La organización de la patria precarizada

Línea de Tiempo: Sucesos importantes de la historia argentina reciente e hitos de la Economía Popular en los últimos años

Introducción

La economía popular: entre la resistencia y la conquista de derechos

Estos apuntes, elaborados por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, tienen como objetivo acercarnos a uno de los movimientos más dinámicos de los últimos años en Argentina, el de la economía popular. Movimiento que por su composición, su agenda de reclamos y su visibilidad ha logrado mucho protagonismo en las luchas populares recientes, tal como se visualiza en la línea de tiempo del inicio, tanto en su resistencia al modelo neoliberal encarnado por el gobierno de Mauricio Macri como en la organización de los sectores populares. Compuesto en su mayoría por sectores empobrecidos urbanos, expresa, en su nacimiento y expansión, una profunda crisis del sistema económico capitalista, la reducción sistemática de puestos de trabajo y la precarización generalizada de la vida. En este sentido, nos aproximamos a conocer y sistematizar la experiencia de una parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (una de las tantas organizaciones de este movimiento): la rama cartonera, la rama rural, la rama de liberados/as y familiares y, más adelante, una aproximación a las circunstancias y a los debates que tuvieron como resultado la conformación de la rama sociocomunitaria.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) es una organización social con casi veinte años de desarrollo en la cual se nuclean miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular a lo largo del país. Surge en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires a partir de la organización de familias cartoneras con el objetivo de defender su trabajo de la persecución policial y la prohibición de la actividad, entre otras reivindicaciones. A partir de la organización popular, promueve la creación de cooperativas y unidades económicas en donde se recicla, se produce, se vende y se realizan diferentes tareas de reproducción social.

Una de las características interesantes que presenta esta organización es el fuerte protagonismo que tienen les propies trabajadores como representantes y voceros del movimiento. Las formas de organizar el trabajo incluyen la realización de asambleas por unidad productiva, por rama y elecciones de delegades, apuntando a que sean les trabajadores quienes representen sus propios intereses a través de referentes. Este fuerte protagonismo de les trabajadores de la economía popular ha adquirido una mayor visibilización a partir del acceso a cargos legislativos y ejecutivos en las elecciones de 2019.

El MTE es una de las organizaciones que ha formado parte de la fundación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en 2011, recientemente transformada en sindicato como Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en 2019. Dentro de la CTEP y junto a otras organizaciones populares, se ha propuesto, además de estructurar y desarrollar la actividad laboral de miles de trabajadores, generar un espacio de representación gremial que permita canalizar la pelea por los derechos laborales de este sector. Por esta razón, se estructura en ramas de actividad y replica, de manera creativa, formas organizativas que provienen de la actividad sindical, con un anclaje en zonas urbanas, periurbanas y rurales periféricas.

En los últimos años, ha ampliado su desarrollo hacia la organización de trabajadores de la agricultura familiar, de la vía pública,  la construcción, el trabajo sociocomunitario y textil. También ha buscado dar respuesta a otras problemáticas de los sectores populares, por ejemplo a través de la creación de cooperativas de trabajo de personas que estuvieron detenidas en prisión, la construcción de centros para el tratamiento del consumo problemático de sustancias, o espacios de mujeres para abordar diversas situaciones de violencia de género, entre otras. De manera transversal a todas las ramas, y en el sentido de la recreación de las formas sindicales que venimos mencionando, la organización construyó, en los últimos años, una mutual propia: Senderos, que en 2016 inició los trámites para convertirse en la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (OSTEP). La misma pretende garantizar atención sanitaria a les trabajadores que perciben el Salario Social Complementario y su grupo familiar.

El sector de la economía popular abarca millones de familias que habitan asentamientos precarios, barrios populares atravesados por el avance de las economías ilegales y la violencia que traen aparejadas, en ocasiones sin acceso a servicios básicos como el agua corriente y la recolección de residuos. Nos referimos a un sujeto trabajador excluido de los circuitos formales de trabajo, en condiciones precarias y bajo formas no asalariadas de empleo (propia de las transformaciones del mundo del trabajo), que no están contempladas en las regulaciones tradicionales del sindicalismo en Argentina. Así, los trabajos de la economía popular se caracterizan por tener poco capital constante y poca tecnología, y por ser realizados con los medios de producción que los sectores populares tienen a su alcance: en algunos casos, trabajos “inventados” a partir de la exclusión (como la venta ambulante, cuidar autos, el cartoneo y reciclado urbano); o bien trabajos realizados sin ningún tipo de derecho laboral como los trabajos artesanales, la venta en ferias, la agricultura y microemprendimientos populares en general.

Esta situación de empleo precaria, sin patrón en la mayoría de los casos, implica también una falta de acceso a la representación sindical. Esto imposibilita tramitar conflictos a través de una vía que se ha legitimado históricamente, como lo es la de la movilización y la conquista de derechos laborales. En este sentido, no debemos perder de vista que la conformación de la CTEP, y luego UTEP, supone un paso importante en la representación y organización de este sector desde su reivindicación como trabajadores.

Foto: Charo Lorenzo

A partir de análisis previos de militantes e investigadores sobre estos temas, decidimos construir un material que parta de estos aportes^[2] pero que dialogue con preocupaciones políticas propias del contexto actual. Entendemos que sistematizar y poner en discusión la experiencia acumulada permite mejorar los debates, reconocer errores y aciertos y redoblar la militancia política. Este apunte busca aportar algunas líneas de debate para el sector de la economía popular a partir de una caracterización de tres ramas específicas: la rama cartonera, la fundacional del movimiento; trabajadores rurales, con una trayectoria más reciente pero actualmente una de las más masivas a nivel nacional; y la rama de liberades y familiares, un espacio novedoso que no se articula a partir de la actividad productiva sino por la condición social de sus integrantes. A su vez, realizamos una aproximación a los debates recientes surgidos al calor de las luchas feministas en torno a las desigualdades de género existentes en la economía popular, el proceso de organización de las trabajadoras y el reconocimiento de las tareas de cuidado que realizan en su militancia, procesos que tuvieron como saldo la conformación de la rama sociocomunitaria.

La elección de estas ramas se relaciona con el acceso y recorrido de quienes construimos este documento, pero sabiendo que otras quedan por fuera y constituyen gran parte del trabajo del MTE: construcción, textil, trabajo sociocomunitario con población en situación de consumo problemático y trabajo en el espacio público. Con este apunte buscamos encontrar algunos ejes en común a todas las ramas para pensar de conjunto al sujeto social de la economía popular y por eso en la segunda parte abordamos la relación entre movimiento y sindicato, y también la agenda de género y feminismo que atraviesa a la organización. Poner el foco en la experiencia de estes trabajadores y sus organizaciones nos lleva a una serie de preguntas básicas: ¿Cómo surge la economía popular? ¿Qué formas organizativas se fueron creando? ¿Cuánto tiene de movimiento y cuánto de sindicato? ¿Qué lugar cumple dentro del capitalismo dependiente? ¿Es posible que se pueda dar paso a una integración al empleo formal?

Nuevas luchas obreras ante el neoliberalismo

El neoliberalismo como un momento particular del desarrollo capitalista, como proyecto político y económico, es un modelo fuertemente desigual de gestión de la vida que instaló la era de la flexibilidad y la búsqueda de la desregulación total de la relación entre capital y trabajo. El trabajo del siglo XXI es escaso, millones de personas en el mundo no tienen empleo, y quienes lo tienen se encuentran precarizades y en condiciones de informalidad: trabajan para sobrevivir. Lejos quedaron aquellos imaginarios del empleo industrial y para siempre; ahora hay menos trabajo, se cobra menos y se rota más.

En este nuevo esquema de producción y reproducción de la vida, grandes sectores de la población -antes partícipes del mundo del consumo y el bienestar- son lanzados a la más fría competencia.

Por un lado, a través de la internacionalización productiva, tiene lugar una búsqueda constante por aprovechar la fuerza de trabajo más barata de los países más pobres y dependientes para bajar costos e incrementar la ganancia. Por otro, los avances tecnológicos no sólo han cambiado la forma en la que se organizaba el mundo sino que además son parte de esquemas productivos que han expulsado a miles de trabajadores/as de sus fábricas. Este proceso ha sido acompañado por una desarticulación de las protecciones que tenían les trabajadores, derechos fundamentales se fueron perdiendo y la lucha sindical se transformó más en una trinchera para defender derechos que para conquistar nuevos.

Foto: Bárbara Leiva

Sin soslayar las particularidades locales y regionales, podemos decir que este proceso de expulsión de mano de obra y reacomodamiento productivo también tuvo su correlato en la experiencia argentina. En nuestro país, la última dictadura cívico-militar que irrumpió en 1976 dio comienzo a un proceso de disciplinamiento social, político y económico sin precedentes. Proceso que, posteriormente, junto a las profundas transformaciones que tuvieron lugar durante los años ‘90, generaron un empobrecimiento masivo de la clase trabajadora y una ruptura de los lazos de solidaridad construidos históricamente en torno al mundo del trabajo. Concretamente, esto se expresó en la fragmentación de les trabajadores y en el abandono del protagonismo social y político que las organizaciones sindicales habían tenido en épocas anteriores.

A la par de este proceso global, Argentina desarrolló transformaciones que han traído aparejados altos niveles de desocupación, de precarización de la vida y exclusión social que generó el modelo neoliberal. Sin embargo, éstas no fueron un impedimento para que emergieran nuevas formas de resistencia. Al calor de este contexto hostil, experiencias políticas como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que se proponía fundar una nueva forma sindical, los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) o las fábricas recuperadas (declaradas en quiebra y puestas a producir por sus trabajadores) inauguraron nuevos procesos de organización política, con nuevas reivindicaciones, movilizaciones e identidades.

Del movimiento piquetero al movimiento de la economía popular

Tras el estallido social de 2001 y la crisis política que se profundizó con la masacre de Avellaneda, tuvo inicio una nueva etapa política y económica. A partir de 2003, el kirchnerismo no sólo cambió el escenario político en el que las luchas sociales venían desarrollándose sino que también marcó un nuevo rumbo económico que posibilitó una contundente recomposición social y económica. Ésta se vio reflejada en el aumento del consumo, el empleo, los salarios y el crecimiento de la producción, entre otros indicadores. También en ese marco las organizaciones ligadas al movimiento obrero recuperaron poder en las negociaciones colectivas, así como también en la articulación política dentro del proyecto kirchnerista.

Sin embargo, un núcleo importante de la clase trabajadora argentina quedó por fuera de toda representación gremial y continuó en situación de extrema precariedad laboral, en muchos casos sin la posibilidad de acceder a un empleo con derechos básicos garantizados. Estes trabajadores buscaron salir de las condiciones impuestas por un mercado de trabajo cada vez más expulsivo e incapaz de absorber la demanda de trabajo, aún en un contexto de auge económico, desarrollando actividades laborales al borde de la subsistencia -sin derechos y fuera de toda relación salarial-. En este contexto tuvo lugar un proceso de organización del trabajo precario, en el marco de las organizaciones sociales y políticas, muchas de las cuales originariamente habían estado ancladas a la experiencia piquetera durante la resistencia al neoliberalismo. Este proceso organizativo tuvo un diálogo importante con las políticas sociales desplegadas desde el Estado, que posibilitaron el crecimiento de las organizaciones y de los sujetos, de lo que ahora llamamos economía popular. Dentro de este proceso tuvo lugar la transformación de los planes de desempleo o asistencia social en políticas sociales de creación de cooperativas de trabajo. A su vez, bajo esta experiencia de articulación entre Estado y organizaciones populares operó un dinamismo creciente entre reclamos y políticas públicas, que tuvo como eje del conflicto el diseño y sobre todo el acceso y los modos de implementación de las mismas.

El proceso de organización de trabajadores excluides tuvo como una de las principales facetas visibles en este primer período la lucha cartonera en la Ciudad de Buenos Aires, que a partir de numerosas movilizaciones y cortes de puentes logra el reconocimiento de la actividad del reciclado y la creación de un sistema de recolección con inclusión social, a partir de la Ley 1.854 de Basura Cero en el año 2005. La conquista de esta ley fue protagonizada por un conjunto de cooperativas cartoneras, con el MTE (a través de la cooperativa “Amanecer de los Cartoneros”) a la cabeza.

Foto: Bárbara Leiva

La CTEP emerge en 2011 a partir de la creación de un Consejo Promotor conformado por varias organizaciones cuya base social forma parte de la economía popular, entre ellas el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, a las que más adelante se incorporaron numerosas agrupaciones con origen en el movimiento piquetero. Esta organización buscó unificar esta diversidad de trayectorias organizativas bajo el nombre de economía popular, en un intento por encauzar diversos objetivos bajo un mismo proyecto, de carácter social y sindical a la vez. De esta manera, la CTEP ha sido una oportunidad de dar cuenta de la realidad de estes trabajadores, visibilizar y reivindicar la economía popular como trabajo, generar un espacio de representación gremial para elles, y dar respuesta a la imposibilidad de acceder al mundo del empleo formal, estable y protegido. El proceso de lucha y organización de la CTEP llega a fines del año 2015 a la conquista de la personería social (una suerte de inscripción gremial), como uno de los últimos actos administrativos del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Unidad de les trabajadores frente al ajuste de la alianza Cambiemos

Desde fines de 2015, el gobierno de Cambiemos con su lógica neoliberal intensificó los procesos de desregulación laboral, desempleo y caída del salario. En estos cuatros años les trabajadores en general vieron degradadas sus condiciones de empleo e ingreso. A esto se le suma una masa inmensa de trabajadores que desde los márgenes se inventan un trabajo para poder sobrevivir, incorporándose así a las filas de la economía popular. Pero durante todo este tiempo, estes trabajadores no sólo han visto degradadas sus condiciones de vida; también han enfrentado sus políticas de ajuste a través de la organización y movilización. En agosto de 2016 se realiza por primera vez la movilización de San Cayetano, encabezada por la CTEP junto con la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Barrios de Pie, con la consigna de “Pan, paz, tierra, techo y trabajo”. Esta movilización puso en la agenda pública las demandas de la economía popular, lográndose a fines de 2016 la sanción de la Ley de Emergencia Social.

A partir de esta ley, se destinaron fondos para el sector y se crearon tres nuevas instituciones de la seguridad social. En primer lugar, el Registro de Trabajadores de la Economía Popular para darles el estatus de trabajadores a quienes son desocupades, informales o se generan su propia fuente de supervivencia; en segundo lugar, el Salario Social Complementario, que les otorga a les trabajadores de nuevo tipo el 50% del salario mínimo vital y móvil, complementando el ingreso que generan mediante su trabajo; y por último, el Consejo de la Economía Popular, que en los hechos funciona como una paritaria social, permitiendo canalizar los reclamos y las exigencias del sector. Al mismo tiempo se han dado otros logros de importancia en este período: se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), se sancionó la ley de integración socio urbana de barrios populares (Ley 27.453) y se incluyó al sector de la economía popular en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Como consecuencia de estos avances y el crecimiento enorme de este conjunto de trabajadores durante el gobierno de Cambiemos, a finales del 2019 se creó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP),una nueva herramienta gremial que nuclea a las organizaciones de más peso en el sector: el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Popular La Dignidad, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán. Este paso significa, para la mayoría de les trabajadores de la economía popular, tener un gremio que les represente, un crecimiento cuantitativo y un camino hacia la unificación con las demás organizaciones sindicales en la Confederación General del Trabajo (CGT), histórica y mayoritaria central sindical de la Argentina. En conclusión, un avance en los procesos de unificación de la clase trabajadora argentina, en un contexto nacional e internacional donde la fragmentación ha sido el sello de época.

Foto: Prensa MTE Jujuy

El cambio de gobierno en 2019 ha traído algunas novedades importantes al sector: por un lado, la mención a la economía popular estuvo presente en el discurso inaugural del presidente, inédito hasta el momento; y por otro, distintes referentes del sector asumieron cargos en la gestión pública, abriendo nuevos desafíos y posibilidades para llevar adelante políticas públicas que mejoren la calidad de vida de les trabajadores de la economía popular.

Para finalizar, podemos decir que la economía popular existe hace ya bastante tiempo. La exclusión social es una expresión clara del modo en que ha incidido el capitalismo contemporáneo en la configuración del mercado de trabajo, con lo que muchas de estas estrategias de supervivencia existentes en el mundo popular urbano y las periferias ya trascienden generaciones. Frente a la creencia ingenua o políticamente irresponsable de que la vía para la inclusión de les excluides del empleo formal es su capacitación individual (esto es, la mejora de sus condiciones de “empleabilidad”) o el mero crecimiento económico del país, las organizaciones de la economía popular vienen a habilitar un camino potente para la conquista de derechos laborales y el reconocimiento estatal por parte del sector, para dejar de ser “les últimes de la fila” de este sistema fuertemente desigual.

Primera parte

A continuación presentamos, de manera descriptiva, las formas de organización y el recorrido de tres ramas constitutivas del MTE. En primer lugar, la rama cartonera, fundadora del movimiento y cuya capacidad de demanda y de conquista en la ciudad de Buenos Aires fue el puntapié para la creación del Salario Social Complementario. En segundo lugar, la rama rural, de creación más cercana en el tiempo, pero cuya rápida expansión a lo largo de todo el territorio nacional y en un sector clave como la producción de alimentos, da cuenta de una amplia masa de trabajadores históricamente vulnerades y excluides. Por último, la rama de liberades y familiares, que agrupa trabajadores a partir de su condición de exclusión al haber atravesado el encierro carcelario, siendo la primera experiencia de representación gremial de la problemática pospenitenciaria. Sin ser exhaustiva, ya que varias ramas quedan sin analizar, esta primera parte pretende ser un insumo para comprender a los sujetos de la economía popular en su conjunto.

Rama Cartonera

El recorrido hacia la conformación de la rama

Les cartoneres que se organizan dentro de la UTEP, se encuentran nucleades en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), impulsada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en el año 2002, a partir de la iniciativa de militantes sociales como Juan Grabois y trabajadores de aquel entonces que sufrían la persecución por parte de las fuerzas de seguridad de sus actividades laborales. La Federación organiza, aproximadamente, a más de 15.000 cartoneres en alrededor de 100 cooperativas a lo largo del país, y posee convenios con la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios para tareas de recolección y reciclado de los desechos urbanos.

La experiencia inicial del MTE habilitó la puesta en marcha de reivindicaciones de un sector que estuvo siempre vinculado a las actividades de subsistencia: les cartoneres. Originario de la ciudad de Buenos Aires, el Movimiento comenzó a organizar a les recolectores en tanto trabajadores excluides.

Frente a las persecuciones por parte de los gobiernos de los diferentes niveles del poder ejecutivo a través de las instituciones policiales y de “control urbano”, la organización comenzó a pensar al sector como trabajadores, y a su trabajo como tareas de gran importancia ambiental y sanitaria. Los primeros pasos en este camino de luchas fueron el reconocimiento del cartoneo como trabajo y la derogación de las leyes que lo penalizaban, como la Ordenanza 33.581, aprobada por el intendente de facto Cacciatore en 1977. Tras un largo proceso de lucha y negociación, el MTE y posteriormente la FACCyR, comenzaron a conveniar con la ciudad de Buenos Aires, y, luego, con otros municipios de la provincia de Buenos Aires, acuerdos para promover el reciclado urbano en “manos cartoneras”. Uno de los hitos más relevantes de estos tiempos iniciales fue la sanción de la Ley 1.854, de noviembre del 2005, que planteó un Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos domiciliarios y de grandes generadores. La cooperativa “Amanecer de los Cartoneros”^[3], de la ciudad de Buenos Aires, fundadora del MTE y de la FACCyR, fue protagonista en esa pelea. La conquista de una logística de colectivos y camiones propia de las cooperativas, la ropa de trabajo, la incorporación a un registro oficial de recolectores urbanos y a un monotributo social, así como la puesta en marcha de jardines infantiles y guarderías con el fin de disminuir el trabajo infantil, y espacios educativos nocturnos, fueron los primeros triunfos de lo que hoy llamamos “rama cartonera” del MTE.

Hoy la Federación se extiende nacionalmente a doce provincias y la Ciudad de Buenos Aires, incorporando cooperativas de trabajo existentes o construyendo nuevas. En la Ciudad de Buenos Aires, once son las cooperativas de la Federación que recogen y separan los residuos de la ciudad, en la provincia de Buenos Aires lo hacen veinticuatro cooperativas, en provincias como Córdoba, siete; en Salta, seis; en Entre Ríos y Santa Fe, cinco; en Río Negro y Jujuy, dos y en Chubut, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes, una cooperativa en cada provincia representa el trabajo de la FACCyR-MTE. Todas las instancias organizativas están protagonizadas y dirigidas por referentes de las cooperativas y del movimiento de recicladores.

Foto: Rodrigo Bernales

El trabajo de la rama cartonera, además, logró instalar una discusión alrededor del aporte ecológico que realizan: cada persona genera alrededor de 1 kilo de basura por día, por ende 40 mil toneladas en todo el país terminan en basurales a cielo abierto o se entierran en los colapsados rellenos sanitarios. Les cartoneres reciclan diariamente un 82% de lo que se recupera de los residuos, devolviéndolos a la industria como materia prima para nuevos productos y ahorrando gastos millonarios en enterramientos. Lejos del «reciclado de marketing», una de las cuestiones novedosas del trabajo de la rama se halla en que no sólo se plantea reciclar en condiciones dignas (con elementos de protección, seguros de riesgo, salarios mínimos, entre otras) sino que logra desplegar distintas acciones de gestión del reciclado con inclusión social. Así, el trabajo que comenzó con cartoneres recorriendo la ciudad, amplió su desarrollo a plantas de reciclado y basurales; donde el trabajo cooperativo permite la venta del material reciclable a mejores precios que impactan en los ingresos económicos de les cartoneres. A su vez, desde hace años funciona el espacio de Promotoras Ambientales, las cuales llevan adelante la tarea de sensibilizar y concientizar en barrios, escuelas y comercios sobre la importancia de la separación de residuos, el cuidado del medioambiente y fundamentalmente la fuente de trabajo que esta actividad significa para las recicladoras y sus familias en un contexto económico complejo, como el actual.

Con la excepción del área metropolitana y algunas ciudades del país, las cooperativas de reciclado se enfrentan al total desconocimiento y ninguneo por parte de los gobiernos municipales y provinciales. En muchos lugares las condiciones de trabajo son precarias, en muchos casos la recolección se da en los mismos basurales, y en otros, les carreres son perseguides por la policía o por ONGs vinculadas a la “defensa de los derechos de los animales”. Sin embargo, en estos casos, a pesar de que las condiciones de trabajo son muy adversas y no se reconoce ni el trabajo ni el aporte ambiental de les cartoneres, ésta es una lucha que se canaliza de forma articulada a partir de la FACCYR, y que en algunos lugares ha permitido avanzar en mejores condiciones de trabajo, reconocimiento y, más recientemente, se viene conformando una red nacional de comercialización de material reciclado permitiendo que las cooperativas logren vender lo que recolectan a mejores precios.

“Si tocan a unx, tocan a todxs”: formas de organización y lucha dentro del trabajo cartonero

Tres cuestiones nos interesan sobre el momento fundacional del MTE: la apuesta a la gremialidad como superación/complementación de las prácticas típicas de los movimientos sociales, el uso de la calle y el espacio público como espacio de trabajo y, por último, la apelación a novedosos mecanismos de organización colectiva.

En primer lugar, luego de constituirse como organización social, la rama cartonera del MTE, en conjunto con otras organizaciones y cooperativas, fundan la FACCyR, consolidando una perspectiva política que propone la defensa de los derechos laborales de estes trabajadores, autodenominades como excluides, así como su sindicalización. Este punto es una novedad en la arena social y política, por parte de trabajadores que no se encuentran en una situación de empleo típica ni reconocida legalmente ni por el Estado ni por los sindicatos pre-existentes.

En relación al segundo eje, el espacio público configura el eje vertebral del trabajo, la organización y el reclamo cartonero. Al mismo tiempo, entra en conflicto y negociación permanente con otros actores relevantes: las empresas recolectoras (que tienen un interés económico en la recolección de la basura), fuerzas del orden (policías y agentes municipales que regulan el uso del espacio) y comerciantes, instituciones educativas, empresas, y otros actores interesados en los beneficios de la recolección de residuos reciclables.

Por último, en relación al tercer eje, los “mecanismos organizativos” son aquellos elementos de la dinámica interna de la organización que nos permiten visibilizar la propia vida de la Federación en tanto perteneciente a una organización gremial más amplia como la UTEP, así como también en tanto parte de una entidad político-social más grande como el MTE. La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores se estructura a partir de las siguientes características:

Un despliegue con base en los territorios

Les militantes y dirigentes realizan recorridas por los barrios donde viven miembros actuales y potenciales de la organización, con el propósito de dar a conocer la existencia de una herramienta gremial para la defensa de los derechos de les trabajadores de la economía popular e incorporar a les mismes a las filas del MTE. El barrio constituye el espacio de militancia donde comienzan a entretejerse redes organizativas, donde se referencia la organización y en donde se busca su extensión y fortalecimiento. El “momento laboral” se produce en los espacios céntricos de las ciudades, a partir de la separación y recolección de residuos, produciendo una división respecto al “momento organizativo-político” que se da en los territorios.

Foto: Lucía Portelli

La realización de asambleas y reuniones por tareas-actividades

Aquí se agrupan los diversos sectores que componen la vida cotidiana de la FACCyR. La dinámica asamblearia puede ser general (se convoca a todes les miembres) o bien sectorial (se convoca espacios o áreas de trabajo puntuales). De esta manera se reúnen les trabajadores que se dedican al reciclado urbano (tanto aquelles que lo hacen en los marcos de los convenios municipales como los que lo realizan por fuera), las que se dedican a la promoción ambiental y aquellas que apuestan a las tareas socio-comunitarias en los territorios. La asamblea general es una instancia de definición colectiva en la construcción de la agenda de la organización, y un momento de discusión y articulación política.

Las medidas de lucha político gremial como forma de visibilizar demandas

A partir de lo discutido en las asambleas, los reclamos y demandas generan una agenda de lucha y un instrumento para llevar esa agenda a cabo. Las movilizaciones, cortes de calle, permanencias en espacios públicos, ollas populares, entre otros, constituyen las formas en las que les trabajadores dan a conocer sus reivindicaciones. En general, en esta rama, las reivindicaciones tienen que ver con la formulación de convenios con los municipios para la recolección de residuos, con los camiones y colectivos para el transporte de personas y materiales, con la construcción de galpones de acopio y centros de reciclado, la obtención de recursos para los espacios socio-comunitarios, así como también el acompañamiento a demandas construidas por la organización a nivel nacional, como el apoyo al Programa Argentina Recicla (que pretende la formalización de los Recuperadores Urbanos a través de la incorporación a Cooperativas de Recuperadores Urbanos en los servicios de recolección diferenciada de áreas urbanas) o a la campaña Reciclado en Nuestras Manos (que reivindica el reciclaje de residuos sólidos en tratamiento de las cooperativas de cartoneres).

Rama Rural

La rama rural del MTE aglutina a más de 20.000 familias pertenecientes a la agricultura familiar, campesina e indígena de Argentina. Una gran mayoría se dedica a la producción de hortalizas en los cinturones verdes de los principales centros urbanos del país como La Plata, Berazategui y Varela; Junín, Luján y General Rodriguez; Mar del Plata; Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires); General Pico (La Pampa); Córdoba; Rosario (Santa Fe); Tucumán; Salta; Jujuy; Corrientes; Entre Ríos; Trelew (Chubut); Mendoza; valle medio e inferior del Río Negro. En general la tierra es alquilada, y toda la familia trabaja la tierra para poder sustentarse. También forman parte del movimiento muches trabajadores rurales, jornaleres y golondrinas que se emplean en grandes fincas productivas, y eventualmente arriesgan a alquilar tierras para producir por su cuenta (o no).

La producción se vende en los mercados locales y también es enviada a los mercados concentradores de distintas provincias, a través de intermediarios. Estos son un actor clave de la cadena comercial, ya que se quedan con una porción importante del valor de la producción. En muchas ocasiones, existe una diferencia de más del 500% entre lo que recibe la familia productora en el campo, y el precio final que pagan les consumidores en la ciudad. Por esta razón, la producción es intensiva: se intenta producir lo máximo posible en la menor extensión de tierra, para poder obtener alguna ganancia al final de la temporada. Sin embargo, el valor de los alquileres, las maquinarias y los insumos (como agroquímicos, fertilizantes, plásticos para construir invernaderos) hace que muchas veces la familia trabaje simplemente para subsistir y poder reinvertir la siguiente temporada. Una de las estrategias para poder afrontar este modelo productivo que tiene como ganadores a terratenientes, empresas vendedoras de agroquímicos e intermediarios, es la promoción de la producción agroecológica y la venta de la misma a través de redes de comercio justo, directo a les consumidores.

Foto: Aimé Olivera Caniumir

Por otro lado hay productores que se dedican a la ganadería, ya sea cría de vacas en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, como de cabras y chivas en el noroeste (La Rioja, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero) y ovejas en el noreste y sur del país (Corrientes, Río Negro, Neuquén). En la provincia de Entre Ríos también se encuentran organizadas cooperativas de pescadores artesanales. En muchas de estas regiones la producción no es tan intensiva como en los cinturones verdes, ya que las familias viven más alejadas de las ciudades, muchas veces con conflictos por el acceso a la tierra (ya que no cuentan con títulos de propiedad, y por eso sufren persecuciones), y la producción se destina principalmente a la subsistencia de las familias y la venta de los excedentes. En ese caso, la producción es más diversificada (frutas, verduras, cereales, gallinas, cerdos, cabras, ovejas, artesanías) y el estilo de vida más típicamente campesino y de subsistencia.

En situación similar por el conflicto territorial se encuentran las distintas comunidades de pueblos originarios que son perseguidas por defender su derecho ancestral a ocupar las tierras que habitan desde hace siglos. Los pueblos mapuche, guaraní, toba, wichi, cuyas organizaciones son obviamente preexistentes, se suman a los movimientos sociales y a la UTEP para aunar las luchas por el derecho a una vida y un trabajo dignos, en defensa de los territorios comunitarios frente al avance de la propiedad privada y la extranjerización de los mismos.

“El MTE Lucha y crece”: momentos históricos constitutivos de la rama rural

La rama rural del MTE se conforma como tal a fines de 2015, a partir de un proceso de organización de pequeñes productores hortícolas en el cinturón verde del gran La Plata, integrando a otros grupos y asociaciones rurales preexistentes en el interior del país, y con una vocación de convidar el proyecto a nuevos colectivos con intención de organizarse.

El momento de integración de estos grupos en el MTE y la CTEP coincide con el fin del ciclo kirchnerista y la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional. El ciclo “macrista” iniciado a fines de 2015 significó un retroceso brutal en términos de políticas públicas, reconocimiento institucional y fomento del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, mientras en materia agropecuaria se benefició, con la liberalización del mercado externo, al conjunto de empresas dedicadas a la agroexportación. La agricultura familiar es la principal responsable de la producción de alimentos para el consumo interno del país, y representa a la mayoría de las familias que viven y trabajan en los ámbitos rurales, mientras el sector agroexportador mantiene una relación extractiva con los territorios, produciendo a través del monocultivo y sin generar mayores fuentes de empleo ni arraigo rural.

Foto: Aimé Olivera Caniumir

Las medidas inmediatas de Cambiemos al asumir, como la devaluación del peso -que multiplicó el precio de los agroinsumos cuyo valor se encuentra dolarizado-, y los tarifazos en los servicios públicos, que incrementaron en más del 1000% el valor de la energía eléctrica y el combustible, significaron un fuerte golpe en la estructura de costos para este sector primario. A estas medidas se sumó en febrero de 2016 un feroz temporal que arrasó con los invernaderos en el gran La Plata y desató una lucha histórica: el primer “paro quintero”, que convocó a miles de productores que se encontraban desesperades frente a la imposibilidad de salvar la temporada. Algunes ya se encontraban organizades, pero la mayoría comenzó a explorar el mundo del asociativismo a partir de esta primera instancia de lucha. Se bloquearon los principales accesos de la ciudad, impidiendo el ingreso y egreso de camiones de carga durante 48hs, y demorando el tránsito para entregar un petitorio de consignas contundentes:

• Acceso a la tierra;
• Créditos blandos para pequeños productores;
• Subsidios para enfrentar la emergencia climática;
• Tarifa diferenciada de electricidad y gasoil para la pequeña producción;
• Precio sostén para las hortalizas;
• Reglamentación de la ley de Agricultura Familiar.

Ninguna de estas consignas ha sido conquistada hasta el momento, pero sin dudas ha iniciado un camino de lucha y organización, que tiene a las cooperativas de trabajadores vinculades a la pequeña producción rural que se consolidaron desde entonces, como interlocutor fundamental. A partir de ahí se han sucedido múltiples medidas de lucha orientadas a visibilizar y poner en valor a la agricultura familiar como productora de alimentos, defender los puestos de trabajo de les técniques del Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y los programas destinados a fortalecer al sector, exigir el acceso a la tierra para quienes la trabajan y mejores condiciones de comercialización, producción y acceso al crédito. A los “verdurazos” en distintas plazas del país, en los cuales se regalaba verdura en señal de protesta y visibilización del fruto del trabajo rural, se sumaron los “feriazos”, para incluir a otros sectores de la economía popular golpeados por las medidas económicas y visibilizar los bajos precios que reciben les productores contrastados con el precio de los mismos productos en las góndolas. Estas medidas de lucha, con una impronta propia del sector de producción de alimentos, ha adquirido mucha visibilidad en los medios de alcance nacional, sobre todo a partir de las masivas concentraciones en la plaza de Mayo y frente al Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

También ha sido contundente la defensa de la ley 26.160, que delimita los territorios comunitarios de los pueblos originarios. Se han realizado manifestaciones frente a la feria de exposiciones de la sociedad rural, mostrando que existe “otro campo”, que no es el agro-exportador concentrado, y se han presentado proyectos de ley para el acceso a la tierra y para la defensa de los cinturones verdes productivos. El ápice de esta nueva ola de luchas campesinas, de las cuales han participado distintas organizaciones a nivel nacional (la mayoría de ellas integrantes o cercanas a la UTEP), fue en 2019 el Foro Agrario por un programa agrario soberano y popular, en el cual se elaboraron las propuestas programáticas para el sector, de cara al próximo gobierno en Argentina. El Foro Agrario y sus organizaciones (de pequeñes productores, del sector científico y tecnológico, del comercio justo y el consumo responsable) son hoy algunas de las interlocutoras en la implementación del programa Argentina Contra el Hambre, una de las primeras medidas del gobierno entrante en 2020.

Algunas problemáticas comunes del sector rural en todo el territorio

Los principales ejes de trabajo de la organización, orientados a mejorar la calidad de vida y de trabajo de las familias agrupadas son:

Cooperativismo. La formación de cooperativas agropecuarias y de cooperativas de trabajo rural permiten el trabajo mancomunado de les agricultores, ya sea para la venta conjunta de la producción o la compra colectiva de insumos, como también para garantizar condiciones dignas de trabajo a través de estipular el valor del jornal y la cantidad de horas de trabajo, además de acceder a los beneficios de la seguridad social como los aportes jubilatorios y la cobertura de salud.

Comercialización. La comercialización es uno de los cuellos de botella en el sector de la agricultura familiar, dado que las cadenas de intermediación se apropian de un gran porcentaje del precio final de los alimentos, y el precio recibido por les agricultores en ocasiones no cubre siquiera los costos de producción. En consecuencia, se ha avanzado en la creación de redes de comercio justo, procurando realizar ventas directas del productor al consumidor, a través de la comercializadora “Pueblo a Pueblo”, que realiza entrega de bolsones de verdura de estación y otros productos de la agricultura familiar en varias ciudades del país. Por otro lado, también se han generado alternativas para cortar con mecanismos especulativos de intermediación en algunas etapas de las cadenas de almacenamiento y distribución. Una de las principales estrategias ha sido la creación de centros de acopio y galpones de empaque, que permiten agregar valor en origen a los productos a través del acondicionado y empaquetado, además de una venta por mayor, alcanzando mejores precios y acuerdos comerciales con grandes distribuidoras. A través de un puesto en el Mercado Central de Buenos Aires, se ha logrado canalizar de manera directa una parte de la producción de todo el país en los mercados convencionales, y garantizar el abastecimiento de distintas instituciones como merenderos, comedores, universidades, etc. No obstante, a futuro se apuesta a consolidar mercados de cercanías, que permitan abaratar los costos de logística y mantengan la calidad y frescura de los productos de estación.

Transición agroecológica y buenas prácticas agrícolas. La producción convencional es altamente dependiente de insumos, principalmente agroquímicos, generando altos costos, problemas en la salud de las familias y en la producción, dañando el suelo y el ambiente. En este sentido se realizan talleres y capacitaciones orientadas a la formación en agroecología y al buen manejo de los agroquímicos. A través de parcelas experimentales y de un acompañamiento “de campesine a campesine” se va avanzando en la transición hacia la agroecología, ofreciendo productos sanos y abaratando los costos de producción. La construcción de biofábricas para la producción de los insumos ecológicos es un paso fundamental en la autonomía respecto de las grandes empresas productoras de agroquímicos.

Salud. El acceso al sistema de salud público es deficiente en las zonas rurales, tanto por la lejanía de los principales hospitales como porque las salas de atención primaria de los barrios periféricos se encuentran colapsadas. La agroecología es una de las primeras herramientas para repensar la salud de manera preventiva a través del mejoramiento del hábitat, del medio ambiente y de la alimentación. No obstante también es fundamental el acceso al sistema público o privado de salud. Una de las principales herramientas es la Mutual Senderos, la obra social que provee la CTEP para les trabajadores de la economía popular, aunque su cobertura aún es parcial en el territorio nacional.

Formalización de la situación personal y laboral. Muchas familias migrantes presentan dificultades en relación a la documentación para la radicación legal en Argentina, y es una de las tareas de la organización proveer la información para garantizar el acceso al documento nacional de identidad. Por otro lado, la gran mayoría de les trabajadores rurales, ya sean cuentapropistas o empleades, se encuentran en condiciones informales y sin acceso a derechos laborales básicos y consagrados como un salario digno, aportes jubilatorios, cobertura de salud, asignación familiar, vacaciones pagas, seguro por accidentes de trabajo, etc. Esta es la realidad, en el siglo XXI, de millones de trabajadores de la economía popular. Conocer estos derechos, es el primer paso para conquistarlos. En distintas luchas, dadas en distintos momentos históricos, se ha avanzado en victorias parciales y paliativas para enfrentar estas formas de precariedad, a través de políticas públicas como la asignación universal por hijo, el monotributo social y el salario social complementario, destinadas a los sectores sociales y económicos más vulnerables. Ciertamente no representan una transformación estructural en la condición laboral de estas familias ni su inclusión como trabajadorxs con plenos derechos, pero sí permite acceder a aportes jubilatorios mínimos, a prestaciones de obra social y a un incremento de los ingresos mensuales del grupo familiar.

Tierra y vivienda. Es uno de los temas más sensibles para la mayoría de las familias productoras, ya que el arrendamiento de las tierras genera altos costos en la producción y no permite el acceso a una vivienda digna. Las viviendas son en general muy precarias, construidas de madera y plásticos o chapas, con bajo acceso a servicios básicos. Se está trabajando para mejorar las condiciones de las viviendas existentes y también para evaluar la compra colectiva de tierras que permitan el asentamiento definitivo de las familias. Los proyectos más importantes impulsados por el sector en relación a este tema tienen que ver con la creación de Colonias Agrícolas Integrales de Abastecimiento Urbano, que garanticen la permanencia de las familias en la tierra y la comercialización directa de la producción; la ley de Protección de los Territorios Periurbanos Productivos, que acabe con la especulación inmobiliaria en las zonas productivas periurbanas, estableciendo límites al valor del arrendamiento y condiciones de infraestructura urbana que permitan el desarrollo en dicha zona; y el acceso a créditos blandos para la agricultura, que permitan la compra de las tierras arrendadas por las mismas familias durante décadas.

Valor agregado. Se está trabajando para industrializar parte de la producción que no es enviada al mercado por bajos precios o porque la misma no se corresponde con los criterios de calidad -visual y estética- exigidos para su comercialización en fresco. La producción de conservas (dulces, mermeladas, escabeches), encurtidos, disecados, alimentos lavados y cortados listos para el consumo, entre otras, genera un agregado de valor y nuevos puestos de trabajo, así como la posibilidad de realizar una producción que no es perecedera y que abre nuevas puertas de comercialización.

Género. En los ámbitos rurales se viene trabajando para alentar la creación de grupos de mujeres, donde se puedan trabar lazos de amistad y de confianza que permitan aumentar el autoestima de las mujeres como también tomar conocimiento sobre sus derechos. Por otro lado, también se realizan cursos de promotoras de género que puedan acompañar a mujeres en situación de violencia, así como promover discusiones que generen concientización sobre la desigualdad de género y políticas afirmativas para mitigar al interior de los grupos de base. Entre éstas, por ejemplo, se encuentra la paridad de género en todas las instancias de representación (delegades, referentes, etc.), la imposibilidad de asumir responsabilidades para personas con antecedentes de violencia dentro de la organización, o la implementación de un protocolo de actuación ante casos de violencia de género al interior de la organización.

Procesos organizativos

La rama rural se organiza a través de asambleas de base, que cuentan con -al menos- una reunión mensual, donde se transmite y discute toda la información relacionada con la política sectorial y la situación del movimiento. Cada asamblea de base cuenta con delegades de diferentes áreas de trabajo, que se encargan de proponer y realizar distintos proyectos productivos o comunitarios. Éstas áreas tienen una representación y planificación a nivel nacional, pero su agenda y prioridades se van definiendo en función de la realidad local. Las distintas áreas son: Comercialización, Administración, Tesorería, Proyectos y gestiones, Género, Agroecología, Juventud y Salud.

Cada grupo de base cuenta además con roles de coordinación política (también llamados delegades), quienes integran la mesa de conducción política a nivel regional, ya sea con otros delegades de la rama rural, como también con delegades de otras ramas, si se encuentra conformada dicha mesa regional.

Una vez al año, en el mes de febrero, la rama rural realiza un plenario anual donde se trazan las orientaciones generales del movimiento para el año en materia rural y agropecuaria, y se plantean los objetivos de trabajo de las áreas. Asimismo, a nivel nacional en el MTE existen tres instancias anuales de plenario nacional, en la que participan referentes de todas las provincias y de todas las ramas para discutir y analizar la situación del país y del sector, así como las reivindicaciones, luchas y victorias o derrotas obtenidas. Durante estas instancias trimestrales se realizan también las mesas nacionales en las cuales les representantes de la rama rural discuten la coyuntura política nacional y regional, los planes de lucha y se hace un seguimiento de las áreas.

Foto: Tristán Basile

Rama de liberados, liberadas y familiares

En este apartado describimos el surgimiento del espacio de trabajadores ex detenides en el marco del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Este espacio se organiza en dos ámbitos: la secretaría de ex detenidos/as y familiares (SEDyF) y la rama de liberades y familiares del MTE – UTEP. La inserción de las personas ex detenidas dentro del MTE implicó un proceso distinto al de las demás ramas, ya que se trata de un colectivo que encontró representación a partir de su adscripción identitaria para con la problemática de los antecedentes penales, en lugar de representar gremialmente una actividad laboral previa. Por eso, la conformación de la rama constituye la primera experiencia en la cual un gremio representa a trabajadores que se nuclean a partir de su paso por la cárcel en cooperativas conocidas como “cooperativas de liberades”. Así se resignifica el estigma de haber estado detenides para transformarlo en una bandera de lucha que permita visibilizar la problemática de quienes son marginades, perseguides y encarcelades a partir de una política criminal punitivista que pone su énfasis en la persecución de los delitos cometidos por los sectores más vulnerados de la población.

Actualmente, la rama de liberades y familiares nuclea 28 cooperativas de ex detenides que abarcan trabajos de gastronomía, carpintería, confección de prendas y serigrafía, construcción, herrería, imprenta, reciclado y marroquinería. Estas cooperativas desarrollan su actividad en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (en las localidades de Pilar, La Plata, Lanús, Quilmes, San Martín, Merlo, Vicente López y Bahía Blanca); y las provincias de Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego.

Foto: Malena García

La dinámica en la que estas cooperativas suelen formarse se relaciona más con la condición de haber atravesado la cárcel y de necesidades comunes a la hora de iniciar un proyecto que con una actividad productiva concreta. Las características de sus integrantes y referentes tienen mucho que ver con sus trayectorias de vida y su paso por el encierro, ya que muches de elles han atravesado condenas largas o han reincidido. A diferencia de otras ramas, la gran mayoría de sus referentes son o fueron estudiantes universitaries que ingresaron a la Universidad pública dentro de la prisión. Bajo la consigna “a la cárcel no volvemos más”, la rama de liberades se propone generar oportunidades laborales para quienes pasan por la cárcel e incidir en la discusión pública acerca de la “inseguridad” -uno de los principales problemas públicos para la ciudadanía en Argentina y América Latina-, planteando a la economía popular como una alternativa a la reincidencia en el delito y a las políticas de mano dura. A pesar de encontrarse en libertad, la cárcel tiene un lugar central en las reivindicaciones de sus integrantes, por lo cual describiremos brevemente los aspectos que sobresalen sobre la función de las instituciones de encierro en la actualidad y su impacto para las personas que las atraviesan.

Pasar por la cárcel

La mayoría de las personas privadas de la libertad provienen de los sectores más vulnerados de la sociedad. En general, se trata de jóvenes con trayectorias educativas fragmentarias, que tuvieron que dejar de ir a la escuela para trabajar, que no tuvieron acceso a una vivienda digna o a la salud integral. A su vez, en la mayoría de los casos, su ingreso económico no provenía exclusivamente de las actividades ilegales, sino que éstas funcionaban como complementos de trabajos precarios o changas esporádicas.

En este sentido, la mayoría de les integrantes de la rama de liberades y familiares fueron encarcelades por cometer delitos por razones de supervivencia económica y de consumo. Estos delitos constituyen los eslabones más débiles de la cadena delictiva: robo o tentativa de robo, o bien la venta de estupefacientes, delito por el cual se encuentran detenidas la mayor parte de las mujeres privadas de la libertad. En este caso, considerar cómo operan los roles de género y la división sexual del trabajo permite identificar que la venta de estupefacientes desde sus hogares constituye un delito que permite conciliar en un mismo lugar las tareas de cuidado de familiares a cargo con el sostén económico de los mismos.

En la actualidad, las cárceles más que cumplir con el objetivo de “resocializar”, “corregir” a individuos que cometen delitos, cumplen la función de castigar y contener el “excedente” del mercado laboral. En la última década, la población encarcelada en Argentina aumentó sostenidamente^[4], lo cual tiene mucho más que ver con la criminalización de ciertos sectores sociales que con el aumento de las tasas de delito o de población: se enmarca en un fenómeno mundial que responde a la utilización del delito y de la seguridad pública como estrategias de gobierno.

En la cárcel, la convivencia de la población se organiza en pabellones de acuerdo a criterios que difieren en cada Unidad Penitenciaria, como pabellones de buena conducta, de trabajadores, de autogestión, de estudiantes, de jóvenes adultos, de “población” (que se utiliza como sinónimo de “sin conducta”), o de evangelistas. El desenvolvimiento de la cotidianidad está mediado por el Servicio Penitenciario, y se encuentra atravesado por distintas prácticas violentas -principalmente torturas y malos tratos físicos y psicológicos, como los traslados arbitrarios a otras Unidades- y por un estado de sobrepoblación y crisis habitacional que se manifiesta en la pésima alimentación, las muertes por enfermedades curables como la tuberculosis, la falta de espacio para dormir y la falta de cupos para realizar actividades laborales, educativas o recreativas. En consecuencia, la cárcel no llega para mejorar las vidas de los sectores populares ni brindarles herramientas de inclusión social, sino que termina por consolidar situaciones de vulnerabilidad social y económica previas y deteriorar lazos familiares y comunitarios.

A su vez, en la cárcel, la presencia de les familiares resulta clave para las trayectorias penales de las personas detenidas. Les familiares son quienes llevan los alimentos y los productos de higiene a les detenides, quienes siguen las causas, quienes soportan requisas vejatorias para poder ingresar a visitarles. Les familiares de detenides constituyen un actor que trasciende el mero parentesco: se trata de actores políticos que vehiculizan reclamos y transformaciones dentro de la cárcel a partir de la experiencia propia de sus parientes y que visibilizan las condiciones de detención. Un dato significativo es que históricamente existen más organizaciones de familiares de detenides que organizaciones de personas privadas de la libertad y liberadas: se trata de experiencias que se enmarcan en luchas históricas de colectivos de familiares -con una fuerte presencia de mujeres- cuyos roles culturalmente asignados al mundo privado (abuelas, madres, hijas, hermanas, esposas, parejas), se construyen como identidad colectiva para irrumpir en el espacio público. El peso -en particular, de les familiares organizades- que tiene este actor dentro de las organizaciones en cárceles y su participación en las experiencias organizativas explica el hecho de que también se encuentren nombrados en la rama de liberados/as y familiares del MTE.

Surgimiento de la Rama de Liberados/as y Familiares

En la última década, a partir de la búsqueda de afianzar vínculos y acordar reivindicaciones comunes por parte de cooperativas que se referenciaban como “cooperativas de liberades” y de organizaciones que trabajaban en cárceles, se fueron conformando distintos espacios de liberades. En 2014, se conformó la Red de Cooperativas de Liberados y Organizaciones sociales en contexto de encierro, y en 2017 se conformó la Comisión Nacional de Ex Detenidos. Estas experiencias impulsaron movilizaciones por dos importantes reclamos -los cuales siguen vigentes- para el colectivo de liberades: el cumplimiento de la Ley 14.301, que establece un cupo del 2% para personas con antecedentes penales en la administración pública provincial y la derogación del artículo 64 de la Ley de cooperativas, el cual limita la participación de personas con antecedentes penales en el Consejo Administrativo de las mismas.

Foto: Malena García

De esta forma, la articulación del MTE con las cooperativas de liberades precede a la conformación de la rama de liberades propiamente dicha. Previamente, se venía trabajando en el barrio Derqui (Caseros, Provincia de Buenos Aires) con la cooperativa Los Topos, conformada en el año 2014 por un grupo de varones que habían estado detenidos, y en muchos casos, también habían reincidido en cárceles bonaerenses. Al recuperar la libertad, algunos de ellos conseguían trabajo en fábricas o empresas, sorteando una de las dificultades más acentuadas; pero al momento de conocerse sus antecedentes penales -los cuales tienen una duración de diez años-, eran despedidos.

La decisión de distintes encargades y jefes de despedir a personas con antecedentes penales no se vinculaba con cuestiones de reglamentos o normas de las empresas, sino como una cuestión moral, de “principios” o de “perfil” de las mismas; lo cual permite vislumbrar la reproducción del estigma de peligrosidad que demarca a les liberades como delincuentes, incluso después de haber cumplido una condena penal. Estas decisiones, a su vez, se inscriben en un entramado simbólico estigmatizante y en un contexto político-cultural donde el temor al delito es el temor a algunos tipos de delitos y no a otros: el neoliberalismo y su intrínseca exclusión social necesita de relatos que postulen al delito como una práctica irracional y desvinculada del mundo del consumo y la supervivencia económica.

La cooperativa Los Topos realizaba trabajos de albañilería y también sostenían un club barrial y un comedor, espacios que comenzaron a articular con la Asociación Mutual Senderos, la obra social de la UTEP. Los Topos estaban interesados en trabajar sobre demandas específicas para les liberades, pero la necesidad principal era el asesoramiento para constituirse como cooperativa. Además, tenían un elemento particular: sus integrantes se agrupaban a partir de los antecedentes penales. De esta forma, el MTE comenzó a involucrarse con las problemáticas que atraviesan las personas después de recuperar la libertad (de hecho, las detenciones en comisarías y en cárceles formaban parte de las problemáticas que atravesaban les trabajadores de las distintas ramas del MTE).

A partir de la vinculación de la organización Atrapamuros -organización que trabaja en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense y Federal- con las cooperativas Los Topos, RIF y Las Termitas, comenzó a pensarse un espacio dentro del gremio que pudiera contemplar las necesidades específicas de las personas ex detenidas. Así, se creó la secretaría de ex detenidos/as y familiares (SEDyF) del MTE en el año 2017, donde se integraron las cooperativas textiles Hombres y Mujeres Libres y cooperativa La Esperanza. Al no ser una rama que nuclee una actividad productiva, la secretaría permitiría trabajar de manera transversal sobre la problemática, como sucede con la Secretaría de la Mujer y la Diversidad de la UTEP.

En esa primera experiencia de la SEDyF, se pudieron identificar una gran diversidad de demandas y necesidades de un sector que no estaba representado gremialmente. Una de las principales se relacionaba con la exclusión del mercado laboral. Si bien para las personas que provienen de los sectores populares es difícil acceder al trabajo registrado y bien remunerado, con los antecedentes penales esa exclusión se incrementa.

No obstante, había distintas situaciones que excedían la cuestión económica: algunos compañeros relataban que se encontraron, una vez en libertad, en situaciones donde buscaban “hacerse respetar” por sus hijes o por compañeres de trabajo, reproduciendo lógicas que, si bien no son exclusivas del ámbito carcelario, tienen que ver con dinámicas en donde se disputan jerarquías y se impone autoridad para poder desenvolverse en la cotidianidad. También compañeras que describían que tenían ataques de pánico al salir a la calle o usar el transporte público. Se trata de situaciones que reflejan las marcas subjetivas del encierro y la necesidad de generar herramientas de acompañamiento y de promoción de la salud mental.

Otras cuestiones se vinculaban con la deficiencia de organismos públicos encargados de ejecutar políticas estatales destinadas a abordar las necesidades de trabajo y vivienda, cuyo principal exponente es el Patronato de Liberados. Y también se manifestaban problemáticas como enfermedades adquiridas en la cárcel, adicciones y dificultades para la reincorporación a las dinámicas familiares después de años de ausencia, sobre todo para las mujeres. A su vez, en el caso de las mujeres, surgían problemáticas como el regreso a contextos de convivencia con parejas violentas. Otra dificultad en el momento de la salida en libertad se relaciona con la continuidad de los estudios. En la cárcel, paradójicamente, muchas veces hay mejores condiciones que antes de estar detenide para comenzar y terminar la escuela primaria o secundaria, así como también cursar carreras universitarias, las cuales históricamente estuvieron alejadas de los sectores populares. De esta manera, el gran caudal de demandas, los recambios en la participación y la falta de estructura para operativizar tareas marcó la necesidad de ordenar ese espacio. En ese proceso, comenzó a conformarse la rama de liberades y familiares con el objetivo de enfocarse específicamente en el seguimiento de las cooperativas. La SEDyF continuó funcionando esporádicamente, con una dinámica abierta a la participación de liberades, mientras que la rama de liberades y familiares sumó cooperativas orgánicas al MTE, proceso que favoreció la articulación de demandas y proyectos teniendo al Estado como principal interlocutor.

“A la cárcel no volvemos más”: el trabajo de la rama

Al no agruparse según la actividad productiva, la rama de liberades tiene como principales ejes de trabajo el acompañamiento para la integración al recuperar la libertad, excediendo los fines de trabajo -aunque es indudablemente uno de los ejes más importantes-, y la incidencia sobre la cuestión carcelaria a partir de la reivindicación política de su identidad como ex detenides.

En relación al trabajo con personas privadas de la libertad, a partir de un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Rama de Liberades dicta cursos de oficio en unidades penitenciarias con el fin de facilitar la inserción laboral de les detenides en productivos de la economía popular. A su vez, brinda asesoramiento jurídico gratuito para personas detenidas en cárceles y bajo la modalidad de arresto domiciliario, a partir de una línea telefónica y la coordinación con abogades penalistas. Además, en el último tiempo la rama amplió su desarrollo al acompañamiento de mujeres en situación de arresto domiciliario. Este trabajo consiste en la visita periódica de las mujeres detenidas bajo esta modalidad, el reparto de mercadería, el asesoramiento para realizar los trámites judiciales correspondientes para salir a trabajar o a la guardia médica, sentando las bases para su incorporación en cooperativas del MTE al finalizar su condena privativa de la libertad. Por último, el trabajo por transformar la realidad carcelaria llevó a la coordinación con el Comité Nacional Contra la Tortura, para participar en líneas de acción en la lucha contra la violencia institucional en cárceles.

Por otra parte, la rama de liberades y familiares realiza apoyo técnico y productivo a las cooperativas que la conforman, apostando al trabajo en red aprovechando las distintas actividades productivas de las cooperativas para la compra de insumos, producción y comercialización de productos. En este sentido, se proyecta la organización de distintos polos de inclusión con el fin de generar espacios de acompañamiento y brindar formación en oficios a personas recientemente liberadas, como la “Casa del Liberade” impulsada por la rama de liberades y familiares en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se colabora con la gestión de programas sociales para garantizar su acceso, se realiza acompañamiento jurídico para personas que son excarceladas en las modalidades de libertad condicional o asistida, y se proyectan espacios de abordaje de la salud mental.

Por último, la rama de liberades y familiares intenta incidir en la cuestión carcelaria a partir de la participación en instancias de debate de organismos estatales y universidades públicas sobre las políticas penitenciarias y pospenitenciarias. La consolidación de la rama como un actor relevante en la política pospenitenciaria, se expresa en la participación que tuvo, junto a otras organizaciones que trabajan con ex detenides, en las mesas de trabajo del Programa «Más trabajo, menos reincidencia» del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense; así como también el trabajo cooperativo en la sede del Patronato de Liberados Bonaerense a partir del año 2020. Asimismo, la organización lucha por la contratación de los servicios de las cooperativas por parte de organismos estatales, subsidios para maquinaria e insumos de las cooperativas, programas de ayuda económica/social inmediata al momento del egreso y cursos de formación y capacitación en oficios en las unidades penitenciarias. Este proceso continúa obteniendo logros concretos en pos de transformar la realidad carcelaria, constituyendo importantes aportes en términos de disputa simbólica y productividad social en tanto garantizan la dignidad, la inclusión social y la organización política de sectores históricamente oprimidos.

Segunda parte

En esta segunda parte del documento exploramos dos dimensiones que son centrales en el movimiento de la economía popular. Por un lado, la relación/tensión que existe entre organización social y sindical, a partir de las formas en que se construyeron y canalizaron diferentes demandas de la economía popular hacia el Estado en el último periodo del gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, las diversas violencias y desigualdades de género que se manifiestan en la economía popular, y las diversas formas de organización que se han ido construyendo frente a este problema de la mano del movimiento feminista argentino y latinoamericano.

La economía popular: con un pie en la organización social y otro en el sindicato

Desde la emergencia de la CTEP en 2011, la economía popular buscó tender puentes con el mundo sindical argentino. Esto implicó luchar por el reconocimiento simbólico y político -de les trabajadores como tales y de la organización como interlocutora legítima- del sujeto de la economía popular. No sólo por parte de los actores sindicales más tradicionales e históricos de nuestro país, representados en la CGT y la CTA, sino también del Estado, en lo que refiere a negociaciones, canalización de demandas del sector y desarrollo de políticas públicas. Es importante aclarar que para la economía popular el Estado ocupa un rol central, porque es la vía principal mediante la que este sector puede obtener derechos que históricamente le han sido negados. Pero también porque a diferencia de los trabajos asalariados, en esta forma de trabajo autogestivo no existe la figura del patrón al cual reclamar.

Por esa razón, hay que reconocer que si bien no son determinantes, los contextos políticos y las orientaciones de gobierno no son un dato menor en la capacidad de avance y consolidación organizativa, productivo-laboral y de las condiciones de vida concretas de les trabajadores de la economía popular.

El período macrista presentó esta complejidad, que debe contextualizarse como parte de una fuerte avanzada sobre la clase trabajadora en general, caracterizada por inflación, despidos, precarización, caída del empleo y aumento de la desocupación. Aún en un escenario tan hostil, al calor de una unidad gestada en las calles y en el plano reivindicativo entre actores gremiales, sociales y políticos, fue posible la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Ahora bien, la falta de un abordaje integral del problema de la pobreza en Argentina, la sectorialización de las demandas como estrategia de resolución de conflictos y la incapacidad de pensar la cuestión del trabajo como un problema estructural y no asistencial, dependiente de la capacitación o calificación individual, generaron grandes dificultades para proyectar el desarrollo de la economía popular más allá de la urgencia y la resolución de las necesidades más inmediatas. En ese sentido, no hay dudas de que la propia orientación ideológica y la manera de entender a estos sectores, antes como pobres que como trabajadores, y a sus organizaciones (despectivamente denominadas “piqueteras” y no gremiales) erosionó importantes conquistas como la obtención del Salario Social Complementario, pero también delegó en el entramado de la organización popular la respuesta frente a la emergencia alimentaria y el recrudecimiento de la crisis en los barrios populares, consecuencia de las propias políticas del macrismo y en particular del excluyente modelo económico que este proyecto sostenía. Este proceso no se dio bajo la forma de una articulación sino como una transferencia de responsabilidades que no fue igualmente “generosa” en lo referido a recursos. Sin embargo, tuvo un efecto no deseado: fortaleció políticamente al movimiento de la economía popular. Lo que para el gobierno era un paliativo para los sectores populares en función de la “paz social”, para las organizaciones se tradujo en un aumento en los niveles de organización del sector y en una mayor capacidad de movilización en las calles.

Foto: Caro Costa

También es preciso aclarar que en la UTEP, donde desde fines de 2019 confluyen los desarrollos territoriales de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la ex CTEP, el universo de trabajadores de la economía popular se encuentra parcialmente representado. En este sentido, el vuelco de recursos durante el macrismo se tradujo centralmente en programas sociales y recursos alimentarios que ha tenido un alcance masivo, pero acotado a aquelles trabajadores organizades dentro del movimiento (a diferencia de otro tipo de políticas universales como la AUH). Es decir, existe un número significativo del sector de la economía popular que, por no estar todavía agrupado en organizaciones, no accede a estos beneficios. A su vez, podemos ver una diferencia clara con el sindicalismo tradicional, que representa a trabajadores cuya inserción laboral depende de la contratación de empleadores y no de las unidades productivas que se puedan crear al interior de lo organizacional.

En este marco, puede decirse que la economía popular atraviesa una tensión entre sus antecedentes organizativos y sus horizontes de futuro, que no puede resolver por sí misma, ni por mera decisión política o voluntarismo, sino que se negocia con otros actores de esa escena en la que le toca desenvolverse y que está estrechamente relacionada a las condiciones de la dinámica política general. Los años del macrismo limitaron las discusiones sobre el acceso a derechos de les trabajadores de la economía popular a una cuestión de subsistencia. Durante este período, el sector no tuvo el lugar que el movimiento de la economía popular reclamaba en sintonía con su fortalecimiento organizativo, su mayor capacidad de movilización y reconocimiento social. En el marco de la estrategia de desarrollo del macrismo, la orientación de las políticas dirigidas al sector se constituyó en primer lugar como garantía de gobernabilidad, y en segundo lugar como políticas orientadas a contener el aumento de la pobreza antes que a generar mejores condiciones de trabajo. Bajo este punto de vista, las respuestas estatales fueron por la vía de mejorar la “capacitación” -o “empleabilidad” de las personas- y garantizar un ingreso mínimo, bajo la creencia ya refutada durante los años del kirchnerismo, de que esto habilitaría el acceso al empleo.

En la práctica, esta estrategia ha implicado un ataque a las formas autogestivas y cooperativas que asume gran parte de la organización del trabajo de la economía popular y que es impulsada desde sus organizaciones, en tanto cobró más relevancia la idea de asistencia que la del trabajo como clave de estos programas sociales. Esta impronta se vio claramente manifestada en el “empalme” de programas de creación de cooperativas como el Ellas Hacen o el Argentina Trabaja en el programa “Hacemos Futuro”, en el que la conformación de unidades de trabajo colectivo y autogestionado perdió centralidad y dio paso a un subsidio cuya condición está sujeta a la terminalidad educativa o a cursos y prácticas de formación integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración social. En este punto resulta importante señalar que este tipo de iniciativas no fueron acompañadas de una política de ampliación del sistema educativo para que pueda absorber esta masa de estudiantes-trabajadores poco calificades; cuyas vidas tal cual están organizadas actualmente, además, no son compatibles con la asistencia frecuente a clases.

Por supuesto, el problema no radica en generar condiciones para el acceso a la educación y a la formación profesional, sino en la creencia errónea de que el capitalismo argentino y la estructura productiva que lo sostiene tiene la capacidad de albergar dentro del mercado de trabajo formal a todo el conjunto de trabajadores. La consecuencia de esta forma de entender e intervenir en este doble problema, pobreza-falta de empleo, consiste en que termina transfiriendo al individuo la responsabilidad de un fenómeno estructural que requiere otro tipo de respuestas. La eliminación de lo colectivo en pos de una reivindicación del esfuerzo individual y el espíritu emprendedor implica concretamente un abandono de estos sujetos a su suerte, y descansa en una capacidad también individual de sobreponerse a un mercado de trabajo altamente fragmentado y excluyente.

El giro en los programas de asistencia a cooperativas reforzó entonces la impronta individual de estas transferencias de recursos, mientras se abandonó paulatinamente una subvención enfocada en mejorar las unidades productivas (bajo la forma de insumos, materiales para la producción, mejora de los espacios físicos, acceso al financiamiento de proyectos, etc). Este desplazamiento redujo las posibilidades de fortalecer estas formas de producción y aumentar el trabajo. Dicho proceso fue acompañado también por un desplazamiento de los movimientos populares como interlocutores entre el Estado y las clases populares, por organizaciones no gubernamentales, a quienes se les abrió la asignación de recursos y proyectos políticos desde el Ministerio de Desarrollo Social. De la mano de esto, se habilitó un discurso sobre la política social, y la solidaridad en sentido amplio, fuertemente despolitizado y articulado con una deslegitimación de la militancia política (y en esto es clave tener en cuenta la matriz liberal-conservadora y antiperonista del macrismo). Sin embargo, también es importante destacar que ante la adversidad del contexto político y económico para las clases populares, la faceta gremial del movimiento de la economía popular significó un acierto estratégico en la medida en que facilitó el acceso a la negociación con el gobierno de Cambiemos. Esto contrasta con el período anterior, donde la identificación política de las organizaciones populares con el proyecto político kirchnerista había implicado un acceso privilegiado a espacios gubernamentales, implementación de políticas y recursos estatales, en detrimento de otros actores movilizados. Podemos evidenciar, además, que este perfil más sindical que social, también tuvo cierto impacto en los niveles de unidad alcanzados a partir de una identificación clara en el plano reivindicativo con otros actores del mundo sindical y político.

La tensión entre la forma social o sindical de la organización de les trabajadores no es una discusión menor “puertas adentro” del movimiento. No se trata simplemente de diferenciar si hablamos de una organización social o gremial: se trata también del tipo de reivindicaciones, de las políticas laborales y sociales que el Estado pueda o no desplegar, del lugar de este sector en el modelo económico-productivo y de los modos de dar respuestas políticas y organizativas a la cuestión social, que es propia de nuestro tiempo. El movimiento de la economía popular viene intentando resolver estos dilemas de manera creativa. El desafío es fortalecer las posibilidades de articulación con el Estado y el acceso a más derechos, pero no para apaciguar la movilización y organización popular sino como modo de condensar justamente los procesos organizativos que estes trabajadores protagonizan.

A su vez, si bien la forma sindical es la estrategia que en este contexto puede favorecer ese recorrido, podemos ver que las organizaciones de la economía popular, y en particular la UTEP en Argentina, no se han acotado a demandas puramente reivindicativas, corporativas del sector. La pelea, entonces, no se reduce a la obtención de derechos laborales básicos y acceso a la seguridad social, sino que hay una apuesta por dinamizar una economía centrada en la productividad social, y por pensar integralmente cómo concretar mejores condiciones de vida para el conjunto de la clase trabajadora. Esto supone tener iniciativas en múltiples planos, que han sido plasmados en las leyes que se han podido conseguir, en el debate público y en las calles: emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, emergencia en adicciones y agricultura familiar. A esto necesariamente hay que sumar la propuesta de una ley de emergencia en violencia de género, atendiendo a la realidad del sector mayoritario de la economía popular, las mujeres, pero también a los lazos que pueden tejerse entre el movimiento de la economía popular y el movimiento feminista en Argentina.

Foto: Bárbara Leiva

Feminismo y economía popular

Como establecimos anteriormente, en la década de 1970 y con mayor velocidad en la década de 1990, las profundas transformaciones en las relaciones de trabajo tuvieron como resultado altos niveles de desocupación, exclusión social y precarización de la vida y las relaciones asalariadas. Los procesos de reformas de mercado y liberalización de la economía provocaron graves crisis económicas en el continente, sosteniendo la hegemonía de los sectores dominantes a partir del empobrecimiento de los sectores que excluye y que empuja a la marginalidad, considerándolos población “de excedente”. Este “excedente” consiste en personas que son excluidas por el modelo capitalista globalizado por no ser necesarias para ser explotadas. Por ello, para el capitalismo son prescindibles y su desaparición no implica ningún cambio en el orden neoliberal^[5].

Ahora bien, abordar las problemáticas que emergen en el marco de estas nuevas reconfiguraciones del sistema capitalista desde una perspectiva de género, permite comprender de manera integral cuáles son los mecanismos y dinámicas que operan específicamente sobre las condiciones de vida de las, les y los trabajadores. El patriarcado y el capitalismo constituyen sistemas articulados entre sí, donde las vidas de las mujeres, trans y travestis son vidas desechables.

Tomar la categoría de género como lente para el análisis permite analizar relaciones de poder entre los géneros, y comprender que el fenómeno de la informalidad y la precariedad laboral impacta sobre todo en las mujeres. Distintos factores como el menor acceso a la educación, los estereotipos de género (que reproducen desigualdades en el ámbito laboral, como “el techo de cristal^[6]” y los “pisos pegajosos^[7]”), la brecha salarial y, centralmente, la gran carga de tareas de cuidados no reconocidas, explican el fenómeno de feminización de la pobreza. Según el INDEC, más de 7 de cada 10 personas del grupo poblacional con menores ingresos son mujeres.

A su vez, el feminismo popular, al cual definimos como un feminismo fuertemente inserto en las luchas de las organizaciones populares, no considera al género como el único factor de opresión que nos atraviesa y que organiza nuestras subjetividades, sino que entiende la interseccionalidad de distintas dimensiones -como la raza, la clase social, la orientación sexual, la nacionalidad, entre otros-, para comprender las múltiples identidades y experiencias de exclusión, de subordinación y de opresión que se vinculan entre sí.

Por ejemplo, una mujer negra, migrante, pobre, que trabaja cartoneando con sus hijes a cuestas, la tiene más difícil, ya que sobre ella pesan no sólo las violencias por el hecho de ser mujer sino por su condición migrante, su clase social, el estigma del trabajo que realiza y, probablemente, la presunción de que es una “mala madre”. Esa exclusión se profundizará si además tiene antecedentes penales, si tiene una discapacidad o si en lugar de ser una mujer cisgénero se trata de una mujer trans o travesti.

A partir de los aportes de la economía feminista, comenzaron a visibilizarse los modos en los que opera el género en el mercado de trabajo: de acuerdo al género de las personas, varían los ámbitos del mercado de trabajo a los que acceden, el tipo de trabajos que realizan, los ingresos que perciben, la cantidad de horas que trabajan semanalmente y la distribución de las tareas de cuidados en el hogar. En los siguientes apartados tomamos estos aportes para analizar las características del trabajo femenino en la economía popular, su vínculo con la reproducción social comunitaria y los aportes desde el feminismo popular y la economía feminista para la valoración de estos trabajos.

Foto: Prensa Vamos – Frente Patria Grande

Si consideramos que, muchas veces, la economía popular constituye un espacio organizativo no sólo para les trabajadores sino para familias enteras, entonces es necesario considerar el rol de las mujeres en las mismas: en su mayoría, las mujeres de la economía popular suelen ser madres y/o tener familiares a cargo. Estas responsabilidades familiares generalmente implican cambios continuos en la carga horaria, afectando así la regularidad de los ingresos obtenidos. Otras situaciones que reafirman las desigualdades de género tienen que ver con las tareas domésticas y de cuidado. Por una parte, puede existir una situación de doble jornada laboral, cuando las mujeres realizan tareas en una unidad productiva determinada -en algunos casos, acompañadas de sus hijes-, y luego continúan su jornada laboral realizando las tareas domésticas del hogar. Además, en los casos en que toda la familia está involucrada en el trabajo de la unidad productiva, muchas veces se considera que las tareas desarrolladas por las mujeres, jóvenes y niñes son una “ayuda” para el padre de la familia (bajo la idea social de que los varones son los “proveedores”); por lo que esas tareas no son reconocidas ni remuneradas en la economía familiar, lo que deja las tareas domésticas en su exclusiva responsabilidad. Por otra parte, puede existir una situación de explotación indirecta, cuando las mujeres realizan las tareas de cuidado en el hogar -y por ende, de reproducción social-, permitiendo que otra persona pueda salir a vender su fuerza de trabajo.

Cruces entre economía popular y economía feminista

Históricamente, las tareas de cuidado han sido invisibilizadas: se trata de tareas que no son valoradas socialmente como trabajo, que son invisibles en la economía (no forman parte, por ejemplo, del PBI) y que aparecen como naturalmente desarrolladas por las mujeres bajo el supuesto de que son mejores cuidadoras. Por ende, estas tareas no son remuneradas. Según un informe presentado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación en 2020^[8], las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas representan un 15,9% del PBI, lo cual constituye el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2%) y el comercio (13%). Estas tareas no sólo se realizan gratuitamente sino que recaen en las mujeres de forma desigual: ellas destinan en promedio 6,4 horas diarias a las tareas de cuidado, mientras que los varones sólo dos. Que las tareas de cuidado estén mayoritariamente a cargo de las mujeres dificulta su acceso y promoción en actividades laborales remuneradas; y también la realización de otras actividades, sean recreativas, educativas, culturales o políticas. Además de ser un mandato, esto moldea las subjetividades y las expectativas de las mujeres en sus proyectos personales. Estas demandas dentro del movimiento feminista llevaron a la realización del primer paro internacional feminista en el año 2016, reclamando que estos trabajos reproducen las condiciones materiales de existencia y sostienen la economía, bajo la consigna de “nosotras movemos el mundo, nosotras lo paramos”.

La economía popular permite completar el panorama sobre trabajos remunerados y no remunerados, la organización social de los cuidados y el rol allí desempeñado por las mujeres: tanto los hogares como el Estado “descansan” en las tareas sociocomunitarias desarrolladas por miles de mujeres de manera gratuita dentro y fuera de sus casas. A los problemas de reconocimiento simbólico y material que históricamente acarrea el trabajo de la economía popular, se le suman los problemas de reconocimiento de una actividad laboral feminizada y realizada por las “últimas de la fila”: trabajadoras mujeres, pobres y en muchos casos también migrantes. Por esta razón, la frase “eso que llaman amor es trabajo no pago” permite articular y emparentar las reivindicaciones del movimiento feminista y de la economía popular.

Foto: Prensa Faccyr

A su vez, en el caso de las mujeres que forman parte de procesos organizativos de la economía popular, es posible afirmar que realizan una triple jornada laboral. La primera es la jornada de trabajo en la unidad productiva, que puede implicar largas jornadas de trabajo. Por ejemplo, en la rama rural, en verano puede llegar a 16 horas y en invierno no baja de las 12. En la rama cartonera, muchas veces implica largas recorridas que pueden exceder las 10 horas de trabajo hasta juntar el material reciclable suficiente. Y en la rama de liberades y familiares, las cooperativas donde suelen insertarse las mujeres -usualmente textiles y gastronómicas- implican una situación similar. La segunda jornada de trabajo se realiza al volver a sus hogares y llevar adelante las tareas domésticas y de cuidado; y la tercera se cumple con las tareas del movimiento en el cual se organizan.

Parar la olla: tareas de cuidado comunitario

Las mujeres de la economía popular no resuelven sus necesidades económicas de manera individual, sino que sus ingresos están atravesados por las necesidades de los grupos a los que pertenecen, incluso más allá de sus familiares: muchas de ellas sostienen redes comunitarias, ayudas sociales, militancias territoriales. Por eso, las tareas de cuidado no suceden únicamente hacia el interior de los hogares, sino que las fronteras entre el hogar y el de los hogares vecinos son difusas. El cuidado de niñes del barrio o cocinar en los comedores son tareas del entramado comunitario de los barrios populares. Las mujeres juegan un rol clave en estos contextos, donde las relaciones de proximidad tienen un peso muy importante para garantizar redes que permitan acceder a derechos como la alimentación, el trabajo y los programas sociales.

Cuando decimos que las mujeres son las primeras en “parar la olla” en los barrios, entendemos que se relaciona con las tareas de cuidado comunitarias, que son más visibles en tiempos de crisis, pero que responden a lógicas cotidianas. En los barrios populares, muy probablemente encontremos mujeres en la organización habitual de comedores, espacios de alfabetización, educación popular, murgas, capacitaciones, promoción de la salud y clubes deportivos. También son siempre las primeras que exigen a los gobiernos municipales las construcciones y reparaciones de veredas y calles del barrio, las que exigen las obras necesarias para que puedan ingresar ambulancias, remises y colectivos; las que reclaman cuando hay un corte de luz o de agua. Son ellas las que acompañan a otras mujeres en casos de violencia de género, brindando contención, refugio, ayuda económica y asesoramiento legal. También son mujeres madres, hermanas y parejas las que protestan y exigen al Estado ante casos de violencia institucional, lidiando con los trámites burocráticos ante cada caso y poniendo en riesgo su propia vida al denunciar el accionar de la justicia, la policía, las redes de trata o el servicio penitenciario.

Foto: Prensa Vamos – Frente Patria Grande

Son quienes impulsan movilizaciones, quienes llevan a sus hijes en remeras, carteles con sus fotografías, luchando contra la impunidad. Son ellas quienes proveen de alimentos y productos de higiene a sus seres queridos en las visitas carcelarias, haciendo fila desde la madrugada, soportando requisas violentas para poder ingresar, viajando largos tramos (ya que en general las cárceles se encuentran alejadas de las ciudades, y además habitualmente les detenides son trasladades a unidades penales lejanas a su lugar de procedencia); son quienes empujan las causas judiciales para que avancen; quienes son desoídas por abogades defensores y jueces; quienes llevan documentación para que sus familiares puedan anotarse a la escuela o la universidad.

A su vez, en momentos de crisis económica, en los barrios populares emergen las formas de cuidado comunitario en merenderos, comedores y copas de leche, muchas veces sostenidos por mujeres que se organizan para el cuidado de otres, fundamentalmente les niñes y jóvenes del barrio. Las mujeres suelen combinar el trabajo en estos espacios con otros trabajos (en general también vinculados al cuidado y sin ningún tipo de protección laboral, como el trabajo doméstico en otras casas) para aumentar sus ingresos, ya que el trabajo en merenderos o comedores no suele producir excedentes que puedan ser comercializados. Otra dificultad radica en que los ingresos que puedan producir, son destinados a necesidades del merendero o comedor (como la compra de materiales) o actividades barriales.

Una respuesta popular a la falta de reconocimiento: la rama sociocomunitaria

En la UTEP, los debates en torno al reconocimiento de estas tareas de cuidado y reproducción social comunitaria como un trabajo, llevaron a la conformación de la rama sociocomunitaria. Sus primeras acciones fueron reivindicar estas tareas de cuidados, apostando a generar espacios de reflexión y planificación de las mismas, y también su reconocimiento como instancias que no sólo desarrollan experiencias de organización territoriales sino que promueven la mejora de condiciones de vida de quienes habitan esos barrios.

Si bien un motor de crecimiento de la rama fue la proliferación de merenderos y comedores a partir de la crisis generada por las políticas económicas del macrismo, el desarrollo de actividades vinculadas al trabajo sociocomunitario es preexistente y excede la problemática alimentaria de los barrios populares en la medida en que atiende a un espectro más amplio de provisión de cuidados y promoción de derechos a nivel comunitario. Se trata de un espacio que nuclea -mayoritariamente- a trabajadoras, que se organizan para dar respuestas a necesidades alimentarias, de salud, de educación, entre otras; y que también pelea a través de movilizaciones sociales por la integración urbana, el acceso a la tierra y la vivienda digna de quienes habitan esos territorios.

Las condiciones de precariedad y falta de reconocimiento que atraviesan a este conjunto de tareas con enorme centralidad en la reproducción social, limitan las valiosas experiencias de organización colectiva desplegadas en torno a estas actividades. Además, forman parte de una discusión más general respecto al rol de las tareas de cuidado en la reproducción social, en la dinámica económica y en la persistencia de las desigualdades sociales. La UTEP se propone reconocer esta tarea de manera integral, teniendo en cuenta que una tarea visible como servir la merienda o la comida, implica muchas otras tareas y recursos invisibles: implica la preparación previa de todos los insumos, el traslado de la mercadería (si es que se reciben alimentos de algún organismo estatal) o juntar la plata entre les vecines para llevarlo adelante; proveer elementos propios si es necesario para esos comedores (como ollas, garrafas, tablas, platos, cubiertos y vasos). También implica un trabajo invisible de construcción de confianza y referencia en la comunidad que posibilita la llegada al barrio a través de las viandas, la merienda, los espacios de cuidado, o talleres de niñeces y juventudes. Esto es solo una de las tantas tareas que se llevan adelante en los espacios comunitarios de forma sistemática.

Violencias por razones de género

Como mencionamos anteriormente, las mujeres de la economía popular se ven atravesadas por distintas formas de violencias. La violencia económica que implica su exclusión cada vez más profunda del mercado de trabajo formal, producto de la crisis y el impacto de décadas de políticas neoliberales; la falta de políticas que reconozcan sus actividades laborales como trabajadoras de la economía popular; y las violencias institucionales, violencias simbólicas y violencias físicas y psicológicas por parte de parejas y ex parejas.

Las violencias por razones de género no son patrimonio exclusivo de una sola clase social, sino que atraviesan a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en contextos de precariedad, pobreza estructural, ausencia de las distintas instituciones del Estado y bajos niveles educativos, la violencia de género y la dependencia económica -una de las principales razones que, muchas veces, impiden romper el círculo de violencia- se recrudecen.

El 6 de marzo de 2020 se lanzó la Secretaría de la Mujer y la Diversidad en la UTEP en Plaza Congreso. Allí se formalizó e impulsó un trabajo que se venía realizando desde hace años en el gremio: la representación de las mujeres que deben trabajar con sus hijes a cuestas y la exigencia de más jardines en los barrios populares para que esas madres puedan trabajar tranquilas; el reconocimiento de la doble y, a veces, triple jornada de trabajo; entre muchas otras reivindicaciones. La Secretaría representa a las trabajadoras de la economía popular y tiene la tarea de disputar recursos del Estado, con el horizonte de generar transformaciones concretas en los territorios con bases en el feminismo popular. En cuanto a la violencia por razones de género, las principales exigencias se relacionan con la necesidad de subsidios para que quienes dependen económicamente de su agresor puedan tener autonomía económica; el reconocimiento del trabajo de las promotoras en prevención de violencia y promoción de derechos; y la creación de una red de Casas sin Violencia y asistencia profesional en los barrios populares.

En mayo de 2019, la UTEP impulsó la Ley de Emergencia en Violencia de Género, lo que se suma a las distintas leyes propuestas desde el gremio. Esta ley propone destinar presupuesto extraordinario o reasignar partidas para desarrollar medidas de urgencia en la prevención y asistencia de situaciones de violencia en este contexto de emergencia social en materia de género. La ley plantea entre otras cosas, como medidas urgentes, la apertura de refugios sin violencia y casas de atención de día con profesionales en todo el territorio nacional, subsidio habitacional, asistencia económica para mujeres en situación de violencia y un plan nacional de por lo menos 100.000 promotoras en prevención de violencia contra las mujeres que estén presentes en todo el territorio nacional.

Otra de las iniciativas de la UTEP para generar organización contra la violencia machista son las instancias de formación con promotoras de género, que acompañan a mujeres en situación de violencia, y promueven discusiones acerca de la desigualdad de género y políticas que permitan avanzar sobre ellas en espacios de base, como la paridad de género en las instancias de representación (delegades, referentes), la imposibilidad de asumir responsabilidades para personas con antecedentes de violencia dentro de la organización, y la implementación de un protocolo de actuación ante casos de violencia de género al interior de la misma. Su rol resulta central en el acompañamiento de las situaciones de violencia, teniendo en cuenta que no basta con denunciar. Sobre todo, considerando que las intervenciones de distintas instituciones del Estado -como las comisarías- pueden resultar controladoras y moralizantes para quien atraviesa una situación de violencia y recurre a ellas.

El movimiento feminista viene impulsando debates sobre la paridad de género en los ámbitos de poder que excluyen a las mujeres e identidades disidentes. En este sentido, otro de los saldos de esta experiencia se relaciona con la visibilización de las desigualdades de género en los roles ocupados en la organización y la participación política de varones y mujeres, así como también las prácticas patriarcales dentro de los movimientos sociales; problemática que atraviesa no sólo el sector sindical, sino también el político, institucional, empresarial. Así, las políticas implementadas dentro de la UTEP permitieron generar transformaciones con perspectiva de géneros dentro del movimiento, a partir del crecimiento político y personal de las participantes, así como la posibilidad de reconocer (y comenzar a transformar) distintas prácticas patriarcales en sus hogares y sus espacios de trabajo.

El MTE – UTEP impulsa demandas que forman parte del feminismo popular y, a nivel militante, se desprende el desafío de promover espacios de trabajo que reconozcan las desigualdades en las distribuciones de las tareas, así como también la división sexual del trabajo en el desarrollo y sostenimiento de los mismos. A su vez, también implica el desafío de visibilizar las realidades que atraviesan las mujeres de la economía popular en toda su complejidad -las trabajadoras textiles, las trabajadoras sociocomunitarias, las campesinas, las cartoneras, las promotoras ambientales, las privadas de la libertad, las liberadas, las familiares de detenides, las manteras, las villeras, las travas, las tortas, las migrantes, las discapacitadas, entre muchas otras- dentro del movimiento feminista argentino, el cual es masivo y heterogéneo.

Cabe destacar que las políticas que impulsa este movimiento, con bases en el feminismo popular, se encuentra en un ciclo político distinto, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires, lo que implica una jerarquización de las demandas del movimiento feminista en la agenda estatal. A su vez, en este proceso distintas referentas del sector de la economía popular asumieron por primera vez cargos de gestión pública. Esto supone una oportunidad histórica para poner en valor un saber acumulado en cada territorio, a partir de las redes colectivas que las mujeres de la economía popular han tejido para dar respuesta a problemáticas históricas ancladas a la desigualdad de género.

Las compañeras del MTE-UTEP, articulando con muchas otras organizaciones sociales, tienen la experiencia de organizar dispositivos de consejerías y promotoras; acompañar a compañeras en situación de violencia; de buscar a las mujeres que desaparecen víctimas de las redes de trata, de exigir justicia en casos de femicidio, de presionar en las comisarías o fiscalías para que liberen a las que son detenidas injustamente. Son también las que vienen reclamando desde hace tiempo que las mujeres de la economía popular no son “desocupadas”, sino que están muy ocupadas, resolviendo necesidades de sus familias y sus barrios en un contexto de profunda crisis económica, pero su trabajo no es reconocido ni remunerado. En definitiva, con las unidades productivas de la economía popular como base, se despliega una experiencia de feminismo popular que resulta clave para que muchas mujeres puedan acceder efectivamente a sus derechos, y también para impulsar su protagonismo dentro del sector de la economía popular y el mundo sindical. Por esto, se abre el desafío de promover estas transformaciones en el territorio desde el Estado, pero con un fuerte reconocimiento y protagonismo de las organizaciones sociales que ya vienen haciendo camino en dar respuestas colectivas y creativas.

Reflexiones finales

La economía popular durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio

Estos apuntes fueron redactados mayormente durante la segunda mitad de 2019, cuando aún el coronavirus era una noticia lejana de China. En 2020, la expansión de la pandemia y la parálisis económica de nuestro país debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que comenzó a mediados de marzo, transformó por completo el escenario social y político sobre el que intentábamos reflexionar. La rápida reacción de Alberto Fernández para frenar la circulación del virus a través del aislamiento como medida preventiva y, en sus propias palabras, sin poner “la economía por encima de la vida de las personas”, trajo sin embargo consecuencias dispares para una sociedad ya profundamente desigual. El “Quedate en casa” significó cosas bien distintas para quienes tienen un salario y un techo asegurado, y para quienes viven al día y encuentran en la calle o al aire libre el principal refugio de sus días. Por eso, las organizaciones populares alertaron desde un comienzo que sostener la cuarentena era un privilegio de clase, y que las personas que se inventan su propio trabajo, que viven en condiciones de hacinamiento o que conviven con su agresor, difícilmente pudieran cumplirla.

No casualmente una de las primeras medidas del gobierno nacional fue el programa “Argentina contra el hambre”. El coronavirus llegó en un momento en el que la Argentina presentaba picos de indigencia, crisis alimentaria y habitacional similares a los de la crisis de 2002, y el ASPO no hizo más que recrudecer y tensionar las condiciones de vida de millones de personas en las barriadas populares. Allí, la experiencia acumulada de organización y autogestión comunitaria no tardó en demostrar su capacidad de dar respuesta a problemas tan estructurales como coyunturales, como son una crisis sanitaria o garantizar un plato de comida. Los merenderos y comedores que se habían multiplicado durante el macrismo, como forma rudimentaria y a pulmón de paliar la crisis, se convirtieron en el centro de operaciones para gestionar una cuarentena imposible. ¿Cómo seguir un protocolo sanitario, cuando se vive en un barrio que no tiene agua corriente? ¿Cómo contener a familias numerosas dentro de casa, en hogares sin cloacas y sin habitaciones? ¿Cómo sostener las clases virtuales, cuando el celular es el único dispositivo del hogar? ¿Cómo convivir sin poder salir de casa, con una persona que es violenta o te maltrata? ¿Cómo sobrevivir sin salir a trabajar, cuando no se tienen ahorros ni salario garantizado a fin de mes? Los “cómo” se multiplican a medida que las desigualdades se hacen más patentes en esa Argentina profunda que resiste desde los márgenes, y que a pesar de las dificultades, acata, porque sabe que un brote en una villa de emergencia o en un asentamiento puede ser grave; porque sabe que con la vida no se juega.

Así, el “Quedate en casa” se transformó en “Quedate en tu barrio”; y les referentes de las organizaciones populares se convirtieron en agentes que impulsaron las acciones de solidaridad y de cuidados para contener el malestar, el hambre y la desesperación. Las ollas populares, las campañas de prevención y las estrategias para enfrentar problemas tan diversos como la falta de agua o la persecución policial, hicieron de la organización popular una actividad más que esencial en los tiempos de pandemia. Esta capacidad de contener la crisis galopante en la que se encuentra la Argentina viene a demostrar, sobre todo, los niveles de productividad social que poseen estas actividades -muchas veces ni reconocidas ni remuneradas, cuando no estigmatizadas- para garantizar la cohesión social en situaciones extremas como la de la pandemia.

Una reflexión aparte merece también la visibilidad que logró en este tiempo la agricultura familiar, trabajo esencial por excelencia, pero que hasta el momento no había conseguido obtener ese reconocimiento. En este contexto de parate en los flujos de circulación de mercancías, la experiencia acumulada en producción y logística para el abastecimiento de alimentos frescos, permitió mostrar, poner en valor y amplificar las redes tejidas por las organizaciones de productores y productoras para garantizar el acceso a la alimentación. La situación pandémica puso en tela de juicio, además, los modelos hegemónicos de producción agroindustrial y su impacto en materia de salud pública, abriendo como nunca antes el debate en torno a la soberanía alimentaria y la necesidad de avanzar hacia un modelo agroecológico y sustentable.

Foto: La tinta

Una de las medidas implementadas a partir del ASPO, para asistir a los sectores sociales más vulnerables, fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este bono de $10.000, destinado a personas de entre 18 y 65 años que estén desocupadas o sean trabajadoras de la economía informal, alcanzó a casi 9 millones de personas. Esta cifra, que superó con creces las expectativas con que el gobierno lanzó la medida (no más de 3 millones personas), expresa la magnitud del empleo precario, no asalariado y por fuera del sistema de protección social; y alerta sobre la urgencia de reformular, de manera creativa y atendiendo a las experiencias de organización popular cooperativa existente, las formas de creación de empleos de calidad en nuestro país.

Las propuestas en torno a ingresos ciudadanos, rentas básicas o salario universal que vienen resonando con fuerza en distintas regiones del mundo a partir de esta crisis económica, tienen también su correlato en Argentina. Mientras el trabajo sigue siendo el principal estructurador de las relaciones sociales, que existan cientos de miles de personas que, a pesar de trabajar arduamente, sobrevivan en condiciones de precariedad y exclusión, es inaceptable y, al mismo tiempo, sabemos que forma parte de las formas de reproducción del capitalismo actual.

El Salario Social Complementario fue una de las herramientas arrancadas al macrismo frente a sus políticas de ajuste estructural, y que precisamente plantea no una asistencia a la pobreza sino un reconocimiento económico por parte del Estado a aquellas tareas socialmente relevantes pero infravaloradas en el mercado de trabajo. Hoy, esta forma de ingreso complementario alcanza a un universo pequeño dentro del revelado por el IFE (menos del 10%), pero se esgrime como la alternativa para acompañar, en la post pandemia, un proceso de creación de empleo fortaleciendo las unidades productivas existentes, el trabajo cooperativo y la gestión social por parte de los movimientos populares.

La baja productividad o competitividad de la economía popular en el mercado formal tiene más que ver con brechas sociales (acceso a la salud, la educación, el trabajo o la vivienda) que no se resuelven a través de la meritocracia; y con la tendencia del sistema a la burocratización y al monopolio. Las respuestas que se acerquen a medidas de inclusión, evidentemente, vendrán de la mano de políticas basadas en la solidaridad -acompañando a quienes tienen menos oportunidades (jóvenes, madres solteras, mujeres en situación de violencia, población trans)- y en la redistribución, como por ejemplo a través del impuesto a las grandes fortunas.

Por último, pero no menos importante, la “nueva normalidad” ha llegado a todas partes, cambiando las formas de vincularnos, de estudiar, de trabajar, de consumir, y también de organizarnos. Si bien es verdad que el ASPO ha implicado una parálisis a nivel de movilizaciones y reivindicaciones populares, y las calles se encuentran vacías (excepto las ocasiones en que la derecha anti cuarentena se manifiesta impunemente), no es menos cierto que la actividad de las organizaciones ha continuado, reinventándose con herramientas que estaban allí, pero aún no habían comenzado a ser utilizadas. Las videollamadas, las teleconferencias, las charlas online, los webinarios y, al fin y al cabo, la posibilidad de encontrarse sin tener que trasladarse abrieron sin dudas nuevos canales de comunicación que sobrevivirán a la pandemia. Con ello, ha sido notable el protagonismo a través de las redes sociales de les referentes de la economía popular en distintos ámbitos académicos, institucionales y políticos, dando a conocer la realidad y las problemáticas de la población más vulnerable, como también sentando posición respecto de temas estratégicos como la lucha contra el hambre, la reforma agraria, las políticas ambientales, la violencia institucional, las políticas de seguridad, entre otras.

Sindicato y movimiento, la tensión constitutiva de la economía popular

La pandemia del COVID-19 no nos exime de la pregunta por la inestable relación entre el movimiento de la economía popular y el escenario político-económico. En todo caso, viene a sumar elementos al panorama planteado por la salida del ciclo macrista y el período abierto con la asunción del Frente de Todes en 2019. En esta clave, la etapa “Cambiemos” condujo a los movimientos populares a desarrollar una estrategia de resistencia que al mismo tiempo permitió traducir los mayores niveles de unidad en las calles a una confluencia política y organizativa: hecho que se plasmó en la transformación del “Tridente San Cayetano” en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En el momento en que se publican estos apuntes, hay condiciones para evidenciar avances del sector en lo que respecta a cierta orientación de políticas o a una inserción de referentes de la economía popular en áreas estratégicas del Estado, tales como el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, entre otros.

Sin embargo, la economía popular se monta sobre una tensión constitutiva: debido a que el Estado es el interlocutor central de sus demandas -porque no hay patronal “visible” para la organización de les trabajadores de la economía popular- la orientación que éste asuma es central no sólo para el desarrollo productivo y social del sector sino para su consolidación como actor sindical. Entendemos que no hay vuelta atrás en la valoración social de la economía popular como un trabajo, pero el contenido de las políticas, los modos de entender las problemáticas de esta población y de construir respuestas estatales a las mismas o de establecer diálogos y negociaciones con este actor constituyen piezas claves para el reconocimiento efectivo o testimonial de este sujeto en un plano integral.

No es lo mismo promover el trabajo cooperativo que la calificación individual para tener “más” posibilidades de acceder a un empleo formal, no es lo mismo ser parte del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que no serlo. No es lo mismo fortalecer la economía popular en la multiplicidad de áreas estatales vinculadas a la producción, el trabajo y el bienestar de la comunidad que recluir las intervenciones estatales en el sector desde el Ministerio de Desarrollo Social; como tampoco es lo mismo “bajar” programas sociales que conocer de primera mano las problemáticas específicas de estos sectores y desarrollar instrumentos de política para transformarlas. La elección de uno u otro camino dependerá del modo en que se resuelva la disputa por el Estado en diálogo con la dinámica de los procesos de movilización populares y la posibilidad de poner en agenda no solo la existencia sino sobre todo la viabilidad de otros modelos productivos, de otros proyectos de sociedad posibles. En la resolución de estos rumbos y tiempos políticos se definirá buena parte del perfil preponderante que asuma la economía popular: más cercana a la dinámica del movimiento, o aproximándose a la forma clásica del sindicato.

Ahora bien, así como la dinámica del contexto político genera mejores o peores condiciones para la consolidación productiva, organizativa y política del sector de la economía popular, tal como lo demostró el cambio de gobierno y los cuatro años de noche neoliberal del macrismo, la propia forma gremial presenta potencialidades y limitaciones en un país de profunda tradición sindical como Argentina. Es innegable que la historia del movimiento obrero argentino está plagada de complejidades y no puede abordarse ni desde la óptica de quienes sólo ven burocracia sindical en todas partes ni de quienes llaman sistemáticamente a la espera o la calma cuando a las mayorías trabajadoras se le avasallan conquistas históricas o cuestiones básicas de subsistencia y bienestar.

Foto: Barbara Leiva

De alguna manera, estas posibilidades están contenidas dentro de una forma organizativa que al tiempo que históricamente ha permitido canalizar conquistas de derechos e institucionalizar demandas, también ha sido situada dentro de los límites impuestos por el capitalismo, disputando pero también negociando bajo las reglas de funcionamiento de este sistema injusto. La reproducción de la desigualdad y/o la conciliación con los sectores de poder están contenidas al menos como posibilidad en la configuración de los sindicatos (como actor con legitimidad y representatividad), con los riesgos que esto implica en términos de burocratización, de gestión de lo posible, de contención del conflicto social. Sin embargo, creemos que hoy el movimiento de la economía popular constituye un intento de apropiarse creativamente de estas reglas del juego y, nutriéndose de las tradiciones de lucha históricas de nuestro pueblo, poder correr los límites de lo posible y patear el tablero de la resignación a una sociedad de trabajadores sin derechos.

En esta apropiación creativa de lo sindical, el desafío es poder constituir un nuevo sujeto gremial a partir de la articulación de luchas diversas que también tienen su propia historia, tales como la lucha por la tierra, por el hábitat, por el cuidado y la salud del barrio, por el acceso al trabajo digno. Se trata de construir unidad aún en la heterogeneidad de experiencias sociales y políticas, a partir de una herramienta de lucha común, una agenda de leyes y políticas, pero sobre todo un diagnóstico compartido sobre el problema del trabajo en Argentina y los modos de dar respuesta a la realidad del trabajo sin derechos. Esto implica también instituir un modelo productivo que pueda otorgarle a este sector un rol protagónico, que deje atrás la mera subsistencia, la invisibilización o la exclusión social para pasar a reconocer simbólica y materialmente -en clave de derechos y nuevas institucionalidades- la productividad social de la economía popular.

Solo el pueblo salvará al pueblo

La post pandemia sin dudas reactualizará los desafíos que quedaron pendientes después del ciclo de ajuste macrista bajo una nueva clave. Si el contexto de pandemia sirvió para visibilizar el rol fundamental de las tramas comunitarias y organizativas preexistentes en los territorios populares, que posibilitaron sostener la supervivencia de millones de familias, la salida de la crisis social y sanitaria deberá partir de ese reconocimiento. Para ser irreversible, la denominación de “trabajos esenciales” deberá materializarse en términos de presupuestos de políticas públicas, leyes capaces de viabilizar nuevos derechos, y procesos dinámicos de articulación entre Estado y movimiento. Sin dudas, la organización de les trabajadores de la economía popular implica un avance muy significativo en los procesos organizativos de las clases populares argentinas, tal como lo hemos analizado en este apunte, pero también es preciso reconocer las limitaciones estructurales que presenta el modelo actual de sociedad capitalista en donde cada derecho mínimo, incluso las medidas de “contención” de corte asistencialista, es visto como un privilegio.

Mientras las élites del mundo proponen una “salida” para salvarse a sí mismas y resurgen facciones de una derecha reaccionaria, intolerante e insistentemente desestabilizadora, la pelea por el reconocimiento social y monetario de millones de personas que trabajan de manera informal, autoorganizada y sin patrón se vuelve central para formular un proyecto de país alternativo, basado en la justicia social. Es por ello que, a pesar de que transitamos un momento histórico muy complejo, el movimiento social y sindical no sólo busca las maneras de garantizar la reproducción social de sus compañeres, sino que también elabora propuestas que den soluciones estructurales a los problemas graves que tiene la Argentina. Parte de esta apuesta por pensar salidas que contemplen a las mayorías y que no impliquen el enriquecimiento de unos pocos está plasmada en el “Plan de Desarrollo Humano Integral^[9]”, presentado durante la segunda mitad del 2020 por la UTEP, en conjunto con otros gremios de la CGT y otros movimientos sociales. En un contexto de mucha hostilidad del capital hacia les trabajadores y la población general, en donde las élites globales y locales no parecen estar dispuestas a pensar una forma humana de superar esta crisis económica, sanitaria y social, entendemos que resulta de una potencialidad enorme que los movimientos de la economía popular puedan presentar una agenda de futuro.

Esta agenda gira en torno a los grandes problemas estructurales que atraviesan a la sociedad argentina actual: el trabajo, la vivienda, la producción, la crisis ambiental, la alimentación, entre otros. Algunas de las propuestas que incluye el Plan de Desarrollo Humano Integral son: la integración urbana de los barrios populares existentes (villas y asentamientos) con obras de infraestructura; el poblamiento de pequeños pueblos del interior, relocalizando a familias para descentralizar los aglomerados urbanos y crear trabajo en otros puntos del país; generar condiciones para garantizar la soberanía alimentaria, a través del fomento de la transición a la agroecología, el acceso a la tierra de las familias agricultoras y el comercio de cercanías; la promoción de la actividad industrial de la mano de la producción de manufacturas simples y fortaleciendo el entramado cooperativo; la jerarquización y dignificación de las tareas de cuidados, garantizando una atención de calidad para las infancias, les ancianes, las personas con adicciones o con discapacidades; abordaje de la violencia de género, trabajando sobre la prevención y el acompañamiento a través de promotoras territoriales; módulos específicos para liberades, con el fin de disminuir la reincidencia en el delito; la creación de nuevos centros de acceso a la justicia, entre otras propuestas.

En el corazón de este plan se encuentra la fuerte intervención estatal en áreas estratégicas y postergadas del desarrollo de nuestro país, en articulación con los movimientos sociales organizados. Su protagonismo y trayectoria como organizadores a nivel político y comunitario, pero también laboral, en los territorios que el neoliberalismo signó con la exclusión, les convierte en un actor clave para pensar una salida a la crisis que contemple los procesos existentes de resistencia y solidaridad. Una salida para la que se necesitan nuevas ideas, pero sobre todo, capacidad de trabajo, capacidad que le sobra a nuestro pueblo.

Foto: Malena García

Referencias

Bibliografía

Abal Medina, P. (2016). Los trabajadores y sus organizaciones durante los gobiernos kirchneristas”, Revista Nueva Sociedad No 264, julio-agosto.

Bruno, D. y Palumbo, M. (eds.) (2016). Informe de medio término del Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político-pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz político-ideológica autonomista y nacional popular”.

Broggi, D. Cabral, C. y Condenanza, L. (Comp). (2019). Territorios Feministas. Experiencias, diálogos y debates desde el Feminismo Popular. Buenos Aires: Batalla de Ideas. ISBN: 978-987-33-8852-1

Deneulin, S. y Murga, M. (2014). The power of organizing: The story of the Confederation of Popular Economy Workers and its pursuit of dignity, legitimacy and decent work. In World Meeting of Popular Movements. University of Bath.

Fernández Alvarez, M. I. (2016). Experiencias de precariedad, creación de derechos y producción colectiva de bienestar (es) desde la economía popular. Revista Ensambles, (4/5).

Grabois J. y Pérsico E. Cuadernos de formación para trabajadores, militantes, delegados y dirigentes de organizaciones populares. CTEP

Informe: “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado al Producto Interno Bruto”.

Larsen y Hindi (2013) Nuevos escenarios de organización de los trabajadores, a partir de la implementación del programa Argentina Trabaja: caso CTEP.

Natalucci, A. L. (2012). Políticas sociales y disputas territoriales: El caso del programa “Argentina Trabaja”. Revista Perspectivas de Políticas Públicas, (3), (pp. 126-147).

Natalucci, A. (2018) El neoliberalismo en acto: políticas sociales y experiencias organizativas en Argentina (2009-2016) Polis, Revista Latinoamericana, 49 (pp. 103-125)

Pérez Sáinz (2019). La rebelión de los que nadie quiere ver. Respuestas para sobrevivir a las desigualdades extremas en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores

Pérsico E. et al. (2017) Economía popular. Los desafíos del trabajo sin patrón. 1º ed. Buenos Aires: Ediciones Colihue

Señorans D. (‎2015) ‎Haciendo economía popular: relaciones, sentidos y prácticas de militantes y trabajadores de cooperativas impulsadas por organizaciones.

Serra, M. H. R. (2015) Somos lo que falta. El sujeto de la Economía Popular Latinoamericana en el debate, de la liberación a la resistencia y las alternativas actuales.

Torns, T., & Recio, C. (2012). Las desigualdades de género en el mercado de trabajo: entre la continuidad y la transformación. Revista de economía crítica, 14(segundo semestre), 178-202.