Frente a frente: Proyectos de integración en disputa, procesos electorales y movilizaciones populares

Resumen

América Latina y el Caribe es una región movediza de acontecimientos cambiantes, resultado, por un lado, de una disputa global, en un contexto de declive de la hegemonía norteamericana y de ascenso de China, y, por otro lado, de una disputa regional, manifestada en las luchas de movimientos populares contra sectores de derecha que buscan sostener y profundizar el status quo capitalista y dependiente. El informe #14 busca dar cuenta de los acontecimientos que marcaron al continente durante los meses de julio y agosto de 2021. Un continente que corre entre la circulación de nuevas cepas de la COVID-19 y el proceso de vacunación, en el medio de agudización de crisis y tensiones sociales que producen inestabilidad política y empates catastróficos en las distintas regiones. 

La cepa Delta abre un escenario de incertidumbre sobre la fortaleza del sistema sanitario de los países y la respuesta social de los gobiernos. En esta oportunidad, el aumento de los contagios se da en Mesoamérica y en el Caribe, siendo también los países de estas regiones los que tienen menos porcentaje de la población vacunada. Tras el fracaso del mecanismo COVAX y los obstáculos puestos por las Big Pharma, la diplomacia de las vacunas abre un nuevo capítulo a partir de la decisión de Biden de donar vacunas a países del continente.  

Las múltiples crisis sociales, económicas y migratorias se acrecentaron con la pandemia. A la profundización de las desigualdades, desempleo y la inseguridad alimentaria, se le suma la crisis socioambiental, producto del colapso ecológico al que nos lleva el sistema capitalista. Esta realidad se expresa por ejemplo en la sequía del Río Paraná (Argentina, Brasil y Paraguay) y en incendios como los que están sucediendo en la Amazonía. Distintas organizaciones y movimientos, desde el Cono Sur hasta América Central, se vienen levantando contra las políticas extractivas y de desposesión de los bienes comunes.

La integración regional está en disputa y en la foto de las tendencias y contratendencias que atraviesan el continente, la CELAC aparece como la alternativa a la fragmentación y parálisis de los espacios de integración y sobre todo a los intentos injerencistas y desestabilizadores de la OEA. El organismo que preside el cuestionado Luis Almagro está en crisis y el Grupo de Lima no solo perdió a Lima, sino que ve derrotada su estrategia para voltear la Revolución Bolivariana. Por el contrario, el Grupo de Puebla se afirma como espacio político regional a partir del dueto México–Argentina y busca fortalecer la CELAC para construir un nuevo organismo que suplante al que ya en sus primeros años fue llamado “ministerio de colonias norteamericano”. 

Si hablamos de una agudización profunda de las tensiones sociales, la región caribeña es la expresión de ello, durante los meses analizados en el informe. El magnicidio de Jovenel Moïse en Haití da cuenta de la profundización de la violencia que se vive en el país y ha puesto en evidencia las intenciones injerencistas. Con el avance de las investigaciones salió a la luz el vínculo Colombia-EE. UU. en el asesinato del exmandatario. El terremoto de magnitud 7,2 que afectó enormemente al pueblo haitiano intensificó la crisis humanitaria, y las varias veces pospuestas elecciones siguen quedando relegadas frente a gobiernos provisionales, ilegítimos y sin consenso del pueblo.   

No conforme con esto, la estrategia imperial volvió a azotar a Cuba, buscando desestabilizar y voltear a la revolución. El 11 de julio se dieron una serie de protestas que fueron fogoneadas por las redes sociales y tuvieron el apoyo y la viralización por parte de los medios de comunicación a nivel internacional. Algunos de los reclamos se dieron a partir del descontento por los apagones eléctricos, falta de alimentos y medicamentos como consecuencias del bloqueo que lleva EE. UU. sobre Cuba hace más de 60 años y sobre el cual 184 países se posicionaron en contra en la ONU. La derecha cubana e internacional quiso construir las condiciones para desestabilizar a Díaz Canel. Esto obligó al gobierno a tener que diferenciar entre demandas legítimas de la población y estrategia encubierta por parte de los sectores golpistas. También la necesidad de oxigenar el proceso revolucionario para avanzar en desburocratizar el Estado, dar solución a los problemas planteados e incorporar al proceso a una generación de jóvenes que hoy no se siente interpelada. El pueblo cubano mostró un fuerte apoyo a la revolución que se vio en las movilizaciones en apoyo al gobierno. A nivel internacional referentes sociales, políticos, intelectuales, científicos y artistas del mundo publicaron la carta titulada “Let Cuba Live” que exige al gobierno de Biden el fin de las medidas coercitivas contra Cuba y poner fin al bloqueo contra la isla.

Las aguas estuvieron movidas en las Antillas. Con Santa Lucía abandonando el Grupo Lima tras la victoria del Partido Laborista y la asunción de Philip Pierre como Primer Ministro. Barbados anunció que dejará de ser una monarquía constitucional para ser una República. Las movilizaciones en el continente repercuten en las islas —Antigua y Barbuda, Barbados, Guyana, Isla Francesa de Guadalupe y Saint Martin—, en este caso con el foco puesto en la pandemia. 

Tras meses inciertos la región andina encuentra algunas certezas, aunque precarias, que cristalizan pequeñas victorias que señalan enormes desafíos hacia delante. Tal es el caso de la posesión del cargo de Presidente de Pedro Castillo en Perú, tras los intentos de golpe electoral. El camino empedrado sobre el que transita el inicio de su gestión encuentra los rápidos intentos de conseguir vacunas, pero con las dificultades de una derecha y sectores de la oligarquía que buscan condicionar al gobierno y encontraron su primer resultado con la renuncia de dos ministros, entre ellos la de su canciller Héctor Béjar. Otro de los importantes avances se da en Venezuela con el inicio del proceso de negociación con los sectores de la oposición, que tiene sede en México. Esto marca un antes y un después tras los numerosos intentos por parte de un sector de la oposición dirigida desde Washington de no reconocer a Maduro como presidente legítimo. Esto se da al tiempo que inician los preparativos de cara a las elecciones locales y regionales. 

En Bolivia avanzan las investigaciones para encontrar a los responsables del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Con Añez en prisión, han progresado las denuncias hacia las complicidades internacionales, como son los casos del expresidente argentino Mauricio Macri, el ecuatoriano Lenin Moreno y el rol cumplido por Luis Almagro en la legitimación del golpe por parte de la OEA. A cuatro meses de iniciado el ciclo de lucha tras el Paro Nacional, el pueblo colombiano sigue resistiendo ante un gobierno debilitado que busca mantenerse en pie mostrando su faceta más autoritaria, represiva y asesina sobre luchadores sociales. Con la mira puesta en el 2022, la unidad política se hace necesaria para derrotar a un uribismo confundido que —para no perder la brújula— se derechiza más. El proyecto neoliberal busca afianzarse en Ecuador de la mano de Lasso que sigue los pasos de su antecesor Lenin Moreno y busca avanzar en medidas antipopulares como la nueva ley laboral y el aumento del combustible. La respuesta es la movilización de sectores sindicales e indígenas, estos últimos nucleados en la CONAIE.

Los países del Cono Sur transitan diversos procesos electorales que son catalizadores de las contradicciones sociales. En Chile, la línea de largada de cara a las presidenciales tiene a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y a Sebastián Sichel (Chile Puede +) como favoritos para llegar a la segunda vuelta, pero con la centrista Yasna Provoste (Unidad Constituyente) y el derechista Antonio Kast (Partido Republicano) expectantes. A la par del proceso eleccionario comenzó la puesta en marcha de la Convención Constituyente, que en su primera sesión eligió como presidenta a Elisa Loncón, lingüista mapuche. Esto en sí mismo se vivió como un hecho político en torno a las reivindicaciones de las poblaciones indígenas y por el reconocimiento de la diversidad cultural. 

Mientras tanto, el pueblo brasileño se moviliza contra el proyecto destructivo de Jair Bolsonaro, que pone en jaque a la democracia con amenazas y demostraciones de poder con las fuerzas armadas en las calles y avanza con las privatizaciones de Eletrobrás y de la empresa Correos. Además, los efectos destructivos repercuten en la naturaleza con los incendios en la Amazonía y la expropiación de las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas. 

En Argentina, la campaña electoral para renovar el Congreso Nacional se polariza entre las dos grandes Coaliciones —Frente de Todos y Juntos por el Cambio, aunque en las grandes ciudades intenta tallar la derecha “libertaria”— en medio de importantes movilizaciones sociales y del avance en el proceso de vacunación. En Paraguay también hay elecciones, en este caso municipales, en un panorama en el que avanzan las investigaciones y polémicas sobre la represa hidroeléctrica Itaipú y los conflictos territoriales entre empresarios del agronegocio y los campesinos. Por último, queda señalar una de las primeras contraofensivas que enfrenta Lacalle Pou en Uruguay, con el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). Esto se da en un clima de peores condiciones de vida de la población. Para el 15 de septiembre, la central sindical unitaria —el PIT-CNT— convoca a un paro nacional contra las políticas llevadas a cabo por el gobierno.

Subiendo hasta la región mesoamericana encontramos el eco de las movilizaciones del continente en Guatemala, donde se quebró la tensa calma social y se inició —con el paro plurinacional del 29 de julio— un proceso de lucha que pide la renuncia del presidente Giammattei, de la Fiscal General Consuelo Porras y la convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente. En México la consulta popular contra la impunidad marcó un hecho histórico en relación con la importancia del debate, pero no llegó a la cantidad de votantes necesarios para que sea vinculante. Esto sucede en medio de altas tasas de homicidio y desapariciones, producto de la militarización de las fuerzas de seguridad que aún continúa con el gobierno de López Obrador. 

Centroamérica está atravesada por una fuerte crisis migratoria en la frontera de México con EE. UU., que lleva a la Casa Blanca a implementar un plan estratégico para abordar lo que consideran las causas de esta problemática. Otro de los focos migratorios se encuentra en la región del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. A su vez, la inestabilidad política caracteriza a la región. En El Salvador, Nayib Bukele incrementa su persecución a dirigentes del FMLN, al tiempo que hay incertidumbre social por la implementación del Bitcon como moneda de circulación legal. En Nicaragua, las detenciones a opositores y la injerencia imperialista profundiza la polarización social de cara a las presidenciales de noviembre. Honduras es otro de los países que tendrá elecciones para elegir a su presidente, en medio de incertidumbre por la transparencia del proceso electoral y movilizaciones sociales contra las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). 

Siguiendo el hilo de luchas, resistencias, avances y retrocesos es que elaboramos este informe #14 del OBSAL, entre las Oficinas Sao Paulo y Buenos Aires del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Con la esperanza de que los vientos constituyentes, plurinacionales y de los sujetos y sujetas protagónicas de esta etapa política escriban la historia —siguiendo la poética zapatista— de ese otro mundo posible, donde quepan muchos mundos.

Progresión de la cepa delta, magnitud de la crisis social y ambiental

A nivel global, desde fines de junio, el número de contagios y fallecimientos por la COVID-19 comenzó nuevamente una curva ascendente impulsada por la expansión de la llamada cepa Delta, que se mantuvo hasta fines de agosto. En esta dirección, con más de 100 países en los que dicha variante ya es predominante, al cierre de este informe en casi 80 crecía sensiblemente la propagación del virus, particularmente en Asia y Medio Oriente —más del 50% de los nuevos casos se concentran en esa región— y también en parte de Europa y EE. UU. 

En el caso de América Latina y el Caribe la situación resulta diferente y casi inversa al panorama registrado en el periodo abordado en el informe anterior (mayo-junio). En julio-agosto se registra un crecimiento de contagios en el área de Mesoamérica y el Caribe —por ejemplo: México, Guatemala, Honduras, Cuba, Guadalupe, Dominica se encuentran a fines de agosto en un pico o próximo al mismo—, mientras que en América del Sur en general, la evolución de los casos oscila entre cantidades estables o en disminución: por ejemplo, una curva de descenso se verifica aún en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. En este escenario, la previsible expansión de la nueva cepa y la muy posible nueva ola de contagios en esta región se yerguen como amenaza y desafío para los pueblos y gobiernos del sur. 

Ciertamente, los peligros y efectos de esta nueva ola dependen en gran medida de los avances de la vacunación. En este sentido, a fines de agosto (30/8) un 39,4% de la población mundial había recibido una dosis y un 28,6% contaba con las dos dosis. Pero este cálculo global es por demás engañoso; mientras que en África solo un 2,73% gozaba de la vacunación completa, el mismo porcentaje ascendía al 57,55% en el caso de la Unión Europea y al 51,69% para EE. UU. La matriz colonial que expresa esta desigualdad se agudizó en estos meses con la decisión de muchos de estos países de avanzar con la aplicación de una tercera dosis frente al avance de la nueva cepa, lo que mereció la declaración del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que “no podemos aceptar que países que ya han consumido la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras que las personas más vulnerables del globo terráqueo en Europa y África siguen desprotegidas” (traducción propia) y anunció el lanzamiento de una campaña por mayor igualdad en el acceso a las vacunas. Tras estos hechos se agiganta el rotundo fracaso del llamado “mecanismo COVAX” que a fines de julio prometía  la distribución de 1000 millones de vacunas en el mundo y solo aseguró 120 millones, así como la criminalidad del bloqueo empresarial y de los países ricos en la OMC a la liberación de las patentes que hemos examinado en informes anteriores. En este contexto, el gobierno de Biden implementó en los meses de julio y agosto su iniciativa de donación de vacunas —en lo que fuera considerada parte de la disputa geopolítica por la vacunación— de la que América Latina y el Caribe fue una de las regiones más beneficiada.

El estado de la vacunación en la región también señala profundas desigualdades. Así, a fines de agosto (datos al 30/8), en América del Sur, un 54% de la población estaba vacunado (un 29,97% con dos dosis) y en México un 44% (24% con dos dosis); mientras que en América Central la realidad era muy diferente (por ejemplo, Guatemala con un 18% de vacunados u Honduras con un 28%).

Finalmente, a casi un año y medio del inicio de la pandemia en Nuestra América, el panorama catastrófico a nivel social no deja la menor duda. Agravado por las políticas neoliberales, por ejemplo en el caso de Brasil se ha señalado, en base a datos de la Red Penssan, que 116,8 millones carecen de acceso pleno y permanente a los alimentos, así como un 20,5% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o grave y un 9%  en inseguridad alimentaria grave. 

A ello se suman los efectos cada vez más evidentes de una crisis socioambiental alimentada por el extractivismo y la crisis climática. A los recientes y dantescos incendios en Grecia y los temporales e inundaciones en Europa y EE. UU., en Nuestra América se destacan la bajante histórica del Río Paraná —el segundo más largo de América del Sur, que corre desde Brasil por Paraguay y Argentina— y las sequías en vastas regiones del subcontinente; los incendios que vuelven a castigar a la Amazonía. —según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial, la Amazonía brasileña registró en junio la peor cifra de incendios desde 2007, incluso un 2,6% superior al triste récord de 2020, con quemas que se extienden por el Pantanal y el Cerrado en agosto y a otras regiones de Paraguay, Bolivia y Argentina—; las lluvias torrenciales e inundaciones en Colombia y Venezuela; y los reiterados huracanes y tormentas en el Caribe. 

En este contexto, a principios de agosto el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) difundió un nuevo informe (el sexto) que describe un panorama desolador y alarmante. No solo señala la presencia de “cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto” que “no tienen precedentes en miles y cientos de miles de años”, sino que advierte además que algunos de estos “no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios” así como alerta “que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un objetivo inalcanzable”. En este sentido, el informe es contundente:

… con un calentamiento global de 1,5 °C se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; mientras que con un calentamiento global de 2 °C, los episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. 

En su diversidad, estos datos señalan la magnitud catastrófica que alcanza actualmente la crisis civilizatoria, propia del despliegue del capitalismo neoliberal, y los desafíos urgentes que ella plantea para los pueblos.

OEA, CELAC y la disputa por el sentido de la integración

El debate está abierto. En los últimos meses se acentuó el descrédito de la OEA como espacio de resolución de conflictos en el continente. El organismo, en caída libre tras el golpe en Bolivia, sufre en este momento las consecuencias de las políticas impulsadas febrilmente por su secretario general Luis Almagro, quien se encuentra complicado políticamente en varios frentes, con varios pedidos de renuncia, próxima demanda en La Haya y hasta investigado en el Congreso de EE. UU . 

Entre las muchas expresiones de esta crisis se puede registrar lo ocurrido en la sesión del 25 de agosto del Consejo Permanente de la OEA, cuando el gobierno de Bolivia denunció en sesión especial la “grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia” por parte del secretario general Luis Almagro. El canciller Rogelio Mayta advirtió que el accionar de Almagro “no solo es injerencia, sino también desinstitucionalización de la OEA, porque la Secretaría General debería ser una instancia capaz de gestionar encuentros».

México también aprovechó la reunión para criticar el funcionamiento de la OEA y en particular la actuación de su secretario general. Ya en junio, el canciller Marcelo Ebrard había calificado a Almagro como “uno de los peores presidentes de la OEA de la historia”. Ahora fue la representante ante la OEA, Luz Elena Baños, quien consideró que el secretario general “sigue impulsando una agenda personal, alejado de los intereses de los Estados miembro, violando normas y principios de la organización”. Baños agregó que Almagro “no solo no ha podido ser el facilitador y el promotor del diálogo sino que ha impulsado acciones que violan el derecho internacional”, entre las cuales destacó especialmente la inclusión en su seno del gobierno fake de Venezuela, representado en el ex diputado Juan Guaidó. La diplomática mexicana caracterizó el manejo del organismo como “un insólito despliegue para lograr la aceptación de un representante de un poder de un Estado que actualmente ya no está ni siquiera en ejercicio, pero que participa —sin sustento jurídico— como un Estado miembro de la OEA”. Y agregó: “Por supuesto, todo esto en nombre de la democracia”. 

El gobierno argentino también cuestionó a Almagro. Además de explicar las denuncias cursadas contra el expresidente Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por el contrabando de armas para apoyar a la dictadura encabezada por Jeanine Añez, el representante ante la OEA, Carlos Raimundi, señaló “la estrecha relación entre el anterior gobierno argentino, el gobierno de facto de Bolivia y el secretario general de la Organización de Estados Americanos”; y de ellos con las vertientes más extremas de la derecha continental. Desde este espacio político también abundan las señales de preocupación por la OEA, pero en sentido contrario: piden que EE. UU. tenga un rol activo en defenderla. Más allá de lo pintoresco de los personajes y sus argumentos —que son interesantes porque dan cuenta de la estrategia de legitimación ideológica—, la cuestión de fondo es que la reunión de la OEA de agosto, al igual que el encuentro de cancilleres de la CELAC de fines de julio, son escenarios donde se expresan las tensiones y diferentes posiciones de fuerza entre los proyectos de integración que recorren el continente. 

La CELAC, ahora con el impulso principal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entra a tallar nuevamente en la disputa. Esto sucede a partir de los acontecimientos que se desarrollaron en una temporalidad relativamente larga, que incluye cambios de gobiernos en países clave e intensos procesos de movilización, la mayoría de los cuales pusieron en crisis desde 2018-2019 algunas posiciones conquistadas por aliados de EE. UU. Los cambios en la correlación de fuerzas general —aunque por el momento son moderados e inestables— abren espacio para la revitalización de la CELAC como espacio de integración de los 33 países de América Latina y el Caribe, como señalamos en un artículo publicado en ARG Medios a principios de agosto.

Pocos días después de la reunión de la OEA, en la plenaria de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional, el partido liderado por AMLO) realizada el 28 de agosto, el canciller Ebrard volvió a referirse al tema: «Alguien le tiene que mandar un oficio, o algo, a Almagro, pero la OEA no puede seguir siendo un instrumento de intervención», ironizó Ebrard; y adelantó que en la Cumbre de CELAC del 18 septiembre —en la que está previsto el paso de la presidencia pro tempore de México a Argentina— plantearía el debate. “¿Cuál es la propuesta de México? Adiós a la OEA en su sentido intervencionista, injerencista y hegemonista y que venga otra organización que construyamos en acuerdo con Estados Unidos para el siglo XXI”. 

Otra expresión de la situación es la pérdida por goteo que tiene como víctima al Grupo de Lima. Este espacio de afinidad política, de gran protagonismo entre 2017 y 2020, perdió en las últimas semanas a Santa Lucía, en marzo a Argentina y un poco antes, de hecho, a Bolivia y a México. Si bien no ha sido anunciado oficialmente, a principios de agosto La Jornada consignó declaraciones del entonces canciller Héctor Béjar sobre la salida de Perú del grupo, un cambio que suena coherente con un gobierno de Perú Libre. 

El Grupo de Lima fue una estrategia desarrollada a partir de 2017 por la administración de Donald Trump a través de Elliot Abrams y Mauricio Claver-Carone —hoy presidente del BID—, apuntada en particular hacia Venezuela. Esta iniciativa fue derrotada hace tiempo, situación que está hoy en proceso de reconocimiento, como lo muestra el propio diálogo que se desarrolla entre el chavismo y el sector más extremo de la oposición en México. Una de las condiciones básicas para el diálogo es que se suspendan las sanciones de EE. UU. Este pedido incluso alcanza a sectores del Congreso norteamericano: en agosto, diecinueve congresistas demócratas enviaron una carta pública al secretario de Estado Antony Blinken, en la que señalan que “la actual política de máxima presión contra Venezuela ha sido un fracaso total”. A continuación, describe las diversas tácticas empleadas por EE. UU. para intervenir en otro país: 

La Administración Trump intentó sacar a Maduro del poder con la imposición de sanciones de gran alcance, el fomento a un levantamiento militar doméstico, la amenaza de una intervención armada por parte de EE. UU. y la ruptura total de relaciones (…). A pesar de estas y otras medidas agresivas, Maduro se mantiene más firme que nunca. 

De esta manera, diecinueve integrantes del Poder Legislativo de EE. UU. reconocen abiertamente que su gobierno emplea políticas injerencistas, que violan el derecho internacional. Por el momento no se encuentra en debate la legitimidad de las medidas, sino su funcionamiento, en el marco de varios reacomodamientos. 

El desgaste de los gobiernos derechistas en la región y la eventual posibilidad de recambio por izquierda —como sucedió en Argentina, Bolivia y Perú en los últimos dos años y puede suceder en Chile, Colombia y Brasil en los próximos doce meses— es un tema que la diplomacia estadounidense sigue con atención. El gobierno de Biden representa una continuidad en las aspiraciones estratégicas de las élites de EE. UU., esto es: la defensa de su hegemonía global hoy en retroceso, para lo cual continúa y profundiza su enfrentamiento con China y Rusia, aunque se propone utilizar modos y tácticas diferentes a las empleadas por Trump en la gestión anterior. En este marco, redefine las formas por las que puede garantizar el control de su “patio trasero”, donde no todo es hostil: más bien se alternan noticias malas con buenas —como en su momento fue el triunfo de Lacalle Pou en Uruguay ante el Frente Amplio o el de Guillermo Lasso en Ecuador frente al candidato de la Revolución Ciudadana— y también aparecen situaciones con muchos matices, sobre los que el Departamento de Estado tiene intereses específicos. 

El reciente viaje del Consejero de Seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a Brasil y a Argentina, continuidad a su vez de otras visitas importantes en 2021, es una expresión del intento del gobierno de EE. UU. por afinar vínculos con dos países con un importante peso específico. 

En el caso de Brasil, la relación no parece estar en su mejor momento. El viaje de Sullivan mostró más tensiones que afinidades. La relación entre el gobierno de Biden y el de Bolsonaro estuvo signada por la distancia desde su inicio, a raíz del apoyo explícito del presidente de Brasil a la reelección de Trump. La visita de Sullivan no disipó los roces. Más allá de esto, la propuesta estadounidense de impedir la adopción de la tecnología 5G desarrollada por la empresa china Huawei fue acompañada por la oferta de integrar a Brasil a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la alianza militar entre Norteamérica y Europa liderada por EE. UU. Esto último implicaría un claro avance de la militarización y en consecuencia, una amenaza a la paz en América del Sur. Vale recordar la existencia del conflicto entre un país del continente y un país de la OTAN por las Islas Malvinas y otros archipiélagos del Atlántico Sur, diferendo sobre el que —al menos hasta el momento— la posición oficial de todos los países de América Latina es que ese territorio le pertenece por derecho a Argentina. Gran Bretaña, sin embargo, continúa con la ocupación de las islas, que hoy albergan a la mayor base de la OTAN en el Atlántico, con capacidad de lanzar armamento nuclear hacia el continente.

A diferencia de Brasilia, la visita del asesor en jefe de Seguridad de la Casa Blanca a Buenos Aires —según algunos análisis— dejó imágenes de buena sintonía, incluso mayor a la esperada por el gobierno de Alberto Fernández. Para Argentina es central contar con el apoyo de EE. UU. en la negociación que tiene abierta con el FMI, por la abultada deuda externa que dejó la gestión de Macri. Para el gobierno norteamericano, la competencia tecnológica y militar con China se encuentra siempre en el centro de la escena y se materializó en el lobby por el desarrollo del 5G y la “preocupación” por la pesca en el Atlántico Sur. Como hemos señalado en informes anteriores, esta última es la nueva excusa para una mayor militarización del Atlántico Sur, ahora incluso tratando de empalmar con un discurso “ambientalista”, que se utiliza de forma instrumental: contra los adversarios políticos sí, contra aliados de la OTAN —como el Reino Unido y el Reino de España—, no.

A las visitas por América del Sur hay que agregarle la atención prestada a Mesoamérica, en particular la relación con México y con el llamado Triángulo Norte de América Central, conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala. En estos casos, además de los asuntos estrictamente militares y de seguridad, un debate central es la política de migración. Ambos temas los desarrollamos en un apartado específico.

Los intercambios entre EE. UU. y América Latina y el Caribe se dan en el primer año de administración de Biden —atravesado, recordemos, por una fuerte grieta política en el propio país— y además en un momento crítico para la estrategia militar de EE. UU., con la indisimulable derrota en Afganistán. Todo esto sucede a veinte años de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y del comienzo de la Operación “Libertad Duradera”. Dos décadas de ocupación militar y de “guerra contra el terrorismo” que dejan un escenario de extrema violencia social y donde EE. UU. no cumplió ninguno de los objetivos que se planteó. Se trata, en palabras de Angela Merkel, de “la mayor debacle para la OTAN desde su creación”. Sus consecuencias son inciertas. No se trata de un fracaso exclusivo de Biden, desde ya, pero las esquirlas del momento le hacen pagar la mayor parte del costo político, mientras expone con torpeza una crisis de larga duración. La retirada —en desarrollo al escribir estas líneas, pero cuanto menos caótica— deja postales que rememoran a Vietnam. 

Aunque es un símbolo de su declive y tal vez a mediano plazo haya consecuencias en ese sentido, al menos por ahora el impacto del fracaso en Afganistán no necesariamente dará como resultado una menor intervención militar de EE. UU. en el mundo. Se trata de un proceso que viene en ascenso: de acuerdo a un estudio citado por Misión Verdad, desde 1989 a la actualidad EE. UU. duplicó la cantidad de países en los cuales tiene presencia militar: de 40 a 81. En el continente, además, hay que considerar la siempre amenazante “cooperación militar” por medio de la cual el Pentágono —a través del Comando Sur— controla estratégicamente a la mayoría de las fuerzas armadas nacionales. Para ello, además de los ejercicios conjuntos, seminarios de intercambios y eventos académicos, un dispositivo fundamental para la formación y captación es la siempre vigente Escuela de las Américas, renombrada en 2001 como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (o WHINSEC, por sus siglas en inglés).

Además de la intervención por medio de fuerzas estatales, es importante considerar la creciente participación de las fuerzas irregulares en asuntos geopolíticos de alto nivel, como lo muestra el crecimiento del paramilitarismo en la región, que tuvo como expresiones más evidentes, aunque no únicas, a los sucesos en Haití y en Venezuela entre 2020 y 2021, con intervención en ambos casos de “contratistas” estadounidenses y colombianos. Al amparo de la “asistencia” de EE. UU. e Israel, Colombia se ha convertido en una verdadera fábrica de paramilitarismo de uso doméstico y también de exportación. 

La articulación de fuerzas militares estatales y paraestatales, actuando con autonomía pero al mismo tiempo con afinidad estratégica —siempre en la línea de la política exterior de EE. UU.— es un rasgo estructural de la etapa, caracterizada por la guerra híbrida: esto es, una combinación de hard y soft power. Los casos de Cuba y de Nicaragua, entre muchos otros, muestran la importancia de este “poder blando” en las acciones de intervención. Es muy probable que esto se refuerce en esta etapa, en la cual los países del eje andino, especialmente Perú, serán los blancos principales, junto a los integrantes de ALBA-TCP. 

La disputa por los proyectos de integración (o desintegración, según el caso) se da en múltiples tableros y de forma simultánea. Si bien estructuralmente el escenario está condicionado por los grandes bloques de afinidad, superpuestas a estas coordenadas se encuentran otras relaciones, de modo que se presenta un mapa relativamente flexible y por momentos no exento de contradicciones. Ejemplo de esto es la reciente visita a México del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Invitado por Andrés Manuel López Obrador, el objetivo principal de Lasso, según declaró, fue acercar la propuesta de un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones, como un primer paso a su integración a la Alianza del Pacífico. Al sur del continente, en cambio, el Mercosur continúa tensionado y ya aparecen voces que alertan sobre la posibilidad de su parálisis o incluso su desintegración.

En cuanto a los movimientos de América del Sur, una noticia fue la presentación por parte de Evo Morales del decálogo de Runasur. Este es un espacio de articulación que integran centrales sindicales, movimientos populares y articulaciones continentales que se proponen construir una América Plurinacional, hundiendo raíces en un proceso que viene de varios siglos atrás y que se plantea aportar a la integración desde el protagonismo popular.

En el plano estrictamente político, se puede destacar el protagonismo del Grupo de Puebla. Este espacio se presenta como portador de un proyecto de “progresismo moderado” e intenta ocupar un lugar en el marco de la polarización que atraviesa al continente. Por ahora, tanto desde los estados, como señalamos hace unos párrafos, como desde los posicionamientos como grupo han sostenido una clara posición a favor de una integración no subordinada a la agenda de EE. UU. Si miramos los últimos años, no parece poca cosa. La construcción de este espacio, a su vez, pareciera haber dado lugar a un cambio en la relación entre las diferentes tendencias y bloques que aparecen en el escenario.

Todo está en movimiento, pero —en términos generales— en la coyuntura inmediata aparece perfilada una nueva estructura de tres tercios, con un bloque de izquierda como ALBA-TCP (con recorrido común y consolidado políticamente, aunque bajo asedio en sus territorios base); otro bloque bajo la órbita de EE. UU. (que está en reconfiguración y trata de superar sus crisis) y un tercero que en los últimos años ha ganado volumen, apalancado en las fuerzas que dirigen los gobiernos de México y de Argentina. Sin embargo, el panorama es muy dinámico y depende no solo de las relaciones internacionales, sino de los acontecimientos que se desarrollan en cada subregión, en cada país, procesos particulares que influyen y son influidos por las tendencias generales.

XXI Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC.

Olas injerencistas en el Caribe insular

El mar Caribe ha estado revuelto el último bimestre, con olas de injerencismo que vienen y van. El cierre de nuestro informe anterior estuvo marcado por la noticia del asesinato del ex presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse, durante la madrugada del 7 de julio. Su esposa fue herida y trasladada a Miami. En el ataque participaron 28 personas, 26 de las cuales son ex militares colombianos y 2 haitiano-estadounidenses. En un principio, alegaron que estaban allí para detener a Moïse, no para asesinarlo. Ese día, se logró detener a 17 atacantes (11 de ellos se refugiaron previamente en la Embajada de Taiwán, cerca de la casa presidencial), mientras que tres resultaron muertos y ocho lograron huir.

El grupo de personas entró a la residencia presidencial con chalecos de la Administración de Control de Drogas​ estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) gritando que eran funcionarios de esa agencia. Los guardias de seguridad no se resistieron y sus dos jefes están presos por negarse a declarar.

Las autoridades de Estados Unidos y Colombia ofrecieron colaboración para la investigación, y también, para “llevar la paz a las calles”. La OEA y la ONU condenaron el ataque y se mostraron dispuestas a ayudar. Iván Duque fue un poco más allá y se puso en contacto con Luis Almagro para evaluar posibilidades de intervenir a través de alguna “misión”. Mientras tanto, las fuerzas progresistas y populares se mostraron alertas y manifestaron su rechazo a cualquier tipo de intervención en forma de “misión humanitaria”.

Las personas involucradas en el magnicidio han revelado una trama internacional que incluye ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela (el sector de la derecha venezolana asociado a Juan Guaidó tiene conexiones con los mercenarios), Estados Unidos, República Dominicana (donde se reunieron varios de ellos semanas antes del hecho) y Taiwán. Además, hay sospechas sobre sectores de la burguesía haitiana opositora a Moïse y sobre algunos de sus propios funcionarios.

Hay pocas certezas. Una de ellas es que las empresas que contrataron a los mercenarios son CTU Security —compañía de seguridad privada estadounidense radicada en Miami con sede en Colombia— y Worldwide Capital —también estadounidense, con sede en el sur del estado de Florida—, y que pusieron casi 900 mil dólares para la operación. La investigación dice que la idea no era matarlo, sino capturarlo en el aeropuerto de Puerto Príncipe en un viaje que haría el 20 de junio, que finalmente fue suspendido.

Coordinó el trabajo con las empresas un médico y pastor haitiano residente en Estados Unidos, Christian Emmanuel Sanon, a quien le habrían prometido asumir la presidencia del país luego del magnicidio. La investigación sobre los otros autores intelectuales es incipiente.

Hasta ahora, 40 personas están presas por el caso, incluidos militares colombianos retirados y policías y civiles haitianos, algunos de ellos con nacionalidad estadounidense. Además, se aisló al menos a siete policías para su investigación. Seis de los sospechosos están prófugos.

Hasta el sábado 7 de agosto, la justicia haitiana no había iniciado la investigación dado que ningún fiscal quería hacerse cargo. Varios de los jueces que fueron designados para instruir el caso renunciaron, tras recibir amenazas de muerte o por falta de protección, en el marco del asesinato todavía no esclarecido de un exfiscal los primeros días de agosto. Finalmente, el 23 de agosto se designó al juez Gary Orélien y se espera que el caso avance.

Por su parte, la vicepresidenta y canciller de Colombia Marta Lucía Ramírez pidió que se garantice la presunción de inocencia para los colombianos detenidos en Haití, sus derechos humanos, y afirmó que les brindarán asistencia jurídica, ya que algunos “fueron engañados”.

En el plano institucional siguen las confusiones. Moïse había designado dos días antes del asesinato a Ariel Henry como primer ministro (el quinto en su gestión) en reemplazo de Claude Joseph (nombrado el 14 de abril ante la crisis de seguridad que se vivía en el país), pero este no llegó a asumir el cargo de manera formal. También había eximido de responsabilidad a exfuncionarios para que pudieran presentarse como candidatos en las próximas elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre, junto con el referéndum que impulsaba.

Ante los hechos, Joseph se autoproclamó primer ministro, con apoyo de Estados Unidos, la ONU y el core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA), declaró estado de sitio y solicitó el envío de tropas estadounidenses y de la ONU. También se comprometió a realizar elecciones antes de fin de año. Mientras tanto, Ariel Henry manifestó su intención de asumir el cargo. Dos días después del asesinato, el Senado haitiano designó como presidente provisional a Joseph Lambert, titular de esa Cámara, a través de una resolución firmada por 8 de los 10 senadores activos. Sin embargo, su investidura fue pospuesta al día siguiente.

En los días posteriores, tres de los detenidos implicaron a Claude Joseph en el asesinato, frente a lo cual el funcionario anunció que dejaría el cargo a Henry y él volverá a ocupar el ministerio de Exteriores, su cargo previo. Ariel Henry era ministro del Interior; su asunción a los trece días de la muerte de Moïse finalmente fue avalada por la ONU y el core group.

En el plano de las movilizaciones y las fuerzas populares, al asesinato del presidente le siguió la calma de la población y un proceso de debate entre las fuerzas progresistas relacionado con la forma de llegar a un consenso con respecto a la vida institucional y a las elecciones. Las decisiones de los organismos internacionales sin consultar a la población suelen atentar contra estos procesos. Sin embargo, el pueblo haitiano es consciente de las ansias injerencistas de los países que han estado interviniendo en la política haitiana durante años.

Varios referentes del sector progresista de la oposición manifestaron dudas respecto al nombramiento de Henry, por haber sido instalado por un gobierno ilegítimo y exigieron un acuerdo político para definir entre las distintas fuerzas un gobierno provisional de consenso.

Quince días después del asesinato, se realizó el funeral en Cabo Haitiano, la capital del Departamento del Norte, con presencia de delegaciones extranjeras. La asistencia del director de la policía nacional, Léon Charles, desató enfrentamientos, con quemas de neumáticos, disparos y gases lacrimógenos. Se le reprocha no haber sido capaz de proteger al presidente.

El 28 de julio, a 106 años de la ocupación estadounidense, se realizó una manifestación para expresar rechazo a la injerencia extranjera y exigir justicia para 15 personas asesinadas en junio a manos de la policía haitiana. La protesta terminó frente a la embajada de EE. UU. Días antes, el líder del grupo de pandillas G9, Barbecue, había convocado a una manifestación para honrar a Moïse. Solo unos días antes del magnicidio, el mismo Barbecue había anunciado que sería parte de la oposición y encabezó una protesta exigiendo su renuncia.

El sábado 14 de agosto un terremoto de magnitud 7,2 sacudió al suroeste de Haití, dejando como saldo más de 2 mil muertos, 10 mil heridos y daños materiales que aún no han podido ser contabilizados. Todo esto se agravó unos días después a causa de la tormenta Grace.

El desastre, considerado el segundo mayor terremoto en los últimos 25 años en Nuestra América, provocó la solidaridad por parte de otros países del continente que han enviado ayuda humanitaria. También la ONU envió recursos y, como no podía ser de otra manera, Estados Unidos envió tropas, que se quedarán en el país por varios meses.

En cuanto a las elecciones generales, antes del sismo, Henry las había anunciado para el 7 de noviembre. Pero este escenario se vio nuevamente modificado debido a la situación humanitaria y durante las últimas semanas afirmó que las organizará “lo antes posible”.

Como si todo esto fuera poco para la región que nos ocupa, el domingo 11 de julio Cuba despertó con una serie de protestas en varias localidades, iniciadas en San Antonio de los Baños, a 26 km de La Habana. Convocadas por redes sociales con el apoyo de influencers y el hashtag #SOSCuba, tuvieron una atención mediática inusitada que permitió amplificarlas.

El detonante fue el descontento por los “apagones” que se dieron por la mayor utilización de energía eléctrica en centros de salud para abordar el aumento de casos de COVID. Las demandas eran también por falta de alimentos y medicamentos y el pico de casos hasta ese momento de 51 muertos en un día y 1659 en total. Se sumó un pedido de un “corredor humanitario” internacional con claras intenciones intervencionistas. Esta situación puso de manifiesto las limitaciones que genera el bloqueo, contra el cual votaron en junio 184 países.

Ese día, el presidente Díaz Canel habló sobre los hechos y fue a la ciudad de San Antonio de los Baños a dialogar con sectores movilizados. Explicó que una campaña mediática se había montado sobre legítimas preocupaciones generadas por el endurecimiento del bloqueo, el desabastecimiento por la menor entrada de divisas y remesas y las complicaciones generadas por las nuevas cepas de COVID. Hizo énfasis en los apagones y las limitaciones a la entrada de combustibles que sufre el país, denunció una operación desestabilizadora financiada desde EE. UU. y llamó al pueblo cubano a manifestarse en las calles en defensa de la Revolución.

A la vez que la protesta y sus reacciones se extendían en otras ciudades, surgieron manifestaciones en defensa del gobierno. Pronto se develó la estrategia de construcción de la campaña en redes, que había utilizado imágenes falsas, bots y cuentas de Twitter recién creadas para disparar miles de mensajes en cortos períodos de tiempo. A tal punto llegó esta campaña de desinformación, que la misma Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, difundió una imagen que no se correspondía con la realidad.

Al día siguiente de las protestas, el gobierno de Estados Unidos se pronunció en su favor, mientras que los presidentes de México y Argentina pidieron levantar el bloqueo. A este reclamo se sumaron Lula da Silva, Nicolás Maduro, Pedro Castillo, China y el Caricom.

El grado de violencia de algunos grupos de manifestantes fue notorio —saquearon tiendas, atacaron patrulleros—, así como lo fue la respuesta policial, con detenciones (en algunos casos, de integrantes del Partido Comunista) y un apagón digital. En medio de cientos de noticias falsas, el gobierno cubano reconoció que hubo una persona fallecida entre los manifestantes y algunos heridos, e informó que estaba investigando los hechos.

Luego de varios días y al calmarse un poco las aguas, el gobierno anunció medidas para mitigar los efectos de la falta de alimentos y medicamentos: liberación de impuestos aduaneros y del límite en la entrada de medicamentos, alimentos y productos de higiene por parte de personas que entran al país y modificaciones en el régimen salarial en el sector estatal y de acceso a la libreta de abastecimiento.

La intervención discursiva de Estados Unidos en el conflicto se profundizó días después, cuando Joe Biden dijo que Cuba era un “estado fallido” y el comunismo “un sistema universalmente fallido”. Criticó, además, la capacidad de respuesta del sistema de salud cubano frente a la pandemia. Las respuestas no se hicieron esperar y científicos cubanos enviaron una carta en repudio a sus declaraciones. 

Por su parte, el propio alcalde de Miami, Francis Suárez, hizo evidente su participación en la estrategia desestabilizadora cuando se manifestó a favor de que Estados Unidos “considere” ataques aéreos contra Cuba. El 23 de julio salió desde Miami una flotilla hacia las costas de La Habana, con el objetivo de enviar un “mensaje” de “solidaridad”. Las embarcaciones llevaban impreso el hashtag #SOSCuba y flameaban banderas de Cuba y EE. UU. Con dispositivos satelitales, transmitiendo desde alta mar y con la cobertura de grandes medios, lanzaron fuegos artificiales cerca de las costas de La Habana y regresaron a Miami.

Ese mismo día, más de 400 referentes sociales, políticos, intelectuales, científicos y artistas del mundo publicaron una carta titulada “Let Cuba Live” (Dejen vivir a Cuba), en la que pidieron a Biden que anule las 243 medidas coercitivas que Trump implementó contra Cuba. Fue publicada en el New York Times. De parte de los gobiernos, también hubo apoyos materiales. Rusia, México y Bolivia enviaron alimentos, combustible e insumos médicos.

Vale la pena recuperar algunas voces de analistas y militantes revolucionarios. En una nota del 23 de julio, Alcides Carranza, miembro del Centro Memorial Martin Luther King de Cuba y de ALBA Movimientos, caracterizó al pueblo cubano como “un pueblo revolucionario, que no acepta intervención, condena el bloqueo y la violencia de todas partes. Pero no concuerda con los males que nos aquejan y demanda cambios para mejorar nuestro socialismo”. Afirmó, además, que el enfrentamiento policial a quienes vandalizaban fue mayor que otras veces y el pueblo cubano no está acostumbrado a esta forma de enfrentar los conflictos. Decía también:

El modelo cubano diseñó canales para tramitar estos descontentos. Pero quedan atrapados en su inmensa mayoría en la deficiente gestión institucional, la burocracia y una débil capacidad de respuesta gubernamental y política para cambiar las cosas. Con lo que o te silencias tus inquietudes, o no encuentran la debida receptividad, o vas acumulando hasta que algo hace que estalle. (…) Hay también mucho temor a represalias o que te obstaculicen por pensar o reclamar desde una visión diferente. No ayuda que la diversidad (incluso la comprometida con el socialismo) pueda hacer aportes o ser contrapartida necesaria de lo que existe.

Por su parte, Claudio Katz enfatizó el efecto que las sanciones de Estados Unidos tienen sobre la provisión de energía: “la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton afectó duramente el abastecimiento de combustible”. Y analizó qué significa Cuba para el continente:

La presencia de muchos enojados es incuestionable. Pero su grado de representatividad es incierto. Los descontentos han confluido con fuerzas derechistas que siguen un guión elaborado en Miami. Esta combinación de diferentes sujetos ya se verificó en el movimiento de San Isidro en noviembre pasado. (…) La derecha tiene muy presente cómo los sucesos de la isla han inclinado en el pasado la balanza de la región. El triunfo de 1959 inspiró la gran oleada de proyectos socialistas y la permanencia de la revolución contribuyó a contener el neoliberalismo posterior. Cuba brindó soportes a las grandes rebeliones y a los ensayos progresistas de las últimas décadas y se mantiene como un gran obstáculo para los actuales ensayos neoconservadores. La retaguardia cubana opera como una reserva de proyectos populares de la región. (…) La permanencia de Cuba aporta un soporte clave para la lucha de los pueblos latinoamericanos. Ese sostén presenta además un doble carril e incide sobre el futuro de la isla. Una gran derrota del imperialismo crearía el escenario requerido para rescatar a Cuba de su aislamiento. Ese contexto permitiría implementar una política continental de medidas contra el bloqueo.

Por último, recuperamos algunas palabras publicadas por la revista cubana La Tizza:

Los que salieron a protestar eran pueblo. Muchos pertenecen a esa parte del pueblo que más ha sufrido los efectos de la crisis, que ha sido más desfavorecida con el aumento de la desigualdad con que el avance de reformas de mercado ha lacerado y segmentado nuestra sociedad. Estas desigualdades múltiples han producido una desconexión entre aquellos que gritaban “Patria y Vida” en las calles y el proyecto revolucionario. Y esa desconexión se ha convertido en rencor y hasta en odio. Este sector fue activado por la agenda política de la contrarrevolución. Hubo espontaneidad, pero también hubo una operación política y de inteligencia ejecutada por actores que sí comprenden perfectamente la agenda en juego.

El 5 de agosto, al cumplirse 27 años del “Maleconazo”, cientos de jóvenes marcharon en La Habana en nombre de la paz para demostrar apoyo a la Revolución y denunciar el bloqueo.

Las protestas del #11J y la manera en que fueron convocadas, así como la difusión de noticias falsas, reavivaron el debate sobre las comunicaciones. Finalmente, se dio a conocer que el gobierno estará actualizando su marco jurídico en relación con esto, para garantizar modernización de las redes, aprovechamiento de la infraestructura, mayor acceso y regulación de incidentes de ciberseguridad (que incluye ciberacoso, abusos pederastas y noticias falsas).

A pesar de las limitaciones que el bloqueo impone sobre la masificación de las vacunas cubanas —falta de insumos para su almacenamiento, distribución y aplicación— en Cuba ya se vacunó con una dosis al 43% de la población y con el esquema completo a más del 27%.

Sumado a esto, se autorizó el uso de emergencia de las vacunas Soberana 02 y Plus, cuya eficacia es del 91,2%. Estas se suman a la Abdala —que venía utilizándose hasta el momento— y ya son tres las vacunas cubanas contra la COVID aprobadas. A la vez, sigue avanzando el ensayo de Soberana Pediatría, para que pueda ser aplicada en niños, niñas y adolescentes.

Y el movimiento de las olas no termina acá. El Caribe estas últimas semanas nos ha llevado a nadar en las aguas de varias de las Antillas. Vamos por partes.

Santa Lucía es un país miembro de ALBA-TCP desde 2012. Sin embargo, también formaba parte del Grupo de Lima hasta hace algunas semanas. El pasado 26 de julio hubo allí elecciones generales. El Partido Laborista obtuvo 13 de los 17 escaños que se renovaban y el 50,14% de los votos y su líder, Philip Pierre​, asumió como primer ministro. El canciller dijo que su primera acción sería abandonar el Grupo de Lima (que calificó como “pandilla de mangostas moralmente en bancarrota”) y reparar relaciones con Venezuela, basado en la postura del Caricom de no interferir en asuntos internos de otro estado. Agregó además que “este grupo ha impuesto privaciones a los niños, niñas, hombres y mujeres de Venezuela”.

Por otro lado, el 5 de agosto, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, fue herido en la cabeza con una piedra en el marco de una protesta contra las modificaciones a la ley de atención médica, que incluía la vacunación obligatoria de funcionarios públicos. La atacante fue arrestada y Gonsalves se fue recuperando, pero lo que sucedió en este país se encadenó con protestas antivacunas a lo largo del Caribe.

En el marco de un pico de casos de COVID-19 por la entrada de la variante delta, muchas de las islas han sido escenarios de protestas anti-vacunas. El 7 de agosto hubo una manifestación en Barbados ante la posibilidad de que se establezca la obligatoriedad de la vacuna para algunos trabajadores de primera línea. Al día siguiente, se marchó en Antigua y Barbuda en contra de la vacunación obligatoria, las restricciones al movimiento y el uso obligatorio de barbijos. También el día 8 hubo movilizaciones anti-vacunas en la isla francesa de Guadalupe. En este caso, respondían además a la aprobación del pasaporte sanitario por parte del gobierno de Emmanuel Macron. Los días 13 y 14 hubo protestas en Saint Martin, en el lado holandés en rechazo de la vacunación obligatoria y en la parte francesa en contra del pasaporte sanitario. Saltando al continente, el 11 de agosto hubo una protesta en Guyana en apoyo a trabajadores de la salud que no pudieron entrar a su trabajo por no estar vacunados.

La región del Caribe tuvo más de 1,29 millón de casos de COVID y más de 16 mil muertes, con 15 millones de personas vacunadas (11 millones con esquema completo), sobre un total de población de 45,7 millones en los 31 países. Los países que están sufriendo picos más altos de casos son Bahamas, Curazao, Martinica, Guadalupe y Trinidad y Tobago.

Finalmente, Barbados anunció que dejará de ser una monarquía constitucional para pasar a ser una República. La futura presidenta es la actual gobernadora Dame Sandra Mason. Asumirá su cargo el 30 de noviembre, cuando se cumplen 55 años de la independencia y la incorporación a la Mancomunidad de Naciones. Hubo dos intentos previos de crear una República de Barbados, en la década de 1970 y en 1996.

Los Andes por el camino de los diálogos, la defensa de la democracia y la resistencia contra los golpes

Nuevamente la región andina convulsionó el panorama continental. Por fin, después de un largo camino de dudas e intentos de golpe electoral, finalmente el pasado 28 de Julio se posesionó Pedro Castillo como presidente de Perú, logrando una victoria fundamental para las clases populares. Es recién el primer paso de una lucha en defensa de la democracia, ante el afán golpista que caracteriza el escenario político peruano. 

La posesión del presidente no es un hecho anecdótico en este caso, como podría serlo en otros países de la región, ya que como desarrollamos en nuestro informe anterior, el fujimorismo y el conjunto de la derecha local intentaron hasta el último minuto impugnar la victoria de Perú Libre para desconocer los resultados electorales. Sin embargo, es una posesión con sabor amargo, ya que desde el mismo día de la posesión los grandes conglomerados mediáticos no escatimaron en señalamientos y operaciones contra el gobierno que asumía. No fueron pocas las tapas de diarios que dictaminaron el inicio del comunismo con la llegada de Castillo a la presidencia, lo que vaticinaba una ofensiva sin tregua al gobierno que apenas tenía horas de inicio. 

Sobre el gabinete ministerial propuesto e inicialmente posesionado destacan dos nombramientos importantes, uno de los cuales después se modificó y dejó en evidencia la fragilidad del gobierno, dada la decisión de la oposición de apresurar, mediante el desconocimiento del gabinete, un golpe que daría fin al gobierno de Castillo. Por un lado, el nombramiento de Anahí Durand, de Nuevo Perú y una de las principales referentas feministas del progresismo peruano, como Ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, que trabaja uno de los temas que más se cuestionaron a Pedro Castillo en campaña, por haber tenido declaraciones conservadoras en la materia.

Por otro lado, el nombramiento del sociólogo Héctor Béjar como canciller, muy cercano a los movimientos sociales y con una larga trayectoria internacional, quien desde el primer momento trazó la ruta de lo que sería la política exterior peruana en este nuevo mandato, con la decisión de salir del Grupo de Lima y abonar a la integración latinoamericana. Sin embargo, antes de que Béjar cumpla siquiera un mes en el cargo, el jefe de gabinete Guido Bellido le pidió la renuncia, ante declaraciones hechas por Béjar tiempo antes de su posesión sobre el rol protagónico de la Marina de Guerra del Perú en el desarrollo del terrorismo en el país. Al respecto, Béjar afirmó que sus declaraciones se basan en hechos ya ampliamente probados y reconocidos por la misma Marina en documentos públicos. 

Movimientos sociales y sectores afines al gobierno de Castillo —previamente al voto de confianza del gabinete ministerial, otorgado por el Congreso— alertaron sobre un posible golpe de Estado en marcha, con la solicitud de renuncia al entonces canciller como el primer paso. La renuncia de Béjar, las más de 19 mociones de rechazo a la posesión de siete ministros y las pujas alrededor del 26 y 27 de agosto —que fueron las fechas para el otorgamiento de la confianza— hicieron el escenario aún más complejo. 

A pesar de haber obtenido el voto de confianza del Congreso —mecanismo muy particular del Perú respecto a los demás países de la región que necesita de la aprobación del gabinete ministerial por el parlamento para continuar en funciones—, la fuerza política del gobierno parece escasa y su fragilidad se profundiza con las diferencias —que se han hecho públicas— entre el dirigente del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, y algunas decisiones que ha tomado el presidente Castillo. Entre estas decisiones se encuentran la solicitud del jefe de gabinete a Iber Maraví, ministro de Trabajo, de presentar su renuncia y  el nombramiento de Óscar Martúa como nuevo canciller. Martúa es un diplomático con recorrido en gobiernos anteriores, y con posiciones distantes de las de Perú Libre en materia internacional. Su anuncio sobre fortalecer el lugar de Perú en la Alianza del Pacífico es significativo. Según la mayoría de los análisis, en las próximas semanas se presentarían más modificaciones en el gabinete. 

Las dificultades que se proyectan son variadas, y a estas se suma la coordinación de la derecha local, que a través de la modificación del Tribunal Constitucional busca impedir el desarrollo de una futura Asamblea Constituyente y otros proyectos fundamentales del programa de Castillo. A esto se suma el amplio poder mediático y económico a su favor que tienen los principales sectores de la oposición, con lo que buscan apresurar el fin del gobierno recientemente posesionado. En ese marco, el rol de las organizaciones y movimientos sociales es crucial, para defender, más que el gobierno de Perú Libre, el resultado de unas elecciones ganadas de manera democrática. 

Esa defensa de la democracia se presenta como una tarea urgente en un panorama continental con claros ejemplos de las estrategias injerencistas, como sucedió en Bolivia en 2019 con el golpe de Estado. Como mencionamos en el informe anterior, desde el retorno del gobierno del MAS, en 2020, se han desarrollado numerosas investigaciones que buscan determinar responsabilidades y participaciones no solo de sectores de la derecha local, sino regional y global en el golpe de noviembre de 2019. 

En ese marco, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de investigar los hechos vinculado al golpe, entregó al presidente Luis Arce un informe donde se detallan las graves violaciones a los derechos humanos que desarrolló el gobierno de facto de Jeanine Añez, en el cual se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos cobran una gravedad aún mayor a partir del conocimiento de la participación que tuvieron en el golpe de Estado en Bolivia los gobiernos de Argentina y de Ecuador de entonces, en cabeza de Mauricio Macri y Lenin Moreno, respectivamente. Es importante destacar que este informe del GIEI fue reconocido como válido por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 

La publicación de un documento firmado entonces por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) incrimina al expresidente argentino Mauricio Macri por contrabando de material represivo para ser enviado al gobierno de facto de Jeanine Añez. El documento agrega más pruebas a las denuncias que había realizado previamente el canciller de Bolivia y confirma la recepción de 40 000 municiones que llegaron desde Argentina el 13 de noviembre de 2019. El poder judicial en Argentina también realiza investigaciones para determinar cuál fue la estructura de envío del material a Bolivia, que implica a los ministerios de Defensa y de Seguridad del entonces gobierno argentino. 

Mientras tanto, la secretaría general de la OEA continúa desconociendo su responsabilidad en el golpe de Estado. Al respecto, la cancillería emitió un comunicado de rechazo, calificando las declaraciones como un acto de injerencia en asuntos internos por parte de la institución. 

El apoyo internacional a los sectores golpistas, sumado a los numerosos intentos de la derecha local por reagruparse y dividir el partido de gobierno, lleva a los movimientos populares a prender las alarmas ante posibles nuevos intentos de golpe de Estado, como denunciaron varios grupos sociales, entre los que se encontraban la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, junto a varias otras organizaciones sociales, sindicatos y federaciones. Entretanto, se prepara el proceso judicial contra el ex candidato Carlos Mesa, por su participación en el golpe de Estado de 2019; y continúa el proceso contra la ex presidenta de facto Jeanine Añez, con el requerimiento de juicio por parte de la Fiscalía ante la acusación presentada por las víctimas de las masacres cometidas entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019.

Por otra parte, las buenas noticias en la región andina vienen de la mano de la apertura del diálogo en México entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los sectores de la oposición agrupados en la denominada “Plataforma Unitaria de Venezuela”. El desarrollo de estas conversaciones ya es en sí mismo un avance importante en el camino de superación de la ofensiva opositora pro injerencista contra el gobierno de Nicolás Maduro. Como hemos mencionado en informes anteriores, el gobierno bolivariano ha propuesto en varias ocasiones la apertura de esta mesa de diálogo, y su realización es ya un primer avance. 

El documento firmado en el encuentro describe a las partes como gobierno de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro, y a la Plataforma Unitaria de Venezuela como la representación de sectores en oposición, hecho que implica concretamente el reconocimiento por parte de la oposición de que el único gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno bolivariano, sepultando con esto la retórica del “gobierno interino”. 

Los diálogos se desarrollan por medio de rondas de conversaciones con sede en México, con la mediación de la Federación de Rusia y los reinos de Noruega y de los Países Bajos. Representando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra una delegación encabezada por Jorge Rodríguez. La oposición está liderada por Gerardo Blyde, delegado del sector opositor cuya cara visible es Juan Guaidó y también la integran representantes de Henrique Capriles y de otros sectores de la oposición nucleada en la denominada “Plataforma Unitaria”, que más allá de su nombre no reúne a toda la oposición venezolana, sino a una parte —importante— del ala más radical. 

Con el cierre de la primera ronda de conversaciones se dio la firma del primer objetivo macro, que funciona como una hoja de ruta en adelante y busca “llegar a un acuerdo, a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica, para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto a la Constitución nacional». Los puntos de agenda de las futuras rondas son: a) Derechos políticos, b) Garantías electorales, c) Levantamiento de sanciones, d) Respeto al Estado Constitucional, e) Convivencia política y social, f) Protección de la economía nacional, y g) Garantías de implementación y seguimiento de los acuerdos. La próxima ronda de conversaciones será en el mes de septiembre. 

En ese marco, se desarrolla también el camino a las elecciones locales y regionales de noviembre próximo. Para evaluar un posible acompañamiento a las mismas, una misión de la Unión Europea visitó Venezuela y evaluó enviar una misión de observación electoral, hecho que daría un importante reconocimiento a los comicios como legítimos ante la comunidad internacional. Por lo pronto, la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática anunció a finales de agosto su participación en los comicios, dato relevante teniendo en cuenta que varios de los sectores nucleados en la MUD no participaron de los dos últimos procesos electorales.

Del otro lado de la frontera, en Colombia continúa moviéndose el panorama político y social después del paro nacional ocurrido entre los pasados meses de abril y julio, y el neoliberalismo de guerra sigue mostrando sus peores consecuencias. Con el cumplimiento de tres de los cuatro años de gobierno de Iván Duque, numerosos sectores cuestionaron el desempeño de su gestión, que ha dejado una crisis social y humanitaria aún más profunda que la precedente, con 108 líderes y lideresas sociales, 65 masacres y 24 ex combatientes asesinados/as solo en 2021, elevando a cerca de 800 las víctimas fatales por razones políticas en su gobierno. 

A esto se suma el reciente informe de la Procuraduría General de la Nación, que denuncia el recrudecimiento del desplazamiento forzado en el último año. El informe indica que entre enero y junio se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo que contemplan a 44 920 personas movilizadas de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado. El año anterior se habían registrado 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13 912 personas. El ensordecedor silencio del gobierno de Duque frente a esto, contrasta con las acciones desarrolladas para “proteger la integridad” de los mercenarios colombianos implicados en el magnicidio del presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse, como el envío de una misión humanitaria para verificar su estado de salud y sus condiciones de detención. Respecto a este punto recomendamos el análisis realizado por Aram Aharonian sobre la vinculación de EE.UU. y Colombia con los hechos en Haití. 

El escenario a tres años de gobierno muestra, además de la crisis de gestión, la crisis del proyecto político del uribismo, que hoy en la Casa de Nariño no solo mantiene tensas o nulas relaciones con los diversos sectores sociales y políticos que motorizaron el potente paro nacional, sino que ubica a Colombia en un lugar aún más marginal de la política internacional, con fuertes tensiones con algunos países que denunciaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno contra los manifestantes, e inclusive con la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al desconocer su informe final después de la Misión de Observación enviada a Colombia durante el paro.

Se avecina un 2022 con un calendario electoral que puede transformar la situación crítica del país: el uribismo llega sin candidatos claros y con un proyecto político fragmentado, con tendencias cada vez más hacia la derecha —aunque parezca increíble—. Frente a esto, los diferentes sectores democráticos que buscan aspirar al gobierno se encuentran con el reto inicial de lograr blindar el desarrollo de los comicios con garantías democráticas para ejercer el derecho al voto, además de la necesaria construcción de unidad que, aunque suene a frase de cajón, parece ser la única salida para la larga noche uribista que atraviesa el país hace casi veinte años. Frente a esto continúa consolidándose la propuesta del Pacto Histórico como una convergencia que puede abrir este camino, y convocándose numerosas movilizaciones de carácter nacional como la del pasado 26 de agosto. 

Finalmente, antes de dejar la región andina, es importante mencionar que en Ecuador se han desarrollado movilizaciones en contra del gobierno de Guillermo Lasso, quien ha continuado y profundizado las medidas neoliberales y de retroceso en materia de derechos que ya venía adelantando Moreno. El pasado 11 de agosto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) citó, junto a otras organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE), a una movilización en rechazo a las modificaciones en leyes laborales presentadas por el gobierno, además del aumento del precio de los combustibles, medida que en 2019 desató las movilizaciones masivas. En las manifestaciones participó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien estuvo acompañado de una delegación de la Confederación. Por su parte, Lasso ratificó el aumento de los combustibles y planteó que las protestas buscan una desestabilización de la democracia y de su gobierno. 

Presidente Castillo en un acto con pueblos originarios. Presidencia de Perú, vía Fotos Públicas.

Mesoamérica: La ola de movilizaciones impacta en una región atravesada por las crisis migratorias, sociales y políticas

La cuestión migratoria es una de las problemáticas centrales por las que atraviesa la región.  Los dos focos críticos se encuentran en la frontera sur de EE.UU. con México y en la región del Darién, donde limitan Colombia y Panamá. En los informes anteriores fuimos analizando las múltiples crisis —sociales, económicas, políticas y sanitarias— que afectan a los países de América Central y en particular a los del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que produjeron un incremento del flujo de personas en situación migratoria irregular hacia Estados Unidos. Durante los meses de julio y agosto siguió la tendencia de incremento de las políticas represivas antimigratorias de EE. UU. en la frontera sur con México. Así lo muestran el incremento de detenciones y deportaciones, sobre todo a menores: en julio alcanzó el número de 19 mil niños y niñas. En la última semana de agosto se registró un incremento del flujo migratorio en la región fronteriza El Ceibo entre México y Guatemala. Retornaron, y en la mayoría de los casos por la fuerza, alrededor de dos mil quinientas personas que buscaban cruzar la frontera hacia EE. UU. donde el Ejército y la Guardia Nacional mexicana desmantelaron la caravana migrante en la ciudad de Tapachula, México.

El 29 de julio, el gobierno norteamericano presentó el “plan integral” para abordar la situación migratoria. La “estrategia de EE. UU. para hacer frente a las causas fundamentales de la migración en América Central” consiste en cinco puntos: 1) abordar la inseguridad económica y la desigualdad; 2) combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el estado de derecho; 3) promover el respeto por los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa; 4) combatir y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata y otras organizaciones delictivas organizadas; y  5) combatir la violencia sexual, de género y doméstica. 

La corrupción es considerada por EE. UU. como una de las causas estructurales de la crisis política que atraviesan los países de la región. Sin hacer mea culpa en sus responsabilidades en el entramado delictivo y corrupto de los países de la región, el gobierno de Biden utiliza las sanciones a funcionarios, jueces y dirigentes políticos como mecanismo de presión hacia los gobiernos centroamericanos. Tal es el caso de la publicación por parte del Departamento de Estado norteamericano de la Lista Engels, que contiene un listado de funcionarios y legisladores de los países del Triángulo Norte acusados de corrupción. 

En lo que respecta a la zona fronteriza entre Panamá y Colombia, la crisis migratoria se profundizó este año y en particular durante los meses de julio y agosto. La región del Darién, caracterizada por su composición selvática, es la zona geográfica donde se da uno de los mayores flujos de movilidad humana de manera irregular. Esto se ha profundizado con las múltiples crisis que atraviesa la región, que se han intensificado a raíz de la pandemia de la COVID-19. De enero a agosto de 2021, 49 000 migrantes provenientes de distintos países han atravesado el Darién, 11 000 lo han hecho en el mes de julio y actualmente se registra que en agosto unas 2000 personas por día intentan cruzar la frontera. Son varios los peligros a los que se enfrentan quienes se ven forzados a migrar, tanto por las condiciones naturales de la selva y la presencia de animales salvajes como por la presencia de grupos armados y del crimen organizado.

El 6 de agosto, representantes de los gobiernos de Panamá y Colombia han acordado acciones para regular el flujo migratorio y para que los migrantes puedan ser recibidos de manera segura y ordenada en Panamá. Desde Médicos Sin Fronteras señalan que, más allá de las medidas acordadas, se debe garantizar una ruta segura y protección para los y las migrantes.

En Guatemala se rompió la tensa calma en que vivía la sociedad y fueron las poblaciones indígenas quienes encabezaron el Paro Plurinacional del 29 de Julio. Las manifestaciones se extendieron durante varios días y contaron con el apoyo de organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, feministas y religiosas. La jornada de lucha fue la expresión de un hartazgo social ante la denuncia constante contra el pacto de corruptos que gobierna el país, y la mala gestión de la pandemia que derivó en una crisis sanitaria y colapso del sistema de salud. Las consignas del paro son la renuncia del presidente Giammatei y de la fiscal general Consuelo Porras, así como la necesidad de una Asamblea Constituyente Plurinacional.

Como analizamos en el artículo publicado en ARG Medios, los prolegómenos del estallido popular se encuentran en el descontento social por la cooptación de las instituciones estatales por parte de una red de políticos, empresarios, exmilitares y grupos vinculados al crimen organizado y en la desidia del gobierno en la gestión de la situación sanitaria, y sobre todo, ante la falta de vacunas, siendo Guatemala uno de los peores países en el total de dosis suministradas a su población en el continente. Como consecuencia del colapso sanitario, el presidente Giammatei anunció el 15 de agosto el “estado de calamidad” —suspendiendo las garantías constitucionales y disponiendo de libre utilización de los recursos públicos sin control— y toque de queda de 22 a 4 hs. El estado de calamidad quedó sin efecto luego de que el Congreso Legislativo votara en contra, lo que implicó una derrota política para el gobierno.  

A diferencia de las movilizaciones del 2015, que destituyeron al entonces presidente Otto Pérez Molina, hay dos elementos que son nuevos. Uno es que —a diferencia de seis años atrás, cuando las movilizaciones se dieron principalmente en las ciudades— la convocatoria al paro vino de las comunidades indígenas, como señala Carlos Barrientos del Comité de Unidad Campesina (CUC):

… en esta ocasión y teniendo en cuenta que en Guatemala hay una importante cantidad de población indígena, maya sobre todo, existen varias estructuras propias de los pueblos indígenas que subsisten hace mucho tiempo, formas de autogobierno de los pueblos indígenas. Una de esas formas es lo que se conoce como los 48 cantones de Totonicapán, más conocida como la junta directiva de los 48 cantones. Otro es la alcaldía indígena de Sololá, y son las más fuertes que pueden movilizar miles de gentes. Estos dos son los que convocaron a movilizar al paro. Es así que en este caso la convocatoria vino de los pueblos indígenas, de estas estructuras de autogobierno de los pueblos indígenas. A partir de esto se dio la movilización en distintos territorios. Se movilizaron alrededor de doscientas mil personas.

El otro elemento distintivo es la demanda de una Asamblea Plurinacional Constituyente, que va tomando cada vez más fuerza en distintos sectores sociales. Se busca la constitución de un nuevo Estado popular, plurinacional y antipatriarcal, ya que no solo basta con que renuncie el presidente, sino también “cambiar de raíz el sistema corrupto”. Las autoridades ancestrales dieron tiempo hasta el 18 de agosto para que renuncien Giammattei y la fiscal Porras. Ya concluido ese plazo se encuentran en consulta permanente y analizando los pasos a seguir para nuevas medidas de lucha. 

Las poblaciones indígenas vienen siendo víctimas de la política represiva del gobierno y del modelo económico extractivista que amenaza sus territorios. La demanda de la plurinacionalidad se enmarca también en que el 15 de Septiembre se va a llevar a cabo el acto oficial por el bicentenario de Guatemala. 

El 1ª de agosto se llevó a cabo en México la consulta popular por Memoria, Verdad y Justicia, para procesar y enjuiciar a los responsables políticos de las violaciones a derechos humanos durante los gobiernos neoliberales. La iniciativa  fue impulsada por Adriana Bahena, activista de Tierra Caliente, y Omar Garcia, estudiante de  Ayotzinapa que fue vocero de su escuela a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Tras lograr reunir dos millones de firmas y contar con el apoyo del presidente López Obrador, fue este quien envió la solicitud de la consulta al Congreso de la Unión. La consulta popular fue acompañada y apoyada por las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que vienen luchando contra la impunidad durante muchos años. El EZLN, mediante un comunicado firmado por el subcomandante Galeano, apoyó la iniciativa e instó a los mexicanos a ir a votar:

… se trata de los derechos de las víctimas, de su derecho a la justicia y a la verdad. Su derecho a saber por qué se decidieron tales acciones u omisiones, con cuáles leyes se les dio sustento y quiénes fueron o son los responsables o irresponsables, desde el más alto hasta el más bajo nivel. Eso sería la verdad y su consecuencia sería la justicia.

Para los impulsores de la consulta popular, fueron los distintos poderes institucionales y fácticos quienes pusieron obstáculos para generar confusión y desmovilizar a la población para que no concurran a votar. Los apuntados son el Instituto Nacional Electoral, que no brindó la suficiente información y no aportó los recursos necesarios para que la votación se desarrolle en las mejores condiciones posibles; y los medios de comunicación, que brillaron por su ausencia e invisibilizaron el proceso de la consulta, al igual que lo hizo la oposición, ya que sus expresidentes —Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y funcionarios políticos son los acusados de las atrocidades cometidas durante sus gobiernos. Si bien la realización de la consulta popular es considerada una victoria en sí misma, y fue revalidada en las urnas por el 97% de los mexicanos y mexicanas que votaron por el SÍ, mientras que solo el 1,5% por el NO, la contracara fue que votó sólo el 7% del total de votantes, y no llegó al 40% del padrón electoral, por lo cual la consulta no será vinculante.

Los y las activistas de la consulta exigen que a pesar de que el resultado no es vinculante, desde los poderes del Estado se avance en una comisión de la verdad para esclarecer los hechos denunciados y así poder avanzar en un proceso judicial sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos anteriores y actuales. Uno de los interrogantes que abre el resultado de la consulta popular es la poca capacidad que tuvo el partido de gobierno, MORENA, de movilizar a su base social y política, lo que agudizó tensiones internas a su interior. Es importante recordar que AMLO debe encarar en marzo del 2022 el plebiscito de revocación de mandato, impulsado por su gestión. 

El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, López Obrador junto a familiares de víctimas y desaparecidos de la guerra sucia, anunció la creación de una comisión de la verdad para el establecimiento de memoria, verdad y justicia sobre los hechos ocurridos en las décadas de 1970 y de 1980.

Uno de los flagelos que acecha a la sociedad mexicana es la violencia estructural. Si bien la tasa de homicidios dolosos se ha estancado durante el gobierno de López Obrador, sigue siendo alta, a la par de la gestión de su predecesor Peña Nieto. Estos actos de violencia se deben en mayor medida al uso de armas de fuego que se adquieren tanto de manera legal como ilegal. El 80% de las armas provienen de Estados Unidos y el 70% de las armas ilegales provienen de este país. Es por esto que el gobierno mexicano presentó una demanda contra 11 empresas fabricantes de armas norteamericanas ante la Corte Federal de EE. UU. con el objetivo de regular la venta de armas ilícitas y sancionar a quienes lo lleven a cabo. En este sentido fueron las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard, al mencionar que la Iniciativa Mérida —por el cual el gobierno de EE. UU. financiaba equipamientos y soporte técnico a las fuerzas de seguridad mexicana— “ha muerto”, manifestando la necesidad de cambiar el paradigma de cooperación en este campo. La militarización de las fuerzas de seguridad ha profundizado la violencia y provocado la muerte de muchos ciudadanos, produciendo violaciones a los derechos humanos. 

En el informe anterior analizamos la crisis política que atraviesa Nicaragua desde el 2018 a esta parte. Esto se agudizó en los meses de julio y agosto a partir de nuevas detenciones a dirigentes opositores y la publicación de información que certifica el financiamiento extranjero de medios de comunicación y partidos no oficialistas con el fin de desestabilizar al gobierno sandinista. Los detenidos llegan al total de 30, siete de los cuales son personas que pretendían ser candidatos a presidentes. A su vez, la polarización social se acrecienta entre los sectores opositores —empresarios, cúpula de la iglesia católica, partidos políticos y la red de medios de comunicación— y el gobierno de Ortega, con una tensa calma social, que abre interrogantes sobre escenarios posibles de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. 

Los partidos políticos que participarán del acto eleccionario inscribieron en los primeros días de agosto ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) a sus candidatos presidenciales, diputados nacionales y ante el Parlamento Centroamericano. Por parte del FSLN se ratifica la fórmula Ortega-Murillo, mientras que en la oposición se encuentran siete partidos, entre los que se destaca la Alianza Ciudadanos por la Libertad, cuya fórmula está conformada por el exmilitar Óscar Sobalvarro y la exreina de belleza Berenice Quezada. La polémica se suscitó cuando se anunció la detención de la candidata a vicepresidenta Quezada por apología del delito e incitación al odio, tras la denuncia de familiares de víctimas tras las manifestaciones del 2018, y la posterior inhibición y quita de la personería jurídica a la alianza por parte del CSE para presentarse a las elecciones, ya que su representante legal es acusado de violar la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Según la encuesta realizada por M&R Consultores la fórmula presidencial del sandinismo tiene una intención de votos del 60%, mientras que la oposición ronda el 14% y los indecisos un 26%.

En El Salvador, el 22 de julio fueron detenidos dirigentes y exfuncionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).  Entre los apresados se encuentran los ex ministros y viceministros Violeta Menjivar, Calixto Mejía, Hugo Flores, Juan Ramón Cáceres y Erlinda Handal. También se libró orden de captura en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén y los exministros Manuel Quinteros, Lina Pohl y José Belarmino López. Los exfuncionarios son acusados de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Desde el FMLN condenaron las detenciones y lo consideran como parte de la persecución política que lleva a cabo el presidente Nayib Bukele contra su partido desde que llegó al gobierno. El pedido de detención hacia Sánchez Cerén generó roces entre los gobiernos de El Salvador y de Nicaragua, ya que el exmandatario ha sido nacionalizado nicaragüense junto a su familia. Es importante enmarcar este suceso en una ofensiva de Bukele tras la publicación de la ya mencionada Lista Engels, por el cual funcionarios de su gobierno son acusados de corrupción. 

El 7 de septiembre entrará en vigor la Ley Bitcoin, la cual establece su circulación legal. Esto se da en medio de una gran incertidumbre por parte de la sociedad en general y de los comerciantes en particular. La poca información que suministra el gobierno y los recursos económicos que destinará a esto generan descontento en sectores de la población. El 31 de agosto el Parlamento aprobó un fideicomiso de 150 millones de dólares para la implementación de la Ley.

Honduras atraviesa un contexto político convulsionado ante la crisis sanitaria, la agudización de las tensiones sociales en medio de la campaña electoral de cara a las presidenciales del 28 de noviembre y la desconfianza permanente sobre el proceso electoral, y la creciente espiral de  violencia que vive la sociedad hondureña. El 25 de julio fue asesinada la exdiputada del Partido Liberal Carolina Echeverría Haylock. Además, el 18 de julio se cumplió un año de la desaparición de cinco jóvenes pertenecientes a la comunidad garífuna. En reclamo por justicia, La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) encabezó un plantón con cientos de participantes frente al Ministerio Público en Tegucigalpa, como forma de exigir al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Además, se ha profundizado la discriminación y violencia contra las diversidades sexuales, y la comunidad LGTBIQ denuncia que continúa impune el 90% de los 389 crímenes de odio que se registran desde 2019.

El 22 de agosto se llevó a cabo el sorteo para definir la posición que van a ocupar los candidatos a la presidencia del país en la papeleta electoral. En un clima tenso, que terminó con actos de violencia y dirigentes políticos y periodistas heridos, se expresó la crispación política que atraviesa la contienda electoral, en la que participarán 14 partidos, pero solo cuatro aparecen con posibilidades de llegar a la presidencia: Nasry Asfura del Partido Nacional, Xiomara Castro de Libre, Yany Rosenthal del Partido Liberal y Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras. Las encuestas arrojan resultados inciertos, pero sí coinciden en que un 25% del electorado que aún se encuentra indeciso será clave para definir la votación. 

Por último, el 30 de agosto se llevó a cabo una movilización nacional contra las ZEDE. El pueblo Lenca, junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se manifestó a las afueras de la Alcaldía Municipal de Intibucá. El 1 de septiembre se declaró al municipio libre de ZEDE.

Cono Sur: continúa el cronograma electoral, mientras crecen las tensiones sociales

En el Cono Sur, la situación no escapa al dinamismo que ofrecen las demás regiones. Como desde hace varios meses, las crisis políticas en Brasil y en Chile —y las particularidades de sus diferentes orígenes y desarrollos— son los temas más importantes. En el caso de Brasil, se vincula al proceso de destrucción que lleva adelante Bolsonaro y, cada vez más, a las posibilidades para que este ciclo llegue a su fin. Chile, mientras tanto, con la Convención Constituyente en funcionamiento y una ya lanzada carrera hacia las presidenciales de noviembre. El resto del Cono Sur también presenta escenas interesantes. Además de diversos conflictos sociales, los otros tres países hacen su aporte al intenso panorama electoral: Argentina en camino a las legislativas de medio término, Paraguay hacia las elecciones municipales y Uruguay hacia el referéndum en torno a la Ley de Urgente Consideración que da marco al plan de gobierno de Lacalle Pou.

En el caso de Brasil, el proyecto de destrucción que está poniendo en práctica Bolsonaro sumó capítulos en julio y agosto. La privatización de Eletrobrás, aprobada legislativamente como comentamos en el último informe, tuvo sanción presidencial el 13 de julio. 

El 5 de agosto, mientras el país observaba los ataques de Bolsonaro a las urnas electrónicas y defendía el regreso del voto impreso, la Cámara de Diputados aprobó a toda prisa, sin pasar por las comisiones, un proyecto de ley para privatizar los Correios. Cabe destacar que se trata de una empresa rentable, presente en varias localidades de Brasil y la privatización de los servicios postales (cartas, tarjetas postales, telegramas) puede perjudicar el servicio en las regiones más alejadas. El 10 de agosto ha sido aprobada en la Cámara otra medida grave, que atenta contra los derechos laborales y la Constitución: se trata de la Medida Provisional (MP) 1045, que entre otras cosas establece una modalidad de trabajo llamada REQUIP (Régimen Especial de Trabajo Incentivado, Calificación e Inclusión Productiva), sin los principales derechos laborales. Esta modalidad se dirige a los trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 29 años, a quienes llevan más de dos años sin tarjeta laboral registrada y a las personas con bajos ingresos que son beneficiarias de programas sociales. Este contrato se realiza sin derecho a 30 días de vacaciones — sin el 1/3 adicional del salario correspondiente a las vacaciones— sin decimotercer salario (o aguinaldo) y sin la cotización a la seguridad social. Solo recibirían una beca-ayuda, vales de transporte, un curso de cualificación y un receso de 30 días, que puede dividirse hasta en tres períodos. Es un claro ataque a la clase trabajadora. Al cierre de este informe, en la noche del 1º de septiembre, la MP fue rechazado por el Senado por 47 votos en contra y solo 27 a favor, lo que significó una derrota para el gobierno de Bolsonaro.

Recientemente, el área de la cultura también fue una expresión de la política de destrucción. Un edificio de la Cinemateca Brasileira, lugar donde se encuentran innumerables documentos de la historia del cine brasileño y también obras, se incendió el 29 de julio. En un manifiesto, sus trabajadores afirmaron que habían denunciado hace un año el peligro de incendio, ya que no había trabajadores en las áreas de documentación, conservación y difusión.

La lógica destructiva del gobierno de Bolsonaro termina, en estos dos meses, con ataques a la democracia. En las últimas semanas de agosto, el presidente ha intensificado sus declaraciones cuestionando el proceso electoral. Los ataques se dirigieron al voto electrónico, con afirmaciones de que no es confiable, y en defensa de la vuelta del voto en papel. Estas propuestas están incluidas en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 153/19, que hace obligatorio el voto impreso. Bolsonaro amenazó con no celebrar las elecciones si no se aprobaba esta PEC y, en el día de la votación en el Congreso, el 10 de agosto, en una nueva amenaza ordenó un desfile militar en el momento de la votación. Con todo, la PEC no fue aprobada por la Cámara de Diputados, porque necesitaba al menos 308 votos, pero la propuesta ha alcanzado la mayoría de los votos con 229 diputados a favor de la propuesta y 218 en contra. 

El próximo 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, los bolsonaristas llaman a la población a salir a las calles para mostrar su apoyo al gobierno y su descontento con el Supremo Tribunal Federal (STF). La manifestación cuenta con el apoyo de muchos policías militares de diferentes estados, incluidos coroneles activos y en la reserva que se han manifestado a favor del acto. Este es otro proceso de tensión en la democracia brasileña. En los dos últimos informes de OBSAL planteamos la posibilidad de un golpe de Estado de Bolsonaro. Esta posibilidad continua vigente, pero no depende solo de él. Como hemos venido señalando, es importante analizar otras variables, como las clases dirigentes nacionales, el ejército, la policía militar y el gobierno de Estados Unidos. Las clases dominantes parecen no estar dispuestas a embarcarse en un proceso de golpe, al menos algunas de ellas. En una nota —que en el momento de esta redacción aún no fue publicada— de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), firmada por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y más de 200 entidades empresariales, se expresa la preocupación por el orden democrático y se hace un llamamiento a la buena convivencia entre los tres poderes. Los militares, que en el contexto de los golpes reproducen los intereses de las clases dominantes, no han demostrado, hasta ahora, unidad clara para un proceso de ruptura institucional. Las policías militares de algunas regiones pueden estar más dispuestas a seguir las aventuras golpistas de Bolsonaro, pero podrían toparse con la negativa de las Fuerzas Armadas o la actuación de los gobernadores de los estados, castigando la posible desobediencia que, incluso si ocurriera una acción golpista efectiva liderada por las policías, sería difícil de sostener un proceso de golpe durante un tiempo razonable. En relación con la  última variable, en la primera parte de este informe hicimos algunos apuntes sobre la forma de actuación del imperialismo norteamericano bajo la dirección de Biden y los demócratas: el viaje del asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan mostró más tensiones que afinidades entre los gobiernos, lo que deja poco margen, por ahora, para un apoyo efectivo de Estados Unidos a las aventuras golpistas de Bolsonaro.

También hay esperanza, luchas y resistencias. El 24 de julio las manifestaciones contra Bolsonaro tomaron las calles del país. Se movilizaron unas 600 000 personas en más de 500 ciudades. Las demandas: #FORABOLSONARO, la comida en el plato, la vacuna en el brazo y la defensa por la democracia. Para el 7 de septiembre, en oposición a las convocatorias bolsonaristas, los colectivos progresistas y movimientos sociales realizarán actos en defensa de la democracia y por el #FORABOLSONARO.

En nuestro informe #13 señalamos que la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara había aprobado algo destructivo para el ambiente y para los pueblos originarios: el proyecto de ley 490/2007. De ser aprobado en las cámaras legislativas y sancionado por el presidente, se convertirá en ley la tesis del marco temporal, que haría inviable la demarcación de tierras indígenas. Sin embargo, la tesis está siendo juzgada por el STF en relación con un caso en el estado de Santa Catarina. Si lo declara inconstitucional, el proyecto perderá vigencia. El 26 y el 27 de agosto los pueblos indígenas realizaron fuertes manifestaciones para mostrar su oposición a la tesis del marco temporal y a todos los proyectos que afectan el ambiente y la existencia indígena en el país. Con más de seis mil personas, la manifestación fue una de las más grandes organizadas por los pueblos originarios. Además, como extensión de las protestas, se instaló un campamento de vigilia hasta que el voto vuelva al STF. A su vez, el 18 de agosto los y las trabajadoras estatales de todo el país hicieron huelgas, manifestando su oposición a la propuesta de Reforma Administrativa del gobierno federal, también analizada en el informe anterior.

Finalmente, Lula continúa liderando y aumenta su ventaja en las encuestas para la disputa electoral. En el sondeo XP de agosto, el expresidente alcanzó el 51% de intención de voto frente al 32% de Bolsonaro para una posible segunda vuelta. En la misma encuesta de julio, Lula aparecía con el 49% y Bolsonaro con el 35%. En la encuesta de CNT/MDA publicada a principios de julio, Lula ganaría a Bolsonaro por 52,6% a 33,3%. Mientras tanto, el rechazo al gobierno de Bolsonaro marca un récord, según la encuesta de PoderData el índice de desaprobación pasó del 62% en julio al 64% en agosto.  

En Chile, entre julio y agosto se destacan la puesta en marcha de la Convención Constituyente, el 4 de julio; la realización de las primarias en dos de las principales coaliciones el 18 de julio y los debates internos en las otras dos restantes coaliciones con posibilidades de llegar al balotaje, en todo el período. 

Respecto al órgano que redactará la nueva Constitución, funcionará durante nueve meses, hasta abril de 2022, aunque podría prorrogarse por tres meses más. En un mensaje con fuerte connotación simbólica, en su primera sesión el cuerpo eligió a la lingüista Elisa Loncón como presidenta. La primera declaración oficial de la Constituyente, surgida de su tercera sesión, el 9 de julio, se refirió a “las personas privadas de libertad con ocasión de la revuelta social y la judicialización del conflicto político y social que mantiene el Estado con la nación mapuche” y también implicó un fuerte gesto político, al denunciar la represión estatal durante la revuelta y pedir celeridad en el tratamiento del proyecto de Indulto general ingresado en el Senado, el retiro de las querellas oficiales, la reparación a las víctimas y “la inmediata desmilitarización del Wallmapu”.

En relación con las presidenciales, el 18 de julio se realizaron las primarias organizadas por el Servicio Electoral. En Chile Vamos, la coalición de derecha en el gobierno, el ganador fue el expresidente del Banco de Chile y exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, el independiente elegido por Piñera para mostrar una renovación del espacio. Sichel —tal vez el mejor candidato posible para la derecha— triunfó con el 49,1% de los 1,34 millones de votos de su primaria. Más atrás quedaron el favorito de las encuestas, Joaquín Lavín, de UDI (31,3%); Ignacio Briones, de Evópoli (9,9%) y por último Mario Desbordes, del partido Renovación Nacional (9,8%). De cara a las elecciones, Chile Vamos decidió cambiar el nombre a Chile Podemos +.

Desde el 18 de octubre de 2019 la derecha mantiene el gobierno —con un altísimo nivel de represión— pero anda de derrota en derrota en términos electorales. De conjunto, y a pesar de que movilizó a cuatro candidatos, su primaria fue magra en cantidad de votos y quedó muy por debajo de la convocatoria de la izquierda. Pese a todo, este espacio ve con expectativa el repunte de imagen del gobierno de Piñera, que igualmente se mantiene bajo (en el orden del 26% de aprobación, según la consultora CADEM, cercana al gobierno) aunque ha crecido desde el 8-10% de hace unos meses. 

En Apruebo Dignidad, la coalición que agrupa al Frente Amplio junto a Chile Digno —formado a su vez por el Partido Comunista y otros espacios—, el ganador fue el diputado Gabriel Boric (FA, 60,4%), quien se impuso a Daniel Jadue (PC, 39,6%). El resultado implica una candidatura más hacia la centroizquierda que hacia la izquierda y genera incertidumbre en relación con las posibilidades de expresar a los sectores que se identificaron con las protestas que cambiaron el país.

A Sichel y Boric se suma otra candidatura que en principio aparece con expectativas de llegar al balotaje. Se trata de la coalición que se ubica más al centro político, llamada Unidad Constituyente, que reúne al espacio de la Concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010 y luego como Nueva Mayoría entre 2014-2018. Es decir, que se alternó con la derecha en la gestión del modelo neoliberal durante las últimas tres décadas, a la salida del pinochetismo. Si bien este sector que hoy se denomina Unidad Constituyente también quedó muy golpeado tras el estallido abierto en 2019, la configuración del escenario general le ofrece alguna oportunidad. Luego de varias idas y vueltas, el espacio definió la candidatura de Yasna Provoste por medio de una llamada “consulta ciudadana”, realizada el 21 de agosto, en la cual la candidata del Partido Demócrata Cristiano aventajó a Paula Narváez (Partido Socialista) y a Carlos Maldonado (Partido Radical). 

Otro candidato a tener en cuenta es José Antonio Kast, del Partido Republicano, que apuesta por hacer crecer a la ultraderecha. Algunos sondeos lo ubican encaminado en ese objetivo, incluso con la expectativa de superar a Provoste. Por derecha también se presenta Franco Parisi, del Partido de la Gente, una figura un tanto inclasificable pero que como candidato independiente en 2013 alcanzó el 10%. Completan el listado de siete postulantes Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista y Eduardo Artés, de la alianza de izquierda Unión Patriótica. 

Una candidatura que prometía dar que hablar, si lograba repetir la performance de las constituyentes, era la de la Lista del Pueblo. Luego de algunos tropiezos, como el anuncio y la vuelta atrás de la candidatura de Cristian Cuevas, este espacio de izquierda postuló a Diego Ancalao, pero su presentación fue objetada por el Servicio Electoral con graves acusaciones de falsificación de avales y quedó fuera de competencia. La Lista del Pueblo anunció que presentará una querella contra su frustrado candidato. El espacio perdió al menos a ocho constituyentes entre julio y agosto. Esta situación seguramente agravará los debates internos. 

Las últimas encuestas, del mes de agosto, ubican a Boric y Sichel como los principales competidores, con variaciones que van desde el 16 al 30%, según las empresas, que en general ubican a Boric unos puntos por encima de Sichel. Estos sondeos estiman un porcentaje en torno al 9-11% para Kast y Provoste. De todas maneras, si miramos los fallos —cuando no la manipulación— de las empresas encuestadoras en el pasado reciente en toda la región, nunca hay que descartar la aparición de alguna sorpresa.

Mientras tanto, se desarrollan una serie de disputas importantes en el plano económico, social, territorial. Uno de estos temas es el conflicto de tierras entre la comunidad mapuche y propietarios privados, ejemplificado en las últimas semanas con el asesinato del joven Pablo Marchant por parte de Carabineros. Con participación de constituyentes de los pueblos originarios, el tema será materia de la Convención. De 155 integrantes, diecisiete pertenecen a los diez pueblos originarios del territorio chileno: siete al pueblo mapuche, dos al aimara y una banca para cada una de las ocho naciones restantes: Colla, Chango, Diaguita, Kawashkar, Lican Antay (o Atacameño), Quechua, Rapa Nui y Yagán (o Yámana).  

Del otro lado de los Andes, en Argentina, también hay campaña electoral: el 12 de septiembre serán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 14 de noviembre quienes triunfen en las internas se enfrentarán en las elecciones de medio término, que ponen en juego la posibilidad del gobierno de Alberto Fernández de ampliar su base de sustentación o de ver acotado su margen de maniobra de cara a los dos últimos años de su mandato. 

Al cierre de este informe, los espacios principales son el gobernante Frente de Todos —coalición que aglutina a diferentes sectores del peronismo junto a progresistas no peronistas y a movimientos populares de base— y la oposición de derecha reunida en la coalición Juntos por el Cambio, integrada por el Pro —partido de Mauricio Macri—, el radicalismo y otros sectores menores. Sin embargo, en algunos distritos aparece la posibilidad de una buena elección para sectores más identificados con una retórica “libertaria”, que disputan por derecha con Juntos por el Cambio. Entre estas candidaturas se puede destacar la de Javier Milei, en la ciudad de Buenos Aires, y la de José Luis Espert en la provincia homónima.

El cierre de listas de fines de julio fue la expresión de la guerra interna en el principal bloque opositor, con un liderazgo en disputa tras el fracaso de Macri. Además del expresidente, otras figuras son el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y la presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad —con fuertes vínculos con EE. UU. e Israel— Patricia Bullrich. Por el lado del Frente de Todos, se cerraron las listas sin grandes sobresaltos, pese a relegar a la militancia de la mayoría de los movimientos populares y sindicales que integran el espacio.

Con el comienzo de campaña llegaron las preocupaciones, en la medida en que la figura del presidente quedó en el centro de un escándalo por violación a la cuarentena que él mismo había establecido. Esto sucedió en julio de 2020 pero que tomó estado público a partir de la circulación de fotos y un desprolijo tratamiento oficial, que benefició a la oposición. Con un efecto contrario se desarrolló en las últimas semanas un escándalo de muy diferente tenor, como es el descubrimiento de que el gobierno encabezado por Macri contrabandeó material bélico a Bolivia para apoyar al gobierno de facto. Las revelaciones dejan al descubierto una verdadera internacional de la represión que recuerda al Plan Cóndor por el que se coordinaron las dictaduras derechistas de las décadas de 1960 y 1970.

Además, la campaña está atravesada por la situación sanitaria, que ha mejorado con el avance de la vacunación, importante en los últimos meses, y sobre todo por la situación económica, en un marco de crisis que afecta principalmente a los sectores más pobres, con alta inflación y atisbos de recuperación que todavía no tienen efectos masivos. Sobre este tema la oficina Argentina del Instituto Tricontinental elaboró el Informe “Crisis económica, reactivación incipiente y pujas distributivas en el umbral del proceso electoral”. 

En el marco de esta situación, en agosto se realizaron en la ciudad de Buenos Aires dos importantes movilizaciones. El día 7 la Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizó la ya tradicional marcha por Tierra, techo y trabajo. Entre las principales demandas, la jornada de movilización reclamó un salario básico universal. Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, una de las organizaciones convocantes, realizó un análisis sobre esta demanda:

La radiografía de la crisis nos muestra niveles de pobreza e indigencia insoportables para cualquier sociedad, una situación que requiere medidas correctivas urgentes y una planificación de largo plazo que garantice las 3T a través del desarrollo armónico y sostenible de nuestra economía. Desde nuestra perspectiva, esto implica la aplicación urgente de una política de ingresos masiva como el Salario Básico Universal que proponemos desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. 

Poco días después, el 18 de agosto, otros agrupamientos barriales —con mayores diferencias con el gobierno— llegaron en gran número a la capital desde el conurbano bonaerense. Estas manifestaciones instalaron un debate en torno al derecho al trabajo y a las prestaciones sociales, en el marco de discusiones en el gobierno en torno a una posible aplicación del salario social universal.

Por otro lado, y al igual que otros países de la región, la lucha por el reconocimiento de las tierras indígenas frente al despojo histórico sigue vigente, con sectores poderosos que se organizan para que las fuerzas del Estado continúen jugando a su favor y pueblos que resisten.

Con menos prensa pero igualmente estratégicos, otros temas estuvieron presentes entre julio y agosto. Uno es la necesidad de proteger a los humedales, en momentos en que a los incendios en muchas de sus islas se le suma la pérdida de caudal en el río Paraná, curso de agua principal de un sistema clave para la agricultura, la energía, el consumo humano y el transporte. Con el objetivo de que el Congreso sancione una demorada ley de protección de humedales, entre el 11 y el 18 de agosto se realizó una travesía en kayak desde Rosario a la ciudad de Buenos Aires, que terminó con una marcha. Por el sistema hidrológico del Río de la Plata circula alrededor del 80% de las exportaciones argentinas, la mayoría por el río Paraná. El “estrés hídrico severo” tiene varias causas, entre otras, el proceso estructural de desmonte propio de un modelo predominantemente extractivista. En los próximos meses, se espera que el fenómeno de La Niña agrave la situación de sequía en la cuenca del Paraná y en varias partes del país, incluyendo la pampa húmeda. Esto puede afectar además la campaña de cosecha gruesa (soja y maíz, principalmente), que representa una de las principales entradas de divisas. 

Sobre el cierre de este informe, una polémica atraviesa la relación entre Chile y Argentina, luego de que el presidente Sebastián Piñera fijó por decreto los límites de la plataforma continental chilena y esta coincide con lo establecido por Argentina, cuyo gobierno rechazó de inmediato la medida a través de un comunicado oficial de la Cancillería y un posicionamiento público del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. Como es evidente, se trata de un tema de gran importancia; y por esa misma razón se espera que el debate escale durante septiembre y octubre. 

Respecto a Paraguay, el país se encamina a las elecciones municipales, que serán el 10 de octubre. De ellas, la más importante es la de la capital, Asunción. Allí, el sector “cartista” (por el expresidente Horacio Cartés, enfrentado al actual, Mario Abdo) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) confía en que triunfe su candidato, Oscar “Nenecho” Rodríguez, quien va por la reelección. Contra el poderoso aparato colorado compite Eduardo Nakayama, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien lidera la Alianza Juntos por Asunción. El PLRA confluye en esa lista con el derechista Partido Patria Querida y con otros espacios, como Encuentro Nacional y la Democracia Cristiana. Además de ellos, se presentan otras candidaturas que en principio aparecen con menores posibilidades, como Johanna Ortega por la Alianza Asunción Para Todos y Luis Martínez Navaja por el Frente Guasú. Otra elección a la que se prestará atención es la de Ciudad del Este —donde Miguel Prieto, del Movimiento Conciencia Democrática del Este, puede reelegir pero enfrenta a otras doce candidaturas—, así como las de San Lorenzo y Luque, otros municipios importantes del país. 

Paraguay es una potencia hidroeléctrica, a partir de las represas Itaipú (proyecto compartido con Brasil) y Yacyretá (con Argentina), pero en los últimos meses crecen las protestas sobre la política energética del gobierno de la ANR. El 30 de agosto varias organizaciones presentaron al Congreso un proyecto de ley de creación de una Comisión de Verdad y Justicia y anunciaron la creación de un Tribunal Ético sobre la Deuda Espuria de Itaipú. Desde el espacio Itaipú 2023 Causa Nacional señalaron que “el gobierno de Abdo Benítez, con el respaldo de Horacio Cartes, está acelerando el plan de entrega de nuestra soberanía hidroeléctrica en Itaipú y Yacyretá”. 

Un tema central en la sociedad paraguaya es el conflicto territorial entre grandes productores y familias campesinas. En agosto, diferentes organizaciones campesinas se manifestaron en la capital. Otro conflicto del período tiene como protagonistas a  los transportistas, que impulsaron jornadas de paro y movilizaciones en reclamo de una ley que fije el precio de los fletes. 

Por otro lado, a fines de julio fueron asesinados tres militares, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, en un ataque con un artefacto explosivo que el gobierno adjudicó al EPP, activo en el departamento San Pedro, la zona del atentado, ubicada al centro del país. En otro episodio que involucra directamente a la FTC, el 2 de septiembre se cumplió un año del ataque en que las fuerzas estatales asesinaron a dos niñas argentinas de 11 años: Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba. Poco después, en noviembre de 2020, desapareció su prima Carmen (“Lichita”), de 15 años, también argentina. Como parte de su campaña de búsqueda, en julio una Misión de Derechos Humanos visitó Paraguay, pero fue expulsada por el gobierno. 

En el cierre del panorama del Cono Sur, en Uruguay, el camino hacia el Referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) empieza a ganar un lugar importante en la escena política, luego de que el espacio promotor de la derogación de la ley alcanzara, a principios de julio, las 800 mil firmas exigidas por las normas para su convocatoria. La LUC es un paquete de cambios legislativos que impulsó Lacalle Pou desde el comienzo de su gobierno, aprobado en el Congreso en julio de 2020, que la oposición política y social califica como un retroceso, porque “afecta derechos fundamentales”. El referéndum, previsto originalmente para diciembre de 2021, sería en marzo o abril de 2022. 

Mientras, se registra un crecimiento en la conflictividad social, originado en el empeoramiento en las condiciones de vida propias de la situación pandémica, sumadas a la orientación del gobierno derechista. En rechazo a la política de Lacalle Pou, la central sindical unitaria —el PIT-CNT— convocó a un paro nacional para el 15 de septiembre ante lo que consideran “la aplicación de un programa antiobrero y antipopular”. Entre los ejemplos de políticas que rechaza, el comunicado de la central menciona “los criterios de rebaja salarial de trabajadores públicos y privados, la aceleración de la entrega de ANTEL  [la empresa estatal telefónica], el puerto y ANCAP [la empresa estatal petrolera] al gran capital trasnacional”. También aparecen evidencias de cierto desgaste político del gobierno de Lacalle Pou, con su aprobación en el mínimo desde su asunción, según algunas encuestas, aunque continúa teniendo una imagen positiva relativamente alta, de alrededor del 46%. En el trimestre anterior registraba una cifra de 55%, por lo que hay una caída de 9 puntos netos.  

Por último, también hay novedades respecto a la vida política del Frente Amplio, que busca reorganizarse tras las derrotas en las últimas dos elecciones. El 5 de diciembre serán las elecciones internas y en los últimos días cobró fuerza la posibilidad de que Fernando Pereira, el máximo dirigente del PIT-CNT, asuma la presidencia del histórico espacio de unidad de la izquierda, en la oposición desde principios de 2020. En relación con las figuras candidateables para las presidenciales, se mantienen los nombres de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el alcalde de Canelones, Yamandú Orsi (MPP) y el senador Oscar Andrade (PC).

En perspectiva

Como desarrollamos en el informe, son más las inquietudes y puertas abiertas que las conclusiones que podemos tener sobre los efectos de los acontecimientos de julio y agosto. Por ahora, en su mayoría proyectan continuaciones de luchas sociales, disputas electorales y reclamos de los sectores más golpeados por la pandemia, mientras continúa la disputa por el modelo de integración de nuestra región. 

Estos meses fueron la cocina previa de lo que se inauguró como un segundo semestre convulsionado, que abre numerosas esperanzas de articulación y nuevos paradigmas de integración continental, permanencia de luchas populares en campos y calles. Entretanto, la geopolítica de EE. UU. y sus principales aliados regionales no toma descanso y busca defender del modo que sea su zona de control sobre el continente. Ante esto, los pueblos de América Latina y el Caribe se enfrentan a un reto estratégico: la posibilidad de plantar banderas de soberanía. Hacia fin de octubre veremos la correlación de fuerzas en esta disputa por el futuro del continente.