El inicio del 2021, entre continuidades y rupturas

Entre el agravamiento de la crisis sanitaria y la potenciación de un crecimiento hacia afuera: la pandemia neoliberal

Luego de una relativa mejora en la evolución de los contagios y fallecimientos en el tercer trimestre del 2020, ya desde el final del pasado año y aún más en los primeros meses de 2021 la crisis sanitaria se ha ido agravando en muchos países de la región. El caso más dramático sin dudas es lo que está sucediendo en Brasil. A lo largo de enero, la situación se tornó crítica en la ciudad de Manaos, capital del estado Amazonía, en el norte de este país, donde la falta de oxígeno y de camas de terapia intensiva para atender al creciente número de enfermos multiplicó los fallecimientos y develó las responsabilidades del gobierno federal en atender la tragedia así como el valor de la solidaridad entre los pueblos, con el envío del preciado oxígeno desde la Venezuela bolivariana. En la ciudad de Manaos, solo en enero el número de muertes por coronavirus aumentó un 630%, duplicando la media de mayo de 2020, el mes más letal de ese año; y los dos primeros meses de 2021 superaron en fallecimientos a las pérdidas registradas en todo el año anterior^[1]. Pero lejos de circunscribirse a este estado, el colapso sanitario —animado por las crisis del sistema de salud, las políticas negacionistas y la peligrosidad de las nuevas cepas— se expandió rápidamente primero en el norte y luego en la mayor parte del país. En esta dirección, la cantidad de fallecidos diarios a nivel nacional ya supera a fines de febrero los contabilizados en el pico de la primera ola, en julio de 2020 (incluso en el estado de San Pablo). En 18 estados, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva está por encima del 80%, al borde del colapso sanitario^[2]. Así, mientras el pueblo brasileño afronta el peor momento de la pandemia, el presidente Bolsonaro critica el uso de barbijos y las políticas de cuarentena; y culpa de la crisis a los gobernadores, quienes le responden con una carta abierta^[3]. Es la dimensión más catastrófica de la política genocida del gobierno federal, como analizamos más adelante en este informe.

Pero la catástrofe sanitaria no es privativa de Brasil. También en Perú, los primeros meses del año han visto agravarse la crisis sanitaria con falta de provisión de oxígeno, camas hospitalarias y médicos frente al crecimiento de los contagios^[4] y, consecuentemente, de los fallecimientos^[5]. Y, sin llegar al colapso sanitario, una tendencia en igual dirección —de incremento de contagios— se verifica en estos meses en otros países de la región, como Ecuador y Colombia; e inclusive, Chile y Uruguay.

Con más de 114 millones de contagiados y más de 2 millones 500 mil fallecidos a fines de febrero a nivel global, Nuestra América sigue siendo una de las regiones más castigadas por la pandemia. Brasil (con casi 255 mil) y México (con más de 185 mil) ocupan el segundo y tercer lugar en la trágica lista de países con más muertos, así como Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú integran la lista de los veinte países con mayor cantidad de contagiados a nivel mundial.

La amenaza del despliegue regional de la segunda ola de la COVID-19, de la mano de las nuevas cepas más contagiosas, ciertamente podría controlarse con la expansión rápida de la vacunación. Sin embargo, como viene siendo denunciado por los movimientos y las articulaciones populares, su apropiación y distribución desigual y su carácter de mercancía —con su lógica de usufructo privado de la innovación científico-tecnológica a través de las patentes— es un impedimento y amenaza a todos los esfuerzos efectivos por combatir la pandemia. Sobre ello, se ha señalado la apropiación que los países ricos han hecho de la mayor cantidad de las dosis actuales y futuras. A principios de febrero, por ejemplo, más de 107 millones de personas ya habían recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles, pero el 70% de ellas fueron aplicadas en los 50 países más ricos del mundo, mientras los 50 países más pobres apenas habían administrado un 0,1%^[6]. Por otro lado, los cuellos de botella en la producción de las vacunas han puesto de manifiesto los efectos de las patentes, cuestionados por las organizaciones populares e, incluso, por los gobiernos de Sudáfrica y la India que, acompañados por más de un centenar de países, ya desde octubre de 2020 habían presentado la propuesta de liberar las patentes de las vacunas ante la Organización Mundial de Comercio^[7]. Otro paso en esa dirección es la noticia de que la vacuna cubana Soberana 02 ha pasado exitosamente a la tercera fase de experimentación. No solo es la primera vacuna latinoamericana en conseguirlo sino que, bajo la tradición del internacionalismo solidario practicado por la Revolución cubana, particularmente en el terreno de la salud, es un logro para todos los pueblos de Nuestra América.

También en nuestra región, la distribución y acceso a la vacunación ha sido desigual por país y grupo social. A finales de febrero, 16 países de Nuestra América —sin contar algunas islas-Estados del Caribe— habían iniciado la vacunación e incluso los niveles de vacunación resultaban bastante heterogéneos al interior de este grupo.  Encabeza la lista de vacunados por cada 100 habitantes Chile, con 17,58 y le siguen a distancia Brasil (3,97); Panamá (2,65); Argentina (2,27); Costa Rica (1,99); México (1,90); Perú (0,81); Colombia (0,26); República Dominicana (0,24); Guyana (0,24); Ecuador (0,14); Bolivia (0,09); El Salvador (0,09); Venezuela (0,01); Guatemala (0,01) y Paraguay (0,01). Pero también en el orden de cada país la distribución y aplicación de la vacuna expresó las desigualdades socioeconómicas y de poder propias del capitalismo, plagando los planes de vacunación con escándalos de corrupción y privilegios. El temporal político se inició a mediados de febrero en Perú, cuando salió a la luz que casi 500 personas (entre políticos, empresarios y miembros de la Iglesia) accedieron de manera irregular a la vacuna china Sinopharm. El escándalo cobró la renuncia de la ministra de Salud y de otros 15 funcionarios.

Posteriormente, los datos suministrados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) de Chile revelaron que más de 37 mil personas recibieron la vacuna de forma irregular, antes de lo establecido en su calendario de vacunación. A fines de febrero salió a la luz la existencia de vacunados irregularmente por el Ministerio de Salud de Argentina, lo que conllevó también la renuncia del ministro del área. Similares denuncias cobraron también la renuncia del Ministro de Salud de Ecuador. Por esas fechas, tomó estado público la existencia de casos de falsa vacunación a adultos mayores en Brasil, en medio de denuncias de desvío de dosis al mercado negro. Estos casos son la punta de un iceberg que revela en el terreno del acceso a la vacuna y la atención a la salud las profundas desigualdades sociales que corroen a Nuestra América. Pero en esto la pandemia no es solo un portal, como se ha señalado, sino también un agente que acentúa esas mismas desigualdades.

En relación con ello, el último informe de OXFAM no deja sombra de dudas. La pandemia será recordada por haberse cobrado más de 2 millones de vidas en todo el mundo, pero también “por haber provocado que cientos de millones de personas más se hayan visto sumidas en una situación de pobreza y de falta total de recursos”^[8]. En este sentido, no solo ha afectado en mayor medida a los pobres y, especialmente, a las mujeres, a los afrodescendientes, a los pueblos originarios y a las comunidades históricamente excluidas y oprimidas, sino que ha incrementado significativamente la desigualdad global. Así, según el informe, “las mil mayores fortunas del mundo tan solo han tardado nueve meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia”, mientras que “para las personas en mayor situación de pobreza esta recuperación podría prolongarse catorce veces más”^[9] . En similar dirección, el último informe de CEPAL sobre el panorama social de la región señala  que “en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población”, lo que implica que fueron condenadas a la pobreza “22 millones de personas más que el año anterior”^[10].

En términos económicos, el 2020 ha significado la “mayor contracción del PIB mundial desde 1946”, tanto en las economías del viejo núcleo del capitalismo como en la periferia; con la notable excepción, entre otros, de China, donde solo se ha registrado una brusca desaceleración del crecimiento, que disminuyó hasta el 1,9% anual^[11]. En este sentido, la crisis no se ha manifestado de una forma homogénea, así como tampoco lo serán la magnitud y persistencia de sus consecuencias, incluso en el terreno del proceso de transición de la hegemonía global en curso.

Si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos y sociales, América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada del Sur del mundo. En un contexto prepandémico, ya afectada por un bajo o nulo crecimiento económico (para el sexenio 2014-2019 solo un 0,3%; en 2019 una tasa de crecimiento del 0,1%), la región afrontó en 2020 la peor crisis económica de los últimos 120 años, con una caída estimada del 7,7% del PIB. En esta dirección, la CEPAL estima para 2021 un rebote de la tasa de crecimiento de la economía mundial de alrededor del 5,2% (en el caso de China el porcentaje se eleva al 8,1%) y para la región de un 3,7%, que solo permitiría recuperar el 44% de la pérdida registrada en 2020. Las últimas previsiones del FMI son en este terreno un poco más altas (un 4.1%)^[12], basadas en parte en la expectativa de crecimiento del precio de los mal llamados “commodities” que —según las previsiones del organismo— pueden alcanzar en 2021 un aumento del 4% en los productos agroalimentarios, del 3% en los metales básicos y de un 16% en los productos energéticos, que fueron los que más descendieron en 2021. Ciertamente, el precio de algunos de estos bienes —como el oro y la plata—, lejos de disminuir, se incrementó durante todo 2020, en tanto reserva de valor en el contexto de crisis. Pero la mayoría retrocedió a nivel global, particularmente en el segundo trimestre. Sin embargo, producto de la recuperación económica de China —que se proyecta al 2021— y el redireccionamiento de la especulación financiera a los “mercados de futuro” de estos bienes —ante la retracción y caída de otros—, la casi totalidad de los llamados commodities comenzaron un ciclo de incremento de su valor hacia fines de 2020, continuado en este año. Así, considerando los datos provistos por el Banco Mundial, por ejemplo, la cotización promedio de la soja en enero 2020 fue de US$/mt 387,05 y en igual mes de 2021 de US$/mt 576,30; en el caso del hierro pasó de US$/dmt 95,76 a US$/dmt 169,63; el cobre de US$/mt 6031,21 a  US$/mt 7972,15; el oro de US$/toz 1560,67 a US$/toz 1866,98; e incluso el petróleo, si bien no recuperó los valores de principios de 2020, comenzó el nuevo año en ascenso^[13].

En esta dirección, el impacto heterogéneo y desigual de la crisis económica primero y de esta potencial recuperación económica después, alertan hacia futuro sobre los efectos políticos y sociales de un ciclo económico que refuerza un crecimiento hacia fuera y basado en actividades extractivistas, en desmedro de otro basado en el mercado interno y en el consumo popular; y plantea la urgencia de regular y controlar la expansión de estas actividades, que afectan a poblaciones y territorios; y la necesidad de garantizar mínimamente la apropiación pública de la renta extraordinaria que generan.

En este sentido, los comienzos del 2021 aparecen marcados por una doble tensión. Por una parte, entre la intensificación de los contagios, la expansión de las nuevas cepas y la ola próxima que, en particular en América del Sur, traerá la llegada del otoño-invierno y la velocidad y extensión de la vacunación. Pero, por otra parte, por una recuperación económica basada centralmente en un crecimiento orientado hacia afuera y las urgencias y necesidades sociales y populares, con la dimensión catastrófica que estas asumieron bajo la pandemia neoliberal.

Un nuevo gobierno en EE.UU.

La asunción de Joe Biden como nuevo presidente de EE. UU. representa sin dudas un tema relevante para América Latina y el Caribe. Dada la historia de imperialismo de los últimos dos siglos, cualquier modificación en el escenario en este país es de máxima importancia para todo el mundo, en particular para nuestro continente.

El año 2021 abrió con imágenes inéditas: con el presidente Donald Trump negándose a  reconocer su derrota en las elecciones —ocurridas dos meses antes, en noviembre de 2020—, apoyado además por manifestantes ultraderechistas que llegaron a Washington y tomaron el Capitolio, provocando escenas de caos y muerte. Imágenes que quedarán en la historia como una de las representaciones del declive del poder global de EE. UU. En términos generales, el reemplazo de Trump por Biden no augura un cambio radical en la política exterior —orientada a mantener la hegemonía en la región, en el contexto de la disputa con otras potencias como Rusia y especialmente China^[14]—, aunque sí es necesario señalar algunos matices.

El primer punto tiene que ver con la migración: apenas asumió, Biden suspendió la construcción del muro en la frontera con México y también el Acuerdo de Cooperación y Asilo que había firmado Trump con Guatemala, El Salvador y Honduras^[15]. Como mencionamos en informes anteriores, el eje de este acuerdo, llamado de “tercer país seguro”, se enfocaba en la deportación de los y las migrantes de esos países a otro de estos tres países que no fuera su país de orígen, como sucedió con casi 700 migrantes hondureños y salvadoreños que fueron deportados a Guatemala, en el marco de la implementación del acuerdo^[16]. A su vez, Biden envió al Congreso la nueva propuesta de reforma migratoria para las casi 11 millones de personas migrantes no regularizadas que viven en el país. Según teleSUR, el proyecto plantea principalmente una “solución a largo plazo para los ‘soñadores’, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA”. También a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), los cuales en su mayoría proceden de América Central y a los trabajadores agrícolas inmigrantes. “La reforma amplía el número además de los llamados ‘visados de diversidad’ de 55 000 a 80 000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas”, informa el canal^[17].

A su vez, la administración Biden también intenta ubicarse como un garante de la democracia y los derechos humanos a través de la presión —al menos verbal— a algunos gobiernos subordinados a su política, como fue tempranamente el caso de Guatemala, El Salvador e incluso Colombia; y en los últimos días, Haití. Se trata de presentar al nuevo gobierno como equilibrado en la defensa de los “valores americanos” de la democracia liberal —golpeados, por otra parte, por su propio proceso político— y se enmarca —al igual que en todos los demás temas— en el intento por recuperar terreno en los foros multilaterales.

Mientras tanto, existe una continuidad en el asedio a los gobiernos adversarios, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sobre Venezuela, luego de un primer gesto auspicioso en torno al relajamiento de las sanciones, al cierre de este informe renovó la orden ejecutiva que considera al país caribeño una amenaza a la seguridad de EE. UU., como se desarrolla en el apartado sobre Venezuela^[18]. En el caso de Cuba, es posible que haya una relajación en la política impuesta por Trump, que desandó los acuerdos impulsados por Obama y llegó a incluir a Cuba en la lista de las naciones terroristas.

En una mirada general, los primeros indicios dan cuenta de una estrategia más basada en el ejercicio del “poder blando” que en la amenaza militar, aunque los antecedentes de los principales funcionarios de Biden no representan ninguna hipótesis de cambio real en la tradicional política norteamericana. Como recordó Atilio Borón en un artículo publicado al día siguiente de la asunción del nuevo gobierno, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, es una figura ligada al complejo militar industrial; y el secretario de Estado Anthony Blinken es “un halcón moderado, pero halcón al fin”, que apoyó desde un primer momento la política guerrerista en Irak, en Libia y en Siria y en cuyo gabinete destaca Victoria Nuland, figura clave en el golpe de Estado en Ucrania en 2014^[19]. Con estos nombres, no es extraño constatar la reanudación de los bombardeos en Siria; así como inquietantes gestos hacia la región, como el anuncio por parte del Comando de Submarinos de EE. UU. acerca de la “colaboración” entre un avión “del territorio independiente británico de las Islas Falklands” (es decir, las Islas Malvinas argentinas bajo ocupación de la OTAN) con el submarino nuclear USS Greenville, “demostrando el alcance global de las fuerzas de ambas naciones”, según lo que expresó EE. UU. oficialmente^[20].

Como señala un artículo de Carolina Andrade Quevedo, lo que ocurre en el Atlántico Sur se relaciona con la presencia militar en las Islas Galápagos. “Existe un interés geopolítico transversal para Estados Unidos y su visión de seguridad hemisférica: aumentar su presencia militar en las Américas y mantener operaciones disuasivas —en este caso, posibles ejercicios con proyección nuclear— frente a rivales como China o Rusia^[21]. En este contexto, uno de los argumentos que han tomado relevancia en el último tiempo —sumándose a otras “nuevas amenazas” ya conocidas, como “la lucha contra el narcotráfico” o “la lucha contra el terrorismo”— es la intervención contra la pesca ilegal. Se trata de “un asunto de seguridad nacional”, en palabras recientes del Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas, quien afirmó que “está en el top 3 de las amenazas” a la seguridad hemisférica, en la clave en que la entiende EE. UU.^[22]. Con este panorama, no sería de extrañar que en los próximos meses la región fuera el escenario de algún incidente entre EE. UU. y China. Al menos existen declaraciones y acciones “de cooperación” que parecen dirigidos a preparar la recepción a acontecimientos de ese carácter.

La ambivalencia entre una política en apariencia menos militarista junto al sostenimiento de claras señales en el sentido contrario pueden rastrearse también en el primer discurso de Antony Blinken al frente de la cancillería, ofrecido al cierre de este informe, el 4 de marzo de 2021. Blinken se alejó retóricamente del estilo de la administración Trump, incluso con el rechazo explícito a la intervención militar o “el derrocamiento de regímenes autoritarios por la fuerza”, ya que, aseguró, “hemos probado estas tácticas en el pasado [y] por bienintencionadas que sean, no han funcionado”.  Sin embargo, dejó claro que lo que se busca es mostrar formas más efectivas de combinar el poder duro con el poder blando, en función de los mismos objetivos.

El Presidente Biden se ha comprometido a liderar con diplomacia, porque es la mejor manera de afrontar los retos en la actualidad. Al mismo tiempo, nos aseguraremos de seguir teniendo las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Nuestra capacidad para ser diplomáticos eficaces depende —y no en una pequeña medida— de la fuerza de nuestras fuerzas armadas.

[…] todas nuestras prioridades van directamente a nuestras principales fuentes de fortaleza nacional.  Y definimos la fuerza en sentido amplio, porque un país verdaderamente fuerte lo es en muchos sentidos a la vez. La verdadera fuerza […] no se basa únicamente en el poder militar. La verdadera fuerza es eso y más^[23].

Todos los elementos disponibles afirman la caracterización respecto a que en este nuevo gobierno todas las opciones están sobre la mesa para “torcer el brazo” (Obama dixit) a los gobiernos considerados hostiles.

Aires de cambio en los Andes: panorama electoral, crisis social y conflicto en el marco de la intervención imperial

Tal como mencionamos en el último informe de 2020, donde trazamos algunos de los principales acontecimientos a desarrollar durante el 2021, el desarrollo de la agenda electoral a nivel continental ha marcado en los dos primeros meses de este año un importante escenario en materia de la disputa contra el modelo neoliberal y neoconservador sobre el que hemos escrito numerosas veces.

Al mes de marzo, ya se han presentado dos instancias electorales claves para nuestro continente, y se prepara la llegada de un abril con ingredientes definitorios en las urnas en varios de los países de nuestra región. Más allá de los resultados y configuraciones finales producto de los resultados electorales, podemos pensar que en 2021 se abren grandes posibilidades para los procesos progresistas o de cambio de nuestra región, producto del fuerte rechazo popular a los años de nueva ofensiva neoliberal, profundizado por lo que implicó en la mayoría de nuestros países la pésima gestión de la pandemia y la demostración de la imposibilidad que tiene el modelo neoliberal para proponer a los pueblos destinos diferentes al hambre, el saqueo y la pobreza.

Elecciones en Ecuador: derrota de las élites neoliberales, triunfo parcial del correísmo, continuidad de la disputa

El pasado 7 de febrero se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales (y legislativas) en Ecuador, con un claro triunfo de Andrés Arauz aunque sin alcanzar el 40% necesario para ganar en primera vuelta. Luego de un conflicto de semanas, el escrutinio confirmó finalmente a Guillermo Lasso como su contendiente para el balotaje. La participación fue de aproximadamente el 80% del padrón electoral y superó ampliamente las expectativas que se tenían respecto a cuántas personas acudirían a las urnas, producto del difícil escenario que ha atravesado Ecuador durante la pandemia.

Al momento de analizar la situación política y social, es fundamental recordar tres elementos principales. Primero, los altos niveles de movilización que se han desarrollado en Ecuador, especialmente desde octubre de 2019, cuando miles de personas —principalmente de las organizaciones indígenas y campesinas que movilizaron hacia las ciudades, pero también con la participación de sectores populares urbanos— salieron a las calles de todo el país en rechazo de un paquetazo neoliberal de Lenin Moreno, producto de sus numerosos acuerdos con el FMI. Estas movilizaciones dejaron un saldo de centenares de heridos y muertos producto de la represión de las fuerzas de seguridad, y fueron principalmente motorizadas y protagonizadas por las distintas confederaciones indígenas, entre ellas la CONAIE y sus distintas organizaciones.

El segundo elemento a tener presente, que precede a las movilizaciones de octubre, es el largo proceso de guerra política y judicial del gobierno de Moreno contra el expresidente Rafael Correa y la fuerza que lidera, intentando sacar del juego político al movimiento más importante del país en términos electorales. Vale la pena recordar que el presidente llegó a su cargo como candidato continuador de la Revolución Ciudadana y ni bien logró la victoria, empezó a gobernar con una agenda totalmente opuesta, alineada con el FMI y la OEA. La persecución política condenó al exilio al expresidente Correa y recluyó en prisión al propio vicepresidente de Moreno, Jorge Glass, además de numerosos líderes de las bases sociales del correísmo. Además de tratar, por todas las vías posibles, de impedir la presentación del binomio formado por Arauz y Rabascall, este último candidato a vicepresidente en reemplazo de Rafael Correa, a quien a través de diversas artimañas jurídicas le impidieron presentarse a ese cargo.

El tercer elemento, que no es menor, es el desarrollo de la pandemia y la gran crisis social y sanitaria: Ecuador ya cuenta con más de 16 000 muertos por COVID-19, en una población de 17 millones de habitantes.

En este escenario se desarrollaron las elecciones presidenciales y legislativas. En la disputa ejecutiva, el primer lugar lo ocupó con el 31.5% de los votos el binomio de la lista Unión por la Esperanza (UNES), con Andrés Arauz como candidato a presidente. El segundo lugar, en cambio, apareció en el centro de una disputa irresuelta que, con idas y vueltas, se prolongó durante las semanas posteriores y que no estuvo ajena a las tensiones al interior del bloque dominante respecto de la estrategia a seguir para excluir o derrotar al candidato correista.

Así, en este conflicto por el segundo lugar se posicionaron los candidatos Guillermo Lasso —quien se presentó en una alianza entre CREO y PSC, partidos de la derecha tradicional ecuatoriana que representan especialmente los intereses del sector empresario y bancario del país— y Yaku Pérez, candidato por la CONAIE y su brazo político Pachakutik, representación de la legitimidad ganada por el movimiento indígena en las movilizaciones de octubre de 2019. Ambas candidaturas obtuvieron a la noche del 7 de febrero porcentajes prácticamente iguales, con diferencias de apenas centésimas, y superándose de manera aleatoria el uno al otro en cantidad de votos con el paso de las horas y de la cantidad de urnas escrutadas.

Este difícil escenario tuvo en vilo a la sociedad ecuatoriana por semanas. En un primer momento, y con una sensación de victoria parcial, parecía que el candidato a enfrentarse con Arauz en segunda vuelta sería Yaku Pérez, lo que para las fuerzas sociales del correísmo implicaría una disputa electoral compleja, en tanto algunas de las banderas del candidato de Pachakutik podrían convocar a parte de su electorado y eventualmente darle la victoria presidencial.

Aquí es importante mencionar que la caracterización que se tiene en los sectores sociales y políticos del país —y también del continente— sobre Yaku Pérez es tan diversa como los sectores mismos. Varían desde su reivindicación como líder indígena, con una agenda enfocada en los derechos de los pueblos originarios, las comunidades LGBTI+, el feminismo y un rechazo tajante al modelo extractivista, hasta las críticas por su oposición tajante a los modelos progresistas de la región —sobre los que ha llegado inclusive a catalogar como dictaduras, como en el caso de Venezuela, o avalar Golpes de Estado, como en Bolivia—, su aparente disposición de sentarse a negociar, tras una eventual victoria, con el FMI y con la embajada de Estados Unidos y la posible instrumentalización de la agenda ambiental para continuar con el modelo neoliberal en el país, en lo que algunos sectores llaman “neoliberalismo pachamamico” o “etnicismo neoliberal”^[24]. En lo que sí coinciden todos los sectores es que el principal elemento de Pérez que lo acerca a Lasso es el anticorreísmo radical.

En ese sentido, la semana siguiente a las elecciones, el CNE —que procuró por todas las vías evitar el triunfo de las candidaturas de la Revolución Ciudadana— convocó a los dos candidatos a ocupar el segundo lugar a un diálogo para resolver la incertidumbre respecto a la segunda vuelta. Es muy importante mencionar que estos diálogos fueron acompañados por la OEA, instrumento clave para legitimar el golpe de Estado de Bolivia en 2019. Sin dudas, en estas deliberaciones se ponían en juego también los diferentes intereses y estrategias del gobierno, el poder dominante local y el imperialismo, en relación con la sucesión político gubernamental en Ecuador.

Aunque inicialmente tanto Lasso como Pérez propusieron que se hiciera el recuento del 100% de los votos —lo que hubiera abierto un escenario orientado a desconocer la victoria de Arauz—, los conciliábulos concluyeron en el acuerdo de realizar el recuento del 100% de las urnas de la provincia de Guayas y del 50% en 16 de las otras 23 provincias. Aquí otro elemento a tener en cuenta es la diferente influencia regional que tienen los distintos sectores políticos. Con un claro telón de fondo de ilegalidad —ya que este mecanismo no está consagrado en la Constitución—, este acuerdo terminó deshaciéndose al día siguiente, cuando Lasso, quien según el escrutinio oficial de las urnas ya ocupaba el segundo lugar (con 19,74% de los votos, contra 19,38% de Pérez), pidió al CNE que primero proclamara los resultados antes de avanzar con el acuerdo al que en teoría había llegado con Pérez. Ello significó una ruptura explícita con Pérez y la disolución de lo que parecía una alianza Lasso-Pérez contra el correísmo.

Así las cosas, finalmente el CNE proclamó a Andrés Arauz y a Guillermo Lasso como los candidatos a la segunda vuelta presidencial. Por su parte, Yaku Pérez llamó a una movilización nacional indígena en rechazo a lo que consideró un fraude electoral que impediría su participación en la segunda vuelta. Sin embargo, encontró fisuras en el propio movimiento indígena. Jaime Vargas y Leónidas Iza, dos históricos líderes de la CONAIE, manifestaron públicamente estar en desacuerdo con las denuncias de Pérez respecto de la corrupción electoral y convocaron a aceptar los resultados, expresando las disputas existentes al interior de la CONAIE incluso entre sectores más corporativos o conservadores y otros claramente antineoliberales. Es importante destacar que, a pesar de que Pérez es el candidato de Pachakutik —el brazo político de la CONAIE—, la Confederación agrupa cientos de diferentes grupos y organizaciones que no están todas alineadas bajo la perspectiva de Pérez, además de aquellas organizaciones indígenas que se recogen en otras Confederaciones del país diferentes de la misma CONAIE y que han rechazado tajantemente lo que ellos consideran la instrumentalización de la agenda indígena y ecologista por parte de Yaku Pérez.

Según el docente e investigador ecuatoriano Jacques Ramírez Gallegos, son tres las grandes conclusiones de este primer escenario electoral en el país: la primera es que el primer derrotado en las urnas fue el modelo neoliberal y su régimen político. El agotamiento social y la imposibilidad de continuar avalando un modelo como el actual que ha profundizado la pobreza, la desigualdad y los niveles de represión; y que no gestionó de manera adecuada la crisis sanitaria en el marco de la pandemia llevaron a las y los ecuatorianos a las urnas a votar de manera masiva por este cambio urgente. Respecto a las elecciones del 2017, el porcentaje de la derecha tradicional cayó 22 puntos.

La segunda conclusión, vinculada con lo anterior, fue la alta participación electoral, inesperada por muchos sectores.

Finalmente, la tercera conclusión es la consolidación de la Revolución Ciudadana como la principal fuerza política del país a pesar de la persecución sistemática de las diferentes instituciones del Estado, como señala la investigadora Irene León, que se aliaron para tratar de todas las formas de evitar la candidatura de una fuerza política que, si bien no obtuvo la victoria en primera vuelta y tuvo un porcentaje menor de lo pronosticado, reflejó un importante nivel de adhesión a nivel nacional.

Estas semanas serán decisivas para los resultados de la segunda vuelta y parecen estar atravesados por altos niveles de conflictividad. Por un lado, las permanentes movilizaciones de los sectores indígenas que apoyan la candidatura de Yaku Pérez y continúan exigiendo un recuento de los votos. Por otro lado, un tenso clima de violencia producto de motines en diferentes cárceles del país, que dejaron un saldo de 78 muertos producto de mutilamientos, personas decapitadas y otros niveles de violencia solo comparables con métodos paramilitares en otros países del continente y de los cuales Moreno hizo responsable al correísmo, sin pruebas de ningún tipo^[25]. A esto se suma un clima continental de una derecha alineada con los intereses de los Estados Unidos dispuesta a crear de nuevo montajes judiciales para perjudicar la victoria del progresismo en Ecuador, como sucede con el rol de Colombia a través de la denuncia de la ahora uribista Revista Semana y la visita del fiscal colombiano Francisco Barbosa a Ecuador por una supuesta financiación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Arauz, que ha sido desmentida tanto por el candidato de la Revolución Ciudadana como por el grupo guerrillero. Con la reciente experiencia del golpe de Estado en Bolivia, se prenden las alarmas de un posible nuevo intento de golpe —de otras características—, esta vez en Ecuador, con tal de impedir el retorno del progresismo al Palacio de Carondelet.

Para la segunda vuelta —que el gobierno de Moreno insiste en aplazar, como ha denunciado Correa en numerosas ocasiones—, Lasso sin dudas tendrá que sumar a sectores que ha rechazado históricamente, como los pueblos indígenas y los sectores feministas y ecologistas. Por su parte, Arauz también deberá fortalecer su campaña sobre el electorado que logró convocar Yaku Pérez y que en gran parte ha sido un histórico crítico del correísmo.

El despertar en Perú y la esperanza de cambio

Como mencionamos en el Informe Nº 9^[26] y en el Cuaderno sobre Perú^[27] del OBSAL, Perú atravesó por una fuerte crisis institucional por la que en noviembre de 2020 Martín Vizcarra fue apartado de su cargo por el escándalo de corrupción de ODEBRECHT, que sacudió nuestra política continental. Este proceso de destitución fue la gota que derramó el vaso y generó una enorme movilización social en la que se manifestó una gran diversidad de sectores sociales, dentro de los cuales destacaba la juventud urbana.

De esa manera se llega al 2021: el próximo 11 de Abril se realizarán las elecciones presidenciales, que tienen en este contexto una gran diversidad de candidaturas y propuestas programáticas.

Por el ala derecha se encuentran varias candidaturas que con nuevos y viejos nombres buscan la continuación del statu quo neoliberal en el país, entre ellas el exfutbolista George Forsyth, que tiene gran adhesión urbana y cuya candidatura recoge sectores del fujimorismo y la derecha evangelista; Rafael López Aliaga, símbolo de la derecha más conservadora; y la ya conocida —y desprestigiada con su prontuario de delitos de corrupción— Keiko Fujimori, hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori, quien atraviesa en la actualidad un juicio por esterilizaciones forzadas durante la dictadura.

Por otro lado, hacia el centro y la izquierda se encuentran las candidaturas de Yonhy Lescano, de Acción Popular (AP); y Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú^[28], quienes a la fecha acumulan la mayor intención de voto: 11,3% y 8,9%, según sondeos como el del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República^[29]. Es importante aclarar que Mendoza es la candidatura cuya principal bandera es recoger el fuerte rechazo neoliberal que significaron las movilizaciones de noviembre para continuar con la propuesta constituyente desde la primera magistratura, y cambiar de forma estructural la concepción neoliberal de la constitución y el Estado.

Según el estudio, la intención de voto de los candidatos del espectro neoliberal sería George Forsyth, con un 8.1%; Keiko Fujimori, con un 8.1%; y Rafael López Aliaga, con un 7.6%. Sin embargo, los resultados indican que, a la fecha, el porcentaje de rechazo y la indecisión de los electores es mayor al de la intención de voto de cualquiera de los candidatos, ubicándose en un 31%.

Al igual que en Ecuador, las elecciones del 11 de abril en Perú se desarrollarán en medio de un fuerte escándalo de corrupción alrededor de la distribución de vacunas contra el COVID-19, también conocido como Vacuna Gate. Como si fuera poco, el expresidente Vizcarra, destituido por corrupción, fue denunciado y atraviesa una posible inhabilidad política por haberse privilegiado él, su familia, y otros altos cargos del gobierno con la aplicación de la vacuna sin estar en los sectores priorizados para ello^[30]. El listado publicado nombra 487 personas que fueron vacunadas sin cumplir con los requisitos y procedimientos necesarios. El escándalo obligó a la ministra de salud, Pilar Mazzetti, a dimitir de su cargo, y ser investigada por varios delitos relacionados.

Elecciones regionales en Bolivia: el MAS tiene mayoría pero la derecha golpista sigue viva

El domingo 7 de marzo se realizó la primera vuelta de las departamentales en Bolivia. Pocos meses después de la recuperación de la democracia y el triunfo de Luis Arce (MAS-IPSP), en las elecciones presidenciales de octubre de 2020, esta jornada presentaba varias incógnitas importantes, en particular de cara a los escenarios futuros de gobernabilidad. Entre ellas, cuántas —y cuáles— gobernaciones podía alcanzar el masismo y qué fuerza mantienen las principales figuras que protagonizaron el golpe en noviembre de 2019. Algunas de estas incógnitas serán despejadas a partir del primer turno, otras deberán esperar a la segunda vuelta, que se realizará el 11 de abril.

Hasta el momento de cierre de este informe (lunes 8 de marzo,11.30hs de Bolivia), el conteo del Órgano Electoral Plurinacional avanzaba lentamente y no fue posible tener un panorama concluyente, porque se encontraban cargadas solo entre el 2 y el 21% de las actas de los diferentes departamentos^[31]. Es decir, restaba mucho para tener definiciones oficiales. Sin embargo, los medios de comunicación comenzaron a hacer algunas evaluaciones a partir de sondeos de boca de urna.

Según estas estimaciones (no oficiales), de 9 gobernaciones, el MAS-IPSP triunfaría en tres en primera vuelta: en Cochabamba, en Oruro y en Potosí.

En La Paz, el candidato del MAS Franklin Flores estaría cerca de alcanzar la victoria en primera vuelta (38,5% según las encuestas), pero en caso que no alcance el 40% debería enfrentar en el balotaje a Santos Quispe (hijo del Mallku Felipe Quispe, quien heredó la candidatura tras la muerte de su padre), que obtenía alrededor del 25,6%, aunque también podría ser contra Rafael Quispe, ex viceministro de Descolonización de la reciente dictadura, quien peleaba cabeza a cabeza el segundo lugar (22,3%)^[32].

Siempre según el sondeo de CIESMORI, publicado por Unitel, en Santa Cruz Luis Fernando Camacho —de Creemos y uno de los artífices del golpe de Estado— fue electo en primera vuelta con más del 55%^[33].

En otros tres departamentos —Pando, Chuquisaca y Tarija— se perfilaba más claramente una segunda vuelta y en todas estaría presente el MAS frente a distintas fuerzas opositoras^[34].

Por último, en Beni, el candidato del Movimiento Tercer Sistema obtuvo cerca del 40% de los votos y estaba cerca de obtener la gobernación en primera vuelta, pero aún estaba pendiente de confirmación. Un dato significativo es que la expresidenta golpista, Jeanine Añez, alcanzaba solo el 14,5% de acuerdo a los sondeos y no tenía asegurado el segundo lugar^[35]. En cualquier caso, llama la atención que quien fue presidenta de facto hasta hace pocos meses alcanzara una adhesión tan escasa, en un departamento tradicionalmente opositor al MAS-IPSP.

En base a estos resultados, el expresidente Evo Morales se mostró optimista en la noche del 7 de marzo y auguró que el MAS-IPSP alcanzará —entre la primera y la segunda vuelta— 7 u 8 gobernaciones, destacando la fortaleza del voto rural.

Si bien todavía es temprano para dar una opinión concluyente —sobre todo porque estas estimaciones, insistimos, no surgen de resultados oficiales, y las empresas encuestadoras son en sí mismas actores políticos, con sus propios intereses, sesgos y alianzas—, todo indica que el MAS-IPSP alcanza a nivel nacional la mayoría de los votos, ante una oposición por derecha que confirma su dispersión. Pese a lo cual hay que señalar como un dato importante la elección de Camacho en la gobernación de Santa Cruz y también los eventuales triunfos de la oposición (en sus diversas propuestas) en casi todas las ciudades de mayor población. Entre ellos se destacan —por la radicalidad de sus figuras y el territorio de que se trata— las victorias de Manfred Reyes Villa e Iván Arias en las alcaldías de Cochabamba y La Paz, respectivamente. De confirmarse, se trata de dirigentes de la derecha golpista más dura, que junto a Camacho seguramente trabajarán para desgastar al gobierno nacional, que apenas empieza a transitar su mandato.

Por otro lado, resta saber cómo evolucionará la figura de Eva Copa al comando de la estratégica alcaldía de El Alto, luego de su salida del MAS-IPSP y habiendo alcanzado una mayoría contundente (superior al 65%, según los sondeos) en la elección. En las próximas semanas se comenzarán a aclarar estas interrogantes y el 11 de abril quedará completo el panorama electivo de todo el territorio, momento que habilitará la posibilidad de un análisis más certero.

Violaciones de DDHH, asedio y ejercicios militares: el escenario de Colombia, Venezuela y Guyana

La situación de violencia y violación a los derechos humanos continúa escalando en Colombia: durante enero, febrero y los primeros días de marzo han sido asesinados 28 líderes y lideresas sociales, 10 exguerrilleros militantes del partido FARC (ahora llamado Comunes) y se han cometido 15 masacres en diferentes lugares del país, según las cifras del Observatorio de INDEPAZ^[36].

Según el informe presentado el pasado 25 de febrero por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

… entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, en Colombia ocurrieron al menos 76 masacres, en las que fueron asesinadas 292 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Según esas cifras, 2020 registró la cifra más alta de masacres desde 2014^[37].

Frente a estas escalofriantes cifras, y a pesar de ser un informe presentado por las Naciones Unidas, no solo el silencio de la comunidad internacional, sino el aplauso y felicitación de la misma al gobierno de Iván Duque siguen protagonizando los diarios y noticieros de la región. Muestra de ello es el reciente artículo de opinión publicado en los diarios El País de España y La Nación de Argentina por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, principal referente intelectual de la derecha continental más reaccionaria y alineada con los intereses de EE. UU.. La nota, titulada “El ejemplo de Colombia para América Latina”^[38], dedica párrafos falaces y lamentables elogios a la gestión del presidente Iván Duque y el proyecto político del uribismo, comparándolo, por supuesto, con la supuesta violación de DD.HH. en Cuba o en Venezuela y resaltando específicamente el anuncio de Duque sobre una política de regularización migratoria para la población venezolana.

Esta y otras felicitaciones a la gestión del Uribismo llaman la atención en especial por emerger después de la publicación del Informe de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre Ejecuciones Extrajudiciales —mal llamadas “falsos positivos”— durante los años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según la Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal, entre 2002 y 2008 hubo más de 6400 “falsos positivos”, es decir, casos de civiles asesinados y presentados como guerrilleros “dados de baja” en combate. Es importante destacar que este informe fue elaborado a partir de los testimonios de miembros activos o inactivos del Ejército Nacional y de otras fuerzas militares, quienes confesaron la orientación que recibían sus superiores desde el ministerio de Defensa y el Palacio Presidencial para desarrollar esta práctica de manera sistemática y así demostrar resultados militares, en el marco de la llamada “política de seguridad democrática” de Uribe Vélez. El informe también tuvo como fuentes a diferentes ONG defensoras de derechos humanos en Colombia y a organizaciones de víctimas, como es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y las Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), quienes aseguran que la cifra de ejecuciones extrajudiciales supera los 10 000 casos^[39].

Tanto el expresidente Uribe como el presidente Duque han hecho oídos sordos a estos informes y denuncias, tildandolos de falsos, a pesar de ser cada vez más numeroso el acervo probatorio de estas afirmaciones tanto en el Tribunal de Paz como en las investigaciones de Naciones Unidas en la materia. Esto se da en el marco de la ya iniciada carrera presidencial para las elecciones de 2022, en las que el uribismo busca continuar en el gobierno a pesar de la crítica situación en materia de violación de DD.HH.; de su lamentable gestión de la pandemia y de los problemas sociales y políticos en el país. Aquí es importante destacar que Colombia es el primer país que recibió las vacunas del mecanismo COVAX, creado por la OMS para que los países más pobres y con mayores tasas de mortalidad en la pandemia puedan recibir algún porcentaje de vacunas contra la COVID-19. Esto fue presentado por el presidente Duque como una victoria de su gestión, cuando las razones de selección del país para recibir este mecanismo son las mencionadas.

En el camino hacia las elecciones de 2022, es importante destacar el lanzamiento —el 11 de febrero— del “Pacto Histórico”, una alianza electoral creada por diferentes sectores del amplio espectro de la izquierda y el progresismo para intentar ganar las elecciones presidenciales contra el candidato que presente el uribismo. El “Pacto Histórico” es muestra del esfuerzo de unidad de los sectores de oposición en Colombia, e incluye desde partidos políticos tradicionales hasta movimientos sociales de diversa trayectoria^[40].

Respecto al escenario geopolítico, y como mencionamos anteriormente, el gobierno de Iván Duque —a través de su aliado político, el fiscal Francisco Barbosa—, inició una campaña internacional de desprestigio de la candidatura de Andrés Arauz en Ecuador por un supuesto financiamiento del ELN a su campaña presidencial, siguiendo sin mucho disimulo el libreto antidemocrático de Estados Unidos en contra de los procesos progresistas en nuestro continente. Para no perder la costumbre, Colombia continúa sus amenazas contra la República Bolivariana de Venezuela con la inauguración de una nueva fuerza élite^[41] compuesta por 7000 efectivos militares para “combatir el narcotráfico” en la frontera donde, —según medios de comunicación oficialistas como Revista Semana— se refugian guerrilleros de las disidencias de FARC y del ELN. Esta amenaza contra el territorio venezolano encontró un fuerte rechazo por parte del presidente Nicolás Maduro.

Venezuela: recrudecimiento del asedio y los conflictos territoriales en un año electoral

Frente al permanente acoso de Colombia —y también de Guyana, como veremos más adelante— contra la Revolución Bolivariana, el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado de rechazo a las amenazas y agresiones del presidente Duque sobre la soberanía territorial venezolana. Según las denuncias del ministro, “la Inteligencia colombiana, con el apadrinamiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, ha intentado reclutar mediante sobornos y presiones a más de 538 militares venezolanos. No obstante, la maniobra ha sido totalmente infructuosa”^[42].

Este asedio militar se suma al bloqueo económico, político y diplomático que cada vez más se acrecenta contra el pueblo venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro. El pasado 2 de marzo, la administración Biden prorrogó por un año la Orden Ejecutiva 13692 (de marzo de 2015), conocida como Decreto Obama, que considera a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y la seguridad nacional de EEUU”^[43], que sirvió desde 2015 para fortalecer las diferentes formas de bloqueo contra el país caribeño. Las vulneraciones contra las y los venezolanos son tales que incluso el último informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, concluyó que “el bloqueo de Estados Unidos y la Unión Europea ha tenido efectos devastadores  en la alimentación, salud y educación del país suramericano”^[44]. Para la sociedad venezolana, este informe es muy positivo, especialmente por ser de Naciones Unidas —una organización que de ninguna manera podría tildarse de chavista—, ya que evidencia la crueldad de las medidas coercitivas unilaterales —mal llamadas “sanciones”— contra el pueblo bolivariano y los dramáticos efectos que estas han tenido sobre los derechos básicos de la población. El informe preliminar de Alena Douhan, junto con varios artículos que examinan en detalle este tema, estará incluido en el libro Viviremos. Venezuela contra la guerra híbrida, coordinado por Claudia de la Cruz, Manolo De Los Santos y Vijay Prashad, que próximamente será editado en español por Batalla de Ideas y el Instituto Tricontinental.

Respecto a la dinámica política interna, Venezuela también se prepara para las próximas elecciones municipales que se desarrollarán este año^[45]. Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tanto el chavismo como la oposición han manifestado el interés de presentarse a los comicios en los que se renovarán 335 alcaldes y alcaldesas y 23 gobernadores y gobernadoras, un hecho muy positivo para el país, que busca dirimir los conflictos nacionales a través de vías democráticas. La pregunta sobre la participación de la oposición en las elecciones es la forma en que crearán alianzas para intentar derrotar al chavismo, teniendo en cuenta que hay una gran fragmentación de los diferentes sectores de oposición desde hace años, que se profundizó a partir de la ofensiva del sector de Juan Guaidó y su intención de abrir la puerta a los intereses extranjeros por medio de invasiones militares. Es importante recordar que varios de los sectores de la oposición continúan en el proceso de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional del parlamento venezolano, por medio del cual se definirá la composición del nuevo Consejo Nacional Electoral, entre otros debates de importancia nacional^[46].

Guyana: petróleo, ejercicios militares y el rol de la Exxon Mobil en el conflicto con Venezuela

Además de la soberanía territorial amenazada por Colombia, como vimos anteriormente, Venezuela enfrenta desde 1889 otro conflicto de soberanía, sobre el territorio conocido como la Guyana Esequiba, que aparece en los mapas como parte del territorio oficial de Guyana y que Venezuela reclama como propio. Vale la pena mencionar que en este territorio hay grandes fuentes de petróleo y otros recursos naturales. Durante los primeros meses de 2021, el presidente Nicolás Maduro pidió a la ONU reactivar el diálogo pacífico con el gobierno de Guyana sobre este conflicto territorial, ya que el 18 de Diciembre de 2020 la Corte Internacional de Justicia tomó la decisión de atribuirse jurisdicción en este caso de conflicto territorial, sin contar con la participación ni aprobación de Venezuela.

Es importante recalcar que la defensa de Guyana ante la Corte de La Haya fue financiada por la empresa Exxon Mobil, que —según un artículo de Mauricio Montes— “explora desde hace casi tres décadas en la zona en disputa y que ha delimitado un bloque de más de 26 000 kilómetros cuadrados que no solo se extiende sobre el territorio en disputa, sino que transgrede los límites de la soberanía territorial venezolana”^[47].

Después de una crisis de conteo de votos que duró cinco meses para definir quién era el candidato victorioso de las elecciones en Guyana, finalmente en agosto de 2020 se posesionó en el cargo a Mohameed Irfaan Ali del Partido Popular Progresista (PPP).  En ese contexto, en enero de 2021 el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, se reunió con el presidente para abordar una agenda de “seguridad y amenazas que representan las organizaciones criminales internacionales”. Como resultado de esta reunión se firmó un acuerdo de Cooperación Militar entre EE. UU. y Guyana, que inició con una serie de ejercicios militares en territorio guyanés. El presidente Nicolás Maduro consideró este acuerdo como una provocación y una amenaza^[48]. Para la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estos acuerdos “representan una amenaza a la soberanía y a la integridad territorial de Venezuela”^[49].

Protestas en Haití (Aljazeera vía Wikimedia Commons)

Caribe insular: de la vacuna cubana al autogolpe en Haití y el debate sobre la soberanía en Puerto Rico

En el Caribe, como sucede desde hace tiempo, priman los contrastes propios de la diversidad de proyectos que coexisten (y disputan) en esta estratégica región. En los primeros meses del año, Cuba volvió a ser noticia por su contribución a la salud. Además del ya reconocido aporte a la situación sanitaria en otros países a través de las brigadas médicas de solidaridad del Contingente Henry Reeve, se trata del único país de América Latina y el Caribe que tiene en proceso de avance (fase 3) una vacuna para hacer frente a la COVID-19. Esto fue anunciado desde el gobierno de la isla^[50] y reconocido incluso por medios de EE. UU. como The New York Times^[51], aunque invisibilizado por los medios privados de los países de América Latina, lo cual indica no solo la significación en la lucha contra la pandemia sino el componente geopolítico en juego.

Además de Soberana 02, el sistema científico cubano tiene otros tres desarrollos de vacunas en proceso. Entre ellos uno denominado Abdala, que ya “demostró en fase II seguridad e inmunogenicidad contra la Covid-19” y se encuentra a las puertas de la Fase III^[52]. Cuba espera producir durante este año 100 millones de dosis de la vacuna, lo que le permitiría vacunar a toda su población, a quienes lleguen de visita e incluso exportar a otros países^[53].

Esta posibilidad, clave para la soberanía y la economía de Cuba, así como para la integración continental, se desarrolla en el contexto de una difícil situación económica y de la existencia de profundos debates que atraviesan la sociedad civil y el Estado, tanto al interior del campo revolucionario como ante el despliegue de estrategias de guerra híbrida por parte de EE. UU.^[54]

En una situación radicalmente diferente se encuentra Haití, atravesada por una crisis económica social y política desde hace largos meses; y  profundizada cuando el 7 de febrero expiró el período presidencial de Jovenel Moïse y este decidió ir hacia un “autogolpe de Estado”^[55]. La oposición y el Poder Judicial nombraron como presidente de transición al juez Joseph Mecène Jean Louis, integrante del Tribunal de Casación^[56]. Moïse respondió con el arresto de una veintena de personas —incluyendo al juez de la Corte Suprema Yvickel Dabrézil—, al tiempo que denunció un hipotético atentado contra su vida sobre el que no ofreció mayores pruebas. En ese contexto, la movilización no cesa y tampoco lo hacen la represión policial y la actuación de bandas paramilitares vinculadas al gobierno, que ya desde 2020 intervienen para desalentar la participación popular.

Hoy, el escenario está abierto y Möise parece solo respaldarse en las pandillas y en el Core Group, el grupo de “amigos de Haití” que dirigen las potencias que históricamente han ejercido el dominio colonial/imperial en el país, como es el caso especialmente de EE. UU. y Francia. Con este respaldo, el todavía presidente —ahora en versión “de facto”— avanza en el intento por controlar el poder judicial e intenta cambiar la Constitución en 2021 y quedarse al menos hasta 2022^[57]. Sin embargo, también en ese plano aparecen matices e incertezas respecto a la situación anterior. Consultado para este informe, Lautaro Rivara analiza desde Haití lo siguiente:

En cuanto al frente internacional, más determinante en Haití que en ningún otro país, todo parece indicar que el recambio gubernamental en Estados Unidos ha traído consigo otra preocupación por las formas —no diremos democráticas— de sus aliados en la región. En ese sentido se han multiplicado las declaraciones y los gestos que parecen querer indicar una serie de límites que el gobierno de Jovenel Moïse no debería franquear, dejando en claro que la carta de inmunidad plena otorgada por la administración Trump ya no está vigente. En particular preocupa a la administración Biden el retorno a algo parecido a un orden constitucional, en un país sin parlamento, sin elecciones y con los tribunales de justicia intervenidos. En esa clave se deben entender los pronunciamientos del Core Group calificando de violatorios de los derechos humanos los decretos de Moïse en materia de “política antiterrorista” y la creación de la llamada Agencia Nacional de Inteligencia.

Ante la situación, el gobierno de República Dominicana militarizó la frontera con Haití y aprovecha para profundizar la política de persecución a la migración haitiana, con arrestos y deportaciones masivas, que algunos reportes sitúan en una cifra de 30 mil personas en los dos primeros meses del año. En este sentido, aparece la posibilidad de un salto cualitativo en la política de xenofobia hacia su vecino, con el proyecto de construir un muro fronterizo entre ambos países, según anunció el presidente Luis Abinader en su primer mensaje al Poder Legislativo, a fines de febrero^[58].

Por último, es importante señalar los debates que atraviesan la situación política de Puerto Rico. Luego de las elecciones del 3 de noviembre de 2020 —organizadas por EE. UU., dado que la nación se encuentra bajo administración colonial desde hace más de un siglo—, y relacionados con el triunfo de la opción por la “estadidad” junto con el crecimiento de la posición independentista, los debates crecieron nuevamente en el inicio de 2021 con el anuncio por parte de las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, ambas electas por Nueva York, de impulsar en el corto plazo un proyecto orientado a la descolonización. Según trascendió, el proyecto retomará los elementos centrales del ya presentado en agosto de 2020 por las mismas congresistas: el H.R.8113, Puerto Rico Self-Determination Act of 2020^[59]. Este proyecto propone crear una “Convención sobre el Status de Puerto Rico” —similar a una Asamblea Constituyente— que defina las alternativas de autodeterminación, establezca los procesos de transición para cada alternativa propuesta y que realice un plebiscito para que el pueblo puertorriqueño escoja la alternativa de su preferencia; luego de lo cual se establecería una “Comisión Bilateral de Negociación Congresional” para debatir la implementación del proceso de autodeterminación.

Sobre el tema, varias organizaciones de EE. UU. ligadas al Partido Demócrata pidieron a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer —líderes de las bancadas demócratas en la Casa de Representantes y en el Senado, respectivamente— que apoyen el proyecto^[60].

En el campo independentista se reconoce que el debate es un avance pero se plantean algunas advertencias respecto a la ambigüedad que tiene el mismo en torno a la causa de la independencia. Incluimos un fragmento de la respuesta enviada por la coordinadora general del Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales, Estelí Capote Maldonado, consultada para este informe:

El mérito de la medida propuesta por Velázquez y Ocasio está en insistir dentro del cuerpo legislativo estadounidense en resolver de una buena vez el fantasma de la colonia y la violación de derechos humanos que ella supone. Pero la medida, igual que los plebiscitos cosméticos anteriores, no resuelven nada. Entre las razones para llegar a esta conclusión, se encuentran las siguientes: […] El plebiscito no es concluyente, igual que el resto de los que han ocurrido en Puerto Rico: obliga al Congreso estadunidense a evaluar los resultados pero no obliga al cuerpo a aceptarlos, ni mucho menos a promover un proceso de transición que garantice en efecto el proceso de descolonización y plena soberanía de Puerto Rico. La composición de un comité negociador no garantiza representatividad de la población puertorriqueña, solo unx de sus miembrxs representará a Puerto Rico y será el(la) Comisionado Residente. Un puesto creado con la Ley Foraker bajo el gobierno militar y en vigencia todavía hoy, que reconoce la voz pero no el voto de la representación de Puerto Rico ante el Congreso.  Ni hablar de la capacidad de negociación que pueda tener una figura que ni siquiera representa la decisión de la Asamblea Constituyente o la voluntad electoral del pueblo. A su vez, deja en manos del Congreso estadounidense considerar y aprobar el informe de la Asamblea Constituyente y los resultados de un plebiscito, tratando el asunto como doméstico cuando en realidad este es un proceso que, por el posible conflicto de interés que presenta para Estados Unidos, debe ser evaluado por un cuerpo rector internacional y neutral como las Naciones Unidas, u otro organismo similar.

En los próximos meses, el tema seguramente alcanzará un mayor nivel de debate público. La propia existencia de la discusión en estos términos es elocuente respecto al desgaste de la situación colonial, que persiste desde hace 123 años.

Mesoamérica: cambios en políticas migratorias y agenda electoral

Así como en los anteriores informes, durante los primeros meses del 2021 se presentaron una serie de elementos comunes en la coyuntura mesoamericana que están íntimamente ligados al desarrollo de la política migratoria de los distintos países y a las modificaciones que se presentaron en  Estados Unidos a partir de la llegada de Biden a la Casa Blanca.

Sin embargo, en esta oportunidad destacan también las elecciones que se desarrollaron a fines de febrero en El Salvador, uno de los países que seguimos con más detenimiento en 2020, ya que se consolidaba con el paso de los meses, con sus polémicas declaraciones y métodos, como uno de los gobiernos más autoritarios y represivos de la región.

El triunfo de Bukele en El Salvador y el riesgo de la democracia autoritaria

 La llegada de la pandemia a América Latina y el Caribe significó en muchos de nuestros países la excusa perfecta para profundizar medidas autoritarias que venían escalando progresivamente en varios de esos lugares. De esta manera, el millennial Nayib Bukele, famoso por gobernar por twitter —siguiendo el ejemplo del ex presidente Trump— y por tener un perfil juvenil vinculado a las nuevas modas de la tecnología, que mientras sonreía por las redes sociales y utilizaba gorras de adolescente, fortalecía el aparato represor del Estado con una inversión cada vez mayor, orientada a aumentar el equipamiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, militarizando la Asamblea Legislativa como hizo el 9 de febrero de 2020, con el objetivo de presionar a los diputados para conseguir la aprobación de un crédito por 109 millones de dólares para financiar un plan de vigilancia denominado “Plan de Control Territorial”.

Además de lo anterior, Bukele ha enfocado toda su política discursiva en estos años en el contraste amigos/enemigos, como es muy común en la derecha continental que ha profundizado de manera preocupante sus discursos de odio y discriminación a sus contendores electorales o su oposición política. De esta manera, Bukele logró posicionar la imagen de que su oposición (ARENA y el FMLN) y algunos sectores de la sociedad civil que se oponen a sus políticas de gobierno, eran el enemigo de los intereses de las y los salvadoreños, hechos profundamente graves teniendo en cuenta el reciente asesinato de dos militantes del FMLN después de asistir al lanzamiento de una candidatura del partido.

En ese marco, se desarrollaron las elecciones a la Asamblea Legislativa que le otorgaron a Nuevas Ideas (NI), el partido de Bukele, 56 de las 84 diputaciones, fracción superior a la mayoría simple (43), lo que significa que el presidente además de consolidar su fuerza política, podrá continuar su gobierno prácticamente sin oposición en la Asamblea Legislativa, hecho preocupante teniendo en cuenta los antecedentes de autoritarismo e irrespeto por las instituciones y la ley que ha demostrado desde que asumió la presidencia. La preocupación aumenta teniendo en cuenta que la Asamblea Legislativa es la encargada de elegir a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República, al Procurador de Derechos Humanos, y de aprobar o no las reformas constitucionales que se vienen impulsando desde vicepresidencia^[61]. Adicional a ello, es importante destacar que estas elecciones le dieron al FMLN el peor resultado desde que inició su participación en las contiendas electorales y pasará de tener 23 escaños a solamente 3.

Nuevas Ideas y la construcción del liderazgo de Bukele se caracterizaron, desde un inicio, por marcar una fuerte diferencia con el partido ARENA y el FMLN, las dos tradiciones políticas más importantes de El Salvador. Su triunfo a la presidencia se dio en el marco de un discurso “en contra de los de siempre”, con una propuesta discursiva de renovación, e inicio de una nueva etapa en la historia del país. Con el triunfo en las elecciones a la Asamblea Legislativa, se confirma que estos elementos discursivos y políticos en contra del bipartidismo tradicional, tuvieron un correlato en las urnas y una legitimación del partido de gobierno, al menos por ahora.

Nuevas políticas migratorias: “tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos”

Como mencionamos anteriormente, el escenario de la victoria de Biden por sobre Trump en las polémicas elecciones presidenciales de los Estados Unidos abre una serie de interrogantes sobre sus efectos en el lugar que ocupa América Latina y el Caribe en su armado geopolítico. En ese marco, se destacan las medidas en materia migratoria que comentamos en el apartado “Un nuevo gobierno en EE. UU”.

Los huracanes que azotaron la región en 2020, sumados a la crisis social, económica y sanitaria profundizada con la emergencia de la pandemia, y a diversas situaciones de violencia e inseguridad, continúan siendo las principales razones de la masiva migración mesoamericana hacia Estados Unidos. A diario, miles de personas atraviesan frontera tras frontera, soportando numerosos vejámenes con tal de lograr llegar a EE. UU. y conseguir trabajo para enviar dinero a sus familias. El caso más reciente fue el hallazgo de 19 personas de diferentes nacionalidades carbonizadas en un camino rural en la localidad de Camargo, Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, que habrían sido víctimas de las bandas criminales que secuestran, extorsionan y asesinan a las y los migrantes^[62].

Sumado a este tema, es importante mencionar que también la región mesoamericana está afectada por la inequitativa redistribución de las vacunas que ya anunciamos en el informe anterior. En el caso de Guatemala, la llegada de varios cargamentos de Sputnik V al país espera mejorar la crítica situación que atraviesa el país por la crisis sanitaria^[63].

Por otro lado, es importante recordar que el pasado 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de la lideresa social y ambiental Berta Cáceres, y las organizaciones sociales del país y la región continuan exigiendo que cese la impunidad. A la fecha no hay ninguna persona condenada. Las organizaciones —principalmente el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)— denuncian “las presiones de grupos económicos y políticos que impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes”^[64].

En el caso de México, una de las noticias más importantes tiene que ver con la prohibición del glifosato por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por sus consecuencias negativas sobre la salud de las personas y sobre la naturaleza. Desde ese momento, el tema está a la orden del lobby, que reúne a corporaciones como Bayer junto al gobierno de EE. UU., quienes presionan para que México modifique su política basándose en hipotéticos incumplimientos a las cláusulas del T-MEC^[65].

Mientras tanto, y pese a resoluciones judiciales que suspendieron provisoriamente la construcción en algunos tramos y cambiaron el trazado en otros, continúa el avance del Tren Maya, uno de los megaproyectos que impulsa el presidente López Obrador y cuenta con el beneplácito de los gobernadores del sureste (incluso los del PRI y del PAN), aunque es muy criticado por comunidades originarias —entre ellas, el EZLN— por su impacto arqueológico y ambiental.

En relación con el plano internacional, en el período se destaca la visita al país del presidente de Argentina, Alberto Fernández, invitado por AMLO en ocasión del bicentenario del Plan de Iguala, que el 24 de febrero de 1821 estableció las bases para la independencia de México, hasta entonces en lucha de liberación respecto al dominio colonial del Reino de España. En la declaración conjunta entre ambos mandatarios se ratificó la alianza diplomática entre ambos países. Entre otros puntos destacados, los gobiernos acordaron “hacer un frente común para atender la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos en la etapa post-pandemia, con la finalidad de mejorar las condiciones de las sociedades de ambos países y de la región en su conjunto”; coordinar políticas en el marco del G20 y seguir impulsando la CELAC. Respaldaron el mecanismo COVAX, impulsado por la OMS, “como instrumento multilateral de acceso equitativo a las vacunas” y abogaron por construir una América Latina y el Caribe “fuerte, unida y solidaria, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos”. En ese contexto, plantearon como objetivos “la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas como bienes comunes globales, así como sus patentes”.

Al mismo tiempo, AMLO y Alberto Fernández criticaron duramente a la OEA, al incluir en la declaración oficial un párrafo que sostiene que “las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos”. Por si esto no hubiera quedado claro, a continuación “pusieron de relieve el peligro de que estas misiones extralimiten sus facultades y alcances, y evitar que se repita lo ocurrido en Bolivia en 2019”, además de manifestar su preocupación porque el proceso electoral en Ecuador “culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”^[66].

Cono Sur: de la crisis política en Paraguay al colapso sanitario en Brasil; de la campaña electoral en Chile a los conflictos en Argentina y Brasil

Al igual que sucede desde octubre de 2019, la situación política en Chile es uno de los temas más relevantes para el análisis político de la subregión más austral del continente. Con un intenso escenario electoral planteado para 2021, la primera y esperada cita es para el 11 de abril con la elección de Convencionales Constituyentes. Respecto a esto, lo más importante para destacar es que la derecha concurre unificada, reuniendo a la coalición gobernante Chile Vamos e incluso ampliando la alianza con sectores de ultraderecha como los representados por el Partido Republicano de José Antonio Kast. Sin dudas, este campo —aglutinado en la lista Vamos por Chile— apunta a mantener al máximo posible la Constitución surgida del pinochetismo, en particular por medio de un eventual poder de veto si alcanza al menos un tercio de la Convención.

Por el lado del campo desde el centro hacia la izquierda, las principales formaciones se agrupan en dos grandes bloques, que sostuvieron negociaciones pero no llegaron a una sola lista de candidaturas a convencionales. El sector tradicional de centro/centroizquierda confluye en la llamada Lista del Apruebo, que reúne a los partidos integrantes de la primera Concertación, ahora desde diferentes espacios de alianzas intermedias, más el Partido Liberal e independientes. En suma, los partidos que integran la lista son el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Progresistas, Ciudadanos (todos los anteriores forman Unidad Constituyente) y el Partido Liberal.

Por otro lado, el dato más relevante es la alianza de centroizquierda/izquierda formada a su vez por dos grandes agrupamientos de confluencia: Chile Digno, Verde y Soberano (formado por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana, Acción Humanista, el Movimiento Socialista Allendista, Somos, Renace y el Movimiento Victoria Popular) y el Frente Amplio (luego de algunas deserciones, compuesto por Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes y los más nuevos Movimiento Unir y Fuerza Común). En este espacio también está integrado el Partido Igualdad, una de las fuerzas que salió del Frente Amplio a fines de 2019. Más allá de las elecciones del 11 de abril, hay fuertes expectativas con la posibilidad de construir una candidatura unificada de cara a las presidenciales de noviembre de 2021. En este sentido, el espacio liderado por el PC ya ha planteado la precandidatura de Daniel Jadue y la posibilidad de dirimir el lugar de la fórmula en una primaria con la candidatura que elija el Frente Amplio, que aún no lo ha definido.

Como sus nombres lo indican, estos dos grandes espacios (las coaliciones Lista del Apruebo, más hacia el centro, y Apruebo Dignidad, más hacia la izquierda) se disputan —entre sí y con una multiplicidad de candidaturas independientes— el espíritu de la reforma constitucional expresada en el Apruebo en el plebiscito de octubre de 2020, que obtuvo cerca del 80% de los votos. Mientras esto sucede en el terreno institucional, en la calle continúa expresándose la protesta social y también la represión a cargo de Carabineros, fuerza represiva tan desprestigiada que incluso crecen las voces para disolver y refundar la institución policial. Como hemos señalado en informes anteriores, este año será clave en cuanto a las posibilidades de superar la herencia neoliberal pinochetista, golpeada por la histórica movilización social.

En Paraguay, al cierre de este informe explotó una crisis política anclada en varios temas, pero particularmente en el avance de la pandemia en un contexto de crecimiento de la pobreza, corrupción y un frágil sistema público de salud. El 5 de marzo, una importante movilización autoconvocada rebasó la capacidad de represión de la policía y fue acompañada en redes sociales por etiquetas de repudio al gobierno —y en general al Partido Colorado/ Alianza Nacional Republicana— como #EstoyParaElMarzoParaguay2021 #ANRNuncaMás y #MaritoRenunciá. Pese a que el presidente Mario Abdo pidió la renuncia a los ministros más cuestionados, como el de Salud, las protestas continuaron al día siguiente. Desde diferentes sectores políticos, entre ellos el Frente Guasú, directamente se pidió la renuncia del presidente. Desde el Partido Liberal Radical Auténtico, sumido a su vez en una profunda crisis interna, adelantaron que acompañarán un pedido de juicio político. Con todo, en el Congreso existe mayoría de las diferentes fracciones de la ANR, por lo que es clave la posición que adopte, entre otros, el “cartismo” (sector que responde al expresidente Horacio Cartes)^[67]. Se trata de una situación en pleno desarrollo, que seguramente tendrá consecuencias en el sistema político en las semanas y meses por venir.

Por otro lado, un tema central en la agenda de 2021 es el de Itaipú. En este sentido, la Campaña «Itaipú 2023, Causa Nacional» anunció a fines de febrero el pedido al presidente Mario Abdo Benítez “para que ordene la remisión de los documentos que exige la Contraloría General de la República para que esta pueda terminar la auditoría de la deuda de Itaipú Binacional y, así, el Paraguay no siga indefenso en la revisión del Anexo C de Itaipú”, previsto para 2023.

Otro de los temas que atraviesan la realidad de la nación guaraní tiene que ver con el crecimiento del narcotráfico, que tomó estado público en los últimos días de febrero con la incautación en Europa de 23 toneladas de cocaína (16 en Alemania y otras 7 en Bélgica)^[68], a las que luego se sumaron otros 1056 kilos de cocaína de alta pureza en Costa de Marfil^[69].

Por último, la política de represión social y política se expresa durante los últimos meses en situaciones de mayor gravedad, como indica la prisión preventiva de Efraín Alegre, presidente del PLRA, quien fue encarcelado durante veinte días entre enero y febrero de este año, en un hecho caracterizado desde diferentes sectores de oposición como de “lawfare” y decadencia del sistema político paraguayo. Pero donde es particularmente fuerte es en el campo. Además de los desalojos, un conflicto irresuelto, de alcance bilateral, es el asesinato de las dos niñas argentinas —Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de 11 años— ocurrido en septiembre de 2020, al que se suma la desaparición de Carmen Elizabeth Villalba, de 14 años, ocurrida en noviembre de 2020. Por ambos hechos, los primeros días de febrero de 2021 la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió una nota oficial donde planteó su “profunda preocupación” por lo sucedido con las tres niñas, así como las irregularidades en la investigación^[70]. Pocos días después, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de Argentina otorgó político a Myriam Villalba y a otros familiares, entre los que se encuentran niños y adolescentes perseguidos por el Estado Paraguayo solo por su relación de parentesco con integrantes del grupo guerrillero EPP.

Brasil, en tanto, vuelve a ser noticia pero por la profundización de la crisis sanitaria y social. En los primeros meses del 2021, la inestabilidad económica y política se profundizó, en el contexto de la enorme crisis que signa al capitalismo global. Como predijeron las proyecciones más pesimistas, la segunda ola de contagio de la Covid-19 en el país resultó ser más intensa que la primera, en vista de las nuevas cepas del virus más agresivas identificadas en el estado de Amazonas. Más de 10 millones de personas ya se han infectado con el virus, y se ha superado la marca de los 251 000 muertos a finales de febrero, con un promedio de más de 1000 muertos por día. Nos encontramos en un momento de expansión de la pandemia en un país de dimensiones continentales.

En este contexto, el gobierno de Bolsonaro mantuvo su política genocida. En el terreno sanitario, además de la demora en la compra de vacunas para la inmunización de la población, el gobierno diariamente creó obstáculos para la adquisición de estos inmunizadores. Así, a finales de febrero, sólo 6,2 millones de personas habían sido vacunadas con la primera dosis, equivalente al 2,95% de la población brasileña. Un panorama que se consolida con el imperialismo vigente en el terreno de la producción y distribución de las vacunas donde incluso la mayoría de las industrias farmacéuticas mantienen inactiva su producción debido a las patentes.

Por otra parte, en el área económica, esta política adoptó principalmente la forma de la defensa de una política fiscal de austeridad y la continuidad de los recortes de recursos en áreas estratégicas de protección social. En este terreno, es importante recordar que la “ayuda de emergencia” a los sectores más pobres de la población —sancionada por la oposición en el parlamento, como comentamos en el último boletín— concluyó en diciembre de 2020. Un aporte que llegó a más de 66 millones de personas  (el 31,5% de la población), totalizando R$ 293 mil millones (unos 54,25 mil millones de dólares estadounidenses). Hoy, sin este recurso, más de 60 millones de personas serían condenadas a vivir por debajo del umbral de pobreza. Bolsonaro había dicho públicamente que no renovaría esta iniciativa. Sin embargo, con el empeoramiento del marco económico y sanitario y la presión de la oposición, el gobierno tuvo que retroceder y ahora busca una forma de restablecer esta “ayuda de emergencia”, sin herir a la burguesía que ha mostrado su preocupación respecto del abandono por parte del gobierno de su política de austeridad fiscal. En este contexto, el gobierno ha buscado vincular la reposición de esta ayuda con nuevos recortes en salud, educación y trabajo.

Pese a esta crisis sanitaria y social, Bolsonaro aún mantiene una buena valoración y fortaleza en las esferas del poder (los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Sin embargo, existen tensiones internas dentro de los ministerios del gobierno federal entre las alas neofascista, militar, ultraliberal y del centro (“Centrão”), que salió fortalecida de la última elección. Por otra parte, el desgaste de los grupos vinculados al “Lava Jato” —-ante las revelaciones del fraude, la colusión entre poderes para detener al ex presidente Lula y la intervención directa de Estados Unidos en este proceso— ha marginado a este grupo aunque no está totalmente derrotado.

La oposición liberal sufrió una severa derrota en el Congreso, ya que sus candidatos a presidir las Cámaras de diputados y senadores perdieron ante los apoyados por Bolsonaro. En el parlamento, la oposición de izquierda no tiene la fuerza suficiente para imponer su agenda, pero buscó construir un bloque mínimo de unidad aunque este sigue siendo muy frágil e inestable. Aún con una situación difícil y sin poder ocupar las calles debido a la pandemia, las fuerzas populares han estado construyendo acciones de solidaridad con las poblaciones de las periferias urbanas, los asentamientos y los campamentos rurales. En este sentido, estos grupos han estado desarrollando también acciones simbólicas para denunciar las medidas antipopulares adoptadas por el gobierno y seguir construyendo la unidad entre las distintas fuerzas de izquierda, bajo los principales lemas de “vacuna ya”, devolución de la ayuda de emergencia y “Fuera Bolsonaro” (“Vacina já, renda emergencial, Fora Bolsonaro”).

Al cierre de este informe se anunció la nulidad de los procesos judiciales contra el expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva en el marco del Lava Jato, lo que representa una esperanza para grandes sectores de la población, en la medida en que se podría presentar a las próximas elecciones, previstas para 2022. Según algunos sondeos, la adhesión a Lula alcanza valores cercanos al 50%^[71].

En Argentina, el panorama político está atravesado por la vacunación: desde lo positivo, por el temprano comienzo (en los últimos días de 2020), gracias al convenio con Rusia por la vacuna Sputnik V; desde lo negativo, a partir del escándalo en torno a la llamada Vacunación VIP, luego que se develara la aplicación del fármaco a personalidades de la política y el periodismo por fuera de las prioridades y listados oficiales, hecho que golpeó duramente al gobierno de Alberto Fernández, que de inmediato pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés Gonzalez García, un emblema de su gabinete e incluso de los anteriores gobiernos kirchneristas. Por estos días, la polémica envuelve a todos los actores políticos, incluso de oposición: el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el todavía macrista Horacio Rodríguez Larreta, ha priorizado la vacunación a través del sistema privado de salud, de alguna manera oficializando la Vacunación VIP por razones económicas.

En un año electoral —y cuando existe incertidumbre respecto a la realización de las primarias obligatorias de agosto, previas a las legislativas de octubre—  la pandemia ya era un tema de campaña, vinculado también al debate sobre el retorno a las clases presenciales.

A su vez, el panorama económico y social continúa en estado crítico. El año 2020 se registró una inflación del 36,1%, acentuada en los meses de verano, y los salarios por ahora no dejan de perder poder adquisitivo. El gobierno ha planteado públicamente que su objetivo es revertir esta tendencia en 2021 y para ello impulsó la creación de un Consejo Económico y Social que reúne a representaciones empresariales y sindicales^[72]. Mientras tanto, continúa la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la abultada deuda externa que legó el gobierno de Mauricio Macri. La resolución de este tema será clave respecto a las posibilidades de realizar políticas de reactivación y redistribución por parte del Estado.

Otro de los temas importantes continúa girando en torno al desprestigiado pero poderoso Poder Judicial, de activo papel en causas políticas. Respecto a esto, el 4 de marzo Cristina Fernández de Kirchner declaró en la llamada causa del “dólar futuro” y la ocasión sirvió como escenario a un contundente discurso, transmitido por los medios de comunicación. En su discurso, CFK realizó una profunda crítica a la guerra político-judicial-mediática (“lawfare”) y a los privilegios del estamento judicial, señalando entre otras cosas que “no hay posibilidades de una vida democrática, sana, con este ejercicio de un poder con funcionarios que parecen que constituyen una aristocracia”.

Por otro lado, en relación con las luchas sociales hay que mencionar la movilización del pueblo de Chubut en defensa de la prohibición de la minería a cielo abierto, impulsada por el gobernador (oficialista) Mariano Arcioni. Las protestas impidieron el tratamiento del proyecto de zonificación minera, que beneficiaría en primer lugar a las corporaciones transnacionales extractivas, apenas un ejemplo del nivel de tensiones y contradicciones al interior de la coalición gobernante. Sobre estas y otras complejidades de la situación política argentina habrá un mayor desarrollo en el próximo Boletín de Coyuntura de la oficina Tricontinental en Argentina, que se encuentra en preparación.

En relación con la política exterior, como se mencionó en el apartado de la región Mesoamérica, lo más destacado del primer bimestre del año es el viaje del presidente Fernández a México, que apunta a consolidar un eje progresista intermedio —entre los gobiernos directamente alineados a Washington y el bloque de ALBA-TCP— y a recuperar el impulso a la CELAC, principal apuesta de la diplomacia mexicana. Otro episodio importante, aunque con menor impacto mediático, fue el ya comentado despliegue de un submarino nuclear de EE. UU. en articulación con Gran Bretaña en la zona de las Islas Malvinas. Esto motivó un inmediato reclamo del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien caracterizó el hecho como “una violación flagrante a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur aprobada por resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU^[73]. Con cierta demora, la Cancillería argentina también manifestó preocupación e indicó las mismas razones^[74].

Por último, en Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou cumplió un año de gobierno que se desarrolló casi totalmente en medio de la pandemia. De la situación política, en la coyuntura uno de los temas más destacado es que el país fue el último en la región en iniciar la vacunación; a un nivel más profundo, el lento pero sostenido avance del proceso de ajuste. “Los números hablan por sí solos —señala Nicolás Centurión—: más de 100 mil nuevas personas en situación de pobreza; más de 111 mil en  seguro de desempleo (el doble que en 2019); […] el salario real ha descendido, siendo el peor en los últimos 15 años”. Este analista agrega que además “aumentaron las tarifas, el gasoil y varios impuestos”^[75]. En este contexto, el sindicato de la construcción (SUNCA) lanzó un plan de recolección de firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la ley ómnibus de ajuste impulsada por el gobierno y una caravana exigiendo el cese del plan de ajuste y medidas para reactivar la industria y el empleo.

Desde la visión del gobierno, la recuperación económica está vinculada al avance de una mayor liberalización. En esta línea, a mediados de febrero el presidente Lacalle Pou recibió a su par de Paraguay, Mario Abdo, instancia en la que acordaron trabajar en conjunto para impulsar una “flexibilización” del Mercosur. Esto incluye especialmente la posibilidad de realizar acuerdos de libre comercio por fuera del bloque, en la tónica de “mayor apertura comercial” que sostienen ambas administraciones de orientación neoliberal^[76].

Vacunación en Manaos (Fotos Públicas)

Las diferentes concepciones y proyectos de integración

En el contexto de la pandemia, durante todo 2020 y lo que va de 2021 quedaron expuestas las diferencias en torno a los proyectos de integración y el rol que pueden jugar (o no) los diferentes organismos multilaterales.

Mientras la OEA dirigida por EE. UU. a través del secretario general Luis Almagro continúa desarrollando casi como único tema la cobertura política a la agresión a Venezuela (apenas distraída con algún ataque a Cuba y a Nicaragua), México intenta revitalizar el espacio de la CELAC como un ámbito de articulación para afrontar los problemas y desafíos comunes de la región. En particular, la atención está puesta en este momento en el debate sobre la distribución equitativa de la vacuna para hacer frente a la COVID-19. En este marco, la cancillería mexicana ha levantado la voz con fuertes críticas a la monopolización de los fármacos y presentó ante la ONU el pedido para que el Consejo de Seguridad del organismo tome contra el acaparamiento de vacunas. “Esa  injusticia es el principal riesgo a la paz y a la seguridad de la humanidad. Garantizar el acceso universal a las vacunas es el único camino para vencer la pandemia”, aseguró el canciller Marcelo Ebrard^[77].

En este contexto, es interesante el perfil que apunta darle a la integración el bloque ALBA-TCP —que en este momento reúne a Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Antigua y Barbuda—, incluso a pesar de la difícil situación económica que afrontan varios de sus integrantes. En este sentido, destaca el envío humanitario de 20 mil dosis de la vacuna Sinopharm a Dominica, realizado luego de la XXI reunión del Consejo Político, realizado en forma virtual, que concluyó con una declaración donde se aboga por otro enfoque en relación con el acceso a la salud pública, con énfasis en la situación actual referida a la pandemia.

Ante los devastadores impactos de las múltiples crisis generadas por la COVID-19, se impone una respuesta solidaria, coordinada y mancomunada, que garantice la recuperación inclusiva y resiliente de nuestras economías, que nos permita afianzar el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, así como la erradicación de la pobreza^[78].

En relación a este tema, el secretario ejecutivo de esta alianza, el boliviano Sacha Llorenti, señaló luego de la reunión: «Esperábamos una concertación global para junt@s enfrentar este desafío, pero solo hemos visto actos de piratería, acaparamiento de insumos, de vacunas; algo antagónico a los principios de la Carta de Naciones Unidas”^[79]. Llorenti también destacó las políticas de contención de la COVID-19 de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba: «Son Estados que han invertido en la salud, van en contra de la lógica neoliberal. Necesitamos Estados fuertes y un sistema multilateral sólido que cumpla con sus mandatos». Entrevistado por teleSUR, el diplomático también anunció la creación de un Banco de vacunas para asistir a los países del bloque con menores posibilidades económicas^[80], y contrastó «la política de las “potencias que imponen medidas coercitivas unilaterales para desestabilizar gobiernos·, mientras “los países del ALBA-TCP construyen un modelo de relacionamiento distinto»^[81].

En perspectiva

Hace un año atrás, el 8 de marzo de 2020, las masivas movilizaciones de los movimientos de mujeres, feminismos y diversidades en Nuestra América marcaron la vitalidad de esos movimientos  y del ciclo regional de protestas e insurgencias populares, que días después se vería bloqueado por la expansión de la pandemia y las políticas de confinamiento. Hoy, un nuevo día de lucha contra el patriarcado se inscribe en un contexto de revitalización de la acción colectiva de sujetos y organizaciones populares.

La emergencia y potencia de la acción popular, acuciada por la profundidad de la crisis social y sanitaria, cifra en parte sus posibilidades en el modo en que se resuelva la tensión entre una nueva ola regional de la pandemia impulsada por las nuevas cepas y su contagiosidad, por una parte; y la extensión de la vacunación y las políticas de salud pública, por la otra.

En contraposición, la combinación de las nuevas cepas y las políticas negacionistas y genocidas del gobierno de Bolsonaro en Brasil forjaron, en menos de dos meses, un escenario de colapso sanitario a nivel nacional. Una amenaza global, como lo señalaron en los últimos días, la prensa anglófona (entre ellos The Washington Post y The Guardian) y una larga lista de intelectuales, artistas y militantes brasileños. Así, en la carta firmada por cientos de ellos, se señala que “Brasil sufre hoy el colapso intencionado del sistema sanitario. […] Observamos con horror el exterminio sistemático de nuestra población, especialmente de los pobres, quilombolas e indígenas”. Se trata de una catástrofe buscada, un genocidio, el rostro monstruoso que asumen hoy las políticas neoliberales.

Esta creciente contradicción entre la vida y el capital se expresa también en la contraposición entre la democracia liberal y las transformaciones neoliberales; lo que  ha planteado para los movimientos populares la defensa, profundización y reinvención de la democracia en las calles, así como el desafío de la construcción unitaria en el escenario electoral.

En relación con ello, hemos examinado en este informe los resultados de las elecciones en Ecuador, en El Salvador y en Bolivia que tuvieron lugar en los primeros meses de 2021. Un ciclo electoral que tiene el próximo 11 de abril una cita crucial, cuando tendrán lugar elecciones en cuatro países latinoamericanos. Nos referimos a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador; a la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales en Bolivia; a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú (también legislativas); y a la elección de convencionales constituyentes en Chile.

En el plano regional, la posibilidad de un camino de luchas y cambios sociopolíticos en Nuestra América confronta también con la modalidad que asuma la intervención imperial. En esta dirección, el nuevo gobierno de Biden interroga sobre las formas que adoptará la continuidad de su política de control y subordinación hemisférica y los nuevos desafíos y, en todo caso, las oportunidades que plantee; y en general, sobre las propias dificultades de reponer una agenda globalista en el contexto actual de transición hegemónica.

En el contexto de una pandemia que retoma fuerza y de cara a la profundidad que alcanzan los procesos de desigualación y pauperización social, frente a una posible recuperación económica basada en la expansión del extractivismo —con sus regresivos efectos socioambientales—, los movimientos populares afrontan también el desafío de promover una transformación social que sea efectivamente un camino de salida del régimen neoliberal. “Hay que cambiarlo todo”, reza la campaña de Juntos por el Perú; “hay que romperlo todo”, reclaman las mujeres en Argentina ante la reiteración sin fin de los femicidios. E interpelan sobre los modos de traducir la profundidad de los cambios que plantea la crisis civilizatoria actual en el contexto de las relaciones de fuerza presentes. Ciertamente, las respuestas a todos estos interrogantes no estarán reflejadas en estos informes antes de que se respondan en el propio terreno de las prácticas colectivas y de los resultados que emerjan de las confrontaciones sociales del futuro próximo.

Referencias

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^[3] Gobernadores acusan a Bolsonaro de distorsionar información (2 de marzo de 2021). Brasil de Fato. Recuperado de https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/gobernadores-acusan-a-bolsonaro-de-distorsionar-informacion

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^[7] África vuelve a reclamar la liberación de patentes de las vacunas ante la impotencia de la OMS (25 de febrero de 2021). La Izquierda Diario. Recuperado de http://www.laizquierdadiario.com/Africa-vuelve-a-reclamar-la-liberacion-de-patentes-de-las-vacunas-ante-la-impotencia-de-la-OMS

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^[11] Estos datos así como los que se citan a continuación corresponden al Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe publicado en 2021 por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Puede consultarse en https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020

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