estado a partir de la denuncia del expresidente (y candidato dos veces derrotado) Carlos Mesa. Ese supuesto fraude fue la principal razón esgrimida mediáticamente para perseguir judicialmente a Evo Morales e impedir su postulación como candidato a senador en las elecciones de octubre de 2020.

Por otro lado, en los primeros días de diciembre el gobierno derogó varios decretos de la dictadura sobre temas impositivos y de gestión de recursos. “Estamos desmontando el andamiaje del modelo neoliberal reiniciado en noviembre de 2019”, señaló Arce. En simultáneo, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de impuesto a las Grandes Fortunas y a una ley de reintegro del IVA a las personas con menores ingresos^[21]. Mientras tanto, comienzan a desarrollarse distintos procesos judiciales por hechos de corrupción de ministros del gobierno de facto.

La agenda política no da respiro: en pocas semanas —el 7 de marzo de 2021— habrá otra vez elecciones, esta vez subnacionales: se elegirán los cargos departamentales, regionales y municipales. Allí se medirán de nuevo los dos proyectos. Mientras la derecha tiene el desafío de recuperarse de la dura derrota de octubre de 2020, el MAS-IPSP tiene la posibilidad de renovar convocatoria sobre nuevas bases, en un contexto de debates internos sobre la consolidación del proyecto político decolonial^[22]. Sin dudas, un cierre de año muy diferente al anterior, en una región Andina que se presenta como la zona con mayores cambios en el continente.

Mesoamérica, lucha antineoliberal y nuevas caravanas migrantes

La crisis social y económica neoliberal, potenciada por la pandemia, afectó duramente a la región mesoamericana en 2020. Muchas de las economías de los países de la región dependen en gran medida del turismo y de las remesas, actividades muy afectadas por la situación sanitaria global, dejando las economías en Mesoamérica con una reducción aproximada del 8,5% del PIB, según estimaciones de la CEPAL^[23].

Como sucedió en la región en general, la dura crisis económica y sanitaria —que en América central se agravó con el paso del huracán Iota— se presentó en muchos países como una oportunidad ideal para pedir y obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional, en teoría para paliar los efectos de la crisis, pero que en muchos casos fueron fondos destinados a otros fines diferentes a los del robustecimiento del sistema de salud, como sucedió en el caso de El Salvador con su pretendido presupuesto para fortalecer las Fuerzas Armadas, de Costa Rica o Panamá con la solicitud del préstamo a costa del ajuste contra la clase trabajadora y la reducción de la inversión pública; y con el recientemente aprobado crédito del FMI a Honduras por 88 millones de dólares.

Un elemento fundamental a destacar es que estos intentos de negociación con el FMI, junto a otras medidas económicas de corte neoliberal, se encontraron en todos los casos con una contundente respuesta masiva y popular, a partir de que expresiones organizativas de la sociedad mesoamericana como los sindicatos pero también un importante sector de la juventud y de los/las estudiantes se movilizaron en su contra.

En el mes de noviembre el protagonista fue Guatemala. Con la aprobación del presupuesto para 2021 de 99 700 millones de quetzales (aproximadamente 12 500 millones de dólares) y el incremento de la deuda pública en un 41,2% a ser invertidos en infraestructura pública y no en los profundos problemas de pobreza y miseria que atraviesa el país, se activó una enorme movilización de rechazo que llegó a incendiar el Congreso Nacional como muestra del descontento con las medidas económicas ya aprobadas. Las movilizaciones duraron semanas, logrando finalmente que se derogara el decreto por el cual se aprobó el presupuesto anunciado para 2021, que hubiera sido el más alto en la historia del país^[24].

Las manifestaciones, compuestas por un crisol de sectores sociales, desde trabajadores y trabajadoras, estudiantes y pueblos originarios, se encontraron con una fuerte represión policial que afectó a decenas de manifestantes que denunciaron daños oculares producto de la misma. Entre las principales exigencias de las organizaciones y las personas movilizadas se encontraba la derogación del decreto que habilitaba el presupuesto, la renuncia inmediata del presidente Alejandro Giammatei y la depuración del Congreso a través de un proceso constituyente, que renueve las autoridades legislativas teniendo en cuenta los intereses populares y que no priorice las clases privilegiadas y a la corrupción con la que han desenvuelto su función pública. En concreto, diferentes sectores demandan la creación de una Asamblea Plurinacional Constituyente^[25]. En ese marco, el propio vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, solicitó públicamente a Giammattei una renuncia conjunta para pacificar la enorme cantidad de movilizaciones que exigían su salida de la presidencia. Esto no tuvo mayor efecto pero demuestra una fractura entre el mandatario y su vice.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 21 de diciembre la Iniciativa de Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, “cuyo objetivo es hacer prevalecer el respeto a las decisiones en los asuntos internos del pueblo nicaragüense, además de condenar todos los actos de terrorismo y destrucción hacia el pueblo y el país”^[26]. Además, el Estado avanzó también en la propiedad estatal de las empresas de energía eléctrica Disnorte y Dissur, a través de la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense aprobada también en la Asamblea^[27].

En otro orden, Mesoamérica cierra 2020 con una importante reactivación de las Caravanas Migrantes, que con los últimos meses del año empezaron a convocar a más personas con destino a Estados Unidos. Según Naciones Unidas, en el año “más de un millón de centroamericanos se han movilizado de sus lugares de residencia empujados por las consecuencias de la violencia, la pobreza, la falta de trabajo, la pandemia del COVID-19 y la devastación dejada por el paso de dos violentos huracanes”^[28]. Respecto a este tema, hasta el momento México ha seguido la línea dictada por EE. UU., oficiando como tapón para miles de migrantes que van hacia el norte. Se trata de una continuidad con la política desarrollada por los anteriores gobiernos, del PRI y el PAN.

Desde el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, todos los gobiernos, especialmente el de Felipe Calderón (2006-2012), garantizaron amplias facilidades a las agencias de inteligencia de EE. UU. para operar en el país con total impunidad, no solo respecto al tema migratorio. Quizás a partir de ahora esto empiece a cambiar, porque el gobierno de López Obrador envió al Parlamento, donde se aprobó, una normativa para regular la situación. Si bien no es el único escándalo relacionado con el tema —hace algunos años incluso se reveló que las agencias de EE. UU. espiaban al Estado anfitrión en temas militares, energéticos y relacionados con el narcotráfico^[29]—, la gota que rebalsó el vaso fue la detención en California del exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con el narcotráfico luego de ser investigado en su país por espías estadounidenses, sin ningún tipo de coordinación con el Estado mexicano.

El proyecto de ley de reforma de seguridad nacional enviado por AMLO y aprobado por la Cámara de Diputados establece que a partir de ahora, los/las integrantes de las agencias norteamericanas deberán registrarse y no tendrán inmunidad en caso de que cometan un delito. Esta decisión legislativa fue rápidamente contestada por diferentes figuras de EE. UU., como el senador Ted Cruz, que consideró “inaceptable” que México “limite la acción de la DEA”. Es decir, que ejerza soberanía en su territorio. También fue rechazada por sectores empresarios mexicanos, como es el caso de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien considera que podría “debilitar la cooperación bilateral en materia de seguridad con EE. UU”^[30]. Un dato relevante es que las oficinas de espionaje que operan en México no se reducen a la DEA, la CIA y la NSA: al menos 14 agencias norteamericanas tenían presencia y total ausencia de controles en el país, convertido en los sexenios anteriores literalmente en el patio trasero.

En otro tema importante, el Senado aprobó un proyecto enviado por AMLO a inicios de su mandato, por medio del cual reforma la Constitución para eliminar el fuero a expresidentes. El proyecto pasó ahora a las legislaturas de los estados (provincias). Si es aprobado por 16 de ellas, entonces se permitirá que se investigue a los exmandatarios por cualquier delito, no solo traición a la patria. Este cambio se viabilizó en parte por el acuerdo entre todos los partidos respecto a extender la eliminación de los fueros también a senadores y diputados^[31].

Mientras tanto, la situación en México continúa atravesada por la violencia. Además del impacto de los grupos criminales ligados al narcotráfico, en los últimos meses han arreciado los conflictos territoriales en el sur del país, en particular contra pueblos indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En este contexto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha convocado para enero a la Quinta Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, en rechazo a los megaproyectos —entre ellos, el Tren Maya, una de las principales propuestas de gobierno de AMLO—, a la militarización y a los grupos paramilitares que atacan a las comunidades^[32].

Para completar el panorama regional, en Belice el 11 de noviembre se realizaron las elecciones parlamentarias. Los resultados dieron una amplia victoria del hasta entonces opositor Partido Popular Unido (PUP), que alcanzó 26 de 31 bancas de la Cámara de Representantes. Las cinco bancas restantes fueron para el Partido Democrático Unido (UDP), que estaba en el gobierno desde 2008^[33]. Luego de esto, el Parlamento nombró como primer ministro al líder del PUP, Johnny Briceño.

Caribe, frontera imperial

Ya hemos señalado en varios informes el efecto negativo de la pandemia sobre las economías del Caribe, subregión en la cual el turismo es una actividad muy importante para los ingresos de los Estados y de la población.

A esta realidad común, en el caso de Cuba hay que sumarle una agresiva política de bloqueo por parte del gobierno de EE. UU., que se intensificó durante 2020. En este contexto, el 11 de diciembre el presidente Miguel Díaz-Canel anunció la unificación monetaria y cambiaria a partir del 1º de enero de 2021. De esta manera, desaparece el CUC y solo queda el peso cubano. En simultáneo, el gobierno impulsa una “reforma integral de salarios, pensiones y prestaciones de la seguridad social”, que implica un aumento nominal de salarios. El objetivo declarado es compensar de esta manera los efectos de la unificación, en particular una devaluación que impulse el aumento de precios. Otra de las medidas en este sentido es el control de los precios mayoristas de 42 productos y servicios, los que tienen mayor impacto en la economía y la población, entre los que están el acero, el cemento, los azúcares, los alcoholes y la energía en general^[34]. Pese a estas medidas, existe incertidumbre respecto a los efectos de este cambio importante.

La situación es difícil y esto incluso fue reconocido por el propio presidente, quien señaló que a pesar de ella, el país estaba entre las naciones de mejor desempeño ante el COVID-19: “Los cubanos aceptamos los más duros retos en 2020”, dijo Díaz-Canel el 17 de diciembre. “Hemos tenido menos comida, transporte, pero también menos contagios, enfermedades y fallecidos. Solo se explica porque hemos tenido más justicia social, más socialismo”, agregó^[35]. El presidente destacó que Cuba es uno de los pocos países que no ha sufrido muertes en niños, embarazadas y personal sanitario y el único en el mundo en desplegar brigadas médicas: más de 3000 profesionales de la salud cubanos participaron en más de 50 brigadas del contingente de solidaridad Henry Reeve.

También en diciembre tomó difusión internacional una protesta del opositor Movimiento San Isidro frente al Ministerio de Cultura, tras el encarcelamiento de uno de sus integrantes. La protesta se viralizó nacional e internacionalmente y fue contestada con la apertura al diálogo con grupos de jóvenes movilizados y luego con actividades culturales masivas en defensa de la revolución^[36]. De acuerdo a información difundida por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), el Movimiento San Isidro se presenta “bajo una fachada artística y de sociedad civil” pero se trata de un espacio financiado por la NED (National Endowment for Democracy)^[37]. La NED es uno de los principales ámbitos del “poder blando” de EE. UU. para atacar la soberanía de otros países. Es previsible que bajo la administración Biden esta estrategia se fortalecerá. Desde la isla esperan al menos que el nuevo presidente de EE. UU. retorne a las reformas de la administración Obama, revertidas por Trump. El episodio en torno al Ministerio de Cultura, de todos modos, agudizó un debate sobre el arte, la libertad de expresión y el socialismo^[38][39]. La discusión evocó el célebre discurso de Fidel Castro del 30 de junio de 1961, conocido y editado luego como Palabras a los intelectuales^[40], aunque también va más allá del sector intelectual estrictamente, al involucrar profundos debates sobre la construcción del socialismo^[41].

Con un panorama muy distinto se presenta la situación en Haití. El presidente Jovenel Möise desde hace varios meses está decidido a enfrentar las protestas y “controlar la calle” apoyado en la represión paraestatal. Frente a las masacres protagonizadas por las bandas criminales ligadas al gobierno, el 10 de diciembre se realizó una masiva movilización de repudio, que por enésima vez pidió la renuncia de Möise^[42]. En este marco, el gobierno haitiano trabaja para reformar la Constitución. Según informó el canciller Claude Joseph, en marzo de 2021 habrá un referéndum constitucional y luego se convocará a elecciones generales: presidenciales, parlamentarias y municipales. De acuerdo a este cronograma, quienes resultaran electos asumirían en febrero de 2022^[43].

Como ya mencionamos en el apartado sobre Venezuela, uno de los temas principales en el Caribe Sur fue la muerte de al menos 28 venezolanos y venezolanas cuando el 6 de diciembre naufragó una barcaza que los transportaba desde la península de Paria, en el extremo oriental de su país, hacia Trinidad y Tobago^[44]. El episodio disparó investigaciones en Venezuela y en Trinidad y Tobago, quedando a la luz las redes de tráfico de personas que operan entre ambos países, con participación de agente de seguridad^[45][46]. En medio de versiones contradictorias y noticias falsas, la oposición venezolana, aún con mayoría en la Asamblea Nacional, acusó al gobierno de Trinidad y Tobago de complicidad con la muerte de las personas migrantes, tras lo cual el primer ministro Keith Rowley rechazó la representación de Juan Guaidó en la OEA y anunció que no participará en ninguna votación en el organismo hasta que no sea devuelta la representación al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Rowley, quien también criticó a Almagro por sumarse a una narrativa falsa, asumirá en enero de 2021 como presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom)^[47].

El Cono Sur

Al igual que en toda América Latina y el Caribe, al sur del continente la situación económica y social es crítica, agravada por la pandemia. Pese a esto, los últimos dos meses de 2020 mostraron un panorama de relativa estabilidad política, a excepción de Chile, donde continúan las protestas y la represión, en el marco de un gobierno ampliamente deslegitimado, con un presidente Sebastián Piñera que no deja de caer en las encuestas^[48]. En este país, 2021 asoma de nuevo con alto voltaje político, con un conflicto social que seguramente seguirá presente en la calle y un intenso cronograma electoral. En abril se realizará la elección de convencionales constituyentes, donde está garantizado que habrá al menos 17 representantes de los pueblos originarios. Ese mismo día se elegirán también gobernadores/as, alcaldes/as y concejales. La segunda vuelta de esta elección será en mayo. En noviembre de 2021 serán las parlamentarias y las presidenciales. En caso de ser necesario, la segunda vuelta será el 19 de diciembre^[49].

En Brasil, además de la segunda ola pandémica, lo más destacado fue la realización de las elecciones municipales entre el 15 y el 29 de noviembre pasados. En un panorama de gran fragmentación, el resultado global habla de una buena elección para la derecha liberal y el denominado “Centrao”, por sobre el bolsonarismo y las fuerzas de izquierda. Sobre este tema, desde OBSAL editamos un cuaderno especial organizado por la oficina del Instituto Tricontinental en Brasil^[50].

En materia de política exterior, el gobierno de Jair Bolsonaro consolida su alianza estratégica con el de Paraguay. Este último, encabezado por Mario Abdo Benítez, continuó recibiendo duras críticas a dos meses del asesinato de Lilian y María Carmen Villalba, ocurrido en un asalto de la Fuerza de Tarea Conjunta —un grupo de operaciones especiales— a un campamento del grupo EPP, en el cual solo fueron encontradas las niñas de 11 años. La familia y diferentes organizaciones de derechos humanos —incluso algunas alineadas a la derecha— sostienen que el gobierno paraguayo operó para fabricar un “falso positivo”, destruyendo pruebas y alterando la escena del crimen para representar un combate.

En el plano de las luchas sociales, en Paraguay en noviembre y diciembre se destacó la movilización campesina, tanto por fondos para programas de apoyo como en demanda de una mejor distribución de la tierra. De cara al año político, los partidos que conforman el Frente Guasú sellaron un acuerdo de unidad para las elecciones municipales en todos los distritos del país^[51]. Las elecciones están previstas para el 10 de octubre de 2021.

En Argentina, el 10 de diciembre se cumplió un año del gobierno de Alberto Fernández, atravesado por una dura situación económica y un marco de “ofensiva empresaria, austeridad fiscal y relanzamiento gubernamental”, como se analiza en el Informe de Coyuntura elaborado por la oficina del Instituto Tricontinental en Argentina :

El gobierno del FDT [Frente de Todos] llegará a su primer año de gestión en un escenario adverso. La corrida cambiaria y la negociación con el FMI marcaron el ritmo de los últimos meses, caracterizados a su vez por la agudización de los efectos sociales de la pandemia entre los sectores más vulnerables del pueblo trabajador y por la aparición de algunos signos de reactivación económica. En ese marco, el Gobierno se propuso resistir los intentos de imponer una devaluación brusca por considerar acertadamente que implicaría un golpe durísimo para los sectores populares e incluso para su propia legitimidad. Implementó una hoja de ruta que incluyó concesiones importantes a los sectores del poder económico y medidas orientadas a una mayor austeridad fiscal. Acciones cuyos efectos de mediano alcance son el corrimiento progresivo del papel protagónico que el Estado venía asumiendo en la asistencia social por la pandemia y la obturación —al menos por ahora— de una vía de salida de la crisis económica que implique avances, por lo menos parciales, sobre el poder material y simbólico de los sectores dominantes^[52].

En este país hay que destacar el impulso oficial al proyecto de legalización del aborto, que alcanzó el 11 de diciembre la media sanción en la Cámara de Diputados. Al cierre de este informe, se espera una votación muy cerrada en el Senado el 29 de diciembre, en un marco de amplia movilización del movimiento de mujeres y un sostenido lobby de los sectores más conservadores –en particular de la Iglesia Católica y las variadas iglesias evangélicas—, que promueven la continuidad de la penalización de esta extendida práctica: se calcula que se realizan alrededor de 1300 abortos por día en el país, unos 500 000 al año^[53]. En octubre de 2021 habrá renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En Uruguay las dos novedades más importantes son negativas: una es el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez; la otra es el avance del COVID-19 en la última parte del año. Desde principios de noviembre, el gobierno de Lacalle Pou endureció los controles sobre la población y ordenó a la policía disolver reuniones. Pero ante un nuevo agravamiento de la situación, a mediados de diciembre anunció límites al derecho de reunión, el cierre del país entre el 21 de ese mes y el 10 de enero y la cancelación del carnaval, el principal acontecimiento cultural –y uno de los más importantes atractivos turísticos— de Uruguay^[54].

Además de la pandemia, el debate político está atravesado por la Ley de Urgente Consideración enviado al parlamento por el Poder Ejecutivo a poco de asumir. El proyecto aprobado, de más de 500 artículos, condensa una gran variedad de medidas por medio de las cuales el gobierno del derechista Partido Nacional —como líder de la llamada Coalición Multicolor— se propone reorientar la economía uruguaya en función del ideario neoliberal. Frente a esto, un heterogéneo abanico de organizaciones plantea la derogación. Esto incluye a un amplio entramado de organizaciones sindicales y sociales, entre ellas el PIT-CNT, que impulsó a la formación de la Intersocial, un espacio para coordinar acciones de lucha, y a la principal oposición política, el Frente Amplio. Por el momento, la articulación entre el activismo social y la representación política, e incluso al interior de ella, no está exenta de desacuerdos en torno a la ruta hacia la derogación^[55].

La coyuntura en los mecanismos de integración

En un contexto de fragmentación y heterogeneidad, la actividad en los espacios de integración estatal estuvo marcada por varias señales políticas, con acuerdos y disputas de todo tipo. Presentamos aquí una síntesis muy breve y parcial sobre algunos temas de agenda en relación con la Alianza del Pacífico, el Mercosur, el Parlasur, el Parlamento Andino, ALBA-TCP, la OEA y la CELAC, que coexisten y en muchos puntos se relacionan directamente.

El 12 de diciembre, el presidente de Chile Sebastián Piñera traspasó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacifico a Colombia. El presidente de este país, Iván Duque, planteó como objetivos para 2021 la incorporación de Ecuador —ya adelantada a pedido del gobierno de Lenin Moreno, al que le quedan unos pocos meses de mandato—; y avanzar en un proceso de acercamiento para incluir más adelante a Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá^[56].

Duque también asumió al día siguiente la presidencia de Prosur —el Foro que desde 2019 reúne a los gobiernos de derecha, en un intento por diluir a Unasur— y ya tenía desde julio la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por lo que desplegará durante los meses por venir una intensa iniciativa diplomática.

En términos políticos, para el espacio de la Alianza del Pacífico no fue un año de buenas noticias, con crisis políticas en Chile y Perú; y movilizaciones y pérdida de popularidad del gobierno en Colombia (y en Ecuador, a punto de sumarse). Y con el presidente de mayor popularidad —el de México, Andrés Manuel López Obrador— que no responde al ideario geopolítico del bloque, que nació como contrapeso de la Alianza Bolivariana.

Esto se suma a la crisis del Grupo de Lima, que reúne a casi todos los gobiernos de la Alianza del Pacífico y a todos los de Prosur, embarcados en la estrategia de EE. UU. contra Venezuela y que en varios casos afrontan serios problemas internos. A esto se suma el declive de Guaidó, que de cara a 2021 pareciera más un problema que una solución y seguramente obligue a una nueva pirueta diplomática para justificar el tratamiento de “presidente interino” (o incluso más insólito: de “presidente encargado”) de Venezuela. Todo en un contexto signado además por la derrota de Trump y la complicada transición presidencial en el gran país del norte.

Respecto del Mercosur, el mismo día que Lacalle Pou anunció las medidas restrictivas —el 16 de diciembre—, el presidente uruguayo le entregó la presidencia pro tempore del Mercosur a Alberto Fernández. El mandatario argentino convocó a construir “un continentalismo solidario” , respetando la diversidad de ideas para priorizar “la integración con inclusión”, en un intento por poner en segundo plano las diferencias políticas al interior del bloque^[57]. La mayoría de los acuerdos económicos elaborados en el marco de la reunión tuvieron que ver con los intereses de los diferentes sectores empresarios y casi nada con la coordinación efectiva de políticas sociales para la población. En el comunicado de cierre se destaca que los presidentes de los países integrantes del Mercosur “reafirmaron su máxima voluntad” de concretar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. También se definió avanzar en las negociaciones con Canadá y se saludó la “flexibilidad” al interior del organismo para la continuidad de las respectivas negociaciones con Corea del Sur y con Israel^[58].

Tres días después, el presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde, anunció que ese cuerpo investigará la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno al golpe de Estado en Bolivia^[59]. A principios de diciembre, el flamante presidente del Parlamento Andino, el boliviano Adolfo Mendoza, había solicitado una auditoría al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de 2019, que jugó un papel central en la narrativa de justificación de la dictadura^[60]. Si bien no tiene ningún efecto específico concreto, ambos organismos se suman a muchas otras voces que plantean la intervención de la OEA en procesos soberanos de los países que se oponen a la política de EE. UU. Sobre la crisis del organismo y el desgaste de Almagro ya nos hemos referido en el apartado correspondiente al Caribe —con las críticas del primer ministro de Trinidad y Tobago, próximo presidente de Caricom— y también en el informe Nº 9 de este Observatorio^[61].

A su vez, con la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia, también se dio la reincorporación de este país a la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)^[62]. El bloque, imaginado por Fidel Castro y Hugo Chávez en una larga noche de conversaciones estratégicas, cumplió en diciembre 16 años y a pesar del asedio, resiste.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), bajo la coordinación de México, se orientó a la coordinación en torno a la pandemia. En este contexto, lo más destacable es la continuidad del acercamiento con China. En diciembre se realizó una nueva reunión de coordinadores nacionales del foro CELAC-China y se puso en marcha un cibersecretariado, que entre otras tareas organizará en 2021 el III Encuentro ministerial entre los 33 Estados de la comunidad latinoamericana y caribeña y el gigante asiático^[63].

Este panorama estará atravesado, desde ya, por la política hacia la región que impulsará el nuevo gobierno de EE. UU, tras la confirmación del triunfo de la fórmula Joe Biden – Kamala Harris en las elecciones del pasado 3 de noviembre. En general, existe un amplio consenso respecto a que la nueva administración, sin abandonar el objetivo estratégico del dominio imperial, ensayará un cambio de estilo, dándole mayor predominio al soft power. Los recursos energéticos y los mecanismos de cooperación económicos y militares serán temas clave en la disputa con China^[64]. Otros temas conflictivos serán el tratamiento de la migración y el asedio —tal vez bajo nuevas tácticas— contra los países de ALBA-TCP, en particular contra los más emblemáticos: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

En los meses por venir podremos observar la forma en que se plasman todas estas relaciones en la compleja —y dinámica— arquitectura política que reúne a los países del continente.

Articulaciones de los movimientos populares

En un año muy particular, no cesaron los esfuerzos por articular espacios de encuentro y acción entre diferentes organizaciones sociales y políticas. Hacia fines de 2020, algunas de estas experiencias desarrollaron encuentros para analizar la situación y proyectar estrategias comunes.

Los días 18 y 19 de diciembre se realizó en Bolivia el Encuentro de Pueblos y Organizaciones del Abya Yala, convocado por el expresidente Evo Morales a su retorno al país después del triunfo del MAS-IPSP en las elecciones presidenciales. En este encuentro regional, desarrollado en la sede de Unasur en Cochabamba, participaron líderes sociales e indígenas de varios países de América Latina y el Caribe. Sus principales objetivos: rearticular las fuerzas populares del continente en función de un proyecto soberano. Entre las principales conclusiones se encuentra la exigencia del fin del bloqueo a Venezuela y Cuba, la defensa del derecho al agua después de la escandalosa cotización en Wall Street y la convocatoria a la creación de la Unasur de los Pueblos, llamada Runasur (“Runa”, en quechua, quiere decir “ser humano”), un nuevo mecanismo de integración entre los movimientos sociales y populares del continente, con una mirada antiimperialista y defensora de los derechos de la Madre Tierra.

En este mismo sentido se realizó el 19 y 20 de diciembre la reunión de Coordinación Continental de ALBA Movimientos, con la asistencia por vía remota de referentes sociales y populares de más de 20 países de la región, quienes trazaron los principales objetivos políticos de esta articulación continental de movimientos para el 2021. Entre ellos se destaca la realización de la III Asamblea Continental de ALBA Movimientos, prevista para el mes de octubre, en Bolivia.

En perspectiva

Concluye un año que, sin lugar a dudas, marca ya —y lo hará aún más a futuro— un punto de inflexión en la historia reciente de los pueblos y en el largo tiempo de la humanidad. La pandemia de la COVID-19 profundizó con signos catastróficos la crisis civilizatoria desplegada por las transformaciones neoliberales, intensificando la urgencia de nuevos horizontes de cambio. Por otro lado, la crisis sanitaria se tradujo en muchos casos en la acentuación de la desigualdad, del autoritarismo e incluso de las propias reformas neoliberales. Nuestra América fue escenario de esos procesos al tiempo que el virus y el confinamiento necesario bloqueaban la capacidad de acción colectiva de los movimientos populares y los sujetos subalternos suspendiendo, en parte, el ciclo de conflictividad social iniciado en octubre de 2019 en contestación al régimen neoliberal y, en particular, a su última ola.

Sin embargo, ya avanzado el segundo semestre del año, a la par de una relativa mejora de la difícil situación sanitaria y económica, una serie de procesos de movilización popular y explosiones de masivas protestas marcaron el fin de ese periodo de contención y reflujo. En este contexto, los acontecimientos en Bolivia, Chile, Perú, Guatemala, por citar los más significativos, aún con sus diferencias, implicaron la reanimación de la confrontación con el proyecto neoliberal y neoimperial que se despliega en la región, con avances y retrocesos, desde la década de 1970. Examinamos algunos de ellos en el informe anterior y otros en este, así como dedicamos un cuaderno especial del OBSAL para la situación en Perú. En el plano regional, la significación de estos procesos interroga ciertamente en torno a si nos encontramos ante el comienzo de una nueva etapa en Nuestra América, en la que la profundidad de la crisis civilizatoria ya no puede ser gestionada a su favor por las élites neoliberales: ¿se abre la posibilidad de un nuevo tiempo de protagonismo popular y cambios sociales? Entre otros aspectos, la programática constituyente y democratizadora desplegada en varios de estos casos señala la centralidad y propuestas de cambio no solo en lo social, sino también en el terreno del Estado y de las formas del poder en un sentido descolonial, antipatriarcal y antineoliberal.

En esta dirección, en particular la derrota del golpe en Bolivia, así como las elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela y, a futuro, la posibilidad del triunfo de Andres Arauz en las presidenciales de Ecuador en febrero, las elecciones de constituyentes en Chile y los resultados de las presidenciales en Perú de abril próximo señalan la proyección de estos procesos al terreno de los gobiernos y la posibilidad de la emergencia de un nuevo mapa gubernamental, con incidencia en las posibilidades de relanzamiento de los proyectos populares de integración regional, como analizamos ya en este informe. La derrota de Trump en el mes de noviembre refuerza este escenario, aún si es necesario reiterar que un cambio de formas no altera la dirección de la política estadounidense para la región y su exigencia de garantizar el máximo control de nuestros territorios, poblaciones y gobiernos, en un contexto de retroceso y disputas sobre su hegemonía global.

En este marco, los anuncios de los arribos a la región de las primeras vacunas contra la COVID-19 y la posibilidad de comenzar a transitar un camino de salida a la pandemia contrastan con el control y la concentración de las mismas por parte del capital y los países ricos del Norte global que analizamos en estas páginas.

Así, las esperanzas recuperadas en estos últimos meses del año confrontan nuevamente con el dominio y el manejo capitalista de la salud y de la vida, en momentos de la llamada “segunda ola” y la “nueva cepa” del virus, así como con el escenario catastrófico que su paso deja en el terreno social y con la fuerza que detentan los poderes corporativos y su agenda regresiva plagada de violencias, autoritarismos y xenofobias. Es entre esas esperanzas y estas amenazas que, en los albores de este nuevo año, se tejen los sueños y los haceres emancipatorios de nuestros pueblos de Abya Yala.

Referencias