Y Perú despertó. Crisis institucional, movilización antineoliberal y propuesta constituyente
Introducción
Como mencionamos en el último informe elaborado por el Observatorio de Coyuntura de América Latina y el Caribe[1] (OBSAL), la situación política y social de nuestra región es cada vez más efervescente y cambia con una rapidez inusitada. En este sentido, luego del cierre de ese informe #09 se presentaron una serie de acontecimientos en varios países de Nuestra América que quedaron fuera de nuestra consideración. Esto es precisamente lo que sucedió con el proceso vivido en Perú y la vacancia presidencial ocurrida el 9 de noviembre de 2020.
De esta manera, la inestabilidad política que caracterizó recientemente al país andino —que ya hemos examinado en los informes periódicos elaborados por OBSAL desde 2019— se materializó nuevamente en la destitución de un primer mandatario. Todo sucedió en un escenario muy confuso de rechazo popular frente al mal manejo de la pandemia, pero también de consolidación de las fuerzas conservadoras herederas del fujimorismo. Estos partidos, con artilugios jurídicos y administrativos ya conocidos en nuestra región, lograron avanzar contra el presidente Martín Vizcarra, que se encontraba en el cargo después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por hechos de corrupción. Por los mismos cargos, un fragmentado Congreso decidió ahora la vacancia de Vizcarra y su reemplazo por Manuel Merino. Este hecho desató un proceso de movilización social que fue contestado con represión policial hasta desembocar en la renuncia de Merino y el nombramiento de un nuevo presidente, Francisco Sagasti, quien completará el mandato del destituido binomio PPK-Vizcarra.
A pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para abril de 2021, un complejo entramado de fuerzas conservadoras intentó bloquear cualquier posibilidad de cambio. No por casualidad el Grupo de Lima —ese conjunto de gobiernos neoliberales aliados a los intereses estadounidenses— lleva el nombre de la ciudad capital del país hermano. Sin embargo, como nos ha demostrado la movilización social en nuestro continente en 2020, a veces solo hace falta una chispa que encienda la pradera para poner en jaque a los poderosos. Como sucedió con las manifestaciones de Chile en octubre de 2019 que condujeron a la victoria del plebiscito para redactar una nueva constitución, el pueblo peruano salió masivamente a las calles a pesar de la enorme represión policial y, de igual manera, lo hizo cuestionando al régimen político y planteando una constituyente que transforme profundamente las reglas de juego, que hasta ahora han puesto siempre como perdedoras a las grandes mayorías.
Las pulseadas en la calle y al interior del Parlamento que se sucedieron entre el 9 y el 16 de noviembre de 2020 expusieron la profundidad de la crisis del sistema político y la necesidad de refundarlo así como las consecuencias del neoliberalismo agravadas en tiempos de pandemia y la urgencia de afrontar la crisis social y económica. Tales son los desafíos y tensiones que recorren el proceso peruano, que es de larga data. Su análisis requiere incorporar elementos informativos de etapas políticas previas, que operan sobre el presente. En definitiva, comprender la crisis política y particularmente presidencial del país implica revisar de qué manera se construyó el sistema representativo de uno de los países que fuera ejemplo del neoliberalismo y de la derecha en la región.
Para analizar estos acontecimientos y los escenarios que se abren hacia adelante, pero también para preguntarnos sobre qué implican en perspectiva para el panorama regional, invitamos a José Carlos Llerena y Yair Cybel, compañeros vinculados a la investigación y a los movimientos sociales y que siguen la realidad social y política peruana, a compartir algunas reflexiones -que presentamos a continuación- que permitan comprender este proceso en toda su complejidad.
Crisis institucional, protestas en la calle y nueva Constitución
Perú en una América Latina en disputa
Tres presidentes en una semana, el país con peores índices en el combate a la pandemia en toda América Latina, una crisis institucional sin precedentes, movilizaciones populares, recesión económica y apenas cuatro meses para las elecciones que definirán al próximo presidente. Perú resulta un caso digno de analizar con detenimiento. Lejos de las portadas de los principales periódicos latinoamericanos, pasó casi sin pena ni gloria una tremenda crisis institucional que dejó como saldo tres presidentes en una semana, dos muertos en protestas y masivas movilizaciones que exigen un cambio de fondo en una de las “joyas de la corona” que supo ostentar el neoliberalismo en América Latina.
Si queremos entender lo que sucede en el Perú es necesario remontarse (al menos) a tres décadas atrás, con la aprobación de la Constitución de Alberto Fujimori. Erigido al calor de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, Fujimori se constituyó como un líder de masas que supo abrir la puerta a la instauración de un régimen económico neoliberal en el Perú y a una épica guerrerista en el combate a la insurgencia.
El saldo de su proceso fue la aprobación de una Constitución nacional que consagró la situación caótica que vive hoy el país. En primer lugar, la constitución fujimorista permite la posibilidad de declarar vacante la presidencia sin necesidad de recurrir al voto popular. Este mecanismo dispone que las bancadas parlamentarias tienen la potestad de apartar a un primer mandatario de su cargo sin proponer un presidente alternativo y con el único basamento de denuncias sin necesidad de sustento o condena judicial.
Esta disposición fue la que posibilitó que el parlamento peruano apartara de su cargo a Martín Vizcarra, acusado de corrupción durante su gestión al frente del gobierno departamental de Moquegua. Vale recordar que este mismo parlamento que depuso a Vizcarra había sido electo apenas ocho meses antes y por un período extraordinario de apenas más de un año. La elección había sido fruto de otro mecanismo parlamentario: la moción de confianza. En ese entonces, al ver entorpecida la posibilidad de avanzar con su plan de gobierno por las continuas trabas legislativas, el entonces presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones.
El saldo electoral demostró la dispersión de las fuerzas partidarias, la poca confianza en la institucionalidad y el peso de los regionalismos en el Perú. Con una composición mayoritaria de bancadas de derecha y centroderecha, en las elecciones de enero se destacó también la aparición con fuerza de los etnocaceristas y del FREPAP (Frente Popular Agrícola del Perú). Los primeros son una tendencia ideológica que reivindica el origen étnico inca pero con fuertes componentes reaccionarios; por ejemplo, apoyan la pena de muerte y se oponen a la agenda del colectivo LGTBI. Su líder, Antauro Humala —hermano del expresidente— permanece detenido por un levantamiento militar y su partido presiona para que se le permita participar en las elecciones presidenciales. Por su parte, el FREPAP es un movimiento evangelista que sigue las enseñanzas de Ezequiel Ataucusi, un autoproclamado mesías peruano que sintetizó una religión que unifica la cosmovisión cristiana con prácticas ancestrales andinas. Su bancada se ubica como la tercera más grande de este congreso extraordinario.
A partir de Fujimori, la política peruana mostró una baja calidad institucional y la porosidad con la que la corrupción logró incidir en todas las instituciones del Estado. Todos los presidentes que ocuparon el Ejecutivo peruano desde 1993 hasta la fecha han sido acusados y/o condenados por casos de corrupción: además del propio Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuckinski, Martín Vizcarra. Tal vez el caso más sonado sea el de García, dos veces presidente del país —una “por izquierda” y la otra abiertamente “por derecha”— que culminó su vida con un suicidio mientras se lo investigaba por malversación de fondos en la causa Odebrecht.
A la larga lista de presidentes peruanos condenados, investigados y prófugos se le sumará muy pronto Manuel Merino, sobre quien pesa una investigación preliminar por las responsabilidades en las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, ocurridas en las movilizaciones. Merino, quién gobernó apenas cinco días, llegó a la presidencia gracias al consenso de los bloques que componen el Congreso pero su paso fue fugaz y funesto: nombró a un gabinete compuesto por exministros, poco representativo y escorado a la derecha; reprimió la protesta social y debió abandonar el poder cuando el propio Ejército terminó de soltarle la mano.
Ahora, al frente del Ejecutivo reviste Francisco Sagasti, un ingeniero formado en Pennsylvania, con un largo curriculum en distintas funciones del Estado durante diversos gobiernos de todo tipo y color. Sagasti llegó como congresista por el Partido Morado, el único que no avaló la destitución de Vizcarra y uno de los mejores posicionados de cara a las elecciones de 2021. El candidato morado, Julio Guzmán, es un hombre de centroderecha, liberal en lo económico y con cierta apertura a la discusión de libertades individuales. El propio Sagasti estaba anotado como candidato a vicepresidente de Guzmán en las internas moradas, aunque ya anunció que declinará la candidatura en vistas de continuar con su mandato presidencial.
Los morados, una formación con importante peso urbano, transitan el difícil equilibrio que atraviesa la política peruana. Mientras evitan posicionarse sobre una posible reforma constitucional, tejen alianzas con las distintas formaciones de centro liberal con el objetivo de construir un bloque político que les permita gobernar en caso de ganar las próximas elecciones.
Mientras tanto, las calles siguen movilizadas y comienza a emerger el reclamo por una reforma constitucional. Si bien las movilizaciones comenzaron con un claro contenido urbano, juvenil y comandadas por los sectores más politizados, han logrado instalar la discusión en torno a la necesidad de cambiar las reglas del juego en el Perú. Verónika Mendoza, la principal candidata de izquierda en el país, ya anunció que convocará a que se realice un plebiscito constitucional el 11 de abril, llamando a la colocación de una segunda urna que oficie a modo de referéndum constitucional.
A la complejidad del escenario se le suma una última perla: el “vacado” (desplazado) presidente Martín Vizcarra anunció que participará de las elecciones como primer candidato al Congreso por la lista de Somos Perú, la formación conducida por el exfujimorista Daniel Salaverry, y uno de los bloques que votó a favor de la destitución del propio Vizcarra. Perú, no lo entenderías.
Perú en una América Latina en disputa
La situación de Perú no puede leerse aislada de su contexto regional y es por ello que el rumor de una nueva constitución ha prendido con fuerza. En su frontera sur late el ejemplo chileno, que recientemente optó —en un 80%— por reformar la constitución heredada de Pinochet. Las relaciones entre ambos países nunca han sido muy buenas y existen conflictos territoriales entre ambos Estados. Sin embargo, el ejemplo chileno impacta de cerca en el sur peruano, una región más combativa, vinculada a las luchas agrarias y de pueblos originarios y con un sentido común más volcado a la izquierda.
Allí también impacta positivamente la elección en Bolivia, donde Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, se impuso con un 55% de los votos, refrendando el masivo apoyo boliviano al proceso de cambio que se extiende desde hace casi 15 años en el país. El precedente de ambos países parece oficiar como faro para algunas de las discusiones que se dan en Perú.
Por último, Ecuador elegirá presidente en el mes de febrero de 2021 y aunque es demasiado pronto para realizar especulaciones electorales, Andrés Arauz, el joven economista candidato del correísmo, encabeza la intención de voto en las encuestas, superando al banquero Guillermo Lasso y al dirigente indígena conservador Yaku Pérez. El resultado en Ecuador, por su cercanía geográfica y temporal, también puede revestir una influencia importante en las elecciones del 11 de abril.
Hacia las elecciones en un Perú caldeado
A solo 4 meses para que se elija al próximo presidente del Perú, el escenario continúa siendo incierto. Son 24 las listas que presentaron candidatos frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales pero se cuentan con apenas una mano aquellos que tienen proyección nacional y posibilidad de disputa.
A Julio Guzmán, del actualmente oficialista Partido Morado, y Verónika Mendoza, candidata de izquierda de Juntos por el Perú, se le suman Keiko Fujimori y George Forsyth. Keiko es la hija mayor del dictador condenado y aglutina un importante sector del voto de derecha. Durante años la contradicción principal en el Perú se expresó en términos de fujimorismo-antifujimorismo. De hecho, este clivaje fue el que le permitió a PPK asumir el gobierno luego de un balotaje en el que enfrentó a la propia Keiko y al que llegó con apenas el 18% de los votos. Al calor de los gobiernos de PPK y Vizcarra —y luego de que Keiko debiera enfrentar una condena por lavado de dinero para financiar su campaña electoral— el espacio fujimorista perdió terreno pero aún conserva una importante aceptación en algunos sectores, muchos de ellos de extracción popular.
George Forsyth es el alcalde del popular distrito de La Victoria. Este joven exarquero de la selección peruana de fútbol se muestra como un candidato del centro ideológico y del diálogo. Fuerte en el voto urbano, tiene el desafío de extender su referencia a las regiones, en un país marcado fuertemente por el peso de las demandas de los departamentos.
Por último, Verónika Mendoza ha logrado capitalizar gran parte del descontento social imperante en el país. A su propuesta de nueva Constitución se le suma el hecho de haber tenido una buena performance en 2016, donde cosechó un 16% de los votos con fuertes apoyos en el sur del país. Ahora deberá lidiar con un sello partidario poco conocido (Juntos por el Perú) e intentar expresar el descontento de una considerable porción del pueblo peruano con los políticos de siempre.
El escenario continúa abierto, entre la apuesta de Sagasti por la desmovilización y una campaña presidencial que estará atravesada por la crisis institucional que movilizó a todo un país.
Perú se puso el alma y se puso el cuerpo
La vacancia y el protagonismo popular
9 de noviembre de 2020. Antes de esa fecha el análisis geopolítico de Nuestra América podía transitar sin mayor reparo sobre la realidad peruana, en medio de una agitada y movilizada Patria Grande atravesada por los procesos en Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Costa Rica, entre otros. Sin embargo, ese 9 de noviembre marca un hito histórico en la disputa del pueblo peruano. En medio de una crisis social y económica agudizadas por la Covid-19, tiene lugar una profundización sin precedentes de una crisis política en la cual el pueblo decide involucrarse protagónicamente. Tres presidentes en una semana y la mayor movilización popular en la historia republicana del país son algunos hechos que nos demandan a los movimientos políticos y sociales peruanos una rigurosa comprensión de lo que viene sucediendo en Perú, rumbo a los 200 años de la primera independencia. En ese sentido, a continuación compartimos un análisis de la coyuntura peruana con la cabeza, los pies y el corazón firmes en el lado popular.
La crisis política: la fisura del proyecto neoliberal
El nuevo período presidencial de Francisco Sagasti Hochhäusler en el Perú no puede comprenderse de manera fragmentada, apelando únicamente a las recientes movilizaciones provocadas por el golpe parlamentario contra el expresidente Martín Vizcarra, bajo la aplicación antojadiza de la vacancia presidencial por parte de un reciclado Congreso masivamente repudiado por la población. Resulta imprescindible analizar los últimos sucesos como parte de un proceso de crisis acumulada, específicamente en la dimensión política, y que tiende cada vez más a profundizarse al no encontrar salidas dentro del modelo neoliberal.
En el Perú, la crisis política es la dimensión de la crisis estructural del neoliberalismo —entendido como un proyecto de reconfiguración del capitalismo desplegado desde la década de 1970— que ha cobrado mayor énfasis durante los últimos años y es la que explica mucho de lo que acontece hoy en día. Esta crisis se tornó evidente ante la ciudadanía a partir del año 2017, a propósito de las investigaciones judiciales sobre el caso de corrupción de la empresa constructora Odebrecht.
A modo de síntesis, el saldo principal de este expediente es que demostró crudamente la corrupta y criminal configuración del Estado neoliberal en el Perú. Esto se apreció en los tres poderes estatales: a) todos los presidentes elegidos democráticamente se encuentran en calidad de investigados en procesos judiciales por corrupción, o, inclusive, algunos bajo prisión preventiva; b) se corroboró la existencia de organizaciones criminales en el seno del Poder Judicial; y c) se destaparon los intereses de los poderosos a los cuales respondía la clase política enquistada en el Poder Legislativo desde la década de 1990, en lugar de atender las siempre postergadas demandas del pueblo peruano.
Asimismo, de conformidad con la categoría gramsciana de “Estado Ampliado”, el caso Odebrecht puso en el foco del debate el rol que desempeñan los grandes grupos empresariales en los esquemas de corrupción y la lamentable complicidad de sus medios de comunicación concentrados y monopolistas[2].
El 21 de marzo de 2018 marca otro punto de agravamiento de la crisis política. Ese día, el banquero gestor de intereses Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renuncia a la presidencia del Perú, a partir de serios indicios que lo involucraban en actos de corrupción propiciados por Odebrecht. PPK ganó ajustadamente la presidencia en 2016 (por una diferencia de 0,24% de votos válidos), mediante una segunda vuelta (balotaje) contra la sucesora del fujimorismo, Keiko Fujimori. Como se apreciará posteriormente con miras a comprender mejor lo que sucede en la coyuntura, esta disputa electoral esboza las dos partes protagónicas del conflicto político en el Perú, en el cual estaban ausentes o relegados tanto el pueblo como los partidos de izquierda. Es decir, la crisis política en el Perú hasta el 9 de noviembre de 2020 se redujo a una disputa entre dos bandos de derecha que, cada uno con sus propias particularidades[3], garantizan los intereses de la oligarquía peruana, el imperialismo norteamericano y el capital transnacional. Por este motivo, a partir del 2016 la disputa entre las facciones de la élite que capturó el Estado peruano desde la imposición del modelo neoliberal, tomó la forma de un conflicto entre el Poder Ejecutivo (PPK) y el Poder Legislativo (Keiko).
Ante la renuncia de PPK, la presidencia de la República fue asumida por el entonces vicepresidente Martín Vizcarra. Esto no cesó las tensiones entre el Parlamento dominado por el fujimorismo y el Ejecutivo, ahora al mando de Vizcarra. Todo lo contrario. La crisis persistió y continuó agudizándose. Así, Vizcarra —en respuesta a las demandas de la sociedad— convocó a fines de 2018 a un referéndum para impulsar reformas políticas y judiciales (no reelección, financiamiento de los partidos, etc.) con el objetivo de intervenir en la crisis política. La facción dominante en el Congreso se opuso férrea y vergonzosamente a dichas reformas. A pesar que estas no significaban cambios estructurales y profundos, sí entorpecían y dificultaban el plan de dicho bando para recobrar el control de todo el Estado peruano como en tiempos de Fujimori y Montesinos. Esta resistencia llegó al punto de que el 30 de septiembre de 2019 Vizcarra, ante la denegación de la confianza del parlamento a su gabinete ministerial por segunda vez, decidió aplicar la medida constitucional del cierre del Congreso, respondiendo al masivo clamor popular que se apoderaba de las calles en el Perú, contra la ofensiva de la clase política que secuestró el Estado desde la década de 1990. Vizcarra no cerró el Congreso. Fue el pueblo quien decretó el cierre del Congreso en las calles y el mandatario respondió al sentir popular. El año 2020, de esta manera, se realizaron las elecciones parlamentarias para completar el período legislativo y Vizcarra se consolidó acreedor de una gran aprobación de la opinión pública por cerrar el Congreso.
Vacancia presidencial: convergencia de crisis y movilización popular
La alta aprobación y legitimidad de Martín Vizcarra al iniciar el año 2020, tras el cierre del Congreso, se vieron duramente afectadas por la Covid-19. Sobre la crisis política que arrastramos desde 2017 convergieron la crisis social y la crisis económica, ambas presentes desde hace varios años, pero agravadas y categóricamente visibilizadas por el virus pandémico. El coronavirus dejó al desnudo las debilidades estructurales del proyecto neoliberal, sentenciado en nuestro país mediante la moribunda y dictatorial Constitución Política de 1993, al no lograr responder las demandas apremiantes del pueblo. La precarización laboral, el déficit de vivienda digna con acceso a servicios sanitarios, el olvido en el plano de políticas públicas de la agricultura familiar y el desmantelamiento, desfinanciamiento y privatización de la salud en el Perú son resultado de décadas de neoliberalismo, que hoy en día nos colocan como el país con mayor tasa de mortalidad por Covid-19 a nivel mundial.
En este contexto pandémico, el nuevo Congreso, elegido a inicios de 2020 para completar el período legislativo hasta julio de 2021, no claudicó en priorizar su ofensiva contra Vizcarra. Prueba de ello son los dos intentos de vacancia, prosperando el último de ellos el 9 de noviembre de 2020. Aprovechando la divulgación de información que comprometía a Vizcarra en actos de corrupción durante el período que fue gobernador regional, el Congreso —paradójicamente, con más de la mitad de sus miembros investigados en Fiscalía de la Nación por presuntos delitos de corrupción— recurrió a la causal de “incapacidad moral” para aplicar el recurso de vacancia presidencial. Dicho de otra manera, se efectivizó un golpe parlamentario[4]. Independientemente que dicha causal comparada y originariamente es usada para casos de pérdida de discernimiento, el hecho de que Martín Vizcarra sea un presidente “sin bancada congresal” lo dejó expuesto a las maniobras golpistas del Congreso.
El golpe parlamentario fue inmediatamente repudiado por el pueblo peruano. Si bien al inicio se sintió en las calles el predominio de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras fuerzas de la izquierda peruana, con el pasar de las horas y de los días la amplia, creciente y descentralizada movilización pacífica contra el régimen usurpador de Merino trascendió al espectro de la militancia de izquierda e involucró la participación espontánea de miles de peruanos y peruanas, difícil de caracterizar en términos político-partidarios, pero con una distinguida impronta de diversidad y juventud.
Este masivo rechazo al golpe y al presidente usurpador Manuel Merino, presidente de la Mesa Directiva del Congreso golpista, no significó un apoyo o respaldo a Martín Vizcarra. En noviembre, el 83% de peruanos y peruanas creía que el desplazamiento de Vizcarra por intereses políticos o personales de los congresistas[5]. Esto también se percibió en el acelerado aumento de desaprobación del Congreso peruano antes de la vacancia (65% de desaprobación a nivel nacional[6]) y luego de ella (90% de desaprobación). Asimismo, un 88% de la población estaba en desacuerdo con la medida de la vacancia[7] y un 90% en desacuerdo con el nombramiento de Manuel Merino como presidente de la República[8]. Esto explica el veloz ascenso de las inéditas y multitudinarias movilizaciones en todo el territorio nacional, que no terminaron el 14 de noviembre, cuando arrinconaron al golpista Merino obligándolo a renunciar, sino que continúan hasta la fecha, con una intensidad menor que el 14N pero sostenidamente, exigiendo verdad, justicia y reparación para las decenas de desaparecidxs, cientos de heridxs y el asesinato de los jóvenes Bryan Pintado Sánchez (22 años de edad) e Inti Sotelo Camargo (24 años de edad), producto de la abusiva y despiadada represión policial.
Las enérgicas y decididas manifestaciones contra el golpe reflejan un sentimiento de hartazgo y fastidio generalizado. Quedó en evidencia que la clase política desprestigiada, liderada por el “fujiaprismo”, luego de décadas de captura del Estado peruano, no se dejaría desplazar fácilmente. Este grupo encontró espacios para intentar una ofensiva que cambiara la correlación de fuerzas que propició su salida del Congreso, le permitiera recapturar el Estado peruano y así cumplir su agenda neoliberal, tal como se lo habían propuesto desde 2016.
Así, ante la disolución del Congreso en el 2019, se reagruparon mediante el ropaje de una asociación civil: la “Coordinadora Republicana”. Este vehículo aglutinó a una diversidad de personajes que dibujan el perfil de la derecha más conservadora —en lo político, económico y social— del Perú. La Coordinadora Republicana cuenta en sus filas con políticos vinculados a gobiernos violadores de derechos humanos, jueces destituidos por escándalos de corrupción, periodistas, empresarios mineros, referentes del Opus Dei, evangelistas, entre otros. No sorprende, por eso, que detrás de todas las tentativas de desestabilización del gobierno de Vizcarra, de parte del “nuevo” Parlamento, se encontraran huellas de dicha síntesis de la derecha más conservadora, recalcitrante, colonial, machista, homofóbica, racista y entreguista[9]. Cualquier duda se disipó cuando el usurpador Merino presentó a su efímero gabinete ministerial, en el cual todos sus miembros estaban íntimamente vinculados a dicha Coordinadora.
La intensidad de la lucha en las calles disminuyó luego del derrocamiento de Merino y su pandilla. Como resultado de la negociación entre los congresistas que votaron en contra de la vacancia a Vizcarra, el liberal Francisco Sagasti Hochhäusler llegó a la presidencia del Perú con la tarea de garantizar una transición hacia las elecciones presidenciales y congresales de abril de 2021 en medio de una crisis política que no encuentra límite en su profundización. Sin embargo, a diferencia de los años anteriores, el pueblo peruano se ha posicionado firme y decidido para jugar un rol protagónico en la crisis.
Desde el movimiento popular estamos convencidos y convencidas que: (i) el 9 de noviembre de 2020 abre un camino en lo político para disputar con mayor protagonismo y efectividad la transición hacia un “posposfujimorismo”, como un punto de inflexión similar a las anteriores luchas contra el fujimorismo: de la Marcha de los Cuatro Suyos en el 2000, del voto antifujimorista en el 2016, de la bulla callejera para el Cierre del Congreso en el 2019; y (ii) en lo social y económico, a partir del impacto de la Covid-19, se presenta una oportunidad para transitar hacia un período posneoliberal. Dependerá, en buena medida, de la intensidad del trabajo de base, de organización, politización, formación política y sobre todo, de la movilización de la izquierda para sostener el momento histórico que atravesamos y confluir, en el corto y mediano plazo, hacia la construcción colectiva de un Nuevo Perú, posfujimorista y posneoliberal. Ese espacio de confluencia de la crisis política, social y económica es el Proceso Constituyente, siempre teniendo en cuenta que será con y por el pueblo, o no será.
Reflexiones y perspectivas desde el movimiento popular
La crisis política es el principal problema del Perú. Al consultarle a peruanos y peruanas a nivel nacional por los principales problemas del país, como nunca antes, la inestabilidad política (la crisis política) se posiciona en primer lugar con un 34%, desplazando nuestros problemas recurrentes como el económico, inseguridad y corrupción[10].
Legitimidad del ejercicio del derecho a la protesta y su efectividad. Después del conflicto armado interno en el Perú, que coincidió con el período de imposición del proyecto neoliberal, por diversos mecanismos se ha pretendido estigmatizar la protesta social. Si bien en anteriores ocasiones hubo protestas que gozaron del apoyo de la opinión pública, como las movilizaciones contra la Ley de Empleo Juvenil (“Ley Pulpín”) entre 2014 y 2015, la reciente participación masiva sin precedentes a nivel nacional y de manera descentralizada de los espacios convencionales de protesta, como el centro de Lima, permite apreciar un alto nivel de legitimidad de la protesta social en el Perú. Sobre esto, un estudio de opinión realizado en noviembre indica que un 37% de peruanos y peruanas afirman haber participado, ya sea en redes sociales, en las calles o mediante cacerolazos, en las protestas contra el golpe[11]. En el mismo sentido, otro estudio indica que un 13% ha participado y apoya la protestas, mientras que un 73% no ha participado, pero apoya las manifestaciones en el marco de la vacancia[12]. Por otro lado, la efectividad de la protesta no se corroboró solamente en la renuncia de Merino, sino que las primeras movilizaciones impidieron que la facción golpista cumpla sus primeros cometidos, como la aprobación de normas que permiten la actividad minera en la cuenca amazónica o el retroceso de la Reforma Universitaria.
La juventud, como construcción histórica. La participación de la juventud es uno de los datos que sobresale de las últimas jornadas de lucha política. Las movilizaciones derrocharon diversas subjetividades, códigos y estética, de una generación que no conoció directamente ni por asomo el período fujimorista pero que está dispuesta y decidida a sepultar sus rezagos. La agitación durante las movilizaciones cambió el bemol convencional de la izquierda institucional hacia uno que se desplazaba desde la batucada feminista hasta coloridos disfraces de personajes animados. Las pancartas reivindicativas clásicas se sustituyeron por emoticones de repudio. De esta manera, el 75% de jóvenes, entre 18 y 24 años, a partir del 9 de noviembre señala que tiene interés en la política[13]. Este interés, por ejemplo, se pudo apreciar en el nivel de politización que alcanzaron las redes sociales como Instagram o Tik Tok, hasta el momento ajenas a contenidos políticos en el plano nacional. El hashtag #MerinoNoEsMiPresidente alcanzó un 10,5 millones de vistas en TikTok. Asimismo, la magnitud de la tarea histórica propició la organización de brigadas médicas, seguridad, jurídica y un equipo de primera línea para desactivar bombas lacrimógenas. Para el próximo proceso electoral de abril 2021, un 30% del padrón electoral estará conformado por votantes menores de 30 años de edad[14].
La institución policial bajo escrutinio popular. A inicios del período de aislamiento social obligatorio (cuarentena) decretado por el gobierno, la Policía gozaba de una gran aprobación y reconocimiento de la población. En octubre, un 45% de la población reconocía como muy bueno o bueno el trabajo de la Policía, ubicándola en segundo lugar después de las Fuerzas Armadas. El sentido común de “la mano dura” para lidiar en contextos de crisis cambió radicalmente a partir de las protestas contra el golpe parlamentario. La represión y arbitrariedad policial desplegadas el 14N tuvo como saldo el asesinato de dos jóvenes, Inti y Bryan, 114 heridxs, 44 desaparecidxs y decenas de detenciones ilegales[15]. A pesar de que la represión policial no es una novedad en el Perú[16]—por citar un ejemplo, en agosto la Policía asesinó con armas de fuego en la Amazonia a tres peruanos de la etnia Kukama, que protestaban por demandas sanitarias en tiempos de Covid-19—, un resultado de las recientes protestas fue colocar en el debate público la necesidad de reestructurar la institución policial y tomar medidas inmediatas como verdad, justicia y reparación para las víctimas, derogación de Ley de Gatillo Fácil, desactivación del Grupo TERNA (policía vestida de civil). Por eso, el presidente transitorio Sagasti entre sus primeras medidas debió cambiar el alto mando de la Policía, pero sin hacer mayor precisión sobre las responsabilidades individuales ni sobre posibles cambios estructurales[17].
Valorar el amplio acumulado en defensa de los derechos humanos. A pesar de sus propias limitaciones para lograr cambios profundos y estructurales rumbo a un proyecto nacional, popular, soberano con paz y justicia social, y, sobre todo, teniendo en cuenta la ofensiva neoliberal, neoconservadora e imperialista en la región, no podemos dispensar de valorar, en lo táctico y estratégico, el amplio acumulado “antifujimorista” o en defensa de los derechos humanos. Por ello, resulta esencial desde ese amplio espacio disputar una corriente que vaya más allá de la defensa contra la corrupción, a una ofensiva transformadora de la sociedad peruana en lo económico, político, social y cultural.
Oxigenación para lucha social. Si bien las movilizaciones contra el golpe parlamentario sorprendieron a muchos, no es cierto que el Perú haya estado en calma de protesta. Durante los 106 días del período obligatorio de aislamiento social se confirmaron 525 protestas a nivel nacional[18], fundamentalmente gatilladas por la pandemia. Entre ellas podemos encontrar el justo reclamo, aún vigente, emprendido por los trabajadores y trabajadoras de la salud[19]por mejores condiciones de trabajo para enfrenar al Covid-19. En todo caso, no cabe duda que las recientes marchas multitudinarias han marcado una conquista en la movilización social. Eso se pudo apreciar cuando a pocos días del nuevo gobierno de transición, distintos gremios, entre ellos el docente, se movilizaron para exigir distintos puntos de su pliego de reclamo. Lo particular consistió en que no solo llegó hasta las afueras del Congreso, algo que anteriormente era evitado mediante la represión policial, sino que los dirigentes gremiales fueron atendidos personalmente por la presidenta del Congreso[20], la congresista del Frente Amplio Mirtha Vásquez[21], valerosa defensora del medio ambiente y de lideresas sociales como Máxima Acuña. Al cierre de este texto, la lucha social se intensifica en distintos lados, como la huelga indefinida del sector minero en Cajamarca[22], a nivel nacional las Rondas Campesinas exigen que no se les limite sus competencias jurisdiccionales[23], y, con mayor intensidad, los trabajadores y trabajadoras del sector agroexportador llevan más de 48 horas de huelga, bloqueando carreteras y exigiendo la mejora en sus condiciones de trabajo y la derogación del régimen esclavista al que están sujetos desde tiempos de imposición del proyecto neoliberal[24].
El Momento Constituyente. Por último, consideramos que las anteriores conclusiones, tanto en lo político como en lo económico y social, pueden confluir en un proceso Constituyente Popular. El grito de “Nueva Constitución” ha trascendido los espacios de militancia de izquierda, pero aún no encuentra un espacio de organización, movilización y sobre todo, politización para ir sosteniendo dicho proceso colectivo. He aquí el reto y desafío para el campo popular. Rumbo a las elecciones de 2021, la candidata presidencial Verónika Mendoza del Movimiento Nuevo Perú es quien llega con la consigna constituyente que viene proponiendo desde años atrás. Ahora la plantea en el contexto de crisis, por ejemplo, anunciando una “Segunda Reforma Agraria” o planteando una segunda urna para las próximas elecciones donde el pueblo decida si quiere o no cambiar la Constitución de 1993 e iniciar un proceso soberano y popular. Mendoza comienza a despertar ilusiones de las mayorías hartas del modelo neoliberal y el pavor de los poderosos. Sea cual sea el desenlace, somos conscientes que sin construcción de poder popular no es posible sostener mínimas reformas desde el poder institucional, y ahí las bondades y oportunidades que ofrece el proceso constituyente, como nos han demostrado los casos venezolanos, bolivianos y ecuatorianos.
Referencias
[1] Observatorio de la Coyuntura de América Latina y el Caribe (noviembre de 2020). Informe #09: ¿Cambio de etapa? Avances contra el imperialismo y aumento de la movilización popular. Instituto Tricontinental de Investigación Social. Recuperado de https://www.thetricontinental.org/es/ba-research/obsal09/
[2] Castro, J. (4 de diciembe de 2017). Lava Jato: Ordenan detención de accionista principal de Grupo El Comercio. Ojo Público. Recuperado de https://ojo-publico.com/554/lava-jato-ordenan-detencion-accionista-principal-jose-gra%C3%B1a
[3] Por un lado, PPK aglutinaba un sector de la derecha “tecnócrata”, con un perfil groseramente neoliberal en lo político y económico y matices de liberal en lo social, con un recorrido empresarial sin experiencia en el sector público, y un pronunciado factor de clase para una sociedad racista y colonial como la peruana. Del otro lado, Keiko Fujimori, perdedora de las elecciones anteriores contra Ollanta Humala en 2011, en base al entonces acumulado del fujimorismo, que se sostiene en la figura del patriarca violador de derechos humanos Alberto Fujimori, organizó un grupo que, si bien se diferenciaba de los “tecnócratas” por su componente conservador en lo social, coincidían en mantener el proyecto neoliberal impuesto por el padre, sobre todo en lo concerniente a lo económico.
[4] Llama la atención que, a diferencia de los casos brasileño, argentino y ecuatoriano, en el Perú las tácticas de lawfare (judicialización de la política) sean utilizadas como armas en los desencuentros de las élites dominantes en crisis política, y no como herramientas para frenar proyectos alternativos y nacionales.
[5] Encuesta especial – Crisis política (Noviembre 2020). Instituto de Estudios Peruanos. Recuperado de https://iep.org.pe/noticias/encuesta-especial-crisis-politica-noviembre-2020/
[6] Ibid.
[7] La Crisis Política en el Perú (Noviembre de 2020). IPSOS. Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-11/la_crisis_politica_noviembre_2020.pdf
[8] Ibid.
[9] Bedoya, C. (14 de septiembre de 2020). La cabeza política del complot contra Vizcarra. LaMula. Recuperado de https://carlosbedoya.lamula.pe/2020/09/14/la-cabeza-politica-del-complot-contra-vizcarra/carlosbedoya/
[10] Encuesta especial – Crisis política (18 de noviembre 2020). Instituto de Estudios Peruanos. Recuperado de https://iep.org.pe/noticias/encuesta-especial-crisis-politica-noviembre-2020/
[11] Ibid.
[12] La Crisis Política en el Perú (Noviembre de 2020). IPSOS. Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-11/la_crisis_politica_noviembre_2020.pdf
[13] Encuesta especial – Crisis política (18 de noviembre 2020). Instituto de Estudios Peruanos. Recuperado de https://iep.org.pe/noticias/encuesta-especial-crisis-politica-noviembre-2020/
[14] El 30 % de electores aptos para sufragar el 2021 tiene menos de 30 años (10 de septiembre de 2020). Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-el-30-electores-aptos-para-sufragar-2021-tiene-menos-30-anos-813326.aspx
[15] Perú: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que hay 44 desaparecidos tras las protestas (15 de noviembre de 2020). Página 12. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/306037-peru-la-coordinadora-nacional-de-derechos-humanos-denuncio-q
[16] Montaño, F. (25 de noviembre de 2020). En 18 años, 159 personas murieron en protestas sociales y ningún policía acusado recibió sanción. Convoca. Recuperado de https://convoca.pe/agenda-propia/en-ocho-anos-159-personas-murieron-en-protestas-sociales-y-ningun-policia-acusado
[17] Gorriti, G. (29 de noviembre de 2020). La purga policial. IDL-Reporteros. Recuperado de https://www.idl-reporteros.pe/la-purga-policial/
[18] Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales (GICO) (Agosto de 2020). Perú, un país movilizado. Reporte de Acciones Colectivas de Protesta y Petitorios durante la Cuarentena Nacional (Marzo-Junio 2020). Recuperado de https://drive.google.com/file/d/11HbcshHCU3NuhHqIgHQJ0V2JD-1S-Ly-/view
[19] Personal médico en Perú exige mejores condiciones ante Covid-19 (14 de mayo de 2020). teleSUR. Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/personal-medico-exige-mejores-condiciones-covid-peru-20200514-0039.html
[20] Pdta. Mirtha Vásquez recibe a dirigentes del Sutep y CGTP (24 de noviembre de 2020). Centro de Noticias del Congreso. Recuperado de https://comunicaciones.congreso.gob.pe/contrastes/pdta-mirtha-vasquez-recibe-a-dirigentes-del-sutep-y-cgtp/
[21] Mirtha Vásquez: ¿Quién es la próxima presidenta del Congreso? (16 de noviembre de 2020). Servindi. Recuperado de https://www.servindi.org/actualidad-noticias/16/11/2020/mirtha-vasquez-quien-es-la-proxima-presidenta-del-congreso
[22] Federación Nacional De Trabajadores Mineros,Metalúrgicos y Siderúrgico-Perú (1 de diciembre de 2020). Carta 187-2020 del Consejo Ejecutivo Nacional del FNTMMSP. Recuperado de https://www.facebook.com/FNTMMSP/photos/pcb.3907972252580552/3907966885914422/
[23] Rondas campesinas: Así se desarrolló la marcha en contra del fallo del TC que limita sus funciones (30 de noviembre de 2020). RPP Noticias. Recuperado de https://rpp.pe/peru/actualidad/rondas-campesinas-asi-se-desarrollo-la-marcha-en-contra-del-fallo-del-tc-que-limita-sus-funciones-noticia-1307129
[24] Continúa el paro de los trabajadores del sector agrario en Perú, exigen la llegada de la Comisión de Alto Nivel (1 de diciembre de 2020). La República. Recuperado de https://www.larepublica.co/globoeconomia/continua-el-paro-agrario-en-peru-exigen-la-llegada-de-la-comision-de-alto-nivel-3096422
