América Latina y el Caribe en 2022: entre el ascenso de los progresismos y el asedio de las derechas

Resumen

El Informe #19 del OBSAL presenta el análisis de coyuntura de los países de América Latina y del Caribe entre septiembre y diciembre de 2022 y un balance general del año que está terminando.

De manera general, podemos decir que 2022 ha expresado la crudeza de la crisis civilizatoria, profundizada con la pandemia de la COVID-19 en los años previos y en particular en 2022 con la guerra en Ucrania. Durante 2020 y 2021 se pronosticaba que los efectos de la pandemia sobre la vida de las poblaciones iban a manifestarse durante varios años. En 2022 vemos que esto no solamente se cumplió, sino que se agudizó con la crisis económica, que seguirá teniendo sus efectos de cara al 2023.

Se trata de una crisis multidimensional y sistémica que es resultado del propio despliegue de las transformaciones neoliberales y es previa a la pandemia, pero fue agravada por su impacto. Durante 2022, la guerra en Europa y su proyección mundial profundizaron aún más sus consecuencias en todos los ámbitos, a tal punto que es reconocida por las propias instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, como algo urgente a afrontar de manera global —aunque no proponen recetas nuevas para ello—.

En esta dirección, el último tercio del año 2022 plantea la posibilidad de hacer un balance de la dinámica reciente de estas múltiples crisis y acercar los pronósticos y perspectivas para el próximo año que suelen señalar los informes de diferentes organizaciones.

En el plano económico, el 2022 concluye con una desaceleración global de la economía y plantea hacia adelante un escenario similar. Para América Latina y el Caribe, la CEPAL señala que, luego del crecimiento en 2021 —con un incremento del 6,5% del PBI—, 2022 concluirá con una disminución al 3,2% y 2023 acentuará esta tendencia, con un incremento estimado del 1,4%. Esto ha implicado un crecimiento de la pobreza y la indigencia en la región, así como una profundización de la desigualdad social que continuará agravándose en el futuro inmediato, tanto que la propia CEPAL alerta sobre un nuevo retroceso en el desarrollo social de la región, que puede conducir “a un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político”.

Uno de los factores que más incidió en el año en la agudización de la crisis social fue el sustantivo incremento del precio mundial de los alimentos, bajo el impacto de la guerra europea y la “commoditización” de sus mercados. Desde el pico de valores récords, alcanzado en el segundo tercio del año, estos precios han venido descendiendo pero todavía se encuentran elevados respecto de sus promedios recientes.

Sobre las perspectivas, un reciente informe de la CEPAL, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos alerta sobre una sensible reducción de la producción mundial de maíz para 2023 que impactará negativamente en la región donde la gran mayoría de los países son importadores netos de cereales.

En relación con el cambio climático, los informes del 2022 elaborados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas han venido alertando sobre las crecientes dificultades de reducir las emisiones en orden de limitar la elevación de la temperatura global a 1,5°C, que es el corazón de los acuerdos internacionales y del consenso científico si se trata de evitar una catástrofe mayor. La Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas realizada en noviembre en Egipto (la COP 27) concluyó sin muchos acuerdos efectivos sobre ello, así como, en el contexto de la crisis energética expandida por la guerra, muchos países europeos tienden a retomar el uso creciente del carbón y se expanden por todo el mundo los proyectos de exploración y explotación de las energías extremas (shale gas, hidrocarburos offshore). Finalmente, la dinámica de estas crisis, lejos de suponer la morigeración del afán de lucro del poder económico concentrado, ha estimulado procesos de respuestas cada vez más violentas y conservadoras contra las políticas y gobiernos progresistas.

Así, tanto los gobiernos populares y progresistas de la región como los movimientos populares se vieron confrontados a lo largo de todo el año por procesos de desestabilización, represión, violencia y golpes suaves. Esta avanzada concluye con la remoción y detención ilegal del presidente Castillo en Perú y la condena judicial en primera instancia contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner en Argentina, luego de que fuera blanco de un fallido intento de magnicidio. Estos son indicadores de los desafíos que afrontaron los pueblos latinoamericanos y caribeños en 2022, que examinamos a continuación y que señalan los retos pendientes en el futuro próximo.

Para resaltar algunos de los hechos principales de este período, recorremos de sur a norte las subregiones, en un intento de recuperar en clave de síntesis algunos puntos que se desarrollan en el texto del informe.

En un panorama heterogéneo donde lo común es la intensidad, el Cono Sur sigue dando mucho material para el análisis. El hecho más destacado, sin dudas, es la elección presidencial en Brasil. Los votantes brasileños han elegido a Luiz Inácio Lula da Silva por tercera vez, en la contienda más reñida de la historia política de Brasil. Lula derrotó a Bolsonaro y su proyecto de extrema derecha. Posteriormente, en los meses de noviembre y diciembre, la atención se centró en las negociaciones del equipo de transición formado por el futuro gobierno, que tuvo que hacer frente a enormes desafíos, especialmente en el ámbito presupuestario. Las negociaciones para la organización del nuevo Gobierno se desarrollan en medio de manifestaciones de los partidarios de Bolsonaro, que no aceptaron los resultados de las elecciones. Estas manifestaciones alcanzaron un punto crítico el día en que Lula recibió su diploma presidencial, cuando los manifestantes rompieron y quemaron autobuses y coches en las calles de Brasilia.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión más inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, en un proceso plagado de irregularidades, que forma parte de una sistemática persecución contra la ex presidenta y actual vicepresidenta. Esta ofensiva de la derecha, que se suma al escaso avance judicial sobre el intento de magnicidio ocurrido el 1º de septiembre, se da en momentos que restan nueve meses para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En Chile, Gabriel Boric, en su primer año de mandato, tuvo dificultades para poner en práctica las ideas que defendió en la campaña electoral. El campo progresista y de izquierda todavía procesa la derrota en el proyecto de la Constituyente, mientras el Gobierno adopta medidas similares a sus antecesores en varios temas, como la represión al pueblo mapuche y una política exterior orientada a la derecha en el tablero continental.

Paraguay, en los últimos meses, ha presentado un escenario político movido por las disputas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Las elecciones internas del 18 de diciembre dejaron como principales resultados el triunfo del sector de Horacio Cartes en la ANR-Partido Colorado. El expresidente será el titular del partido y su candidato Santi Peña será el candidato presidencial en las elecciones del 30 de abril de 2023. Efraín Alegre será el candidato del PLRA y de la Concertación. La coyuntura está atravesada por casos de corrupción que implican al poder político y judicial con el narcotráfico. Otros temas del debate político fueron las negociaciones sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y la política de precios de la energía vendida a Brasil.

En Uruguay, en medio de casos de corrupción —entre ellos el escándalo por el llamado «caso Astesiano»: el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou fue detenido en septiembre tras descubrirse que coordinaba una organización criminal—, el Gobierno avanza en sus reformas neoliberales. La pauta principal es la Reforma a la Seguridad Social, el proyecto eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años y es rechazado por la central sindical.

Por la zona andina, resaltan los intentos conservadores en Perú por desestabilizar al primer gobierno de corte progresista luego de décadas de neoliberalismo, que finalmente logró avanzar en un golpe de Estado parlamentario contra el presidente legítimamente electo. La actual crisis es el punto máximo de la histórica crisis política e institucional que caracteriza al país y que se había profundizado desde la llegada de Pedro Castillo a la presidencia.

Castillo, ante los intentos desestabilizadores de los grupos más conservadores, había empezado a hacer algunas concesiones a la derecha, desoyendo a los sectores populares que lo llevaron al gobierno. En ese marco, realizó el anuncio de cierre del Congreso, argumento que utilizó el golpismo para detenerlo y avanzar con su destitución. Desde el mismo día, en campos y ciudades han habido inmensas movilizaciones en exigencia de su libertad, así como de convocatoria a nuevas elecciones generales, y de una Asamblea Constituyente que entierre la constitución neoliberal. Esta dictadura parlamentaria, como la denominan los movimientos sociales, ha desatado una ola de criminalización, persecución y asesinatos producto de la militarización del país ordenada por la ahora presidenta —sin ningún tipo de legitimidad— Dina Boluarte.

La estabilidad económica de Bolivia permitió, de alguna manera, neutralizar los posibles efectos del Paro realizado en Santa Cruz también por parte de grupos conservadores. Mientras Colombia sigue consolidando su lugar como gobierno progresista en la región, Venezuela ha encontrado este año un alivio económico e institucional que permite pensar un 2023 con la continuidad del chavismo como proyecto nacional.

En la región mesoamericana, resalta en 2022 la cuestión migratoria. Los problemas relacionados con las migraciones acompañan a la región desde hace décadas, pero se han agravado con la crisis de la COVID-19, la guerra en Ucrania y las políticas antiinmigración adoptadas por Trump y Biden. Además, los países deben hacer frente a otros graves problemas internos. El incremento de la presencia de pandillas y bandas de crimen organizado en países como Honduras y El Salvador llevó a sus respectivos gobiernos a tomar medidas de excepción en los últimos meses y aumentar la presencia policial. En el caso de El Salvador, hay un acuerdo implícito entre el presidente Bukele y algunas pandillas. En Honduras, por su parte, la presidenta Xiomara Castro anunció un plan de seguridad para hacer frente al aumento de la criminalidad y del delito de extorsión en el país. En el período del Partido Nacional, que gobernó el país durante 12 años, se produjo una estructuración de las relaciones entre el gobierno y los criminales, dejando un legado no deseado para el gobierno de Castro y el pueblo salvadoreño.

En México,  a pesar de algunas dificultades, el proyecto de la cuarta transformación (4T) avanza. La reforma política, como deseaba inicialmente el Gobierno, no fue aprobada, al no contar con los votos necesarios del Parlamento. Ante esto, AMLO logró que fueran aprobados otros cambios políticos importantes que solo necesitaban mayoría simple. Guatemala vive un proceso de fragmentación política en el que parte de la población se moviliza contra el gobierno de Giammattei. El país también está a la espera de nuevas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en 2023.

El Gobierno y los empresarios no son capaces de dar una respuesta satisfactoria al pueblo panameño. Las manifestaciones del mes de junio, como consecuencia del alza en el precio de los alimentos y la energía, hasta ahora no han tenido respuesta. En Nicaragua. la fuerza del sandinismo se ha expresado una vez más. Ahora, en las elecciones municipales de noviembre alcanza el 70 por ciento de los votos.

Del Caribe insular, cabe destacar la profundización de la crisis en Haití, en el marco de la cual Estados Unidos y Canadá están debatiendo distintas formas de intervención. La situación es de extrema violencia por parte de los grupos criminales organizados, pero también incluye las consecuencias del aumento del combustible, el incremento en los casos de cólera que ya ha producido más de 200 muertes (la mayoría niños y niñas) y represión por parte del gobierno a las protestas populares, además de una nueva masacre por parte de pandillas donde fueron asesinadas doce personas y varias casas incendiadas.

Mientras Cuba sigue avanzando en sus distintas reformas derivadas de la Constitución de 2019, en las islas que siguen bajo monarquía británica siguen presentes las ideas de reemplazar el sistema por uno republicano.

América Latina y el Caribe sigue siendo una región en disputa. Es posible decir que con la derrota de Bolsonaro ha caído el último gobierno de extrema derecha que quedaba en la región, ante el ascenso institucional de fuerzas progresistas. Sin embargo, hemos visto también la consolidación de estas fuerzas que lograron acumular una cantidad de votos y un apoyo popular que no había sido visto hasta el momento, en sintonía con movimientos similares en otras latitudes.

La avanzada de las fuerzas conservadoras y neoliberales no se ha hecho esperar en varios de los países en los que parecían haber perdido poder o espacios institucionales. Tanto en Chile como en Perú han logrado poner frenos a los gobiernos progresistas así como en Argentina lograron una condena histórica de la referente política más popular de las últimas décadas.

Sin olvidar un estricto control de los resortes militares, la política de EE. UU. está orientada a reconstruir un dominio del poder blando —en este momento resulta clave la articulación entre los ámbitos político, mediático y judicial— para sostener los lazos con un continente que en los últimos dos años dio un giro institucional a la izquierda.

Un campo de izquierda que de todos modos muestra un panorama fragmentado, con potencialidades en la rearticulación pero no exentos de debilidades e incluso con políticos progresistas que parecen haber defraudado sus promesas de campaña.

De cara a 2023, un debate central que continuará al tope de los debates será el relacionado con los procesos de integración y particularmente, la posibilidad de que el liderazgo de Brasil, en la nueva etapa, contribuya al reimpulso de organismos como Mercosur, Unasur y CELAC.

Los movimientos sociales y organizados son los que finalmente darán sustento a las políticas populares que intenten aplicar los gobiernos y son los que, por otra parte, marcarán la resistencia a las políticas de ajuste neoliberal y de persecución conservadora a líderes progresistas.

Panorama general: La dinámica de la crisis civilizatoria y sus novedades en el último tercio del año

Presente y futuro de la crisis civilizatoria

 A lo largo de este año hemos examinado las principales características que fue asumiendo, bajo el impacto de la pandemia y la guerra, la dinámica de una crisis global y sistémica  que es propia del despliegue de esta fase neoliberal del capitalismo. Bautizada como “crisis civilizatoria” o “crisis de la civilización dominante”, entre otras nominaciones, se trata de una serie de crisis en diferentes dimensiones de la vida social (en lo económico, lo social, lo democrático, etc.) articuladas e interrelacionadas. Resulta tanta su extensión y magnitud que incluso los organismos financieros internacionales reconocen hoy su existencia y despliegan diferentes estrategias sistémicas frente a la misma.

Así, el propio Banco Mundial en su último Informe Anual 2022 señala estas “múltiples crisis superpuestas” orientando su atención a “ayudar a los países” a, según dice, “adaptarse” a este “mundo cambiante”. En esta dirección, postula un escenario para el 2030 con hasta dos tercios de la humanidad en situación de pobreza extrema viviendo en “países afectados por fragilidad, conflicto y violencia”, poniendo de relieve “lo rápido que puede empeorar la situación, lo que generaría el desplazamiento de millones de personas”; una crisis que se entrecruza “con los riesgos a largo plazo que plantea el cambio en el clima” que “podría empujar a hasta 132 millones de personas más a la pobreza extrema… y para 2050 también podría causar el desplazamiento de más de 216 millones de personas dentro de los países en desarrollo”. Es sobre este escenario catastrófico, producto de sus ingentes beneficios, que intervienen y planifican los centros del poder mundial.

Asimismo, la CEPAL ha señalado que “una sucesión ininterrumpida de crisis que han puesto en cuestionamiento a la globalización” donde “la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania” agudizó “las crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera mundial de 2008, las tensiones económicas entre los Estados  Unidos y Europa, por una parte, y China, por otra, y la pandemia de enfermedad por coronavirus”. Sobre ello, el examen de lo acontecido este último tercio del año permite señalar las siguientes cuestiones y perspectivas.

Actualidad y perspectivas de la desaceleración económica

“Actualmente nos enfrentamos a un panorama económico muy difícil. Nuestro escenario central no es una recesión global, sino una desaceleración significativa del crecimiento de la economía mundial en 2023, así como una inflación aún alta, aunque decreciente, en muchos países. Los riesgos siguen siendo significativos” señala el último Informe “Perspectivas económicas” de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de noviembre de 2022, titulado justamente “Afrontar la crisis”. En el mismo, la OCDE pronostica que el crecimiento mundial disminuirá al 2,2 % en 2023 y se recuperará a un relativamente modesto 2,7 % en 2024, siendo Asia el principal motor de crecimiento mientras que Europa, Norteamérica y América del Sur verían un crecimiento muy bajo. Frente a “estos tiempos difíciles e inciertos, la política tiene una vez más un papel crucial que desempeñar”, señala, e insiste en la adopción de medidas ortodoxas en el control inflacionario y del gasto público, lo que solo serviría para agravar la situación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea un escenario similar para la región, tras la expansión del 6,5% del PIB en 2021, estimando para 2022 un crecimiento del 3,2% y de sólo 1,4% para 2023.

Mayor desigualdad social y pobreza

En su último informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, la CEPAL reconoce que “desde 2015 se observaba en la región un deterioro en los niveles de bienestar, un estancamiento en los avances de los logros educativos y una leve alza de la pobreza”. La institución plantea que “la pandemia de COVID-19 generó una crisis social significativa que se ha prolongado por tercer año” y que, “pese a que se espera el fin de la pandemia, la región no ha logrado avanzar hacia la recuperación tras sus impactos sociales y retornar a los niveles de 2019 anteriores al inicio de la pandemia”. En relación con ello, estima que la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentará 0,2 puntos porcentuales en 2022, lo que representa un incremento de 1,8 millones de personas. Es decir que la pobreza extrema podría alcanzar un total de 81,8 millones de personas, con mayor incidencia en las zonas rurales que en las urbanas. Ciertamente, de no variar las políticas económicas y sociales, la desaceleración del crecimiento económico para 2023 no hará más que incrementar la pauperización y la desigualdad social, en un contexto que —según alerta el informe de la CEPAL— “puede llevar a la región a un nuevo retroceso en su desarrollo social y a un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político”.

Después del precio récord de los alimentos de mediados de año, su disminución aún los ubica por encima de la media de los últimos años

Una consecuencia particular de la actual situación social y económica —agravada por el alza del precio de los alimentos de este último año— es el agravamiento de la cuestión alimentaria. En esta dirección, el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), medido en términos reales, subió 64 puntos entre junio de 2020 y marzo de 2022; alcanzó su máximo nivel histórico (de 156,3 puntos) en ese último mes y, aunque disminuyó en el segundo semestre, se mantiene en un nivel más alto que los máximos de las décadas pasadas. Frente a ello, el último Informe de diciembre de 2022 preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé “para la temporada 2022/2023 una reducción de la producción mundial de maíz del 3,7%, más intensa que la observada en el momento más duro de la pandemia” mientras que “la producción mundial de trigo, a su vez, debería aumentar ligeramente” aunque “los choques climáticos pueden mermar una producción mundial ya afectada por la guerra”. Estas perspectivas impactarán negativamente en la región, en la cual la gran mayoría de los países son importadores netos de cereales (26 países altamente dependientes de las importaciones de trigo, mientras que 13 tienen alta dependencia de las importaciones de maíz) y donde solo la Argentina es exportador neto de la mayoría de los productos agropecuarios, mientras que el Caribe es importadora neta de prácticamente todos ellos. Por otra parte, el alto valor de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados —cuyos precios alcanzaron niveles máximos en abril de 2022 y, aunque disminuyeron en los últimos meses, siguen siendo altos— han sumado un nuevo elemento a la crisis y cuestionamientos al modelo del agronegocio tan extendido en la región y de tantas regresivas consecuencias sociales y ambientales. Un nuevo indicador sobre la urgencia y oportunidad para los cultivos agroecológicos, como se señala en el último Cuaderno del Colectivo Socioambiental.

Los efectos actuales del cambio climático y los decepcionantes resultados de la COP 27

En el informe de abril de 2022 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) —la tercera y última parte del VI Informe del Grupo de Trabajo III sobre Mitigación del Cambio Climático del IPCC— se alertaba ya que durante el período 2010-2019, las emisiones de gases de efecto invernadero medias anuales a escala global se habían situado en los niveles más altos de la historia de la humanidad y que si no se lograban fuertes reducciones en estas emisiones de forma inmediata en todos los sectores económicos, limitar el calentamiento global a 1,5 °C estaría fuera del alcance. La amenaza de un futuro sombrío, en un presente que ya está signado por el avance de los efectos del cambio climático: por ejemplo, en la ola de calor que sacude sobre el fin del año al hemisferio sur, con sus consecuencias de incendios y sequías.

En este contexto, el resultado de la COP 27 (Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático) realizada en noviembre en la localidad egipcia de Sharm el Sheij resultó por demás decepcionante. En este balance, el logro destacable de la conferencia apunta al acuerdo para proporcionar financiación por «pérdidas y daños» a los llamados “países vulnerables” duramente afectados por los desastres climáticos. Pero este reconocimiento de la necesidad de ayudar a los pueblos más castigados por los efectos próximos que acarreará el proceso actual del cambio del clima se empequeñece con la ratificación del objetivo de limitar el incremento de la temperatura mundial en 2030 a 1,5℃ —tal como fuera acordado en la COP 21 de París— pero sin mencionar planes ni compromisos efectivos algunos para alcanzarlo.

La centralidad de la adaptación al cambio climático en desmedro de las políticas de mitigación plantean un escenario extremadamente preocupante. En la misma peligrosa dirección, tras los compromisos anunciados con bombos y platillos en la COP 26 anterior, el contexto actual de crisis energética que sufre particularmente Europa ha impulsado la reactivación del uso del carbón —extremadamente contaminante— y del consumo hogareño de leña para la generación eléctrica y para la calefacción. Asimismo, en este mismo contexto, se promueve un nuevo ciclo de expansión de las llamadas “energías extremas” (los combustibles no convencionales como el de Vaca Muerta en el sur de Argentina o la explotación offshore) y el desarrollo de proyectos vinculados a las energías renovables (como la explotación del litio en el triángulo compartido entre Chile, Argentina y Bolivia; o del hidrógeno verde en diferentes países de América del Sur) bajo control corporativo trasnacional que intenta reeditar el antiguo saqueo de los bienes naturales, ahora para contribuir a la transición energética en el Norte.

Nueva ola de COVID: ¿la pandemia permanente?

Durante las últimas semanas de noviembre y principios de diciembre se reportó un incremento de las tasas de contagio del COVID-19 en diferentes regiones del mundo, desde China a Europa e incluyendo distintos países de América Latina y el Caribe. Sobre ello, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon que la razón principal de este aumento se debe a la rápida propagación de las variantes BA.4 y BA.5 de la cepa Omicrón, que resultan más contagiosas aunque sin incrementar significativamente la tasa de mortalidad. En esta dirección, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) enfatizó que «la pandemia no ha terminado» y pidió reforzar la vacunación; por otra parte, la adopción de medidas de cuarentena en China desató importantes protestas en distintos centros urbanos.

En un escenario global de guerra y neofascismos: desestabilización y golpes suaves contra la nueva ola progresista en Nuestra América

En nuestro primer informe de 2022 señalábamos que la guerra se proyectó al interior de nuestros países bajo otra forma, esta vez interna: la de la ofensiva de los productores y exportadores de los bienes comunes naturales para apropiarse de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva situación global, en detrimento de la mayoría social y, en particular, de los sectores populares.

En nuestro segundo informe del año examinábamos cómo la intervención violenta, autoritaria e incluso neofascista de los sectores dominantes volvía a estar en el centro de la escena política y social de la región, con la violencia descargada sobre el pueblo haitiano para ahogar el ciclo de luchas; las amenazas de Bolsonaro de desconocer el resultado electoral en Brasil; los vientos repetidos de golpe cívico en Bolivia; las reiteradas tentativas de desestabilización y destitución del presidente Castillo en Perú; los intentos de asesinato y amenazas sufridos por Petro en Colombia antes y después de ganar las elecciones; el intento de magnicidio de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, felizmente fallido. La avaricia sin límites del poder económico concentrado, el control mafioso de las instituciones estatales, la acentuación de la desigualdad social como caldo de cultivo de la violencia y los neofascismos, algunos de los factores que corporeizan y dan fuerza a esta ofensiva conservadora. En este contexto, si la derrota electoral de Bolsonaro en Brasil —aún con  la consolidación de la representación bolsonaristas en el parlamento y gobiernos estaduales que examinamos en las páginas siguientes— representó un golpe a la salida fascista frente a la crisis; la injusta condena judicial por administración fraudulenta en primera instancia a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner —expresión del lawfare— y la destitución y apresamiento del presidente peruano Castillo bajo el imperio de un golpe parlamentario marcaron, en este periodo, la relativa efectividad de los golpes a esta última ola de gobiernos progresistas en Nuestra América. Este, y los otros aspectos de la crisis mencionados anteriormente, dan cuenta de los significativos desafíos que afrontan, de cara al 2023, los pueblos y los movimientos populares de Nuestra América.

Cono Sur: el retorno de Lula en un tenso panorama regional

El principal destaque del cuatrimestre en Brasil fue la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en las elecciones presidenciales. Si bien el número de votos por Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), fue superior a lo que pronosticaban las encuestas, los votos por Lula y su victoria fueron el escenario señalado por los principales institutos, que fue destacado en nuestros informes de coyuntura. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos, frente al 49,10% de Bolsonaro. La candidatura de Lula se configuró en un frente amplio, que reunió a diferentes sectores de la sociedad, desde partidos de izquierda del PT, así como partidos y figuras públicas del espectro político de centroderecha y derecha. Esta alianza contra Bolsonaro y la fuerza de la figura de Lula en la sociedad brasileña aseguraron el récord de votos recibidos por un candidato en Brasil: Lula obtuvo más de 60 millones de votos.

Si, por un lado, millones de simpatizantes de Lula salieron a las calles para celebrar, muchos simpatizantes de Bolsonaro, el mismo 30 de octubre, ocuparon calles y carreteras de todo el país, contra el resultado electoral. Algunas semanas después, muchos manifestantes se dirigieron también al frente de los cuarteles para pedir una intervención militar. El carácter de las manifestaciones era antidemocrático y acusaban de fraude a las máquinas de votación electrónica. Todas estas manifestaciones persisten hasta hoy, pero han ido perdiendo fuerza, en gran medida por la actuación del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, quien presionó a la Policía Federal de Carreteras (PRF) para que tomara medidas contra las manifestaciones que atacaron el estado de derecho en Brasil. Alexandre de Moraes también actuó contra un movimiento institucional que cuestionaba las máquinas de votación electrónica. Este movimiento fue el pedido del Partido Liberal (PL) de anulación de votos, alegando que las urnas estaban amañadas. En respuesta, Alexandre de Moraes multó al partido con BRL 22,9 millones por ser una acción abusiva y no haber presentado ninguna prueba para justificar tal solicitud.

En medio del escenario de cuestionamiento de las elecciones por seguidores fanáticos de Bolsonaro, el 12 de diciembre, Lula fue certificado como nuevo presidente, marcando el final del proceso electoral. Los medios nunca habían prestado tanta atención a un proceso de entrega de diploma a un presidente en la historia de Brasil. La posesión, un evento que siempre es el más esperado y comentado, tendrá lugar el 1° de enero de 2023.

La derrota de Bolsonaro en las urnas representa una derrota para la extrema derecha en Brasil, en la región de América Latina y el Caribe y en el mundo. Sin embargo, vale la pena señalar que de los 27 gobernadores electos, 14 apoyaron a Bolsonaro, 11 a Lula y 2 se mantuvieron neutrales. En la legislatura, se renovaba un tercio del Senado, en la que estaban en juego la elección de 27 parlamentarios. De estos, 16 expresaron su apoyo a Bolsonaro, 8 a Lula y 3 no se manifestaron. En la Cámara de Diputados estaban en juego los 513 escaños, de los cuales 188 fueron para diputados de partidos que apoyaron a Bolsonaro en la primera vuelta, 122 de partidos que apoyaron a Lula y 203 de diputados que no apoyaron a ninguno de los dos candidatos.

La mayoría de los diputados y senadores electos no son partidarios de Lula. Este es uno de los desafíos del próximo gobierno, el de gobernar frente a una mayoría parlamentaria que no es su aliada. Además, la coyuntura económica internacional, la política fiscal de ajustar el gasto público y el presupuesto para 2023 plantean otros desafíos. Estos temas fueron debatidos en el Cuaderno Entre la esperanza y los desafíos: perspectivas para el tercer gobierno de Lula, que editamos recientemente desde el Observatorio de América Latina (OBSAL) del Instituto Tricontinental..

En informes anteriores destacamos la gravedad de la situación socioeconómica del país. Las tareas pendientes en este sentido son muchas. El país vive con 33 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa. El presupuesto para 2023 lo está formando el actual gobierno de Bolsonaro y hay muchos vacíos, en los que no se previeron fondos para las áreas de salud, educación, asistencia social, vivienda, entre otros, y para importantes programas, como Farmacia Popular, creado en la primera administración de Lula, que puso a disposición medicamentos gratuitos o casi totalmente subsidiados. Como una forma de enfrentar el problema presupuestario y el actual régimen fiscal, el equipo de transición del nuevo gobierno, instalado el 8 de noviembre, propuso la aprobación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de R$ 145 mil millones fuera del tope para los próximos dos años. El objetivo es garantizar el pago mensual de R$ 600 del Auxilio Brasil, que volverá a llamarse Bolsa Familia, e inversiones en otras áreas y programas, como la garantía de valorización real del salario mínimo. La propuesta inicial del nuevo gobierno era que se garantizara por cuatro años, pero el Senado ha aprobado por dos años y las negociaciones todavía acontecen en la Cámara. Paralelamente, el partido Rede Sustentabilidade ha presentado una solicitud al Supremo Tribunal Federal (STF) para que se garantice el gasto en Bolsa Familia como parte del presupuesto, a través de créditos extraordinarios, que fue aprobada por el ministro Gilmar Mendes el 19 de diciembre. De este modo, se garantiza el pago del Bolsa Familia, sin necesidad de negociar con el poder legislativo. El mismo día, 19 de diciembre, el STF definió el presupuesto secreto como inconstitucional. Ambas decisiones debilitan el poder de chantaje de los congresistas aliados a Bolsonaro, especialmente el presidente de la Cámara Arthur Lira.

El gobierno de Bolsonaro y su proyecto destructivo están llegando a su fin. Eso no significa que el próximo gobierno de Lula vaya a tener una vida fácil. Además de poner en práctica los objetivos de su programa de gobierno, que prevé la lucha contra el hambre y la desigualdad, deberá atender los intereses de las clases dominantes, muchas de las cuales apoyaron su candidatura. Tendrá que soportar la presión de los principales medios de comunicación y todos los voceros del mercado financiero haciendo terrorismo mediático ante cualquier intento del nuevo gobierno de realizar inversiones fuera del techo de gasto con fines sociales. Vale la pena señalar que no hay otro país en el mundo que adopte un régimen fiscal que asfixie la inversión pública como actualmente lo hace Brasil. El lema ahora es reconstruir Brasil, después de cuatro años de destrucción. Por lo tanto, es urgente pensar en una política fiscal que tenga en cuenta al pueblo brasileño en el presupuesto y para eso será necesario enfrentar y desenmascarar el discurso del mercado contra las inversiones públicas en el día a día.

Este panorama de expectativas contrasta con la situación de todos los demás países de la subregión, aunque con todos ellos mantiene elementos comunes en relación con un grado alto de polarización política e incertidumbre de cara al futuro inmediato.

En Argentina, durante la última parte del año, las expectativas, los sufrimientos y las alegrías de la gran mayoría de la población estuvieron marcadas por lo que pasaba en el Mundial de fútbol en Qatar, pero esto no paralizó la dinámica intensa que siempre atraviesa a la política de este país. Los hechos más destacados tuvieron como protagonistas a integrantes del desprestigiado Poder Judicial, que salvo unas pocas excepciones se esfuerza en mostrarse como una verdadera casta con privilegios, superpoderes y una intervención cada vez más abierta en la escena política.

A principios  de diciembre un tribunal de primera instancia condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión más inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, en un proceso plagado de irregularidades con el objetivo de golpear a la principal referenta del campo popular. Apenas unos días antes de esa decisión judicial, una filtración mostró con claridad los vínculos entre jueces, fiscales, medios de comunicación y políticos derechistas, quienes en octubre de este año viajaron a Lago Escondido, el territorio ocupado por el magnate inglés Joe Lewis en la Patagonia. Se trató de un viaje pagado por el Grupo Clarín que debía ser secreto pero tomó estado público; y a partir de ese momento los involucrados se articularon para influir en la Justicia y en los medios a través de todas las formas posibles de lobby, sin privarse de cometer varios delitos en el camino. Todo quedó grabado en un chat de Telegram, que deja a la vista la corrupción de estos supuestos paladines de la justicia, la libertad y las instituciones. Escenas explícitas de lawfare, uno de los mecanismos de la guerra híbrida que amenaza la democracia en toda la región.

A esto hay que sumarle los escasos avances en la investigación por el intento de magnicidio contra la propia expresidenta, que fue denunciada por su equipo jurídico ante los intentos por despegar de la causa a sectores vinculados a la derecha política.

La avanzada político judicial se da en un contexto de crisis económica para amplios sectores sociales. A pesar de que el gobierno destaca el crecimiento económico, la mayor parte del mismo es apropiada por los sectores de altos ingresos, mientras se despliega una ofensiva, mediática, judicial y política contra cualquier tipo de políticas de asistencia a los sectores de menores ingresos, a la que incluso se pliegan funcionarios del propio gobierno del Frente  de Todos, más preocupados por cumplir con el ajuste que exige el FMI que por el nivel de pobreza, que ya alcanza al 43% de la población. En esta lógica se inscribe el intento por golpear a los movimientos sociales bajo el argumento de irregularidades en el Plan Potenciar Trabajo, lo que fue desestimado ante la movilización popular.

Con un panorama signado por la ofensiva de los sectores más conservadores en todos los planos, se destaca el consenso entre las principales formaciones políticas respecto al tratamiento a dar a las comunidades mapuche: una vez más sufrieron la represión de las fuerzas federales.

Mientras tanto, por debajo, se multiplican los movimientos internos en el oficialismo y en la oposición, de cara a un 2023 con elecciones generales: presidenciales y legislativas a nivel nacional, ejecutivas y legislativas a nivel provincial y municipal.

En la oposición de derecha las peleas son múltiples, agudizadas por lo que perciben como una gran oportunidad, tras la decepción del gobierno de Alberto Fernández. Por un lado se encuentran el expresidente Mauricio Macri y su ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cercanos a su vez a figuras de ultraderecha como el autopercibido libertario Javier Milei. Este sector se posiciona con mayor virulencia contra el kirchnerismo y todo aquello que identifican como “populismo”. Por otro lado se encuentra el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que por momentos se muestra como un derechista moderado aunque sin dejar de hablarle a un electorado que consume en altas dosis un discurso de enorme violencia simbólica. Acaso para dar una prueba más de fe, en los últimos días del año Rodríguez Larreta peregrinó a Estados Unidos: allí se reunió con empresarios, legisladores bipartidistas y —en la sede del Pentágono— con el subsecretario de Defensa Dan Erikson.

En el Frente de Todos continúa la tensión entre diferentes sectores, en particular los referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, que exigen del gobierno de Alberto Fernández una política más popular, y aquellos que se muestran más cercanos al presidente o que —como el ministro de Economía Sergio Massa— amasan proyectos propios con excelentes relaciones con el establishment argentino y estadounidense.

Intentando jugar en todas las canastas aparece, como es habitual, la embajada norteamericana, que por momentos abandona toda simulación. Una de las pinturas del año es lo que sucedió durante la gala anual del Council of Americas, cuando el embajador Marc Stanley reclamó abiertamente un compromiso en torno a “consensos básicos”. «Hagan una coalición ahora; no esperen a la elección 2023», les pidió abiertamente Stanley a Massa y a Rodríguez Larreta, que lo escuchaban con atención. El viejo sueño de una estabilidad neoliberal asentada en un amplio consenso bipartidista, que sin dudas tiene partidarios en ambos espacios políticos, y un gran obstáculo: el extendido movimiento popular. Con su conocido poder de movilización, este deposita mayoritariamente sus expectativas en la posibilidad de una candidatura y por esa razón se puede observar en movilizaciones, declaraciones y pintadas una misma y breve consigna que lo dice casi todo: Cristina 2023. Luego de la condena, Fernández de Kirchner dijo que no sería candidata a nada en las próximas elecciones. Habrá que ver cómo se ordena este complejo tablero político en el próximo año. Es mucho lo que está en juego en este país clave para el devenir del Cono Sur, que a partir del 1º de enero tendrá en el gobierno del país más grande de América Latina a un viejo conocido: Luiz Inácio Lula Da Silva.

En Chile se cumplió un año del triunfo de Gabriel Boric en el balotaje frente al ultraderechista Jesé Antonio Kast y el panorama muestra un rápido paso de la expectativa a una creciente deslegitimación de las ideas de cambio expresadas mayoritariamente —aunque de forma ajustada— en esa elección. El año 2022 trajo el mayor golpe a las fuerzas progresistas y de izquierda, al triunfar el No en el plebiscito constitucional, sobre lo que dimos cuenta en nuestro informe de coyuntura anterior. A tres años del comienzo de la masiva insurrección identificada con la consigna #ChileDespertó, el panorama continúa mostrando una tendencia hacia el reforzamiento de las posiciones conservadoras. Esto se expresa por ejemplo en el debate sobre el nuevo órgano que tendrá la tarea de elaborar un nuevo proyecto de Constitución, tras el fracaso del proyecto mayoritario de la Convención Constituyente.

Más allá de que es claro que las consultoras también son parte del juego político y por lo tanto sus informes no son neutrales —es obvio que en sí mismas crean o consolidan “opinión pública”—, es interesante observar los datos que presenta CADEM en la encuesta publicada el 11 de diciembre. De acuerdo a este informe, “el 67% (+3pts) está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución, mientras 30% (-4%) está en desacuerdo”. Un dato que llama la atención y pareciera ser contradictorio es que el 59% cree que el órgano debería ser “una convención mixta, [formada por] convencionales electos y expertos frente a un 37% que prefiere una totalmente electa”. Pero si en el Congreso se acordara impulsar una convención mixta, de acuerdo al relevamiento de CADEM, el 41% está de acuerdo en que sean mitad expertos y mitad electos; un 33%, que la mayoría sean expertos y solo un 22% que la mayoría sean electos (lo cual contrasta con el 37% que preferiría que sea electa en su totalidad). Pese a las sospechas metodológicas, el debate sobre las características del órgano constituyente no lo inventa en este caso la consultora sino que forma parte del tironeo entre las fuerzas progresistas y los partidos políticos conservadores. Estos últimos —luego del plebiscito y la caída de imagen del gobierno de Boric— intentan garantizar la máxima de “cambiar para que nada cambie” y aspiran a que sea el propio Parlamento el que nombre a los “expertos”.

El mismo estudio de CADEM señala que Boric pareciera haber estabilizado la caída en la aprobación a su gestión en el último trimestre del año aunque en torno al 30% de apoyo y un 65% de rechazo, una cifra incluso peor al derrotero de Bachelet y Piñera en sus respectivos primeros nueve meses de gobierno.

Ante esta situación, el gobierno pareciera aferrarse al rumbo de la moderación conservadora. Muestras de ello son los frecuentes episodios de represión, en particular a las comunidades mapuche en el sur del país. A fines de noviembre, el Senado aprobó la prórroga del estado de excepción en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. Mientras crece la tensión y el gobierno asume una política similar a los gobiernos anteriores, otros indicadores dan cuenta de un “cambio de relato que nadie entiende”, al decir del alcalde de Recoleta Daniel Jadue. El dirigente del Partido Comunista, quien fuera rival de Boric en las primarias de la alianza Apruebo Dignidad, señaló en una entrevista con la Radio de la Universidad de Chile que “nuestro Gobierno y nuestra coalición ha tenido cambios significativos de opinión que la gente no solo no entiende sino que además no comparte y se siente defraudada, porque se dijo una cosa antes de las elecciones y lo que se hizo fue otra”. Entre los temas señalados por Jadue se encuentra la actitud tomada por el gobierno de Boric ante el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, tratado de liberalización comercial conocido como TPP-11 por sus siglas en inglés y porque sus miembros son once países del Pacífico. “La coalición del presidente votó en contra completo el TPP 11 por lo peligroso y lo nefasto que es para el desarrollo del país —declaró Jadue—. El presidente podría haberlo retirado [del parlamento] y dejó sencillamente que se aprobara porque hoy día hay un cambio de relato que nadie entiende”.

En Paraguay, continúa el proceso hacia las elecciones presidenciales del 30 de abril de 2023, en un marco de degradación institucional e intervención de EE. UU., como ya señalamos en el informe #18. El 18 de diciembre se realizaron las elecciones internas simultáneas en todos los partidos políticos. Además de elegir autoridades, la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado y los partidos que integran la Concertación por un Nuevo Paraguay eligieron sus candidaturas presidenciales. En el Partido Colorado, triunfó claramente el sector liderado por Horacio Cartes. El expresidente será el titular del partido y Santi Peña el candidato presidencial. En la Concertación la dupla ganadora fue la conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, que en líneas generales expresa una derecha moderada, con un discurso liberal, de defensa de las instituciones; y con buena llegada a los sectores de poder más concentrado. A nivel más general, la Concertación es un frente político heterogéneo, hegemonizado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y que cuenta con participación tanto de formaciones de derecha —como el Partido Patria Querida (PPQ)— como también de algunos partidos y referencias que integran el Frente Guasú (FG). Este es el caso de la senadora Esperanza Martínez, del Partido de Participacion Ciudadana, quien declinó su precandidatura a presidenta a mediados de 2022 y anunció que irá por un nuevo período legislativo. También del Partido País Solidario. Otros partidos del FG —como Tekojoja, Convergencia Socialista, Fuerza Común, Unidad Popular, entre otros– impulsan la alianza Nueva República, que lleva como candidato a presidente al experimentado político Euclides Acevedo —entre otros cargos, fue ministro del Interior (2019-2021) y canciller (2021-2022) del actual gobierno— y como candidato a vicepresidente a Jorge Querey, de Unidad Popular en el Frente Guasú. Querey es el médico personal del expresidente y actual senador Fernando Lugo, principal referente del FG, quien desde septiembre está internado en Argentina tras un accidente cerebrovascular sufrido en agosto. Pese a las tensiones, al menos por el momento no se ha llegado a una fragmentación total del principal espacio de la izquierda paraguaya, que en el plano legislativo impulsa una lista unificada junto a otros espacios de izquierda bajo la identidad de Frente Guasú Ñemongeta. Además de estos tres espacios, que al día de hoy aparecen con mayor estructura para llegar a la presidencia, también se encuentran lanzadas las candidaturas del exarquero José Luis Chilavert y de Paraguayo Cubas, exsenador que fue destituido del cargo en 2019 bajo el cargo de “uso indebido de influencias” luego de protagonizar algunos hechos de violencia. Ambos candidatos se encuentran en el espectro de la derecha política. El cronograma político fue empañado por un incendio en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en Asunción, ocurrido a fines de sept​​iembre, en el que resultaron destruidas más de ocho mil máquinas electrónicas de votación. Si bien el hecho levantó muchas suspicacias, en particular en la oposición, los informes oficiales descartaron que se tratara de un acto intencional.

La complejidad del panorama electoral se repite en algunos temas que cruzan transversalmente la agenda política de Paraguay. Entre los temas más debatidos en la última parte del año se encuentra la iniciativa por parte del ala cartista y el Partido Patria Querida en la Cámara de Diputados para derogar un convenio del Ministerio de Educación con la Unión Europea destinado a proveer de útiles y merienda a niños y niñas en las escuelas. Esto se da en el marco de una ofensiva mediática de sectores conservadores contra la “ideología de género”. Al interior del Frente Guasú predomina la idea de que se trata de un tema instalado por el cartismo para golpear al gobierno y al mismo tiempo contribuir a la fragmentación de la oposición, en un panorama político repleto de contradicciones internas en los diferentes espacios.

Las disputas políticas se dan en un contexto muy particular en Paraguay. En el último año han crecido los hechos públicos que denotan una severa crisis institucional, con hechos espectaculares desarrollados por el crimen organizado, en especial los grupos narco —los más destacados: el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, y los frecuentes envíos masivos de drogas a Europa desde Paraguay—, y con fuertes evidencias de complicidad del poder político y judicial en hechos delictivos. En octubre, luego de presentar el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, el senador Jorge Querey declaró que en el país existe “un corredor logístico de la criminalidad internacional» y vinculó al expresidente Horacio Cartes con el contrabando de cigarrillos. Los presuntos negocios ilegales de Cartes son un secreto a voces en la política y la sociedad paraguaya. El documento, que tiene 875 páginas, menciona la participación de empresarios y militares en diferentes delitos, así como la inacción del Poder Judicial. En un ítem significativo a nivel regional, también sostiene que Paraguay es un mercado de tránsito del narcotráfico y que existe un “bajo nivel de control y vigilancia” que “obviamente facilita el libre tránsito de la cocaína por la hidrovía que va por el Río de la Plata y luego se dirige principalmente a Europa y África”. Por otro lado, añade el documento que “Paraguay por su débil institucionalidad y bajo nivel de control de las autoridades, también se convirtió en un lugar atractivo para los delitos de lavado de dinero, tanto para la utilización del sistema financiero o para ocultar el origen verdadero de los fondos”.

Además de su utilización con fines delictivos, la política del gobierno paraguayo respecto a la denominada Hidrovía Paraguay – Paraná comenzó a ser objeto de controversia y preocupación por parte de sus vecinos. En septiembre, la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco (Argentina) aprobó un proyecto de resolución por medio del cual expresa “preocupación por la introducción de inversión financiera de Estados Unidos en la Hidrovía Paraná-Paraguay y [la] presencia militar norteamericana en el tramo paraguayo”. De acuerdo al proyecto, esto “amenaza directamente a los intereses económicos” de Argentina “por la implicancia del control del territorio y de los capitales que la elaboración de un Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay pueda significar para la región”. Además, la Cámara resalta que “el interés geopolítico por la hidrovía y la triple frontera por parte de las autoridades estadounidenses pone en peligro estrategias de comunicación, económicas y políticas del país y la región con el resto del mundo”.

Otro de los temas clave para Paraguay y el Cono Sur es la represa Itaipú, que comparte con Brasil. En los últimos años el gobierno de Abdo ha recibido fuertes críticas por parte de sectores que defienden la soberanía energética del país, nucleados en la Campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional» y en la Campaña “Itaipú es también soberanía”. Desde estos espacios se plantea que el gobierno es cómplice en la venta de energía barata a Brasil. En 2023 se debería renegociar el Anexo C del convenio y la asunción de Lula como presidente plantea expectativas positivas en el sentido de un acuerdo más justo para Paraguay.

Con las elecciones generales en puerta, al final del próximo cuatrimestre, junto a otros reacomodamientos en el continente, el 2023 seguramente traerá novedades en varios de los planos que comentamos brevemente en este informe.

En Uruguay, el tema excluyente en el escenario político es el escándalo por el llamado “caso Astesiano”: el ex custodio del presidente Luis Lacalle Pou fue detenido en septiembre luego que se descubriera que coordinaba una organización criminal dedicada a la falsificación de pasaportes. En el momento de la detención, el presidente se mostró sorprendido y dijo que Astesiano no tenía antecedentes que le hicieran sospechar sobre eventuales irregularidades. Sin embargo, rápidamente se conoció que el custodio tenía al menos veinte indagatorias policiales por diversos delitos, como hurto, estafa y apropiación indebida. Con el correr de las semanas, el estupor aumentó al sumarse otros delitos, entre los que se incluyen el espionaje a senadores y empresarios.

El caso involucra a al menos dos ciudadanos rusos, que fueron detenidos, a policías, militares, funcionarios públicos y también a una empresa de “seguridad e investigaciones” con sede en el estado de Florida, EE. UU. En relación con esta última parece abrirse una caja de sorpresas que aún no termina. Según trascendió, el espionaje fue realizado sobre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, del Frente Amplio, con el objeto de extorsionarlos. Ambos senadores habían denunciado al gobierno por irregularidades en la extensión —hasta 2081— de la concesión del Puerto de Montevideo, a favor de la empresa de origen belga Katoen Natie. Según un artículo de La Diaria, un militar retirado uruguayo, que figura como gerente de la compañía, hizo el pedido dos semanas después de que ambos legisladores ampliaron la demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del puerto. “A ver la info que necesito de ellos  [los senadores] es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”, fundamentó su pedido el exoficial del Ejército, en una comunicación con Astesiano. “Biennn. Tranqui” les contesta este. De acuerdo a los chats a los que accedió el medio, en agosto Astesiano recibió una transferencia de dinero desde la empresa radicada en Boca Ratón y en cuya propiedad participan al menos dos ex militares uruguayos. Además, en otras comunicaciones le realizan a Astesiano otros pedidos, como información sobre la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional y de aviones para la Fuerza Aérea y hasta detalles de reuniones del presidente Lacalle con empresarios internacionales.

La compañía se llama Vertical Skies y según su perfil en la red LinkedIn, es “una consultora global con más de treinta años de sólida reputación y experiencia de trabajo en más de cincuenta países” que cuenta entre cinco mil y diez mil empleados. “En Vertical Skies nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes —personalidades de alto perfil, familias, empresas y propietarios de viviendas— a construir entornos y organizaciones seguros, conformes y resistentes en una era de riesgos y conectividad en constante cambio”, aseguran desde la empresa. También afirman haber sido contratados “por las mayores empresas y organizaciones del mundo”, entre las que destacan al Ejército de EE.UU., Interpol, la Unión Europea, la OEA, Naciones Unidas y diferentes gobiernos, que no identifican. Como si fuera un texto paródico, en su presentación señalan que “seguridad, confianza y libertad son nuestros objetivos y estamos preparados para proteger sus activos y a nuestros clientes para prevenir situaciones imprevistas, planificar con antelación, asegurar sus valores y vivir con libertad. ¿Quién puede ser mejor que nosotros?”.

Con el avance de las investigaciones, surgieron nuevos vínculos entre la empresa de “seguridad” y el gobierno de Lacalle Pou, entre los que se destacan negocios de  equipamiento militar, software y cursos operativos para el cuerpo de custodia presidencial.

El otro tema que salpica al gobierno es el aval de la Cancillería uruguaya al narcotraficante Sebastián Marset, quien había sido detenido en Dubai con documentación paraguaya falsa. El abogado de Marset se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y luego el consulado uruguayo en Emiratos Árabes Unidos emitió una carta que resultó determinante para que fuera liberado. Pero antes, incluso estando en la cárcel, recibió efectivamente el pasaporte uruguayo. Una vez que fue liberado por la justicia de EAU, Marset desapareció. Entre otros cargos, se lo acusa de integrar un grupo narco internacional que opera en Paraguay y en ese contexto, de ser uno de los autores intelectuales del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia durante su luna de miel, en marzo de este año.  Al cierre de este informe, la viceministra Ache debió renunciar a su cargo.

Mientras estos escándalos se desarrollan, el gobierno de todas maneras intenta avanzar con su programa de reformas neoliberales. Entre ellas ocupa un lugar especial la Reforma a la Seguridad Social. El proyecto eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años y es rechazado por la central sindical. En una conferencia de prensa realizada a fines de octubre, el secretario general del PIT-CNT,  Marcelo Abdala, dijo que el presidente mintió en campaña, al asegurar que no se tocaría la edad jubilatoria. La oposición, nucleada en el Frente Amplio (FA), acordó rechazar en general el proyecto pero acompañar la votación de unos veinte artículos que evalúan favorables a los trabajadores y al sostenimiento del Banco de Previsión Social. En su declaración, el FA señaló que la propuesta del gobierno es “una reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”. Entre las principales críticas se menciona que “no contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema, no toma en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación”. La articulación de espacios progresistas y de izquierda señala que “con esta reforma la mayoría de las personas van a tener que esperar trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos”. Al cierre de este informe, el gobierno espera que su tratamiento inicie en el Senado en los últimos días del año y se complete en Diputados en el primer semestre de 2023.

Con sinsabores y en medio de un golpe parlamentario, la región andina cierra el 2022

La serie de transformaciones que han protagonizado la región Andina desde 2021 movieron la coyuntura con triunfos y derrotas para los sectores populares, y con modificaciones en el mapa regional. Pareciera ser esta región uno de los principales escenarios de disputa entre las fuerzas neoliberales y conservadoras que pisaron fuerte durante décadas en países como Colombia o Perú, y las fuerzas progresistas o revolucionarias que en estos países tratan de impulsar proyectos populares que pongan un freno al avance del modelo neoliberal y sus dinámicas antidemocráticas en la región.

Así, en nuestro informe anterior ubicamos unos Andes esperanzados con la posesión de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, que —sumado al ciclo de recuperación económica de Bolivia y Venezuela— parecían presentar un buen escenario para la región: aunque inestable en el caso de Perú por los permanentes intentos de vacancia presidencial, aún se mantenía prendida una luz de esperanza para el primer gobierno de extracción popular, en este país andino de larga tradición neoliberal. Sin embargo, diciembre modificó este escenario, poniendo de nuevo la disputa más viva que nunca.

En numerosas ediciones, desde la llegada de Castillo a la presidencia en Perú fuimos enfatizando el asedio que desde el Congreso se le hacía a través de las figuras de negación del voto de confianza al gabinete por parte del Poder Legislativo, y de “vacancia presidencial”, ambas contempladas en la Constitución nacional, y permanentemente utilizadas contra varios presidentes durante los últimos seis años. Con este argumento, y con montajes judiciales orquestados por la oligarquía peruana de la mano de las patronales, los principales medios de comunicación y los sectores políticos aliados al fujimorismo, se intentó por todos los flancos avanzar contra el gobierno constitucional de Pedro Castillo.

Entre tanto, desde que asumió el cargo de presidente Castillo fue tomando una serie de decisiones ampliamente cuestionadas por los sectores populares que impulsaron su candidatura, y en particular criticadas por el partido que lo llevó como candidato presidencial. Perú Libre, con una crisis política interna que lo llevó a fragmentarse numerosas veces, planteó de forma reiterada que Castillo, asediado por estos mecanismos antidemocráticos, en lugar de refugiarse en los sectores que lo llevaron a la presidencia, de continuar con fuerza con importantes promesas de campaña como la Asamblea Constituyente —donde radica el problema institucional—, o de fortalecer el vínculo con las organizaciones sociales, decidió acercarse a sectores conservadores del país, y hacerles concesiones. Su objetivo era buscar alianzas tácticas que le permitieran calmar las aguas sobre la reiterada desconfianza por parte del Congreso hacia sus gabinetes —que modificó numerosas veces hasta lograr más de 75 diferentes nombres que pasaron por los ministerios—, o apaciguar los intentos de  votación para la vacancia presidencial, para tener un mínimo de gobernabilidad. Estos acercamientos lo llevaron inclusive a acercarse a la OEA en búsqueda de un respaldo institucional internacional.

El escenario, sin embargo, fue claro desde el inicio para diversos sectores: por su extracción social, y por el tipo de proyecto que según su campaña buscaba desarrollar en Perú, los sectores de poder no iban a permitirle ningún grado de gobernabilidad, más cuando en la Constitución nacional hay elementos que así lo permiten, razón por la que numerosos movimientos y organizaciones insistían permanentemente en que Castillo avanzara con el proyecto de Asamblea Constituyente para transformar la Carta Magna que era el nodo principal donde se encontraban no solo estos instrumentos antidemocráticos, sino que blindaban el desarrollo del modelo neoliberal bajo el cual fue redactada.

En ese contexto de asedio permanente y crisis sin salida, Pedro Castillo tomó la decisión unilateral —sin consultar a su gabinete ni a sectores sociales cercanos al gobierno— de anunciar el cierre del Congreso y el estado de excepción, el mismo día de la tercera votación en el Congreso por su vacancia, que según cálculos de la votación de los parlamentarios, no lograría obtener la mayoría, pero que después del anuncio de Castillo terminó inclinando la balanza para darle finalmente los votos necesarios y vacarlo del cargo de Presidente de la República.

Después de la detención del ya expresidente bajo los delitos de rebelión y conspiración, y su solicitud formal de asilo a México, se logró el tan anhelado golpe contra el gobierno de Castillo, y asumió el gobierno la vicepresidenta Dina Boluarte bajo la propuesta de “unidad nacional” con una tregua que permita algún grado de gobernabilidad en el país. Sin embargo, días después fue evidente el pacto que la entonces vicepresidenta tenía con el Congreso golpista y con los sectores de ultraderecha, impulsando una represión inédita en Perú contra las enormes movilizaciones que se han desarrollado en todo el país. Al cierre de esta edición, el saldo es de más de veinte personas asesinadas por las fuerzas militares y de seguridad en el país. Producto del ya conocido discurso del “terruqueo” (estigmatización de la militancia popular como “terrorista”) el proceso ha incluido persecución, criminalización y allanamientos ilegales a locales de organizaciones políticas como Nuevo Perú y la Conferencia Campesina del Perú, que han sido ocultados escandalosamente por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Las masivas movilizaciones de los sectores democráticos exigen de inmediato que cese la represión que la dictadura parlamentaria de Boluarte ha impulsado contra el pueblo, que el congreso renueve su mesa directiva y convoque de inmediato a elecciones generales y a la principal exigencia de las movilizaciones populares: un referendo constituyente que transforme por fin la constitución del país.

La situación humanitaria es crítica y los sectores populares del país exigen el cese de la usurpación de Duarte, así como la libertad de Pedro Castillo, a quien al día de hoy consideran un preso político, ya que los delitos por los que se lo acusa nunca se consumaron y quien aún no tiene una sentencia en su contra. En ese sentido, un grupo de países de la región, dentro de los que están Argentina, Colombia, México y Bolivia, emitieron una declaración de solidaridad con Perú en la que evidencian el asedio al gobierno de Castillo desde el día que asumió la presidencia, exigen una resolución democrática a la crisis y en especial, la restitución de los derechos de Pedro Castillo. A esta exigencia se sumaron también los gobiernos de Cuba, Venezuela y Honduras.

Es imposible no hacer una comparación de esta crisis política con los hechos sucedidos en Bolivia en 2019. A pesar del retorno de la democracia, la institucionalidad boliviana quedó debilitada y el clima político continúa tenso con permanentes amenazas golpistas en contra del gobierno del MAS-IPSP, a las que se suman importantes disputas dentro de los sectores mismos del gobierno, en especial entre el liderazgo de Evo Morales y el de David Choquehuanca. Sin embargo, a pesar de este escenario, Bolivia cierra el 2022 con una estabilidad económica que a pesar de las amenazas, no logró verse afectada del todo por el paro de Santa Cruz.

Durante el mes de noviembre los sectores del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, protagonizado por la Unión Juvenil Cruceñista y la propia gobernación de Camacho, impulsaron un paro regional de tres semanas rechazando la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, fijada por el gobierno para 2024, y pidiendo su realización en 2023, ya que los resultados del mismo serán claves para definir la distribución de recursos económicos que se otorgan en función del número de habitantes de cada departamento, y le permitirían a estos sectores de la oposición —y orquestadores del golpe de 2019— iniciar la preparación de la disputa electoral de 2025.

Camacho, y los diferentes sectores que impulsaron el paro en Santa Cruz, buscaron generar un escenario similar al del golpe en 2019, con manifestaciones violentas en las calles del departamento, pues representan a los sectores afectados por el proyecto de cambio del MAS, como son los terratenientes, y los grupos federalistas y separatistas. Sin embargo, organizaciones vinculadas al MAS cercaron Santa Cruz para evitar que el Paro se replicara más allá de los límites del departamento.

Por supuesto, la debilidad institucional no solo afecta a los gobiernos progresistas o antineoliberales. La crisis en Ecuador que hemos seguido durante el 2022 está marcada por una importante ola de violencia que se ha profundizado en los últimos meses, con una crisis carcelaria e importantes hechos de inseguridad que cierran el año con más de 3.700 muertes violentas, el doble de las que se presentaron en el mismo período en 2021.

Por parte del gobierno de Guillermo Lasso, quien cuenta según las últimas encuestas con solo 10% de aprobación de su gestión, se señala al crimen organizado y a las bandas vinculadas al narcotráfico, y se proponen soluciones superficiales que no apuntan a las causas profundas de la violencia en pobreza y desigualdad, sino que buscan mayores grados de violencia con la firma de convenios de cooperación sobre armas, explosivos y bases de datos compartidas con el gobierno de Estados Unidos, a lo que se suma la propuesta de sectores conservadores de liberar la compra de armas para la población bajo el argumento de la “protección”.

Como hemos mencionado en informes anteriores, uno de los principales problemas de esta escalada de violencia se presenta en los centros penitenciarios donde ha habido, además de disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico, grandes problemas vinculados con el hacinamiento y las condiciones inhumanas en las que viven las personas detenidas. En medio de esto se han desarrollado masacres, incineraciones contra personas detenidas y agentes policiales, explosiones en gasolineras, carros bombas y balaceras en los centros penitenciarios.

Como respuesta a esta situación, además de la solicitud de asistencia a la Casa Blanca, el gobierno de Lasso ha desarrollado una serie de toques de queda en el país, y propuso la realización para 2023 de una consulta popular “contra la narcodelincuencia y el crimen organizado”, donde se permiten modificaciones en materia de extradición y endurecimiento de las penas carcelarias, solución que llama la atención teniendo en cuenta la situación que mencionamos anteriormente en los centros penitenciarios.

En medio de esta crisis, y gracias a una medida cautelar, el expresidente Jorge Glass, detenido hace más de 5 años como parte del lawfare cometido contra la Revolución Ciudadana en el país, obtuvo finalmente su libertad. Sin embargo, el gobierno de Lasso busca adelantar la apelación a la decisión.

Afortunadamente, el panorama no es todo negativo, pues este 2022 cierra también con el fortalecimiento de dos países que años atrás protagonizaban escenarios de inestabilidad: Colombia después de cuatro meses de gobierno de Gustavo Petro ha dado un importante giro en materia internacional y nacional que parece cambiar los aires del país, y Venezuela ha consolidado su posición en el escenario global como un actor protagónico.

El rol que ha cumplido Gustavo Petro en sus intervenciones en Naciones Unidas y la pasada reunión de la COP 27 como mencionamos anteriormente, ubican al gobierno del Pacto Histórico como un líder regional en el posicionamiento en escenarios internacionales de temas vinculados con la soberanía y la responsabilidad en materia ambiental. En su importante intervención en la Asamblea de la ONU, Petro subrayó la importancia de que los países centrales asuman la responsabilidad en el desastre ambiental y reiteró su propuesta de condonación de la deuda externa de los países de la región a cambio de servicios ambientales y protección del Amazonas. De la misma forma, cuestionó nuevamente el desarrollo y las consecuencias de la “guerra contra las drogas” impulsada por EE. UU. en la región.

A esta agenda global se suma su visita a López Obrador en México, y la recepción a Kristinn Hrafnsson, editor de Wikileaks, quien desarrolló una gira en América Latina para conseguir apoyo en la campaña por la libertad del periodista Julian Assange. Como si fuera poco, resalta en términos de política exterior la consolidación de la apertura de la frontera con Venezuela y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países con la visita que hizo Gustavo Petro a Nicolas Maduro en el palacio de Miraflores. Allí consolidaron algunas iniciativas de unidad binacional, como la alianza de protección del Amazonas que llevaron a la COP 27, y allanaron el terreno para el reinicio de las negociaciones del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

Asimismo el gobierno de cambio ha avanzado en iniciativas de implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 como el punto de reforma rural integral, con el acuerdo para la compra de tres millones de hectáreas de tierra fértil a la Federación Nacional de Ganaderos —uno de los sectores más involucrados en los anteriores gobiernos del uribismo y señalado por su vinculación con los grupos paramilitares— para que puedan ser asignadas a familias campesinas víctimas de la violencia. En este punto se destaca la reciente convocatoria hecha por el gobierno a la Convención Nacional Campesina donde participaron más de 2500 campesinos/as organizados en movimientos sociales de todo el país.

Los principales retos siguen siendo en materia humanitaria, ya que a pesar del avance de importantes iniciativas, Petro no ha podido detener la violencia contra los liderazgos sociales en diferentes regiones del país, que siguen siendo víctimas del control territorial por parte de grupos paramilitares y bandas armadas.

Venezuela, por su parte, se acerca a los primeros diez años desde la muerte del comandante Hugo Chávez cerrando un triunfal 2022 en materia doméstica, económica y geopolítica. En materia económica, a partir del plan de recuperación y reactivación económica y la aprobación en 2021 de la Ley Antibloqueo, que facilitó las inversiones de capital y su protección de las medidas coercitivas unilaterales, Maduro pudo “equilibrar las fuerzas entre el sector privado y el Gobierno Bolivariano para involucrarlo a su agenda de recuperación económica sin que ello implicara algún tipo de capitulación política”, según el medio venezolano Misión Verdad.

A nivel nacional, el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra en el camino de fortalecer el PSUV como herramienta que garantice la continuidad del chavismo como proyecto nacional. En ese sentido, se proyecta la realización de elecciones internas del partido buscando que el mismo pase de una estructura solamente electoral a una estructura que “participe activamente en la planificación, ejecución, supervisión y control de las políticas de gobierno y del desarrollo del Plan de la Patria”. Por otra parte, el gobierno logró retomar las negociaciones con la oposición iniciadas en 2021 y suspendidas producto del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab. En este reinicio de negociaciones se acordó un plan de gastos humanitarios con los 2700 millones de dólares congelados en cuentas internacionales, producto del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, acuerdo ratificado posteriormente por la Asamblea Nacional.

La continuación de estas negociaciones ha cumplido un rol central también en esa reactivación económica y en el reposicionamiento a nivel geopolítico. En ese sentido se enmarca, por un lado, la excepción a las medidas coercitivas contra Venezuela con la autorización hecha por Estados Unidos a la empresa Chevron para que utilice las instalaciones que tiene en el país para para procesar crudo, y por otro lado, el acercamiento en el marco de la COP 27 de John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el cambio climático, Emmanuel Macron y otros líderes, quienes apenas un año atrás reconocían a Juan Guaidó como “presidente interino de Venezuela”.

Caribe insular: Haití cierra un turbulento 2022 mientras Cuba sigue ordenándose

La permanente crisis en Haití ha sido un elemento importante en todos nuestros informes este año. En alza desde 2018 y agravada desde el magnicidio en julio de 2021, en 2022 no ha hecho otra cosa que acrecentarse, en términos de violencia hacia el pueblo y también en lo económico y lo institucional.

Durante los últimos meses, la situación política y social ha llegado a su punto más alto, ya que el país está enfrentando una real amenaza de intervención militar extranjera solicitada por el presidente ilegítimo, Ariel Henry, al Consejo de Seguridad de la ONU.

Hay que recordar que las pasadas intervenciones de la ONU en el país produjeron miseria, violencia física, sexual, y numerosas enfermedades.

La situación es crítica: las pandillas siguen controlando gran parte de Puerto Príncipe, bloqueando una importante terminal de combustible, bien que sufrió un aumento del 128% exigido por el F.M.I; y como si eso fuera poco, un nuevo brote de cólera sobrevino luego de que la enfermedad —traída a la isla por los cascos azules de la ONU— se considerara controlada en el país por casi una década.

A fines de octubre fue asesinado el secretario general de la Agrupación de Demócratas Nacionales Progresistas, Éric Jean Baptiste, y la policía haitiana asesinó al séptimo periodista en lo que va del año. El gobierno de facto, que asumió el poder después del asesinato de Moïse, hasta el día de hoy no ha convocado a elecciones libres.

El pueblo haitiano, organizado y movilizado de manera masiva en campos y ciudades, exige la renuncia de Henry y rechaza los intentos de intervención que incluyen el envío de armamento por parte de Estados Unidos y Canadá.

Masivas manifestaciones se vienen sucediendo desde el pedido de Henry contra una posible intervención, pero también contra el asesinato de periodistas y militantes, el aumento de casos de cólera y el aumento de combustibles, cuyo abastecimiento ya ha sido reactivado luego de permanecer por dos meses interrumpido debido al bloqueo de la terminal principal por parte de pandillas. El gobierno no ha respondido con otra cosa más que represión.

Además, varias plataformas políticas expresaron su voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo que incluya a movimientos sociales, partidos políticos y funcionarios con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la crisis.

Mientras Estados Unidos y Canadá debaten el envío de tropas, a principios de noviembre, Estados Unidos anunció sanciones contra varios funcionarios haitianos. El presidente del Senado, Joseph Lambert, y el exsenador Youri Latortue, son los principales acusados de haber contribuido al tráfico de drogas “y colaborar con redes criminales y pandillas para socavar el Estado de Derecho en Haití“. El gobierno canadiense anunció que se sumará a estas sanciones, que afectan también a otros funcionarios de más bajo rango y de la Justicia.

Como respuesta a esto, el gobierno de facto de Ariel Henry destituyó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, a la ministra del Interior y Autoridades Locales, y nombró a un nuevo presidente de la Corte de Casación, cargo que estaba vacante desde hacía más de un año.

Además, la Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro líderes de pandillas haitianas que estuvieron involucrados en el secuestro de cinco ciudadanos estadounidenses en Haití en 2021.

A fines de noviembre, se produjo una nueva masacre a manos de pandillas armadas (la tercera en el año). Doce personas fueron asesinadas y varias casas incendiadas en Source Matelas, una localidad del norte de Puerto Príncipe, por parte de algunos miembros de la banda Village de Dieu.

Las muertes por el cólera ya ascienden a más de 230 personas, con una prevalencia de niños y niñas.

Cuba este año se ha caracterizado por las nuevas reglamentaciones relacionadas con la Constitución de 2019, pero también por la crisis económica y energética que, signada por el bloqueo que ya lleva más de 60 años, ha llevado el año pasado a las manifestaciones de julio.

Por vez número 30 y casi por unanimidad, la Asamblea General de la ONU votó, en su 77° período de sesiones, que se termine el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Los votos a favor fueron 185, mientras que dos países (Ucrania y Brasil) se abstuvieron y otros dos (Estados Unidos e Israel) votaron en contra. Votación simbólica ya que no resulta vinculante ni sancionatoria para el país de Norteamérica, muestra una vez más que la mayoría de los países del mundo rechazan la política estadounidense hacia la isla, que no ha cambiado ni un ápice con el cambio de administración de Trump a Biden en EE. UU.

Como venimos comentando en informes anteriores, entre el 3 de febrero y el 30 de abril de este año se llevó a cabo la consulta popular –de carácter participativo y democrático–  para el nuevo Código de Familias, finalmente aprobado por referéndum en septiembre. Esa consulta había tenido una aprobación del 61%, mientras que el 24% propuso alguna modificación o adiciones. Luego, el 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó llevar el proyecto a referéndum, que finalmente se votó el 25 de septiembre y fue aprobado con un 66,87% de votos.

El nuevo Código —que sustituye la legislación de 1975— legaliza el matrimonio igualitario, las adopciones por parte de esas parejas y la subrogación de vientres sin fines de lucro (algo que no está legalizado en la mayoría de los países de nuestra región). Además, establece más protecciones en contra de la violencia de género y amplía derechos para niños, niñas, personas ancianas y con discapacidades.

El 28 de noviembre se llevaron a cabo elecciones municipales en Cuba, para elegir a los y las delegadas a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP). Se registró una participación del 68,58%, que incluyó un 10,89% de votos anulados o en blanco. Hubo una campaña en redes con el #YoNoVotoel27 organizada por la oposición para mostrar descontento hacia el gobierno. El 4 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta en las 925 circunscripciones en las que el o la candidata ganadora no había superado el 50% de los votos. El 17 de diciembre quedaron conformadas las asambleas municipales.

Finalmente, a principios de diciembre y siguiendo con las muestras de voluntad de Cuba de entablar diálogos con el gobierno estadounidense, el presidente Díaz-Canel recibió a una delegación del gobierno del país del norte en un encuentro en el que reiteró la necesidad de levantar el bloqueo en el marco de relaciones constructivas.

Por último, pero no por eso menos importante, otra de las temáticas que ha estado presente durante 2022 en la subregión es la cuestión de la descolonización todavía pendiente en varias de las islas caribeñas angloparlantes.

Ya en noviembre del año pasado, Barbados había dejado de ser una monarquía, convirtiéndose en república, hecho que fue reafirmado por la reelección en enero de la primera ministra Mia Mottley. En Jamaica también venía creciendo institucionalmente la idea de la descolonización y en marzo recibieron con protestas sociales la visita de los príncipes Guillermo y Catalina, donde además reclamaron que la monarquía reconozca, indemnice y se disculpe por su rol en el comercio de esclavizados africanos. El país cumplió en agosto sesenta años de independencia y en ese momento volvió a manifestar su voluntad de convertirse en república. Planean hacerlo de cara a las elecciones generales en 2025. En julio, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, propuso al Parlamento un referéndum para sustituir a la reina británica por un presidente no ejecutivo y autóctono.

Finalmente en septiembre, en el marco de la muerte de la Reina Isabel II, el primer ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne anunció que en caso de ser reelegido, dentro de los próximos tres años, impulsará un referéndum para convertir al país en una república presidencialista.

Si bien Browne firmó un documento que confirma a Carlos III como nuevo rey y afirmó que no se trata de “hostilidad ni diferencia con la monarquía”, afirmó que convertirse en república es la “progresión natural” de una nación para ser soberana. La independencia de las islas fue en 1981.

Los procesos de descolonización no son sencillos ni iguales para todos los países. En algunos casos se requieren reformas constitucionales, aprobación de oficialismo y oposición políticas y plebiscitos.

Si bien el año 2022 no fue testigo de resultados concretos en términos de reemplazo de monarquías por repúblicas, las voces de la descolonización se hacen escuchar cada vez más fuerte en el mar Caribe. Está por verse si en 2023 siguen el ejemplo de Barbados y esas voces encuentran su cauce para plasmarse finalmente en cambios institucionales.

Mesoamérica: los gobiernos ante las urgencias sociales y los problemas estructurales: migración, pandillas y crisis económica

En los sucesivos análisis de la situación política y social en los países de la región mesoamericana señalamos que el principal problema al que deben hacer frente los gobiernos es el migratorio. Esta problemática tiene varias aristas que hacen compleja la respuesta política. El mayor inconveniente es la agenda común que tienen México y los Estados centroamericanos con Estados Unidos. La política migratoria estadounidense expresa el acuerdo bipartidista demócrata/republicano en torno al enfoque restrictivo y punitivista hacia las personas migrantes. La irregularización de los mismos se volvió una forma política de control interno —hacia los y las migrantes que habitan el territorio norteamericano— y externo —hacia los grupos de inmigrantes que se encuentran en las zonas fronterizas y a los países próximos a su frontera (México, Honduras, El Salvador y Guatemala)—.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal que va de septiembre del 2021 a septiembre del 2022 se registraron más de dos millones setecientas mil detenciones en la frontera con México a raíz de las políticas trumpistas, sostenidas por Biden, como el Título 42 y el Título 8. A diferencia del año pasado, se observa un aumento del 30 por ciento de los flujos migratorios hacia EE. UU. Entre las principales causas están la crisis social y económica que arrastran los países centroamericanos y que se agudizó con la COVID 19, el alza del costo de vida a partir del aumento en el precio de los alimentos y de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania; y la violencia estructural por las que atraviesan estas sociedades. A esto se suma el incremento de los desplazamientos irregulares que provienen de Venezuela, Nicaragua y Haití como consecuencia del intervencionismo estadounidense en estos países.

Las zonas de mayor flujo migrante son la frontera entre EE. UU. y México y la región del Darién (frontera entre Colombia y Panamá). Si bien el destino de los desplazamientos es Estados Unidos, los países mesoamericanos no solamente son rutas de tránsito hacia el norte, sino también receptores de grupos migratorios ante la barrera fronteriza que se levanta de la mano de políticas expulsivas y criminalizantes. Esto provoca una enorme crisis humanitaria en las zonas fronterizas y una problemática que los países deben hacer frente, sin contar muchas veces con los recursos económicos y sanitarios necesarios. Además, esto se agrava con la presencia de bandas del crimen organizado que extorsionan a las poblaciones de inmigrantes, y estas son víctimas de violencias, sobre todo sexual.

La violencia social se agudizó en los últimos meses en Centroamérica. El incremento de la presencia de pandillas y bandas del crimen organizado en países como Honduras y El Salvador llevó a estos gobiernos a tomar medidas de excepción y aumentar la presencia policial. Los grupos pandilleros han crecido a partir de su connivencia con sectores del poder político, como lo denuncian organizaciones salvadoreñas al indicar cierto acuerdo implícito entre el presidente Bukele y algunas pandillas, o, como en Honduras, donde la actual mandataria, Xiomara Castro, hizo explícito la alianza del régimen del Partido Nacional con grupos narcotraficantes y pandillas armadas durante los 12 años que estuvieron en el poder. El 24 de noviembre, Castro anunció el “Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos” para hacer frente al aumento de la criminalidad y delito de extorsión en el país. Entre las medidas se encuentran la declaración del estado de emergencia en materia de seguridad, controles en la frontera con las fuerzas armadas, control de los movimientos bancarios y del Estado de Excepción en algunas ciudades del territorio hondureño. Esto último implica la suspensión de garantías constitucionales parciales y el respaldo a la policía nacional para la recuperación de los espacios públicos o territorios tomados por las pandillas.

Actualmente, más de 160 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula se encuentran bajo el Estado de Excepción, y se suspendieron las garantías de libertad personal, libertad de asociación y la libre circulación. El decreto también habilita los arrestos y detenciones sin órdenes judiciales. La medida regirá hasta el 6 de enero de 2023. Esta medida, que implica un fuerte respaldo a las cúpulas militares y policiales y que tiene su correlato en un importante aumento del presupuesto público hacia la policía y las fuerzas armadas, es tomada tras el reclamo social ante el incremento de la extorsión y el crimen sobre la población por parte de maras y pandillas. Se registran que unas 13 mil hectáreas están ocupadas ilegalmente por estos grupos y que comerciantes como empresarios se ven afectados por prácticas extorsivas. Según la Asociación para una Sociedad más Justa, en Honduras se paga un aproximado de 18 mil millones de lempiras por el cobro de extorsión, lo que equivale a 730 millones de dólares, un 3 por ciento del PBI.

En lo que respecta a un balance general del primer año de presidencia de Xiomara Castro, entrevistamos al analista hondureño Mario Membreño, quien señaló al gobierno actual como de transición entre un gobierno oligárquico a uno democrático:

Durante mucho tiempo, tuvimos transiciones o alternancia de gobierno entre proyectos oligárquicos que iban desde el Partido Nacional al Partido Liberal y viceversa. Ahora, estamos en la transición desde un gobierno oligárquico, vinculado al crimen organizado y narcotráfico, como fue el de JOH, hacia uno democrático, LIBRE no es un partido oligárquico.

Membreño señala que es importante la idea de transición para atenuar las expectativas puestas en un proceso de transformación radical como el que se esperaba con la llegada de Xiomara al poder. La corrupción y el narcotráfico incrustados en las instituciones estatales tras años del régimen del Partido Nacional y las limitaciones de la coalición gobernante (Libre y Partido Salvador de Honduras) hicieron que se deban resignar algunas de las propuestas electorales, como el llamado a una Asamblea constituyente o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China.

Si bien se han logrado importantes avances como la eliminación de las ZEDE, la gratuidad de la tarifa eléctrica para los sectores populares y la prohibición de la minería a cielo abierto, para el analista no se ha avanzado en sentar las bases para un modelo alternativo al neoliberalismo, incluso, hay señales que van en dirección contraria:

A partir de la declaración de la guerra contra la extorsión, se ha elevado el presupuesto de las fuerzas armadas, de la policía y la inteligencia. Esto puede traer como consecuencia un proceso de militarización. Además, no se han depurado las cúpulas policiales y militares que son continuidad del régimen del PN. A esto se suma la concesión dada a la embajada estadounidense al no convocar a la Asamblea constituyente, lo que mejoró las relaciones entre los dos países. Y, por último queda por ver qué pasará con la elección de los jueces para la Corte Suprema de Justicia, ya que —por la composición del Congreso, las internas de LIBRE y la ruptura con el PSH— es probable que se tenga que llegar a un acuerdo con el Partido Nacional.

Para Membreño, en el corto y mediano plazo las posibilidades de una democratización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento del proyecto de “socialismo democrático” de Xiomara Castro se jugará entre el fin de 2022 y los primeros meses del 2023 cuando se termine de conformar la Corte Suprema de Justicia, se concrete la elección del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con apoyo de la ONU.

En El Salvador, el Estado de Excepción se está volviendo la norma tras la octava prórroga de esta medida, sancionada por el congreso a orden del presidente Bukele, el 14 de noviembre. El Estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales se lleva a cabo ininterrumpidamente desde el mes de marzo con el objetivo de frenar la ola de homicidios y violencia causada por las pandillas, como parte del Plan de Control Territorial. Según el medio digital El Faro, la escalada de la violencia sucedió a partir de la ruptura de los acuerdos entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), desmintiendo la versión oficial del gobierno que acusa de un enfrentamiento entre pandillas. La continuidad del Estado de Excepción ha profundizado la faceta autoritaria del proyecto de gobierno del actual mandatario que, como hemos mencionado en otros informes, avanza violando toda institucionalidad del Estado de Derecho. El ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, ha defendido la prórroga de la medida a partir de los supuestos buenos resultados: más de 57 400 pandilleros detenidos —de estos 843 serían cabecillas de los grupos criminales (644 de la MS-13 y 199 del Barrio 18)—, se han incautado 1820 armas de fuego, 2201 vehículos, 1,4 millones de dólares en efectivo y 238 días sin homicidios.

La contracara de estos números son las permanentes denuncias de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de organismos internacionales. Desde la llegada al gobierno de Bukele se contabilizan más de cuatro mil personas desaparecidas sin que se puedan avanzar en investigaciones para conocer sus paraderos o si se encuentran o no con vida. Cristosal y Human Rights Watch han elaborado varios informes sobre la sistemática violación a los derechos humanos durante el régimen de excepción, ya que se acusa que la mayoría de las detenciones se realizan contra población civil que no tienen ninguna vinculación con las pandillas. En dicho documento se registraron más de 1100 casos de detenciones arbitrarias y muchos de estos son caratulados como “desaparición forzosa de corta duración”. Además, se denuncia que gran parte de estas detenciones son perpetradas por las fuerzas policiales a la población con menos recursos económicos y son privados de su libertad por “apariencia sospechosa”. A raíz de las reiteradas denuncias, en el mes de noviembre el gobierno liberó a dos mil personas detenidas durante el régimen de excepción. Mediante el discurso de la “guerra contra las pandillas”, Bukele profundiza la militarización de ciudades para avanzar en la quinta fase de su Plan de Control Territorial, que consiste en la extracción de pandilleros cercando militarmente los municipios.

En México, el fin del 2022 cierra el cuarto año de mandato de López Obrador y de su proyecto la cuarta transformación (4T). Si bien fue un año de fortalecimiento del liderazgo de AMLO y del partido oficialista MORENA, con importantes victorias electorales en estados federales y la concreción de importantes medidas como la nacionalización del litio, también la oposición nucleada en los históricos partidos del PRI, PAN y PRD buscó reorganizarse. Esto se vio particularmente en los meses de noviembre y diciembre donde el intento de reforma político electoral del gobierno dividió aguas en la política y en la sociedad. Dicha reforma buscaba la austeridad en los cargos electivos y del Instituto Nacional Electoral (INE), además de hacer más transparente y eficiente los procesos electorales. Al implicar una modificación constitucional, la iniciativa debía contar con mayoría calificada de la cámara de diputados en el Congreso Federal, es decir, las tres cuartas partes de los votos, cantidad que el oficialismo no cuenta sin apoyo de la oposición. La votación se llevó a cabo el 6 de diciembre con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, por lo que los sectores opositores lograron el bloqueo de la reforma. Pero, AMLO recurrió al “Plan B” e inmediatamente se propuso un paquete de leyes secundarias que requieren solo de mayoría simple para modificar legislaciones electorales,. Ellas, si bien están lejos de cumplir con los objetivos de la reforma, logran reducir el costo económico del INE. Esto fue aprobado en la misma sesión.

Consultada al respecto del efecto que tiene el debate de la reforma político electoral en la coyuntura política mexicana, la politóloga Elisa Godínez, respondió al OBSAL:

La reforma logró aglutinar temporalmente a la oposición partidaria y los medios de comunicación corporativos bajo la consigna “¡El INE no se toca!”. Esto generó las condiciones para una movilización importante por parte de la oposición, que hace bastante no encontraban un eje sobre el cual movilizar a su base contra López Obrador. Esto fue engrandecido por los medios. Pero dos semanas después la respuesta de la base social de AMLO fue contundente, con la movilización más grande de la izquierda en los últimos años, que viene a comprobar el fuerte vínculo que tiene López Obrador con el pueblo. La capacidad de movilizar es algo característico del presidente incluso antes de llegar al gobierno federal. Desde mi punto de vista, había la lectura de que no se iba a alcanzar la mayoría calificada al igual que lo sucedido con la reforma eléctrica, y que se iba a presentar un segundo proyecto con reformas de leyes secundarias (…). Lo que se busca es reorganizar al INE, es una institución elitista que siempre ha servido a los intereses corporativos y a los sectores actualmente opositores.

En el mes de octubre se llevó a cabo otra votación importante en el Senado, que esta vez contó con el apoyo de sectores opositores. Se trata de la reforma en seguridad que consiste en la prórroga de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna para combatir la delincuencia hasta 2028. Este tema generó una importante controversia, ya que sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos acusaron a AMLO de promover la militarización. En respuesta a estas acusaciones el mandatario dijo: “Y no es militarizar. Que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir. Sin fundamento constitucional”.

Sobre este tema, la analista señaló:

México tiene un problema de violencia estructural, con territorios dominados por bandas del crimen organizado y el narcotráfico. Los gobiernos anteriores habían creado una policía federal cuya formación era deficiente y no contaban con suficientes recursos. Estas policías se corrompieron. Por esto, cuando AMLO llega al gobierno en 2019 crea la Guardia Nacional e inicia un proceso de reforma que busca que los militares vuelvan a sus cuarteles. Lo cierto es que la iniciativa de desmilitarizar se atenúa y deja de ser parte del discurso presidencial. En parte porque se necesitaba formación para la GN, lo que quedaba a cargo del ejército, y, por otro lado, se establece una alianza con el ejército y la marina que comienzan a ocupar lugares estratégicos, los primeros en la construcción de megainfraestructuras, y los segundos, quedan a cargo de los puertos y aduanas en zonas fronterizas. La situación es compleja porque los estados federales y municipios descuidaron a sus policías y en muchos lugares estos están cooptados por el crimen y el narcotráfico, lo que resalta la necesidad de tener una GN que se extienda por todo el territorio para hacer frente a los grupos violentos. Pero, a su vez, que esto se haga respetando las garantías constitucionales, con normas regulatorias y el respeto por los derechos humanos.

El proceso de transformación de AMLO avanza con críticas tanto por izquierda y derecha. Por parte de sectores de izquierda y progresistas se critica la falta de una agenda ambiental y feminista en su gobierno, así como la militarización y que sus reformas no terminan de trastocar las estructuras neoliberalizadas de la sociedad y el Estado. Por parte de la derecha, aglutinan esfuerzos contra las políticas reformistas del líder de MORENA, recurriendo al bloqueo legislativo, la desinformación mediática y al poder judicial para frenar toda iniciativa que amenace sus intereses corporativos y el sistema que imperó hasta diciembre del 2018. Entre los logros de López Obrador en estos cuatro años aparecen la elevación a rango constitucional de varias políticas sociales, la disputa por la soberanía energética, su política internacional de integración regional, la insistencia en medidas que apuntan a poner fin a años de políticas neoliberales y de la “guerra contra la droga” y la innovación en prácticas democráticas que buscan fortalecer a la joven democracia mexicana.

Al tiempo de esto, la carrera por la sucesión presidencial de 2024 arrancó con tensiones y disputas al interior de MORENA. Hasta el momento los anotados son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal, senador y líder de la bancada oficialista; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Al igual que Honduras, Costa Rica es otro país de la región que estrenó gobierno en este año que termina. Tras ganar unas elecciones que fueron récord por el porcentaje de abstencionismo, Rodrigo Chaves asumió la presidencia en el mes de mayo. El mandatario, que anteriormente había sido funcionario del Banco Mundial y ministro de Hacienda del ex presidente Carlos Alvarado, llegó al poder con un alto porcentaje de popularidad y financiado por la banca privada, pudiendo capitalizar el descontento social a partir de un discurso contra los privilegios de la clase política y presentándose como un outsider del sistema. En sus primeros cien días de gobierno no hubo grandes avances en sus promesas de campaña, ya que no llevó a cabo políticas para bajar el costo de vida y reducir los niveles de desempleo. Su plan de reducción fiscal, que incluye recortes presupuestarios y privatizaciones, encontró las primeras resistencias en el mes de agosto, ante una importante movilización de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores) para frenar el recorte de 129 mil millones (en moneda oficial, el Colón costarricense) en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El gobierno tuvo que dar marcha atrás, siendo su primera derrota en las calles.

Consultado sobre el balance de los primeros meses de gestión de Chaves, el politólogo Héctor Solano dijo al OBSAL:

Rodrigo Chaves asumió la presidencia en mayo de 2022, tras una elección que puede considerarse histórica. Histórica, porque es la primera vez al menos en lo que va de la Segunda República (1954 en adelante) que un mandatario accede a la presidencia desde un lugar de desafío más o menos explícito de los valores o sentidos «fundantes» de la democracia costarricense. Además, llegó a la presidencia desde un discurso marcadamente anti político sin contar con una estructura partidaria clara y sin un programa concreto. Supo generar altísimas adhesiones entre una parte considerable de los sectores populares así como el rechazo de cierta parte del establishment mediático-económico.

Si bien la fotografía al cierre de 2022 es la misma, pero claramente el globo ha ido desinflándose. Su popularidad sigue siendo alta (68%) pero menor a la que tenía hace tres meses (79%). La mitad de su grupo legislativo (ya de por sí pequeño) ya no le sigue. Chaves asumió con promesas del tipo «bajar el precio de la canasta básica en los primeros treinta días», pero hasta ahora no consiguió aprobar reforma o medida alguna de envergadura. Su gestión se ha sostenido a base de encontronazos con un sector de la prensa, ataques a los diputados, declaraciones altisonantes en conferencias, pero no mucho más que eso. De hecho, a mediados de año intentó recortar el presupuesto para las Universidades públicas (que desde su relato, son parte del «problema») y tuvo que enfrentar la resistencia de autoridades y funcionarios universitarios, así como dirigencias estudiantiles. Tuvo que recular. La situación social y económica tampoco mejora (el desempleo cierra en 12%, si bien es menor al del año pasado, la inflación está más del 10% respecto del último año). El desafío de Chaves sigue siendo poder traducir su impronta de liderazgo fuerte en resultados o políticas que mejoren o ayuden a mejorar parte de la desmejorada situación que atraviesa la gente, en especial la más pobre.

En el bando opositor, más precisamente del progresismo o la izquierda, no se logra articular un discurso contra Chaves, según Solano. Para el analista, la debacle electoral del Partido Acción Ciudadana en los comicios presidenciales fue la expresión de la crisis del progresismo como alternativa. En tanto, el Frente Amplio (FA) viene resistiendo a las políticas del gobierno desde la Asamblea Legislativa a partir del fortalecimiento de la bancada de diputados, producto de las elecciones de febrero. El aspecto adverso del FA, indica el politólogo, es que más allá de lo que sucede en el ámbito legislativo, no se está pudiendo articular en la calle el descontento social y los altos niveles de pobreza, cosa que todavía favorece al gobierno derechista.

En la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio sí logró articular una resistencia coherente a partir del numeroso grupo de diputados que obtuvo en las elecciones de febrero, si bien no pasa —al menos por ahora— de ser un proyecto meramente parlamentario. El FA no tiene irradiación alguna en la calle o en las organizaciones. Lo popular está profundamente resquebrajado, sea producto de la descomposición societal que excede a los sindicatos, por ejemplo, como por carencias que son inherentes a éste tipo de organizaciones (u otras). El descontento y la pobreza no están organizados.

Tanto en Guatemala como en Panamá el 2022 fue un año de gran cantidad de movilizaciones populares como expresión del descontento social, no solamente por la crisis económica, sino también por el deterioro del sistema político para dar respuesta a las demandas sociales.

Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil junto a sindicatos y agrupaciones estudiantiles de Guatemala se vienen movilizando contra el gobierno de Giammattei y el pacto de corruptos que tiene cooptadas las instituciones estatales. El 2023 será un año clave, ya que serán unas nuevas elecciones presidenciales en un contexto de fragmentación política e incertidumbre social. En el plano de las candidaturas de izquierda asoman Thelma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) que representa a las comunidades indígenas y campesinas que tiene como principal eje la convocatoria a una Asamblea plurinacional constituyente y la alianza de los tradicionales partidos URNG y WINAQ, cuyo probable candidato es Amílcar Pop.

En Panamá, los acuerdos tras las históricas movilizaciones y huelga general del mes de junio como consecuencia del alza en el precio de los alimentos y la energía, encuentran sus obstáculos en el gobierno de Laurentino Cortizo y los empresarios nucleados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep). Estos últimos se ausentaron en el mes de octubre de las mesas de negociaciones, lo cual dificulta el congelamiento de los productos básicos de la canasta alimenticia. El presidente Cortizo ve afectada su imagen pública por la falta de respuesta a los reclamos sociales y las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. Otro caso a destacar es que el pasado 7 de noviembre la justicia llamó a juicio por el Caso Odebrecht a los ex presidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes deberán asistir a declarar junto a otros funcionarios de sus gobiernos.

En Nicaragua, las elecciones municipales de noviembre expresaron el respaldo popular al sandinismo, que alcanzó el 70 por ciento de los votos. Estaban en juego 132 alcaldías y todas ellas quedaron en manos del FSLN. Los demás partidos alcanzaron el siguiente porcentaje de votos: Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tuvo el 12 por ciento de los votos; Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) alcanzó el 4,6 por ciento; Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) tuvo el 4,16 por ciento; Partido Alianza por la República (APRE) llegó al 3,94 por ciento y YATAMA el 0.96%. El gobierno de Daniel Ortega enfrenta denuncias de encarcelamiento a opositores y el ataque constante y mecanismos coercitivos por parte de Estados Unidos.

Imperialismo e integración

Panorama general

El último cuatrimestre confirmó algunas tendencias que ya estaban presentes en los primeros meses del año e incluso con anterioridad. Una mirada de conjunto nos muestra un panorama político intenso, con inestabilidad, polarización y paridad entre las fuerzas de izquierda y derecha al interior de los países, en un contexto de reconfiguracion de tácticas por parte de EE. UU., que prioriza una apuesta por la moderación.

“Cambiar para que nadie cambie” pareciera ser el objetivo de la diplomacia estadounidense ante un escenario que mostró en 2021 y 2022 un giro a la izquierda en las elecciones en países históricamente gobernado por fuerzas de derecha (Honduras, Perú, Chile, Colombia) o con el peso específico suficiente para alterar el equilibrio de fuerzas, como es el caso de Brasil.

Este matiz en los mecanismos de intervención, al menos por el momento, parece más asentado en los gestos y en las formas superficiales que en un giro profundo de la política imperial. El paso de la administración Trump a la administración Biden mantiene en lo esencial una continuidad en su caracterización estratégica de Nuestra América. El objetivo excluyente es el mismo que hace doscientos años: asegurar el control de la región en el marco de la disputa global. En esta etapa, el gobierno de Biden se ha trazado el objetivo explícito de poner límites a la creciente influencia económica y política de China en América Latina y el Caribe. Intenta proteger el “patio trasero”, entendido ahora como una retaguardia en la nueva Guerra Fría.

Como ya ha sido señalado, un cambio trascendental en este año que termina tiene que ver con la política hacia Venezuela. Con la distensión petrolera hacia Venezuela, 2022 muestra al mismo tiempo el agotamiento total del proyecto Guaidó, un presidente fake inventado y sostenido artificialmente durante años que simboliza como pocos el rol de títere desechable de otro Estado. La fortaleza demostrada por Venezuela en sus ya largos diez años bajo asedio, tras la desaparición física del comandante Hugo Chávez, alcanzó para sobrevivir a los ataques híbridos de mayor magnitud. La combinación entre capacidad de resistencia, gobierno de Biden y guerra en Ucrania abre otra etapa que incidirá en la situación interna de Venezuela y seguramente en todo el continente. Sin embargo, la política de sanciones unilaterales continúa e incluso puede convivir con una distensión en otros ámbitos, como lo muestra la reciente aprobación por unanimidad en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el senador Rick Scott, irónicamente llamado por EE. UU. con el nombre del Libertador Simón Bolívar.

En este contexto, por momentos pareciera que los sectores dominantes en la región tuvieran dos tácticas centrales, diferentes pero en un punto complementarias; y que el gobierno estadounidense está más cercana de una de ellas, pero dispuesto al pragmatismo. Por un lado, hay una línea basada en el poder blando, que privilegia un hipotético interés máximo en conservar ciertos aspectos de la democracia, particularmente en el plano formal. Sobre esta idea fuerza orbitó la fallida Cumbre de las Américas de Los Ángeles de mitad de año. En este esquema hay que entender los mecanismos de intervención asentados en una combinación de la diplomacia y el poder judicial, como en el caso de la tutela legal sobre Paraguay y también de episodios como el secuestro del avión iraní en Argentina, ambos comentados en el informe anterior. Por otro lado, en caso de necesitarlo también aparece el histórico apoyo de EE. UU. a las fuerzas derechistas ante la posibilidad de que fuerzas de izquierda, o tan siquiera moderadamente progresistas, tengan posibilidades de alterar las reglas de juego. En esta línea hay que leer el respaldo de EE. UU. al golpe parlamentario en Perú, comandado por la derecha más recalcitrante para deponer a un gobierno que defraudó parte de las expectativas de la izquierda pero que traía al juego elementos de mayor heterodoxia e imprevisibilidad. En todos los escenarios, la política estadounidense incluye un especial interés por el control de los resortes estables del Estado, como las fuerzas armadas, el poder judicial y el propio sistema político.

El campo progresista y de izquierda —que en este momento está al frente en una cantidad de países incluso mayor a la primera ola de gobiernos populares de los primeros años del siglo— aparece con menores niveles de coordinación, resultado de diferencias reales entre los distintos procesos nacionales, que en no pocas ocasiones aparecen, además, jaqueados por contextos complejos al interior así como tienen diferente disposición a relacionarse con las potencias imperiales y con sus pares. En este sentido es significativa la política exterior de Chile en este primer año de gobierno de Gabriel Boric, caracterizada por su cercanía a las posiciones de EE. UU. y Europa y un protagonismo menor de la integración latinoamericana y caribeña. Sus críticas a otros gobiernos, en particular a Cuba, Venezuela y Nicaragua, incluso han merecido la respuesta pública de algunos de ellos. Este es el caso, por ejemplo, del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien luego de la Asamblea de la ONU caracterizó a Boric como gobierno subordinado a EE.UU. y a algunos gobiernos de la Unión Europea:  “Salen allí, como perritos falderos, a hablar que hay que poner en libertad a los presos políticos en Nicaragua y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país en Chile”, señaló Ortega.

La derecha, por su parte, está golpeada como conjunto, especialmente tras la pérdida de bases históricas —como Colombia, Honduras, Chile— aunque esto no significa la pérdida de iniciativa ni de capacidad de daño a cualquier intento de cambio progresista o popular, como lo muestra la ofensiva permanente en Perú, los preocupantes signos de poder del bolsonarismo en Brasil y la posibilidad cierta de que en Argentina alguna combinación de derecha retorne al gobierno a partir de fines del año próximo.

En este contexto, donde nada parece sobrarle a nadie, una de las expectativas mayores de cara al 2023 está puesta en la posibilidad de que el gobierno de Lula reimpulse el proceso de integración.

En ese sentido, el nombramiento de Fernando Haddad como ministro de Hacienda y de Gabriel Galípolo como su viceministro amplía las posibilidades de propuestas relativamente ambiciosas en el plan de la coordinación económica. Recordemos que ambos propusieron públicamente en el primer semestre la creación de una moneda común para América del Sur. “La creación de una moneda sudamericana puede impulsar el proceso de integración regional, caracterizado por sus lentos avances y ocasionales estancamientos hasta la fecha, fortaleciendo asimismo la soberanía monetaria de los países sudamericanos”, escribieron en mayo.

La apertura de este debate fue apoyada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien en noviembre, en el marco de la reunión del Foro de Sao Paulo, acordó en la necesidad de coordinar las políticas en la materia y propuso construir  “un sistema monetario que tome en cuenta las monedas existentes”, a las que agregó las criptomonedas.

En relación con la política exterior de Brasil, otros temas de interés especial son su participación en los BRICS, la tensa situación en el Mercosur y el eventual relanzamiento de Unasur, paralizada luego de la ofensiva derechista de 2015-2020.

En un tablero muy revuelto, incluso al interior de sus países, ALBA-TCP cierra un año de celebración por alcanzar un año más de vida —18 años de aquel amanecer en La Habana— y realiza cambio de  secretario general: Felix Plasencia reemplaza a Sacha Llorenti. Plasencia, que también fue canciller, hasta su nombramiento era embajador de Venezuela en Colombia. En su declaración final, la cumbre de presidentes denunció “la utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes democráticamente elegidos de la región” y se solidarizaron con Cristina Fernández de Kirchner, con Luis Arce Catacora, con Daniel Ortega y con el pueblo peruano.

De cara a los próximos meses, un nuevo escenario continental puede fortalecer la posición de la CELAC ante la ahora alicaída OEA, una tendencia que se acentuó en 2022 aunque como sucedió en los últimos meses, para 2023 no cabe esperar movimientos bruscos en este plano.

Como señalamos en informes anteriores, avanza la posibilidad de que Argentina se sume al bloque de los BRICS, que —según apunta la FAO— reúne actualmente “al 40% de la población mundial, el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) y más de un tercio de la producción mundial de cereales”. Una novedad importante en este sentido es la bienvenida de China a su incorporación.

Como parte del intento del bloque “occidental” por recuperar terreno en América Latina y el Caribe, especialmente ante la intensa política de China hacia la CELAC, debe leerse la realización, después de cuatro años, de una cumbre de alto nivel entre este organismo de integración latinocaribeño y la Unión Europea. Estas reuniones se realizaron en octubre, en Argentina, con la participación del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien poco antes, en una charla con su antecesora, Federica Mogherini, había caracterizado el lugar de Europa en el mundo, desde la visión de los intereses que representa, con una singular metáfora.

Sí, Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir: las tres cosas juntas. […]

El resto del mundo —y tú lo sabes muy bien, Federica— no es exactamente un jardín. La mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Los jardineros deben cuidarlo, pero no protegerán el jardín construyendo muros. Un bonito y pequeño jardín rodeado de altos muros, para evitar que entre la jungla, no va a ser la solución. Porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento, y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín.

Los jardineros tienen que ir a la selva. Los europeos tienen que comprometerse mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá, por diferentes vías y medios.  Sí, este es mi mensaje más importante: tenemos que comprometernos mucho más con el resto del mundo. (N. de E. Traducción propia a partir de la transcripción oficial del Servicio Diplomático de la Unión Europea)

No se sabe si Borrell sintió que estaba aterrizando en la jungla en octubre, cuando encabezó la delegación europea que participó en el encuentro de Cancilleres de la CELAC y la UE en Argentina, pero sí que esta bilateral consolida la posición que quiere (y tal vez puede) ocupar la CELAC en el marco de la nueva Guerra Fría: un multilateralismo que intenta articular sus economías cada vez más orientadas al comercio con China con la historia —en tensión en este siglo, y con muchas diferencias y matices– de alineamiento diplomático con EE. UU. y Europa. Previo a este encuentro entre los dos bloques, tuvo lugar la reunión de cancilleres de la CELAC, quienes incorporaron en su declaración la propuesta de reunir a los ministros de economía y finanzas de los países para hacer frente a la crisis económica. Otro de los temas en común que destacaron fue la preocupación por la crisis climática y la posibilidad de adoptar algunas políticas concretas en conjunto.

Entre otros temas de relevancia, el conflicto en el Mercosur adquirió en este último cuatrimestre un momento crítico en torno a la última cumbre, desarrollada a principios de diciembre en Montevideo. A la pretensión de Uruguay de negociar por su cuenta un Tratado de Libre Comercio con China, tema ya comentado en informes anteriores, en los últimos meses se sumó la posibilidad de que se sume al Acuerdo Transpacífico. Previo al encuentro de presidentes, en el que el presidente uruguayo traspasó la presidencia pro tempore a su par argentino, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Mercosur enviaron una nota conjunta al coordinador nacional de Uruguay. En ella expresan que “ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria” —entre los que mencionan explícitamente “la posible presentación de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”— los tres países “se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial”. Luego de la cumbre presidencial, las heridas se evidenciaron en la ausencia de un comunicado oficial que reúna a todo el bloque. Argentina, Brasil y Paraguay difundieron un comunicado conjunto, sin la firma de Uruguay, y este emitió una declaración individual.

En América del Sur, también, otro hecho que no alcanzó el nivel de conflicto diplomático aunque sí llamó la atención fue la filtración masiva de documentos militares de varios Estados, a través de la operación conocida como Guacamaya Leaks. Como resultado de este hackeo quedó al descubierto la preocupación de las Fuerzas Armadas de Chile respecto a la política de defensa de Argentina en la Patagonia, en el Atlántico Sur y en la Antártida, revitalizada tras el inicio de un proceso de reequipamiento. Además, salió a la luz no solo que los militares chilenos espiaron a diferentes sectores de la sociedad chilena —organizaciones estudiantiles, de pobladores y ambientalistas— sino que incluso recopilaron información en el terreno sobre el conflicto social en Colombia, como parte de una misión de paz de la ONU.

Respecto a su valoración de la hipótesis de conflicto con Argentina, los documentos del ejército chileno recuerdan las previsiones del documento “Escenarios de Defensa 2040”, elaborado por las Fuerzas Armadas de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro y que se conoció públicamente en febrero de 2020. En este caso las hipótesis de conflicto eran múltiples y alcanzaban a varios países, entre los cuales se encontraban Francia —que posee una colonia limítrofe en la Guayana francesa—, Argentina, Bolivia y Venezuela, además de la instalación de bases militares de EE. UU. y el pronóstico de conflictos entre varios países de la región.

Apenas dos indicadores que, contrastados con la ausencia de hipótesis de soberanía de la defensa regional, arrojan una mirada sobre las tendencias ideológicas de las fuerzas armadas locales: pareciera predominar más el recelo por los países vecinos que la cooperación en clave de integración y unidad latinoamericana. Estas distancias, sin embargo, se relativizan al momento de intervenir en espacios de encuentro y en capacitaciones conjuntas, casi invariablemente coordinadas con las fuerzas armadas de EE. UU. Este es el caso, por ejemplo, del Ejercicio Aéreo Multinacional “Salitre 2022”, que en octubre reunió en Chile a personal de las fuerzas aéreas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y el país anfitrión, quien pusieron a prueba “su capacidad y profesionalismo para el desarrollo de operaciones aéreas combinadas”.

Articulaciones y encuentros

En este panorama heterogéneo, fragmentado, con alto nivel de incertidumbre, las fuerzas políticas de distinto signo comprenden la importancia de articularse para intercambiar experiencias y definir estrategias conjuntas.

Entre los múltiples encuentros que se desarrollaron en los últimos meses del año se encuentran el XXVI Seminario “Los Partidos y una nueva sociedad”, organizado en septiembre en México; la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas del Abya Yala, realizada en octubre en Guatemala; y la asamblea plurinacional de Runasur, espacio impulsado por figuras como el expresidente boliviano Evo Morales, desarrollada en noviembre en Argentina.

Otro espacio de relevancia se desarrolló en octubre en Buenos Aires, cuando activistas de varios países se reunieron a debatir en el marco del Encuentro Regional “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”, impulsado entre otros por el Foro de Comunicación para la integración de Nuestra América (FCINA).

Las fuerzas de derecha, por su parte, también tuvieron algunos encuentros significativos. Entre ellos, el que hizo más ruido fue la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que en noviembre, en México, juntó a figuras de la extrema derecha global como el estadounidense Steve Bannon, el referente de Vox Santiago Abascal y el Nobel de la Paz Lech Walesa con dirigentes latinoamericanos como el diputado argentino Javier Milei, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro y el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast. El tono ideológico del encuentro fue sintetizado de forma brutal por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien por videoconferencia expresó: “Hay que sacar a cada maldito rojo de Latinoamérica, extirpar la mafia del Foro de Sao Paulo”.

Sin dudas, en un escenario turbulento, con equilibrios precarios, seguramente habrá dólares y euros suficientes para alentar el desarrollo de diferentes variantes de las fuerzas conservadoras; más aún de cara al 2023, año en el que habrá elecciones importantes en la región atravesada por el incierto devenir de una crisis económica y social que golpea a todos los pueblos, más allá de los diferentes proyectos políticos en pugna.

Balance 2022. En perspectiva

En los distintos análisis de coyuntura que desarrollamos desde el OBSAL fuimos dando cuenta de un continente en disputa. Si bien el inicio del 2022 avizoraba la llegada de gobiernos de tinte popular y progresistas a los países de la región, cosa que sucedió, el fín de este año nos muestra que estamos en una etapa donde el accionar político de estos proyectos se encuentra asediado por un montón de problemáticas externas e internas que desafían su potencialidad y pueden limar su legitimidad.

En el plano internacional, la desaceleración de la economía mundial, el incremento de los alimentos, la energía y medicamentos hacen que aumente el costo de vida y profundice las desigualdades entre los países del Norte y Sur global. La continuidad del conflicto bélico en Ucrania asoma como un presente y futuro oscuro para la solución de estos problemas estructurales. A la par de esto, la transición hegemónica de Occidente —EE. UU.— hacia Oriente —China— refuerza la política agresiva del imperialismo norteamericano para no perder terreno a nivel global.

Esto repercute de manera particular en cada uno de los países de la región. Las urgencias sociales y económicas que se agudizaron con el aumento de los precios de productos de primera necesidad y el deterioro de las condiciones materiales de vida desgasta la legitimidad política de los gobiernos. A esto se suma que el capital político se agota rápidamente ante un giro moderado hacia el sistema, mientras que los poderes corporativos, mediáticos y judiciales recurren a todos sus mecanismos desestabilizadores para condicionar o voltear a los oficialismos.

El caso que más conmueve en este fin de año es el de Perú, con el golpe parlamentario a Pedro Castillo, pero vimos a lo largo de 2022 los ataques permanentes e intentos de golpe en Bolivia, el rol jugado por la derecha y los medios de comunicación contra la nueva constitución chilena, la persecución judicial e intento de proscripción a Cristina Kirchner en Argentina, los intentos de desestabilización permanente hacia los gobiernos de AMLO en México y Xiomara Castro en Honduras y las ansias intervencionistas en Haití, apoyadas en supuestas ayudas humanitarias. Pero, ante el avance de estos poderes, la resistencia popular se hace sentir, como es el caso de la heroica resistencia del pueblo bolivariano en Venezuela, la del pueblo brasileño para poner fin al gobierno de Bolsonaro y del pueblo colombiano para terminar con el uribismo.

La intromisión del imperialismo norteamericano hace que regiones como Mesoamérica y Caribe estén en permanente inestabilidad. Las migraciones irregulares y la violencia y la poca estabilidad política de estos países son parte de los desafíos urgentes que tiene Nuestra América. La crisis permanente en la que vive el pueblo haitiano por el intervencionismo estadounidense convive con la ejemplar resistencia de la sociedad cubana, que a pesar de los intentos desestabilizadores, avanza en su revolución incorporando debates y demandas actuales. En Centroamérica, la escalada de la violencia como consecuencia de las políticas paramilitares, la militarización de la sociedad y la presencia de pandillas y bandas del crimen organizado ponen en tensión a gobiernos populares que, a la par que buscan terminar con la cooptación de instituciones estatales y sociales por estas mafias, no pueden salir de las viejas recetas.

Los nuevos gobiernos de Colombia y Brasil aparecen como faros para proyectar la integración latinocaribeña y fortalecer los lazos políticos y económicos entre nuestros países. Ante un continente que parecía pintarse de rojo, vemos cómo las dificultades y la ofensiva de las derechas continental y global matizan y colocan varios interrogantes sobre la etapa política en Nuestra América. El 2023 será un año donde veremos cómo estas tendencias se configuran ante los nuevos escenarios nacionales, regionales y mundiales que vendrán. En un contexto de crisis civilizatoria, donde el Capital avanza devorando todo a su paso, las luchas de los pueblos en defensa de la vida y por su liberación hacen de la esperanza un motor para luchar por un mundo más justo e igualitario.