La riqueza pesquera argentina, ¿platos gourmet para pocxs o bienes comunes para todxs?
No somos inocentes, sabemos que la noción de riqueza, al igual que la de pobreza, es relativa. Pero jugamos con esa palabra en el título para polemizar de entrada con el sentido común de lxs economistas burguesxs. Riqueza es equivalente a abundancia y la ideología liberal basa toda su argumentación en la noción escasez. Esa escasez modifica el concepto de riqueza, ya que esta última es entendida como el producto de la combinación entre la competencia y el mérito (el trabajo duro).En 1875 Marx, el crítico de la economía política burguesa, polemizó con esta idea de riqueza. En una de sus primeras observaciones criticó la idea de que la fuente de toda riqueza fuese el trabajo y afirmó lo siguiente: la naturaleza es la fuente de toda vida y de toda riqueza (valores de uso) (Marx, 1979). Con esta crítica apuntaba a la falsa dicotomía entre sociedad y naturaleza. En línea con este razonamiento, entendemos que para superar esta dicotomía hay que explicar lo social como un momento de la historia natural, el momento de la autoconciencia de la propia naturaleza en la especie humana, cuya diferencia con “el resto de la naturaleza” es de grado y no de sustancia. Pues, al decir de Marx, no es la unidad de los individuos “viviendo y actuando en unas determinadas condiciones naturales, inorgánicas, de su metabolismo con la naturaleza y por consiguiente de su apropiación de la naturaleza, lo que exige explicación” (Marx, 2001). Según Marx, lo que exige explicación es la separación de aquellas condiciones inorgánicas de la existencia humana, “una separación que no es total más que en la relación trabajo asalariado y capital” (ídem). Para Marx, la humanidad como sujeto es tanto cuerpo orgánico como cuerpo inorgánico, que bajo el capitalismo se encuentra escindido. En este contexto la producción capitalista revoluciona las fuerzas productivas “socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza”: la tierra (incluido los mares) y lxs trabajadorxs (idem). En este sentido, la problemática pesquera argentina no es más que una expresión concreta de la historia de esta escisión. En las siguientes líneas desarrollamos una crítica a la apropiación privada de la riqueza pesquera argentina, que en lugar de ser tratada como un “bien común” es tratada, con la connivencia y regulación estatal, como un bien privado en beneficio exclusivo de un puñado de empresas capitalistas.
Cercando el mar argentino
Los “bienes comunes naturales”, denominados recursos naturales en las sociedades de libre mercado, son aquellos bienes (materiales e inmateriales)que no son propiedad de un individuo o un grupo de individuos, sino que pertenecen a toda la comunidad. Esto significa que son de propiedad social, no deben ser privatizados y su regulación debe ser pública. Dar título de propiedad sobre un bien común a un privado conlleva su mercantilización y, por ende, a una extracción intensificada cuyo destino principal es la exportación a fin de incrementar la valorización del capital. Este modo de obtener ganancias es denominado “extractivismo”, una práctica extendida en América Latina que conduce a la acumulación de riqueza en manos de quienes se apropian de estos bienes naturales. Asimismo, este tipo de prácticas produce un rápido agotamiento del bien natural, así como contaminación y desequilibrio ambiental.
En Argentina, uno de estos bienes involucra la gran riqueza biológica presente en sus aguas territoriales. Esta gran riqueza, generadora potencial de alimento y trabajo, propició una actividad pesquera marítima que comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, principalmente en torno al puerto de Mar del Plata. En sus comienzos, la actividad se caracterizó por ser realizada en áreas litorales, con técnicas y embarcaciones artesanales. Los desembarques estuvieron destinados, por un lado, al mercado de Capital Federal y, por otro lado, a las fábricas de conservas de pescado. Sin embargo, hacia la década del ´60 la pesca marítima argentina transitó profundas transformaciones que incluyeron la incorporación masiva de embarcaciones fresqueras de altura[1], la búsqueda de especies cuyos hábitats se ubican más lejos de la costa como la merluza común, la incorporación de procesamiento industrial en tierra como el fileteado y la consolidación de burguesías pesqueras nacionales. En las décadas siguientes, en un contexto mundial de apertura de los mercados pesqueros y del agotamiento de los caladeros de las grandes potencias, como consecuencia de la sobrepesca, se produjo la llegada al caladero nacional de capitales extranjeros que, entre otras cosas, incorporaron embarcaciones factoría-congeladoras[2]. Asimismo, se produjo la expansión de la actividad hacia la región patagónica y el vuelco mayoritario de la producción hacia el mercado externo.
Los cambios que atravesó la actividad durante buena parte del siglo XX y que van a ser fundamentales para entender las primeras décadas del siglo XXI, no sólo impulsaron las capturas obtenidas de las distintas especies, también contribuyeron a que se genere una configuración del sector marcadamente extractivista caracterizada por: a) la consolidación de grandes grupos empresariales nacionales/extranjeros que controlan verticalmente todo el circuito productivo, desde la extracción a la producción y la comercialización; b) un constante aumento del esfuerzo pesquero sobre las especies más valoradas; c) un acentuado perfil exportador; d) una creciente externalización de los impactos producidos hacia el sistema natural (sobrepesca, deterioro de los fondos marinos y contaminación) y hacia el sistema social (creciente precarización laboral, elevada concentración económica y deterioro en los espacios portuarios). Todo esto en un marco de acentuación del proceso privatizador de estos ‘bienes comunes’ a partir de la implementación del sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) comprendido en la Ley Federal de Pesca 24.922/98 e instrumentado por el Consejo Federal Pesquero (CFP).
De esta manera, atravesados por los menesteres que transitó la actividad, los bienes comunes pesqueros no escaparon a la lógica que los mercantilizó durante más de un siglo y, hoy en día, los considera recursos naturales capaces de ser transados en el mercado y extraídos más allá de sus umbrales de sustentabilidad. Esta lógica extractivista, no sólo deja a las comunidades locales menos favorecidas excluidas de los beneficios obtenidos (sean económicos o nutricionales), sino también las hace absorber las externalidades económicas y ambientales producidas. Como sostuvieron Marx y Polanyi, esto es lo que indefectiblemente pasa cuando los seres humanos y su medio natural son sometidos a la ley del valor y transformados en mercancías de un “mercado autorregulado” (Marx, 2001; Polanyi, 2003).
Hecha la ley, hecha la trampa
En el año 1998 se determinó, en el marco de la Ley Federal de Pesca, la distribución de la Captura Máxima Permisible (CMP) de las especies a partir del sistema de CITC, pero su reglamentación recién tuvo lugar en el año 2009 solo para cuatro especies (merluza hubbsi, polaca, merluza negra y merluza de cola). La vieira patagónica fue incorporada recién en el año 2015. Pese a su apariencia de regulación, esta ley y su sistema de cuotificación vinieron a legislar lo que de hecho estaba ocurriendo. Y esto no es nada extraño, ya que esta ley es la expresión de la lógica neoliberal aplicada en la pesca. Por su parte, el modelo de cuotificación de las capturas es completamente consustancial al espíritu neoliberal. Su fundamento parte de una premisa tan falsa como antigua: “la tragedia de los comunes”. Según esta premisa el problema reside en que los bienes comunes no son propiedad de nadie y no son protegidos por nadie. Esto empuja a los individuos, argumenta Hardin desde una perspectiva malthusiana, a aplicar inexorablemente una lógica económica que genera una presión excesiva sobre el bien común y lo agota. Sin embargo, la atribución de esta racionalidad económica en los individuos sólo funciona si hacemos a un margen la historia y las distintas formas comunitarias de regulación. Insistimos, esta racionalidad solo funciona si pensamos que en todo tiempo y lugar las comunidades estuvieron sometidas a la lógica mercantil de libre mercado autorregulado y sus individuos se comportaron siempre como autómatas homo œconomicus. Ahora volvamos al sistema de cuotas.
El régimen de CITC contempla reservas de CMP discriminadas por su uso y destino, cuyo porcentaje de distribución anual es decisión única del CFP. Según la Resolución 10/2009 de este organismo la CMP se distribuye entre seis ítems: 1) las cuotas propiamente dichas, 2) la reserva de administración, 3) la reserva de conservación, 4) la reserva de cuota artesanal, 5) el fondo de reasignación, y 5) la reserva social. Esta última, según se expresa en la resolución citada, debe estar destinada a los sectores de máximo interés social. Dicho así suena muy bien; sin embargo, la realidad muestra que detrás de esta frase se esconden las pujas entre los grupos económicos más concentrados de la pesca. Es así como el máximo interés social se trastoca en un mezquino interés por maximizar las ganancias sectoriales a costa de la precarización y desocupación obrera, por un lado, y al agotamiento de los recursos, por otro. Veamos este reparto más de cerca.
Para el caso de la merluza hubbsi, principal especie cuotificada en términos de volumen y valor, se estableció la siguiente distribución: 69,47 % para las CITC; 0,45 % para la reserva de administración; 2,76 % para la reserva de cuota artesanal; 27,07 % para la reserva social (Res. 23/2009). Un mes después de esta primera asignación, el gobierno bonaerense solicitó, apelando al máximo interés social de la provincia, una nueva asignación de la reserva social correspondiente a su jurisdicción. En esta distribución se establecieron dos condiciones a cumplimentar por las empresas beneficiarias de la reserva social: desembarcar en el puerto de Mar del Plata y procesar la totalidad de las capturas en establecimientos industriales radicados en la ciudad. Meses después, en agosto de 2010, se realizó a pedido del gobierno bonaerense una nueva asignación de dicha reserva social (Res. 13/2010) a tres buques pertenecientes a una empresa (Acta N° 30/2010 del CFP). En el documento se cita como antecedentes de la decisión una nota del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) y una nota de la propia pesquera. Durante los años siguientes el mecanismo de asignación se repitió.Los criterios de distribución entre los buques no constan en actas o resoluciones, sólo se mencionan notas presentadas ante el CFP por parte de las entidades privadas interesadas, acompañadas en algunos casos por notas de una asociación sindical. Tampoco constan en estos documentos las medidas adoptadas para el control del cumplimiento de las obligaciones asociadas. La falta de información en cada una de las resoluciones o actas, en donde se distribuye la reserva social, nos lleva a preguntarnos sobre aquellos criterios considerados para su distribución y el grado de discrecionalidad en cada una de estas decisiones. Decisiones que en general se oponen por el vértice a los objetivos explicitados en la Ley Federal de Pesca sobre las condiciones de trabajo y el bienestar obrero. Llegados a este punto, parece claro que las reasignaciones no están destinadas a los sectores de máximo interés social sino a los de mayor poder de lobby.
Las penas son de nosotrxs, los pescados son ajenos
El hambre es un elemento nodal de los procesos de estructuración neocolonial que se fundamentan en la depredación de los bienes comunes y en la expropiación y explotación de las energías corporales (fisiológicas y nutricionales). Para el imperialismo económico la producción, distribución y el consumo de los alimentos constituyen fenómenos dirigidos al interés financiero de una minoría; por ello, el hambre es producto del colonialismo deshumanizado en la expropiación de las riquezas naturales con procesos devastadores. Hablar de soberanía alimentaria implica comprender la complejidad de la producción, distribución, comercialización y consumo que (im)posibilita las proximidades hacia el derecho a una alimentación adecuada.
En el contexto mundial, desde los años setenta, la disponibilidad de alimentos ha ido en aumento. Sin embargo, la disponibilidad no garantiza el acceso y las condiciones de desigualdad sostienen que diversos países sigan soportando la escasez de alimentos y la insuficiencia de nutrientes. En las lógicas de acumulación vigente los alimentos son mercancías y en las sociedades urbanas se accede a él según sea el poder adquisitivo de las personas en el mercado. Tanto los precios de los alimentos como los ingresos disponibles son determinados por las leyes del mercado y regulados por la intervención estatal. En este escenario cobra centralidad en la problemática alimentaria el aumento del precio de los alimentos, particularmente durante el siglo XXI, debido al aumento de la población, el aumento de los ingresos medios que interviene en la composición de las dietas, la revolución forrajera, el cambio climático, la producción de agrocombustibles y la especulación financiera volcada a las commodities.
La configuración pesquera argentina actual, producto de la evolución de la actividad durante más de un siglo, nos muestra un sector con un marcado perfil exportador. A partir de las últimas décadas del siglo XX, en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad, el sector tendencialmente pasó a exportar más del 50% del tonelaje capturado. En las últimas décadas, la suba de precios internacionales, el crecimiento de la pesquería de langostino patagónico y la apertura de nuevos mercados como el chino, entre otros factores, profundizaron la tendencia exportadora de la actividad. En este sentido, precisamente en los últimos años, se exportaron cerca de 500 mil toneladas de productos pesqueros, dato que representa el 62% del tonelaje bruto capturado. Esta cifra aumenta significativamente si tenemos en cuenta el tonelaje de las capturas verdaderamente aprovechables.
En este contexto, los productos pesqueros nunca llegaron a constituirse como un componente importante de la dieta cotidiana de la población argentina. Desde los años sesenta, el incremento de las capturas y los desembarques respondieron de forma directa a la demanda externa. Hasta cierto punto, este proceso se explica por el peso de la tradición agropecuaria del país, por su precio elevado y el perfil altamente corporativo del empresariado pesquero que se orienta hacia el exterior. Es así que más allá de disponer de caladeros variados y abundantes, los bienes comunes pesqueros argentinos, en términos generales, no llegan a la mesa de lxs argentinxs, constituyéndose en una arista del problema alimentario. La excepción a esta situación se produce durante celebraciones religiosas como la cuaresma o a partir del consumo estival junto al mar en la costa atlántica.
En particular, los sectores sociales con menores ingresos reemplazan, con sentido práctico, calidad nutricional por energía barata en tanto comen lo que pueden comprar. Por otro lado, estos sectores sociales son focalizados por programas alimentarios que entre sus modalidades de prestación predominan las entregas de alimentos secos, en detrimento de los alimentos frescos. También se encuentran vigentes de manera masiva las transferencias de ingresos para la compra individual de alimentos en el mercado que resultan insuficientes por sus bajos montos. De este modo, el acceso a los alimentos se muestra sesgado hacia la abundancia de legumbres, cereales, papa, pan y pastas en detrimento de carnes, frutas y verduras, que configuran prácticas alimentarias y comensalidades en las que se habilitan y deshabilitan sabores. Para los sectores de menores ingresos el pescado es un alimento poco apropiado por su precio relativo, por la dificultad que representa mantener la cadena de frío, por la escasa sensación de saciedad.
El hambre constituye un fenómeno de diversos matices. Las carencias de nutrientes que experimentan las personas en el plano biológico refieren a las distintas policromías del hambre. Josué De Castro utiliza el concepto de hambre oculta para referirse a las carencias de nutrientes imperceptibles que se ocluyen en cuerpos fornidos, que consumen productos alimenticios continuamente, pero deficientes en determinadas proteínas, grasas, sales minerales y vitaminas esenciales en medio de la abundancia de otros micronutrientes. En otras palabras, se come, pero no se nutre.
Por motivos materiales y simbólicos cada plato de comida denota la estructura social que lo configura. En Argentina, los patrones alimentarios han empeorado en las últimas décadas y el sobrepeso y la obesidad representan un grave problema de salud pública, que hoy constituye la forma más prevalente de malnutrición. El pescado marca diferencias en su acceso, en sus preparaciones y en la comensalidad, ya que se elabora como un plato liviano, dietético e individual, habitual en los sectores sociales medios y alto, y se distancian de las comidas rendidoras, baratas y que dan saciedad de los sectores de menores ingresos. Siguiendo los datos de la Encuesta de Nutrición y Salud, realizada por el Ministerio de Salud de Argentina en 2019, “en los dos quintiles más altos de ingresos del hogar se observó mayor proporción de consumo de pescado respecto de los tres primeros. Asimismo, en el quintil más alto fue 2,5 veces mayor que la del quintil más bajo, con una diferencia estadísticamente significativa (39,5% vs 16,0%, respectivamente)” (Ministerio de Salud de Argentina, 2019: 37).
El marcado abismo entre la producción y exportación mundial superavitaria de alimentos y la sombría situación de malnutrición y hambre de amplios sectores sociales requiere tensionar los distanciamientos entre las políticas públicas y la noción de soberanía alimentaria. El Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria definió en 2001 la soberanía alimentaria como el “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001).
Sin embargo, la distribución y apropiación desigual de nutrientes incide en la potencialidad de los cuerpos para el despliegue de la vida en tanto agentes sociales. Como consecuencia de la lógica del proceso de acumulación, la energía de la naturaleza y la vida humana son mercancía. La depredación del capital, al absorber de manera sistemática las energías, se inscribe en las biografías sociales y moldea las posibilidades de desplazamiento social y de agencia; este aspecto constituye una renovada manera de explotación. Entonces, ¿cuál es la distribución y regulación de energías que como sociedad somos capaces de soportar?
¿Qué hacer con nuestra riqueza pesquera?
La situación presentada torna necesario y urgente repensar los sistemas de apropiación y distribución de los bienes comunes pesqueros. En este sentido, dos son los posibles caminos a transitar. Por un lado, dentro de los límites del sistema social y legal vigentes, se puede dar un uso verdaderamente comunitario a la reserva social. Es decir, aprovechar los porcentajes que año a año se reservan de CMP a través de mecanismos que garanticen que dicha reserva, por un lado, genere puestos de trabajo en empresas estatales con gestión obrera y, por otro, que los productos obtenidos lleguen efectivamente a la mesa de los sectores sociales más vulnerables de nuestro país. Canalizar la reserva social hacia cooperativas recuperadas bajo gestión obrera y, a partir de estas, hacia mercados barriales o comedores escolares. Asimismo, esta línea implicaría reflotar el mercado concentrador pesquero y la proyección de una flota pesquera estatal. Consideramos que esta propuesta puede cosechar un rápido y amplio consenso social y político. Tiene la potencialidad, también, de moverse en los márgenes de las disposiciones vigentes. Junto con ello, acompañar a la comunidad en la incorporación de pescado en las preparaciones habituales para que de manera recíproca se intercambien saberes que potencien nutricionalmente las mejoras en el acceso a las proteínas de origen animal a partir del consumo de pescado.
Por otro lado, la importancia de los bienes en disputa y las urgencias alimentarias que presenta nuestro país nos lleva a proponer la posibilidad de “patear el tablero” pesquero. Es decir, pensar y plantear nuevos esquemas de apropiación, producción, circulación, distribución y consumo de los bienes comunes pesqueros. Para ello debe suprimirse la irracionalidad capitalista que pone en riesgo la propia posibilidad de existencia de las especies pesqueras. Como señaló Marx, “en la historia, como en la naturaleza, la putrefacción es el laboratorio de la vida” (Marx, 2001). En este sentido, el régimen de acumulación y su entramado legal deben ser reformulados. Hay que eliminar los derechos de propiedad privada sobre las distintas especies que solo benefician a los grandes grupos empresariales,que configuraron un sector que externaliza constantemente los costos sociales y que presenta una clara orientación extractivista-exportadora. Una reforma integral del entramado legal pesquero necesariamente implica repensar y discutir qué tipo de actividad queremos, quiénes van a hacer los actores sociales que la impulsen y para qué la queremos desarrollar. Diagnosticar las desigualdades y privaciones que provoca el esquema actual, contribuirá a pensar y proyectar una nueva organización de la actividad, centrada en el carácter de bien común de las especies y en la atención de las necesidades prioritarias de la población, sobre todo de los sectores más desfavorecidos.
Bibliografía
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Castro, J. D. (1951) Geopolítica da fome. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil.
Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria (2001) Declaración final. Disponible en https://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1324_es.html
Gudynas, E. (2013) “Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales”, Observatorio del Desarrollo, 13: 1-18.
Ivars, J. R. (2013) “¿Recursos naturales o bienes comunes naturales? Algunas reflexiones”,Papeles de trabajo. Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural, 26: 88-97.
Marx, K. (1979) Crítica al Programa de Gotha, Pekín: Ediciones de Lenguas Extranjeras
Marx, K. (2001) El Capital, Buenos Aires: Siglo XXI.
Ministerio Nacional de Salud (2019) Encuesta de nutrición y salud, Buenos Aires: MNDS
Polanyi, K. (2003) La Gran Transformación. Buenos Aires: FCE.
Referencias
[1] Se entiende como flota fresquera a aquellas embarcaciones que, independientemente de la especie que capturen, realizan las tareas de captura, conservan las mismas frescas (generalmente conservadas con hielo) dentro de la embarcación para luego ser procesadas en plantas especializadas en la ciudad.
[2]Se entiende como flota factoría-congeladora a aquellas embarcaciones que, independientemente de la especie que capturen, realizan las tareas de captura y, además, conservan las mismas congeladas dentro de la embarcación pudiendo ser en muchos casos procesadas dentro de la embarcación y descargadas en tierra listas para la comercialización.
